Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00281-2026 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 19/02/2026

Denial of Damages for Non-Renewal of Shrimp Trawl License Following Unconstitutionality RulingImprocedencia de indemnización por no renovación de licencia de pesca de arrastre tras declaratoria de inconstitucionalidad

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The cassation appeal is denied, upholding the ruling that dismissed the damages claim against INCOPESCA for non-renewal of the shrimp trawl license.Se declara sin lugar el recurso de casación y se confirma la sentencia que rechazó la demanda indemnizatoria contra INCOPESCA por la no renovación de licencia de pesca de arrastre.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court reviews a cassation appeal filed by a fishing company and the estate of its partner against the ruling that dismissed their damages claim against INCOPESCA. The plaintiffs argued they should be compensated because their shrimp trawl license was not renewed after the legal basis for such licenses was declared unconstitutional due to severe environmental harm. The trial court dismissed the claim, finding no illegal act or omission by INCOPESCA; the supervening nullity of the norms did not entail administrative liability, and the vessel could not be adapted to sustainable fishing methods. The First Chamber upholds the ruling, holding that there was no breach of legitimate expectations because licenses are temporary and their renewal is contingent on environmental criteria. It rejects the procedural and substantive grievances, concluding that the alleged harm stemmed not from any administrative action or omission but from the inherent risk of the activity and the plaintiff's technical inability to meet sustainability requirements.La Sala Primera examina un recurso de casación interpuesto por una empresa pesquera y la sucesión de su socio contra la sentencia que rechazó la demanda de indemnización contra INCOPESCA. La parte actora alegaba que debía ser resarcida por la no renovación de su licencia de pesca de arrastre de camarón, otorgada bajo normas luego declaradas inconstitucionales por afectar gravemente el ecosistema marino. El Tribunal de instancia rechazó la demanda al considerar que no hubo conducta ilícita u omisiva imputable a INCOPESCA, ya que la nulidad sobrevenida de las normas no implicaba responsabilidad administrativa, y la embarcación no podía adaptarse a técnicas sostenibles. La Sala Primera confirma el fallo, señalando que no se violó la confianza legítima pues las licencias son temporales y su prórroga está sujeta a criterios ambientales. Rechaza los agravios de forma y fondo, concluyendo que el daño alegado no deriva de una acción u omisión imputable a la Administración, sino de la propia naturaleza riesgosa de la actividad y la imposibilidad técnica de la actora para cumplir con las exigencias de sostenibilidad.

Key excerptExtracto clave

In the referenced ruling, the Constitutional Chamber held: “The action is granted. Consequently, the phrase 'of shrimp with trawl net' in point d) subsection 27 of article 2 and subsection d) of article 43, as well as subsections a) and b) of section 47, all of the Fisheries and Aquaculture Law, Law 8436 of March 1, 2005, is declared unconstitutional. Pursuant to article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law, this judgment is declaratory and retroactive to the effective date of the cited norms, without prejudice to good-faith acquired rights. Consequently, as of the notification of this judgment, INCOPESCA may not issue any new permit, authorization, or license, renew expired ones, or reactivate inactive ones for shrimp trawl fishing. In consideration of good-faith acquired rights, permits, authorizations, and licenses in force shall retain their validity until the expiration of the term granted to each, provided that their holders exercise the activity in strict compliance with the legal framework issued on the matter and conditioned on adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies under INCOPESCA supervision; once the term expires, they may not be renewed. The foregoing does not preclude that, through the corresponding legal reform, the annulled categories A and B may be reinstated in the future, conditioned on an express reference to the obligation to use Bycatch Reduction Devices, for which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological backing, a significant reduction in such incidental catch compatible with democratic sustainable development is demonstrated.” The court explained that there was no evidence of a lack of studies and further indicated that the approval of a legislative reform did not depend on INCOPESCA but on the legislative body. Moreover, it emphatically and exhaustively explained, as its main point, that testimonial evidence showed the plaintiff's vessel could not engage in any type of fishing other than trawling, and therefore it was in no way viable for it to hold a permit, grounding on that fact a finding of contributory fault of the victim.La Sala Constitucional en la resolución en referencia, dispuso: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional la frase “del camarón con red de arrastre,” del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático." El Tribunal explicó que no existía prueba de la carencia de estudios, y, además indicó que la aprobación de una reforma legislativa no dependía del INCOPESCA, sino del órgano legislativo. Además, fue enfático en explicar exhaustivamente y como punto principal, que con la prueba testimonial se evidenció que la embarcación de la parte actora no contaba con la posibilidad de realizar otro tipo de pesca que no fuera de arrastre, por lo que, entonces, de ninguna forma era viable que contara con permiso, asentando en ese hecho una culpa de la víctima.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Tratándose de materia ambiental, trasciende al análisis de estudios, descubrimientos y avances científicos, en aplicación de los principios de prevención, precautorio, sostenibilidad y de no regresión."

    "In environmental matters, it transcends to the analysis of studies, discoveries, and scientific advances, applying the principles of prevention, precaution, sustainability, and non-regression."

    Considerando sobre violación de confianza legítima

  • "Tratándose de materia ambiental, trasciende al análisis de estudios, descubrimientos y avances científicos, en aplicación de los principios de prevención, precautorio, sostenibilidad y de no regresión."

    Considerando sobre violación de confianza legítima

  • "La posibilidad de que las licencias sean prorrogadas no puede traducirse de forma alguna en una especie de otorgamiento indefinido."

    "The possibility that licenses may be renewed cannot in any way translate into a kind of indefinite grant."

    Considerando sobre confianza legítima

  • "La posibilidad de que las licencias sean prorrogadas no puede traducirse de forma alguna en una especie de otorgamiento indefinido."

    Considerando sobre confianza legítima

  • "El daño alegado no deriva de una acción u omisión imputable a la Administración, sino de la propia naturaleza riesgosa de la actividad."

    "The alleged harm does not derive from an action or omission attributable to the Administration but from the risky nature of the activity itself."

    Considerando sobre el motivo de fondo

  • "El daño alegado no deriva de una acción u omisión imputable a la Administración, sino de la propia naturaleza riesgosa de la actividad."

    Considerando sobre el motivo de fondo

Full documentDocumento completo

**CONSIDERING** In a brief filed on May 3, 2018, the plaintiff filed a lawsuit explaining that the family business COMPAÑÍA PESQUERA MONCHARELO S.A. acquired the vessel Punta Guiones, registration number P-0040, which, starting in 2005, held a license for shrimp trawling, granted by INCOPESCA for a renewable term of 6 years each, under point d) paragraph 27 of Article 2 and paragraph d) of Article 43, as well as paragraphs a) and b) of 47, 48, and 104, all of the Fisheries and Aquaculture Law 8436 of 2005. It indicated that the last renewal of the shrimp fishing license had the number H-0086-95-PTS-1647-11 and was issued in October 2011 for a validity period of 6 years, renewable until October 31, 2017. It explained that, with the validity period of the fishing license H-0086-95-PTS-1647-11 about to expire, and in his capacity as legal representative of the company Compañía Pesquera Moncharelo S. A., Mr. Alfredo Mariano Sánchez Sánchez appeared before the INCOPESCA office on August 1, 2017, to pay the annual license fee and filled out the respective form or application for a license renewal in accordance with the legal requirements demanded in concordance with Articles 27, 43, 47, and 48 and the second and seventh paragraphs of Article 104 of the Fisheries and Aquaculture Law 8436; however, it claims, this was denied on August 11, 2017, through official letter PRI-426-08-2017 signed by the Head of the Protection and Registry Department of INCOPESCA, based on resolution 2013-10540 of the Constitutional Chamber, issued at 15:50 on August 7, 2013, which originated from an unconstitutionality action whose case file is 12-010016-0007-CO. It petitioned: "1- That it be declared that the granting of the shrimp trawling license in 2005 and its 6-year renewals, granted to the vessel Punta Guiones owned by Compañía Pesquera Moncharelo S.A. by INCOPESCA, was carried out based on norms declared unconstitutional by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Costa Rica, and therefore its application in favor of my represented party was an illegitimate and abnormal act of the Administration. 2- That it be declared that INCOPESCA, after the declaration of unconstitutionality of the norms that authorized it to grant shrimp trawling licenses in 2013, maintained an omissive conduct until 2017 by not fully complying with the recommendations of the Constitutional Chamber, by not conducting the corresponding investigations and promoting the approval of a new law, allowing the validity period of the fishing license for the vessel Punta Guiones to expire. 3 - That it be declared that the non-granting in 2017 of the renewal for the shrimp trawling license for the vessel Punta Guiones owned by Compañía Pesquera Moncharelo S.A. was not due to any cause provided for and contemplated in Article 113 of the Fisheries and Aquaculture Law N° 8384. 4 - That it be declared that INCOPESCA, due to its first unconstitutional and then omissive action, is obligated to indemnify and pay the damages caused to Compañía Pesquera Moncharelo S.A. 5.- That it be declared that INCOPESCA, due to its first unconstitutional and then omissive action, is obligated to indemnify and pay the damages caused to Alfredo Sánchez Sánchez in his capacity as sole shareholder of Compañía Pesquera Moncharelo S.A. 6.- That it be declared that INCOPESCA, due to its first unconstitutional and then omissive action, is obligated to indemnify and pay the damages caused to Alfredo Sánchez Sánchez in his capacity as captain of the vessel Punta Guiones. 7.- That INCOPESCA be ordered to pay both sets of costs of this proceeding." The Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura answered the lawsuit negatively and filed the exceptions of lack of right and lack of active and passive standing. In judgment 2025008561, issued at 9 hours and 18 minutes on August 26, 2025, the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rejected the defense of lack of standing, upheld the exception of lack of right, and dismissed the lawsuit. Disagreeing, the representative of the plaintiffs files a cassation appeal.

**Procedural Ground** In the only ground of this type, they allege incongruence and "violation of the duty of exhaustiveness." They explain that the judgment did not comprehensively assess the testimonial evidence of Ester Chavarría and Walter Castillo, who attested to the economic and social impact of the activity's closure, nor the accounting expert report that demonstrated average annual income exceeding 74 million colones, which they say prevents an adequate determination of the indemnification quantum. On the other hand, they allege there is incongruence because the ruling did not resolve the claim of the estate of Mr. Alfredo Sánchez, in his capacity as owner of the vessel and sole partner, limiting the decision solely to the commercial company.

**Substantive Ground** In the only ground, they allege violation and erroneous interpretation of Article 190 and following of the Ley General de la Administración Pública, violation of the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima) and of legal certainty (seguridad jurídica); and, erroneous application of constitutional jurisprudence. They explain that the Tribunal acknowledged that the Constitutional Chamber declared the normative basis supporting trawling licenses unconstitutional, but concluded that INCOPESCA had no liability, because it did not analyze the administrative omission between 2013 and 2017, failing to promote technical studies, or to drive a legal reform, nor to adopt transitional measures, which constitutes abnormal functioning of the Administration that generates an unlawful harm (daño antijurídico) that they are not obligated to bear. Regarding the violation of legitimate expectations and legal certainty, they said the appealed judgment denied that there was a legitimate expectation of continuity for the fishing license; however, the Fisheries and Aquaculture Law 8436, in its Articles 27, 43, 47, and 104, expressly established that licenses were renewable for equal periods, and in practice they were renewed consecutively from 1995 to 2017. They argue that, with the non-renewal, the jurisprudential line of this Sala Primera on legitimate expectations was ignored. With respect to the disregard of constitutional jurisprudence, they indicate that the Tribunal interpreted that vote 2013-10540 of the Constitutional Chamber totally exempted INCOPESCA from the responsibility of complying with transitional measures, scientific studies, and the search for a legislative solution before the expiration of the license for the fishing vessel Punta Guiones, which, they argue, is incorrect, because the constitutional judgment ordered that expired licenses not be renewed, but conditioned the continuity of those in force until their expiration and ordered INCOPESCA, before their expiration, to conduct technical studies and propose legal reforms, which it did not fulfill, generating an illicit omission that produced the abrupt cessation of fishing activity. The Constitutional Chamber, in the referenced resolution, ordered: "The action is granted. Consequently, the phrase 'of shrimp with trawl nets,' from point d) paragraph 27 of Article 2 and from paragraph d) of Article 43, as well as paragraphs a) and b) of Article 47, all of the Fisheries and Aquaculture Law, Law 8436 of March 1, 2005, is declared unconstitutional. In accordance with Article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law, this judgment is declarative and retroactive to the effective date of the cited norms, without prejudice to rights acquired in good faith. Consequently, from the notification of this judgment, INCOPESCA may not grant any new permit, authorization, or license, renew expired ones, or reactivate inactive ones, for shrimp fishing with trawl nets. In consideration of rights acquired in good faith, the permits, authorizations, and licenses in force will retain their validity and effectiveness until the expiration of the term granted to each of them, provided that the holders thereof exercise the activity in absolute compliance with the legal framework dictated on the matter and conditioned on their adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies under the supervision of INCOPESCA; once the validity period has expired, they may not be renewed. The foregoing does not prevent that, through the corresponding legal reform, the annulled categories A and B may be reinstated in the future, conditioned on express reference being made to the obligation to use Bycatch Reduction Devices, regarding which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological backing, a significant reduction of said incidental catch is demonstrated that is compatible with democratic sustainable development. In this regard, it should be noted that, in the current state of technology, not every device of this type meets such a requirement nor has the same effectiveness…". In the challenged judgment, the Tribunal established as the object of the proceeding the declaration of objective liability of INCOPESCA for the damages caused to the company owning the vessel Punta de Guiones and to Mr. Alfredo Sánchez Sánchez as captain of the boat. Furthermore, it detailed that the plaintiff claims the liability of INCOPESCA in relation to actions classified as illegitimate, which originate from the declaration of nullity of the regulations that permitted shrimp trawling in the country and for omissive conduct related to the failure to manage scientific studies and administrative actions—including promoting a legal reform—that would permit trawling according to the parameters established by the Constitutional Chamber. Regarding the first aspect of the criterion of attribution, that is, in the face of the allegation that exposes as a cause of liability an illegitimate conduct by INCOPESCA derived from the declaration of unconstitutionality by the Constitutional Chamber of the phrase "of shrimp with trawl nets," from point d paragraph 27 of Article 2 and from paragraph d) of Article 43, as well as paragraphs a) and b) of Article 47, all of the Fisheries and Aquaculture Law, Law 8436 of March 1, 2005, which permitted shrimp trawling, what arises is a supervening nullity of the administrative actions that based their activity on such regulations (Article 159 of the Public Administration). Therefore, it said, precisely because it involves a supervening nullity, the actions of INCOPESCA regarding the granting of the shrimp trawling license and the supervision exercised over said activity cannot be considered an illegitimate or unlawful conduct at the time of its granting, since it is not until the moment the declaration of unconstitutionality occurs that the nullity defect of the administrative acts granted on the basis of those norms arises. Consequently, the granting of the license granted to the plaintiff by INCOPESCA based on norms that, at the historical moment it was granted, had not yet been declared unconstitutional and were in force, could not be considered a cause of administrative liability for unlawful conduct, since, from the scenario presented, this could not constitute an unlawful conduct, as a criterion of attribution that establishes a causal link with the claimed damages. It added that there is no right "per se" to the immutability of the legal system, especially in a regulatory matter of an environmental nature whose validity is conditioned on the authorization arising temporarily, once the requirements imposed by the legal system at each historical moment are met, hence it cannot be considered that there exists in this specific case an acquired right or a consolidated legal situation. It indicated that, even considering that premise, Article 103 of Law 8436 states: "The granting of the license, authorization, or permit shall be conditioned on the availability and conservation of the hydrobiological resource in question and on the development and sustainability needs of the fishing sector, which must be duly grounded in the results of scientific, technical, economic, or social studies." And that Article 104 of the same law indicates: "Article 104.-The permits and authorizations referred to in this Law are not negotiable and have the character of non-transferable. Fishing licenses and aquaculture authorizations shall be transferable, subject to prior study and authorization by INCOPESCA, demanding for this purpose the same requirements established in this Law for their original granting. Licenses shall be granted for six years and shall be renewable for periods equal to those originally granted. Authorizations shall be granted for a period of ten years and shall be renewable for periods equal to those originally granted, unless the authorization requires a shorter period. Permits shall be granted for five years and shall be renewable for periods equal to those originally granted. Concessions shall be granted in accordance with the provisions of Article 19 of the Water Law. Said concessions may be transferred, subject to prior authorization from MINAE; for this purpose, the requirements established in that Law must be met. Licenses, authorizations, permits, and concessions, as well as their renewals, shall be granted following a prior study by INCOPESCA or MINAE, as applicable, for each particular case. Payments for licenses, permits, and concessions shall be made annually. All of the foregoing shall apply without prejudice to the provisions of Article 82 of this Law." It noted, from the referenced articles, that the legal system itself—independent of what was resolved by the Constitutional Chamber in 2013—regulates the figure of the license as an enabling act of temporary effect subject to evaluations by the Administration itself regarding the environmental condition involved in the matter and the very fulfillment of requirements, which the Administration discretionally subjects to criteria consistent with science and technique to weigh the fulfillment of public purposes with said economic activity. It considered that the legal system itself imposes the clear possibility of a mutability of the regulatory framework, regarding requirements for granting licenses and the viability of maintaining or granting them, hence it is inappropriate when the plaintiffs point out, as a cause of liability, what they describe as a condition of legal certainty that motivated them to invest in a fishing vessel and the corresponding dock for shrimp trawling activity, especially when, as part of the fishing activity, they knew the scope of the license granted for their activity, which had a temporary effect. It reiterated, saying that any subject who, protected by an enabling administrative title, develops an activity, develops it within a framework of risk and venture, delimited by the very scope of the corresponding authorization, having to develop an economic model of sustainability consistent with such conditions. It is precisely this risk and exposure to the variability of conditions, it noted, that is the real content of legal certainty, and that is not exclusive to licenses such as those analyzed in this matter, but is inherent to any administrative real right that allows a private party economic exploitation for their benefit. Therefore, it said, the object of this dispute lies in determining whether the advent of the cessation of the activity is legitimate or not, given that, otherwise, the indemnifying cause of action (causa petendi) would originate. Along the same lines, regarding what it classifies as a cause of liability for the cancellation of the fishing license that made it impossible to continue their productive activity and sole means of economic support, it considered that this action does not occur in itself as a cancellation, but rather, what emerged was the legal impossibility of opting for a renewal in accordance with what was resolved by the Constitutional Chamber, which defined in vote No. 10540-2013 of August 7, 2013, the impossibility for INCOPESCA to renew the licenses that had expired. Hence, the extinction of the license arises from what was established in Article 113 of Law 8436, which states: "Article 113.-Licenses, permits, and authorizations are extinguished for the following causes: a) Expiration of the term, without a renewal application having been filed in a legal manner. b) Impossibility of achieving the object. c) Express renunciation or abandonment by the interested parties. d) Cancellation of the licenses, permits, or authorizations by the competent authorities, respecting due process." It explained that, since INCOPESCA lacked legal authorization to renew licenses for shrimp trawling, what occurred was their extinction due to the expiration of the enabling term—which was conserved according to the very terms of what was resolved by the constitutional body—and the impossibility of achieving the object. Consequently, the extinction of the license, in essence, does not arise from an arbitrary, illicit, or illegitimate action by INCOPESCA. It added, it is important to highlight that Article 114, also from the aforementioned law, states that: "Article 114.-The executing authority shall proceed to cancel licenses, concessions, permits, or authorizations, respecting due process, when their holders: a) Put the ecosystem at imminent risk. (...)" It explained that, precisely, it is due to the risk to the ecosystem that the Constitutional Chamber opted to declare the unconstitutionality of the regulations that permitted shrimp trawling. That is, even the regulations themselves, beyond what was resolved by the Constitutional Court, foresee that possibility as a reason for the cancellation of licenses. Hence, ultimately, it said, the plaintiff had to know the scope of the law itself regarding the risks associated with the activity they carried out, which, in the final analysis, is what causes its cessation. Therefore, the cause of the alleged liability does not arise from a breach of acquired rights, but from the risk to the ecosystem posed by the activity being carried out. In that logic, it mentioned, as the Constitutional Chamber has sized on countless occasions, in environmental, health, and safety matters, there cannot be acquired rights. Thus, it concluded, there is no illicit or illegitimate conduct by the defendant Administration that can be assessed as a cause for the claimed liability. On the other hand, regarding the second scenario of analysis concerning the cause of attribution for omissive conduct, it explained that the attributive criterion of liability based on omission is not a liability system based on mere inactivity, but rather a criterion that requires the accreditation of two simultaneous circumstances: on the one hand, the existence of an imperative active conduct, not optional, that is, the existence of a mandate from our legal system that requires the Administration to act in a certain manner, and on the other, the omission itself, that is, the administrative inactivity, with the caveat that, if activity did exist but is insufficient, defective, or, in general, does not comply with the imperative normative requirement, one would be in the presence of abnormal functioning and not of an administrative omission properly speaking. Taking the foregoing into account, it considered that neither does an accredited scenario of omissive conduct on the part of the defendant authority arise in the species to give rise to the claimed liability and, therefore, to the damages derived from that claim. It explained that, to be able to determine the reproached omissive conduct, it is necessary to start from what is stated in the Constitutional Chamber's vote itself, from which it can be extracted that the continuity of licenses depended on several variables: first, that the activity be exercised in absolute compliance with the legal framework dictated on the matter and conditioned on adopting, if scientifically possible, the most environmentally friendly technologies under the supervision of INCOPESCA. A second scenario, the existence of a legal reform, that could reinstate the annulled categories A and B, conditioned on express reference being made to the obligation to use Bycatch Reduction Devices, regarding which, prior to a legal reform and with the corresponding scientific and technological backing, a significant reduction of said incidental catch is demonstrated that is compatible with democratic sustainable development. It said that, regarding the first scenario, an omissive conduct could not be attributed to INCOPESCA, since from the elements of conviction brought to trial, it is found that the testimonial evidence collected at trial from Walter Castillo Ruiz, administrator of the vessel Punta Guiones and its first officer, was conclusive in declaring that the vessel had no other possibility for a fishing technique than trawling and also lacked the resources to adapt the boat for another technique, because a large investment was required for another type of fishing. It detailed that, from the evidence itself, it is clear that the condition imposed by the Constitutional Chamber for continuing with shrimp fishing licenses was impossible for the plaintiff to fulfill, so the non-continuity of the productive activity does not derive from an administrative omission. It is a condition specific to the plaintiff, with the victim's fault operating, according to the evidence provided in the record, as the plaintiffs were aware of the scope of the constitutional vote and had several years, until the final halt of the activity, without it being proven that they took measures to adapt the activity to mechanisms for the reduction of incidental catch or, in general, for adaptation to the new circumstances imposed on the fishing activity, an aspect solely for indirect consideration or reproach by the plaintiffs. It points out that, therefore, it operates as an exonerating cause for administrative liability. Consequently, an indemnification for damages cannot succeed without a basis for liability. It added, regarding the second scenario presented by the Constitutional Chamber, the condition for continuing shrimp fishing activity was subject to a legal reform, grounded in scientific and technological backing, for a significant reduction of said incidental catch compatible with sustainable development. That is, the condition set by the Constitutional Chamber, contrary to the plaintiff's interpretation, does not arise from an active duty incumbent upon the defendant entity, but derives from a legislative action, where the Legislative State is the competent body for the execution of that condition. Hence, if no legal reform has occurred within the terms set by the Constitutional Chamber, it cannot be attributed to INCOPESCA. In any case, it indicated, beyond what is properly attributed as a criterion of imputation by the plaintiff regarding the omissive conduct reproached to INCOPESCA concerning scientific studies, it noted, first, that no decisive elements of judgment were proven in the evidence collected that pointed to an omission in that sense, but furthermore, even if the scientific mechanisms for conducting shrimp trawling without affecting the ecosystem had been established, the truth of the matter, as already noted, is that the plaintiff's vessel lacked the means to enable the vessel for a sustainable system, only being able to continue developing the technique that is precisely classified as an environmental infraction because the sustainability of the ecosystems is not possible. Hence, it must be insisted that the damages that are claimed to have been suffered derive from the very activity that the plaintiff developed and not from an administrative action or omission attributable to INCOPESCA. It mentioned that, although INCOPESCA has a duty to conduct studies regarding the viability of the activity with environmental protection, it is necessary to insist, beyond whether or not those studies were conducted, that the plaintiff's vessel did not qualify to continue operating subject to a more sustainable means and it was not proven that it had taken its own measures to adapt its activity in that sense, especially considering the apparent economic solvency that the plaintiffs themselves affirm the activity generated. Consequently, it is not the alleged omission that causes the damage, but the plaintiff's own inability to adjust to the technical parameters that would allow the ecological sustainability of marine ecosystems. It recognized the serious socioeconomic impact that the Constitutional Chamber's resolution caused for the fishing sector, which undoubtedly required state intervention through various institutions and the adoption of public policies to address the problematic situation presented for a sector as socially and economically vulnerable as the country's fishing sector, in which a coastal region could depend on that activity to subsist. The social or economic actions that the State had to carry out to address the problematic situation indicated were not the basis for the attribution of liability in the lawsuit. Indeed, the state representation is not a party to this proceeding; rather, the defendant was solely the entity that granted the licenses as such. Hence, despite awareness of the situation, its analysis is not within the scope of this proceeding for the purposes of the claims pursued in the case. Thus, it concluded, the reproached liability cannot arise within the assessment scenario conducted, and consequently, the claims of the party cannot succeed, neither the declaratory nor the economic ones, on the understanding that the economic claims derived from the alleged damages cannot be sustained without a basis for administrative attribution that gives rise to the administrative liability regulated by Article 190 and following of the Ley General de la Administración Pública. Regarding the procedural grievance, insofar as it alleges incongruence, the appellant is incorrect when pointing out that the claim of the estate of Mr. Alfredo Sánchez was not resolved, in his capacity as owner of the vessel and sole partner, limiting the decision solely to the commercial company; since the Tribunal clearly and precisely explained that the object of the proceeding is to declare the objective liability of INCOPESCA for the damages caused to the company owning the vessel Punta de Guiones and to Mr. Alfredo Sánchez Sánchez as captain of the boat, and it resolved why each of the arguments presented in the lawsuit lacked support, concluding that it was not possible to uphold any of the claims for lacking a basis, both the declaratory and the economic ones, which undoubtedly encompasses those concerning Mr. Sánchez as captain of the boat.

Furthermore, it indicated that the economic claims derived from the damages were unsustainable because they lacked an administrative attribution basis giving rise to administrative liability. Thus, the alleged inconsistency is not observed. On the other hand, regarding the section of the challenge it calls “violation of the duty of exhaustiveness,” in which it alleges that an adequate determination of the compensation quantum was not supported because the testimonial evidence of Ester Chavarría and Walter Castillo, who attested to the economic and social impact of the closure of the activity, was not integrally assessed, nor was the accounting expert report that documented average annual income exceeding 74 million colones, it is also mistaken. It is reiterated, the Court found no grounds for liability, and therefore rejected the compensation claims as they lacked a basis for attributing liability; consequently, it was not appropriate to assess the alleged damage in any way, because that stage was not reached as the lack of connection to any conduct by the defendant Institute was demonstrated. Therefore, the rejection of the grievance is appropriate.

Regarding the substantive ground, it is also mistaken. Contrary to what was indicated by the appellant, this Chamber does not observe that the judgment lacks an analysis of the allegation that there was an administrative omission by INCOPESCA between 2013 and 2017, in failing to promote technical studies, or to push for a legal reform, or to adopt transitional measures, or that there was a disregard for constitutional jurisprudence. On the contrary, the Court explained that there was no evidence of a lack of studies, and also indicated that the approval of a legislative reform did not depend on INCOPESCA, but on the legislative body. Furthermore, it was emphatic in explaining exhaustively and as a main point, that the testimonial evidence showed that the claimant's vessel did not have the possibility of carrying out any type of fishing other than trawling; therefore, it was in no way feasible for it to have a permit, grounding in that fact a fault of the victim. None of these elements are contested in the grievance. On the other hand, regarding the violation of legitimate expectations (confianza legítima) and legal certainty (seguridad jurídica), it is also mistaken, because as the judgment rightly points out, the granted license had an established term, precisely because it is an enabling act with a temporary effect. In this regard, it must be clear that the possibility of licenses being renewed cannot in any way translate into a sort of indefinite granting, which the appellant seems to intend to consider, since the establishment of a grant term precisely provides certainty of validity exclusively for that period, and its renewal is subject to evaluations by the Administration, which not only includes meeting regulatory requirements but, being an environmental matter, transcends to the analysis of scientific studies, discoveries, and advances, in application of the principles of prevention, precautionary principle (precautorio), sustainability, and non-regression. In this case, this Chamber observes, the license term was respected, and once it expired, the request for renewal was rejected because its approval lacked support given the declaration of unconstitutionality of trawl fishing due to its environmental impact. Thus, this Chamber does not observe the alleged violation and, on the contrary, agrees with what was analyzed and resolved by the Court. Therefore, the rejection of the grievance is appropriate.

In light of the foregoing, the appeal must be declared without merit. In accordance with Article 150.3 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the appellant must be ordered to pay the costs generated by this instance.

THEREFORE

The appeal is declared without merit; its costs are to be borne by the party that filed it. KAM Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Digitally Signed Document -- Verification Code --  Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 07-05-2026 15:58:45.

Marcadores

Sala Primera de la Corte Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA  Res. 000281-F-S1-2026 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuatro minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiseis .

Proceso de conocimiento establecido por COMPAÑÍA PESQUERA MONCHARELO S.A. con cédula jurídica 3-101-173591, y de la SUCESIÓN DE ALFREDO MARIANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, representados por la señora Ester Chavarría Castro, en su condición de representante legal de la sociedad actora y como albacea de la Sucesión; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA), representado por Gerardo Castro Salazar, en su condición de apoderado especial judicial. Participa como apoderado especial judicial de los actores, Álvaro Enrique Moreno Gómez. La parte actora presenta recurso de casación contra la sentencia 2025008561 de las 9 horas con 18 minutos del 26 de agosto del 2025, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por las personas juzgadoras Laura Gómez Chacón, Claudia Bolaños Salazar y Carlos José Mejías Rodríguez.

Redacta la magistrada Vargas Vásquez;

CONSIDERANDO

En escrito presentado el 3 de mayo del 2018, la parte actora interpuso demanda en la que explicó, la empresa familiar COMPAÑÍA PESQUERAMONCHARELO S.A., adquirió la embarcación Punta Guiones de matrícula P-0040, la cual, a partir del 2005 contaba con una licencia para pescar camarones con redes de arrastre, otorgada por el INCOPESCA por un plazo renovable de vigencia de cada 6 años, al amparo punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del 47, 48 y 104 todos de La Ley de Pesca y Acuicultura 8436 del año 2005. Indicó, la última renovación de la licencia de pesca para camarón tenía la numeración H-0086-95-PTS-1647-11 y se emitió en octubre del 2011 por un plazo de vigencia de 6 años prorrogables hasta el 31 de octubre del 2017. Explicó, estando por vencerse el período de vigencia de la licencia de pesca H-0086-95-PTS-1647-11 y en su condición de representante legal de la sociedad Compañía Pesquera Moncharelo S. A., el señor Alfredo Mariano Sánchez Sánchez, el 1 de agosto de 2017, se presenta ante la oficina del INCOPESCA a cancelar el pago anual de la licencia y llena el formulario o la solicitud respectiva de prórroga de licencia de conformidad con los requisitos legales exigidos en concordancia con los artículos 27, 43, 47 y 48 y párrafos segundo y sétimo del artículo 104 de la Ley de Pesca y Acuicultura 8436; sin embargo, acusa, esta fue denegada el 11 de agosto de 2017, mediante oficio PRI-426-08-2017 firmado por el Jefe del Departamento de Protección y Registro del INCOPESCA, sustentada en la resolución 2013-10540 de la Sala Constitucional, de las 15:50 horas del 7 de agosto del 2013 que proviene de una acción de inconstitucionalidad cuyo expediente es el 12-010016-0007-CO. Peticionó:"1- Que se declare que el otorgamiento de la licencia de pesca de arrastre de camarón en el 2005 y sus prórrogas de 6 años cada una, otorgada a la embarcación Punta Guiones propiedad de Compañía Pesquera Moncharelo S.A. por el INCOPESCA, se realizó con base en normas declaradas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica como normas inconstitucionales, y por lo tanto su aplicación a favor de mi representada fue una actuación ilegítima y anormal de la Administración. 2- Que se declare que el INCOPESCA después de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas con que autorizó otorgar licencia de pesca de camarón con redes de arrastre en el año 2013, mantuvo una conducta omisiva hasta el año 2017 al no acatar en su totalidad las recomendaciones de la Sala Constitucional, de realizar las investigaciones correspondientes y promover la aprobación de una nueva ley, dejando que se venciera el plazo de vigencia de la licencia de pesca de la embarcación Punta Guiones. 3 - Que se declare que el no otorgamiento en el año 2017 de la prórroga de la licencia de pesca de arrastre de camarón para la embarcación Punta Guiones propiedad de Compañía Pesquera Moncharelo S.A. no fue por ninguna causal prevista y contemplada en el artículo 113 de la ley de Pesca y Acuicultura N°8384. 4 - Que se declare que el INCOPESCA por su actuación inconstitucional primero y omisiva después, está obligado a indemnizar y cancelar los daños y perjuicios causados a la Compañía Pesquera Moncharelo S.A. 5.- Que se declare que el INCOPESCA por su actuación inconstitucional primero y omisiva después, está obligado a indemnizar y cancelar los daños y perjuicios causados a Alfredo Sánchez Sánchez en su condición de único socio de la Compañía Pesquera Moncharelo S.A. 6.- Que se declare que el INCOPESCA por su actuación inconstitucional primero y omisiva después, está obligado a indemnizar y cancelar los daños y perjuicios causados a Alfredo Sánchez Sánchez en su condición de capitán de la embarcación Punta Guiones. 7.- Que se condene al INCOPESCA al pago de ambas costas de este proceso". El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura contestó la demanda de forma negativa y formuló la excepción de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. En sentencia 2025008561 de las 9 horas con 18 minutos del 26 de agosto del 2025, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, rechazó la defensa de falta de legitimación, acogió la excepción de falta de derecho y declaró sin lugar la demanda. Disconforme, el representante de las partes actoras interpone recurso de casación.

Motivo de forma En el único motivo de este tipo acusa incongruencia y “violación al deber de exhaustividad”. Explica, la sentencia no valoró integralmente la prueba testimonial de Ester Chavarría y Walter Castillo, quienes acreditaron el impacto económico y social del cierre de la actividad, ni la pericia contable que acreditaba ingresos anuales promedios superiores a 74 millones de colones, lo que dice, impide una adecuada determinación del quantum indemnizatorio. Por otra parte, acusa, existe incongruencia porque el fallo no resolvió sobre la pretensión de la sucesión de don Alfredo Sánchez, en su calidad de dueño de la embarcación y socio único, limitando la decisión únicamente, a la sociedad mercantil.

Motivo de fondo En el único motivo aduce violación y errónea interpretación del numeral 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, violación del principio de confianza legítima y de seguridad jurídica; y, errónea aplicación de la jurisprudencia constitucional. Explica, el Tribunal reconoció que la Sala Constitucional declaró inconstitucional la base normativa que sustentaba las licencias de arrastre, pero concluyó que INCOPESCA no tenía responsabilidad, porque no analizó la omisión administrativa entre 2013 y 2017, al dejar promover estudios técnicos, o impulsar una reforma legal, ni adoptar medidas transitorias, lo cual constituye funcionamiento anormal de la Administración que genera un daño antijurídico que no está obligado a soportar. En cuanto a la violación de confianza legítima y seguridad jurídica, dijo que la sentencia recurrida negó que existiera una expectativa legítima de continuidad de la licencia de pesca, sin embargo, la Ley de Pesca y Acuicultura 8436, en sus artículos 27, 43, 47 y 104 expresamente establecía que las licencias eran prorrogables por periodos iguales, y en la práctica fueron renovadas de forma consecutiva desde 1995 hasta 2017. Aduce, con la no prórroga se ignoró la línea jurisprudencial de la Sala Primera sobre expectativas legítimas. En lo que respecta al desconocimiento de la jurisprudencia constitucional indica, el Tribunal interpretó que el voto 2013-10540 de la Sala Constitucional eximía totalmente al INCOPESCA de la responsabilidad de cumplir con medidas transitorias, estudios, científicos y la búsqueda de solución legislativa antes del vencimiento de la licencia de la embarcación pesquera Punta Guiones, lo cual, aduce es incorrecto, porque la sentencia constitucional lo que ordenó fue no renovar licencias vencidas, pero condicionó, la continuidad de las vigentes hasta su vencimiento y ordenó al INCOPESCA antes de su vencimiento realizar estudios técnicos y proponer reformas legales, lo cual no cumplió generando una omisión ilícita que produjo el cese abrupto de la actividad pesquera. La Sala Constitucional en la resolución en referencia, dispuso: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se declara inconstitucional la frase “del camarón con red de arrastre,” del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que, en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad…”. En la sentencia impugnada, el Tribunal estableció como objeto del proceso el que se declare la responsabilidad objetiva de INCOPESCA por los daños ocasionados a la sociedad propiedad de la embarcación Punta de Guiones y a don Alfredo Sánchez Sánchez como capitán del barco. Además, detalló, que la parte actora reclama la responsabilidad de INCOPESCA en relación a las actuaciones calificadas de ilegítimas, que encuentran su origen en la declaratoria de nulidad de la normativa que permitía la pesca de arrastre de camarón en el país y por conducta omisa en relación con la no gestión de estudios científicos y acciones administrativas- entre ellas la propiciación de una reforma legal- que permitieran la pesca de arrastre conforme a los parámetros establecidos por la Sala Constitucional. En cuanto a la primera arista del criterio de imputación, es decir ante el alegato que expone como causa de responsabilidad, una conducta ilegítima de INCOPESCA derivada de la declaratoria de inconstitucionalidad dada por la Sala Constitucional de la frase “del camarón con red de arrastre,” del punto d inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005”, que permitía la pesca de arrastre de camarón, lo que surge es una nulidad sobrevenida de las actuaciones administrativas que sustentaban su accionar en tal normativa (numeral 159 de la Administración Pública), por ende, dijo, no puede estimarse, precisamente por tratarse de una nulidad sobrevenida, que las actuaciones de INCOPESCA respecto al otorgamiento de licencia de pesca de arrastre de camarón y la fiscalización ejercida sobre dicha actividad, pueda ser estimada como una conducta ilegítima o ilícita al generarse su otorgamiento, por cuanto, es hasta el momento en que se da la declaratoria de inconstitucionalidad, que surge el vicio de nulidad de los actos administrativos otorgados con el fundamento de aquellas normas, consecuentemente, no podría estimarse como causa de responsabilidad administrativa por conducta ilícita, el otorgamiento de la licencia concedida a la parte actora por parte de INCOPESCA con sustento en normas que, en el momento histórico que fue otorgada, aún no habían sido declaradas inconstitucionales y estaban vigentes, por cuanto, desde el escenario expuesto, no podría constituir ésta una conducta ilícita, como criterio de imputación que encuentre nexo de causalidad con los daños y perjuicios reclamados. Añadió, no existe un derecho "per se” a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico, sobre todo en una materia regulatoria de orden ambiental cuya vigencia está condicionada a que la habilitación surja temporalmente, una vez cumplidos los requisitos que el ordenamiento jurídico imponga en cada momento histórico, de ahí que no pueda considerarse que exista en el caso concreto, un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada. Indicó que, incluso, en atención a esa premisa, el numeral 103 de la Ley 8436 dispone: "El otorgamiento de la licencia, la autorización o el permiso estará condicionado a la disponibilidad y conservación del recurso hidrobiológico de que se trate y a las necesidades de desarrollo y sostenibilidad del sector pesquero, lo cual deberá estar debidamente fundamentado en los resultados de los estudios científicos, técnicos, económicos o sociales". Y, que el ordinal 104 de la misma ley indica: "Artículo 104.-Los permisos y las autorizaciones referidos en esta Ley, no son negociables y tienen el carácter de intransferibles. Las licencias de pesca y las autorizaciones acuícolas serán transferibles, previo estudio y autorización de INCOPESCA, exigiendo para ello los mismos requisitos establecidos en la presente Ley para su otorgamiento original. Las licencias se otorgarán por seis años y serán prorrogables por plazos iguales a los concedidos originalmente. Las autorizaciones se otorgarán por un plazo de diez años y serán prorrogables por plazos iguales a los concedidos originalmente, a menos que la autorización requiera de un plazo menor. Los permisos se otorgarán por cinco años y serán prorrogables por plazos iguales a los concedidos originalmente. Las concesiones se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Aguas. Dichas concesiones podrán transferirse, previa autorización del MINAE; para ello, deberán cumplirse los requisitos fijados en esa Ley. Las licencias, las autorizaciones, los permisos y las concesiones, así como sus prórrogas, se otorgarán conforme al estudio previo del INCOPESCA o del MINAE, según corresponda, para cada caso particular. Los pagos de las licencias, los permisos y las concesiones se harán anualmente. Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82 de la presente Ley". Señaló, se desprende de los numerales referenciados, que el propio ordenamiento jurídico -independiente de lo resuelto por la Sala Constitucional en el año 2013-, regula la figura de la licencia como un acto de habilitación de efecto temporal sujeto a valoraciones de la propia Administración en torno a la condición ambiental que involucra la materia y al propio cumplimiento de requisitos, que la Administración de forma discrecional somete a criterios acordes de la ciencia y la técnica para ponderar el cumplimiento de los fines públicos con dicha actividad económica. Consideró, impone el ordenamiento jurídico en sí mismo, la posibilidad clara de una mutabilidad del marco regulatorio, en torno a requisitos para el otorgamiento de licencias y viabilidad de mantenerlas u otorgarlas, de ahí que resulta improcedente cuando señalan los accionantes, como causa de responsabilidad, lo que califica como condición de seguridad jurídica lo que le motivó a invertir en una embarcación pesquera y el correspondiente muelle para la actividad de pesca de arrastre de camarón, máxime cuando, como parte de la actividad pesquera, conocía los alcances de la licencia otorgada a su actividad, la cual tenía un efecto temporal. Reiteró diciendo, aquél sujeto que, amparado a un título habilitante administrativo desarrolla una actividad, la desarrolla en un marco de riesgo y ventura, delimitado por los alcances mismos de la habilitación correspondiente, teniendo que desarrollar un modelo económico de sostenibilidad coherente con tales condiciones. Es justamente este riesgo y exposición a la variabilidad de condiciones, señaló, que es el contenido real de seguridad jurídica, y que no es exclusivo de licencias como las que se analizan en este asunto, sino que es propio de cualquier derecho real administrativo que le permite a un particular la explotación económica en su favor. Entonces, dijo, el objeto de esta litis versa en determinar si, el advenimiento de la detención de la actividad resulta o no legítima, dado que, caso contrario, se originaría la causa petendi (motivo) indemnizatoria. En esa misma línea, en torno a lo que califica como causa de responsabilidad por la cancelación de la licencia pesquera que imposibilitó la continuación de su actividad productiva y único medio de sustento económico, consideró que esta acción no se da en sí misma, como una cancelación, sino por el contrario, lo que surgió era la imposibilidad legal de optar por una prórroga de conformidad con lo resuelto por la Sala Constitucional, la cual definió en el voto Nº 10540-2013 del 07 de agosto del 2013, la imposibilidad para INCOPESCA de renovar las licencias en las que recayera vencimiento, de ahí que la extinción de la licencia surge por lo establecido en numeral 113 de la Ley 8436, el cual expone: "Artículo 113.-Las licencias, los permisos y las autorizaciones se extinguen por las siguientes causas: a) Por el vencimiento del plazo, sin que medie solicitud de prórroga en forma legal. b) La imposibilidad de realización del objeto. c) La renuncia expresa o el abandono que realicen los interesados. d) La cancelación de las licencias, los permisos o las autorizaciones por parte de las autoridades competentes, respetando el debido proceso". Explicó, al no existir habilitación legal de INCOPESCA para renovar licencias para pesca de arrastre de camarón, lo que concurrió fue su extinción por el término del plazo de habilitación -que se conservó de acuerdo con los propios términos de lo resuelto por el órgano constitucional- y la imposibilidad de la realización del objeto, consecuentemente la extinción de la licencia, en esencia no surge de una actuación arbitraría, ilícita o ilegítima de INCOPESCA. Añadió, importante de resaltar que el propio numeral 114 también de la ley en mención expone que: "Artículo 114.-La autoridad ejecutora procederá a cancelar las licencias, las concesiones, los permisos o las autorizaciones, con respeto del debido proceso, cuando sus titulares: a) Pongan el ecosistema en riesgo inminente. (...) Explicó, precisamente, es por el riesgo del ecosistema que la Sala Constitucional se decanta por declarar la inconstitucionalidad de la normativa que permitía la pesca de arrastre de camarón, es decir, incluso la propia normativa, más allá de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, prevé esa posibilidad como motivo para la cancelación de licencias, de ahí que en definitiva, dijo, el accionante debía conocer los alcances de la propia ley en torno a los riesgos asociados a la actividad que desempeñaba, que en última instancia es la que origina el cese de la misma, por ende la causa de la responsabilidad acusada no surge de un quebrantamiento a derechos adquiridos, sino por el riesgo para el ecosistema de la actividad que se realizaba. En esa lógica, mencionó, tal como la Sala Constitucional lo ha dimensionado en innumerables ocasiones, en materia ambiental, salud, y seguridad no pueden existir derechos adquiridos. Así las cosas, concluyó, no existe una conducta ilícita o ilegítima de la Administración demandada que pueda valorarse como causa de la responsabilidad reclamada. Por otra parte, respecto del segundo escenario de análisis que gira en torno a la causa de imputación por conducta omisiva explicó, el criterio imputativo de responsabilidad basado en omisión, no es un sistema de responsabilidad basado en la inactividad llana, sino que se trata de un criterio que exige la acreditación de dos circunstancias simultáneas: por un lado, la existencia de un conducta activa imperiosa, no potestativa, es decir, la existencia de un mandato por parte de nuestro ordenamiento jurídico que le exija a la Administración a actuar en determinada manera, y por otro, la omisión propiamente dicha, es decir, la inactividad administrativa, debiendo advertirse de que, en caso de que sí existiese actividad pero esta no es suficiente, es defectuosa o, en general, no se cumple con la exigencia imperativa normativa, se estaría en presencia de un funcionamiento anormal y no de una omisión administrativa propiamente dicha. Tomando en cuenta lo anterior, estimó que tampoco surge en la especie un escenario acreditado de conducta omisiva por parte de la autoridad demandada que dé lugar a la responsabilidad reclamada y, por ende, a los daños y perjuicios derivados de ese reclamo. Explicó, para poder determinar la conducta omisiva reprochada es necesario partir de lo expuesto en el propio voto de la Sala Constitucional, del cual se puede extraer que la continuidad de licencias dependía de varias variables, una primera que se ejerciera la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dictara sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las tecnologías más amigables con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA. Un segundo escenario, la existencia de una reforma legal, que pudiera reinstaurar las categorías A y B anuladas, condicionado a que se hiciera referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Dijo, en cuanto al primer escenario, no podría imputarse una conducta omisiva a INCOPESCA, ya que de los elementos de convicción traídos a juicio, se encuentra que la propia prueba testimonial recaba en juicio de Walter Castillo Ruiz, administrador de la embarcación Punta Guiones y primer oficial del mismo, fue contundente en declarar que la embarcación no tenía otra posibilidad de técnica de pesca que la de arrastre y tampoco los recursos para adaptar el barco para otra técnica, porque había que invertir mucho para otro tipo de pesca. Detalló, de la propia prueba se desprende que la condición impuesta por la Sala Constitucional para continuar con las licencias de pesca de camarón era imposible de cumplir por el accionante, por lo que la no continuidad de la actividad productiva no deriva de una omisión administrativa. Es una condición propia de la actora, operando la culpa de la víctima, conforme a la prueba aportada en autos, pues los demandantes tenían conocimiento de los alcances del voto constitucional y tuvieron varios años, hasta la paralización final de la actividad, sin que se acredite que hayan tomado medidas para la adecuación de la actividad a mecanismos para la disminución de la captura incidental o en general, para la adecuación a las nuevas circunstancias que se imponían para la actividad pesquera, aspecto únicamente de rebote o reproche de los accionantes. Señala, por ello opera como causal eximente de responsabilidad administrativa, consecuentemente, no puede prosperar una indemnización de daños y perjuicios sin base de responsabilidad. Añadió, en torno al segundo escenario expuesto por la Sala Constitucional, la condición para continuar la actividad pesquera de camarón estaba sujeta a la reforma legal, que se sustente en el respaldo científico y tecnológico, para una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible, es decir, la condicionante de la Sala Constitucional, contrario a lo interpretado por el accionante, no surge de una conducta activa recaída sobre la entidad demandada, sino que deriva de una acción legislativa, en donde es el Estado Legislativo, el competente para la ejecución de esa condición, de ahí que si no ha existido reforma legal operada en los términos de la Sala Constitucional, no puede ser atribuida a INCOPESCA. En todo caso, indicó, más allá de lo que se atribuye propiamente como criterio de imputación por parte del accionante en la conducta omisiva reprochada a INCOPESCA referente a estudios científicos, señaló que, primeramente, no se acreditaron elementos de juicio determinantes en la prueba recabada, que señalara una omisión en ese sentido, pero además, aun cuando se hubieran establecido los mecanismos científicos para efectuar pesca de arrastre de camarón sin afectación al ecosistema, lo cierto del caso, tal como ya se señaló, es que la embarcación de la accionante carecía de los medios para poder habilitar la embarcación a un sistema sostenible, pudiendo únicamente seguir desarrollando la técnica que precisamente es calificada como una infracción al ambiente por no ser posible la sostenibilidad de los ecosistemas, de ahí que deba insistirse, que los daños y perjuicios que se aducen haber sufrido se derivan de la actividad misma que desarrollaba el accionante y no de una acción u omisión administrativa imputable a INCOPESCA. Mencionó, si bien existe un deber de INCOPESCA de efectuar estudios respecto a la viabilidad de la actividad con resguardo ambiental, resulta necesario insistir, más allá de que si se hubiera realizado o no esos estudios, la embarcación de la parte actora no calificaba para seguir operando sujeto a un medio más sostenible y no se acreditó que hubiese optado por medidas propias de adecuación de su actividad en ese sentido, sobre todo si se toma en consideración la aparente solvencia económica que afirman los propios actores que generaba la actividad, en consecuencia, no es la omisión acusada la que causa el daño, sino la condición propia de la accionante de poder ajustarse a los parámetros técnicos que permitieran la sostenibilidad ecológica de los ecosistemas marinos. Reconoció la grave afectación socioeconómica que provocó para el sector pesquero la resolución de la Sala Constitucional, que exigía sin duda alguna la intervención estatal a través de varias instituciones y la adopción de políticas públicas para atender la problemática que se presentaba para un sector tan vulnerable social y económicamente, como lo es el sector pesquero del país, en el que una región costera podría depender de esa actividad para subsistir. Las acciones de orden social o económico que debía el Estado efectuar para atender la problemática señalada, no fue marco de imputación de responsabilidad en la demanda, es más, la representación estatal no es parte de este proceso, sino que la accionada fue solamente la entidad que concedía las licencias como tales, de ahí que, a pesar de la conciencia de la situación, no es resorte en este proceso su análisis, para efectos de las pretensiones que se persiguen en el proceso. Así las cosas, concluyó, la responsabilidad reprochada no puede surgir en el escenario de valoración efectuado y en consecuencia, las pretensiones de la parte no pueden prosperar, tanto las declarativas como las económicas, en el entendido de que las pretensiones económicas derivadas de los daños y perjuicios endilgados, no pueden sostenerse sin una base de imputación administrativa que haga surgir la responsabilidad administrativa que regula el ordinal 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. En lo que respecta la agravio de forma, en cuanto acusa incongruencia, no lleva razón quien recurre cuando señala que no se resolvió respecto de la pretensión de la sucesión de don Alfredo Sánchez, en su calidad de la embarcación y socio único, limitando la decisión únicamente a la sociedad mercantil; puesto que de forma clara y precisa el Tribunal explicó, que el objeto del proceso es que se declare la responsabilidad objetiva de INCOPESCA por los daños ocasionados a la sociedad propiedad de la embarcación Punta de Guiones y a don Alfredo Sánchez Sánchez como capitán del barco y, resolvió porqué cada uno de los argumentos presentados en la demandada no tenían sustento, para concluir que no era posible acoger ninguna de las pretensiones por carecer de asidero, tanto las declarativas como la económicas, lo cual abarca, sin duda, las que giran en torno al señor Sánchez como capitán del barco. Además, señaló que las pretensiones económicas derivadas de los daños y perjuicios resultaban insostenibles por carecer de base de imputación administrativa que haga surgir la responsabilidad administrativa. Así, no se observa la incongruencia aludida. Por otra parte, en cuanto a la sección del reproche que denomina “violación al deber de exhaustividad”, en el que alega no se sustentó una adecuada determinación del quantum indemnizatorio porque no se valoró integralmente la prueba testimonial de Ester Chavarría y Walter Castillo, quienes acreditaron el impacto económico y social del cierre de la actividad, ni la pericia contable que acreditaba ingresos anuales promedios superiores a 74 millones de colones, tampoco lleva razón. Se reitera, el Tribunal no encontró motivos de responsabilidad, por lo que rechazó las pretensiones indemnizatorias al carecer de base de imputación de responsabilidad, por consiguiente, no resultaba procedente valorar de forma alguna el daño alegado, porque no se llegó a tal etapa al quedar demostrada la carencia de vínculo con alguna conducta del Instituto demandado. Por lo anterior, procede el rechazo del agravio. En cuanto al motivo de fondo tampoco lleva razón. Contrario a lo señalado por el recurrente, no observa esta Cámara que la sentencia carezca de análisis del alegato de que existió una omisión administrativa del INCOPESCA entre 2013 y 2017, al dejar promover estudios técnicos, o impulsar una reforma legal, o adoptar medidas transitorias o que se diera un desconocimiento de la jurisprudencia constitucional. Por el contrario, el Tribunal explicó que no existía prueba de la carencia de estudios, y, además indicó que la aprobación de una reforma legislativa no dependía del INCOPESCA, sino del órgano legislativo. Además, fue enfático en explicar exhaustivamente y como punto principal, que con la prueba testimonial se evidenció que la embarcación de la parte actora no contaba con la posibilidad de realizar otro tipo de pesca que no fuera de arrastre, por lo que, entonces, de ninguna forma era viable que contara con permiso, asentando en ese hecho una culpa de la víctima. Ninguno de esos elementos es combatido en el agravio. Por otra parte, en cuanto a la violación de confianza legítima y seguridad jurídica, tampoco lleva razón, porque como bien lo señala la sentencia, la licencia otorgada tenía un plazo establecido, precisamente porque es un acto de habilitación de efecto temporal. En ese aspecto debe tenerse claro que la posibilidad de que las licencias sean prorrogadas no puede traducirse de forma alguna en una especie de otorgamiento indefinido, que pareciera es lo que pretende considerar quien recurre, puesto que precisamente el establecimiento de plazo de otorgamiento da certeza de la vigencia exclusivamente por ese lapso y su prórroga está sujeta a valoraciones de la Administración, lo cual no solo incluye cumplir requisitos normativos, si no que, tratándose de materia ambiental, trasciende al análisis de estudios, descubrimientos y avances científicos, en aplicación de los principios de prevención, precautorio, sostenibilidad y de no regresión. En este caso, observa esta Cámara, el plazo de la licencia se respetó y una vez que se cumplió, la solicitud de ser prorrogada fue rechazada por carecer de sustento su aprobación ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la pesca de arrastre por el impacto ambiental que tiene. Así, no observa esta Sala la violación aducida y, por el contrario, se concuerda con analizado y resuelto por el Tribunal. Por lo anterior, procede el rechazo del agravio. En mérito de lo expuesto, el recurso deberá declararse sin lugar. Conforme a lo señalado por el artículo 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, deberá imponerse a la casacionista el pago de las costas generadas con el ejercicio de esta instancia.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso; son sus costas a cargo de quien lo interpuso. KAM Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

      Concept anchorsAnclajes conceptuales

      • Ley 8436 Art. 2, 43, 47, 104, 113
      • Ley General de la Administración Pública Art. 190
      • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 91

      Spanish key termsTérminos clave en español

      News & Updates Noticias y Actualizaciones

      All articles → Todos los artículos →

      Weekly Dispatch Boletín Semanal

      Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

      ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

      One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

      Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
      Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

      Stay Informed Mantente Informado

      Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

      Email Updates Actualizaciones por Correo

      Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

      Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

      WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

      Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

      Join Channel Unirse al Canal
      Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
      🙏