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Res. 00113-2026 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 22/01/2026

Dismissal of municipal liability and INS coverage for landslide due to exclusion of risk and insufficient causal linkDeterminación del nexo causal municipal en deslizamiento de tierra en Condominio Natalia — rechazo de cobertura del INS por falta de riesgo cubierto

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OutcomeResultado

INS appeal: granted; plaintiffs’ appeals: dismissedCasación del INS: con lugar; actores: sin lugar

The plaintiffs’ appeals seeking to hold the Municipality of Moravia liable are dismissed; the appeal of the National Insurance Institute is granted, reversing the coverage rulings against it and dismissing all indemnity claims because no covered risk existed under the “Hogar Seguro 2000” policy.Se desestiman los recursos de los actores que buscaban responsabilizar a la Municipalidad de Moravia; se acoge el recurso del INS y se revocan las condenas que le fueron impuestas, declarando sin lugar las pretensiones indemnizatorias de los actores contra la aseguradora por inexistencia de riesgo cubierto bajo la póliza 'Hogar Seguro 2000'.

SummaryResumen

The First Chamber hears three cassation appeals against a judgment of the Contentious-Administrative Court arising from consolidated claims concerning a November 14, 2007 landslide at Condominio Natalia, Moravia, which rendered several homes uninhabitable. The trial court had ordered INS to pay Coverage C (landslide) under the “Hogar Seguro 2000” policy for four plaintiffs, while dismissing claims against the Municipality of Moravia and financial institutions, and rejecting one plaintiff’s suit on statute-of-limitations grounds. The Chamber, by majority, dismisses the plaintiffs’ appeals (Fallas and Zeledón), upholding the municipality’s exoneration for lack of causal link: the incident resulted from non-apparent construction defects (inadequate fill, poorly founded gabions, leaking storm drainage) and unauthorized connections by third parties—conditions not detectable through ordinary municipal oversight. However, it grants INS’s appeal, reversing the coverage rulings on two grounds: (1) expert evidence established that the homes were located less than twice the slope height from the talus (43.20 m), triggering the policy’s express talus-proximity exclusion, and (2) the loss was caused by inherent construction defects and third‑party acts rather than a chance natural peril. The judgment also confirms that no coverage extends to rent expenses, contents, or common areas, as none were specifically contracted. Magistrate Zamora’s dissenting vote would have upheld liability against INS, holding that bad faith on the part of the insurer’s brokers and the legitimate expectations of good-faith insureds prevent shifting the talus exclusion to consumers who were not adequately informed.La Sala Primera conoce tres recursos de casación contra sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, derivados de demandas acumuladas por el deslizamiento de tierra del 14 de noviembre de 2007 en el Condominio Natalia, Moravia, que dejó inhabitables varias viviendas. El Tribunal había condenado al INS a aplicar la Cobertura C (deslizamiento) de la póliza “Hogar Seguro 2000” respecto de cuatro actores, desestimando las pretensiones contra la Municipalidad de Moravia y entidades financieras, y rechazando la demanda de una actora por prescripción. La Sala, por mayoría, desestima los recursos de los actores (Fallas y Zeledón) confirmando la exoneración municipal por falta de nexo causal: el siniestro se debió a vicios constructivos no ostensibles (rellenos deficientes, gaviones mal cimentados, sistema pluvial con fugas) y a conexiones ilícitas de terceros, que no son detectables por una fiscalización municipal ordinaria. En cambio, acoge el recurso del INS y revoca las condenas en su contra, al constatar que, según la prueba pericial y los perfiles topográficos, las viviendas se ubicaban a una distancia del talud inferior al doble de su altura (43,20 m), activando así la exclusión expresa de cobertura por proximidad a talud, a lo que se suma la causalidad técnico-constructiva ajena a un riesgo aleatorio amparable. El fallo se pronuncia, además, sobre la imposibilidad de extender la cobertura a alquileres, menaje o áreas comunes por falta de contratación expresa. El voto salvado del magistrado Zamora discrepa y habría mantenido la condena al INS, argumentando que la mala fe contractual de la aseguradora a través de sus comercializadoras y la confianza legítima del asegurado de buena fe impiden trasladarle al consumidor la exclusión por talud que no le fue informada adecuadamente.

Key excerptExtracto clave

Having compared the contractual conditions with the expert platform settled by the lower court, this Chamber establishes its ratio: first, the harmful result was linked—by adequate causation—to hidden construction defects and acts of third parties, not to a random natural force, which displaces the applicability of Coverage C as conceived in the contract; second, proximity to the slope operates as an objective risk limitation which, in this case, was verified below the minimum threshold of 43.20 m […]. For the reasons stated, […] the appeal filed by the Instituto Nacional de Seguros is granted. […] Deciding on the merits, the indemnity claims brought by [the plaintiffs] against the Instituto Nacional de Seguros are dismissed, due to the absence of a covered risk and the lack of contracted coverage for the items claimed, including, by connection and accessory nature, moral damages.Confrontado el conjunto de condiciones contractuales con la plataforma pericial asentada por el a quo, esta Sala fija su ratio: primero, el resultado dañino se conectó —por causalidad adecuada— a vicios no ostensibles de construcción y a hechos de terceros, no a una fuerza natural aleatoria, lo que desplaza la aplicabilidad de la Cobertura C tal como fue concebida en el contrato; segundo, la proximidad al talud opera como limitación objetiva de delimitación del riesgo que, en el caso, se verificó por debajo del umbral mínimo de 43,20 m […]; En mérito de lo expuesto, […] se declarará con lugar el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de Seguros. […] Fallando por el fondo, se declararán sin lugar las pretensiones indemnizatorias planteadas por [los actores] contra el Instituto Nacional de Seguros, por inexistencia de riesgo cubierto y por ausencia de coberturas contratadas para los rubros reclamados, incluido, por conexidad y accesoriedad, el daño moral.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la causa eficiente en defectos propios de la ejecución material de la obra y subsuperficiales —selección y compactación del material de relleno, configuración y cimentación de los gaviones, diseño y comportamiento del sistema pluvial incrustado— y en conductas de terceros ajenas a la Administración —conexiones ilícitas—; factores que, por su naturaleza, no resultan detectables mediante inspección municipal ordinaria sin destrucción de obra."

    "the efficient cause lies in defects inherent to the material execution of the work and subsurface conditions—selection and compaction of fill material, configuration and foundation of the gabions, design and behavior of the embedded storm drainage system—and in conduct by third parties beyond the Administration’s control—unauthorized connections; factors which, by their nature, are not detectable through an ordinary municipal inspection without destroying the structure."

    Considerando — agravio de la actora Fallas Quesada

  • "la causa eficiente en defectos propios de la ejecución material de la obra y subsuperficiales —selección y compactación del material de relleno, configuración y cimentación de los gaviones, diseño y comportamiento del sistema pluvial incrustado— y en conductas de terceros ajenas a la Administración —conexiones ilícitas—; factores que, por su naturaleza, no resultan detectables mediante inspección municipal ordinaria sin destrucción de obra."

    Considerando — agravio de la actora Fallas Quesada

  • "la proximidad al talud opera como limitación objetiva de delimitación del riesgo que, en el caso, se verificó por debajo del umbral mínimo de 43,20 m; […] no existe siniestro amparable bajo Cobertura C por concurrir la exclusión expresa de proximidad al talud […] y por la causalidad técnico-constructiva y de terceros que rompe el nexo asegurador"

    "proximity to the slope operates as an objective risk limitation which, in this case, was verified below the minimum threshold of 43.20 m; […] there is no compensable loss under Coverage C because the express talus-proximity exclusion applies […] and because the technical-construction causation and third-party conduct break the insurer’s causal link"

    Considerando — recurso del INS, ratio de la Sala

  • "la proximidad al talud opera como limitación objetiva de delimitación del riesgo que, en el caso, se verificó por debajo del umbral mínimo de 43,20 m; […] no existe siniestro amparable bajo Cobertura C por concurrir la exclusión expresa de proximidad al talud […] y por la causalidad técnico-constructiva y de terceros que rompe el nexo asegurador"

    Considerando — recurso del INS, ratio de la Sala

  • "En el contrato de seguro rige la delimitación objetiva del riesgo; cuando la cláusula es clara, su alcance no puede extenderse más allá de su tenor literal; y el principio de fuerza obligatoria de los contratos impone respetar la arquitectura del producto."

    "The insurance contract is governed by the objective delimitation of risk; when a clause is clear, its scope cannot be extended beyond its literal wording; and the principle of mandatory force of contracts requires respect for the product’s architecture."

    Considerando — recurso del INS, marco hermenéutico

  • "En el contrato de seguro rige la delimitación objetiva del riesgo; cuando la cláusula es clara, su alcance no puede extenderse más allá de su tenor literal; y el principio de fuerza obligatoria de los contratos impone respetar la arquitectura del producto."

    Considerando — recurso del INS, marco hermenéutico

  • "el incumplimiento en la gestión del riesgo por parte de los intermediarios no podía trasladarse al asegurado. Bajo ese razonamiento, desestimó la defensa de exclusión como barrera absoluta."

    "the breach in risk management by the intermediaries could not be transferred to the insured. On that reasoning, it dismissed the exclusion defense as an absolute barrier."

    Voto salvado del magistrado Zamora Campos

  • "el incumplimiento en la gestión del riesgo por parte de los intermediarios no podía trasladarse al asegurado. Bajo ese razonamiento, desestimó la defensa de exclusión como barrera absoluta."

    Voto salvado del magistrado Zamora Campos

Full documentDocumento completo

Procedural marks

First Chamber of the Court Case File: 08-001471-1027-CA Case type: COGNIZANCE Analyzed by: FIRST CHAMBER  Res. 000113-F-S1-2026 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours eighteen minutes on January twenty-second, two thousand twenty-six.

Cognizance proceeding filed before the Administrative and Civil Treasury Court, Second Judicial Circuit of San José, by Marco Aurelio Mora Dittel, Roby Molina Ortiz, Wagner García Méndez, Luis Diego Zeledón Valverde, and Sheyla Fallas Quesada; against the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros), represented by its special judicial representative, attorney Jazmín Elena Calvo Ardón, the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, represented by its special judicial representative, attorney Marvin Abarca Chaves, Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda Ahorro y Préstamo, represented by its special judicial representative, attorney Carlos Quesada Hernández, and the Municipality of Moravia, represented by its special judicial representative, attorney Roberto Morales Delgado. Ms. Sheila Fallas Quesada and Mr. Luis Diego Zeledón Valverde each separately filed their respective cassation appeals; additionally, the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) also appealed, judgment number 2024001649, issued at fourteen hours and three minutes on March eighteenth, two thousand twenty-four, signed by Judges Claudia Bolaños Salazar (rapporteur), Laura Gómez Chacón, and Alejandra Soto Fonseca.

Drafted by Magistrate Vargas Vásquez;

CONSIDERING

In consolidated proceedings numbers 08-001471-1027-CA, 09-001515-1027-CA, 09-003421-1027-CA, 10-002277-1027-CA, and 11-000187-1027-CA, Messrs. Marco Aurelio Mora Dittel, Roby Molina Ortiz, Wagner García Méndez, Luis Diego Zeledón Valverde, and Ms. Sheila Fallas Quesada, filed their respective lawsuits against the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros), Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Mutual de Ahorro y Préstamo Alajuela La Vivienda, and the Municipality of Moravia. The litigation originated from the landslide that occurred on November 14, 2007, at Condominio Natalia, located in La Trinidad de Moravia. The event occurred in the children's playground sector, built with gabions arranged at various levels on a slope. The gabion mass and fill material shifted and affected the integrity of the homes located on the lower part, as well as the main entrance of the condominium, causing material losses in five homes and damage to the security booth and multipurpose room. As a result of the event, the Moravia Rectorate Health Area, through sanitary orders (Marco Aurelio Mora Dittel) and (Sheila Fallas Quesada), dated November 16, 2007, declared the home of each recipient uninhabitable, classified the site as high-risk based on CNE criteria, and ordered preventive eviction pending geotechnical studies, with the warning that it would be executed with the support of the Public Force. Technical reports from the National Commission for Risk Prevention and Emergency Attention —particularly DPM-INF-1957-2007, dated November 2007— evidenced the site's vulnerability due to possible foundations on fill without adequate compaction, doubts about the design capacity of the gabions against seismicity, non-observance of technical requirements and permits, and the existence of unauthorized aqueduct connections, factors that contributed to the landslide. Likewise, the technical evidence allowed the conclusion that low-quality materials, combined with illegal aqueduct connections, contributed to the landslide that caused the damage. Based on these common facts, individual claims were raised: in the case of Mr. Marco Aurelio Mora Dittel, he requested that the lawsuit be granted, and that the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) and BPDC be jointly and severally condemned for moral, psychological, and other damages; that his debt be forgiven and the Bank's actions regarding transfer and mortgage be annulled; that the execution of the fire policy and the cessation of charges for life and fire policies be ordered; and the payment of legal costs. Subsequently, he expanded his claims to seek objective moral damage for the impact on his status as a credit subject. In the case of Luis Diego Zeledón Valverde, he requested the annulment of the exclusion clause in the insurance contract for being abusive; that it be declared that the common areas —including the access road— were part of the insured property and that their loss affected the use and safety of his property; that the INS execute the policy and indemnify, including rent payment; that the negative report in SUGEF be ordered removed; and legal costs. Alternatively, he sought the condemnation of the Municipality for regulatory omissions and of Mutual Alajuela for the valuation and placement of the insurance/credit, or the joint and several condemnation of all, with payment of the debt, interest, and damages. Case of Roby Molina Ortiz, he requested that the lawsuit be granted; that INS be ordered to fulfill the policy corresponding to property 530846; the recognition of subjective and objective moral damage, psychological damage, and other damages; compensation for the loss of the home according to the referenced values; legal costs; and that SUGEF be instructed to clean his credit subject status. Case of Wagner García Méndez, he sought that the lawsuit be granted; that INS be ordered to fulfill the policy associated with property 530847-000; the condemnation of INS and Banco Popular for moral damage —subjective and objective—, psychological damage, and other damages; compensation for the loss of the home, with improvements and household goods in the total amount indicated; legal costs; and the cleaning of his status before SUGEF. Case of Sheila Fallas Quesada, she requested a declaration of non-compliance with duties by INS and Mutual (arts. 190 and 191 LGAP) for not verifying the property's conditions and for their insurance and credit management; the joint and several liability of INS-Mutual, both contractual and extracontractual, and the annulment of an insurance clause for being unconscionable; the applicability of the policy payment; the joint and several liability of the Municipality for permits and lack of oversight; damages and losses, interest, and indexation from November 14, 2007; legal costs; and, alternatively, the separate condemnation of whomever corresponded. In the case of Luis Diego Zeledón Valverde, in August 2009, the Municipality of Moravia, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, and the INS answered the lawsuit negatively; all raised the exception of lack of right. Additionally, Mutual raised lack of passive standing and lack of current interest, and INS added lack of cause and lack of active and passive standing. Case of Marco Aurelio Mora Dittel. In February 2009, INS and, in April 2014, Banco Popular answered the lawsuit negatively; INS raised lack of right, and Banco Popular alleged lack of right and lack of active and passive standing ad causam. In the case of Roby Molina Ortiz, in May 2010, INS answered the lawsuit negatively and raised the exceptions of lack of right, lack of passive standing, and lack of current interest. In the case of Wagner García Méndez, in September 2010, Banco Popular and INS answered the lawsuit negatively; Banco Popular raised lack of right and lack of active and passive standing, and INS invoked lack of right and lack of cause. Regarding the lawsuit of Sheila Fallas Quesada, in May 2012, INS and, in February 2013, the Municipality of Moravia answered the lawsuit negatively and raised lack of right and prescription; for its part, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda also answered negatively and raised lack of right, lack of passive standing, and lack of current interest. The Administrative and Civil Treasury Court, by judgment No. 2024001649, issued at fourteen hours and three minutes on March eighteenth, two thousand twenty-four, resolved: “Regarding the lawsuit of Mr. Marco Mora Dittel, the exceptions of lack of active and passive standing are dismissed, and the exception of lack of right invoked by Banco Popular is upheld, and the defense of lack of right by the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is partially upheld. Consequently, whatever is not expressly granted shall be understood as denied. The National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is ordered to grant landslide coverage for the event that occurred on November 14, 2007, which affected the property insured by the plaintiff, in order to apply the insured amount. As a consequence of the application of the policy contract, the collection of premiums on the related policy must cease. Regarding the lawsuit of Mr. Luis Diego Zeledón Valverde, the exceptions of lack of passive standing and current interest raised by Grupo Mutual Alajuela are dismissed. The defense of lack of right raised by the Municipality of Moravia and Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo is upheld. The exceptions of lack of active and passive standing raised by the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) are rejected. The defense of lack of right invoked by the insurance entity is partially upheld. Consequently, the lawsuit filed by Mr. Zeledón Valverde against the Municipality of Moravia and Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo is dismissed. The lawsuit filed against the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is partially granted. Consequently, whatever is not expressly granted shall be understood as denied. The National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is ordered to grant landslide coverage for the event that occurred on November 14, 2007, according to the insured amount. The National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is condemned to pay, as subjective moral damage in favor of the plaintiff, the sum of two million colones. Finally, regarding the application of the policy contract, the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is ordered to recognize the sum insured for the day of the loss according to the contract in force with the plaintiff Zeledón Valverde, the debt with Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo being considered canceled upon payment, if the sum insured covered the amount owed as of the date of the loss. As for the interest generated to date, it may not be charged to the plaintiff insofar as the application of the policy under the terms in force at the time of the events covers the total debt. Should the plaintiff be registered with the Superintendencia de Entidades Financieras as a person not subject to credit due to the credit transaction granted by Mutual Alajuela, which is the subject of this proceeding, once the debt is settled, it is ordered that such credit status be eliminated. Regarding the lawsuit filed by Mr. García Méndez against Banco Popular y de Desarrollo Comunal, the exceptions of lack of active and passive standing are dismissed. The defense of lack of right is upheld. Consequently, the lawsuit filed by Mr. García Méndez against Banco Popular y de Desarrollo Comunal is dismissed. The defense of lack of right regarding the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is partially upheld, and therefore the lawsuit is partially granted, it being understood that whatever is not expressly granted is denied. The National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is ordered to apply the landslide coverage subscribed in favor of property number 530847-000. Should the plaintiff's credit history be affected due to the declination of the policy application for the sum insured, the Superintendencia de Entidades Financieras is ordered to eliminate that record. Regarding the action of Mr. Molina Ortiz, the defenses of lack of passive standing and current interest invoked by the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) are rejected, and the defense of lack of right is partially upheld. Consequently, the lawsuit is partially granted, the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is ordered to apply the landslide coverage subscribed in favor of property number 530846. Should the plaintiff's credit history be affected due to the declination of the policy application for the sum insured, the Superintendencia de Entidades Financieras is ordered to eliminate that record. In relation to the lawsuit filed by Ms. Sheila Fallas Quesada, the defenses of lack of passive standing and lack of current interest raised by Grupo Mutual Alajuela, as well as the prescription invoked by the Municipality of Moravia, are rejected. The defense of lack of right invoked by Grupo Mutual Alajuela and the Municipality of Moravia, as well as the exception of prescription raised by the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros), are upheld. Consequently, the lawsuit filed by Ms. Sheila Fallas Quesada against Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, the Municipality of Moravia, and the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) is dismissed. This judgment is issued without special award of legal costs.” Disagreeing with the resolution, the plaintiffs Sheila Fallas Quesada, Luis Diego Zeledón Valverde, and the co-defendant National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros), individually filed cassation appeals, which were admitted by this Chamber. For reasons of order, the procedural grievance will be studied first, followed by the substantive ones.

Appeal of the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros).

Cassation on procedural grounds.

A reproach of a procedural nature is presented. It accuses the grounds of article 137, subsection d), of the CPCA (lack of reasoning). It argues that the judgment lacks sufficient reasoning and presents internal inconsistencies and contradictions. It asserts that the judgment itself, in Proven Fact 18 (INGEOTEC expert report, January 2008) and Proven Fact 20 (OIJ report 71-F-08-CI, February 16, 2008), holds as proven that the event is due to execution defects and non-visible conditions of the terrain —regular to poor quality fills, heavy and poorly founded gabions, leaks and breakage in the stormwater pipeline and catch basins embedded in the fill, groundwater levels, illicit connections—, as well as to acts of third parties, and that such defects were not detectable by ordinary inspection. Despite this, the Court condemns INS to apply the “landslide” coverage, which it qualifies as an incompatible argumentative turn with the factual premise of the judgment itself. Based on this alleged internal contradiction, it invokes insufficient reasoning and violation of article 61.2, subsection 3), of the Civil Procedure Code —by remission of article 220 CPCA— and requests the annulment of the judgment.

Regarding the grievance raised on the grounds of lack of reasoning, this Collegiate Body has repeatedly pronounced, indicating: “(…) it arises when the judgment's reasoning is lacking, either because it is completely absent, or because the development (contained therein) is extremely confusing or contradictory, in such a way that it prevents clarity regarding the reasoning that led to the decision adopted in the operative part of the judgment, which would violate the procedural rights of the parties, in particular, due process. Likewise, it must be kept in mind that this is a ground of a procedural nature, which implies that it pertains to potential breaches of the adjective provisions that regulate the procedural iter or the judgment, as well as the legal relationship that binds the parties and the judge within the framework of a judicial proceeding, and from which rights and obligations derive. Thus, this ground should not be confused with a mechanism to discuss the application of Law or the assessment of evidence carried out by the lower court in the considering part of the judgment, for which the procedural Code establishes autonomous grounds (article 138), as otherwise the specific cassation ground would be distorted. Lack of reasoning as a ground for quashing the judgment, in the terms discussed, occurs when the norm establishing the judge's duty to analyze the procedural incidents and substantive issues raised by the parties is violated (a principle of procedural law, integral to due process, and which, moreover, is materialized in articles 119 and 122, subsection m) of the Contentious Administrative Procedure Code, as well as 155 of the Civil Procedure Code). It is not about determining whether the court ruled on all the claims brought into the process by the parties, but rather the opposite, that the judgment has the foundations upon which the corresponding decision was adopted…”. First Chamber, vote No. 126-F-S1-2009 at 15:40 hrs. on February 5, 2009 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-769260). In accordance with the cited jurisprudence, the appellant's argument is unfounded, as it is clear from reading the appealed judgment that the Court provided adequate and sufficient reasoning. The judgment sets out the factual framework in the Proven Facts in an orderly manner and then reasons in the substantive considering paragraphs (Section V) why it discards municipal liability and why it imposes consequences within the contractual sphere of the INS. Thus, Proven Fact 18 records the INGEOTEC expert report (January 2008) and details the failure mechanism —regular to poor quality fills; low safety factors in gabions; stormwater pipeline and catch basins embedded in the fill with leaks that increase hydrostatic pressures; groundwater levels; loads on the crest—, identifying the leaks as the triggering agent of the landslide, along with other concurrent factors. In turn, Proven Fact 20 reproduces the conclusion of the Report issued by the Fraud Section of the Criminal Investigations Department of the Judicial Investigation Organization (71-F-08-CI, February 16, 2008) on the combination of causes —poor quality fills, heavy and poorly founded gabions, breakage of the stormwater pipe and catch basins, weight of homes on the crest, illicit connections, and groundwater levels—, establishing a causal cluster within the work and from third parties. With these base facts, the Court reasons in the substantive considering paragraphs (Section V) that the cause of the landslide is not due to a municipal omission in processing or the lack of a study, but rather to defects inherent in the material execution carried out by the responsible engineers and to external interventions (illegal pipes), emphasizing that such defects are not appreciable by ordinary inspection without destruction of the work. This evaluative development closes the required motivational cycle: it starts from the proven facts, contrasts general warnings and procedure (including the CNE report DPM-INF-1957-2007) with the technical-expert evidence that explains the “how” and the “why” of the event, and delimits the causal link in administrative matters. Subsequently, in the same substantive considering paragraph (Section V), when addressing the contractual relationship of the INS, the Court does not rewrite the physical cause of the loss —already established—, but rather examines the insurer's conduct through its authorized intermediaries and the discipline of underwriting the “Hogar Seguro 2000” policy (manuals, inspections, forms, and coverage limits), highlighting the incomplete or omitted information when entering into the insurance contract and the breach of duties by the authorized intermediary. This motivational segment relies on pieces of the INS administrative file —topographic profiles by Engineer Julio Delgado to locate properties concerning the slope and outline the scope of landslide coverage— and on the internal traceability of decisions and manuals (Coverage C; rules for risk inspection and acceptance), which the judgment incorporates to support the contractual consequence declared against the Institute. With this thread, there is no inconsistency or internal contradiction: one thing is the technical cause of the damage —established in Proven Facts 18 and 20 and developed in the considering paragraph on municipal liability—, and another, distinct, is the contractual legal response against the INS for the manner in which the coverages were subscribed and managed, which the Court bases on administrative evidence and the regulations of the insurer's own product. Thus, what the appellant presents as a “contradiction” is, strictly speaking, a claim that the technical cause of the event automatically determines the non-existence of legal consequences under the contract, omitting that the judgment separates the spheres and sets out sufficient reasons for each conclusion. This, diverts its purpose, and far from being a lack of reasoning, what it proposes is to reassess the technical-expert and administrative evidence —a matter proper to the merits— to reach a different conclusion, which exceeds the grounds of article 137, subsection d), of the CPCA. Consequently, the grievance must be rejected.

Appeal of Sheila Fallas Quesada.

Cassation on substantive grounds.

The appellant articulates a grievance based on subsections a) and c) of article 138 CPCA—pretermission and improper assessment—. She maintains that the Court minimizes or erroneously assesses essential evidence: the Public Ministry's report with findings on incomplete environmental processing before SETENA, warnings from the Ministry of Health, CFIA records showing intervened areas without registration or permit, and the municipal report D.T.O.M.M-902 that warned about the need for drainage and water designs appropriate to the site's risk. She adds, the expert report identifies concurrent factors of the landslide (regular to poor quality fills, poorly founded heavy gabions, leaks in the stormwater pipe and in catch basins embedded in the fill, groundwater levels, and weight of homes on the crest). In her opinion, all of this proves deficient oversight and granting of permits without comprehensive verification of requirements. On the legal plane, she affirms that the Court improperly applies the categories of “hidden defects (vicios ocultos)” and “act of a third party (hecho de un tercero)” and resorts to Spanish jurisprudence despite existing criteria from this Chamber, when the evidence demonstrates prior warnings about instability, need for studies and corrective works, and conditions that the Municipality should have required and supervised. She invokes as violated article 2 of the Construction Law, the INVU Regulation for the Control of Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations (I.1) and the Construction Approval Regulation (Chapter IV, articles 9 and 10), and frames the case under objective liability for omission (article 190 LGAP), considering that municipal inactivity in surveillance and control was a concurrent cause of the harmful outcome, without the intervention of private professionals exonerating the local government from non-delegable competencies. She adds that the landslide compromised the foundations of Condominio Natalia and destroyed homes in Urbanización Fabiola; that in a parallel proceeding (09-003401-1027-CA) on the same event, municipal liability was declared, and that this Chamber would have there increased the condemnation to the replacement value of the home. She requests that the judgment be quashed and annulled, that the lawsuit against the Municipality of Moravia be granted, and that replacement or, failing that, compensation equivalent to the current value of the lost home be ordered; and the payment of procedural and personal legal costs be ordered. Alternatively, she requests remand for the issuance of a new judgment.

In relation to the grievance raised, in the case of Ms. Sheila Pamela Fallas Quesada, the Court resolved that, after the landslide of November 14, 2007, at Condominio Natalia, her home was declared uninhabitable by Sanitary Order No. 2007 of November 16, 2007 —which classified the site as high-risk according to CNE and ordered preventive eviction with warning— and she petitioned that the liability of the INS, the Municipality of Moravia, and Grupo Mutual Alajuela La Vivienda be declared, that the landslide coverage of her fire policy No. 01 16 INC 0012380 02 (in force from December 31, 2007, to December 31, 2008, for ₡18,510,784, with BAC San José S.A. as creditor) be applied, that the exclusion clause for slope in the “Hogar Seguro 2000” contract be annulled as abusive, and that she be compensated for damages and losses with legal costs, interest, and indexation, also alleging unjust enrichment of the INS for the collection of premiums; she maintained that the municipality granted permits without demanding and supervising the technical studies (environmental and geotechnical) and that Mutual breached duties to verify the property and the coverage required on the occasion of the credit. The Court, when resolving the merits, held as proven that the event occurred in the children's playground sector with gabions on fill and that, regarding Fallas, the home did not suffer direct damage from the landslide; common areas (gym and hall) and the access road were lost and, subsequently, acts of vandalism occurred, but the technical report of the INS consultant concluded that the damage to the house was “practically nil” and that the total loss was due to functionality (uninhabitability and lack of services), not due to direct structural damage from the event. Based on the technical reports (CNE, INGEOTEC, and INS), it was concluded that the efficient causes of the landslide were execution defects —regular to poor quality fills, gabions with deficient foundations, fracture and leak in the stormwater pipe and catch basins within the fill, groundwater levels, and weight of homes on the crest— and acts of third parties (such as illicit connections), not detectable by ordinary municipal inspection, and therefore dismissed the claim against the Municipality due to lack of causal link (without upholding its prescription). Regarding the INS, it confirmed that the collective policy contemplated the exclusion when the home was located on or at the foot of a slope at a distance less than twice its height —without its abusive nature being proven— and that consequential damages and acts of vandalism were also excluded (General Conditions, Part II, art. 19); it also highlighted that it was not proven that the common areas were part of the insured object, nor the existence of a household goods policy or coverage for consequential damages for the plaintiff. Likewise, it upheld the one-year prescription exception provided for in article 29 of the General Conditions of the “Hogar Seguro 2000” insurance: the term was computed from August 6, 2008, the date of the last administrative action (official letter DSG-1339-2008 that exhausted the administrative remedy), and, as the lawsuit was filed on January 12, 2011, and its notification ordered on April 9, 2012, it declared the action prescribed and, consequently, dismissed Fallas' lawsuit against the INS. The Court stated that the INS alleged that policy 01161NC12380 was in force on November 14, 2007, and therefore analyzed the claim under that policy; however, it did not resolve the discrepancy of effective dates against the proven facts (which record another policy with effect from December 31, 2007), as it was unnecessary upon deciding on prescription. It also added that the judicial review of the conventional prescription clause was not requested by the plaintiff, which prevented the Court from entering into its control and scope ex officio. Finally, regarding Banco Popular and Mutual, it pointed out that the credit appraisals or verifications were not intended to discover hidden geotechnical defects (vicios ocultos de geotecnia) and that, in Fallas' case, no credit was in force with Mutual at the date of the event, and it was not proven that it had initiated collection proceedings against her; therefore, it rejected her claims due to lack of right, while rejecting the exceptions of lack of passive standing and lack of current interest alleged by Mutual and deemed inadmissible the new claims introduced by her representation in the final arguments phase, as they were untimely. As a contextual framework, the Court highlighted the role of the insurance intermediaries authorized by the INS —obligated by regulation to inspect and report risk conditions and changes— in the deficient recording of data that hindered the applicability of the coverage; however, in Fallas' case, the definition of the litigation against the INS was exhausted by prescription, without a ruling on the merits regarding that liability.

Regarding the grievance formulated. The appellant accuses pretermission and improper evidentiary assessment, alleging omission or defective appreciation of the Public Ministry's report, SETENA and warnings from the Ministry of Health, CFIA entries, the D.T.O.M.M-902, and the CNE/INGEOTEC expert reports; she adds error of law for resorting to the figure of “hidden defects (vicios ocultos)” and “act of a third party (hecho de un tercero)” as well as for disregarding the doctrine of this Chamber. The grievance, thus delimited, lacks substantiation, and therefore its rejection follows.

This Cassation body has repeatedly indicated that: “preterition of evidence occurs when judges fail to consider the evidence provided in the case file. This implies disregarding a demonstrative element, duly submitted and having an impact on the litigation (votes no. 771-F-S1-2011 of 13:30 hours on June 30, 2011 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-766283 and no. 00043–2021 of 13:50 hours on January 7, 2021 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1017109). In accordance with the foregoing, it is not sufficient to state that the judge has failed to rule on specific evidence; rather, it is the appellant's responsibility to clearly demonstrate whether this modifies the factual basis of the judgment and, from there, to explain how the substantive rule has been violated.” Vote of the First Chamber 2213-F-S1-2022 of 11:08 hrs. on October 6, 2022 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1120432). Regarding the ground under Article 138, subsection c), of the CPCA, it is worth recalling that cassation controls the legality of the ruling: it is appropriate when the judge applies a rule that does not govern the case, fails to apply the one that does govern it, or interprets it unreasonably—contrary to its literal, systematic, or teleological meaning. It does not, therefore, enable a new evidentiary weighing, but rather the correction of errors of law in the selection and normative subsumption. In the specific case, this Chamber verifies, first, that the Court integrated the technical report DPM-INF-1957-2007 into the judgment as context of the event and highlighted the administrative inconsistencies and missing permits; however, it did not derive from that fact, by itself, the causal attribution to the local government. Second, it weighed the geotechnical expert opinion (dictamen geotécnico) from INGEOTEC (January 2008), which explained the failure mechanism based on fills of fair to poor quality, low safety factors in the gabions, the presence of groundwater tables and, decisively, leaks in the stormwater conveyance system and in manholes embedded in the fill that elevated hydrostatic pressures and precipitated the landslide, along with the loads at the crest. Third, it assessed the expansions by the INS consultant supported by topographic profiles from engineer Julio Delgado, useful for locating the buildings with respect to the slope and, at the insurance level, for assessing the exclusion rule for proximity provided in the "Hogar Seguro 2000" policy. Fourth, concerning the singular situation of the plaintiff, it examined the expert report from the INS itself that concluded the non-existence of direct material damage to her dwelling attributable to the landslide, beyond the loss of functionality due to the sanitary order and the subsequent vandalism acknowledged by the plaintiff herself in her claim. Under that evidentiary review, this Chamber finds no decisive omission that would warrant annulment for preterition. Nor does the allegation of improper assessment prosper: the Court correctly distinguished between the plane of warnings and prior processing—where the inputs invoked by the appellant are recorded, including entries from CFIA and report D.T.O.M.M-902—and the explanatory plane of the specific loss event of November 14, 2007. For this second plane, it relied on suitable technical-expert evidence that places the efficient cause on defects inherent in the material execution of the work and subsurface conditions—selection and compaction of the fill material, configuration and foundation of the gabions, design and behavior of the embedded stormwater system—and on third-party conduct beyond the Administration's control—illegal connections—; factors that, by their nature, are not detectable through ordinary municipal inspection without destructive testing. Consequently, the Court assessed the evidentiary record according to sound criticism (sana crítica), explained the reason for the greater probative force of the technical-expert opinions (INGEOTEC and expansions by the INS consultant, supported by topographic profiles) compared to general administrative warnings, and clearly delimited the base fact and the causal link. Within this framework, the appellant's mere disagreement with the assessment carried out does not reveal arbitrariness: it rather shows an attempt to reopen an already precluded stage to substitute—for another of convenience—the assessment established according to sound criticism (sana crítica). That endeavor exceeds the extraordinary scope of Article 138 CPCA, which is confined to verifying a truly decisive preterition (subsection a) or an error iuris in the selection or normative interpretation (subsection c), and not to re-weighing evidence. On one hand, the appellant did not demonstrate that the alleged omission concerned a decisive element whose incorporation would have modified the established factual basis. In this sense, she also did not prove that the assessment was illogical, arbitrary, or contrary to the rules of sound criticism (sana crítica); even less so, that there was an error of law in the selected rule or its interpretation. Regarding the request for remand (reenvío), this only proceeds when there is a substantial defect in the proceedings or in the reasoning—decisive preterition, internal contradiction, or lack of normative subsumption—that prevents a ruling on the merits. None of this is demonstrated. In the strictly juridical-material sphere, the cassation review confirms that the interpretation and application of the law carried out by the Court conforms to the applicable regulatory framework in construction matters: the local corporation has duties of protection, prevention, and reasonable oversight in licensing and monitoring; however, the Construction Law and related regulations reserve the technical definition of materials, design, foundation, and execution to the owner and the responsible professional. The challenged judgment does not establish the Municipality as a technical guarantor, nor does it confuse its police powers with duties of result. It recognizes concrete actions—warnings, closures, communications to competent entities, and demands for studies—and concludes, based on expert evidence, that the harmful result was primarily due to the construction execution and third-party interventions, which breaks the adequate causal link required by Articles 190 et seq. of the LGAP. Similarly, the reference to the parallel, un-consolidated proceeding (docket 09-003401-1027-CA; vote 01703-F-S1-2021) does not impose a different solution. The principle of relativity of res judicata applies: without triple identity of parties, subject matter, and cause of action, that pronouncement lacks direct efficacy in this litigation. Even admitting its persuasive value, it was issued on a different evidentiary record and case theory—with proof of direct structural damage and concrete municipal omission—, whereas here the base fact, established with suitable expert evidence, places the efficient cause on non-ostensible construction defects and third-party interventions, aspects that break the link with the municipal activity. It is not proper, then, to mechanically transfer facts or conclusions from a different, un-consolidated proceeding. Finally, regarding the claim for compensation at replacement value, the conclusion of the lower court (a quo) regarding the absence of direct structural damage to the plaintiff's dwelling, coupled with the lack of proof of the causal link required by the LGAP, deprives her request of support. This being the case, the claimed preterition is not established, nor is the error of law; even less so, an infringement of the liability regime in Article 190 LGAP, for which the grievance is denied.

Appeal of Luis Diego Zeledón Valverde.

Cassation on grounds of substance.

The cassation appellant formulates four grievances of a substantive nature. This Chamber anticipates that it will resolve the first and second jointly, directed against the Municipality of Moravia, as they share the same subject matter of controversy—the determination of the cause of the landslide of November 14, 2007, and its causal link with the municipal action—, because they rest on a common evidentiary core—Proven Facts 2, 18, and 20, report D.T.O.M.M-902, entries from CFIA, warnings from CNE and the Ministry of Health—and because they project onto the same regulatory framework—Construction Law, urban development control regulations, and Articles 190 et seq. of the LGAP—. Within this framework, the ground under Article 138, subsection a), CPCA (preterition or improper assessment) and that under subsection c) (application or omission of rules) refer to the same thema decidendum; their joint examination avoids duplicities, ensures coherence, and respects the differentiated control standards specific to each ground. Similarly, the third and fourth grievances, referring to the Instituto Nacional de Seguros, will be resolved jointly, since both concern the insurance relationship that gives rise to the disagreement, the conditions of coverage for landslide and its exclusions, the intervention of marketing agents, as well as the validity and contractual prescription; they also share the same evidentiary pieces—policies and general conditions, insurance forms, reports and expansions by the INS consultant, administrative actions and records from the file—and are governed by a coincident normative parameter—contractual insurance regime, applicable general conditions, and agreed prescription rules—. This grouping refines the litigious subject matter, concentrates the analysis on the decisive issues, and avoids unnecessary reiterations. In the first ground, he invokes Article 138 subsection c) of the CPCA, due to the omission of substantive rules of the Construction Law (Arts. 1, 17, 83 second paragraph, and Articles 87–96). He argues the Court improperly exonerates the local government by classifying the case as one of "hidden defects (vicios ocultos)" and "act of a third party" by stating that the selection of materials belongs to the criterion of the responsible engineers, when the municipal regulatory framework attributes powers of control over licenses, follow-up, and closure. To support his thesis, he refers to Proven Fact 2 (CNE communication DPM-INF-121-2001, which warns of the site's vulnerability and demands prior infiltration and stability tests), as well as early municipal actions and communications DIOMM-748 and DIOMM-749 of October 7, 2002, addressed to the INS and AyA for illegal connections and unlicensed works, which evidence knowledge and the need for reinforced control. He adds, Proven Fact 18 (INGEOTEC expert report, January 2008), describes the fills of fair to poor quality, gabions with low safety factors, leaks and rupture in the embedded stormwater system, groundwater tables, and loads at the crest, as factors anticipating the need for municipal intervention; and connects this record with Proven Fact 20 (OIJ report 71-F-08-CI, February 16, 2008), which confirms the concurrence of illegal connections and subterranean conditions. He alleges that, in light of these antecedents, the local police duty—reinforced by the INVU Regulation for the Control of Subdivisions (Fraccionamientos) and Urbanizations and the Construction Visado Regulation—required prevention, demanding studies, and, where appropriate, closure; and that the judgment omits applying that framework or interprets it improperly, shifting the attribution with the category of hidden defects (vicios ocultos). He requests to cassate and to declare the claim against the Municipality of Moravia granted with a damages award; subsidiarily, he requests remand (reenvío) for a new decision with correct subsumption of the indicated regulations. In the second ground. He accuses preterition and improper assessment — Art. 138 subsection a) of the CPCA—. He argues the Court omits or insufficiently assesses decisive evidence: Proven Fact 2 (CNE communication DPM-INF-121-2001, which warns of the site's vulnerability and demands infiltration and stability tests), the prior municipal actions, communications DIOMM-748 and DIOMM-749 of October 7, 2002, addressed to the INS and AyA for illegal connections and unlicensed works; Proven Fact 18 (INGEOTEC expert report of January 2008, which identifies fills of fair to poor quality, gabions with low safety factors, leaks and rupture in the embedded stormwater system, groundwater tables, and loads at the crest) and Proven Fact 20 (OIJ report 71-F-08-CI of February 16, 2008, which adds illegal connections and confirms the concurrent factors). He adds that the Court disregards the municipal report D.T.O.M.M-902, which demands drainage designs and works consistent with the risk; the CFIA records on intervened areas without registration or permit; the warnings from the Ministry of Health about the compromised condition of the site; and the report from the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), DPM-INF-1957-2007, which outlines permit-processing inconsistencies and missing permits. He asserts an internal contradiction between Proven Fact 18 and Proven Fact 13, since the latter—which records the municipal decision of August 10, 2003, to lift restrictions in Lomas de Cabeara for considering the dangers "technically resolved" through gabions—opposes the former, which attributes the event to deficient fills and the configuration and foundation of those same gabions; he argues the lower court (a quo) does not explain this tension. He accuses omission in the assessment of the SUGEF report offered since the claim to prove damages and losses. He affirms that the prior, concurrent, and subsequent municipal control should have been reinforced and that the judgment improperly relegates the attribution under the category of "hidden defects (vicios ocultos)." He requests to cassate the judgment and to order the Municipality of Moravia to pay, and subsidiarily requests remand (reenvío) for a new integral assessment. As a Third objection. He alleges violation of substantive rules—Article 138 subsection c) of the CPCA—due to improper application of the law by confirming the one-year prescription provided in Article 29 of the General Conditions of "Hogar Seguro 2000" and by not inapplicating the exclusion for proximity to a slope. He argues the time limit does not run from August 6, 2008—the act that exhausts the administrative process—but from subsequent communications that, in his view, specify the rejection, and the Court fails to weigh good faith and the principle of policyholder protection derived from the Regulatory Law of the Insurance Contract. He adds that, since the INS itself grants and charges for landslide coverage, it cannot later rely on the slope exclusion without having technically verified the distance and the risk; therefore, he asserts that it was proper to inapplicate the limiting clause in this specific case. He requests to cassate and order the payment of coverage or, subsidiarily, to order remand (reenvío) for a new decision on the validity, scope, and enforceability of the clauses. In the fourth censure. He accuses preterition and improper assessment of documentary and testimonial evidence – Articles 138 subsections a) and c) of the CPCA–. He specifies that the testimonial evidence of Viviana Chacón Calderón and Jonathan Soto Arguedas (I.2 of the judgment), given at trial and recorded as Proven Facts 9 and 10, proves in a detailed manner that as a result of the loss event and the denial of coverage, the suspension of bank financing occurred, the deterioration of the SUGEF profile, and the impossibility of continuing the business activity of importing and distributing oral care supplies; he adds that these aspects were ignored when compensation for damages was denied. In support, he invokes the SUGEF certification provided with the claim, which records the rating "Credit behavior 3," evidencing the impossibility of access to credit and the consequent financial impact. He reproaches that neither the certification nor the testimonies were analyzed in the reasoning of the judgment. He details that the testimony of Viviana Chacón referred to the collapse of the business due to the status of "non-creditworthy," the denial of new lines of credit, even for a work vehicle, and a severe emotional state; and witness Jonathan Soto described the interruption of the business, the isolation, and the need for financial aid from third parties after the frustrated expectation of coverage, aspects that in his view strengthen the claimed moral damages (daño moral) and financial damages (daño patrimonial). Based on this, he accuses a lack of assessment of this decisive evidence and postulates nullity due to a breach of due reasoning.

In relation to the charges objected to, in the case of Mr. Luis Diego Zeledón Valverde, the Court held as proven, based on the geotechnical expert opinion (INGEOTEC, January 2008) and the OIJ report 71-F-08-CI (February 2008), that the event of November 14, 2007, was caused by non-ostensible execution defects (fills of fair to poor quality, gabions with low safety factors, embedded stormwater system with leaks, groundwater tables and loads at the crest) and by third-party interventions (illegal connections), ruling out a specific and decisive omission by the municipality; it also recorded urban development control actions (warnings, closures, communications to INS and AyA). At the insurance level, it identified that Mr. Zeledón was covered by the collective policy "Hogar Seguro 2000" with coverages A, B, C, and D, without contracting Coverage R (rentals), and that the preferred beneficiary was the mortgage creditor. Despite acknowledging the clause that limits insurability due to proximity to a slope and the discussion about common areas of the condominium, the Court partially granted his claim against the INS: it ordered Coverage C (landslide) to be applied to his individual housing unit, ordered the payment of the insured amount subject to the priority of the mortgage beneficiary, and awarded moral damages in his favor. At the same time, it denied expenses for rentals due to the absence of contracting Coverage R and denied household contents (menaje) as it fell outside the agreed coverage. Finally, it conditioned the effects of credit remediation to the corresponding cancellation charged to the policy, without extending the coverage to common areas or modifying the priority established in the contract conditions.

In the joint examination of the first and second grounds—referring to what was decided regarding the Municipality of Moravia—, this Chamber adopts the challenged judgment and adds the following reasons. It is necessary to determine, first, whether there was evidentiary preterition under the terms of Article 138 subsection a) of the CPCA; and, once the base fact is established, to verify, second, whether there was improper application or omission of the rules, Article 138 subsection c) CPCA. This path preserves the logic of cassation review: first the fact, then the subsumption. On the preterition and the evidentiary assessment. From the Consideration I.6 (Proven Facts) of the judgment itself, it is evident that the Court integrated and organized the inputs that the appellant describes as "omitted." Thus, Proven Fact 2 records the early warnings from the CNE (DPM-INF-121-2001) on the site's vulnerability and the demand for infiltration and slope stability studies; such antecedents—by their general and prospective nature—were placed as a risk framework, not as conclusive proof of the municipal link, since they required subsequent technical contrast. Proven Fact 18 is based on the geotechnical expert opinion (INGEOTEC, January 2008), which explains the mechanics of the event by defects inherent in the material execution of the work: fills of fair to poor quality; gabion walls with low safety factors; stormwater conveyance and embedded manholes with leaks that elevated hydrostatic pressures; in addition to groundwater tables and loads at the crest. Subsequently, Proven Fact 20 (report issued by the Fraud Section of the Department of Criminal Investigations of the Judicial Investigation Organization number 71-F-08-CI, of February 16, 2008) corroborates that causal thread and adds the illegal connections as a concurrent factor. In the same evidentiary record, report D.T.O.M.M. 902, of November 21, 2007, signed by Engineer Iván Eduardo Arce Vargas, of the Municipality of Moravia; cited by the CFIA, folios 25707015 and 25707053, incorporated in the OIJ Report 71-F-08-CI identifies drainage solutions consistent with the risk; the CFIA records evidence of intervened areas without registration or permit; and municipal actions are recorded (warnings, closures, communications to INS and AyA). From that same excerpt, it is precisely recorded that the construction of Condominio Natalia began without a municipal permit; that on August 22, 2002, Warning Notice (boleta de prevención) No. 4064 was issued, and that on August 27, 2002, the works were closed by inspectors Marco Campos Quesada and Víctor Sánchez Ávalos; and that, subsequently, on May 5, 2003, municipal permit No. 12014 was processed for 23 dwellings and infrastructure works. All this proves the exercise of urban development police powers in terms of reasonable control, aspects that the lower court (a quo) incorporates and compares with the geotechnical expert opinion (the "substantive" reasoning section, where it is specified that the causal origin lies in non-ostensible defects and acts of third parties, and that the local control is reasonable, not destructive). From this framework, this Chamber verifies that there is no such preterition: the items invoked by the cassation appellant (CNE-2001; D.T.O.M.M-902; CFIA; OIJ) were integrated and weighed in their logical sequence. The allegation of "contradiction" between Proven Facts 18 and 13 is also not verified. The first establishes the technical etiology of the landslide based on geotechnical opinions; the second is limited to recording conditions and actions at the administrative level. There is, therefore, no insurmountable logical incompatibility, but rather references to different planes of analysis (mechanics of the failure versus procedural incidents). In the same vein, the lack of development of the SUGEF report—intended to quantify financial damages—is not capable of affecting the determination of the generating event and the potential municipal causal link; its explanatory omission does not, in itself, configure preterition under the terms of Article 138 subsection a) of the CPCA. Furthermore, and in accordance with the principle of sound criticism (sana crítica) (Art. 82.4 CPCA), the geotechnical expert opinion, as the Court considered, offers greater probative force and explanatory capacity of the phenomenon than the general administrative warnings, such that it was reasonable to privilege it to establish the efficient cause of the event. For the foregoing reasons, this Chamber finds no evidentiary omission as postulated by the cassation appellant; rather, in substance, what he seeks is to reopen the stage and retrogress the process to precluded phases to impose a new assessment of the evidentiary record, substituting the weighing carried out by the Court to impose his own case theory. Such claim exceeds the function of cassation, which does not operate as a third instance. On the improper normative application. Once the base fact is established, the legality objection does not prosper either. The applicable regulatory framework—municipal construction police—imposes duties of protection, prevention, and reasonable oversight in licensing and monitoring, but does not convert the municipality into a technical guarantor of the design, selection of materials, foundation, or execution of work, responsibilities that the Construction Law assigns to the owner and the responsible professional. With suitable expert support, it was established that the harmful result was due to non-ostensible construction defects and third-party conduct, which breaks the causal link required by Arts. 190 et seq. of the LGAP. From that perspective, the judgment properly distinguishes public powers and private technical responsibilities, and recognizes the external cause (act of a third party) as breaking the causal link. Furthermore, it clearly delimits the scope of the insurance contract—intervention of marketing companies and extent of coverage—with respect to the judgment of administrative liability for the exercise of municipal police powers, without logical contradiction. Regarding precedent 01703-F-S1-2021, its ratio rested on a concrete and decisive municipal omission with direct structural damage "dwelling lost." In this litigation, according to Proven Facts 18 and 20, the efficient cause lies in non-ostensible execution defects (quality and compaction of fill, configuration and foundation of gabions, behavior of the embedded stormwater system) and in acts of third parties (illegal connections), configuring an external cause that interrupts the causal link; moreover, municipal control actions are recorded (warnings, closures, communications, and technical demands). No specific and decisive inactivity is verified. Therefore, the invoked precedent is not binding and does not vitiate what was resolved. Consequently, this Chamber finds no evidentiary preterition or error of law in the selection or normative interpretation. The judgment integrated the core evidence and coherently reasoned the base fact and the subsumption: the event of November 14, 2007, was explained by material execution defects of the work and third-party conduct, and not by a specific and decisive municipal omission in accordance with Arts. 190 et seq. of the LGAP. Consequently, both grievances are dismissed.

Regarding the third and fourth grounds. This Chamber will consider them jointly as they share subject matter, evidence, and normative framework: the claim for fulfillment of the collective policy "Hogar Seguro 2000" with respect to the event of November 14, 2007, supported by the same documentary record (general and particular conditions, coverage chart, beneficiary certifications, and actions in the file) and under identical insurance contract standards. However, the grievances as presented lack a foundation. This Chamber adopts what was resolved by the Court for the reasons to be stated. In insurance matters, the principles of risk typicality, contract literality, and pacta sunt servanda prevail; therefore, it is not proper to supplement agreed exclusions or create coverage not agreed upon, nor is it appropriate to understand that forms, sales practices, or intermediary actions alter the objective delimitation of the risk. Such third-party acts do not suppress exclusions or create new coverages; they would only be relevant if there were a contractual manifestation by the insurer—endorsement/addendum or prior review without reservations—that assumed the risk, scenarios that are not proven in the file. This being the case, it is held: first, subject matter and beneficiary. The policy covers the insured's individual property under predetermined coverages and designates the mortgage creditor as the beneficiary; consequently, any compensation will be applied with priority to that beneficiary up to the amount of their credit, with only the remainder corresponding to the insured. The common areas of the condominium do not form part of the insured object unless expressly stipulated or under a common condominium policy; therefore, a direct claim by the co-owner under this policy for damages in common areas does not proceed. Second, real perimeter of coverages. The policy clauses distinguish risks and items: (i) Coverage C delimits flood and landslide as direct damage to the individual building; (ii) Coverage R covers "rental expenses" as an autonomous coverage; (iii) household contents (menaje) are indemnifiable only when there is express coverage in the particular conditions. In Mr. Luis Diego Zeledón's coverage chart, A, B, C, and D are recorded; there is no record of contracting R, so any claim for rentals lacks contractual support. In the sub examine, Coverage R or specific coverage for household contents (menaje) was not proven. In relation to the third point, causality and activation of the risk, regarding Mr. Luis Diego Zeledón, the base fact established by the lower court (a quo)—supported by Proven Facts 18 and 20 and the geotechnical expert opinion—establishes that the mechanism of the event is due to non-ostensible execution defects (quality and compaction of the fill, configuration and foundation of gabions, behavior of the embedded stormwater system) and third-party interventions (illegal connections), circumstances not detectable by ordinary inspection. At the contractual level, the General Conditions delimit, for this case: (i) Coverage C limited to direct damage to the individual building from landslide; (ii) exclusion when the dwelling is located on or at the foot of a slope at a distance less than twice its height; (iii) designation and priority of the mortgage beneficiary; and (iv) non-extension of coverage to common areas nor to goods other than the insured's own property. From that basis, the established factual framework does not demonstrate direct material damage to the insured unit attributable to a landslide—sine qua non condition of Coverage C—and, in addition, the violation of the slope proximity clause is evidenced in the case file (actual distance less than twice the height), an aspect verified by topographic profiles and technical-expert reports (INGEOTEC and OIJ). This being so, activating the coverage under such conditions would be contrary to the contract's own conditions. As no coverable risk is established, clause C does not take effect. As for rentals, their granting requires a covered loss and express contracting (clause R); any payment under this item requires suitable proof and the existence of the specific coverage, which was not demonstrated by the plaintiff. On the testimonial evidence—circumstances of processing or consequences of the event—. Having analyzed the witnesses' statements, this Chamber reiterates that such statements do not create coverages, nor do they supplement exclusions or technical requirements of the contract.

Nevertheless, such testimonies were indeed considered by the Court and weighed in their proper scope: in particular, the statement of Viviana Chacón Calderón was assessed to substantiate the moral damage; for its part, the statement of the remaining witness was appreciated in its merely descriptive and contextual dimension, without the ability to substantiate direct damage to the insured unit or to displace the expert technical conclusions (INGEOTEC and OIJ) and the topographical profiles. Nor do they establish a causal link or a clinically diagnosed psychological damage, and in no case do they substitute the technical requirements of the contract or displace the expert evidence. Consequently, the testimonial evidence does not alter the established base fact, nor the contractual exclusion and delimitation clauses; therefore, no pretermission is observed in the evidentiary weighing (art. 138, sub. a) CPCA). Fourth, limits and exclusions. INS raised the exclusion due to proximity to the slope (proven fact 21). Even disregarding it, obstacles persist: common areas outside the individual insured object; rents without Rent Coverage (Cobertura R); household goods not covered by specific coverage; and absence of direct damage from landslide. However, if the policy had conditioned the validity or extension of coverage on a prior technical review by the insurer or the marketer and this had been carried out without reservations —or expressly validating the risk— such circumstance could affect the coverage analysis; however, in the case file, no stipulation of that tenor or express act of assumption of risk by INS was proven. Fifth, regarding the alleged intervention of marketers. Even if errors in forms or in the intermediary's management were deemed proven, this does not widen the perimeter of the coverage nor enable indemnities for goods or items not contracted. The eventual liability of the intermediary, if it exists, must be aired through its own channel and not transfer to the insurer coverage obligations different from those agreed upon, except for the exceptional scenario already indicated of an agreed-upon prior review and assumption without reservation, which was not proven in the case file. This aligns with the legal structure of the insurance contract (parties, relevant third parties, typicality of the risk) and with the rule that the determination of the scope of coverage comes from the contract itself and the particular conditions, not from acts of a third party foreign to the assumption of the risk. For the foregoing, this Chamber reaches the conviction that: (a) the appellant's claims exceed the objective perimeter of the insurance contract —individual insured object, mortgage beneficiary, and coverage limited to direct damage—; (b) Coverage C is not triggered due to the absence of direct damage to the insured building and due to the operability of the exclusion for slope; and (c) Coverage R is not applicable due to lack of contracting and, in any case, due to its accessory nature with respect to a covered base loss. Consequently, as evidentiary pretermission is not configured, nor is the causal link required by the liability regime proven, and given the lack of contractual coverage for common areas, household goods, or rents in the terms claimed, the grounds become unfounded and should be dismissed.

Appeal of the Instituto Nacional de Seguros.

Cassation on substantive grounds.

Two grievances of a substantive nature are presented. In the first, it alleges violation of substantive rules in insurance matters. It maintains the Court improperly applies Coverage C (landslide) and disregards the legal and contractual framework that excludes losses originating from hidden defects or construction defects and from actions of third parties. It affirms, according to Proven Fact 18 (INGEOTEC expert report), the event is explained by fills of regular to poor quality, gabions with low safety factors, leaks and breaks in the stormwater conduction embedded in the fill, with the intervention of illicit connections; this describes a gradual and foreseeable process attributable to the execution of work and to third parties, not a sudden natural event covered by the policy. It invokes Article 7 of the Insurance Law (in force at the time of the event), Articles 8, 31, 40, and 69 of the LRCS (insurable risk, duty to declare the risk, inherent defect) and the General Conditions: Scope of Coverage (Section II) and exclusions (clauses 16 and 19, among others), in addition to the limitation for proximity to slope. It adds, the omission to record the proximity to the slope in risk forms does not transfer liability to INS nor convert an excluded damage into an insurable one. It requests to cassate and reject the claims against INS for non-existence of covered risk. In the second ground, it alleges violation of substantive rules due to the rejection of the exception of lack of standing. It argues, Mr. Roby Molina Ortiz lacks active standing to demand the execution of the policy: the policyholder is BAC San José (collective policy) and the property was in trust in the name of the fiduciary CREDIBANJO S.A.; by contractual design, the beneficiary is the mortgage creditor. With support in Article 5 of the LRCS (parties and relevant third parties to the contract) and Article 1022 of the Civil Code (legal force of contract), it maintains that only the policyholder, the insured person, or the beneficiary can bring an action for fulfillment; the fact that Mr. Molina is a co-debtor of the credit does not confer sufficient standing to demand benefits from the insurance. It requests to cassate the judgment and uphold the exception of lack of standing.

Regarding the charges raised, the Tribunal Contencioso-Administrativo resolved in essence: starting from Considerando IV —procedural framework, object, and evidence— the procedural framework of the litis was delimited, competence and standing were verified, and the disputed object was specified on two fronts: (i) the eventual liability of the Municipalidad de Moravia for the event occurring on November 14, 2007; and (ii) the fulfillment of the insurance contract under the collective policy "Hogar Seguro 2000" regarding that same event. It ordered the relevant evidentiary record, incorporated the pertinent Proven Facts, and considered as added the general and particular conditions of the policies, the coverage chart, beneficiary certifications, and records on the structure of the collective insurance (banking policyholder, daughter policies, and priority of the creditor). Likewise, it identified administrative and technical documents (e.g., warnings from CNE and Ministerio de Salud, report D.T.O.M.M-902, records of the CFIA) and announced that their assessment would be done according to sound criticism. In Considerando V — establishment of proven facts and substantive analysis— based on the technical-geotechnical expert report, in particular, the INGEOTEC report (Proven Fact 18) and the report of the Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Investigaciones Criminales, Sección de Fraudes, number 71-F-08-CI of February 26, 2008, visible in images 1066 of the judicial file (Proven Fact 20), the Court held as the efficient cause of the event a concurrent cause of defects inherent to the material execution of the work and acts of third parties: fills of regular to poor quality with variable thicknesses; gabion walls with low safety factors and deficient foundations; leaks and breaks in the stormwater conduction and manholes embedded in the fill that elevated hydrostatic pressures; water table levels; crown loads due to the proximity of buildings; and illicit connections originating from dwellings at a higher elevation. It emphasized that these were non-ostensible defects, not detectable by ordinary inspection without destruction of the work. Within that framework, regarding the Municipalidad de Moravia, the Court ruled out that the result was due to a specific and decisive municipal omission. It recognized urban planning control actions (warnings, closures, communications to INS and AyA, demand for studies) and, without ignoring the administrative warnings and deficiencies (CNE, Salud, D.T.O.M.M-902, CFIA), underscored that municipal construction policing is exercised with reasonableness and does not turn the municipality into the technical guarantor of design, material selection, foundation, or execution —duties that the legal system assigns to the owner and the responsible professional—. Consequently, it did not prove a municipal inactivity concretely binding to the loss and dismissed the compensatory claims against the local entity. Regarding the individual case of plaintiff Fallas Quesada, it pointed out —with support in the INS expert report— that direct structural damage to her dwelling was not proven, a relevant point for the causal link and for the applicability of the replacement sought. Immediately thereafter, the Court examined the insurance contract "Hogar Seguro 2000," identified Coverage C (flood and landslide) as the coverage invoked, emphasized that the insured object was the individual building of the insured and that the main beneficiary was the mortgage/fiduciary creditor with the corresponding priority. It pointed out the limitation for proximity to slope provided in the general conditions and warned that, if strictly applied, the properties should not have had landslide coverage. However, it verified that the commercialization of the product was carried out through marketing companies authorized by INS, which omitted to record relevant information (e.g., existence of the slope) and generated a serious and well-founded expectation of coverage for the borrowers. Under that scenario, and a landslide having occurred in contractual terms, the Court concluded that INS was contractually compelled to apply Coverage C within its limits and respecting the beneficiary's priority, without transferring to the insured the errors attributable to the intermediary. At the same time, it delimited exclusions and unproven coverages: rental expenses corresponded to Coverage R —autonomous— which was not proven to be contracted; household goods and other consequential damages only applied with specific coverages and express limits not verified; and the condominium common areas fell outside the individual insured object. Regarding the lack of standing raised by INS —in relation to Roby Molina Ortiz— the Court rejected it, as the plaintiff held the condition of co-debtor of the credit and, therefore, a direct and current interest in the fate of the insurance, without prejudice to the registered ownership in trust and the role of the banking policyholder. As for the testimonial evidence, it weighed it in its just scope, without it being suitable to expand the perimeter of coverage or to create coverages non-existent in the clauses. Considerando VI —On the defenses interposed—, the Court addressed by sections the preliminary and substantive defenses that were raised, specifying their methodological channeling, and resolving each one specifically. A) Municipalidad de Moravia. The allegations of the local Corporation —nonexistence of causal link, concurrence of acts of third parties, non-ostensible defects of the work, and regular exercise of police power— were treated as merit issues and not as autonomous exceptions. The Court pointed out that such arguments affect the establishment of proven facts and the legal imputation; therefore, it examined them in the technical and substantive considerations of the ruling. Based on the geotechnical expert evidence and the evidence incorporated into the process, it concluded that a specific and decisive municipal omission causally adequate to the damaging result was not proven, so the claims directed against the local government were rejected for absence of a causal link. It did not uphold any independent procedural defense in favor of the Municipality; its thesis was resolved on the merits with the standard of sound criticism and adequate causation. B) In relation to the Instituto Nacional de Seguros (INS): Regarding the lack of active standing (case of Roby Molina Ortiz), INS raised it on the basis that the property was incorporated into a guarantee trust in the name of the fiduciary, that the collective policyholder was BAC San José, and that the preferred beneficiary was the mortgage creditor. The Court rejected the defense; it deemed it proven that the plaintiff was a co-debtor of the credit and that his claim was anchored in a legal relationship derived from the insurance contract, therefore he held a direct and current interest in the declaration and execution sought, without prejudice to the order of priority of the mortgage beneficiary at the time of liquidating eventual indemnities. Regarding the lack of current interest. INS maintained that, given the particular patrimonial characteristics of the property and the credit relationship, the plaintiff lacked interest. The Court dismissed that argument, considering that a protectable legal interest linked to the coverage claimed and its economic effects subsisted, so that a substantive review was appropriate. Contractual exclusions (proximity to slope and construction defects). INS invoked the General Conditions of "Hogar Seguro 2000" relating to: i) limitation for slope (properties located on, or at the foot of a slope, at a distance less than that provided), and, ii) exclusion for design errors or construction defects and settlements, as well as the legal regime of inherent defect. The Court did not uphold these defenses as a procedural obstacle, but rather addressed them on the substantive plane, within the contractual regime of the insurance. It acknowledged that, according to the forms and clauses, the properties should not have had landslide coverage due to the slope limitation; however, it weighed the intervention of marketers authorized by INS itself, the incomplete/omissive recording of risk information, and the legitimate expectation generated for the insured, to conclude that the non-compliance in risk management by the intermediaries could not be transferred to the insured. Under that reasoning, it dismissed the exclusion defense as an absolute barrier, reserving its effects to the plane of priority and liquidation according to the contract. Regarding the objective scope of coverages and claimed items: INS alleged that rents and certain goods (e.g., household goods) were not covered due to lacking specific coverage or for not forming part of the individual insured object vis-à-vis common areas. The Court delimited that Coverage C refers to direct damage to the insured building by landslide, that rents are governed by a different autonomous clause (Coverage R), and that payment is subject to the policy text and coverage chart. On that basis, it circumscribed the effects of the eventual coverage to the limits and conditions agreed upon, without extending them to uncontracted items. Effects of the participation of intermediaries: Facing INS's argument that any error was attributable to the insured or policyholder, the Court highlighted that the marketers acted as authorized agents of INS, so the deficits in the capture/transfer of risk information could not undermine the rights of the good-faith insured. Hence, it dismissed that the mere omission in forms enabled INS to decline the committed coverage. Consequently, the Court rejected the exceptions of lack of active standing and lack of current interest raised by INS, channeled the defenses of exclusions and scope of coverages to the substantive analysis, and resolved that any coverage was governed strictly by the insured object, limits, and priority of the contract, without extending risks or items beyond what was agreed. For the Municipality, no procedural defense prospered, and its position was resolved in the denial of liability for absence of an adequate causal link.

Regarding the first ground raised, based on the factual picture established in the judgment —that is, that the event of November 14, 2007, is explained by non-ostensible execution defects (quality and compaction of the fill, configuration and foundation of gabions, behavior of the embedded stormwater system) and by interventions of third parties— it is up to this Chamber to verify the adequacy of the legal subsumption carried out regarding the contractual insurance regime invoked by the plaintiffs and, correlatively, to determine if the lower court improperly applied Coverage C (landslide) or omitted to consider the pertinent block of contractual exclusions and delimitations. Before entering into the merits, it is appropriate to establish the proper hermeneutic framework: in the insurance contract, the objective delimitation of risk governs; when the clause is clear, its scope cannot be extended beyond its literal tenor; and the principle of binding force of contracts requires respecting the product's architecture: special coverages —e.g., 'R. Rental expenses'— require express contracting, and validly agreed exclusions deploy normative effectiveness. Thus, the collective contract "Hogar Seguro 2000" defined Coverage C (flood and landslide) as the coverage of "damages derived from the landslide of earth mass, rock, or other material of which the adjacent properties are formed or upon which the buildings or installations of the insured are set"; this coverage coexists with other autonomous coverages whose operability requires express contracting and whose effects are governed by the particular conditions. In addition to the above, the General Conditions specify —in the section "Flood and Landslide Coverages"— that when the dwelling is located on or at the foot of a slope at a distance from its immediate edge less than twice the height of that slope, the landslide risk falls outside the insured scope, and that, if the slope forms part of the channel of a river, lake, or other natural deposit, the distance can never be less than twenty meters. In light of the technical-expert evidence incorporated —in particular, the topographical profiles prepared by Eng. Julio Delgado, the geotechnical expert report of INGEOTEC S.A. (January 2008), relating to the landslide in Condominio Natalia and Urbanización La Fabiola, and Report No. 71-F-08-CI of February 16, 2008, from the Sección de Fraudes of the Departamento de Investigaciones Criminales of the OIJ— it was proven that the height of the slope in the four profiles ranged between 21.60 m and 24.91 m; therefore, the minimum required setback equivalented, as a lower threshold, to 43.20 m (double of 21.60 m). It is also recorded that the dwellings for which claims were filed were located at a distance less than that required (that is, less than 43.20 m from the crown or the foot of the slope). This geometric rule is not an accessory detail, but a conditio sine qua non of the insurance: even if a "landslide" is verified in a material sense, the loss becomes legally non-coverable when the actual distance is below the contractual threshold. This limitation operates as an objective element of risk delimitation, it does not depend on the will or participation of the insured in the design or location of the property; its disregard does not transform an excluded risk into a coverable one. Regarding the insured object, the policy delimits the "residential property" and the individual residence/filial as the object of insurance, with prevalence of the particular conditions over the general ones; the coverage falls on the insured unit and not —by automatic extension— on condominium common areas. In turn, the record of mortgage beneficiary/creditor determines the priority of an eventual payment, without altering the perimeter of the covered risk. In terms of exclusions, the contract does not cover losses whose adequate cause is design errors or construction defects (defects of the work), even when the immediate cause appears to be a covered risk; furthermore, it expressly excludes sinking due to inadequate compaction, failures in retaining walls, and landslide of fills on slopes. Similarly, consequential losses —such as rental expenses— require specific coverage; in particular conditions of individual policies, the legend "This policy does not operate with consequential loss" appears, which reinforces the requirement of express contracting for accessory items. Confronting the set of contractual conditions with the expert platform established by the lower court, this Chamber sets its ratio: first, the damaging result was connected —by adequate causation— to non-ostensible construction defects and to acts of third parties, not to a random natural force, which displaces the applicability of Coverage C as conceived in the contract; second, the proximity to the slope operates as an objective limitation of risk delimitation that, in this case, was verified below the minimum threshold of 43.20 m; third, the items for consequential loss lack contractual basis if there is no express contracting of the special coverage and, moreover, if there is no coverable loss that makes their recognition applicable. Regarding the evidentiary burden, it was incumbent upon the plaintiffs to demonstrate direct damage to the insured unit by a covered loss; this does not occur when (i) technical-constructive and third-party causation and (ii) excluding proximity to the slope concur simultaneously. Regarding rents, the policy itself conditions their recognition on the contracting of Coverage R and on documentary proof of the expense; in the file, when the existence of Coverage R was not proven, such item was rejected, which confirms the literal operability of the product. (iii) The loss of functionality or of access (e.g., disappearance of the internal street) constitutes consequential damage relative to common property and, therefore, is not coverable under the "Hogar Seguro 2000" policy. Regarding the intervention of marketers and intermediaries. Now, in a recent precedent, this Chamber declared the responsibility of INS for the lack of protection derived from the agent's omission in managing the transfer or renewal of the policy, imputing the consequences to it with a right of recourse against the intermediary, in light of the intermediation regulations (commission agent relationship and acting "on behalf of and in the name of" the Institute). That ruling was circumscribed to the specific assumption of loss of coverage for non-renewal; without addressing the extension of current policies beyond their literal tenor or the neutralization of technical exclusions (vote No. 000232-F-S1-2017, of ten hours five minutes on March ninth of two thousand seventeen — https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-711108—). In the sub lite, that precedent is not transferable because: (i) here the debate concerns the activation of coverages according to their own clauses (Coverage C for direct damage to the unit; Coverage R for rents; exclusion for proximity to slope; non-extension to common areas and absence of specific coverage for household goods); (ii) there is no record of an act by INS itself that modifies the objective delimitation of the risk (endorsement/addendum, agreed prior technical review carried out without reservations, or express assumption of risk); (iii) the eventual errors of the intermediary constitute a liability to be aired through its own channel, which does not widen the coverage nor neutralize contract exclusions; and (iv) even in the case of a contract of utmost good faith, this principle is not absolute, nor does it displace the literalness of the policy: the scope of coverage is set by its general, particular, and special conditions, and any modification must be recorded in writing by endorsement or addendum (arts. 10 and 18, LRCS). The mere issuance of the policy and the charging of premiums do not constitute tacit waiver of exclusions nor validate objectively excluded risks. To accept the contrary would turn an expressly excluded structural risk into an insurable one, in tension with the typicality of risk and the technical mutuality of insurance. Consequently, the Court's reasoning that transfers to INS the responsibility for omissions by marketers or intermediaries lacks basis to expand coverage or deactivate exclusions. First, the delimitation of risk and exclusions are objective elements of the contract and are not altered by incomplete forms, sales practices, or subjective expectations, except for an endorsement or addendum issued by the insurer. Second, the duty to declare the risk falls primarily on the policyholder (art. 31 of the Ley Reguladora del Contrato de Seguros), without this allowing an omission in the application to be turned into a title to derogate ex post an objective exclusion such as proximity to the slope. The requirement of Article 31 LRCS does not reverse the evidentiary burden nor authorize presuming lack of technical information; in this file, no breach of the duty of information by the insurer nor an act by it that suppressed the exclusion for slope was proven. Third, even if a lack of diligence by the intermediary were to be configured, its own eventual liability —contractual or extracontractual— is aired through its specific channel and does not create coverage ex nihilo, nor supply requirements of the insurance contract, nor displace the agreed geometric rule. However, the analysis could only vary if the contract itself agreed upon a prior technical review by the insurer or the marketer and this was carried out without reservations —or if an express assumption of risk by INS mediated—; that is, if the review was documented, fell on the specific risk (proximity to slope, quality of fills, retaining walls, and drainage) and was executed without caveats, or if there existed an endorsement/addendum or unequivocal communication suppressing the exclusion or expressly assuming the risk. In such scenarios, an effect of binding by one's own acts (estoppel) regarding the scope of coverage could be discussed; however, it was incumbent upon the plaintiffs to prove those aspects, and in the case file there are no clauses, endorsements, inspections without reservation, or communications proving them. Rather, the inspection of the risk corresponds —by regulation— to the marketer, without this imposing on INS a legal/contractual duty of prior studies nor implying unconditional acceptance of the risk; and it is specified that the eventual liability of the intermediary does not widen coverage nor deactivate clear exclusions. Furthermore, from the cause petendi it does not follow that it was requested to consider the marketer as a defendant, nor were claims articulated against it, so any eventual liability of the latter cannot be transferred by default to INS. In the particular case of each plaintiff: i) Marco Aurelio Mora Dittel: the Court ordered to grant Coverage C regarding the event of November 14, 2007. However, Coverage C exclusively covers direct damage to the individual building, and the exclusions for compaction, containment, and fills are operative, as well as the limitation for proximity to slope; common areas do not form part of the individual insured object and any payment, if applicable, will be subject to the priority of the mortgage beneficiary. ii) Luis Diego Zeledón Valverde: the Court partially upheld the claim; it recognized Coverage C and subjective moral damage; it rejected rents for lack of Coverage R and household goods for lacking specific coverage. According to the clauses and the technical-expert evidence, the exclusion for proximity to slope and technical-constructive and third-party causation concur, so a coverable loss is not configured. iii) Wagner García Méndez: the Court upheld Coverage C in favor of property 530847-000. Its operability is subordinated to the exclusions for compaction, containment, and fills, and to the limitation for proximity to slope; moreover, common areas do not form part of the individual insured object. iv) Roby Molina Ortiz: the Court partially upheld and ordered Coverage C. The same premises of delimitation of the object and of Coverage C, technical exclusions, restriction for proximity to slope, and priority of the beneficiary/creditor in mortgage-loan policies apply. v) Sheila Fallas Quesada: the Court dismissed the action against INS due to prescription. Under this context, this Chamber reaches the following conclusion: there is no coverable loss under Coverage C because the express exclusion of proximity to slope —actual distances less than twice the height of the slope, that is, below 43.20 m as the verified minimum threshold— and the technical-constructive and third-party causation that breaks the insurance link concur; as for rents, they become inapplicable due to lack of Coverage R and the absence of a covered loss; household goods lack specific coverage; common areas fall outside the insured object. By connection and accessoriness, as there is no obligation of coverage, nor contractual unlawful act attributable to INS, the condemnation for moral damage is inapplicable. Consequently, the ground raised will be upheld, and it will be appropriate to cassate the challenged judgment in the aspects of condemnation against INS derived from the insurance contract, with the effects that will be stated.

Dissenting vote of Magistrate Zamora Campos. With due respect, the undersigned magistrate disagrees with the reasons set out in the examination ruling, only insofar as it upholds the appeal of INS, for the following reasons.

At its core, it is clear that the Court indicated the limitation due to proximity to the slope (talud) provided for in the general conditions and warned that, if strictly applied, the properties should not have been insured. Likewise, that the marketing of the product was carried out through marketing companies authorized by the INS, which omitted to include relevant information (e.g., the existence of the slope), thereby creating in the consumer a serious and well-founded expectation of coverage. Under that scenario, and following a landslide (deslizamiento) on the lands in question, the Court concluded that the INS was contractually compelled to apply Coverage C within its limits and respecting the priority of the beneficiary, without passing on to the insured the errors attributable to the intermediary. From that perspective, in the view of the judges, the reasoning behind the decision focuses on the legitimate expectation generated for the insured upon the issuance of the policy under review, concluding that it was offered as a policy with sufficient coverage for their real estate interests, and thus concluding that the breach in risk management by the intermediaries could not be passed on to them. For the Court, the marketing companies acted as agents authorized by the INS, so that the deficits in the capture/transfer of risk information could not undermine the rights of an insured acting in good faith. Hence, it dismissed the argument that construction near the slope, or the mere omission of information on forms, enabled the INS to decline the committed coverage. With that reasoning, it rejected the exclusion defense. The undersigned supports that position, based on the following reasoning. This Chamber, on previous occasions, has had the opportunity to analyze the contours of insurance, classifying it as a contract of the utmost good faith. (On this point, see, among others, Voto No. 2408 of 11:30 a.m. on October 8, 2020). In the specific case, the insured contracted fire insurance and protection against other perils, as contracts accessory to loan or trust agreements, aimed at obtaining a property for use as a dwelling, without presumably having any involvement in the preparation or characteristics of the lands, in the determination of soil types, much less in the construction of the buildings subject to the contracts in question. Furthermore, the coverage and exclusions incorporated into said contracts were the exclusive domain of the predisposing party (insurer), who establishes them without them being able to be negotiated or agreed upon by the insured; therefore, they are undoubtedly provisions typical of contracts of adhesion. The foregoing prevents the parties from negotiating or discussing their content, limiting themselves to accepting them with their signature. Now, in the cases subject to this dispute (litis), the undersigned does not overlook that, in light of the technical-expert evidence incorporated into the process—in particular, the topographic profiles prepared by Engineer Julio Delgado; the geotechnical expert report of INGEOTEC S.A. (January 2008), relating to the landslide that occurred in the Natalia Condominium and the La Fabiola development (Urbanización); as well as report No. 71-F-08-CI, dated February 16, 2008, issued by the Fraud Section of the Department of Criminal Investigations of the OIJ—it was proven that the height of the slope, according to the four analyzed profiles, ranged between 21.60 m and 24.91 m. Consequently, the minimum required setback (retiro) had to be set, as a lower threshold, at 43.20 m, equivalent to double the lower of those heights. However, such circumstances cannot be imputed to the insured as grounds for coverage exclusion, since they were not the ones who executed the construction project nor those who defined the topographic, geotechnical, or siting conditions of the buildings. Nor can responsibility be attributed to them for the fact that the dwellings subject to the claims were located at a distance less than that required—that is, less than 43.20 m from the crest or toe of the slope (corona o pie del talud)—inasmuch as it has not been alleged or demonstrated that the claimants had any involvement in determining said locations. Even if it were admitted that the height and distance of the slope, or eventual deficiencies in the engineering work and preparation of the soils or construction infrastructure, constituted sine qua non conditions of insurability, what is legally relevant is that, despite the existence of such geological and engineering conditions, the loss is coverable. This is because the insurance was offered to the plaintiffs by a marketing company that executed the real estate development and which, due to that condition, knew or should have known the characteristics of the land and the construction conditions of the project, without there being any evidence that such exclusions had been warned of, explained, or individualized in a clear, prior, and express manner to the insured. From this perspective, the conduct of the insured is protected by the principle of good faith and by the legitimate trust generated both by the marketing company and by the insurer itself. The latter not only issued the corresponding policy but also received the respective premiums, assuming the insured risk, even though the geological and construction conditions prevented it. Under such circumstances, attempting to pass on to the insured the consequences of technical and construction conditions that were alien to them, and that were known or should have been known by those who professionally intervened in the structuring and marketing of the insurance, would be contrary to the postulates of contractual good faith and the protection of the legitimate trust of the insured. Regarding the intervention of marketing companies and intermediaries, in a recent precedent, this Chamber declared the responsibility of the INS for conduct attributable to the marketing company, granting it the right of recourse against the intermediary, in light of the intermediation regulations (commission agent relationship and action “for the account and on behalf” of the Institute). (Voto No. 232 of 10:05 a.m. on March 9, 2017). With that basis and in light of the facts described, the undersigned agrees with the reasoning of the lower court (A quo) insofar as it transferred to the INS, in the specific case of Coverage C, the responsibility for omissions by the marketing company or intermediary. Since the delimitation of risk and the exclusions are objective elements of the contract, they must be clearly informed to the parties, so that consequential damage cannot be borne exclusively by an insured who, in addition to not being the predisposing party, has no relationship with the choice of the lot, the compaction of the land, the making of cuts, or the estimation of the distance and height of the slope. Consequently, the contractual exclusions under review cannot be considered as accepted and immutable, unless due diligence by the INS or its marketing companies in obtaining effective knowledge of the contractual exclusions by the insured is proven. Nor can it be affirmed that, in the specific case, the duty to declare the risk falls primarily on the policyholder (tomador) (Article 31 of the Regulatory Law of the Insurance Contract), when it has not been proven that they possessed the information allowing them to do so. In summary, there are no evidentiary elements in the case under review that allow the conclusion that the insured possessed technical, construction, or engineering information about the project and that, despite this, they intended to benefit by subscribing to an insurance policy that contemplated clear exclusions related to such conditions, such as the proximity or height of the slope. Nor are there any indications or any proof that the INS had arranged for a prior technical inspection, either directly or through the marketing company. Thus, if this was not carried out in a timely manner, the granting of the policy operates as a circumstance for which the INS is exclusively responsible through the conduct of its marketing companies, liability that cannot be extended to the insured signatory of a simple form that is part of a contract of adhesion. Considering also that the inspection of the risk corresponds—by regulation—to the marketing company, its absence can never imply an exoneration of responsibility for the INS. From the foregoing analysis, with due respect, the undersigned judge concludes that these considerations lead the Court to determine that there is a loss coverable under Coverage C, and therefore the claims in the appeal of the INS must be rejected. Consequently, with absolute respect for the majority's thesis, the undersigned denies the grounds raised by the INS, with costs at its expense.

In view of the foregoing, the appeals in cassation (recursos de casación) filed by Sheila Fallas Quesada and Luis Diego Zeledón Valverde will be declared without merit, and, by majority, the appeal filed by the Instituto Nacional de Seguros will be declared with merit. As a corollary, regarding what is expressly challenged, the appealed judgment will be partially cassated for improper application of substantive norms, in relation to the condemnatory findings against the Instituto Nacional de Seguros derived from the insurance contract. In its place, ruling on the merits, the claims for indemnification brought by the plaintiffs against the INS are declared without merit due to the non-existence of covered risk—a loss not coverable under Coverage C and the applicable exclusions—and due to the absence of coverages contracted for the items claimed, including, for connectivity and accessoriness, moral damages. In all other respects, the judgment remains unaltered. In accordance with Article 150.3 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), the appellants Sheila Fallas Quesada and Luis Diego Zeledón Valverde must be ordered to pay the costs generated by the exercise of this instance. Due to the manner in which it is resolved, a ruling on the second grievance formulated by the INS is omitted.

POR TANTO

The appeals filed by Sheila Fallas Quesada and Luis Diego Zeledón Valverde are declared without merit; both are ordered to pay the procedural costs incurred. By majority, the appeal in cassation formulated by the Instituto Nacional de Seguros is declared with merit. The judgment is partially cassated. Ruling on the merits, the claims for indemnification brought by Marco Aurelio Mora Dittel, Luis Diego Zeledón Valverde, Wagner García Méndez, and Roby Molina Ortiz against the Instituto Nacional de Seguros are declared without merit, due to the non-existence of covered risk and the absence of coverages contracted for the items claimed, including, for connectivity and accessoriness, moral damages. In all other respects, the judgment remains unaltered. Judge Zamora Campos dissents. CBE

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Sala Primera de la Corte Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA  Res. 000113-F-S1-2026 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas dieciecho minutos del veintidos de enero de dos mil veintiseis.

Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, por Marco Aurelio Mora Dittel, Roby Molina Ortiz, Wagner García Méndez, Luis Diego Zeledón Valverde y Sheyla Fallas Quesada; contra el Instituto Nacional de Seguros, representado por su apoderada especial judicial, la licenciada Jazmín Elena Calvo Ardón, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, representado por su apoderado especial judicial, el licenciado Marvin Abarca Chaves, Grupo Mutual Alajuela-la Vivienda Ahorro y Préstamo, representado por su apoderado especial judicial, el licenciado Carlos Quesada Hernández y la Municipalidad de Moravia, representada por su apoderado especial judicial, el licenciado Roberto Morales Delgado. La señora Sheila Fallas Quesada y el señor Luis Diego Zeledón Valverde interpusieron, cada uno por separado, sendos recursos de casación; por su parte, el Instituto Nacional de Seguros también recurrió, la sentencia número 2024001649, de las catorce horas con tres minutos del dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro, suscrita por las juezas Claudia Bolaños Salazar (ponente), Laura Gómez Chacón y Alejandra Soto Fonseca.

Redacta la Magistrada Vargas Vásquez;

CONSIDERANDO

En procesos acumulados números 08-001471-1027-CA, 09-001515-1027-CA, 09-003421-1027-CA, 10-002277-1027-CA y 11-000187-1027-CA, los señores Marco Aurelio Mora Dittel, Roby Molina Ortiz, Wagner García Méndez, Luis Diego Zeledón Valverde y la señora Sheila Fallas Quesada, formularon sus respectivas demandas contra el Instituto Nacional de Seguros, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Mutual de Ahorro y Préstamo Alajuela La Vivienda y Municipalidad de Moravia. El litigio se originó por el deslizamiento de tierra acaecido el 14 de noviembre del 2007 en el Condominio Natalia, ubicado en La Trinidad de Moravia. El evento se produjo en el sector de juegos infantiles, construido con gaviones dispuestos en varios niveles sobre una ladera. La masa de gaviones y el material de relleno se desplazaron y afectaron la integridad de las viviendas situadas en la parte inferior, así como la entrada principal del condominio, lo que ocasionó pérdidas materiales en cinco viviendas y daños en la caseta de seguridad y en el salón multiuso. A raíz del evento, el Área Rectora de Salud de Moravia, mediante órdenes sanitarias (Marco Aurelio Mora Dittel) y (Sheila Fallas Quesada), de 16 de noviembre del 2007, declaró inhabitable la vivienda de cada destinatario, calificó el sitio como de alto riesgo conforme criterio de la CNE y ordenó el desalojo preventivo hasta la realización de estudios geotécnicos, bajo apercibimiento de ejecutarlo con apoyo de la Fuerza Pública. Los informes técnicos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias —en particular el DPM-INF-1957-2007, de noviembre del 2007— evidenciaron la vulnerabilidad del sitio por posible cimentación sobre rellenos sin adecuada compactación, dudas sobre la capacidad del diseño de los gaviones frente a sismicidad, inobservancia de requerimientos técnicos y permisos, y la existencia de conexiones no autorizadas de acueducto, factores que coadyuvaron al deslizamiento. Asimismo, la prueba técnica permitió concluir que materiales de baja calidad, sumados a conexiones ilegales de acueducto, coadyuvaron al deslizamiento generador del daño. Sobre estos hechos comunes, se plantearon pretensiones individuales: en el caso del señor Marco Aurelio Mora Dittel, solicitó que se declarara con lugar la demanda, se condenara solidariamente al Instituto Nacional de Seguros y al BPDC por daño moral, psicológico y demás perjuicios; se condonara su deuda y se anularan actuaciones del Banco relativas a traspaso e hipoteca; se ordenara la ejecución de la póliza de incendio y el cese de cobros por pólizas de vida e incendio; y el pago de costas. Posteriormente, amplió las pretensiones para reclamar daño moral objetivo por afectación a su condición de sujeto de crédito. En el caso de Luis Diego Zeledón Valverde, pidió la nulidad de la cláusula de exclusión del contrato de seguros por abusiva; que se declarara que las áreas comunes —incluida la calle de acceso— integraban el bien asegurado y que su pérdida afectó el uso y la seguridad de su propiedad; que el INS ejecutara la póliza e indemnizara, incluido el pago de alquiler; que se ordenara levantar el reporte negativo en SUGEF; y costas. Subsidiariamente, interesó la condena de la Municipalidad por omisiones regulatorias y de la Mutual Alajuela por la valoración y colocación del seguro/crédito, o bien la condena solidaria de todas, con pago de la deuda, intereses y daños. Caso de Roby Molina Ortiz, solicitó que se declarara con lugar; que se ordenara al INS cumplir la póliza correspondiente a la finca 530846; el reconocimiento de daño moral subjetivo y objetivo, daño psicológico y demás perjuicios; la indemnización por pérdida de la vivienda conforme a los valores referidos; costas; y que se instruyera a SUGEF para limpiar su condición de sujeto de crédito. Caso de Wagner García Méndez, pretendió que se declarara con lugar; que se ordenara al INS cumplir la póliza asociada a la finca 530847-000; la condena al INS y al Banco Popular por daño moral —subjetivo y objetivo—, daño psicológico y demás perjuicios; la indemnización por pérdida de la vivienda, con mejoras y menaje en el monto global indicado; costas; y la limpieza de su condición ante SUGEF. Caso de Sheila Fallas Quesada, solicitó declarar el incumplimiento de deberes de INS y de la Mutual (arts. 190 y 191 LGAP) por no verificar las condiciones del inmueble y por su gestión aseguradora y crediticia; la responsabilidad solidaria INS-Mutual, tanto contractual como extracontractual, y la nulidad de una cláusula del seguro por leonina; la procedencia del pago de la póliza; la responsabilidad solidaria de la Municipalidad por permisos y falta de fiscalización; daños y perjuicios, intereses e indexación desde el 14 de noviembre del 2007; costas; y, subsidiariamente, la condena separada a quien correspondiera. En el caso de Luis Diego Zeledón Valverde, en agosto del 2009, la Municipalidad de Moravia, el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda y el INS contestaron negativamente la demanda; todas opusieron la excepción de falta de derecho. Además, la Mutual planteó falta de legitimación pasiva y falta de interés actual, y el INS agregó falta de causa y falta de legitimación activa y pasiva. Caso de Marco Aurelio Mora Dittel. En febrero del 2009 el INS y en abril del 2014 el Banco Popular contestaron negativamente la demanda; el INS opuso falta de derecho, y el Banco Popular alegó falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa y pasiva. En el caso de Roby Molina Ortiz, en mayo del 2010, el INS contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y falta de interés actual. En el caso de Wagner García Méndez, en setiembre del 2010, el Banco Popular y el INS contestaron negativamente la demanda; el Banco Popular opuso falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva, y el INS invocó falta de derecho y falta de causa. En relación con la demanda de Sheila Fallas Quesada, en mayo del 2012 el INS y en febrero del 2013 la Municipalidad de Moravia contestaron negativamente la demanda y opusieron falta de derecho y prescripción; por su parte, el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda también contestó negativamente y planteó falta de derecho, falta de legitimación pasiva y falta de interés actual. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante sentencia No. 2024001649, de las catorce horas con tres minutos del dieciocho de marzo del dos mil veinticuatro, resolvió: “Con respecto a la demanda del señor Marco Mora Dittel, se declaran sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y con lugar la excepción de falta de derecho invocada por el Banco Popular y se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho del Instituto Nacional de Seguros. En consecuencia, entiéndase denegado lo no expresamente concedido. Se ordena al Instituto Nacional de Seguros a conceder la cobertura de deslizamientos para el evento ocurrido en fecha 14 de noviembre del 2007 que afectó el inmueble asegurado por el actor, a efecto de aplicar el monto asegurado. Como consecuencia de la aplicación del contrato de póliza, deberá cesar el cobro de las primas de la póliza relacionada. Con respecto a la demanda del señor Luis Diego Zeledón Valverde, se declaran sin lugar las excepciones de falta de legitimación pasiva e interés actual interpuestas por el Grupo Mutual Alajuela. Se declara con lugar la defensa de falta de derecho interpuesta por la Municipalidad de Moravia y el Grupo Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por el Instituto Nacional de Seguros. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho invocada por la entidad aseguradora. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda interpuesta por el señor Zeledón Valverde en contra de la Municipalidad de Moravia y el Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta en contra del Instituto Nacional de Seguros. En consecuencia, entiéndase denegado lo no expresamente concedido. Se ordena al Instituto Nacional de Seguros a conceder la cobertura de deslizamientos para el evento ocurrido en fecha 14 de noviembre del 2007 y conforme al monto asegurado. Se condena al Instituto Nacional de Seguros a pagar por concepto de daño moral subjetivo a favor del actor, la suma de dos millones de colones. Por último, en cuanto a la aplicación del contrato de póliza, se ordena al Instituto Nacional de Seguros al reconocimiento de la suma asegurada para el día del siniestro conforme al contrato vigente con el actor Zeledón Valverde, debiendo tenerse por cancelada la deuda con la Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo con ocasión del pago, si la suma asegurada cubría a la fecha del siniestro el monto adeudado. En cuanto a los intereses generados hasta la fecha, los mismos no podrán ser cobrados al actor en el tanto, con la aplicación de la póliza en los términos vigentes al momento de los hechos, se cubra la totalidad del adeudo. En caso de que ante la Superintendencia de Entidades Financieras se registre al actor como persona no sujeta de crédito con ocasión de la operación crediticia concedida por la Mutual Alajuela objeto de este proceso, una vez cancelado el adeudo, se ordena que se elimine tal condición crediticia. En cuanto a la demanda interpuesta por el señor García Méndez en contra del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se declaran sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva. Se declara con lugar la defensa de falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda interpuesta por el señor García Méndez en contra del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho con respecto al Instituto Nacional de Seguros, por lo que se declara parcialmente con lugar la demanda, debiéndose entender denegado lo no expresamente concedido. Se le ordena al Instituto Nacional de Seguros aplicar la cobertura por deslizamiento suscrita a favor de la finca número 530847-000. En caso de encontrarse afectado el historial crediticio del actor ocasión de haberse declinado la aplicación de la póliza por la suma asegurada, se ordena a la Superintendencia de Entidades Financieras eliminar ese registro. Con respecto a la acción del señor Molina Ortiz, se rechazan las defensas de falta de legitimación pasiva e interés actual invocadas por el Instituto Nacional de Seguros, y se acoge parcialmente la defensa de falta de derecho. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda, se le ordena al Instituto Nacional de Seguros a aplicar la cobertura por deslizamiento suscrita a favor de la finca número 530846. En caso de encontrarse afectado el historial crediticio del actor con ocasión de haberse declinado la aplicación de la póliza por la suma asegurada, se ordena a la Superintendencia de Entidades Financieras eliminar ese registro. En relación con la demanda interpuesta por la señora Sheila Fallas Quesada, se rechazan las defensas de falta de legitimación pasiva y falta de interés actual aducidas por el Grupo Mutual Alajuela, así como la prescripción invocada por la Municipalidad de Moravia. Se acoge la defensa de falta de derecho invocada por el Grupo Mutual Alajuela y la Municipalidad de Moravia, así como la excepción de prescripción opuesta por el Instituto Nacional de Seguros. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda interpuesta por la señora Sheila Fallas Quesada en contra de Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, la Municipalidad de Moravia y el Instituto Nacional de Seguros. Se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas”. En disconformidad con lo resuelto, los actores Sheila Fallas Quesada, Luis Diego Zeledón Valverde y la codemandada Instituto Nacional de Seguros, presentaron recurso de casación de forma individual, los cuales fueron admitidos por esta Sala. Por razones de orden, se estudiará primero el agravio procesal y posteriormente los de fondo.

Recurso del Instituto Nacional de Seguros.

Casación por razones procesales.

De naturaleza procesal, se presenta un reproche. Acusa la causal del artículo 137, inciso d), del CPCA (falta de motivación). Aduce, el fallo carece de fundamentación suficiente y presenta incongruencias y contradicciones internas. Afirma, el propio fallo, en el Hecho Probado 18 (peritaje INGEOTEC, enero de 2008) y hecho probado 20 (informe OIJ 71-F-08-CI, 16 de febrero de 2008), tiene por demostrado que el evento obedece a vicios de ejecución y condiciones no ostensibles del terreno —rellenos de regular a mala calidad, gaviones pesados y mal cimentados, fugas y ruptura en la conducción pluvial y pozos embebidos en el relleno, niveles freáticos, conexiones ilícitas—, así como a hechos de terceros, y que tales vicios no eran detectables mediante inspección ordinaria. Pese a ello, el Tribunal condena al INS a aplicar la cobertura por “deslizamiento”, lo que califica como giro argumental incompatible con la premisa fáctica del propio fallo. Con base en esa alegada contradicción interna, invoca falta de motivación suficiente y vulneración del artículo 61.2, inciso 3), del Código Procesal Civil —por remisión del artículo 220 CPCA— y solicita la anulación de la sentencia. Concerniente al agravio planteado sobre la causal de falta de motivación, este Órgano Colegiado se ha pronunciado en repetidas ocasiones indicando: “(…) surge cuando la motivación del fallo es omisa, ya sea porque esta se encuentra totalmente ausente, o bien, por cuanto el desarrollo (contenido en la misma) resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en particular, del debido proceso. Asimismo, debe tenerse presente que se trata de un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el íter procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba realizada por el A quo en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual el Código de rito establece causales autónomas (artículo 138), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico. La falta de motivación como causal para casar la sentencia, en los términos en que se ha comentado, se da al conculcarse la norma que dispone el deber del juzgador de analizar las incidencias y cuestiones de fondo planteadas por las partes (principio de derecho procesal, integrante del debido proceso, y que, por demás, se encuentra materializado en los ordinales 119 y 122, inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como el 155 del Código Procesal Civil). No se trata de determinar si el juzgado se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso por las partes, sino por el contrario, que el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente…”. Sala Primera, voto N° 126-F-S1-2009 de las 15:40 hrs. del 5 de febrero de 2009 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-769260). De conformidad con la jurisprudencia citada, no lleva razón el casacionista, pues se constata de la lectura del fallo recurrido, que el Tribunal proporcionó una fundamentación adecuada y suficiente. La sentencia expone de forma ordenada el cuadro fáctico en los Hechos Probados y, luego, razona en los considerandos de fondo (Sección V) por qué descarta responsabilidad municipal y por qué impone consecuencias en la órbita contractual del INS. Así, el Hecho Probado 18 consigna el dictamen de INGEOTEC (enero de 2008) y detalla el mecanismo de la falla —rellenos de regular a mala calidad; factores de seguridad bajos en gaviones; conducción pluvial y pozos embebidos en el relleno con fugas que aumentan presiones hidrostáticas; niveles freáticos; cargas en corona—, identificando las fugas como agente disparador del deslizamiento, junto con otros factores concurrentes. A su vez, el Hecho Probado 20 reproduce la conclusión del Informe rendido por la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (71-F-08-CI, 16 de febrero de 2008) sobre la combinación de causas —rellenos de calidad deficiente, gaviones pesados y mal cimentados, ruptura de tubería pluvial y de pozos, peso de viviendas en corona, conexiones ilícitas y niveles freáticos—, fijando un haz causal intra-obra y de terceros. Con estos hechos base, el Tribunal razona en los considerandos de fondo (Sección V) que la causa del deslizamiento no obedece a una omisión municipal en la tramitación o a la falta de un estudio, sino a defectos propios de la ejecución material a cargo de los ingenieros responsables y a intervenciones ajenas (tuberías ilegales), subrayando que tales vicios no son apreciables mediante inspección ordinaria sin destrucción de obra. Ese desarrollo valorativo cierra el ciclo de motivación exigible: parte de los hechos probados, contrasta advertencias y tramitología general (incluido el informe CNE DPM-INF-1957-2007) con la prueba técnico-pericial que explica el “cómo” y el “por qué” del evento, y delimita el nexo causal en sede administrativa. De seguido, en el mismo considerando de fondo (Sección V), al abordar la relación contractual del INS, el Tribunal no reescribe la causa física del siniestro —ya asentada—, sino que examina la conducta del asegurador a través de sus comercializadoras y la disciplina de suscripción de la póliza “Hogar Seguro 2000” (manuales, inspecciones, formularios y límites de cobertura), poniendo de relieve la información incompleta u omisa en la celebración del contrato de seguro y el incumplimiento de deberes del intermediario autorizado. Ese tramo motivacional se apoya en piezas del expediente administrativo del INS —perfiles topográficos del Ingeniero Julio Delgado para ubicar inmuebles respecto del talud y perfilar el ámbito de cobertura por deslizamiento— y en la trazabilidad interna de decisiones y manuales (Cobertura C; reglas de inspección y aceptación del riesgo), que el fallo incorpora para sustentar la consecuencia contractual declarada frente al Instituto. Con ese hilván, no hay incongruencia ni contradicción interna: una cosa es la causa técnica del daño —asentada en los Hechos Probados 18 y 20 y desarrollada en el considerando de responsabilidad municipal—, y otra, distinta, es la respuesta jurídica contractual frente al INS por la manera en que se suscribieron y gestionaron las coberturas, que el Tribunal fundamenta en pruebas administrativas y en la normativa del propio producto asegurador. Así las cosas, lo que el casacionista presenta como “contradicción” equivale, en rigor, a reclamar que la causa técnica del evento determine automáticamente la inexistencia de consecuencias jurídicas bajo el contrato, omitiendo que el fallo separa los ámbitos y expone razones suficientes para cada conclusión. Esto, desvía su objeto y lejos de ser una falta de motivación, lo que propone es revalorar la prueba técnico-pericial y administrativa —materia propia del fondo— para arribar a una conclusión distinta, lo que excede la causal del artículo 137, inciso d), del CPCA. En consecuencia, el agravio deberá ser rechazado.

Recurso de Sheila Fallas Quesada.

Casación por razones de fondo.

La casacionista articula un agravio con sustento en los incisos a) y c) del artículo 138 CPCA—preterición e indebida valoración—. Sostiene, el Tribunal minimiza o aprecia de forma errónea prueba esencial: el informe del Ministerio Público con hallazgos sobre tramitación ambiental incompleta ante SETENA, advertencias del Ministerio de Salud, registros del CFIA que muestran áreas intervenidas sin inscripción o permiso, y el informe municipal D.T.O.M.M-902 que alertaba sobre la necesidad de diseños de drenajes y aguas acordes al riesgo del sitio. Añade, el peritaje identifica factores concurrentes del deslizamiento (rellenos de calidad regular a mala, gaviones pesados mal cimentados, fugas en la tubería de aguas pluviales y en pozos de registro embebidos en el relleno, niveles freáticos y peso de viviendas en la corona). A su juicio, todo ello acredita fiscalización deficiente y otorgamiento de permisos sin verificación integral de requisitos. En el plano jurídico, afirma que el Tribunal aplica indebidamente las categorías de “vicios ocultos” y “hecho de un tercero” y recurre a jurisprudencia española pese a existir criterio de la Sala, cuando la prueba demuestra advertencias previas sobre inestabilidad, necesidad de estudios y obras correctivas, y condicionamientos que la Municipalidad debía exigir y supervisar. Invoca, como infringidos el artículo 2 de la Ley de Construcciones, el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU (I.1) y el Reglamento de Visado para la Construcción (Capítulo IV, artículos 9 y 10), y encuadra el caso en responsabilidad objetiva por omisión (artículo 190 LGAP), al considerar que la inactividad municipal en vigilancia y control fue causa concurrente del resultado dañoso, sin que la intervención de profesionales privados exonere al gobierno local de competencias indelegables. Añade, el deslizamiento comprometió las bases del Condominio Natalia y arrasó viviendas en la Urbanización Fabiola; que en un expediente paralelo (09-003401-1027-CA) sobre el mismo evento se declaró la responsabilidad municipal, y que esta Sala habría aumentado allí la condena al valor de reposición de la vivienda. Solicita, casar y anular la sentencia, declarar con lugar la demanda contra la Municipalidad de Moravia y ordenar la reposición o, en su defecto, la indemnización equivalente al valor actual de la vivienda perdida; y condenar al pago de las costas procesales y personales. Subsidiariamente, pide reenvío para el dictado de una nueva sentencia. En relación con el agravio planteado, tratándose de la señora Sheila Pamela Fallas Quesada, el Tribunal resolvió que, tras el deslizamiento del 14 de noviembre de 2007 en el Condominio Natalia, su vivienda fue declarada inhabitable por Orden Sanitaria N° 2007 del 16 de noviembre de 2007 —que calificó el sitio de alto riesgo conforme a la CNE y ordenó el desalojo preventivo con apercibimiento— y peticionó que se declarara la responsabilidad del INS, de la Municipalidad de Moravia y del Grupo Mutual Alajuela La Vivienda, que se aplicara la cobertura por deslizamiento de su póliza de incendio N° 01 16 INC 0012380 02 (vigente del 31 de diciembre del 2007 al 31 de diciembre del 2008, por ₡18.510.784, con el BAC San José S.A. como acreedor), que se anulara por abusiva la cláusula de exclusión por talud del contrato “Hogar Seguro 2000”, y que se le indemnizaran daños y perjuicios con costas, intereses e indexación, alegando además enriquecimiento sin causa del INS por el cobro de primas; sostuvo que el municipio otorgó permisos sin exigir y fiscalizar los estudios técnicos (ambientales y geotécnicos) y que la Mutual incumplió deberes de verificación del inmueble y de la cobertura exigida con ocasión del crédito. El Tribunal, al resolver el fondo, tuvo por acreditado que el evento se produjo en el sector de juegos infantiles con gaviones sobre rellenos y que, respecto de Fallas, la vivienda no sufrió daño directo por el deslizamiento; sí se perdieron áreas comunes (gimnasio y salón) y la calle de acceso y, posteriormente, se produjeron actos de vandalismo, pero el informe técnico del consultor del INS concluyó que los daños en la casa eran “prácticamente nulos” y que la pérdida total era por funcionalidad (inhabitabilidad y falta de servicios), no por afectación estructural directa del evento. Con base en los informes técnicos (CNE, INGEOTEC e INS), se concluyó que las causas eficientes del deslizamiento fueron vicios de ejecución —rellenos de regular a mala calidad, gaviones con cimentación deficiente, fractura y fuga en la tubería pluvial y pozos de registro dentro del relleno, niveles freáticos y peso de viviendas en corona— y hechos de terceros (como conexiones ilícitas), no detectables mediante una inspección municipal ordinaria, por lo que desestimó la pretensión contra la Municipalidad por falta de nexo causal (sin acoger su prescripción). En relación con el INS, constató que la póliza colectiva contemplaba la exclusión cuando la vivienda se ubicaba sobre o al pie de un talud a distancia menor que el doble de su altura — sin que se acreditara su carácter abusivo — y que además resultaban excluidos los daños consecuenciales y los actos de vandalismo (Condiciones Generales, Parte II, art. 19); también destacó que no se probó que las áreas comunes integraran el objeto asegurado, ni la existencia de póliza de menaje o de cobertura por daños consecuenciales para la actora. Asimismo, acogió la excepción de prescripción anual prevista en el artículo 29 de las Condiciones Generales del seguro “Hogar Seguro 2000”: el plazo se computó desde el 6 de agosto de 2008, fecha de la última actuación administrativa (oficio DSG-1339-2008 que agotó la vía), y, habiéndose interpuesto la demanda el 12 de enero de 2011 y notificado su traslado el 9 de abril de 2012, declaró prescrita la acción y, en consecuencia, sin lugar la demanda de Fallas contra el INS. El Tribunal dejó asentado que el INS alegó que la póliza 01161NC12380 estaba vigente el 14 de noviembre de 2007 y por ello analizó el reclamo bajo esa póliza; sin embargo, no resolvió la discrepancia de vigencias frente a los hechos probados (que consignan otra póliza con vigencia a partir del 31 de diciembre de 2007), por resultar innecesario al decidir por prescripción. Añadió, además, que la revisión judicial de la cláusula de prescripción convencional no fue solicitada por la actora, lo que impedía al Tribunal entrar de oficio a su control y alcance. Finalmente, respecto del Banco Popular y de la Mutual, señaló que los avalúos o verificaciones de crédito no tenían por objeto descubrir vicios ocultos de geotecnia y que, en el caso de Fallas, no existía crédito vigente con la Mutual a la fecha del evento y no se probó que hubiera iniciado proceso cobratorio contra ella; por tanto, rechazó sus pretensiones por falta de derecho, a la vez que rechazó las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de interés actual alegadas por la Mutual y tuvo por inadmisibles las pretensiones nuevas introducidas por su representación en conclusiones por ser extemporáneas. Como marco contextual, el Tribunal resaltó el rol de las comercializadoras de seguros autorizadas por el INS —obligadas por reglamento a inspeccionar e informar condiciones y cambios de riesgo— en la consignación deficiente de datos que dificultó la aplicabilidad de la cobertura; no obstante, en el caso de Fallas la definición del litigio contra el INS se agotó por prescripción, sin un pronunciamiento de fondo sobre esa responsabilidad. Respecto al agravio formulado. La casacionista acusa preterición e indebida valoración probatoria, alegando omisión o apreciación defectuosa del informe del Ministerio Público, SETENA y advertencias del Ministerio de Salud, asientos del CFIA, el D.T.O.M.M-902 y los dictámenes CNE/INGEOTEC; añade error de derecho por acudir a la figura de los “vicios ocultos” y “hecho de un tercero” así como por desatender la doctrina de esta Sala. Delimitado así el agravio, carece de fundamentación, por lo que deviene su rechazo. Este órgano Casacional ha señalado en reiteradas oportunidades, que: “la preterición de prueba ocurre cuando los jueces dejan de considerar las probanzas aportadas a los autos. Ello implica desconocer un elemento demostrativo, aportado en forma debida y con incidencia en la lite (votos no. 771-F-S1-2011 de las 13 horas 30 minutos del 30 de junio de 2011 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-766283 y no. 00043–2021 de las 13 horas 50 minutos del 07 de enero de 2021 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1017109). Conforme lo anterior, no basta con manifestar que el juez ha omitido pronunciarse sobre determinada prueba, sino que es responsabilidad del recurrente demostrar claramente si ello modifica el cuadro fáctico de la sentencia y, a partir de ahí, exponer en qué forma se ha violentado la norma sustantiva”. Voto de la Sala Primera 2213-F-S1-2022 de las 11:08 hrs. del 06 de octubre de 2022 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1120432). En cuanto al motivo del artículo 138, inciso c), del CPCA, corresponde recordar que la casación controla la legalidad del fallo: procede cuando el juzgador aplica una norma que no rige el caso, omite aplicar la que sí lo rige o la interpreta de forma irrazonable —contraria a su tenor literal, sistemático o teleológico—. No habilita, por ende, una nueva ponderación probatoria, sino la corrección de errores de derecho en la selección y subsunción normativa. En el caso concreto, esta Cámara constata, primero, que el Tribunal integró en la sentencia el informe técnico DPM-INF-1957-2007 como contexto del evento y destacó las inconsistencias administrativas y faltantes de permisos; con todo, no derivó de ese dato, por sí, la imputación causal al gobierno local. Segundo, ponderó el dictamen geotécnico de INGEOTEC (enero de 2008), que explicó el mecanismo de falla a partir de rellenos de regular a mala calidad, factores de seguridad bajos en los gaviones, presencia de niveles freáticos y, de manera decisiva, fugas en la conducción pluvial y en pozos de registro embebidos en el relleno que elevaron presiones hidrostáticas y precipitaron el deslizamiento, junto con las cargas en corona. Tercero, valoró las ampliaciones del consultor del INS apoyadas en perfiles topográficos del ingeniero Julio Delgado, útiles para ubicar las edificaciones respecto del talud y, ya en el plano asegurador, para apreciar la regla de exclusión por proximidad prevista en la póliza “Hogar Seguro 2000”. Cuarto, en lo que atañe a la situación singular de la actora, examinó el informe pericial del propio INS que concluyó la inexistencia de daño material directo en su vivienda atribuible al deslizamiento, más allá de la pérdida de funcionalidad por la orden sanitaria y del vandalismo posterior reconocido por la propia actora en su demanda. Bajo ese recorrido probatorio, esta Cámara no advierte omisión decisiva que habilite la nulidad por preterición. Tampoco prospera el alegato por indebida valoración: el Tribunal distinguió con corrección entre el plano de advertencias y tramitación previa —donde constan los insumos invocados por la recurrente, incluidos asientos del CFIA y el informe D.T.O.M.M-902— y el plano explicativo del siniestro concreto del 14 de noviembre del 2007. Para este segundo plano se apoyó en prueba técnico-pericial idónea que sitúa la causa eficiente en defectos propios de la ejecución material de la obra y subsuperficiales —selección y compactación del material de relleno, configuración y cimentación de los gaviones, diseño y comportamiento del sistema pluvial incrustado— y en conductas de terceros ajenas a la Administración —conexiones ilícitas—; factores que, por su naturaleza, no resultan detectables mediante inspección municipal ordinaria sin destrucción de obra. En consecuencia, el Tribunal valoró el acervo probatorio conforme a la sana crítica, explicó la razón de la mayor fuerza demostrativa de los dictámenes técnico-periciales (INGEOTEC y ampliaciones del consultor del INS, con apoyo en perfiles topográficos) frente a advertencias administrativas generales, y delimitó con claridad el hecho base y el nexo causal. En tal marco, la sola discrepancia de la recurrente con la ponderación efectuada no revela arbitrariedad: muestra, más bien, el intento de reabrir una instancia ya precluida para sustituir —por otra de conveniencia— la valoración asentada conforme a la sana crítica. Ese empeño desborda el cauce extraordinario del artículo 138 CPCA, ceñido a verificar una preterición verdaderamente decisiva (inc. a) o un error iuris en la selección o interpretación normativa (inc. c), y no a revalorar prueba. Por un lado, la recurrente no demostró que la supuesta omisión recayera sobre un elemento decisivo cuya incorporación hubiera modificado el cuadro fáctico asentado. En este sentido, tampoco acreditó que la ponderación resultara ilógica, arbitraria o contraria a las reglas de la sana crítica; menos aún, que mediara error de derecho en la norma seleccionada o en su interpretación. En cuanto a la solicitud de reenvío, esta solo procede cuando media vicio sustancial de actividad o de motivación —preterición decisiva, contradicción interna o falta de subsunción normativa— que impida un pronunciamiento de mérito. Nada de eso lo demuestra. En lo estrictamente jurídico-material, el control casacional confirma que la interpretación y aplicación del derecho realizada por el Tribunal se ajusta al bloque normativo aplicable en materia de construcción: la corporación local tiene deberes de tutela, prevención y fiscalización razonable en licencias y vigilancia; con todo, la Ley de Construcciones y normativa conexa reservan al propietario y al profesional responsable la definición técnica de materiales, diseño, cimentación y ejecución. El fallo impugnado no erige a la Municipalidad en garante técnico, ni confunde sus potestades de policía con deberes de resultado. Reconoce actuaciones concretas —prevenciones, clausuras, comunicaciones a entes competentes y exigencias de estudios— y concluye, con base pericial, que el resultado dañoso obedeció primariamente a la ejecución constructiva y a intervenciones de terceros, lo cual rompe el nexo causal adecuado exigido por los artículos 190 y siguientes de la LGAP. De igual forma, la referencia al proceso paralelo no acumulado (expediente 09-003401-1027-CA; voto 01703-F-S1-2021) no impone solución diversa. Rige el principio de relatividad de la cosa juzgada: sin triple identidad de partes, objeto y causa petendi, aquel pronunciamiento carece de eficacia directa en esta litis. Aun admitiendo su valor persuasivo, fue dictado sobre un acervo y una teoría del caso distintos —con acreditación de daño estructural directo y omisión municipal concreta—, mientras que aquí el hecho base, fijado con prueba pericial idónea, sitúa la causa eficiente en defectos constructivos no ostensibles y en intervenciones de terceros, extremos que quiebran el nexo con la actividad municipal. No procede, entonces, trasladar mecánicamente hechos o conclusiones de un proceso diverso y no acumulado. Finalmente, respecto de la pretensión resarcitoria en valor de reposición, la conclusión del a quo sobre la ausencia de daño estructural directo en la vivienda de la actora, unida a la falta de acreditación del nexo causal exigido por la LGAP, priva de sustento su petición. Así las cosas, no se configura la preterición alegada ni el error de derecho; menos aún, infracción del régimen de responsabilidad del artículo 190 LGAP, por lo que agravio se deniega.

Recurso de Luis Diego Zeledón Valverde.

Casación por razones de fondo.

El casacionista formula cuatro agravios de naturaleza sustantiva. Esta Cámara anticipa que resolverá conjuntamente el primero y el segundo, dirigidos contra la Municipalidad de Moravia, por compartir el mismo objeto de controversia —la determinación de la causa del deslizamiento del 14 de noviembre de 2007 y su enlace causal con la actuación municipal—, por descansar en un núcleo probatorio común —Hechos Probados 2, 18 y 20, informe D.T.O.M.M-902, asientos del CFIA, advertencias de la CNE y del Ministerio de Salud— y por proyectarse sobre un mismo bloque normativo —Ley de Construcciones, reglamentos de control urbanístico y artículos 190 y siguientes de la LGAP—. En tal marco, la causal del artículo 138, inciso a), CPCA (preterición o indebida valoración) y la del inciso c) (aplicación u omisión normativa) remiten a un mismo thema decidendum; su examen unitario evita duplicidades, asegura coherencia y respeta los estándares diferenciados de control propios de cada causal. De igual manera, se resolverán conjuntamente el tercer y el cuarto agravio, referidos al Instituto Nacional de Seguros, pues ambos versan sobre la relación asegurativa que origina la inconformidad, las condiciones de cobertura por deslizamiento y sus exclusiones, la intervención de agentes comercializadores, así como la vigencia y prescripción contractual; comparten, además, las mismas piezas probatorias —pólizas y condiciones generales, formularios de aseguramiento, informes y ampliaciones del consultor del INS, actuaciones administrativas y constancias del expediente— y se rigen por un parámetro normativo coincidente —régimen contractual de seguro, condiciones generales aplicables y reglas de prescripción pactadas—. Esta agrupación depura el objeto litigioso, concentra el análisis en las cuestiones decisivas y evita reiteraciones innecesarias. En el primer motivo, invoca el artículo 138 inciso c) del CPCA, por omisión de normas sustantivas de la Ley de Construcciones (arts. 1, 17, 83 párrafo segundo y del artículo 87–96). Sostiene, el Tribunal exime indebidamente al gobierno local al calificar el caso como de “vicios ocultos” y “hecho de un tercero” al afirmar que la selección de materiales pertenece al criterio de los ingenieros responsables, cuando el bloque normativo municipal le atribuye competencias de control sobre licencias, seguimiento y clausura. Para sustentar su tesis, refiere al Hecho Probado 2 (oficio CNE DPM-INF-121-2001, que advierte la vulnerabilidad del sitio y exige pruebas de infiltración y estabilidad previas), así como actuaciones municipales tempranas y oficios DIOMM-748 y DIOMM-749 del 7 de octubre de 2002 dirigidos al INS y al AyA por conexiones ilegales y obras sin licencia, que evidencian conocimiento y necesidad de un control reforzado. Añade, el Hecho Probado 18 (peritaje INGEOTEC, enero de 2008), describe los rellenos de calidad regular a mala, gaviones con factores de seguridad bajos, fugas y ruptura en el sistema pluvial embebido, niveles freáticos y cargas en corona, como factores que anticipan la necesidad de intervención municipal; y conecta ese acervo con el Hecho Probado 20 (informe OIJ 71-F-08-CI, 16 de febrero de 2008), que confirma la concurrencia de conexiones ilícitas y condiciones subterráneas. Alega, frente a esos antecedentes, el deber de policía local —reforzado por el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU y por el Reglamento de Visado para la Construcción— exigía prevenir, exigir estudios y, en su caso, clausurar; y que la sentencia omite aplicar ese marco o lo interpreta indebidamente, desplazando la imputación con la categoría de vicios ocultos. Solicita, casar y declarar con lugar la demanda contra la Municipalidad de Moravia con condena resarcitoria; subsidiariamente, pide reenvío para nueva decisión con correcta subsunción de la normativa indicada. En el segundo motivo. Acusa, preterición e indebida valoración — art. 138 inciso a) del CPCA—. Sostiene, el Tribunal omite o aprecia de modo insuficiente prueba decisiva: el Hecho Probado 2 (oficio CNE DPM-INF-121-2001, que advierte vulnerabilidad del sitio y exige pruebas de infiltración y estabilidad), las actuaciones municipales previas, los oficios DIOMM-748 y DIOMM-749 del 7 de octubre del 2002 dirigidos al INS y al AyA por conexiones ilegales y obras sin licencia; el Hecho Probado 18 (peritaje INGEOTEC de enero del 2008, que identifica rellenos de calidad regular a mala, gaviones con factores de seguridad bajos, fugas y ruptura en el sistema pluvial embebido, niveles freáticos y cargas en corona) y el Hecho Probado 20 (informe OIJ 71-F-08-CI del 16 de febrero del 2008, que añade conexiones ilícitas y confirma los factores concurrentes). Añade, el Tribunal desatiende el informe municipal D.T.O.M.M-902, que reclama diseños y obras de drenaje acordes con el riesgo; las constancias del CFIA sobre áreas intervenidas sin inscripción o permiso; las advertencias del Ministerio de Salud sobre la condición comprometida del sitio; y el informe de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, DPM-INF-1957-2007, que reseña inconsistencias de tramitología y faltantes de permisos. Afirma, contradicción interna entre el Hecho Probado 18 y el Hecho Probado 13, pues este último —que recoge la decisión municipal del 10 de agosto del 2003 de levantar restricciones en Lomas de Cabeara por estimar “técnicamente solventados” los peligros mediante gaviones— se opone a aquel, que atribuye el evento a rellenos deficientes y a la configuración y cimentación de los mismos gaviones; sostiene, el a quo no explica esa tensión. Acusa, omisión de valoración del reporte de la SUGEF ofrecido desde la demanda para acreditar daños y perjuicios. Afirma, el control municipal previo, concomitante y posterior debió reforzarse y que la sentencia relega indebidamente la imputación bajo la categoría de “vicios ocultos”. Solicita, casar la sentencia y condenar a la Municipalidad de Moravia, y subsidiariamente pide el reenvío para nueva valoración integral. Como Tercer reproche. Alega, violación de normas sustantivas —artículo 138 inciso c) del CPCA— por indebida aplicación del derecho al confirmar la prescripción anual prevista en el artículo 29 de las Condiciones Generales del “Hogar Seguro 2000” y por no inaplicar la exclusión por proximidad a talud. Sostiene, el plazo no corre desde el seis de agosto del dos mil ocho —acto que agota la vía administrativa— sino desde comunicaciones posteriores que, a su juicio, precisan el rechazo, y el Tribunal omite ponderar la buena fe y el principio de protección del asegurado derivados de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Añade, dado que el propio INS otorga y cobra la cobertura por deslizamiento, no puede luego ampararse en la exclusión por talud sin haber verificado técnicamente la distancia y el riesgo; por ello, afirma que correspondía inaplicar la cláusula limitativa en el caso concreto. Solicita, casar y ordenar el pago de la cobertura o, subsidiariamente, disponer el reenvío para nueva decisión sobre la vigencia, alcance y oponibilidad de las cláusulas. En la cuarta censura. Acusa preterición e indebida valoración de prueba documental y testimonial – artículos 138 incisos a) y c) del CPCA)–. Precisa, la prueba testimonial de Viviana Chacón Calderón y de Jonathan Soto Arguedas (I.2 de la sentencia), evacuada en juicio y recogida como Hechos Probados 9 y 10, acredita de manera circunstanciada que a raíz del siniestro y la negativa de cobertura se produjo la suspensión del financiamiento bancario, el deterioro del perfil SUGEF y la imposibilidad de continuar la actividad empresarial de importación y distribución de insumos de cuidado oral; agrega, tales extremos fueron ignorados al denegarse la indemnización por daños. En respaldo, invoca la certificación de SUGEF aportada con la demanda, donde consta la calificación “Comportamiento crediticio 3”, la cual evidencia la imposibilidad de acceso a crédito y la consiguiente afectación patrimonial. Reprocha, ni la certificación ni los testimonios fueron analizados en la motivación del fallo. Detalla, el testimonio de Viviana Chacón refirió la caída del negocio por la condición de “no sujeto de crédito”, la negativa de nuevas líneas, inclusive para vehículo de trabajo, y un cuadro anímico severo; y el testigo Jonathan Soto describió la interrupción del giro, el aislamiento y la necesidad de auxilios económicos de terceros tras la expectativa frustrada de cobertura, extremos que a su juicio robustecen el daño moral y el daño patrimonial reclamados. Con base en ello, acusa falta de valoración de esa prueba decisiva y postula la nulidad por quebranto de la debida motivación. En relación con los cargos reprochados, tratándose del señor Luis Diego Zeledón Valverde, el Tribunal tuvo por acreditado, con base en la pericia geotécnica de INGEOTEC (enero 2008) y el informe OIJ 71-F-08-CI (febrero 2008), que el evento del 14 de noviembre de 2007, se produjo por vicios no ostensibles de ejecución (rellenos de calidad regular a mala, gaviones con factores de seguridad bajos, sistema pluvial embebido con fugas, niveles freáticos y cargas en corona) y por intervenciones de terceros (conexiones ilícitas), descartando una omisión específica y decisiva del municipio; además dejó constancia de actuaciones de control urbanístico (prevenciones, clausuras, comunicaciones a INS y AyA). En el plano asegurador, identificó que el señor Zeledón estaba amparado por la póliza colectiva “Hogar Seguro 2000” con coberturas A, B, C y D, sin contratar Cobertura R (alquileres), y que el beneficiario preferente era el acreedor hipotecario. Pese a reconocer la cláusula que limita la asegurabilidad por proximidad a talud y a la discusión sobre áreas comunes del condominio, el Tribunal declaró parcialmente con lugar su demanda contra el INS: ordenó aplicar la Cobertura C (deslizamiento) respecto de su unidad habitacional individual, dispuso el pago del monto asegurado con sujeción a la prelación del beneficiario hipotecario, y reconoció daño moral a su favor. A la vez, rechazó los gastos por alquileres por ausencia de contratación de Cobertura R y denegó el menaje por quedar fuera del amparo pactado. Finalmente, condicionó los efectos de saneamiento crediticio a la cancelación correspondiente con cargo a la póliza, sin extender la cobertura a áreas comunes ni modificar la prelación establecida en las condiciones del contrato. En el examen conjunto de los motivos primero y segundo —referidos a lo decidido respecto de la Municipalidad de Moravia—, esta Cámara prohíja el fallo impugnado y agrega las razones que siguen. Corresponde despejar, primero, si existió preterición probatoria en los términos del artículo 138 inciso a) del CPCA; y, asentado el hecho base, verificar, segundo, si hubo aplicación u omisión indebida de las normas, artículo 138 inciso c) CPCA. Este derrotero preserva la lógica del control casacional: primero el hecho, luego la subsunción. Sobre la preterición y la valoración probatoria. Del propio Considerando I.6 (Hechos probados) de la sentencia se desprende que el Tribunal integró y ordenó los insumos que el recurrente califica de “omitidos”. Así, el Hecho Probado 2 recoge las advertencias tempranas de la CNE (DPM-INF-121-2001) sobre vulnerabilidad del sitio y exigencia de estudios de infiltración y estabilidad del talud; tales antecedentes —por su naturaleza general y prospectiva— fueron situados como marco de riesgo, no como prueba concluyente del nexo municipal, pues requerían contraste técnico ulterior. El Hecho Probado 18 se apoya en el peritaje geotécnico de INGEOTEC (enero de 2008), que explica la mecánica del evento por defectos propios de la ejecución material de la obra: rellenos de regular a mala calidad; muros de gaviones con factores de seguridad bajos; conducción pluvial y pozos de registro embebidos con fugas que elevaron presiones hidrostáticas; además de niveles freáticos y cargas en corona. Posteriormente, el Hecho Probado 20 (informe rendido por la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial número 71-F-08-CI, del 16 de febrero del 2008) corrobora ese hilo causal y añade las conexiones ilícitas como factor concurrente. En el mismo acervo probatorio, el informe D.T.O.M.M. 902, del 21 de noviembre del 2007, suscrito por el Ingeniero Iván Eduardo Arce Vargas, de la Municipalidad de Moravia; citado por el CFIA, folios 25707015 y 25707053, incorporado en el Informe OIJ 71-F-08-CI identifica soluciones de drenaje acordes con el riesgo; los asientos del CFIA evidencian áreas intervenidas sin inscripción o permiso; y constan actuaciones municipales (prevenciones, clausuras, comunicaciones a INS y AyA). De ese mismo extracto consta, con precisión, que la construcción del Condominio Natalia se inició sin permiso municipal; que el 22 de agosto del 2002 se levantó la boleta de prevención N° 4064 y que el 27 de agosto del 2002 se clausuraron las obras por los inspectores Marco Campos Quesada y Víctor Sánchez Ávalos; y que, posteriormente, el 5 de mayo del 2003 se tramitó el permiso municipal N° 12014 para 23 viviendas y obras de infraestructura. Todo ello acredita el ejercicio de policía urbanística en clave de control razonable, extremos que el a quo incorpora y coteja con la pericia geotécnica (cuerpo motivacional “de fondo”, donde se puntualiza que el origen causal radica en vicios no ostensibles y hechos de terceros, y que el control local es razonable, no destructivo). Desde ese marco, esta Cámara constata que no existe tal preterición: los ítems invocados por el casacionista (CNE-2001; D.T.O.M.M-902; CFIA; OIJ) fueron integrados y ponderados en su secuencia lógica. El alegato de “contradicción” entre los Hechos Probados 18 y 13 tampoco se verifica. El primero fija la etiología técnica del deslizamiento a partir de dictámenes geotécnicos; el segundo se limita a consignar condiciones y actuaciones en el plano administrativo. No media, por tanto, incompatibilidad lógica insalvable, sino referencias a planos distintos de análisis (mecánica de la falla frente a incidencias de tramitación). En la misma línea, la ausencia de desarrollo del reporte SUGEF —destinado a cuantificar daños patrimoniales— carece de aptitud para incidir en la determinación del hecho generador y en el eventual nexo causal municipal; su omisión expositiva no configura, por sí misma, preterición en los términos del artículo 138 inciso a) del CPCA. A mayor abundamiento, y conforme al principio de la sana crítica (art. 82.4 CPCA), la pericia geotécnica tal y como lo consideró el Tribunal ofrece mayor fuerza demostrativa y capacidad explicativa del fenómeno que las advertencias administrativas de carácter general, de suerte que fue razonable privilegiarla para fijar la causa eficiente del evento. Por lo anterior, esta Cámara no advierte la omisión probatoria que postula el casacionista, ya en el fondo, lo que busca es reabrir la instancia y retrotraer el proceso a etapas precluidas para imponer una nueva valoración del acervo probatorio, sustituyendo la ponderación realizada por el Tribunal para imponer su teoría del caso. Tal pretensión desborda la función de la casación, que no opera como tercera instancia. Sobre la indebida aplicación normativa. Fijado el hecho base, tampoco prospera el reproche de legalidad. El bloque normativo aplicable —policía municipal de construcción— impone deberes de tutela, prevención y fiscalización razonable en licencias y vigilancia, pero no convierte al municipio en garante técnico del diseño, selección de materiales, cimentación o ejecución de obra, responsabilidades que la Ley de Construcciones asigna al propietario y al profesional responsable. Con apoyo pericial idóneo, se asentó que el resultado dañoso obedeció a defectos constructivos no ostensibles y a conductas de terceros, lo que quiebra el nexo causal exigido por los arts. 190 y siguientes de la LGAP. Desde esa óptica, el fallo distingue con propiedad competencias públicas y responsabilidades técnicas privadas, y reconoce la causa extraña (hecho de un tercero) como ruptura del nexo causal. Además, delimita con claridad el ámbito del contrato de seguro —actuación de comercializadoras y alcance de cobertura— respecto del juicio de responsabilidad administrativa por el ejercicio de la policía edilicia, sin contradicción lógica. En cuanto al precedente 01703-F-S1-2021, su ratio descansó en una omisión municipal concreta y decisiva con daño estructural directo “vivienda perdida”. En esta litis, según los Hechos Probados 18 y 20, la causa eficiente radica en vicios no ostensibles de ejecución (calidad y compactación del relleno, configuración y cimentación de gaviones, comportamiento del sistema pluvial embebido) y en hechos de terceros (conexiones ilícitas), configurándose causa extraña que interrumpe el nexo causal; además, constan actuaciones municipales de control (prevenciones, clausuras, comunicaciones y exigencias técnicas). No se verifica inactividad específica y decisiva. Por ello, el precedente invocado no resulta vinculante y no desvirtúa lo resuelto. En consecuencia, esta Cámara no advierte preterición probatoria ni error de derecho en la selección o interpretación normativa. El fallo integró la prueba axial y motivó coherentemente el hecho base y la subsunción: el evento del 14 de noviembre del 2007 se explicó por defectos de ejecución material de la obra y conductas de terceros, y no por una omisión municipal específica y decisiva conforme a los arts. 190 y siguientes de la LGAP. En consecuencia, ambos agravios se desestiman. Sobre los motivos tercero y cuarto. Esta Cámara los conocerá de forma conjunta pues comparten objeto, prueba y marco normativo: el reclamo, cumplimiento de la póliza colectiva “Hogar Seguro 2000” frente al evento del 14 de noviembre del 2007, con apoyo en el mismo acervo documental (condiciones generales y particulares, cuadro de coberturas, certificaciones de beneficiario y actuaciones del expediente) y bajo idénticos estándares del contrato de seguro. No obstante, los agravios así planteados, carecen de fundamentación. Esta Cámara prohíja lo resuelto por el Tribunal por las razones que se dirán. En materia de seguros prevalecen los principios de tipicidad del riesgo, literalidad del contrato y pacta sunt servanda; por lo cual, no procede suplir exclusiones convenidas ni crear coberturas no pactadas, ni cabe entender que formularios, prácticas de venta o gestiones de intermediarios alteren la delimitación objetiva del riesgo. Tales actos de terceros no suprimen exclusiones ni crean amparos nuevos; únicamente tendrían relevancia si mediara una manifestación contractual del asegurador —endoso/adenda o revisión previa sin reservas— que asumiera el riesgo, supuestos que no se encuentran acreditados en el expediente. Así las cosas, se tiene: primero, objeto y beneficiario. La póliza ampara la finca individual del asegurado bajo coberturas predeterminadas y señala como beneficiario al acreedor hipotecario; en consecuencia, cualquier indemnización se aplicará con prelación a favor de ese beneficiario hasta el monto de su crédito, correspondiendo al asegurado únicamente el remanente. Las áreas comunes del condominio no integran el objeto asegurado salvo estipulación expresa o póliza común del condominio; por ello, no procede un reclamo directo del copropietario a cargo de esta póliza por daños en áreas comunes. Segundo, perímetro real de coberturas. Las cláusulas de la póliza distinguen riesgos y rubros: (i) la Cobertura C delimita inundación y deslizamiento como daño directo en la edificación individual; (ii) la Cobertura R ampara “gastos por alquiler” como cobertura autónoma; (iii) el menaje es indemnizable únicamente cuando exista cobertura expresa en condiciones particulares. En el cuadro de coberturas del señor Luis Diego Zeledón constan A, B, C y D; no obra contratación de R, de modo que cualquier pretensión por alquileres carece de soporte contractual. En el sub examine, no se acreditó Cobertura R ni amparo específico para menaje. En relación con el tercero, causalidad y activación del riesgo, respecto del señor Luis Diego Zeledón, el hecho base asentado por el a quo —con sustento en los Hechos Probados 18 y 20 y en la pericia geotécnica— fija que el mecanismo del evento responde a vicios no ostensibles de ejecución (calidad y compactación del relleno, configuración y cimentación de gaviones, comportamiento del sistema pluvial embebido) y a intervenciones de terceros (conexiones ilícitas), circunstancias no detectables mediante inspección ordinaria. En el plano contractual, las Condiciones Generales delimitan, para este caso: (i) Cobertura C circunscrita a daño directo en la edificación individual por deslizamiento; (ii) exclusión cuando la vivienda se ubica sobre o al pie de un talud a distancia inferior al doble de su altura; (iii) designación y prelación del beneficiario hipotecario; y (iv) no extensión del amparo a áreas comunes ni a bienes distintos del inmueble propio del asegurado. Desde esa base, el cuadro fáctico fijado no demuestra daño material directo en la unidad asegurada atribuible a un deslizamiento —condición sine qua non de la Cobertura C— y, además, consta en autos la infracción de la cláusula de proximidad a talud (distancia real inferior al doble de la altura), extremo verificado por perfiles topográficos e informes técnico-periciales (INGEOTEC y OIJ). Así las cosas, activar la cobertura en tales condiciones sería contrario a las propias condiciones del contrato. Al no configurarse riesgo amparable, la cláusula C no despliega sus efectos. En cuanto a los alquileres, su procedencia exige siniestro cubierto y contratación expresa (cláusula R); todo pago bajo este rubro requiere prueba idónea y la existencia de la cobertura específica, lo que no fue demostrado por el actor. Sobre la prueba testimonial —circunstancias de tramitación o consecuencias del evento—. Analizadas las declaraciones de los testigos, esta Sala reitera que tales manifestaciones no crean coberturas, ni suplen exclusiones o requisitos técnicos del contrato. Con todo, tales testimonios sí fueron considerados por el Tribunal y ponderados en su justo alcance: en particular, la declaración de Viviana Chacón Calderón se valoró para acreditar el daño moral; por su parte, la declaración del restante testigo se apreció en su dimensión meramente descriptiva y contextual, sin aptitud para acreditar daño directo en la unidad asegurada ni para desplazar las conclusiones técnico-periciales (INGEOTEC y OIJ) y los perfiles topográficos. Tampoco acreditan un nexo causal, ni un daño psicológico clínicamente diagnosticado, y en ningún caso sustituyen las exigencias técnicas del contrato ni desplazan la prueba pericial. En consecuencia, la prueba testimonial no altera el hecho base fijado, ni las cláusulas de exclusión y delimitación contractual; por ello, no se advierte preterición en la ponderación probatoria (art. 138, inc. a) CPCA). Cuarto, límites y exclusiones. El INS opuso la exclusión por proximidad a talud (hecho probado 21). Aun prescindiendo de ella, persisten obstáculos: áreas comunes fuera del objeto asegurado individual; alquileres sin Cobertura R; menaje no amparado por cobertura específica; y ausencia de daño directo por deslizamiento. No obstante, si la póliza hubiese condicionado la vigencia o extensión de la cobertura a una revisión técnica previa de la aseguradora o de la comercializadora y esta se hubiese practicado sin reservas —o convalidando expresamente el riesgo—, tal circunstancia podría incidir en el análisis de cobertura; sin embargo, en autos no se acreditó ninguna estipulación de ese tenor ni un acto expreso de asunción del riesgo por parte del INS. Quinto, sobre la alegada intervención de comercializadoras. Aun cuando se tuviesen por acreditados yerros en formularios o en la gestión del intermediario, ello no ensancha el perímetro del amparo ni habilita indemnizaciones por bienes o rubros no contratados. La eventual responsabilidad del intermediario, de existir, debe ventilarse por su cauce propio y no trasladar al asegurador obligaciones de cobertura distintas de las pactadas, salvo el escenario excepcional ya indicado de una revisión previa pactada y asunción sin reserva, lo cual, no resultó probado en autos. Ello se alinea con la estructura legal del contrato de seguro (partes, terceros relevantes, tipicidad del riesgo) y con la regla de que la determinación del alcance del amparo proviene del propio contrato y de las condiciones particulares, no de actos de un tercero ajeno a la asunción del riesgo. Por lo anterior, esta Cámara llega al convencimiento que: (a) las pretensiones del recurrente exceden el perímetro objetivo del contrato de seguro —objeto asegurado individual, beneficiario hipotecario y cobertura limitada a daño directo—; (b) la Cobertura C no se activa por ausencia de daño directo en la edificación asegurada y por la operatividad de la exclusión por talud; y (c) la Cobertura R no procede por falta de contratación y, en todo caso, por su carácter accesorio respecto de un siniestro base cubierto. En consecuencia, al no configurarse la preterición probatoria, ni acreditarse el nexo causal exigido por el régimen de responsabilidad, y ante la inexistencia de cobertura contractual para áreas comunes, menaje o alquileres en los términos pretendidos, los motivos devienen infundados y corresponde desestimarlos.

Recurso del Instituto Nacional de Seguros.

Casación por razones de fondo.

De naturaleza sustantiva se presentan dos agravios. En el primero acusa violación de normas sustantivas en materia de seguro. Sostiene, el Tribunal aplica indebidamente la Cobertura C (deslizamiento) y desconoce el marco legal y contractual que excluye siniestros originados en vicios ocultos o defectos de construcción y en actuaciones de terceros. Afirma, conforme al Hecho Probado 18 (peritaje INGEOTEC), el evento se explica por rellenos de regular a mala calidad, gaviones con factores de seguridad bajos, fugas y roturas en la conducción pluvial embebida en el relleno, con intervención de conexiones ilícitas; esto describe un proceso gradual y previsible atribuible a la ejecución de obra y a terceros, no un hecho súbito de la naturaleza cubierto por la póliza. Invoca, el artículo 7 de la Ley de Seguros (vigente al hecho), los artículos 8, 31, 40 y 69 de la LRCS (riesgo asegurable, deber de declarar el riesgo, vicio propio) y las Condiciones Generales: Ámbito de Cobertura (Sección II) y exclusiones (cláusulas 16 y 19, entre otras), además de la limitación por proximidad a talud. Añade, la omisión de consignar la cercanía al talud en formularios de riesgo no traslada responsabilidad al INS ni convierte en asegurable un daño excluido. Solicita, casar y rechazar las pretensiones contra el INS por inexistencia de riesgo cubierto. En el segundo motivo, acusa violación de normas sustantivas por rechazo de la excepción de falta de legitimación. Alega, el señor Roby Molina Ortiz, carece de legitimación activa para exigir la ejecución de la póliza: el tomador del seguro es BAC San José (póliza colectiva) y el inmueble estaba en fideicomiso a nombre del fiduciario CREDIBANJO S.A.; por diseño contractual, el beneficiario es el acreedor hipotecario. Con apoyo en el artículo 5 de la LRCS (partes y terceros relevantes del contrato) y el artículo 1022 del Código Civil (fuerza de ley del contrato), sostiene que solo el tomador, la persona asegurada o el beneficiario pueden accionar por cumplimiento; el hecho de que el señor Molina sea codeudor del crédito no le confiere legitimación suficiente para exigir prestaciones del seguro. Solicita, casar la sentencia y acoger la excepción de falta de legitimación. Respecto a los cargos reprochados, el Tribunal Contencioso-Administrativo en lo medular resolvió: a partir del Considerando IV —marco procesal, objeto y prueba— se delimitó el marco procesal de la litis, se verificó la competencia y legitimaciones, y se precisó el objeto controvertido en dos frentes: (i) la eventual responsabilidad de la Municipalidad de Moravia por el evento ocurrido el 14 de noviembre del 2007; y (ii) el cumplimiento del contrato de seguro bajo la póliza colectiva “Hogar Seguro 2000” frente a ese mismo suceso. Ordenó el acervo probatorio relevante, incorporó los Hechos Probados pertinentes y tuvo por agregadas las condiciones generales y particulares de las pólizas, el cuadro de coberturas, certificaciones de beneficiarios y constancias sobre la estructura del seguro colectivo (tomador bancario, pólizas hijas y prelación del acreedor). Asimismo, identificó piezas administrativas y técnicas (v.gr., advertencias de CNE y Ministerio de Salud, informe D.T.O.M.M-902, asientos del CFIA) y anunció que su valoración se haría conforme a la sana crítica. En el Considerando V — fijación de los hechos probados y análisis de fondo— a partir de la pericia técnico-geotécnica, en particular, el peritaje de INGEOTEC (Hecho Probado 18) y el informe del Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Investigaciones Criminales, Sección de Fraudes, número 71-F-08-CI del 26 de febrero del 2008, visible en las imágenes 1066 del expediente judicial (Hecho Probado 20), el Tribunal tuvo por causa eficiente del evento una concausa de defectos propios de la ejecución material de la obra y hechos de terceros: rellenos de regular a mala calidad con espesores variables; muros de gaviones con factores de seguridad bajos y cimentación deficiente; fugas y roturas en la conducción y pozos de registro pluviales embebidos en el relleno que elevaron presiones hidrostáticas; niveles freáticos; cargas en corona por la proximidad de edificaciones; y conexiones ilícitas provenientes de viviendas en cota superior. Destacó que se trataba de vicios no ostensibles, no detectables mediante inspección ordinaria sin destrucción de obra. En ese marco, respecto de la Municipalidad de Moravia, el Tribunal descartó que el resultado obedeciera a una omisión municipal específica y decisiva. Reconoció actuaciones de control urbanístico (prevenciones, clausuras, comunicaciones a INS y AyA, exigencia de estudios) y, sin desconocer las advertencias y faltantes administrativos (CNE, Salud, D.T.O.M.M-902, CFIA), subrayó que la policía municipal de construcción se ejerce con razonabilidad y no convierte al municipio en garante técnico de diseño, selección de materiales, cimentación o ejecución —deberes que el ordenamiento asigna al propietario y al profesional responsable—. En consecuencia, no acreditó una inactividad edilicia concretamente vinculante del siniestro y desestimó las pretensiones resarcitorias contra el ente local. En cuanto al caso individual de la actora Fallas Quesada, puntualizó —con apoyo en el informe pericial del INS— que no se probó daño estructural directo en su vivienda, extremo relevante para el nexo causal y para la procedencia de la reposición pretendida. Acto continuo, el Tribunal examinó el contrato de seguro “Hogar Seguro 2000”, identificó la Cobertura C (inundación y deslizamiento) como amparo invocado, enfatizó que el objeto asegurado era la edificación individual del asegurado y que el beneficiario principal era el acreedor hipotecario/fiduciario con la prelación correspondiente. Señaló la limitación por proximidad a talud prevista en las condiciones generales y advirtió que, de aplicarse estrictamente, las propiedades no debieron contar con la cobertura por deslizamiento. No obstante, constató que la comercialización del producto se realizó a través de empresas comercializadoras autorizadas por el INS, que omitieron consignar información relevante (v.gr., existencia del talud) y generaron una expectativa seria y fundada de cobertura en los prestatarios. Bajo ese panorama, y acontecido un deslizamiento en los términos contractuales, el Tribunal concluyó que el INS se encontraba contractualmente compelido a aplicar la Cobertura C dentro de sus límites y respetando la prelación del beneficiario, sin trasladar a los asegurados los yerros imputables al intermediario. Al propio tiempo, delimitó exclusiones y coberturas no acreditadas: los gastos por alquiler correspondían a la Cobertura R —autónoma— que no se probó contratada; el menaje y demás daños consecuenciales solo procedían con amparos específicos y límites expresos no verificados; y las áreas comunes de condominio quedaban fuera del objeto asegurado individual. Respecto de la falta de legitimación planteada por el INS —en relación con Roby Molina Ortiz— el Tribunal la rechazó, por tener al actor la condición de codeudor del crédito y, por ende, un interés directo y actual en la suerte del seguro, sin perjuicio de la titularidad registral en fideicomiso y del rol del tomador bancario. En cuanto a la prueba testimonial, la valoró en su justo alcance, sin que fuera idónea para expandir el perímetro de las coberturas ni para crear amparos inexistentes en el clausulado. El Considerando VI —Sobre las defensas interpuestas—, el Tribunal conoció por secciones, las defensas previas y de fondo que fueron opuestas, precisando su encauzamiento metodológico y resolviendo cada una en concreto. A) Municipalidad de Moravia. Los alegatos de la Corporación local —inexistencia de nexo causal, concurrencia de hechos de terceros, vicios no ostensibles de la obra y regular ejercicio del poder de policía— fueron tratadas como cuestiones de mérito y no como excepciones autónomas. El Tribunal señaló que tales planteamientos inciden en la fijación de los hechos probados y en la imputación jurídica; por ello, los examinó en los considerandos de carácter técnico y sustantivo del fallo. A partir de la prueba pericial geotécnica y de las pruebas incorporadas al proceso, concluyó que no se acreditó una omisión municipal específica y decisiva causalmente adecuada al resultado dañoso, de manera que las pretensiones dirigidas contra el gobierno local se rechazaron por ausencia de nexo causal. No acogió ninguna defensa procesal independiente a favor de la Municipalidad; su tesis se resolvió en el fondo con el estándar de sana crítica y causalidad adecuada. B) En relación con el Instituto Nacional de Seguros (INS): Sobre la falta de legitimación activa (caso Roby Molina Ortiz), el INS la opuso con fundamento en que la finca estaba incorporada a un fideicomiso de garantía a nombre del fiduciario, que el tomador de la póliza colectiva era el BAC San José y que la persona beneficiaria preferente era el acreedor hipotecario. El Tribunal rechazó la defensa; tuvo por acreditado que el actor era codeudor del crédito y que su pretensión se anclaba en una relación jurídica derivada del contrato de seguro, por lo que ostentaba interés directo y actual en la declaración y ejecución pretendidas, sin perjuicio del orden de prelación del beneficiario hipotecario al momento de liquidar eventuales indemnizaciones. Sobre la falta de interés actual. El INS sostuvo que, dadas las particularidades patrimoniales del inmueble y de la relación crediticia, el actor carecía de interés. El Tribunal desestimó ese planteamiento al considerar que subsistía un interés jurídico tutelable vinculado al amparo reclamado y a sus efectos económicos, de modo que el conocimiento de fondo resultaba procedente. Exclusiones contractuales (proximidad a talud y vicios/defectos de construcción). El INS invocó las Condiciones Generales de “Hogar Seguro 2000” relativas a: i) limitación por talud (propiedades situadas sobre, o al pie de talud, a distancia inferior a la prevista), y, ii) exclusión por errores de diseño o defectos constructivos y asentamientos, así como el régimen legal de vicio propio. El Tribunal no acogió estas defensas como óbice procesal, sino que las abordó en el plano sustantivo, dentro del régimen contractual del seguro. Reconoció que, según los formularios y clausulados, los inmuebles no debieron contar con cobertura de deslizamiento por la limitación de talud; sin embargo, ponderó la intervención de comercializadoras autorizadas por el propio INS, la consignación incompleta/omisiva de la información de riesgo y la expectativa legítima generada a los asegurados, para concluir que el incumplimiento en la gestión del riesgo por parte de los intermediarios no podía trasladarse al asegurado. Bajo ese razonamiento, desestimó la defensa de exclusión como barrera absoluta, reservando sus efectos al plano de prelación y liquidación conforme al contrato. Sobre el alcance objetivo de las coberturas y rubros reclamados: el INS alegó que alquileres y ciertos bienes (v. gr., menaje) no estaban amparados por carecer de la cobertura específica o por no formar parte del objeto asegurado individual frente a áreas comunes. El Tribunal delimitó que la Cobertura C se refiere a daño directo a la edificación asegurada por deslizamiento, que los alquileres se gobiernan por cláusula autónoma distinta (Cobertura R) y que el pago se sujeta al texto de póliza y cuadro de coberturas. Con esa base, circunscribió los efectos del eventual amparo a los límites y condiciones pactados, sin extenderlos a rubros no contratados. Efectos de la participación de intermediarios: Frente al argumento del INS de que cualquier yerro era atribuible al asegurado o tomador, el Tribunal destacó que las comercializadoras actuaban como agentes autorizados del INS, por lo que los déficits en la captación/traslado de la información de riesgo no podían menoscabar los derechos del asegurado de buena fe. De ahí que desestimó que la sola omisión en formularios habilitara al INS para declinar la cobertura comprometida. Por consiguiente, el Tribunal rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y falta de interés actual opuestas por el INS, encauzó las defensas de exclusiones y alcance de coberturas al análisis de fondo y resolvió que cualquier amparo se regía estrictamente por el objeto asegurado, límites y prelación del contrato, sin extender riesgos ni rubros más allá de lo pactado. Para la Municipalidad, no prosperó defensa procesal y su posición se resolvió en la denegatoria de responsabilidad por ausencia de nexo causal adecuado. Sobre el primer motivo planteado, a partir del cuadro fáctico asentado en la sentencia —esto es, que el evento del 14 de noviembre del 2007 se explica por vicios no ostensibles de ejecución (calidad y compactación del relleno, configuración y cimentación de gaviones, comportamiento del sistema pluvial embebido) y por intervenciones de terceros—, corresponde a esta Sala verificar la adecuación de la subsunción jurídica realizada respecto del régimen contractual del seguro invocado por los actores y, correlativamente, determinar si el a quo aplicó indebidamente la Cobertura C (deslizamiento) u omitió considerar el bloque de exclusiones y delimitaciones contractuales pertinentes. Antes de entrar al fondo, conviene fijar el marco hermenéutico propio: en el contrato de seguro rige la delimitación objetiva del riesgo; cuando la cláusula es clara, su alcance no puede extenderse más allá de su tenor literal; y el principio de fuerza obligatoria de los contratos impone respetar la arquitectura del producto: las coberturas especiales —v. gr., ‘R. Gastos por alquiler’— requieren contratación expresa, y las exclusiones válidamente pactadas despliegan eficacia normativa. Así, el contrato colectivo “Hogar Seguro 2000” definió la Cobertura C (inundación y deslizamiento) como el amparo de “los daños derivados del deslizamiento de masa de tierra, roca u otra materia de que están formados los predios adyacentes o sobre los cuales están asentados los edificios o instalaciones del asegurado”; esta cobertura convive con otras coberturas autónomas cuya operatividad exige contratación expresa y cuyos efectos se rigen por las condiciones particulares. Aunado a lo anterior, las Condiciones Generales precisan —en el acápite de “Coberturas de Inundación y Deslizamiento”— que cuando la vivienda se ubica sobre o al pie de un talud a una distancia de su borde inmediato menor al doble de la altura de ese talud, el riesgo de deslizamiento queda fuera del ámbito asegurado, y que, si el talud forma parte del cauce de un río, lago u otro depósito natural, la distancia nunca puede ser inferior a veinte metros. A la luz de la prueba técnico-pericial incorporada —en particular, los perfiles topográficos elaborados por el Ing. Julio Delgado, el informe pericial geotécnico de INGEOTEC S.A. (enero de 2008), relativo al deslizamiento en Condominio Natalia y Urbanización La Fabiola, y el informe N.° 71-F-08-CI de 16 de febrero de 2008 de la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ— se acreditó que la altura del talud en los cuatro perfiles osciló entre 21,60 m y 24,91 m; por tanto, el retiro mínimo exigible equivalía, como umbral inferior, a 43,20 m (doble de 21,60 m). Consta, además, que las viviendas para las que se presentaron reclamos se emplazaron a menor distancia de la exigida (esto es, a menos de 43,20 m desde la corona o el pie del talud). Esta regla geométrica no es un detalle accesorio, sino una conditio sine qua non del aseguramiento: aun verificándose un “deslizamiento” en sentido material, el siniestro deviene jurídicamente no amparable cuando la distancia real está por debajo del umbral contractual. Esta limitación opera como elemento objetivo de delimitación del riesgo, no depende de la voluntad ni de la participación del asegurado en el diseño o emplazamiento del inmueble; su desconocimiento no transforma un riesgo excluido en amparable. Sobre el objeto asegurado, la póliza delimita el “predio residencial” y la residencia/filial individual como objeto del seguro, con prevalencia de las condiciones particulares sobre las generales; el amparo recae sobre la unidad asegurada y no —por extensión automática— sobre áreas comunes de condominio. A su vez, la constancia de beneficiario/acreedor hipotecario determina la prelación de un eventual pago, sin alterar el perímetro del riesgo cubierto. En materia de exclusiones, el contrato no ampara pérdidas cuya causa adecuada sean errores de diseño o defectos constructivos (vicios de la obra), aun cuando la causa inmediata aparente ser un riesgo cubierto; además, excluye expresamente el hundimiento por inadecuada compactación, las fallas en muros de contención y el deslizamiento de rellenos en laderas. De igual modo, las pérdidas consecuenciales —como gastos por alquiler— requieren cobertura específica; en condiciones particulares de pólizas individuales consta la leyenda “Esta póliza no opera con pérdida consecuencial”, lo que refuerza la exigencia de contratación expresa para rubros accesorios. Confrontado el conjunto de condiciones contractuales con la plataforma pericial asentada por el a quo, esta Sala fija su ratio: primero, el resultado dañino se conectó —por causalidad adecuada— a vicios no ostensibles de construcción y a hechos de terceros, no a una fuerza natural aleatoria, lo que desplaza la aplicabilidad de la Cobertura C tal como fue concebida en el contrato; segundo, la proximidad al talud opera como limitación objetiva de delimitación del riesgo que, en el caso, se verificó por debajo del umbral mínimo de 43,20 m; tercero, los rubros por pérdida consecuencial carecen de sustento contractual si no existe contratación expresa de la cobertura especial y, además, si no media un siniestro amparable que haga procedente su reconocimiento. En cuanto a la carga probatoria, incumbía a la parte actora demostrar el daño directo en la unidad asegurada por un siniestro cubierto; ello no acontece cuando concurren simultáneamente (i) causalidad técnico-constructiva y de terceros y (ii) proximidad excluyente al talud. Respecto de los alquileres, la propia póliza supedita su reconocimiento a la contratación de la Cobertura R y a la acreditación documental del gasto; en el expediente, cuando no se probó la existencia de Cobertura R, tal renglón fue rechazado, lo que confirma la operatividad literal del producto. (iii) La pérdida de funcionalidad o de acceso (v.gr., desaparición de la calle interna) constituye daño consecuencial relativo a bienes comunes y, por ende, no es amparable bajo la póliza “Hogar Seguro 2000”. Sobre la intervención de comercializadoras e intermediarios. Ahora bien, en un antecedente reciente, esta Sala declaró la responsabilidad del INS por la desprotección derivada de la omisión del agente en gestionar el traspaso o renovación de la póliza, imputándole las consecuencias con derecho de regreso frente al intermediario, a la luz de la normativa de intermediación (relación comisionista y actuación “por cuenta y a nombre” del Instituto). Ese pronunciamiento se circunscribió al supuesto específico de pérdida de cobertura por no renovación; sin abordar, la extensión de pólizas vigentes más allá de su tenor literal ni la neutralización de exclusiones técnicas (voto n.° 000232-F-S1-2017, de las diez horas cinco minutos del nueve de marzo de dos mil diecisiete — https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-711108—). En el sub lite, tal antecedente no resulta trasladable porque: (i) aquí el debate versa sobre la activación de coberturas conforme a su propio clausulado (Cobertura C para daño directo en la unidad; Cobertura R para alquileres; exclusión por proximidad a talud; no extensión a áreas comunes y ausencia de cobertura específica para menaje); (ii) no consta acto propio del INS que modifique la delimitación objetiva del riesgo (endoso/adenda, revisión técnica previa pactada y practicada sin reservas o asunción expresa del riesgo); (iii) los eventuales yerros del intermediario constituyen una responsabilidad a ventilar por su cauce propio, que no ensancha el amparo ni neutraliza exclusiones del contrato; y (iv) aun tratándose de un contrato de máxima buena fe, dicho principio no es absoluto, ni desplaza la literalidad de la póliza: el alcance del amparo lo fijan sus condiciones generales, particulares y especiales, y toda modificación requiere constar por escrito mediante endoso o adenda (arts. 10 y 18, LRCS). La sola emisión de la póliza y la percepción de primas no comportan renuncia tácita a exclusiones ni convalidan riesgos objetivamente excluidos. De aceptarse lo contrario, se convertiría en asegurable un riesgo estructural expresamente excluido, en tensión con la tipicidad del riesgo y la mutualidad técnica del seguro. Por consiguiente, el razonamiento del Tribunal que traslada al INS la responsabilidad por omisiones de comercializadoras o intermediarios carece de sustento para expandir la cobertura o desactivar exclusiones. Primero, la delimitación del riesgo y las exclusiones son elementos objetivos del contrato y no se alteran por formularios incompletos, prácticas de venta o expectativas subjetivas, salvo endoso o adenda emitidos por el asegurador. Segundo, el deber de declarar el riesgo recae primariamente en el tomador (art. 31 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros), sin que ello permita convertir una omisión en la suscripción en título para derogar ex post una exclusión objetiva como la proximidad al talud. La exigencia del artículo 31 LRCS no invierte la carga probatoria ni autoriza presumir falta de información técnica; en este expediente no se acreditó incumplimiento del deber de información por parte del asegurador ni acto propio que suprimiera la exclusión por talud. Tercero, aun si se configurara falta de diligencia del intermediario, su eventual responsabilidad propia —contractual o extracontractual— se ventila por su cauce específico y no crea cobertura ex nihilo, ni suple requisitos del contrato de seguro, ni desplaza la regla geométrica pactada. Con todo, el análisis únicamente podría variar si el propio contrato pactó una revisión técnica previa a cargo de la aseguradora o de la comercializadora y ésta se practicó sin reservas —o si medió asunción expresa del riesgo por parte del INS—; esto es, si la revisión constó documentalmente, recayó sobre el riesgo específico (proximidad al talud, calidad de rellenos, muros de contención y drenajes) y fue ejecutada sin salvedades, o si existió endoso/adenda o comunicación inequívoca que suprimiera la exclusión o asumiera expresamente el riesgo. En tales escenarios podría discutirse un efecto de vinculación por actos propios (estoppel) respecto del alcance del amparo; sin embargo, incumbía a la parte actora probar esos extremos y en autos no obran cláusulas, endosos, inspecciones sin reserva, ni comunicaciones que los acrediten. Antes bien, la inspección del riesgo corresponde —por normativa— a la comercializadora, sin que ello imponga al INS un deber legal/contractual de estudios previos ni suponga aceptación sin reservas del riesgo; y precisa que la eventual responsabilidad del intermediario no ensancha la cobertura ni desactiva exclusiones claras. Además, de la causa petendi no se desprende que se haya solicitado tener por demandada a la comercializadora, tampoco se articularon pretensiones en su contra, de modo que cualquier eventual responsabilidad de ésta no puede trasladarse por defecto al INS. En el caso particular de cada actor: i) Marco Aurelio Mora Dittel: el Tribunal ordenó conceder la Cobertura C respecto del evento del 14 de noviembre del 2007. No obstante, la Cobertura C ampara exclusivamente daño directo en la edificación individual y resultan operativas las exclusiones por compactación, contención y rellenos, así como la limitación por proximidad a talud; las áreas comunes no integran el objeto asegurado individual y cualquier pago, de proceder, se someterá a la prelación del beneficiario hipotecario. ii) Luis Diego Zeledón Valverde: el Tribunal declaró parcialmente con lugar; reconoció la Cobertura C y el daño moral subjetivo; rechazó los alquileres por falta de Cobertura R y el menaje por carecer de cobertura específica. Conforme al clausulado y a la prueba técnico-pericial, concurre la exclusión por proximidad a talud y la causalidad técnico-constructiva y de terceros, de modo que no se configura siniestro amparable. iii) Wagner García Méndez: el Tribunal acogió Cobertura C a favor de la finca 530847-000. Su operatividad queda subordinada a las exclusiones por compactación, contención y rellenos y a la limitación por proximidad a talud; además, las áreas comunes no integran el objeto asegurado individual. iv) Roby Molina Ortiz: el Tribunal declaró parcialmente con lugar y ordenó Cobertura C. Rigen las mismas premisas de delimitación del objeto y de la Cobertura C, exclusiones técnicas, restricción por proximidad a talud y prelación del beneficiario/acreedor en pólizas de crédito-vivienda. v) Sheila Fallas Quesada: el Tribunal declaró sin lugar la acción frente al INS por prescripción. En tal tesitura, esta Sala arriba a la siguiente conclusión: no existe siniestro amparable bajo Cobertura C por concurrir la exclusión expresa de proximidad al talud —distancias reales inferiores al doble de la altura del talud, esto es, por debajo de 43,20 m como umbral mínimo constatado— y por la causalidad técnico-constructiva y de terceros que rompe el nexo asegurador; en cuanto a los alquileres devienen improcedentes por falta de Cobertura R y por ausencia de siniestro cubierto; el menaje carece de amparo específico; las áreas comunes quedan fuera del objeto asegurado. Por conexidad y accesoriedad, al no existir obligación de cobertura, ni ilícito contractual imputable al INS, resulta improcedente la condenatoria por daño moral. En consecuencia, se acogerá el motivo planteado y procederá casar la sentencia impugnada en los extremos de condena contra el INS derivados del contrato de seguro, con los efectos que se dirán. Voto salvado del magistrado Zamora Campos. Con el respeto debido, el suscrito magistrado discrepa de las razones expuestas en el fallo de examen, solo en cuanto acoge el recurso del INS, por las siguientes razones. En lo medular, es claro que el Tribunal señaló la limitación por proximidad a talud prevista en las condiciones generales y advirtió que, de aplicarse estrictamente, las propiedades no debieron ser aseguradas. Asimismo, que la comercialización del producto se realizó a través de empresas comercializadoras autorizadas por el INS, que omitieron consignar información relevante (v.gr., existencia del talud), generándose en el consumidor una expectativa seria y fundada de cobertura. Bajo ese panorama, y acontecido un deslizamiento en los terrenos en cuestión, el Tribunal concluyó que el INS se encontraba contractualmente compelido a aplicar la Cobertura C dentro de sus límites y respetando la prelación del beneficiario, sin trasladar a los asegurados los yerros imputables al intermediario. Desde esa perspectiva, para los juzgadores, la razón de ser del fallo se centra en la expectativa legítima generada a los asegurados al emitirse la póliza de examen, concluyendo que ésta fue ofrecida como una póliza con cobertura suficiente para sus intereses inmobiliarios, concluyendo en consecuencia que el incumplimiento en la gestión del riesgo por parte de los intermediarios no podía serles trasladado. Para el Tribunal, las comercializadoras actuaron como agentes autorizados por el INS, por lo que los déficits en la captación/traslado de la información de riesgo no podían menoscabar los derechos de un asegurado de buena fe. De ahí que desestimara que la construcción cerca del talud, o la sola omisión informativa en formularios habilitara al INS para declinar la cobertura comprometida. Con ese razonamiento, desestimó la defensa de exclusión. El suscrito acuerpa esa postura, conforme la siguiente argumentación. Esta Sala, en anteriores ocasiones, ha tenido la oportunidad de analizar los contornos del seguro, calificándolo como un contrato de la máxima buena fe. (Al respecto se puede consultar, entre otros, el voto No. 2408 de las 11 horas 30 minutos del 8 de octubre de 2020). En el caso concreto, los asegurados contrataron seguros de incendios y protección contra otros siniestros, como contratos accesorios a contratos de préstamo o fideicomiso, dirigidos a la obtención de un inmueble para uso como casa de habitación, sin que presumiblemente tuvieran injerencia alguna en la preparación o características de los terrenos, en la determinación de los tipos de suelo, ni menos aún, en la construcción de las edificaciones objeto de los contratos en mención. Además, las coberturas y exclusiones incorporadas en dichos contratos eran del resorte exclusivo del predisponente (asegurador), quien las establece sin que puedan ser negociadas o acordadas por el asegurado, por lo que, sin duda, son disposiciones propias de contratos de adhesión. Lo anterior impide que las partes negocien o discutan su contenido, limitándose a aceptarlos con su firma. Ahora bien, en los casos objeto de esta litis, no obvia el suscrito que, a la luz de la prueba técnico-pericial incorporada al proceso -en particular, los perfiles topográficos elaborados por el Ing. Julio Delgado; el informe pericial geotécnico de INGEOTEC S.A. (enero de 2008), relativo al deslizamiento ocurrido en el Condominio Natalia y la Urbanización La Fabiola; así como el informe n.° 71-F-08-CI, de 16 de febrero de 2008, emitido por la Sección de Fraudes del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ- quedó acreditado que la altura del talud, conforme a los cuatro perfiles analizados, oscilaba entre 21,60m y 24,91m. En consecuencia, el retiro mínimo exigible debía fijarse, como umbral inferior, en 43,20m, equivalente al doble de la menor de dichas alturas. Sin embargo, tales circunstancias no pueden imputarse a los asegurados como causales de exclusión de cobertura, pues no fueron ellos quienes ejecutaron el proyecto constructivo ni quienes definieron las condiciones topográficas, geotécnicas o de emplazamiento de las edificaciones. Tampoco puede atribuírseles responsabilidad por el hecho de que las viviendas objeto de los reclamos se encontraran a una distancia inferior a la exigida -esto es, a menos de 43,20 m desde la corona o el pie del talud-, en tanto no se ha alegado ni demostrado que los reclamantes hubieran tenido injerencia alguna en la determinación de dichos emplazamientos. Aun y cuando se admitiera que la altura y distancia del talud, o eventuales deficiencias en las labores de ingeniería y preparación de los suelos o de las infraestructuras constructivas, constituyeran condiciones sine qua non de asegurabilidad, lo jurídicamente relevante es que, pese a la existencia de tales condiciones geológicas e ingenieriles, el siniestro resulta amparable. Ello obedece a que el seguro fue ofrecido a los actores por una empresa comercializadora que ejecutó el desarrollo inmobiliario y que, debido a dicha condición, conocía o debía conocer las características del terreno y las condiciones constructivas del proyecto, sin que conste prueba de que tales exclusiones hubieran sido advertidas, explicadas o individualizadas de manera clara, previa y expresa a los asegurados. Desde esta perspectiva, la conducta de los asegurados se encuentra amparada por el principio de buena fe y por la confianza legítima generada tanto por la comercializadora como por la propia aseguradora. Esta última, no solo emitió la póliza correspondiente, sino que además percibió las primas respectivas, asumiendo el riesgo asegurado, a pesar de que las condiciones geológicas y constructivas lo impedían. En tales circunstancias, pretender trasladar al asegurado las consecuencias de condiciones técnicas y constructivas que le eran ajenas, y que fueron conocidas o debieron ser conocidas por quienes intervinieron profesionalmente en la estructuración y comercialización del seguro, resultaría contrario a los postulados de la buena fe contractual y a la protección de la legítima confianza del asegurado. Sobre la intervención de comercializadoras e intermediarios, en un antecedente reciente, esta Sala declaró la responsabilidad del INS por conductas imputables a la comercializadora, trasladándole el derecho de regreso frente al intermediario, a la luz de la normativa de intermediación (relación comisionista y actuación “por cuenta y a nombre” del Instituto). (Voto No. 232 de las 10 horas 5 minutos del 9 de marzo de 2017). Con dicho fundamento y a la luz de los hechos descritos, coincide el suscrito con el razonamiento del A quo en tanto trasladó al INS en el caso específico de la cobertura C, la responsabilidad por omisiones de la comercializadora o intermediaria. Como la delimitación del riesgo y las exclusiones son elementos objetivos del contrato, deben ser claramente informados a las partes, por lo que el daño consecuencial, no puede ser asumido en exclusiva por un asegurado que además de no ser el predisponente, carece de relación con la escogencia del predio, la compactación del terreno, la elaboración de cortes, así como la estimación de la distancia y altura del talud. De ese modo, no pueden considerarse como aceptadas e inmutables las exclusiones contractuales de examen, sin que se acredite la debida diligencia del INS o de sus comercializadoras a fin de obtener un efectivo conocimiento de las exclusiones contractuales por parte del asegurado. Tampoco puede afirmarse que, en el caso concreto, el deber de declarar el riesgo recaiga primariamente en el tomador (artículo 31 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros), sin que se haya acreditado que contaba con la información que le permitiera realizarlo. En síntesis, no existen elementos probatorios en el caso de examen que permitan concluir que los asegurados contaran con información técnica, constructiva o de ingeniería del proyecto y que, pese a ello, hubieran pretendido beneficiarse mediante la suscripción de una póliza de seguros que contemplara exclusiones claras relativas a tales condiciones, como la proximidad o la altura del talud. Tampoco se advierten indicios ni prueba alguna de que el INS hubiera dispuesto la realización de una inspección técnica previa, ya sea directamente o por medio de la empresa comercializadora. De ese modo, si esta no se practicó en tiempo, el otorgamiento de la póliza opera como una circunstancia que responsabiliza exclusivamente al INS a través de la conducta de sus comercializadoras, responsabilidad que no puede ser extendida al asegurado signatario de un simple formulario parte de un contrato de adhesión. Visto además que la inspección del riesgo corresponde -por normativa-, a la comercializadora, su ausencia no puede nunca implicar una exoneración de responsabilidad para el INS. De lo analizado, con el respeto debido, el suscrito magistrado concluye, dichas consideraciones llevan el Tribunal al determinar que existe un siniestro amparable bajo la Cobertura C, por lo que los cargos del recurso del INS deben rechazarse. En consecuencia, con respeto absoluto de la tesis de la mayoría, el suscrito deniega los motivos planteados por el INS, con las costas a su cargo. En mérito de lo expuesto, se declararán sin lugar los recursos de casación interpuestos por Sheila Fallas Quesada y Luis Diego Zeledón Valverde y, por mayoría, se declarará con lugar el interpuesto por el Instituto Nacional de Seguros. Corolario, en lo expresamente impugnado se casará parcialmente la sentencia recurrida, por indebida aplicación de normas sustantivas, en lo relativo a los extremos condenatorios contra el Instituto Nacional de Seguros derivados del contrato de seguro. En su lugar, fallando por el fondo, se declarará sin lugar las pretensiones indemnizatorias deducidas por los actores contra el INS por inexistencia de riesgo cubierto —siniestro no amparable conforme a la Cobertura C y a las exclusiones aplicables— y por ausencia de coberturas contratadas para los rubros reclamados, incluido, por conexidad y accesoriedad, el daño moral. En lo demás, la sentencia se mantendrá incólume. Conforme a lo señalado por el artículo 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, deberá imponerse a los casacionistas Sheila Fallas Quesada y Luis Diego Zeledón Valverde, el pago de las costas generadas con el ejercicio de esta instancia. Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento del segundo agravio formulado por el INS.

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos presentados por Sheila Fallas Quesada y Luis Diego Zeledón Valverde; se condena a ambos al pago de las costas procesales causadas. Por mayoría, se declara con lugar el recurso de casación formulado por el Instituto Nacional de Seguros. Se casa parcialmente la sentencia. Fallando por el fondo, se declaran sin lugar las pretensiones indemnizatorias planteadas por Marco Aurelio Mora Dittel, Luis Diego Zeledón Valverde, Wagner García Méndez y Roby Molina Ortiz contra el Instituto Nacional de Seguros, por inexistencia de riesgo cubierto y por ausencia de coberturas contratadas para los rubros reclamados, incluido, por conexidad y accesoriedad, el daño moral. En lo demás, la sentencia se mantiene incólume. El Magistrado Zamora Campos, salva el voto. CBE  LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A  CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A  DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A  IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A  JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A 1

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