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Res. 00028-2026 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 15/01/2026
OutcomeResultado
Claimant's appeal dismissed; State's and Municipality's appeals granted; judgment cassated to annul subjective moral damages and expert fees in enforcement, and adjust personal enforcement costs to the legal minimum.Se rechaza el recurso de la actora y se acogen los del Estado y la Municipalidad, casando el fallo para dejar sin efecto el daño moral subjetivo y las costas del peritaje de la ejecución, y readecuar las costas personales de ejecución al mínimo legal.
SummaryResumen
The First Chamber hears cassation appeals in the enforcement of a constitutional amparo ruling. The Constitutional Chamber had held the State and the Municipality of Desamparados liable for failing to coordinate a solution to contamination from rainwater and sewage flowing onto the claimant's property. In enforcement, the claimant sought material and moral damages. The trial court awarded subjective moral damages of 5 million colones, costs of the amparo and enforcement, but denied material damages. All parties appealed. The First Chamber partially upholds the appeals: dismisses the claimant's appeal for lack of clarity and failure to adequately challenge the denial of material damages. It grants the State's and Municipality's appeals, revoking the moral damages award because the claimant had based it on physical injury and frustrated business opportunities—facts she did not prove—whereas the trial judge granted them based on administrative delay, a ground not pleaded, violating the principle of congruence. It also annuls the expert fees as useless and adjusts the enforcement costs to the legal minimum given the limited economic success.La Sala Primera conoce en casación de un proceso de ejecución de sentencia constitucional derivada de un recurso de amparo. La Sala Constitucional había condenado al Estado y a la Municipalidad de Desamparados por no coordinar para resolver una contaminación por aguas pluviales y servidas en una finca de la actora. En ejecución, la actora liquidó daños materiales y morales. El Juzgado Contencioso otorgó daño moral subjetivo por ¢5 millones, costas del amparo y de la ejecución, rechazando el daño material. Todas las partes recurren en casación. La Sala Primera casa parcialmente: rechaza el recurso de la actora por falta de claridad y por no combatir adecuadamente la denegatoria de daño material. Acoge los recursos del Estado y la Municipalidad, revocando la indemnización por daño moral subjetivo porque la actora lo fundó en daño a su integridad física y frustración de negocios, hechos que no probó; el juez de instancia lo concedió por la demora administrativa, causa no alegada, violando el principio de congruencia. También deja sin efecto las costas del peritaje al ser inútil, y readecúa las costas personales de ejecución al mínimo legal por el escaso éxito económico.
Key excerptExtracto clave
Against this background, it must be recalled that, as part of its general duties, the court must safeguard due process and the right of defense, through a sound adversarial process (Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 8.1 and 8.2 of the American Convention on Human Rights; 2.1 of the Civil Procedure Code; 119 and 220 of the CPCA). Therefore, it is not possible to apply substantive legal provisions to resolve the conflict based on facts not timely invoked by the parties, as this would surprise the party against whom the adverse effects of such legal subsumption are sought. From this perspective, the Attorney General's Office is correct. To impose liability for subjective moral damages, it was essential to first prove the impacts to which the claimant linked that non-pecuniary harm; namely, the existence of injury to the claimant's physical integrity, as well as the frustration of one or more transactions through which she intended to dispose of her property. The judgment must be cassated on this point, because the application of the legal regime of administrative liability for subjective moral damages was carried out on a factual scenario that exceeds the one presented by the claimant, leading to an erroneous application of the substantive rules connected to that regime... ...the principle of congruence has been extensively developed by the case law of this First Chamber, highlighting that, through this procedural institute, 'the legislator seeks to ensure or guarantee order, certainty, balance, and ultimately, the right of defense of each party in the judicial dispute.' (...) The judge is bound, when rendering a decision, to do so within the 'boundaries defined by what was requested, alleged and proved' by the parties.Ante ese orden de eventos, debe recordarse que, como parte de sus deberes generales, el órgano jurisdiccional debe velar por el debido proceso y el derecho de defensa, por medio, lógicamente, de un sano contradictorio (artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1 del Código Procesal Civil; 119 y 220 del CPCA). Ergo, no es posible aplicar normas sustantivas para resolver el conflicto, sobre hechos no invocados oportunamente por las partes, pues esto sorprendería a la parte a la cual se le pretenden asignar los efectos adversos de esa subsunción normativa. Desde esta perspectiva, asiste razón a la Procuraduría. Para imputar responsabilidad por daño moral subjetivo, era imprescindible la previa acreditación de las afectaciones a las cuales la parte actora ligó esa repercusión extrapatrimonial; a saber, la existencia de un daño en la integridad física de la actora, así como la frustración de una o más negociaciones por medio de las que pretendía disponer de su propiedad. En esto el fallo debe ser casado, pues la aplicación del régimen jurídico de responsabilidad administrativa, por daño moral subjetivo, se realizó sobre un cuadro fáctico que excede del que planteó la parte actora, dando lugar esto a una errónea aplicación de las normas sustantivas ligadas a dicho régimen... ...el principio de congruencia ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala Primera, destacando que, a través de ese instituto procesal, “el legislador busca asegurar o garantizar el orden, la certeza, el equilibrio, en fin, el derecho de defensa de cada una de las partes, en la contienda judicial”. (...) Al juez, se le impone la obligación de que, al momento de resolver, lo haga circunscrito a los “linderos definidos por lo pedido, alegado y probado” por las partes.
Pull quotesCitas destacadas
"Para imputar responsabilidad por daño moral subjetivo, era imprescindible la previa acreditación de las afectaciones a las cuales la parte actora ligó esa repercusión extrapatrimonial; a saber, la existencia de un daño en la integridad física de la actora, así como la frustración de una o más negociaciones por medio de las que pretendía disponer de su propiedad."
"To impose liability for subjective moral damages, it was essential to first prove the impacts to which the claimant linked that non-pecuniary harm; namely, the existence of injury to the claimant's physical integrity, as well as the frustration of one or more transactions through which she intended to dispose of her property."
Considerando X
"Para imputar responsabilidad por daño moral subjetivo, era imprescindible la previa acreditación de las afectaciones a las cuales la parte actora ligó esa repercusión extrapatrimonial; a saber, la existencia de un daño en la integridad física de la actora, así como la frustración de una o más negociaciones por medio de las que pretendía disponer de su propiedad."
Considerando X
"el principio de congruencia ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala Primera, destacando que, a través de ese instituto procesal, 'el legislador busca asegurar o garantizar el orden, la certeza, el equilibrio, en fin, el derecho de defensa de cada una de las partes, en la contienda judicial'."
"The principle of congruence has been extensively developed by the case law of this First Chamber, highlighting that, through this procedural institute, 'the legislator seeks to ensure or guarantee order, certainty, balance, and ultimately, the right of defense of each party in the judicial dispute.'"
Considerando X
"el principio de congruencia ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala Primera, destacando que, a través de ese instituto procesal, 'el legislador busca asegurar o garantizar el orden, la certeza, el equilibrio, en fin, el derecho de defensa de cada una de las partes, en la contienda judicial'."
Considerando X
"los límites de la teoría del caso de la parte actora. Es por esto que el precepto 180 del CPCA... dispone, al regular el contenido del escrito inicial de la ejecución, lo siguiente: 'En relación con los daños y perjuicios cuya indemnización se pretende, deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación prudencial y específica de cada uno de ellos'."
"the boundaries of the claimant's theory of the case. That is why Article 180 of the CPCA... provides, when regulating the content of the initial enforcement brief, the following: 'With respect to the damages and losses whose compensation is sought, the reason that originates them, what they consist of, and the prudential and specific estimation of each one must be specified.'"
Considerando VI
"los límites de la teoría del caso de la parte actora. Es por esto que el precepto 180 del CPCA... dispone, al regular el contenido del escrito inicial de la ejecución, lo siguiente: 'En relación con los daños y perjuicios cuya indemnización se pretende, deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación prudencial y específica de cada uno de ellos'."
Considerando VI
"resultaría un despropósito conceder más allá del mínimo legal, ante una liquidación claramente exagerada, aunado a que la actividad probatoria incitada por la accionada resultó infructuosa"
"it would be unreasonable to award more than the legal minimum, given a clearly exaggerated liquidation, coupled with the fact that the evidentiary activity prompted by the claimant proved fruitless"
Considerando XI
"resultaría un despropósito conceder más allá del mínimo legal, ante una liquidación claramente exagerada, aunado a que la actividad probatoria incitada por la accionada resultó infructuosa"
Considerando XI
Full documentDocumento completo
**Sala Primera de la Corte** **Resolution No. 00028 - 2026** **Date of Resolution:** January 15, 2026 at 09:50 **Expediente:** 22-001981-1028-CA **Drafted by:** Jorge Leiva Poveda **Type of matter:** ENFORCEMENT OF JUDGMENT **Analyzed by:** SALA PRIMERA **Text of the resolution** Res. 000028-F-S1-2026 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifty minutes on January fifteenth, two thousand twenty-six.
In the process of constitutional judgment enforcement, brought by MARTA EUGENIA MUÑOZ DELGADO, identity card 1-479-394, represented by her special judicial attorney-in-fact, Helberto Moreira González; against the STATE, represented by the prosecutor Elizabeth Li Quirós, and the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS, represented by its special judicial attorney-in-fact, Yadira Vega Blanco; all parties filed a cassation appeal challenging judgment number 2024002514, issued at 15 hours 05 minutes on September 20, 2024, by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, signed by Giovanni Marchena Jara.
Reporting Magistrate Jorge Leiva Poveda **WHEREAS**
I.On the structure of the judgment. As ordered by numeral 61.2.1 of the Código Procesal Civil, in relation to the procedural principles contained in canon 269 of Law no. 6227, both of supplementary application in this matter, in accordance with the provisions of article 220 of Law no. 8508 (or “CPCA” hereinafter), this cassation resolution presents a synthesis of what was debated in the process, as well as the grievances submitted to the knowledge of this body, in what is of interest for the resolution of the challenge that has given rise to this procedural stage, enabling the functional competence of this Chamber. This implies that a literal reproduction of the party pleadings under analysis will be avoided, as well as the argumentative constructions and references contained therein, without prejudice to their detailed review, which may be consulted directly in the file, for all purposes. All in the interest of promoting efficiency, economy, clarity, and procedural simplicity.
II.The enforcement subject to this process was filed on October 26, 2022. In essence, the damages and losses granted in the abstract in the upholding judgment issued by the Sala Constitucional in the amparo appeal followed in expediente 22-010416-0007-CO, resolution no. 2022017539 at 09 hours 15 minutes on July 29, 2022, are being liquidated. In that pronouncement, it was established that the Ministry of Health and the Municipality of Desamparados have not carried out the necessary administrative coordination to solve an environmental problem reported by the enforcing party here, since June 30, 2015. Basically, she claimed that the local entity channeled rainwater and wastewater (provenientes de otras heredades), onto her property with no. 582589, of the Partido de San José (hereinafter, the “property”, “farm”, “land” or “terrain” of the plaintiff). Given the lack of sufficient actions to solve the situation, despite the existence of technical and legal discrepancies between both entities, regarding their responsibilities and the cause of the problem, the Sala Constitucional declared both responsible for the persistence of the reported environmental problem. For this reason, it condemned the State and the local corporation to pay damages and losses, costs, and interest, granting them a period of three months—subsequently extended—to provide a solution to the situation. The operative part of the ruling is as follows: “The appeal is granted. It is ordered to Jimmy Vargas Charpentier, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Desamparados of the Ministry of Health; and to Carlos Padilla Corella, in his capacity as president, Hazel Torres Hernández, in her capacity as mayor, and Asdrúbal Fonseca Pineda, in his capacity as coordinator of Infrastructure Vial y Obras Públicas, all of the Municipality of Desamparados, or to whoever holds those positions in their place, that: 1) within FIFTEEN DAYS, counted from the notification of this judgment, all actions within the scope of their powers be carried out and coordinate what is necessary to conduct a joint inspection on the property of the protected party, where it is determined—whether by a new sanitary order or the corresponding acts—the definitive solution to the contamination to which the protected party is exposed; and that 2) within THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the definitive solution to the problem on the protected party's property be carried out. Likewise, it is ordered to Jimmy Vargas Charpentier, in his capacity as director of the Área Rectora de Salud de Desamparados of the Ministry of Health, or whoever holds the position, that the dye test schedule presented before this Tribunal be fully complied with. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Desamparados are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify” (see at: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1104538). Based on that declaration, the enforcing party initially liquidated the following sums: 1) Attorney's fees: ₡500,000.00 (five hundred thousand colones); 2) Material Damages: ₡200,000,000.00 (two hundred million colones); 3) Moral Damage: ₡100,000,000.00 (one hundred million colones); 4) Losses: Interest calculated according to article 1163 of the Código Civil, from the date the judgment became final and until its effective payment; 5) All costs. In the conclusions stage of the oral enforcement hearing, she indicated that the material damages amounted to the sum of ₡594,902,017.00 (five hundred ninety-four million nine hundred two thousand seventeen colones), based on the expert evidence. Additionally, she increased her estimation of subjective moral damage to ₡300,000,000.00 (three hundred million colones). In the same manner, with respect to procedural costs, she specified the following items: 1) Expert report: ₡1,098,138.52 (one million ninety-eight thousand one hundred thirty-eight colones and fifty-two centimes); 2) Stamps: ₡9,900.00 (nine thousand nine hundred colones); 3) Registry certifications: ₡7,700.00 (seven thousand seven hundred colones). She estimated personal costs at 10% of the sum of the claimed material and moral damage. For their part, both defendants opposed the liquidated sums. The Municipality raised the exceptions of lack of right and lack of standing. In the appealed judgment, the enforcement was partially granted, imposing on the defendants the duty to pay the enforcing party the following items: 1) Subjective moral damage, ₡5,000,000.00 (five million colones), distributing liability such that the Municipality must pay ₡3,000,000.00 (three million colones) and the State the remaining amount. 2) Personal costs of the amparo appeal: ₡181,500.00 (one hundred eighty-one thousand five hundred colones). 3) Personal costs of the enforcement: ₡777,225.00 (seven hundred seventy-seven thousand two hundred twenty-five colones). 4) Procedural costs: ₡1,098,138.52 (one million ninety-eight thousand one hundred thirty-eight colones and fifty-two centimes). 5) Legal interest from the date the judgment became final and until its effective payment. Disagreeing, all parties appeal. Given their annulling effects, the procedural disagreements will be addressed first (precept 150, subsection 1, of the Código Procesal Contencioso Administrativo).
**Appeal of the plaintiff**
III.The representative of the enforcing party announces that her grievances are “DUE TO VIOLATION OF SUBSTANTIVE NORMS OF THE LEGAL SYSTEM.” However, she immediately points out that the appeal is “For Form and for Substance” (image 3 of the appellate brief). In this way, an attempt will be made, first, to allude to what the pleading allows to be understood as procedural claims, without the Chamber being able to supply or give meaning to what the party has not duly specified. The first challenge is presented for violation of Articles 10, 11, 33, 39, 41 and 49 of the Political Constitution; 13, 51 and 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional; 134, 135, subsection g, 137, subsections c) and d), 139, subsections a, b and d; 139, 142, 143, 145, 148, 150, 151, 179, 180 and 220, of the CPCA. In her exposition, the disagreeing party expresses the following allegations: 1) The ruling lacks adequate reasoning. 2) The rules of sound judgment (sana crítica) were violated in the valuation of evidence. On this, she assures that documentary evidence, judicial inspection, and expert evidence were ignored. Regarding the expert evidence, she disagrees that it is inconclusive evidence to prove damage to health, insofar as what it allows to prove, eventually, is damage to property. She disagrees with the latter insofar as it was precisely a repercussion of this type that grounded the amparo appeal resolved by the Chamber. 3) The enforced constitutional vote was disregarded. 4) The facts were not stated clearly, precisely, orderly, and chronologically, in violation of precepts 61.2 of the Código Procesal Civil and 220 of the CPCA. In addition to stating this, she recounted the facts, as she deems they should have been taken as proven. Among other aspects, she recounted the complaint filed at the time and the subsequent actions by the respondent authorities. Thus, e.g., she points out that the Dirección del Área Rectora de Salud de Desamparados issued sanitary order N° MS-DRRSCS-ARS-ERSOS-0139-2021, of April 23, 2021, in which the Municipal Mayor's Office was ordered to eliminate the "white corrugated pipe that discharges rainwater and other types, which affects finca 582589." However, it was not complied with. She also referred to the granting of the amparo appeal processed in expediente 22-010416-0007-CO, the origin of this enforcement process. She argued that the pipe installed by the Municipality—not removed within the period granted by the MS—discharges rainwater and other types of water from approximately 100 homes in the Guisaros de Patarrá sector onto the plaintiff's property. This, she alleges, prevents her from building on the property, as well as renting or selling it, given the material damages caused to the property, as the expert stated in his report. She then alluded to the damage calculated by the aforementioned expert, who estimated material damages at ₡594,902,017.00. Furthermore, she emphasized the installation of the pipe and that administrative neglect has prevented the correction of a serious sanitary problem, as well as the disposal of the land in different business modalities, which caused a patrimonial impairment that she prudently estimated at ₡200,000,000.00 (two hundred million colones). She considers that the reason the lower court (a quo) gave for rejecting that item violates the principle of legality, due process, and the legal system, given that the amparo appeal alleged precisely a violation of the right to property. However, improperly, the lower court considered that only impacts on health and the environment can be compensated, as these are the rights protected in the enforced ruling, referring the plaintiff to the ordinary jurisdiction to discuss impacts on the right to property. She considers this position contrary to constitutional precepts 41 and 49, as a denial of justice. 5) Moral Damage. She claims that the amount granted was minimal. She says: "…both defendants—the State and the Municipality of Desamparados—being jointly and severally liable under the terms of article 326 of the Código Civil, it divides that amount, the State having to pay ₡2,000,000.00 (Two million colones and 00/100) and the Municipality of Desamparados ₡3,000,000.00 (Three million colones and 00/100). This implies an express violation of the principle of legality, Due process, and the legal system" (image 19 of the appellate brief). She requests that the ruling be quashed, sending the file back to the Court, for the corresponding purposes. The second cassation ground is presented for "...violation of the rules of rational sound judgment; violation of Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 13, 51, 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional; 134, 135, subsection g), 137, subsections c) and d), 138, subsections a), b) and d), 139, 142, 143, 145, 148, 150, 151, 179 and 180 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Violation of due process" (image 19 of the electronic cassation file). In a first argument, she claims that the enforced judgment, which is full evidence, was not analyzed according to sound judgment, in violation of the Constitution, the American Convention on Human Rights, and due process. She considers that the judge incurred an erroneous evidentiary assessment, his intellectual exercise having focused on the following aspects: "a) On evidence that rationally is not capable of producing certainty; b) It refers to a fact contrary to the common experience of people; c) An element of judgment is analyzed arbitrarily and d) That the reasoning made about the evidence demonstrates something different from what is taken as certain based on them, especially the expert evidence, which was not even considered." She assures that she was left defenseless, as the documentary and expert evidence in the case file was ignored. Specifically, she criticizes that it was not considered that the Municipality of Desamparados placed a white corrugated pipe that discharges rainwater and other types of water from approximately 100 homes onto her property, without removing it within the period granted by the MH, which prevents her from building, renting, or selling the property. She assures that the land lost all commercial value, as the expert stated. She adds to her arguments that due process integrates the fundamental rights of the procedure, as well as various principles; among them, breadth, legitimacy, immediacy, community, and reasonable assessment of evidence. She insists that due process and sound judgment were violated, insofar as the evidence was not assessed objectively and impartially, but rather subjectively, to her detriment. She requests that the ruling be quashed and annulled, ordering the referral of the file to the originating Court.
IV.For the reasons that will be stated, the plaintiff's appeal must be dismissed. First, it lacks the clarity and precision required in numeral 139, subsection 3, of the CPCA, to provide the pleading with sufficient legal foundation for its admission, under the terms demanded by that norm. This is affirmed insofar as it is clear that in the two censures developed in the cassation brief, matters of form and substance are confused and mixed; seriously hindering the identification and delimitation of each reproach, according to the cassation ground that accommodates it. For example, in the first grievance, she claims that the facts are not listed clearly and precisely, but she does not explain which proven fact or facts are obscure or imprecise. Rather, what is offered is a recount of the facts, according to the plaintiff's version, without clearly identifying formal defects inherent in the list adopted in the ruling. Likewise, procedural issues, such as lack of reasoning, are confused with errors in the appreciation of evidence. The former is a deficiency inherent in the formal requirements of the judgment; while the latter is, rather, a matter of substance that merits an adequate and precise explanation, clearly differentiated from procedural errors. In the same way, she confuses the eventual disregard of the enforced ruling (which should be alleged as a violation of res judicata), with its evidentiary value, as "full evidence," in her words, once again evidencing the clear imprecision, obscurity, and lack of order with which the arguments were presented. This situation not only hinders the response to the grievances by the functional superior, but also the exercise of the right of defense by the opposing parties, who must be able to properly understand the logic of the appeal and each of its reproaches, to exercise the right of defense appropriately. In this, it must be remembered that the cassation appeal proceeds only on exhaustive grounds, it being fundamental to identify the scenario provided by the legislator as debatable in cassation, so that it is then developed clearly and concretely. If this is not done, the appeal may be rejected outright, or, in the judgment, if such a situation is noticed at this stage. Without prejudice to countless precedents in which this Chamber has pointed out the inevitable dismissal or inadmissibility consequence that the presentation of an appeal lacking the clarity and precision required in the applicable adjective regulations entails, it is appropriate to bring up what was indicated in resolution no. 793-F-S1-2023 at 14 hours 22 minutes on May 31, 2023 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1167132): "It must be remembered that, as cassation proceeds on exhaustive grounds, it is essential that the party filing it explain clearly and precisely why each of the grounds it explains is appropriate. The identification of the specific reasons that give rise to the appeal is not a mere formality satisfied by the indiscriminate and generic invocation of one or more of the defects provided for in the law. In addition to that, as already said, a clear, orderly, and concise explanation of each of them is unavoidable (article 139, subsection 3, of the CPCA). Clearly, such a requirement is not observed when a joint and confusing invocation of multiple procedural and substantive grounds is made. Thus, by not having the appellant developed each of them clearly and orderly, outright rejection is inevitable, due to its total lack of legal foundation, understanding as sine qua non requirements thereof, the clarity and precision demanded in canon 139 ibid." In the same sense, consult vote no. 1021-F-S1-2024 at 14 hours 12 minutes on July 30, 2024 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1243586) and 411-A-S1-2024 at 10 hours 05 minutes on May 3, 2024 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1229472). What has been said so far is sufficient reason to order the rejection of the cassation filed by the plaintiff. However, it is appropriate to point out additional reasons, regarding what is understandable in the appeal, because even in this, it is evidently inadmissible. First, regarding the claim of lack of reasoning, the cassation appellant did not bother to identify at least which aspect or aspects of the resolution lack an exposition of reasons that allows its understanding. Moreover, a reading of the pronouncement contradicts it. In general terms, it is observed in the ruling that the Tribunal recognizes that the Sala Constitucional declared an administrative lack of coordination as the reason why the environmental problem afflicting the protected party had not been solved in a timely manner. In fact, contrary to what the appellant indicated, it did recognize that the Municipality installed a pipe that discharges rainwater and other types of water onto the plaintiff's property. Thus, when introducing its analysis of the specific case, it said: "It must be remembered that the Sala Constitucional granted the amparo appeal because the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health violated the right to health and a healthy environment of the plaintiff Marta Eugenia Muñoz Delgado, by the former installing, on an unspecified date in 2015, a pipe that discharged rainwater and wastewater (aguas servidas) from other properties onto a property of the plaintiff, and for not taking the necessary actions in coordination with the neighbors and the Ministry of Health to solve that situation and channel those waters in a timely manner (see proven facts of the constitutional vote). This conduct of the Administration forced the plaintiff to resort to that constitutional avenue to seek the protection of those rights, as the Sala Constitucional demonstrated in the vote being enforced" (Considering III – "ON THE SUBSTANCE OF THE MATTER", section "Specific case"). However, it considered that not all the liquidated damages were appropriate. Regarding material damage, in essence, it rejected it for two reasons: 1) Because the right to property was not the one protected in the constitutional ruling, but rather health and the environment; 2) Because the plaintiff did not demonstrate in any way the existence of sale or rental businesses that had not been carried out due to the situation protected by the Sala Constitucional. It said: "there are no business proposals or sale transactions regarding that property that have been raised, there is no documentary or testimonial evidence in that sense." It then added: "On the other hand, her expectation of developing sale, rental, and other projects on that property—seen as a frustrated chance—not only were not demonstrated in any way, nor was evidence provided in that sense of permits processed, plans, urbanization contracts, credits processed, not even testimonial evidence, only the plaintiff's word" (see section on "MATERIAL DAMAGE," at image 22 of the judgment, considering III, point "4"). This second aspect is essential, because even if the Tribunal were wrong in considering that compensation for damages to the right to property is not appropriate (a criterion that is certainly highly debatable, as the condemnation is in the abstract, and the constitutional ruling had not limited compensation to certain rights), the truth is that the evidentiary assessment referred to and reflected in the pronouncement persists as a reason for rejecting this claim, in the sense that the plaintiff did not provide convincing elements that evidenced that there were negotiations that were frustrated by the situation protected in the constitutional venue. This aspect of the reasoning was not analyzed in any way in the appeal. Although the disregard of the expert evidence was alleged, it was not explained why this could prove the frustrated businesses, or why it was not necessary to demonstrate these to access material damage. The Chamber could not substitute for the appellant, seeking explanations that she was the one who should provide, regarding possible incorrectness of the ruling. Thus, everything alleged about material damage becomes useless, as essential aspects of the resolution were left untouched. Regarding a useless cassation, given this type of argumentative omission, consult, from this Chamber, judgment no. 423-F-S1-2025 at 14 hours 02 minutes on March 13, 2025 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1283768). As a mere complementary observation, but equally leading to the same result, it is timely to highlight that in the claim, material damage was attributed to the fact that the administrative action has caused the plaintiff to be unable to "build on the property, rent it, or sell it." However, it is clear that the expert evidence, by itself, is insufficient to prove such a situation. Viewing the report provided to the case file, the expert assigned a market value to the property of ₡350,167,957.50 (three hundred fifty million one hundred sixty-seven thousand nine hundred fifty-seven colones and fifty centimes). Although it is recorded in that opinion that, in the author's view, the land does not have the commercial value it would have if it were not affected by the water flow he noticed, it cannot be derived from his statement that the property cannot be sold, built upon, or rented, which were the circumstances whose frustration was claimed in the claim—an act that determined what the discussion should be about and against which the defendants would defend themselves—as the cause of the claimed material damage. It is worth noting that the expert considered that the property can be divided into three sectors, from the perspective of their suitability for use, indicating that, from his perspective, one of them is unusable. He explained this at trial. This could suggest the lack of usability of that section and, therefore, for example, the unfeasibility of building in that area. However, as both the State and the Municipality rightly alleged when referring to that opinion, a serious shortcoming is observed in it, in that the documents and technical studies that support the information used for its preparation were not attached, nor the conclusions on aspects such as the suitability of land use and its capacity to be effectively used, also lacking conclusive and technical evidence that relates the current conditions of the property, in those aspects, with the entry of wastewater (aguas servidas) from other properties, regarding which the necessary inter-administrative coordination tasks were not carried out to solve the situation. Nor does the report reveal a technical analysis of the real capacity for land use and the possibility of reestablishing adequate conditions for the use of the land, in those sectors that present the impairments that reduce the value of the property today. The expert report itself warned of some of the limitations of its study that are of importance for the case at hand (subjúdice), indicating the following, in the "GENERAL CONDITIONS" table, presented at the foot of its opinion: Among other observations it reads: "No responsibility is assumed since it does not include detailed geotechnical or structural studies, or laboratory analyses about the bearing capacity of the soils; therefore, it is not possible to ensure their stability or permanence." Additionally, at trial, the expert acknowledged that, although there are other factors that reduce the value of the land, besides the entry of the waters of interest in the case at hand, he did not include them in his report, but rather in his calculation memories, although he accepted not having provided them because they were not requested (minutes 01:32:17 and 01:36:15 of the trial recording). In a similar sense, he stated that he did not have access to a soil study or a technical opinion on the type of water entering the property (minutes 01:20:00 and 01:27:00 of the trial recording). This diminishes the value of his criteria, regarding the real possibilities of land use, as well as regarding the fact that it is solely the waters improperly discharged onto the land that cause the impacts he assessed. In this, it must be remembered that properties bear a "natural" easement (servidumbre) with respect to water that naturally flows from higher lands. In that sense, canon 94 of the Ley de Aguas provides, in what is of interest: "Lower lands are obliged to receive water that naturally, and without human intervention, flows from higher lands, as well as the earth or stones they carry in their course." Thus, the existence of studies that would prove that the impacts were not related to water that naturally flows through the land due to the topography and location of the property was indeed relevant, given that both defendants pointed to the topography of the land as at least part of the problem it presents. This being the case, and for all the foregoing, the insufficiency of the expert report is clear to conclude a material damage such as the one claimed. Regarding moral damage, the Tribunal indicated that the plaintiff linked it to repercussions on her physical integrity, as well as to the frustration of businesses, as patrimonial impairment that impacted the plaintiff's emotional sphere. It rejected this thesis due to the lack of demonstration of the alleged repercussions, at a material level, as well as on the enforcing party's health. However, it considered that it is possible to deduce an emotional impact derived from the delay incurred by the Administration in solving a situation reported years ago. From this, it considered it possible to infer the existence of emotions such as anger, frustration, and discomfort. In its view, such afflictions justify the imposition of an indemnity of five million colones (see section on "MORAL DAMAGE," at image 23 of the judgment, considering III, point "4"). That is, no lack of reasoning is observed regarding the reasons why the Tribunal adopted its decision, in the aspects that show the plaintiff's discontent. Furthermore, as seen, she did not combat an essential aspect of the rejection of the material damage, and what was alleged in this regard is useless due to that omission.
The same is observed with respect to moral damages, given that it was only reproached that the sum awarded was paltry, without having clearly and concretely rebutted the reasons given by the Court to establish that this sum is adequate for the extent of the damage caused. On the contrary, after claiming the amount of moral damages, it is indicated that there is joint and several liability, without any link to the subject of the quantum of the obligation. Thus, when it is asserted, subsequently, that there is a violation of the principle of legality, due process, and the "legal system," it is not understood whether this is due to the distribution of liability or the amount of the obligation. However, as indicated in this resolution, the Chamber agrees with the Office of the Attorney General (Procuraduría) and the Municipality that the compensation awarded for this concept is inappropriate, as the circumstances to which the plaintiff attributed the moral damages she claimed were not credited. This aspect and its consequences will be detailed below.
Appeal of the State
V.The State appeals solely on substantive grounds. This is important to be clear about because, although, as will be seen, some of its arguments could have some relation to the right of defense, it chose to channel them exclusively through the violation of substantive norms, requesting that the decision be varied on its merits and not annulled, due to an improper application of the Law. Thus, in safeguarding its functional competence, the Chamber will analyze its arguments from the perspective of the grounds invoked. The first grievance is titled as follows: "CASSATION ON SUBSTANTIVE GROUNDS. DIRECT VIOLATION OF THE LAW DUE TO IMPROPER INTERPRETATION OF ARTICLES 190, 196 AND 197 OF THE GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION LAW (Ley General de la Administración Pública) AND NUMERALS 179 AND 180 OF THE CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE PROCEDURAL CODE (Código Procesal Contencioso Administrativo), AS AUTHORIZED BY ARTICLE 138, SUBSECTION C) OF THAT SAME CODE". The ruling imposed on the State for subjective moral damages is contested. The Attorney General's representative (señora procuradora) deems that the lower court (a quo) ordered compensation for damage it considered unproven, in addition to disrespecting the execution claim's approach. She argues that subjective moral damages merit a minimum evidentiary standard, at least circumstantial, for their recognition. In her opinion, this is lacking. She argued that the plaintiff, in her statement of claim, explained that the moral damages are due to the frustration of a possible business deal with her property and because she could not freely dispose of it. What is relevant for the Office of the Attorney General (Procuraduría) is the link established by the executing party between the moral damages and her property right. From this perspective, she argues that both the physical and moral impact were devoid of proof (e.g., business dealings, medical opinions on the emotional impact, among others). Likewise, she maintains that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) did not include, among the fundamental rights recognized as violated, the rights and obligations derived from the possible impacts on Mrs. Muñoz Delgado's property right. This implies, according to her argument, the breaking of the causal link necessary for granting compensation (page 13 of the appeal, according to its numbering). After transcribing various excerpts from the judgment, she comments that, in light of what is read therein, there is no proof of the frustration of sale or rental business deals for the property, due to the facts established in ruling (voto) no. 2024-025285. The appellant added that the alleged impact on the physical or emotional integrity of Mrs. Muñoz Delgado, due to the existence of possible environmental contamination from stagnant water, insects, or other circumstances related to the construction of the culvert by the Municipality of Desamparados, was also not proven. Such lack of proof is due, the Office of the Attorney General (Procuraduría) adds, to the fact that there are no constructions or people at the location, as it is a vacant lot. Thus, she states that, given the basis for the subjective moral damages in the claim, it must be rejected. Nevertheless, she complains that the lower court judge (juez a quo), after having denied the existence of damage, sought a new basis, different from that proposed by the plaintiff herself to claim the non-economic impact, with the judge attributing it to the lack of resolution of the situation that occurred, by the authorities (page 16 of the cassation brief). Thus, she maintains that the subjective moral damages awarded were not those requested by the plaintiff. In her opinion, the executing Court exceeded the limits of its competence, proceeding to hear the consequences of disobedience to judicial authority, which has not been alleged by the plaintiff in the sub júdice. She affirms that the right of defense of her represented party has been violated.
VI.Criterion of the Chamber. In essence, and in line with what was previously indicated in this regard, the appealed judgment is based on the estimation of an amparo appeal formulated against the Municipality of Desamparados and the Ministry of Health (Ministerio de Salud, or “MS”), for not having taken the necessary actions to solve an environmental problem reported by the plaintiff herein since 2022, related to the installation of a pipe by the local entity, causing rainwater and wastewater from neighboring properties to enter the executing party's property, generating a natural channel that runs within the property, which causes erosion and contamination, without the necessary steps having been taken to properly channel said waters (see proven facts 1, 2, and 3). Given this, the Court observed the following: "As a consequence of this situation, the discomfort, frustration, worry, and annoyance that the plaintiff must have felt upon repeatedly seeing that rainwater and wastewater were being discharged onto her property and that this affected her interests without receiving an agile, timely, and effective response from the Municipal entity and the health authorities is evident." It linked this to the plaintiff's continued presence in a situation risky for her health, as long as the situation was not resolved, as it had still not been at the time of issuing the now-appealed judgment. The magnitude of the delay, in the lower court's (a quo) opinion, allows the noted emotional repercussions to be appreciated. It noted that the plaintiff justified the moral damages claimed on physical and patrimonial impacts, with repercussions on her emotional state. Moreover, the judge specified that what can be compensated as moral impact is the worry and emotional distress experienced by the plaintiff. Thus, the invoked patrimonial impacts were not considered for compensatory purposes, and he did not deem them proven. Regarding the quantum, he estimated that it is justified by the following elements: 1) Nature of the rights affected (health and a healthy and ecologically balanced environment); 2) Delay of more than two years in complying with the constitutional order; 3) As a mitigating circumstance, that the affected property is not the plaintiff's place of residence, nor are there inhabited or habitable buildings there, coupled with the fact that effective damage to the health of the plaintiff, or third parties, as a result of the facts known to the Chamber, was not demonstrated; 4) The sum sought by the plaintiff (three hundred million colones) is unreasonable and disproportionate, and must be limited to ₡5,000,000.00 (five million), established in the judgment. Now then, as can be seen, the judge himself noted that the plaintiff linked the subjective moral damages to an impact on her property right. If this were the case, it would not be appropriate to attribute the awarded damage, in a surprising manner, to a cause different from that alleged in the claim. This would generate surprise and defenselessness, to the detriment of the defendants. As will be seen, this is precisely what has occurred. Let us examine. In the claim, in addition to a general reference to the characteristics of subjective moral damages, its appropriateness in the specific case was based as follows: "…it originates from having damaged the undersigned's physical integrity and the moral pain of having been frustrated in a negotiation to freely dispose of the property I own, causing me serious patrimonial damage that has had repercussions on the emotional state of the undersigned plaintiff, as a law professional and former judge of the republic that I am, moral damages that I estimate at ₡100,000,000.00 (one hundred million colones)" -image 7 of the statement of claim, text emphasis and underline added-. As is clear, when detailing the reason that originated the claimed moral damages, the plaintiff expressly restricted it to two very specific causes, namely: 1) damage to her physical integrity and 2) patrimonial damage associated with the frustration of a negotiation in which she would dispose of her property. From this perspective, it must be remembered that the syllogistic exercise used by the Court, for the purpose of subsuming the facts it deems proven under the applicable regulations, must be carried out within the limits of the plaintiff's theory of the case. It is for this reason that precept 180 of the CPCA, correctly invoked by the State, provides, when regulating the content of the initial execution brief, the following: "In relation to the damages and losses whose compensation is sought, the reason that originates them, what they consist of, and the prudential and specific estimation of each one must be specified." This, and nothing else, is what marked the limits of the discussion on subjective moral damages, as well as the Court's competence, for the purpose of establishing which regulations are applicable to those facts and reasons to support that part of its liquidation claim. Now then, it is diaphanous, from the foregoing, that the executing party must clearly establish the foundations of her claims in her initial liquidation. Thus, with this in view, sufficient information can be obtained to determine the framework of discussion on which the jurisdictional body's analysis can and must focus, unless there has been a legitimate extension of what was sought or its foundations, which is lacking. Now then, this Chamber undertook the task of verifying whether, during the oral and public execution hearing, the cause of the claimed moral damages was specified in any way -which could not have been considered without granting the defendant parties the opportunity to exercise their defense, given a potential adjustment of the causa petendi-. However, when referring to subjective moral damages, the plaintiff's representative did not detach it, at any time, from what had been indicated in her liquidation. Initially, in his opening arguments (see statements at minute 11:00 of the trial recording), he attempted to claim subjective and objective moral damages, whereupon the lower court judge (juzgador a quo) indicated that a modification in that sense was not appropriate. It is worth noting that, when referring to this topic, he pointed to a violation of the right to health, without further specification of how this occurred. Even so, he did not invoke the delay itself, in the resolution of the complaint and environmental problem, as a cause of autonomous and independent affliction from the reasons given when filing the process (impact on her physical integrity and frustration of business dealings). Finally, in closing arguments, a stage at which he could not, in any case, expand his cause of action, since the discussion on the topics brought to debate by the plaintiff herself had already concluded, he also did not make an extension in that sense. His representative essentially limited himself to invoking jurisprudence on subjective moral damages, and then requested a higher amount for that concept, without having indicated additional reasons to those he had already given for its appropriateness (see minute 01:55:40 onwards, of the execution hearing recording). Given this sequence of events, it must be remembered that, as part of its general duties, the jurisdictional body must ensure due process and the right of defense, by means, logically, of a sound contradictory process (Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 8.1 and 8.2 of the American Convention on Human Rights; 2.1 of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil); 119 and 220 of the CPCA). Ergo, it is not possible to apply substantive norms to resolve the conflict on facts not timely invoked by the parties, as this would surprise the party to whom the adverse effects of that normative subsumption are intended to be assigned. From this perspective, the Office of the Attorney General (Procuraduría) is correct. To impute liability for subjective moral damages, the prior accreditation of the impacts to which the plaintiff linked that non-economic repercussion was essential; namely, the existence of damage to the plaintiff's physical integrity, as well as the frustration of one or more negotiations through which she intended to dispose of her property. In this, the judgment must be cassated, because the application of the legal regime of administrative liability for subjective moral damages was carried out on a factual framework that exceeds the one posited by the plaintiff, giving rise to an erroneous application of the substantive norms linked to said regime, contained, among other precepts, in ordinals 190, 196, and 197 of the LGAP, indicated as infringed by the State representation. This requires that this Chamber issue a new ruling on the merits regarding the appropriateness of this part of the compensation. However, this will be done later, after considering the arguments that the Municipality also presented on the appropriateness of this claim. On the other hand, the State representation contests in its second grievance (page 21 of its objection) the quantification of the subjective moral damages. However, due to the manner in which the first grievance has been resolved, the second lacks interest, insofar as it will be in the ruling on the merits that is issued, that this Chamber must grade the intensity of the non-economic loss, if there are sufficient elements for its recognition. In another vein, it is necessary to add that what is herein ordered obliges the cassation of the judgment with respect to the entirety of the compensation. Although the lower court (a quo) established it as divisible, assigning part of the liability to the Municipality and another part to the State, the truth is that it is a single obligation, with a single cause and creditor, beyond the distribution of the total quantum between the obligors. Thus, the acceptance of the State's grievance entails the contrariety of what was resolved with respect to the entirety of the compensatory aspect in question, including the proportion that, in the lower court's (a quo) opinion, the Municipality had to pay. Otherwise, we could fall into the absurdity of maintaining part of the obligation, even though it has been declared inappropriate, as it is not possible to declare its existence based on an impact not alleged by the defendant party. In any case, as will be seen below, the Municipality also complained about this lack of correspondence between the factual reasons to which the Court attributed the moral damages and those invoked by the plaintiff in her execution. In summary, it is clear that the ruling for subjective moral damages must be cassated in its entirety, because the defect affects the entirety of that declaration and not just part of it, besides it being a single obligation, despite the distribution of liability carried out by the lower court (a quo), as already explained.
Appeal of the Municipality
VII.Preliminary introduction regarding the effects of the appeal filed by the State with respect to the grievances of the municipal representation. Before referring to the appeal of the defendant local entity, it is necessary to clarify that, as noted, the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) directly impacts the result of the judgment with respect to the Municipality, because the ruling for subjective moral damages is vitiated in its entirety, such that the acceptance of the State's grievance obliges the annulment of the entirety of that declaration, as the obligation is unsustainable solely against one of the parties, when the same defect impacts the entirety of that part of the ruling. This, furthermore, finds support in the doctrine embodied in canon 65.6 of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil) (applied supplementarily, in accordance with the integration clause contained in ordinal 220 of the CPCA), insofar as it establishes that: "The objection shall be considered only in what is unfavorable to the appellant. The resolution cannot be amended or revoked in what is not the object of disagreement, unless the variation, in the challenged part, necessarily requires modifying other points of the appealed resolution or if it is necessary to correct inconsistencies, ambiguities, obscurities, or material errors" (Underline and emphasis added to the citation). Now then, and in any case, some of the grievances contained in the Municipality's objection, as will be seen shortly, refer to the same aspect that the State appealed, an additional reason to recognize the defect already noted in the compensation imposed on the defendants for subjective moral damages. Therefore, it is convenient to refer to the Municipality's allegations, coupled with the fact that it has presented reproaches that refer to other aspects of the resolution, in such a way that attention to its appeal remains of interest, despite the beneficial effects of the cassation by the State instance.
VIII.Both the procedural and substantive claims contain, as part of the reproaches, matters relating to subjective moral damages and the lack of correspondence between what was alleged by the plaintiff and what was found by the lower court judge (juzgador a quo) to impose subjective moral damages. However, this aspect of the judgment has already been annulled, by virtue of the State's appeal. Thus, to avoid reiteration, the various grievances will be summarized and addressed jointly. In the section on procedural reasons (image 7 of the cassation brief), it is presented on the procedural grounds contained in subsections c) and d) of the CPCA. Basically, it reproaches a lack of clear and precise determination of the proven facts, as well as a lack of reasoning regarding the amount of subjective moral damages awarded, which is described as disproportionate. Regarding subjective moral damages, it asserts that the compensatory obligation was divided between the State and the Municipality, without any justification for the proportion used (it assigned payment of three million to the local entity). Likewise, it reproaches that, while the executing party indicated that her suffering was due to not having been able to sell her property, the judgment based the damage suffered on environmental contamination. It highlights, coupled with this, that the unproven facts established a lack of proof of the impact on the plaintiff's health, which it considers contrary to the compensation for moral damages. The substantive defects are set forth starting from image 9 of the digital file corresponding to the appellate brief. In the first instance, the appellant accuses an improper evidentiary assessment, in violation of canon 28.1 of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil). It complains that facts are deemed proven in contradiction with the evidence. Specifically, it points out as such the "pain" of the plaintiff for the two-year wait for the extension to execute the constitutional judgment, which goes against said pronouncement, in which it was considered prudent to grant such additional time. In its opinion, the appealed judgment violates the constitutional principles of reasonableness, proportionality, and equality, by imposing a disproportionate and irrational amount for moral damages, as well as by establishing a higher percentage for the Municipality, when the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) indicated that it was ruling against both entities. Hence, in its opinion, the evidence provided for a better resolution (prueba para mejor resolver) was erroneously valued, consisting of resolution no. 2024025285 of 09:20 hours on September 3, 2024, in which the extension of the deadline to provide a definitive solution to the problem of the executing party's property was granted. It considers that, in light of said resolution, the MS and the Municipality have acted in a timely and proper manner, with the deadline having not expired (at the time the appeal was filed). It adds that the granted extension is because its represented party demonstrated that the work to be developed costs around ₡228,000,000.00, given its characteristics and the coordination that must be carried out with other entities, all due to the plaintiff's refusal to allow the Municipality to "create" a stormwater easement (servidumbre pluvial), crossing a small portion of her property, as demonstrated by the evidence attached to the response. It deems that the evidence was improperly valued, both for the determination of moral damages and their distribution. Likewise, it links the valuation errors to the setting of the expert's costs (i. 11 of the cassation brief). It also argues that it was demonstrated during the judicial inspection that the land receives water due to its geography and location, which the lower court (a quo) did not consider in establishing the moral damages. Later in the text, it returns to the evidentiary matter, denying that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) had deemed it proven "…that an excess of rainwater runoff is generating damage to the property as a result of an erosive process that caused an excessive volume of water that is falling into the national and local road subdrainage" (quote from the appeal text, visible in image 21 thereof, corresponding to part of the appellant's writing). Instead, it observed, what was posited was that: "…wastewater is falling into that stormwater subdrainage" (image 21, with the same observation; that is, these are the appellant's words). It asserted that this situation is not attributable to the Municipality, but to the inhabitants of the place. In its understanding, the former was condemned as the local government, without being the cause of the damage to the environment. This, it deems, entails a disproportionality in the imposed ruling for moral damages. It is also explained as an evidentiary error that the Court indicated that the causal link for the amparo appeal ruling is due to the construction of an aqueduct. It points out, as a correction to the foregoing, that what was indicated by the Chamber is that, as a result of wastewater, the right to a healthy environment is affected. It further explains that the culvert (alcantarilla) was installed for the construction of a sidewalk, such that it cannot be denied that the Municipality capriciously diverted waters that flow naturally. In another argumentative line (image 11 of the appellate brief), it argues that the reason originating the moral damages should have been specified, since there are no indications of the impact. It considers the sum awarded for said concept disproportionate and rejects that it corresponds to the plaintiff's suffering. Related to this reproach, it argues that the appealed judgment indicates that the plaintiff's property has no inhabited or habitable buildings, nor is it used for residence. Instead, there is only a corral and some heads of cattle. It adds that there is no proof or indications of moral impacts on the executing party's life (see i. 21, cassation brief). On the other hand, it asserts that there is no reasoning to condemn the Municipality of Desamparados and the State in different proportions. It considers that the constitutional judgment was improperly valued -as evidence- because in it both entities were condemned, without establishing different proportions, such that the proportion established by the lower court (a quo) is unjustifiable, for violating the constitutional judgment. From an additional angle, it maintains that the judgment is devoid of reasoning and contradictory in establishing the moral damages. It transcribes two extensive excerpts from the judgment that it describes as opposed, and then offers the following explanations -starting from image 19 of its brief-: 1) The awarded sum is not proportional or reasonable according to the case file; 2) The reasoning is contradictory; 3) The amounts imposed on each defendant were not justified; 4) There are no indications to declare moral damages, as the plaintiff has not demonstrated suffering derived from environmental damage, or any other nature. Instead, it asserts that the trial judge presumed it, based on aspects different from those claimed by the executing party, without taking into account the geographical situation of the property, nor the plaintiff's opposition to accepting a stormwater easement (servidumbre pluvial), circumstances that led to the extension granted by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and for which it considers there is no non-compliance. In addition to the foregoing, it shows disagreement with the recognition of the costs of the appraisal of her property that the plaintiff offered, as this was not the object of the execution, not referring to damages to the environment. In its opinion, the plaintiff attempted to confuse the execution with a violation of property rights, which constitutes a plus petitio, insofar as it was intended to make the execution route ordinary. It observes that what was granted exceeds by more than 15% what was claimed. It links this argument to the inappropriateness of the condemnation for costs, provided for in canon 193 of the CPCA. In the final considerations of its filing, the representative of the defendant corporation requests that the judgment be cassated, regarding the ruling for subjective moral damages, declaring it without merit, or else, adjusting it proportionally. Furthermore, it maintains that the costs of execution must be adjusted to the condemnation for moral loss, while the procedural costs must be eliminated, as the payment of an expert appraisal unrelated to the causal link of the execution is inappropriate (image 23).
IX.Analysis of the Chamber. An extensive reference has already been made to the reasons that led the Court to grant compensation for subjective moral damages in favor of the plaintiff, such that their reiteration is omitted. Furthermore, the need for the judgment to be cassated with respect to the declaration of subjective moral damages has also been set forth in this ruling, because the lower court (a quo) based that ruling on a circumstance not invoked in the claim. It must be clarified that what has been stated in this regard does not ignore, in any way, that this sort of impact is determined in re ipsa, without the need for direct proof. What happens is that it has been attributed to a cause that was not the one invoked in the claim, which prevents recognizing or confirming the syllogism used in the judgment, for using a factual basis (or minor premise, in the specific case) different from that detailed in the liquidation. Thus, there is no choice but to recognize the Municipality's correctness, insofar as it claimed that same lack of correspondence between the reasoning of the judgment and that of the liquidation, regarding the appropriateness of the subjective moral damages. In turn, this makes it absolutely otiose to enter into the analysis of the other attacks that were directed to contest that part of the pronouncement (e.g., defects in the reasoning on that aspect; matters relating to the effects of the extension of the deadline granted by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to resolve the situation; the inappropriateness of the distribution of liabilities between the State and the Municipality; and the excessive nature of the subjective moral damages). Therefore, no pronouncement is made on those aspects, as they lack interest. The case is different regarding the recognition of the appraisal costs. In this case, not only is it an aspect independent of the moral damages, which means its analysis is indeed necessary, but the municipal representation is correct. In the judgment, this compensation was effectively justified by the payment of the fees for the expert that the plaintiff offered, for the purpose of appraising her property. The lower court (a quo) indicated: "Regarding procedural costs, the plaintiff party requested at the trial hearing the sum corresponding to the payment of expert fees for this process, which is appropriate as they are expenses of this process, hence these are set at the sum of ¢1,098,138.52 (one million ninety-eight thousand one hundred thirty-eight colones and fifty-two cents) as can be verified in deposit receipts images 182 to 184 of this electronic judicial file." However, the judge did not give the due weight to the fact that no amount was awarded for material damages. As was extensively analyzed when referring to the appeal filed by the plaintiff, the expertise was useless in influencing the outcome of the process, both due to its deficiencies and omissions and for not having been suitable to show the patrimonial impacts invoked in the claim, such that its reimbursement is not appropriate, since no compensatory claim prospered on the occasion of its presentation. Likewise, it is true, as alleged by the representative of the Municipality, that what was awarded in the judgment was minuscule with respect to what was sought (nearly one billion colones). Thus, it is clear that a plus petitio has operated, in addition to the fact that the defendants had sufficient reason to litigate, since, indisputably, they had good reasons to oppose the execution, given that the main compensatory expectations of the executing party -both for material and moral damages- have been rejected. This obliges the application of Articles 193, subsection b, and 194 of the CPCA, to exonerate the defendant party from the payment of costs and, specifically, those of the appraisal.
Nevertheless, the obligation to pay the personal costs of the enforcement proceeding shall not be set aside, in safeguard of the party-presentation principle (principio dispositivo) and the principle prohibiting reformatio in peius, given that the propriety of that part of the ruling was not expressly contested by any of the respondent representations. What the representative of the Municipality did request was its readjustment, in accordance with the non-pecuniary damage (daño moral) awarded. In this she is correct, as it is a necessary consequence of the variation of the award for subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo), given that costs are calculated based on the economic significance of the proceeding (precepts 76.1 of the Code of Civil Procedure and 16 of the Fee Schedule for Professional Legal and Notarial Services, Executive Decree No. 41457 of October 17, 2018). The ruling on costs will be made jointly, then, with the ruling made regarding subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo).
X.New declaration on the propriety of subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo). Compensation for subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo), in the context of the administrative function, forms part of a constitutional right, consisting of the integral reparation of damages caused by the Public Administration. It derives, among other norms, from precepts 9, 41 and 49 of the Political Constitution; 190 and 197 of the General Law of Public Administration. In general terms, it consists of the recognition of economic compensation that, while it does not eliminate, entails a recognition by the legal system, for the benefit of natural persons who have experienced impairments in their most intimate and personal sphere (that is, their inner self and emotions), without having the legal duty to bear it, on the occasion of active or omissive conduct by third parties. By its very nature, being related to the most abstract attributes of personality, it is determined in re ipsa. This means that, in light of the proven facts, the Court can infer, mediately, and through an analysis consistent with experience and correct human understanding, its existence. In that sense, it does not warrant, as an indispensable requirement, direct evidentiary elements additional to those of the harmful facts, unless the accreditation of some additional circumstance is required, such as to infer that non-pecuniary (extrapatrimonial) effect. There is consolidated case law on the subject. For reference, consult rulings (votos) no. 1098-F-S1-2023 of 10:09 a.m. on July 5, 2023 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1170686) and 298-F-S1-2025 of 10:54 a.m. on February 27, 2025 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1281851). That said, it is necessary to point out that the jurisdictional body, when issuing judgment, must not refer to factual aspects or circumstances not introduced into the debate, as this would leave those who may be harmed by the decision defenseless. Loosely, precept 119 of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA) alludes to the correlation between the judgment and the claims. However, for greater clarity, it is necessary to integrate that provision with precept 61.2 of the Code of Civil Procedure (CPC), as said provision embodies an essential procedural principle such as that of congruence, with respect to the judicial act par excellence: the judgment. Said legal mandate provides: “Judgments must resolve each and every point that has been the subject of debate; they cannot grant more than what was requested, unless a legal provision states otherwise, and they may not encompass other questions than those claimed; those for which the law does not require party initiative are excepted.” In that sense, the following was stated in a recent ruling (voto) of this same cassation body, regarding the necessary correspondence that must exist between what was requested and debated by the parties, and what is decided in the judgment: “…the principle of congruence has been extensively developed by the jurisprudence of this First Chamber, highlighting that, through that procedural institute, ‘the legislator seeks to ensure or guarantee order, certainty, balance, in short, the right of defense of each of the parties, in the judicial dispute.’ To achieve that objective, the parties are attributed the necessity of indicating in the complaint, counterclaim, and reply, as well as in their respective answers, the facts on which they are based and their claims, this in order to clearly and properly warn their counterpart about the points on which they must direct their defense. The judge is imposed the obligation that, at the time of resolving, they do so circumscribed to the ‘boundaries defined by what was requested, alleged, and proven’ by the parties. Consequently, the principle under study is violated when ‘the judge grants matters dissimilar to those requested, illegally exceeding the causa petendi, of strict observance in their work’ (Resolution no. 1728-F-S1-2024, of 10:00 a.m. on December 5, 2024, at: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1266677). This being so, it is unavoidable to pay attention to what the plaintiff party argued when it substantiated the subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo), in order to establish if its granting is possible. As already anticipated, when resolving the appeals of the State and the Municipality, the plaintiff party, in its enforcement proceeding, limited the causa petendi (grounds for the claim) of the subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo), in the following terms: “…it originates from having damaged the undersigned’s physical integrity and the moral pain of having been frustrated in a negotiation for the purpose of freely disposing of the property of my ownership, causing me serious pecuniary damage (daño patrimonial) that has had repercussions on the state of mind of the undersigned plaintiff, as a legal professional and former judge of the republic that I am, non-pecuniary damage (daño moral) which I estimate at ₡100,000.00 (one hundred million colones)” -image 7 of the complaint filing, emphasis and underline of text added-. However, in this proceeding the plaintiff party has not managed to demonstrate effective damage to her physical integrity, nor the frustration of specific businesses in which she intended to dispose of the property she indicates as harmed by the facts debated in the amparo proceeding that gave rise to this enforcement. Regarding the first point, she did not contest in her appeal the fact that the Court considered effective damage to her health as unproven; at least not by means of clear and concrete arguments, which merited the indication of the pertinent evidence, regarding possible repercussions on her physical integrity. On the contrary, the lower court (a quo) indicated, as part of its assessments and based on what it observed in its judicial inspection (reconocimiento judicial), that there are currently no inhabited or habitable buildings of any type on the property in question. This circumstance, not denied by any of the parties, is relevant, as it entails that the plaintiff had the duty to explain and demonstrate how, despite the property being uninhabited, her physical integrity was injured as a result of water entering her property. She could have alluded, for example, to a harmful fact or incident that occurred while she was on the property, and that was related to the water discharge not timely addressed by the Municipality and the MS. However, there is no evidence whatsoever of any circumstance that would permit accrediting effective damage to her integrity. On the other hand, she did not succeed in refuting the lack of evidence of the pecuniary repercussions to which she also attributed her affliction: frustration of businesses in which she intended to dispose of the farm (e.g., by means of sale or rental). The reasons why the expert evidence was useless for those purposes have already been explained in this same resolution, and what is presented here must be integrated with what was previously developed in that regard. Ergo, it is clear that the claim for subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo) is improper, not due to the non-existence of the right granted in the abstract in the amparo venue, but due to the lack of demonstration of the facts to which the plaintiff intended to attribute the causal link necessary for the declaration of the compensatory obligation. Thus, as already explained, the jurisdictional body being limited not only to what was properly requested, but to the grounds to which the formulated pleas are attributed (that is, the causa petendi), there is no choice but to reject the claim for subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo).
XI.New ruling on the personal costs of the enforcement proceeding. As explained when resolving the Municipality's appeal, it is not proper to disregard the granting of the personal costs of the enforcement proceeding, as none of the parties requested it. If it were to do so, the Chamber would exceed the limits of its functional competence, delimited by the grievances of the parties (precept 65.6 of Law No. 9342). However, the Municipality did expressly request a readjustment of the personal costs, considering what was finally granted for the concept of subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo). In this, it is correct and it would be necessary, in any case, as it is a consequence of the variation in the economic significance of the proceeding, an implication that was also set forth ut supra. Now, we have that, as a result of this dispute, only the amount corresponding to the costs of the amparo proceeding remained final, as a sum established in favor of the plaintiff party, for ₡181,500.00 (one hundred eighty-one thousand five hundred colones). In such a way, it is clear that the enforcement proceeding cannot generate more personal costs than the minimum, according to the applicable Fee Schedule. This is so pursuant to the relationship of ordinals 16 and 22 of Executive Decree No. 41457, applicable to the sub júdice, as the fee schedule in force since February 1, 2019, and given the suspension of the effects of Executive Decree No. 43704 of September 14, 2022, as ordered by resolution number 5294 of November 9, 2023, issued by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court. In the first, the general fee is established, according to which, in those proceedings whose economic content is up to ₡16,500,000.00 (sixteen million five hundred thousand colones), the legal professional shall earn fees equivalent to 20% of said significance. For its part, ordinal 22 ibid. provides that, in enforcement of judgment, half of the general fee must be applied. This, applied to the case at hand, would entail that the enforcing party is entitled to be reimbursed, as personal costs, 20% (twenty percent) of one hundred eighty-one thousand five hundred colones. However, this would yield a total of ₡36,300.00 (thirty-six thousand three hundred colones), such that the minimum set in that same provision becomes applicable, in the following terms: “In no case shall total fees be less than sixty thousand five hundred colones.” In such a way, this will be the sum to be fixed for the plaintiff party, as personal fees. Moreover, the Chamber does not deem it proper to increase that sum, considering the work deployed, since, as already stated, it is clear that the economic content turned out not only mostly unproven, but also exorbitant -close to one billion colones-, in such a way that, although the declaration of the plaintiff's right to receive payment of the costs of the enforcement has not been varied, in observance of the party-presentation principle (principio dispositivo) and the principle prohibiting reformatio in peius, it would be nonsensical to grant more than the legal minimum, in the face of a clearly exaggerated liquidation, in addition to the fact that the evidentiary activity prompted by the respondent proved fruitless, such that there is no reason to shift the cost of the professional advice associated with said evidence to the Municipality, or to the State.
XII.Synthesis. As a consequence of all analyzed above, the cassation appeal (recurso de casación) filed by the enforcing party must be rejected. In contrast, the challenges formulated by the State and the Municipality are admissible, in the following manner: 1) The compensation for the concept of subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo), imposed against the State and the Municipality of Desamparados, according to the distribution established therein, must be set aside. This, because it is improper, the facts to which the plaintiff party attributed the impairment not having been accredited. 2) The amount granted for costs of the enforcement must be readjusted, to be set at the legal minimum, of ₡60,500.00 (sixty thousand five hundred colones); this, as the economic significance of the proceeding does not exceed the threshold necessary to grant a greater sum, according to the applicable Fee Schedule. 3) The judgment must also be cassated, regarding the granting of ₡1,098,138.52 (one million ninety-eight thousand one hundred thirty-eight colones with fifty-two céntimos), for the concept of procedural costs of the enforcement, as this relates to an expert opinion that provided no utility to the proceeding, related to an item that was denied in its entirety (the material damage (daño material)). In all other respects, what was resolved remains unchanged.
POR TANTO
The appeal filed by the plaintiff party is declared without merit. In contrast, the appeal filed by the State and that of the Municipality are admitted, in the terms indicated below. The appealed judgment is cassated, in the following respects: 1) The compensation for the concept of subjective non-pecuniary damage (daño moral subjetivo), imposed against the State and the Municipality of Desamparados, according to the distribution established therein, is set aside. In its place, said item of the liquidation is rejected. 2) The amount granted for the concept of personal costs of the enforcement is varied, to be set at ₡60,500.00 (sixty thousand five hundred colones). 3) The recognition of ₡1,098,138.52 (one million ninety-eight thousand one hundred thirty-eight colones with fifty-two céntimos), for the concept of procedural costs of the enforcement, is set aside. In all other respects, what was resolved remains unchanged.
LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A LINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO - MAGISTRADO/A DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A
Sala Primera de la Corte Clase de asunto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA Analizado por: SALA PRIMERA Res. 000028-F-S1-2026 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del quince de enero de dos mil veintiséis.
En proceso de ejecución de sentencia constitucional, presentado por MARTA EUGENIA MUÑOZ DELGADO, cédula de identidad 1-479-394, representada por su apoderado especial judicial, Helberto Moreira González; en contra del ESTADO, representado por la procuradora Elizabeth Li Quirós, y la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, representada por su apoderada especial judicial, Yadira Vega Blanco; todas las partes interpusieron recurso de casación impugnando la sentencia número 2024002514, emitida a las 15 horas 05 minutos del 20 de setiembre de 2024, por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, suscrita por Giovanni Marchena Jara.
Magistrado ponente Jorge Leiva Poveda
CONSIDERANDO
I.Sobre la estructura de la sentencia. Según lo ordena el numeral 61.2.1 del Código Procesal Civil, con relación a los principios procedimentales contenidos en el canon 269 de la Ley no. 6227, ambos de aplicación supletoria en esta materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de la ley no. 8508 (o “CPCA” en lo sucesivo), la presente resolución casacional presenta una síntesis de lo debatido en el proceso, así como de los agravios sometidos a conocimiento de este órgano, en lo que resulta de interés para la resolución de la impugnación que ha dado origen a este estadio procesal, habilitando la competencia funcional de esta Cámara. Esto conlleva que se evitará una reproducción literal de los libelos de parte bajo análisis, así como de las construcciones argumentativas y referencias contenidas en estos, sin perjuicio de su revisión detallada, las que pueden ser consultadas directamente en el expediente, para todos los efectos. Todo en aras de propiciar eficiencia, economía, claridad y simplicidad procesal.
II.La ejecución objeto de este proceso fue presentada el día 26 de octubre de 2022. En esencia, se liquidan los daños y perjuicios concedidos en abstracto en la sentencia estimatoria dictada por la Sala Constitucional en el recurso de amparo seguido en el expediente 22-010416-0007-CO, resolución no. 2022017539 de las 09 horas 15 minutos del 29 de julio de 2022. En dicho pronunciamiento se estableció que el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Desamparados no han realizado la coordinación administrativa necesaria para solventar una problemática ambiental denunciada por la aquí ejecutante, desde el 30 de junio de 2015. Básicamente, esta reclamó que el ente local encausó aguas pluviales y residuales (provenientes de otras heredades), en la finca de su propiedad con no. 582589, del Partido de San José (en adelante, el “inmueble”, “finca”, “predio” o “terreno” de la actora). Ante la falta de acciones suficientes para solventar la situación, a pesar de la existencia de discrepancias técnicas y legales entre ambas entidades, con respecto a sus responsabilidades y a la causa de la problemática, la Sala Constitucional declaró a ambas responsables de la persistencia del problema ambiental denunciado. Por tal razón, condenó al Estado y a la corporación local al pago de daños y perjuicios, costas e intereses, otorgándoles un plazo de tres meses -posteriormente prorrogado-, para dar solución a la situación. La parte dispositiva del fallo es la siguiente: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Jimmy Vargas Charpentier, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Desamparados del Ministerio de Salud; y a Carlos Padilla Corella, en su condición de presidente, Hazel Torres Hernández, en su condición de alcaldesa, y Asdrúbal Fonseca Pineda, en su condición de coordinador de Infraestructura Vial y Obras Públicas, todos de la Municipalidad de Desamparados, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que: 1) en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo necesario para realizar una inspección conjunta en la propiedad de la amparada, donde se determine -sea mediante una nueva orden sanitaria o los actos que correspondan- la solución definitiva a la contaminación a la que se encuentra expuesta la tutelada; y que 2) en el plazo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se efectúe la solución definitiva al problema en la propiedad de la amparada. Asimismo, se le ordena a Jimmy Vargas Charpentier, en su condición de director del Área Rectora de Salud de Desamparados del Ministerio de Salud, o a quien ocupe el cargo, que se cumpla a cabalidad el cronograma de pruebas de coloración presentado ante este Tribunal. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Desamparados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese” (ver en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1104538). Con base en dicha declaratoria, la parte ejecutante liquidó, inicialmente, las siguientes sumas: 1) Honorarios de abogado: ₡500.000,00 (quinientos mil colones); 2) Daños Materiales: ₡200.000.000,00 (doscientos millones de colones); 3) Daño Moral: ₡100.000.000,00 (cien millones de colones); 4) Perjuicios: Intereses calculados conforme al artículo 1163 del Código Civil, desde la fecha de firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago; 5) Ambas costas. En la etapa de conclusiones de la audiencia oral de ejecución, indicó que los daños materiales ascendían a la suma de ₡594.902.017,00 (quinientos noventa y cuatro millones novecientos dos mil diecisiete colones), con base en la prueba pericial. Además, aumentó su estimación del daño moral subjetivo a ₡300.000.000,00 (trescientos millones de colones). Del mismo modo, con respecto a las costas procesales, precisó los siguientes rubros: 1) Peritaje: ₡1.098.138,52 (un millón noventa y ocho mil ciento treinta y ocho colones con cincuenta y dos céntimos); 2) Timbres: ₡9.900,00 (nueve mil novecientos colones); 3) Certificaciones registrales: ₡7.700,00 (siete mil setecientos colones). Las costas personales las estimó en un 10% de la suma del daño material y moral reclamado. De su parte, ambas demandadas se opusieron a las sumas liquidadas. La Municipalidad opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación. En la sentencia recurrida se declaró parcialmente con lugar la ejecución, imponiendo a las demandadas el deber de pagar a la ejecutante, los siguientes rubros: 1) Daño moral subjetivo, ₡5.000.000,00 (cinco millones de colones), distribuyendo la responsabilidad de manera tal que la Municipalidad debe pagar ₡3.000.000,00 (tres millones de colones) y el Estado el monto restante. 2) Costas personales del recurso de amparo: ₡181.500,00 (ciento ochenta y un mil quinientos colones). 3) Costas personales de la ejecución: ₡777.225,00 (setecientos setenta y siete mil doscientos veinticinco colones). 4) Costas procesales: ₡1.098.138,52 (un millón noventa y ocho mil ciento treinta y ocho colones con cincuenta y dos céntimos). 5) Intereses legales desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. Disconformes, recurren todas las partes. Dados sus efectos anulatorios, las disconformidades procesales serán atendidas en primer orden (precepto 150, inciso 1, del Código Procesal Contencioso Administrativo).
Recurso de la parte actora
III.La representación de la ejecutante anuncia que sus agravios son “POR VIOLACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DEL ORDENAMIENTO”. Sin embargo, de seguido señala que el recurso es “Por la Forma y por el Fondo” (imagen 3 del libelo recursivo). De tal manera, se procurará, en un primer momento, hacer alusión a lo que la gestión permita entender como reclamos procesales, sin que la Sala pueda suplir o dotar de sentido aquello que la parte no haya precisado debidamente. El primer embate se presenta por violación de los artículos 10, 11, 33, 39, 41 y 49 de la Constitución Política; 13, 51 y 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; 134, 135, inciso g, 137, incisos c) y d), 139, incisos a, b y d; 139, 142, 143, 145, 148, 150, 151, 179, 180 y 220, del CPCA. En su exposición, la parte disconforme exterioriza las siguientes alegaciones: 1) El fallo carece de la debida motivación. 2) Se violentaron las reglas de la sana crítica, en la valoración de la prueba. Sobre esto, asegura que se hizo caso omiso de la prueba documental, reconocimiento judicial y pericial. Sobre la pericial, discrepa de que se trate de una prueba inconducente para acreditar un daño a la salud, en el tanto lo que permite probar, eventualmente, es un daño a la propiedad. Discrepa de esto último en el tanto fue una repercusión de este tipo, precisamente, la que fundamentó el recurso de amparo, resuelto por la Sala. 3) Se irrespetó el voto constitucional ejecutado. 4) Los hechos no se enunciaron de manera clara, precisa, ordenada y cronológica, con violación de los preceptos 61.2 del Código Procesal Civil y 220 del CPCA. Además de afirmar esto, realizó un recuento de los hechos, según estima cómo debieron tenerse por acreditados. Entre otros aspectos, hizo un recuento de la denuncia presentada en su momento y las acciones posteriores, de parte de las autoridades recurridas. Así, v.g., señala que la Dirección del Área Rectora de Salud de Desamparados dictó la orden sanitaria N° MS-DRRSCS-ARS-ERSOS-0139-2021, de 23 de abril de 2021, en la que se ordenó a la Alcaldía Municipal eliminar la “tubería blanca corrugada que desfoga agua pluvial y otros tipos, que afecta la finca 582589”. Sin embargo, la misma fue incumplida. También hizo referencia al acogimiento del recurso de amparo tramitado en el expediente 22-010416-0007-CO, origen de este proceso de ejecución. Arguyó que la tubería instalada por la Municipalidad -no removida en el plazo otorgado por el MS-, desfoga agua pluvial y de otros tipos, de aproximadamente 100 viviendas del sector de Guisaros de Patarrá, en la finca de la actora. Esto, aduce, le impide construir en el inmueble, así como alquilarlo o venderlo, ante los daños materiales causados al inmueble, tal y como lo afirma el perito en su informe. De seguido hizo alusión al daño calculado por el experto aludido, quien estimó los daños materiales en ₡594.902.017,00. Además, hizo énfasis en la instalación de la tubería y en que la desidia administrativa ha impedido la corrección de un problema sanitario grave, así como la disposición del predio, en diferentes modalidades de negocio, lo que provocó un menoscabo patrimonial que estimó prudencialmente en ₡200.000.000,00 (doscientos millones de colones). Considera que el motivo que expuso el a quo para rechazar esa partida es violatorio del principio de legalidad, el debido proceso y el ordenamiento jurídico, toda vez que en el recurso de amparo se alegó, precisamente, una violación al derecho de propiedad. No obstante, de manera indebida, consideró el a quo que solamente se pueden indemnizar afectaciones a la salud y al medio ambiente, por ser estos los derechos amparados en el fallo ejecutado, remitiendo a la parte actora a la vía ordinaria para discutir afectaciones al derecho de propiedad. Estima esta postura contraria a los preceptos 41 y 49 constitucionales, por denegación de justicia. 5) Daño Moral. Reclama que el monto otorgado fue ínfimo. Dice: “…siendo ambos demandados- El Estado y la Municipalidad de Desamparados-solidarios al tenor del artículo 326 del Código Civil, divide ese monto, debiendo pagar El (Sic) Estado ₡2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) y la Municipalidad de Desamparados ₡3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100). Ello implica una expresa violación al principio de legalidad, Al (Sic) debido proceso y al ordenamiento” (imagen 19 del libelo recursivo). Solicita se case el fallo, reenviándose el expediente al Juzgado, para los fines correspondientes. El segundo motivo casacional se presenta por “…violación a las reglas de la sana crítica racional; violación de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 13, 51, 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; 134, 135, inciso g), 137, incisos c) y d), 138, incisos a), b) y d), 139, 142, 143, 145, 148, 150, 151, 179 y 180 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Violación al debido proceso” (imagen 19 del archivo electrónico de casación). En un primer argumento, se reclama que no se analizó la sentencia ejecutada, la que es plena prueba, conforme a la sana crítica, con violación de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el debido proceso. Considera que el juzgador incurrió en una errónea valoración probatoria, al haber versado su ejercicio intelectivo en los siguientes aspectos: “a) Sobre una prueba que racionalmente no es capaz de producir certeza; b) Se refiere a un hecho contrario a la experiencia del común de las personas; c) Se analiza arbitrariamente un elemento de juicio y d) Que el razonamiento que se hizo sobre las pruebas demuestran cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ellas, especialmente la prueba pericial, la que ni siquiera se tomó en cuenta”. Asegura que se le dejó en indefensión, pues se hizo caso omiso de la prueba documental y pericial que consta en autos. Específicamente, recrimina que no se tomó en cuenta que la Municipalidad de Desamparados colocó una tubería blanca corrugada que desfoga agua pluvial y otros tipos, de aproximadamente 100 viviendas, en la finca de su propiedad, sin removerla dentro del plazo otorgado por el MH, lo que le impide construir, alquilar o vender el inmueble. Asegura que el predio perdió todo valor comercial, como lo afirmó el perito. Añade a sus argumentos que el debido proceso integra los derechos fundamentales del procedimiento, así como diversos principios; entre ellos, los amplitud, legitimidad, inmediación, comunidad y valoración razonable de la prueba. Insiste en que se violentó el debido proceso y la sana crítica, en el tanto las pruebas no se valoraron de manera objetiva e imparcial, sino subjetivamente, en su perjuicio. Solicita que se case y anule el fallo, disponiéndose el reenvío del expediente al Juzgado de origen.
IV.Por las razones que se dirán, el recurso de la parte actora debe ser rechazado. En primer lugar, el mismo carece de la claridad y precisión que se exige en el numeral 139, inciso 3, del CPCA, para dotar a la gestión de la fundamentación jurídica suficiente para su acogimiento, en los términos exigidos por dicha norma. Esto se afirma en el tanto es claro que en las dos censuras desarrolladas en el libelo casacional se confunden y mezclan cuestiones de forma y fondo; dificultando seriamente la identificación y delimitación de cada reproche, según la causal casacional que le da cabida. Por ejemplo, en el primer agravio se reclama que no se enumeran los hechos de manera clara y precisa, pero no explica cuál o cuáles hechos probados son oscuros o imprecisos. Antes bien, lo que se ofrece es un recuento de los hechos, según la versión de la parte actora, sin identificar claramente defectos formales propios del elenco prohijado en el fallo. Asimismo, se confunden temas procesales, como lo es la falta de motivación, con errores de apreciación de la prueba. La primera, es una falencia propia de los requisitos formales de la sentencia; en tanto la segunda es, más bien, una cuestión de fondo que amerita de una explicación adecuada y precisa, claramente diferenciada de los yerros adjetivos. Del mismo modo, confunde la eventual inobservancia del fallo ejecutado (lo que debería alegarse como una violación a la cosa juzgada), con el valor probatorio de este, como “plena prueba”, en sus palabras, evidenciándose, una vez más, la clara imprecisión, oscuridad y falta de orden con la que fueron expuestos los argumentos. Dicha situación no solo dificulta la respuesta de los agravios, de parte del superior funcional, sino también el ejercicio del derecho de defensa de las partes contrarias, quienes deben poder comprender debidamente la lógica del recurso y cada uno de sus reproches, para poder ejercer el derecho de defensa como corresponde. En esto, debe recordarse que el recurso de casación procede únicamente por motivos taxativos, siendo fundamental la identificación del supuesto previsto por el legislador como debatible en casación, para que luego este sea desarrollado de manera diáfana y concreta. De no hacerse esto, el recurso puede ser rechazado de plano, o bien, en sentencia, de advertirse dicha situación en esta etapa. Sin perjuicio de innumerables precedentes en los que esta Sala ha hecho ver la inevitable consecuencia desestimatoria o de inadmisión que conlleva la presentación de un recurso carente de la claridad y precisión que se exige en la normativa adjetiva aplicable, conviene traer a colación lo que se indicó en la resolución no. 793-F-S1-2023 de las 14 horas 22 minutos del 31 de mayo de 2023 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1167132): “Debe recordarse que, al proceder la casación por supuestos taxativos, es imprescindible que la parte que la formula explique con claridad y precisión, por qué razón es procedente cada una de las causales que explica. La identificación de los motivos específicos que dan cabida al recurso no es una mera formalidad que se satisface con la invocación indiscriminada y genérica de uno o más de los vicios previstos en la ley. Además de ello, como ya se dijo, es ineludible una explicación clara, ordenada y concisa de cada uno de ellos (artículo 139, inciso 3, del CPCA). Claramente, tal exigencia no se observa cuando se realiza una invocación conjunta y confusa de múltiples causales procesales y de fondo. Así, al no haber desarrollado el recurrente cada una de ellas de manera clara y ordenada, resulta ineludible el rechazo de plano, por su total falta de fundamentación jurídica, entendiendo como requisitos sine qua non de esta, la claridad y precisión que se exigen en el canon 139 ibid”. En el mismo sentido, consúltense los voto no. 1021-F-S1-2024 de las 14 horas 12 minutos del 30 de julio de 2024 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1243586) y 411-A-S1-2024 de las 10 horas 05 minutos del 03 de mayo de 2024 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1229472). Lo hasta acá dicho es razón suficiente para disponer el rechazo de la casación incoada por la parte actora. Ahora bien, conviene señalar motivos adicionales, frente a lo que es comprensible en el recurso, pues aún en esto el mismo es evidentemente improcedente. En primer lugar, con respecto al reclamo de falta de motivación, la casacionista no se ocupó de identificar, al menos, cuál o cuáles aspectos de la resolución carecen de una exposición de razones que permita su comprensión. Además, la lectura del pronunciamiento lo desmiente. En términos generales, se observa en el fallo que el Tribunal reconoce que la Sala Constitucional declaró una descoordinación administrativa, como causa de que no se hubiera solventado oportunamente la problemática ambiental que aquejaba a la amparada. De hecho, contrario a lo que indicó el recurrente, sí reconoció que la Municipalidad instaló una tubería que desfoga agua pluvial y otros tipos en el inmueble de la actora. Así, al introducir su análisis al caso concreto, dijo: “Hay que recordar que la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo porque la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud, violentaron el derecho a la salud y a un ambiente sano de la actora Marta Eugenia Muñoz Delgado, al instalar la primera, en fecha sin precisar del año 2015 una tubería que vertía aguas pluviales y servidas de otras propiedades, a una finca de la actora y por no tomar las acciones necesarias en coordinación con los vecinos y con el Ministerio de Salud para solventar esas situación y canalizar de forma oportuna esas aguas. (ver hechos probados del voto constitucional). Esta conducta de la Administración obligó a la actora a acudir a esa vía constitucional para buscar el resguardo de esos derechos, como lo tuvo por demostrado la Sala Constitucional en el voto que se ejecuta” (Considerando III –“SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO”-, apartado “Caso concreto”). No obstante, estimó que no procedían todos los daños liquidados. Sobre el daño material, en esencia, lo rechazó por dos razones: 1) Por cuanto el derecho de propiedad no fue el tutelado en el fallo constitucional, sino la salud y el medio ambiente; 2) Porque la accionante no demostró de forma alguna, la existencia de negocios de venta o alquiler que no se hayan realizado por causa de la situación que amparó la Sala Constitucional. Dijo: “no hay propuestas de negocios o gestiones de venta sobre esa finca que se hayan planteado, no existe prueba documental o testimonial en ese sentido”. Luego añadió: “Por otra parte, su expectativa de desarrollar en esa finca proyectos de venta, alquiler y otros, -visto como chance frustrado- no solo no fueron demostrados de forma alguna, ni se aportó en ese sentido prueba de permisos gestionados, planos, contratos de urbanismo, créditos gestionados, ni siquiera prueba testimonial, solo el dicho de la actora” (ver apartado de “DAÑO MATERIAL”, a imagen 22 de la sentencia, considerando III, punto “4”). Este segundo aspecto es esencial, pues aún de estar equivocado el Tribunal, en que no procede la indemnización de daños al derecho de propiedad (criterio que ciertamente es altamente discutible, por ser la condena en abstracto, y no habiendo limitado el fallo constitucional la indemnización a determinados derechos), lo cierto es que persiste la valoración probatoria referida y plasmada en el pronunciamiento como motivo de rechazo de este extremo petitorio, en el sentido de que la parte actora no aportó elementos de convicción que evidenciaran que existieron negociaciones que fueron frustradas, por la situación tutelada en la sede constitucional. Este aspecto de la motivación no fue analizado de ninguna manera en el recurso. Si bien se alegó la preterición de la pericial, no se explicó por qué motivo esta podría acreditar los negocios frustrados, o bien, por qué motivo no era menester la demostración de estos, para acceder al daño material. No podría la Sala suplir a la recurrente, buscando explicaciones que esta era quien debía darlas, sobre eventuales incorrecciones del fallo. De tal manera, todo lo alegado sobre el daño material deviene en inútil, al haberse dejado incólume aspectos esenciales de la resolución. Sobre la casación inútil, ante este tipo de omisiones argumentativas, consúltese, de esta Sala, la sentencia no. 423-F-S1-2025 de las 14 horas 02 minutos del 13 de marzo de 2025 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1283768). Como mera observación complementaria, pero igualmente conducente al mismo resultado, es oportuno resaltar que en la demanda se atribuyó el daño material a que el actuar administrativo ha causado que la demandante no pueda “construir en el inmueble, alquilarlo o venderlo”. Sin embargo, es claro que la prueba pericial, por sí misma, es insuficiente para acreditar tal situación. Visto el informe aportado a los autos, el perito asignó un valor de mercado al inmueble de ₡350.167.957,50 (trescientos cincuenta millones ciento sesenta y siete mil novecientos cincuenta y siete colones con cincuenta céntimos). Si bien se consigna, en ese dictamen, que en criterio del autor el terreno no tiene el valor comercial que tendría, de no estar afectado por el flujo de agua que advirtió, no se puede derivar de su dicho que el inmueble no pueda ser vendido, construido o alquilado, que fueron las circunstancias cuya frustración se reclamó en la demanda -acto que determinó sobre lo cual debería versar la discusión y se defenderían las accionadas-, como causa del daño material reclamado. Vale señalar que el perito consideró que el inmueble puede dividirse en tres sectores, desde la perspectiva de su aptitud de uso, indicando que, desde su perspectiva, una de ellas es inutilizable. Así lo explicó en juicio. Esto podría sugerir la falta de aprovechabilidad de dicha sección y, por ende, por ejemplo, la inviabilidad de realizar una construcción en esa área. Empero, como bien lo alegaron el Estado y la Municipalidad al referirse a dicho dictamen, se observa como grave falencia en el mismo, que no se adjuntaron los documentos y estudios técnicos que den respaldo a la información utilizada para su confección, así como a las conclusiones en aspectos tales como la aptitud de uso del suelo y la capacidad de este para ser efectivamente utilizado, echándose de menos, además, una prueba fehaciente y técnica que relacione las condiciones actuales del inmueble, en dichos aspectos, con el ingreso de las aguas servidas provenientes de otras propiedades, ante las cuales no se realizaron las labores de coordinación interadministrativa necesarias, para solventar la situación. Tampoco se desprende del informe un análisis técnico sobre la capacidad real de uso del suelo y la posibilidad de reestablecer las condiciones adecuadas para el aprovechamiento del terreno, en aquellos sectores que presentan los detrimentos que reducen el valor del predio, en la actualidad. El mismo peritaje advirtió algunas de las limitaciones de su estudio que son de trascendencia para el subjúdice, indicando lo siguiente, en el cuadro de “CONDICIONES GENERALES”, presentado al pie de su dictamen: Entre otras observaciones se lee: “No se asume responsabilidad ya que no se comprende estudios geotécnicos o estructurales detallados, análisis de laboratorios sobre la capacidad soportante de los suelos, por lo tanto, no es posible asegurar su estabilidad o permanencia”. Además, en juicio, el perito reconoció que, aunque hay otros factores que disminuyen el valor del terreno, además del ingreso de las aguas de interés en el subjúdice, no los incluyó en su informe, sino en sus memorias de cálculo, aunque aceptó no haberlas aportado porque no le fueron solicitadas (minutos 01:32:17 y 01:36:15 de la grabación del juicio). En similar sentido, declaró que no tuvo acceso a un estudio de suelos ni a un dictamen técnico sobre el tipo de aguas que ingresan al inmueble (minutos 01:20:00 y 01:27:00 del registro del juicio). Esto resta valor a su criterio, con respecto a las posibilidades reales de uso del suelo, así como en lo referente a que son únicamente las aguas desfogadas en el terreno de manera indebida, las que provocan las afectaciones que apreció. En esto debe recordarse que los inmuebles soportan una servidumbre “natural” con respecto a las aguas que discurren naturalmente, desde predios superiores. En ese sentido, el canon 94 de la Ley de Aguas dispone, en lo que interesa: “Los terrenos inferiores están obligados a recibir las aguas que naturalmente, y sin intervención del hombre, fluyan de los superiores, así como la tierra o piedras que arrastren en su curso”. De tal manera, sí era relevante la existencia de estudios que acreditaran que las afectaciones no tenían relación con aguas que discurran naturalmente por el terreno debido a la topografía y ubicación del inmueble, siendo que ambas demandadas apuntaron a la topografía del terreno, como parte, al menos, de la problemática que este presenta. Así las cosas, y por todo lo expuesto, es clara la insuficiencia de la pericia, como para concluir un daño material como el reclamado. En cuanto al daño moral, indicó el Tribunal que la parte actora lo ligó a repercusiones en su integridad física, así como a la frustración de negocios, como menoscabo patrimonial que incidió en el ámbito anímico de la actora. Esta tesis la rechazó, por la falta de demostración de las repercusiones alegadas, a nivel material, así como en la salud de la ejecutante. Empero, estimó que sí es posible deducir una afectación anímica, derivada de la tardanza en que incurrió la Administración para solventar una situación denunciada años atrás. De esto, estimó, es posible colegir la existencia de emociones tales como enojo, frustración y malestar. En su criterio, tales aflicciones justifican la imposición de una indemnización de cinco millones de colones (ver apartado de “DAÑO MORAL”, a imagen 23 de la sentencia, considerando III, punto “4”). Es decir, no se observa falta de motivación alguna, con respecto a los motivos por las cuales el Tribunal adoptó su decisión, en los aspectos que muestra descontento la demandante. Además, como se vio, no combatió un aspecto esencial del rechazo del daño material, siendo inútil lo alegado al respecto, por dicha omisión. Lo mismo se observa con respecto al daño moral, por cuanto únicamente se reprochó como ínfima la suma concedida, sin haberse rebatido clara y concretamente, las razones que dio el Tribunal, para establecer que esa suma es adecuada a la entidad del daño causado. Por el contrario, después de reclamarse el monto de daño moral, se indica que existe una responsabilidad solidaria, sin ningún tipo de ligamen con el tema del quantum de la obligación. De tal manera, cuando se asevera, de seguido, que hay una violación al principio de legalidad, el debido proceso y el “ordenamiento”, no se entiende si es por la distribución de responsabilidad o el monto de la obligación. No obstante, como en esta resolución se indica, coincide la Sala con la Procuraduría y la Municipalidad en que la indemnización concedida por este concepto, resulta improcedente, al no haberse acreditado las circunstancias a las cuales atribuyó la accionante el daño moral que reclamaba. Adelante se detallará este aspecto y sus consecuencias.
Recurso del Estado
V.El Estado recurre, únicamente, por motivos de fondo. Esto es importante tenerlo claro porque, a pesar de que, como se verá, algunos de sus argumentos podrían tener alguna relación con el derecho de defensa, optó por encausarlos, exclusivamente, por violación de normas sustantivas, solicitando que se varíe la decisión por el fondo y no su anulación, al haberse realizado una aplicación indebida del Derecho. De tal manera, en resguardo de su competencia funcional, la Sala analizará sus argumentos desde la óptica de las causales invocadas. El primer agravio se titula así: “CASACIÓN POR MOTIVOS DE FONDO. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY POR INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 190, 196 Y 197 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS NUMERALES 179 Y 180 DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONFORME ASÍ LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 138 INCISO C) ESE MISMO CÓDIGO”. Se combate la condena impuesta al Estado, por daño moral subjetivo. Estima la señora procuradora que el a quo ordenó la indemnización de un daño que tuvo por indemostrado, además de que se irrespetó el planteamiento de la pretensión de ejecución. Aduce que el daño moral subjetivo amerita un mínimo probatorio, al menos indiciario, para su reconocimiento. En su criterio, se echa de menos. Argumentó que la parte actora, en su escrito de demanda, explicó que el daño moral se debe a la frustración de un posible negocio con su propiedad y a que no pudo disponer libremente de ésta. Lo relevante para la Procuraduría es el ligamen que estableció la ejecutante entre el daño moral y su derecho a la propiedad. Desde esta perspectiva, arguye que tanto la afectación física como la moral quedaron ayunas de prueba (v.g., tratativas de negocio, dictámenes médicos sobre la afectación emocional, entre otros). Asimismo, sostiene que la Sala Constitucional no incluyó en los derechos fundamentales reconocidos como violentados, los derechos y obligaciones derivados de las posibles afectaciones al derecho de propiedad de la señora Muñoz Delgado. Ello implica, según su argumentación, el rompimiento del nexo causal necesario para el otorgamiento de la indemnización (pág. 13 del recurso, según su numeración). Después de transcribir diversos extractos del fallo comenta que, a la luz de lo que en este se lee, no existe prueba de la frustración de negocios de venta o alquiler de la propiedad, debido a los hechos establecidos en el voto no 2024-025285. Añadió la recurrente que tampoco se acreditó la supuesta afectación a la integridad física o emocional de la señora Muñoz Delgado, por la existencia de una posible contaminación ambiental por aguas estancadas, insectos u otras circunstancias relacionadas a la construcción de la alcantarilla, por parte de la Municipalidad de Desamparados. Tal falta de demostración se debe, añade la Procuraduría, a que no hay construcciones ni personas en el lugar, pues se trata de un lote baldío. Así las cosas, expone que, dado el fundamento del daño moral subjetivo de la demanda este debe ser rechazado. No obstante, reclama que el juez a quo, después de haber negado la existencia del daño, buscó un nuevo sustento, distinto al que propuso la misma parte actora para reclamar la afectación extrapatrimonial, atribuyéndolo el juzgador a la falta de resolución de la situación acaecida, por parte de las autoridades (pág. 16 del escrito de casación). Así, sostiene que el daño moral subjetivo concedido, no fue el solicitado por la actora. En su criterio, el Tribunal ejecutor rebasó los límites de su competencia, entrando a conocer las consecuencias de una desobediencia a la autoridad judicial, lo que no ha sido alegado por la actora en el subjúdice. Afirma que se ha violentado el derecho de defensa de su representada.
VI.Criterio de la Sala. En esencia, y en línea con lo que se indicó al respecto anteriormente, la sentencia recurrida parte de la estimación de un recurso de amparo formulado en contra de la Municipalidad de Desamparados y el Ministerio de Salud (o “MS”), por no haber tomado las acciones necesarias para solventar una problemática ambiental denunciada por la aquí accionante desde el año 2022, relacionada a la instalación de una tubería de parte del ente local, provocando que aguas pluviales y servidas de propiedades vecinas ingresen en el predio de la ejecutante, generándose un caño natural que discurre en lo interno del inmueble, lo que provoca erosión y contaminación, sin que se hubiese hecho lo necesario para canalizar debidamente dichas aguas (ver hechos probados 1, 2 y 3). Ante esto, observó el Tribunal lo siguiente: “Consecuencia de esa situación, se desprende el malestar, frustración, preocupación y enojo que debió haber sentido la actora al ver reiteradamente que en su propiedad se vertían las aguas llovidas y servidas y que esto afectaba sus intereses sin tener una respuesta ágil, oportuna y eficaz del ente Municipal y de las autoridades de salud”. Ligó esto a la permanencia de la actora en una situación riesgosa para su salud, mientras no se solventaba la situación, como no lo había sido aún, al momento del dictado del fallo ahora recurrido. La magnitud de la demora, en criterio del a quo, permite apreciar las repercusiones anímicas advertidas. Hizo ver que la demandante justificó el daño moral reclamado en afectaciones físicas y patrimoniales, con repercusiones en su estado anímico. Por otra parte, precisó el juzgador que lo que se puede indemnizar como afectación moral es la preocupación y malestar emocional que experimentó la demandante. De tal manera, las afectaciones patrimoniales invocadas no fueron consideradas para los efectos resarcitorios, además de que no las tuvo por probadas. Con respecto al quantum, estimó que el mismo tiene como justificación los siguientes elementos: 1) Naturaleza de los derechos afectados (salud y ambiente sano y ecológicamente equilibrado); 2) Tardanza de más de dos años para cumplirse la orden constitucional; 3) Como circunstancia atenuante, que la finca afectada no es lugar de habitación de la accionante, ni existen allí edificaciones habitadas o habitables, aunado a que no se demostró un daño efectivo a la salud de la actora, ni de terceras personas, producto de los hechos conocidos por la Sala. 4) La suma pretendida por la actora (trescientos millones de colones) es irrazonable y desproporcionada, debiendo limitarse a la de ₡5.000.000,00 (cinco millones), fijada en el fallo. Ahora bien, como se ve, el mismo juzgador hizo ver que la actora ligó el daño moral subjetivo a una afectación de su derecho de propiedad. De ser esto así, no sería procedente atribuir el daño otorgado, de manera sorpresiva, a una causa diversa a la que se alegó en la demanda. Esto generaría sorpresa e indefensión, en perjuicio de las demandadas. Como se verá, es precisamente lo que ha ocurrido. Veamos. En la demanda, además de realizarse una referencia general a las características del daño moral subjetivo, su procedencia en el caso concreto se fundamentó de la siguiente manera: “…se origina al haberse dañado la integridad física de la suscrita y el dolor moral de haberse frustrado en una negociación con el fin de disponer libremente del inmueble de mi propiedad, causándome un grave daño patrimonial que ha tenido repercusiones en el estado anímico de la suscrita actora, como profesional que soy en derecho y exjueza de la república, daño moral que estimo en ₡100.000,00 (cien millones de colones)” -imagen 7 del escrito de demanda, énfasis y subrayado de texto se añaden-. Como es claro, al detallar el motivo que originó el daño moral reclamado, la parte actora lo restringió, expresamente, a dos causas muy específicas, a saber: 1) un daño a su integridad física y 2) Un daño patrimonial asociado a la frustración de una negociación en la que dispondría de su inmueble. Desde esta óptica, debe recordarse que el ejercicio silogístico que emplee el Tribunal, a efectos de subsumir los hechos que tenga por probados, en la normativa aplicable, debe ser realizado dentro de los límites de la teoría del caso de la parte actora. Es por esto que el precepto 180 del CPCA, acertadamente invocado por el Estado, dispone, al regular el contenido del escrito inicial de la ejecución, lo siguiente: “En relación con los daños y perjuicios cuya indemnización se pretende, deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y la estimación prudencial y específica de cada uno de ellos”. Esto es, y no otra cosa, lo que marcó los límites de la discusión sobre el daño moral subjetivo, así como la competencia del Tribunal, a efectos de establecer cuál es la normativa aplicable a esos hechos y motivos para dar sustento a ese extremo de su pretensión liquidatoria. Ahora bien, es diáfano, por lo expuesto, que los fundamentos de sus pretensiones, debe establecerlos la parte ejecutante, claramente, en su liquidación inicial. De tal manera, con vista en esta, se puede obtener información suficiente para determinar el marco de discusión sobre el cual puede y debe versar el análisis del órgano jurisdiccional, a no ser que haya existido una ampliación legítima de lo pretendido o de sus fundamentos, cosa que se echa de menos. Ahora bien, esta Cámara se dio a la tarea de verificar si en la audiencia oral y pública de ejecución se precisó de alguna manera la causa del daño moral reclamado -lo cual no se habría podido considerar sin otorgar a las partes demandadas la oportunidad de ejercer su defensa, ante un eventual ajuste de la causa petendi-. No obstante, al referirse al daño moral subjetivo, el representante de la actora no lo desligó, en ningún momento, a lo que había señalado en su liquidación. En un primer momento, en sus alegatos de apertura (ver manifestaciones a minuto 11:00 de la grabación del juicio), intentó reclamar daño moral subjetivo y objetivo, ante lo cual se le indicó por parte del juzgador a quo que no era procedente una modificación en ese sentido. Valga señalar que, al referirse a esta temática, apuntó a una violación al derecho a la salud, sin mayor concreción de cómo ocurrió esto. Con todo, no invocó la demora en sí, en la resolución de la denuncia y problemática ambiental, como una causa de aflicción autónoma e independiente de las razones que dio al entablar el proceso (afectación a su integridad física y frustración de negocios). Finalmente, en conclusiones, etapa en la que no podía, en todo caso, ampliar su causa de pedir, pues ya se había agotado la discusión sobre los temas traídos a debate por la misma demandante, tampoco realizó una ampliación en ese sentido. Se limitó su representante, básicamente, a invocar jurisprudencia sobre el daño moral subjetivo, para después solicitar un monto mayor por ese concepto, sin haber señalado razones adicionales a las que ya había dado para su procedencia (ver minuto 01:55:40 en adelante, de la grabación de la audiencia de ejecución). Ante ese orden de eventos, debe recordarse que, como parte de sus deberes generales, el órgano jurisdiccional debe velar por el debido proceso y el derecho de defensa, por medio, lógicamente, de un sano contradictorio (artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1 del Código Procesal Civil; 119 y 220 del CPCA). Ergo, no es posible aplicar normas sustantivas para resolver el conflicto, sobre hechos no invocados oportunamente por las partes, pues esto sorprendería a la parte a la cual se le pretenden asignar los efectos adversos de esa subsunción normativa. Desde esta perspectiva, asiste razón a la Procuraduría. Para imputar responsabilidad por daño moral subjetivo, era imprescindible la previa acreditación de las afectaciones a las cuales la parte actora ligó esa repercusión extrapatrimonial; a saber, la existencia de un daño en la integridad física de la actora, así como la frustración de una o más negociaciones por medio de las que pretendía disponer de su propiedad. En esto el fallo debe ser casado, pues la aplicación del régimen jurídico de responsabilidad administrativa, por daño moral subjetivo, se realizó sobre un cuadro fáctico que excede del que planteó la parte actora, dando lugar esto a una errónea aplicación de las normas sustantivas ligadas a dicho régimen, contenido, entre otros preceptos, en los ordinales 190, 196 y 197 de la LGAP, señalados como infringidos por la representación estatal. Esto obliga a que se emita, de parte de esta Sala, un nuevo pronunciamiento de fondo, sobre la procedencia de este extremo de la indemnización. Empero, esto será realizado más adelante, después de considerar los argumentos que también expuso la Municipalidad, sobre la procedencia de esta pretensión. Por otra parte, la representación estatal combate en su segundo agravio (pág. 21 de su impugnación), la cuantificación del daño moral subjetivo. Empero, por la forma en que se ha resuelto el primer agravio, carece de interés el segundo, en el tanto será en el pronunciamiento de fondo que se emita, que deberá esta Cámara graduar la intensidad del menoscabo extrapatrimonial, si existen elementos suficientes para su reconocimiento. En otro orden de ideas, es necesario añadir que lo aquí dispuesto obliga a casar el fallo con respecto a la totalidad del resarcimiento. Si bien el a quo la estableció como divisible, al asignar parte de la responsabilidad a la Municipalidad, y otra parte al Estado, lo cierto es que es una única obligación, con una misma causa y persona acreedora, más allá de la distribución del total del quantum entre las obligadas. De tal manera, el acogimiento del agravio del Estado conlleva la contrariedad de lo resuelto con respecto a la totalidad del extremo resarcitorio en cuestión, incluyendo la proporción que, en criterio del a quo, debía pagar la Municipalidad. De lo contrario, se podría caer en el sin sentido de mantener una parte de la obligación, a pesar de que se ha declarado que la misma es improcedente, por no ser posible declarar su existencia sobre la base de una afectación que no alegó la parte demandada. En todo caso, como se verá de seguido, la Municipalidad también reclamó esta falta de correspondencia, entre los motivos fácticos a los cuales imputó el Juzgado el daño moral, y aquellos que invocó la parte actora en su ejecución. En suma, es claro que la condena por daño moral subjetivo debe ser casada en su integridad, por alcanzar el vicio la totalidad de esa declaratoria y no únicamente parte de esta, amén de ser una misma obligación, a pesar de la distribución de responsabilidad efectuada por el a quo, como ya se explicó.
Recurso de la Municipalidad
VII.Introducción previa sobre los efectos del recurso formulado por el Estado, con respecto a los agravios de la representación municipal. Antes de hacer referencia al recurso del ente local accionado, es necesario aclarar que, tal y como se advirtió, el recurso planteado por la Procuraduría General de la República repercute directamente en el resultado del fallo, con respecto a la Municipalidad, por encontrarse viciada la condena de daño moral subjetivo, en su totalidad, de manera que el acogimiento del agravio del Estado obliga a dejar sin efecto la totalidad de esa declaratoria, por ser insostenible la obligación, únicamente, frente a una de las partes, cuando el mismo vicio repercute en la totalidad de ese extremo del pronunciamiento. Esto, además, encuentra respaldo en la doctrina plasmada en el canon 65.6 del Código Procesal Civil (aplicado supletoriamente, conforme a la cláusula de integración contenida en el ordinal 220 del CPCA), en el tanto establece que: “La impugnación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente. No se podrá enmendar o revocar la resolución en lo que no sea objeto de disconformidad, salvo que la variación, en la parte impugnada, requiera necesariamente modificar otros puntos de la resolución apelada o si fuera necesario para corregir incongruencias, ambigüedades, oscuridades o errores materiales” (El subrayado y énfasis se añaden a la cita). Ahora bien, y en todo caso, algunos de los agravios contenidos en la impugnación de la Municipalidad, como se verá en breve, se refieren al mismo aspecto que recurrió el Estado, razón de más para reconocer el vicio ya advertido, en la indemnización impuesta a las demandadas, por daño moral subjetivo. Por ende, resulta conveniente hacer una referencia a los alegatos de la Municipalidad, aunado a que esta ha presentado reproches que se refieren a otros extremos de la resolución, de modo tal que la atención de su recurso mantiene interés, a pesar de los efectos beneficios de la casación de instancia estatal.
VIII.Tanto los reclamos procesales como los sustantivos contienen, como parte de los reproches, lo atinente al daño moral subjetivo y a la falta de correspondencia entre lo alegado por la actora y lo detectado por el juzgador a quo, para imponer el daño moral subjetivo. Sin embargo, ya este extremo del fallo ha sido dejado sin efecto, por virtud del recurso del Estado. De tal manera, para evitar reiteraciones, los diversos agravios serán resumidos y atendidos conjuntamente. En el apartado de razones procesales (imagen 7 del libelo casacional), se presenta por las causales procesales contenidas en los incisos c) y d) del CPCA. Básicamente, se reprocha una falta de determinación clara y precisa de los hechos probados, así como una falta de motivación respecto del monto de daño moral subjetivo otorgado, el que es calificado como desproporcional. Sobre el daño moral subjetivo. Asegura que la obligación resarcitoria se dividió entre el Estado y la Municipalidad, sin justificación alguna de la proporción utilizada (asignó al ente local el pago de tres millones). Asimismo, reprocha que, mientras la parte ejecutante indicó que su sufrimiento se debe a que no había podido vender el bien de su propiedad, en la sentencia se asentó el daño sufrido en la contaminación ambiental. Destaca, aunado a ello, que en los hechos no probados se estableció una falta de prueba de la afectación a la salud a la accionante, lo que considera contrario a la indemnización del daño moral. Los vicios sustantivos se encuentran expuestos a partir de la imagen 9 del archivo digital correspondiente al escrito recursivo. En primera instancia, acusa la casacionista, una indebida valoración probatoria, con violación del canon 28.1 del Código Procesal Civil. Reclama que se tienen por demostrados hechos en contradicción con la prueba. Específicamente, señala por tal el “dolor” de la actora por la espera de dos años de la prórroga para la ejecución de la sentencia constitucional, lo cual va en contra de dicho pronunciamiento, en el que se consideró prudente otorgar tal plazo adicional. En su criterio, la sentencia recurrida conculca los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, al imponer un monto desproporcional e irracional, por concepto de daño moral, así como por establecer un porcentaje mayor a la Municipalidad, cuando la Sala Constitucional indicó que condenaba a ambos entes. De ahí que en su criterio se valoró erróneamente la prueba para mejor resolver, consistente en la resolución no. 2024025285 de las 09:20 horas del 03 de setiembre de 2024, en la que se concedió la prórroga del plazo para dar solución definitiva al problema de la propiedad de la ejecutante. Considera que, a la luz de dicha resolución, el MS y la Municipalidad han actuado en tiempo y forma, siendo que el plazo no ha vencido (al momento de formulación del recurso). Añade que la ampliación otorgada se debe a que su representada demostró que la obra a desarrollar ronda el monto de ₡228.000.000,00, dadas sus características y las coordinaciones que deben realizarse con otros entes, todo debido a la negativa de la demandante a que la Municipalidad “realice” una servidumbre pluvial, atravesando una pequeña porción de su propiedad, como se demuestra con la prueba adjunta a la contestación. Estima que la prueba se valoró indebidamente, tanto para la fijación del daño moral, como su distribución. Igualmente, liga los yerros valorativos a la fijación de costas del perito (i. 11 del escrito de casación). Aduce, además, que en inspección judicial se demostró que se trata de un terreno que recibe aguas por su geografía y ubicación, lo que no consideró el a quo para establecer el daño moral. Más adelante en la redacción, retoma el tema probatorio, negando que la Sala Constitucional tuviera por demostrado “…que un exceso de escorrentía de aguas pluviales esté generando daños a la propiedad producto de un proceso erosivo que ocasionara un volumen excesivo de agua que esté cayendo al subdrenaje de carretera nacional y local” (cita del texto del recurso, visible a imagen 21 del mismo, correspondiente a parte de la redacción de la casacionista). En cambio, lo que se prohijó, observó, fue que: “…en ese subdrenaje pluvial están cayendo aguas servidas” (imagen 21, con la misma observación; es decir, son palabras de la recurrente). Aseguró que esa situación no es imputable a la Municipalidad, sino a los habitantes del lugar. A su entender, la primera fue condenada como gobierno local, sin ser la causante del daño al ambiente. Esto, estima, conlleva una desproporcionalidad en la condena impuesta, por daño moral. También se explica como un yerro probatorio el que el Tribunal indicara que el nexo causal de la condenatoria del recurso de amparo se debe a la construcción de un acueducto. Señala, como corrección de lo anterior, que lo indicado por la Sala es que, producto de aguas servidas, se afecta el derecho a un ambiente sano. Explica, además, que la alcantarilla fue instalada para la construcción de una acera, de manera que no puede negarse que la Municipalidad, antojadizamente, realizara una desviación de aguas que discurren naturalmente. En otro eje argumentativo (imagen 11 del libelo recursivo), aduce que debió concretarse el motivo que origina el daño moral, ya que no hay indicios de la afectación. Considera desproporcionada la suma otorgada, por dicho concepto y rechaza que corresponda con el sufrimiento de la actora. Con vinculación a este reproche, argumenta que en la sentencia recurrida se indica que la propiedad de la actora no presenta edificaciones habitadas o habitables, ni es usada para habitación. En cambio, hay, únicamente, un corral y algunas cabezas de ganado. Añade que no hay prueba o indicios de afectaciones morales en la vida de la ejecutante (ver i. 21, escrito de casación). Por otra parte, asevera que no hay fundamentación para condenar en proporciones diferentes a la Municipalidad de Desamparados y al Estado. Considera que la sentencia constitucional fue valorada indebidamente -como prueba-, pues en esta se condenó a ambos entes, sin establecer proporciones diferentes, de manera tal que la proporción establecida por el a quo es injustificable, por violentar la sentencia constitucional. Desde adicional arista, sostiene que la sentencia es ayuna de fundamentación y contradictoria, para establecer el daño moral. Transcribe dos amplios extractos del fallo que califica como opuestas, para después, ofrecer las siguientes explicaciones -a partir de la imagen 19 de su escrito-: 1) La suma otorgada no es proporcional ni razonable de acuerdo con los autos; 2) La fundamentación es contradictoria; 3) No se justificaron los montos impuestos a cada ejecutada; 4) No hay indicios para declarar el daño moral, siendo que la actora no ha demostrado un sufrimiento derivado del daño ambiental, o de alguna otra naturaleza. En cambio, asevera que el juez de instancia lo presumió, por aspectos diferentes a los reclamados por la ejecutante, sin tomar en cuenta la situación geográfica del inmueble, ni la oposición de la actora a aceptar una servidumbre pluvial, circunstancias que llevaron a la prórroga otorgada por la Sala Constitucional y por las cuales considera que no hay incumplimiento. En adición a lo anterior, muestra disconformidad con el reconocimiento de las costas del avalúo que ofreció la actora de su propiedad, pues no era esto objeto de la ejecución, al no referirse a daños al ambiente. En su criterio, la demandante intentó confundir la ejecución con una violación al derecho de propiedad, lo que configura una plus petitio, en el tanto se pretendió ordinariar la vía ejecución. Observa que lo concedido excede en más de un 15% lo reclamado. Esta argumentación la liga a la improcedencia de la condena en costas, prevista en el canon 193 del CPCA. En las consideraciones finales de su gestión, la representante de la corporación demandada solicita que se case el fallo, en lo referente a la condena por daño moral subjetivo, declarándolo sin lugar, o bien, ajustándolo proporcionalmente. Además, sostiene que las costas de ejecución deben adecuarse a la condenatoria del menoscabo moral, en tanto las procesales deben eliminarse, al ser improcedente el pago de un peritaje ajeno al nexo causal de la ejecución (imagen 23).
IX.Análisis de la Sala. Ya se ha hecho una amplia referencia a los motivos que llevaron al Tribunal al otorgamiento de una indemnización de daño moral subjetivo, en favor de la actora, de manera que se omite su reiteración. Además, ya se ha plasmado en este fallo también, la necesidad de que la sentencia sea casada, con respecto a la declaratoria de daño moral subjetivo, por haber sustentado el a quo esa condena en una circunstancia que no fue invocada en la demanda. Debe aclararse que lo que se ha expuesto al respecto no desconoce, de ningún modo, que esta suerte de afectaciones se determinan in re ipsa, sin necesidad de prueba directa. Lo que ocurre es que se han atribuido a una causa que no fue la invocada en la demanda, lo que impide reconocer o confirmar el silogismo empleado en el fallo, por utilizar una base fáctica (o premisa menor, en el caso concreto), diversa a la que se detalló en la liquidación. Así, no queda más que reconocer razón a la Municipalidad, en el tanto reclamó esa misma falta de correspondencia entre la fundamentación de la sentencia y la de la liquidación, con respecto a la procedencia del daño moral subjetivo. A su vez, esto hace que sea absolutamente ocioso ingresar al análisis de los demás embates que fueron dirigidos a combatir ese extremo del pronunciamiento (v.g., vicios de la fundamentación en ese aspecto; lo referente a los efectos de la prórroga del plazo otorgado por la Sala Constitucional para solventar la situación; la improcedencia de la distribución de responsabilidades entre el Estado y la Municipalidad; y el carácter excesivo del daño moral subjetivo). Por ende, sobre esos extremos se omite pronunciamiento, por carecer de interés. Distinto es el caso en lo atinente al reconocimiento de las costas del avalúo. En este caso, no solo es un extremo independiente del daño moral, lo que conlleva que su análisis sí es necesario, sino que asiste razón a la representación municipal. En la sentencia, efectivamente, se justificó dicha indemnización en el pago de los honorarios del perito que ofreció la actora, a efectos de que valorara su inmueble. Indicó el a quo: “Respecto a las costas procesales la parte accionada solicitó en la audiencia de juicio la suma correspondiente al pago de honorarios de perito de este proceso, lo cual resulta procedente por ser gastos de esto proceso, de allí que se fijan estas en la suma de ¢1.098.138,52 (un millón noventa y ocho mil ciento treinta y ocho colones con cincuenta y dos céntimos) según se puede constatar en comprobantes de depósito de imágenes 182 a 184 de este expediente judicial electrónico”. Sin embargo, el juzgador no otorgó el peso que ameritaba el hecho de que ningún rubro fue otorgado por concepto de daño material. Como ya se analizó ampliamente, al hacer referencia al recurso presentado por la parte actora, el peritaje fue inútil para incidir en el resultado del proceso, tanto por sus falencias y omisiones, como por no haber sido apto para mostrar las afectaciones patrimoniales invocadas en la demanda, de manera que no procede su resarcimiento, pues ninguna pretensión indemnizatoria prosperó con ocasión de su presentación. Asimismo, es cierto, como lo alegó la representante del Municipio, que lo otorgado en el fallo fue ínfimo, con respecto a lo pretendido (cerca de mil millones de colones). De tal manera, es claro que ha operado un plus petitio, además de que las accionadas tenían motivo suficiente para litigar, por cuanto, indiscutiblemente, les asistían buenas razones para oponerse a la ejecución, siendo que las principales expectativas resarcitorias de la ejecutante -tanto por daños materiales, como morales- han sido rechazadas. Esto obliga a la aplicación de los artículos 193, inciso b, y 194, del CPCA, para exonerar a la parte accionada del pago de las costas y, concretamente, de las del avalúo. No obstante, no será dejada sin efecto la obligación de pago de las costas personales de la ejecución, en resguardo de los principios dispositivo y de no reforma en perjuicio, toda vez que la procedencia de ese extremo del pronunciamiento no fue combatido expresamente por ninguna de las representaciones accionadas. Lo que sí solicitó la representante de la Municipalidad fue su readecuación, conforme al daño moral otorgado. En esto sí lleva razón, por ser consecuencia necesaria de la variación de la condena por daño moral subjetivo, siendo que las costas se calculan con base en la trascendencia económica del proceso (preceptos 76.1 del Código Procesal Civil y 16 del Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado, Decreto Ejecutivo no. 41457 del 17 de octubre de 2018). El pronunciamiento sobre costas se hará conjuntamente, entonces, con el que se realice con respecto al daño moral subjetivo.
X.Nueva declaratoria sobre la procedencia del daño moral subjetivo. La indemnización del daño moral subjetivo, en el contexto de la función administrativa, forma parte de un derecho constitucional, consistente en la reparación integral de los daños causados por la Administración Pública. Se desprende, entre otras normas, de los preceptos 9, 41 y 49 de la Constitución Política; 190 y 197 de la Ley General de la Administración Pública. En términos generales, consiste en el reconocimiento de una compensación económica que, si bien no elimina, conlleva un reconocimiento del ordenamiento jurídico, en beneficio de las personas físicas que han experimentado menoscabos en su esfera más íntima y personal (es decir, su fuero interno y emociones), sin tener el deber jurídico de soportarlo, con ocasión de conductas activa u omisivas de terceros. Por su propia naturaleza, al relacionarse a los más abstractos atributos de la personalidad, se determina in re ipsa. Esto significa que, a la luz de los hechos probados, el Tribunal puede inferir, de manera mediata, y a través de un análisis acorde con la experiencia y el correcto entendimiento humano, su existencia. En ese sentido, no amerita, como requisito indispensable, de elementos probatorios directos y adicionales a los de los hechos dañosos, a no ser que se requiera de la acreditación de alguna circunstancia adicional, como para inferir esa afectación extrapatrimonial. Sobre el tema existe consolidada jurisprudencia. A modo de referencia, consúltense los votos no. 1098-F-S1-2023 de las 10 horas 09 minutos del 05 de julio de 2023 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1170686) y 298-F-S1-2025 de las 10 horas 54 minutos del 27 de febrero de 2025 (https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1281851). Dicho esto, es menester señalar que el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, no debe referirse a aspectos o circunstancias fácticas no introducidas a debate, pues esto colocaría en indefensión a quienes puedan resultar perjudicadas con la decisión. De una manera laxa, el precepto 119 del CPCA alude a la correlación entre la sentencia y las pretensiones. No obstante, por tener mayor claridad, resulta necesario integrar esa disposición con el precepto 61.2 del CPC, al plasmar dicha disposición un principio procesal esencial como lo es el de congruencia, con respecto al acto judicial por excelencia: la sentencia. En dicho mandato legal se dispone: “Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte”. En ese sentido, se plasmó en un voto reciente de este mismo órgano casacional, lo siguiente, sobre la necesaria correspondencia que debe existir entre lo solicitado y debatido por las partes, con respecto a lo que se decida en sentencia: “…el principio de congruencia ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala Primera, destacando que, a través de ese instituto procesal, “el legislador busca asegurar o garantizar el orden, la certeza, el equilibrio, en fin, el derecho de defensa de cada una de las partes, en la contienda judicial”. Para lograr ese objetivo, se atribuye a las partes la necesidad de indicar en la demanda, reconvención y réplica, así como en sus respectivas contestaciones, los hechos en que se fundan y sus pretensiones, esto con el objeto de apercibir a su contraparte, clara y debidamente, los extremos sobre los cuales ha de dirigir su defensa. Al juez, se le impone la obligación de que, al momento de resolver, lo haga circunscrito a los “linderos definidos por lo pedido, alegado y probado” por las partes. En consecuencia, el principio en estudio se vulnera cuando “el juez otorga cuestiones disímiles a las solicitadas, rebasando, en forma ilegal la causa petendi, de estricta observancia en su labor” (Resolución no. 1728-F-S1-2024, de las 10 horas del 05 de diciembre de 2024 en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-1266677). Así las cosas, resulta ineludible prestar atención a lo que esgrimió la parte actora, cuando fundamentó el daño moral subjetivo, a efectos de establecer sí es posible su otorgamiento. Como ya se anticipó, al resolver los recursos del Estado y la Municipalidad, la parte actora, en su ejecución, limitó la causa de pedir del daño moral subjetivo, en los siguientes términos: “…se origina al haberse dañado la integridad física de la suscrita y el dolor moral de haberse frustrado en una negociación con el fin de disponer libremente del inmueble de mi propiedad, causándome un grave daño patrimonial que ha tenido repercusiones en el estado anímico de la suscrita actora, como profesional que soy en derecho y exjueza de la república, daño moral que estimo en ₡100.000,00 (cien millones de colones)” -imagen 7 del escrito de demanda, énfasis y subrayado de texto se añaden-. No obstante, en este proceso no ha logrado la parte actora demostrar un daño efectivo en su integridad física, ni la frustración de negocios específicos en los que pretendiera disponer del inmueble que señala como perjudicado por los hechos debatidos en el proceso de amparo que dio origen a la presente ejecución. En lo referente al primer punto, no combatió en su recurso el hecho de que el Juzgado tuviera por indemostrado un daño efectivo en su salud; al menos no por medio de argumentos claros y concretos, lo cual ameritaba de la indicación de la prueba del caso, sobre eventuales repercusiones en su integridad física. Por el contrario, el a quo indicó, como parte de sus valoraciones y con fundamento en lo que apreció en su reconocimiento judicial, que no existen, actualmente, edificaciones habitadas o habitables de ningún tipo en el inmueble de marras. Esta circunstancia, no desmentida por ninguna de las partes, es relevante, pues conlleva que la actora tenía el deber de explicar y demostrar cómo, a pesar de que el inmueble está deshabitado, se lesionó su integridad física, a raíz del ingreso de agua en su propiedad. Pudo aludir, por ejemplo, a un hecho u incidente dañoso que ocurriera mientras estuvo en el inmueble, y que tuviera relación con el desfogue de aguas no atendido oportunamente por la Municipalidad y el MS. Empero, no hay ninguna prueba de alguna circunstancia que permita acreditar un daño efectivo en su integridad. Por otra parte, no consiguió refutar que no existiera prueba de las repercusiones patrimoniales a las que también atribuyó su aflicción: frustración de negocios en los que pretendiera disponer de la finca (v.g., por medio de venta o alquiler). Ya se explicó en esta misma resolución, los motivos por los cuales la pericial fue inútil para esos efectos, debiendo integrarse lo aquí expuesto con lo antes desarrollado al respecto. Ergo, es claro que la pretensión de daño moral subjetivo es improcedente, no por la inexistencia del derecho concedido en abstracto en la sede de amparo, sino por la falta de demostración de los hechos a los cuales pretendió la accionante que se imputara el nexo causal necesario para la declaración de la obligación resarcitoria. Así, como ya se explicó, encontrándose limitado el órgano jurisdiccional no solo a lo pedido propiamente, sino a los motivos a los cuales se atribuyen los ruegos formulados (sea, a la causa petendi), no queda más que rechazar la pretensión de daño moral subjetivo.
XI.Nuevo pronunciamiento sobre las costas personales de la ejecución. Como se explicó al resolver el recurso de la Municipalidad, no procede desconocer el otorgamiento de las costas personales de la ejecución, al no haberlo solicitado así ninguna de las partes. De hacerlo, la Sala rebasaría los límites de su competencia funcional, delimitada por los agravios de las partes (precepto 65.6 de la ley no. 9342). No obstante, la Municipalidad sí solicitó expresamente una readecuación de las costas personales, considerando lo que se otorgara finalmente, por concepto de daño moral subjetivo. En esto, lleva razón y sería necesario, en todo caso, por ser una consecuencia de la variación de la trascendencia económica del proceso, implicación que también fue expuesta ut supra. Ahora bien, tenemos que, como resultado de esta contienda, únicamente quedó firme, como suma establecida en favor de la parte actora, la correspondiente a las costas del proceso de amparo, por ¢181.500,00 (ciento ochenta y un mil quinientos colones). De tal manera, es claro que la ejecución no puede generar más costas personales que las mínimas, según el Arancel aplicable. Esto es así conforme a la relación de los ordinales 16 y 22 del Decreto Ejecutivo no. 41457, aplicable al subjúdice, por ser el arancel vigente desde 01 de febrero de 2019 y ante la suspensión de los efectos del decreto ejecutivo no. 43704 del 14 de setiembre de 2022, según fue ordenado por la resolución número 5294 del 9 de noviembre de 2023, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En el primero, se establece la tarifa general, conforme a la cual, aquellos procesos cuyo contenido económico sea de hasta ₡16.500.000,00 (dieciséis millones quinientos mil colones), la persona profesional en Derecho devengará honorarios equivalentes al 20% de dicha trascendencia. Por su parte, el ordinal 22 ibíd., dispone que, en ejecución de sentencia, debe aplicarse la mitad de la tarifa general. Ello, aplicado en la especie, conllevaría que la ejecutante tiene derecho a que se le resarzan, como costas personales, el 20% (veinte por ciento) de ciento ochenta y un mil quinientos colones. Empero, esto daría un total de ₡36.300,00 (treinta y seis mil trescientos colones), de manera tal que resulta aplicable el mínimo fijado en esa misma disposición, en los siguientes términos: “En ningún caso los honorarios totales serán inferiores a sesenta mil quinientos colones”. De tal manera, será esta la suma que corresponderá fijar a la parte actora, por concepto de honorarios personales. Por lo demás, no estima procedente la Sala elevar esa suma, considerando la labor desplegada, pues, como ya se expuso, es claro que el contenido económico resultó no solo indemostrado, en su mayoría, sino también exorbitante -cercano a los mil millones de colones-, de manera tal que, a pesar de que no se ha variado la declaratoria del derecho de la actora a percibir el pago de las costas de la ejecución, en observancia de los principios dispositivo y de no reforma en perjuicio, resultaría un despropósito conceder más allá del mínimo legal, ante una liquidación claramente exagerada, aunado a que la actividad probatoria incitada por la accionada resultó infructuosa, de manera tal que no hay razón para trasladar el costo de la asesoría profesional asociada a dichas probanzas, a la Municipalidad, ni al Estado.
XII.Síntesis. Como consecuencia de todo lo analizado antes, deberá rechazarse el recurso de casación presentado por la parte ejecutante. En cambio, las impugnaciones formuladas por el Estado y la Municipalidad, sí son de recibo, de la siguiente manera: 1) Deberá dejarse sin efecto la indemnización por concepto de daño moral subjetivo, impuesta a cargo del Estado y de la Municipalidad de Desamparados, conforme a la distribución allí establecida. Esto, por ser improcedente, al no haberse acreditado los hechos a los cuales imputó la parte actora el menoscabo. 2) El monto concedido por costas de la ejecución deberá readecuarse, para fijarse en el mínimo legal, por ₡60.500,00 (sesenta mil quinientos colones); esto, al no superar la trascendencia económica del proceso, el umbral necesario para conceder una suma mayor, según el Arancel de honorarios aplicable. 3) Deberá casarse la sentencia también, en lo referente al otorgamiento de ¢1.098.138,52 (un millón noventa y ocho mil ciento treinta y ocho colones con cincuenta y dos céntimos), por concepto de costas procesales de la ejecución, por cuanto esto se relaciona a un peritaje que no aportó ninguna utilidad al proceso, relacionado a un extremo que fue denegado en su totalidad (el daño material). En lo demás, se mantiene incólume lo resuelto.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso incoado por la parte actora. En cambio, se acoge al formulado por el Estado y el de la Municipalidad, en los términos que se indicarán de seguido. Se casa la sentencia recurrida, en los siguientes extremos: 1) Se deja sin efecto la indemnización por concepto de daño moral subjetivo, impuesta a cargo del Estado y de la Municipalidad de Desamparados, conforme a la distribución allí establecida. En su lugar, se rechaza dicho extremo de la liquidación. 2) Se varía el monto otorgado por concepto de costas personales de la ejecución, para fijarse en ₡60.500,00 (sesenta mil quinientos colones). 3) Se deja sin efecto el reconocimiento de ¢1.098.138,52 (un millón noventa y ocho mil ciento treinta y ocho colones con cincuenta y dos céntimos), por concepto de costas procesales de la ejecución. En lo demás, se mantiene incólume lo resuelto.
LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A LINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO - MAGISTRADO/A DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A IGNACIO JOSE MONGE DOBLES - MAGISTRADO/A JORGE LEIVA POVEDA - MAGISTRADO/A
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