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Res. 01841-2025 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 19/12/2025
OutcomeResultado
The cassation appeal on procedural grounds is upheld, the challenged ruling is set aside, and the matter is remanded to the trial court to decide the timely request for addition and clarification.Se declara con lugar el recurso de casación por razones procesales, se casa el voto recurrido y se ordena el reenvío al tribunal de instancia para que conozca la solicitud de adición y aclaración presentada dentro del plazo legal.
SummaryResumen
The First Chamber hears a cassation appeal against a judgment by the Contentious-Administrative Court that partially upheld a claim seeking the nullity of land-use certificates and business licenses issued by the Municipality of San José, together with moral damages. The co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. appeal on procedural grounds, arguing that the trial court wrongly dismissed their request for addition and clarification as time-barred, despite it being filed within the three-business-day period following electronic service to all parties, as required by article 38 of the Judicial Notifications Law. The Chamber upholds this argument, finding that the filing was timely and that its improper rejection caused indefensión and violated due process. It therefore sets aside the ruling and remands the matter so that the court decides the addition and clarification on the merits, without prejudging the possibility of altering the substantive judgment.La Sala Primera conoce un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que declaró parcialmente con lugar una demanda de nulidad de usos de suelo y patentes comerciales en la Municipalidad de San José, así como la condena al pago de daño moral. Los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. recurren por razones procesales, alegando que el tribunal de instancia rechazó indebidamente por extemporánea su solicitud de adición y aclaración, cuando fue presentada dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la notificación electrónica a todas las partes, conforme al artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales. La Sala acoge el agravio, determina que la gestión sí fue tempestiva y que el rechazo generó indefensión con violación del debido proceso, por lo que casa la resolución recurrida y ordena el reenvío para que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la adición, sin prejuzgar sobre la posibilidad de modificar lo ya decidido en la sentencia principal.
Key excerptExtracto clave
Article 38 of the Judicial Notifications Law provides that, when an electronic means or judicial mailbox is indicated, service takes effect the following business day after transmission, and procedural time limits run from the business day after service to all parties. In turn, article 63 of the Civil Procedure Code—applicable supplementarily per article 220 of the CPCA—states that addition and clarification are a procedural remedy limited to supplementing omissions in the operative part or clarifying obscure points, without empowering judges to alter what was decided. Finally, article 137(1)(b) and (h) of the CPCA allow cassation on grounds of indefensión and violation of norms whose non-observance entails absolute nullity. From the record review, judgment No. 011-2022-IV was delivered at 1:10 p.m. on Monday, February 7, 2022, and served on all parties that same day by electronic means. Under article 38 of the Judicial Notifications Law, service takes effect the following business day—Tuesday, February 8, 2022. The three-business-day period to request addition or clarification therefore expired on Friday, February 11, that same year. The request filed by the appellants was submitted precisely on that date, within the statutory time limit. Consequently, it is clear that the Court erred in deeming the filing untimely, unjustifiably restricting the party's right to a defense.El artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales establece que, cuando se señala un medio electrónico o casillero judicial, la notificación surte efectos el día hábil siguiente a la transmisión, y que los plazos procesales corren a partir del día hábil siguiente a la notificación a todas las partes. Por su parte, el artículo 63 del Código Procesal Civil —aplicable supletoriamente conforme al artículo 220 del CPCA— dispone que la adición y aclaración constituyen un remedio procesal limitado a subsanar omisiones en la parte dispositiva o a aclarar puntos oscuros, sin facultar a las personas juzgadoras a modificar lo resuelto. Finalmente, el artículo 137 inciso 1, apartados b) y h), del CPCA prevén la procedencia del recurso de casación por indefensión y por violación de normas cuya inobservancia acarree nulidad absoluta. De la revisión de autos, consta que la sentencia no. 011-2022-IV fue dictada a las 13 horas 10 minutos del lunes 7 de febrero de 2022, siendo notificada a todas las partes ese mismo día mediante medios electrónicos. Al tenor del artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, la notificación surte efectos el día hábil siguiente, es decir, el martes 8 de febrero de 2022. El plazo de tres días hábiles para gestionar la adición o aclaración vencía, en consecuencia, el viernes 11 de febrero de ese año. La solicitud presentada por los recurrentes fue interpuesta precisamente en esa fecha, dentro del plazo legal. Por ello, resulta evidente que el Tribunal erró al considerar extemporánea la gestión, lo que restringió injustificadamente el derecho de defensa de la parte.
Pull quotesCitas destacadas
"El artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales establece que, cuando se señala un medio electrónico o casillero judicial, la notificación surte efectos el día hábil siguiente a la transmisión, y que los plazos procesales corren a partir del día hábil siguiente a la notificación a todas las partes."
"Article 38 of the Judicial Notifications Law provides that, when an electronic means or judicial mailbox is indicated, service takes effect the following business day after transmission, and procedural time limits run from the business day after service to all parties."
Considerando IV
"El artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales establece que, cuando se señala un medio electrónico o casillero judicial, la notificación surte efectos el día hábil siguiente a la transmisión, y que los plazos procesales corren a partir del día hábil siguiente a la notificación a todas las partes."
Considerando IV
"La solicitud presentada por los recurrentes fue interpuesta precisamente en esa fecha, dentro del plazo legal. Por ello, resulta evidente que el Tribunal erró al considerar extemporánea la gestión, lo que restringió injustificadamente el derecho de defensa de la parte."
"The request filed by the appellants was submitted precisely on that date, within the statutory time limit. Consequently, it is clear that the Court erred in deeming the filing untimely, unjustifiably restricting the party's right to a defense."
Considerando IV
"La solicitud presentada por los recurrentes fue interpuesta precisamente en esa fecha, dentro del plazo legal. Por ello, resulta evidente que el Tribunal erró al considerar extemporánea la gestión, lo que restringió injustificadamente el derecho de defensa de la parte."
Considerando IV
"Las gestiones de adición y aclaración no pueden emplearse para revocar o alterar el contenido sustantivo de la sentencia, igualmente, el cómputo de plazos debe realizarse conforme al ordenamiento, de modo que cualquier rechazo indebido por extemporaneidad genera indefensión susceptible de casar la resolución."
"Requests for addition and clarification may not be used to revoke or alter the substantive content of a judgment; likewise, time limits must be computed in accordance with the legal system, so that any improper rejection on grounds of untimeliness creates indefensión and renders the ruling subject to cassation."
Considerando IV
"Las gestiones de adición y aclaración no pueden emplearse para revocar o alterar el contenido sustantivo de la sentencia, igualmente, el cómputo de plazos debe realizarse conforme al ordenamiento, de modo que cualquier rechazo indebido por extemporaneidad genera indefensión susceptible de casar la resolución."
Considerando IV
"Se declara con lugar el recurso interpuesto por la representación de los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. Se casa el voto no. 011-2022-IV-BIS de las 16 horas 15 minutos del 18 de febrero de 2022, y se ordena el reenvío al Tribunal Contencioso Administrativo."
"The appeal filed by the representatives of co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. is upheld. Ruling No. 011-2022-IV-BIS of 4:15 p.m. on February 18, 2022, is set aside, and the matter is remanded to the Contentious-Administrative Court."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso interpuesto por la representación de los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. Se casa el voto no. 011-2022-IV-BIS de las 16 horas 15 minutos del 18 de febrero de 2022, y se ordena el reenvío al Tribunal Contencioso Administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Sala Primera de la Corte Date of Resolution: December 19, 2025 at 10:50 a.m.
Case File: 14-006088-1027-CA Type of matter: KNOWLEDGE Analyzed by: SALA PRIMERA Content of Interest:
Type of content: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Cassation appeal Subtopics:
Cassation for procedural reasons.
Topic: Addition and/or clarification Subtopics:
Time limit to challenge.
Topic: Due process Subtopics:
Right of defense.
Mandates 137.1.b and h of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) provide for the admissibility of the cassation appeal due to defenselessness (indefensión) and for violation of norms whose non-observance carries absolute nullity. The request for addition and clarification filed by the appellants was submitted within the legal time limit. Therefore, it is evident that the Court erred in considering it untimely, which unjustifiably restricted the party's right of defense. Such procedural error is particularly serious and contravenes mandates 38 of the Judicial Notifications Law (Ley de Notificaciones Judiciales), 61.2 and 63 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), violating the principles of legal certainty, consistency, and due process. Hence, any improper rejection for untimeliness generates defenselessness susceptible to cassating the resolution (vote 1841-F-2025).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Case File:. 14-006088-1027-CA Res. 001841-F-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours fifty minutes on December nineteenth, two thousand twenty-five.
In the knowledge proceeding, established by HERNAN FERNÁNDEZ MONTERO, OLMAN GERARDO FERNÁNDEZ MONTERO, LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ MONTERO, JUANITA VARGAS CASTRO, MARIO FERNÁNDEZ MONTERO, JAZMIN McTAGGART DÍAZ, GLORIA DIAZ MESEN, MANUEL MONDUL MORERA, LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ VARGAS, and MABEL PATRICIA CARMONA AGÜERO; against the MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, JUAN DIEGO ROJAS ALFARO, FALU ARIMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, and, VS AUTOTRÓNICA MB LIMITADA; also sued were GENMOTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, and WILLIAM ROMERO ZÚÑIGA, declared in default; in which the special judicial representative of Juan Diego Rojas Alfaro, and the companies Falu Arimar, and Vs Autotrónica Mb; as well as the special judicial representative of the Municipality, file respective cassation appeals against judgment no. 011-2022-IV of 1:10 p.m. on February 7, 2022, as well as its addition and clarification no. 011-2022-IV of 4:15 p.m. on February 18, 2022, issued by the Administrative Litigation and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), composed of the judges Judith Reyes Castillo, José Iván Salas Leitón and Felipe Córdoba Ramírez. Appearing are licensed attorney Zaida Sequeira Ávalos, as special judicial representative of the plaintiffs; licensed attorney Marlene Rodríguez Granados, in her capacity as general judicial representative of the Municipalidad de San José; and licensed attorney Laura Sánchez Sánchez, in her capacity as general judicial representative of the defendant Rojas Alfaro, and the companies Falu Arimar and VS Autotrónica.
Drafted by Magistrate Rivas Loáiciga
CONSIDERING
I.- The representation of the plaintiffs, by way of summary, alleges that all the plaintiffs are neighbors from San Sebastián, from Supermercado Walmart two hundred meters south and four hundred meters west, private entrance, with a passage easement (servidumbre de paso). They indicate that this area is classified, in the Land-Use Zoning map of the San Sebastián district, of the Urban Master Plan (Plan Director Urbano) of San José, as Residential Zone Three. They state that at this address there is a property registered in the Public Registry, San José District Folio Real Matrícula number 348206, over which the private passage easement (servidumbre de paso) is constituted with a length of one hundred forty meters and thirty-six centimeters and a width of five meters sixty centimeters. They reiterate that all the appearing parties are users, neighbors, and some are owners of lots adjoining the cited easement (servidumbre). They add that along this passage easement (servidumbre de paso) exist properties under matrícula numbers 26990-000, 426993-000, 426994-000, owned by the company Falu Arimar S.A. and the property matrícula 530966-000 owned by Mr. Juan Diego Rojas Alfaro. They state that between the years 2007 and 2010 the owners of these lots, without the corresponding construction permit, built four zinc warehouses, exceeding one thousand square meters of construction; and despite the fact that the Municipalidad de San José does not grant construction permits for this type of building, the owners of those lands built without the respective permits in full view and with the tolerance of municipal inspectors, failing to comply with the setback (retiro) required by the Urban Master Plan of San José, nor with the corresponding parking spaces, but rather built in line with the passage easement (servidumbre de paso) and over the entire area of the properties belonging to them. They allege that despite the complaints filed before the Municipalidad de San José, the owners of the lands finished the construction of said warehouses. They point out that after the construction of those warehouses, industrial bodywork and painting workshops, forklift painting and repair, as well as vehicle mechanics and repair were installed in said buildings. They estimate that the illegal operation of these workshops, in a zone classified as Residential Zone Three, causes great inconvenience to the neighbors and users of the easement (servidumbre), primarily due to the noise and environmental pollution generated by said workshops, as well as the agglomeration of vehicles that occurs on the passage easement (servidumbre de paso), since the owners of these properties, violating the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the respective regulations, and the Urban Master Plan of San José, built without a permit, in an area where those constructions and activities are not permitted; further aggravating the situation, since they also did not leave the mandatory setback (retiro), nor the parking areas required by the urban master plan. They state that during the first months of the year 2011, Mr. Juan Diego Rojas Alfaro requested the land-use certificates (usos de suelo) for the aforementioned properties. They point out that the Technical Council (Consejo Técnico) of the Municipalidad de San José, through minute 12-2011 dated March 23, 2011, and minute 20-2011 dated May 26, 2011; without any legal basis and in complete violation of what our legislation establishes, proceeded to authorize the certificates of existing non-conforming use (uso de suelo existente no conforme), on the properties where the cited workshops are built. They point out that the questioned existing non-conforming use certificates served as the basis for the granting of the business licenses (patentes) challenged in the lawsuit. They allege that on November 25, 2011, the Administrative Proceeding was initiated at the Municipalidad de San José, through which they denounced the irregular granting of the land-uses (usos de suelo), existing non-conforming (existentes no conforme) and the respective licenses (patentes), for being approved against what the Legal System (Ordenamiento Jurídico) establishes, and for lacking motive, content, and purpose, requesting the declaration of evident and manifest absolute nullity of said land-uses (usos de suelo). They indicate that the petition for evident and manifest absolute nullity was based on the regulation established by the Urban Planning Law and the Urban Master Plan of the Municipalidad de San José. They cite the Urban Planning Law, in its articles 27, 28, 29 and 30. They highlight that article 28 clearly establishes that existing non-conforming uses (usos ya existentes no conformes) must also be recorded with a certificate expressing such circumstance and that each zoning regulation will set the date from which said certificates will be mandatory (1995, in the case of the Municipalidad de San José). They maintain that the article is very clear and indicates that, in order to decree the Existing, Non-Conforming Use (Uso Existente, No Conforme), the activity must have existed at the time the zoning regulation of each Municipality comes into effect. They allege that this regulation goes further and indicates that Existing, Non-Conforming Uses (Usos ya Existentes, No Conformes) may only be transformed into another compatible or concordant with the zoning. They also indicate, in the same article 28 of the cited law: "It is prohibited to use or dedicate lands, buildings, structures, to any use that is incompatible with the implemented zoning" it is understood that the land-uses (usos de suelo) and the activity authorized, in the licenses (patentes) granted by the Municipality, are not compatible with the zone, since this zone is classified as Residential Zone Three, in the Urban Master Plan of the cited Municipality. They emphasize that said constructions and activities did not exist on said lots, before the entry into force of the PDU, as required by the legislation, since the Urban Master Plan of the Municipalidad de San José was published in La Gaceta number 17 of January 24, 1995, which is reformed in the year 2005. They state that in Title One, Chapter One, article three, concerns regarding existing, non-conforming land-uses (usos de suelo existentes, no conformes) are regulated, which was dictated in accordance with what the Urban Planning Law establishes and quotes textually: "(...) 3.3. Existing Non-Conforming Uses (Usos Existentes No Conformes). These are all those activities and building works existing on the date of entry into force of the PDU, but which are not compatible with its requirements and guidelines. (...)". They consider that the acts issued by the members of the Technical Council (Consejo Técnico) lack due submission to the legal system (ordenamiento jurídico), disrespecting the guidelines indicated therein, and omitting the complete application of the rules relevant to the present case. They state that the rule indicates the obligation of the interested party to demonstrate the requirements demanded to be able to make said declaration of "Existing, Non-Conforming Uses (Usos Existentes, No Conformes)", as well as the obligation of the Technical Council (Consejo Técnico) as public officials, to verify that what the legislation demands is truly complied with, providing the motivation of the act, since this motivation constitutes a declaration of what the factual and legal circumstances are that have led the public administration to issue said act, as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has repeatedly indicated. They claim that in the case, the officials of the Municipalidad de San José, far from investigating the complaint and request presented by the plaintiffs here in the administrative proceeding, and from objectively analyzing the application of the law that regulates existing, non-conforming land-use (uso de suelo existente, no conforme), simply limited themselves to indicating, without any legal, factual, or juridical basis, that the questioned land-uses (usos de suelo) were granted in accordance with the norm. They reveal that on March 28, 2012, they filed an appeal before the Municipal Mayor (Acalde Municipal), Johnny Araya Monge, who proceeded to issue resolution number ALCADIA 705-2012, through which he rejected the petition to decree the evident and manifest absolute nullity of the questioned land-uses (usos de suelo) and licenses (patentes) and indicated that said acts were issued in accordance with the norm. They add that on April 9, 2012, due to the municipal refusal, an appeal was filed before the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso), under case file number 12-002638-1027-CA. They mention that on March 15, 2013, the Administrative Litigation Court, Section Three, issued judgment number 102- 2013, through which the resolution of the Municipal Mayor is annulled, and it is declared that the questioned land-uses (usos de suelos) are absolutely null, illegal and lacking motive, content and purpose, for having been approved against what the legal system (ordenamiento jurídico) establishes. They highlight that on April 1, 2013, the Department of Licenses (Departamento de Patentes) granted Mr. Juan Diego Rojas Alfaro -while the Administrative Litigation Court was resolving the nullity of the questioned land-uses (usos de suelos)- license (patente) number 1328767110001, for Tecni Servicios J.D., authorized for the activity of Lathe Workshop and Machinery Repair, basing this new license (patente) on the original existing, non-conforming land-use (uso de suelo existente, no conforme) certificate, which had been approved on March 23, 2011, through minute number 12-2011, for the activity of Lathe and Forklift Repair Workshop. They argue that said land-use (uso de suelo) was classified as illegal, with absolute nullity, in resolution number 102-2013, for having been approved in violation of the Legal System (Ordenamiento Jurídico) and for lacking motive, content and purpose. They maintain that as of the date of filing the lawsuit, approximately eleven months after the notification of resolution 102-2013, -where the Administrative Litigation Court, Section Three, resolved that the questioned land-uses (usos de suelos) were illegal and absolutely null, lacking motive, content and purpose- the Municipalidad de San José has still not wanted to initiate the due process to declare the evident and manifest absolute nullity of said land-uses (usos de suelo), despite all the enormous efforts and procedures carried out by the plaintiffs.
II.- The plaintiffs, based on this relation of facts and as established in the preliminary hearing, requested: "1) That the corresponding processing be given to this lawsuit and that it be approved in all its aspects. / 2) We request that the non-conformity of the questioned administrative conduct with the legal system (ordenamiento jurídico) and of all connected acts or proceedings be declared. / 3) The non-conformity of administrative conduct with the legal system (ordenamiento jurídico) is requested, and that the questioned licenses (patentes) are contrary to law and lack motive, content and purpose. Adjusted in the Preliminary Hearing / 4) That the Absolute Nullity of the questioned land-uses (usos de suelo) and licenses (patentes) be declared. Questioned land-uses (usos de suelo): -CT 218908, for lathe and forklift repair workshop, -CT 218906, for gas stove sales and reconstruction, -CT 218905, for bodywork workshop, -CT 218907, for granite countertop sales. The previous land-uses (usos de suelo) were approved through minute number 12-2011 dated March 23, 2011, of the Technical Council (Consejo Técnico) of the Dirección de Regulación y Seguimiento of the Municipalidad de San José. -CT 225229, for automotive electronic diagnosis. This last land-use (uso de suelo) was approved through minute 20-2011 dated May twenty-sixth, 2011, of the Technical Council (Consejo Técnico) of the Dirección de Regulación y Seguimiento of the Municipalidad de San José. Licenses (Patentes) authorized based on the previous land-uses (usos de suelo), challenged as absolutely null: -PATENTE No. 1000036110001, under the name of Genmotec S. A. License (Patente) authorized for lathe and forklift repair workshop. -PATENTE No. 1337176110001 under the name of Romero Zúñiga William Enrique. (Taller RZ). Authorized for a bodywork workshop. -PATENTE No. 1450693110001 under the name of VS Autotronica MB LTDA, authorized for automotive electronic diagnosis. - Patente number 1328767110001, for TECNI SERVICIOS J.D., authorized for the activity of Lathe workshop and machinery repair. / 5) Withdrawn / 6) We request that the absolute nullity be decreed, of all those other licenses (patentes) that are authorized in the future based on the cited land-uses (usos de suelo). Adjusted in the Preliminary Hearing / 7) Withdrawn / 8) We request that the Municipality, defendant here, be ordered to pay both costs of this action and their respective interests until their effective payment. / 9) Withdrawn / 10) We request that the Municipality defendant here be ordered; to pay the subjective moral damages caused to all the plaintiffs prudentially calculated in the sum of three million for each of the plaintiffs here, for a total amount of thirty million colones, and to pay their respective interests until their effective payment. / 11) We request, from this Court, the indexation of the sums of money, which the Municipalidad de San José is ordered to pay, for the concepts previously requested". The representations of the co-defendants answered the lawsuit negatively. They raised the prior defenses of lack of jurisdiction, improper representation, failure to exhaust administrative remedies, defective lawsuit, lis pendens, expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción), rejected in interlocutory rulings. They also raised the exceptions of lack of right and lack of standing in its dual modality. All requested that the lawsuit be declared without merit with an award of costs. The Administrative Litigation and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), in vote no. 011-2022-IV of 1:10 p.m. on February 7, 2022 resolved: "The evidence for better resolution offered by the Municipalidad de San José is partially admitted. The lack of standing in its dual modality is rejected and the lack of right is partially upheld. The lawsuit is partially granted, being understood as denied in what is not expressly granted. Consequently, the licenses (patentes) still active and that are found to be operating are annulled, for lacking the land-use (uso de suelo) requirement, namely: license (patente) number 1450693110001 under the name of VS Autotrónica MB LTDA, license (patente) number 1328767110001 under the name of Juan Diego Rojas Alfaro (Tecniservicios JD) and license (patente) number 1000022110001 under the name of Olman Fernández Montero (Taller Fernández). Ex officio, a lack of current interest is declared regarding the inactive licenses (patentes) numbers: license (patente) number 1000036110001 under the name of GENMOTEC S.A. and license (patente) number 1337176110001 under the name of William Romero Zúñiga (Taller R.Z.). The Municipalidad de San José is ordered to pay the amount of ¢500,000.00 (five hundred thousand colones) exactly in favor of each of the plaintiffs for the concept of subjective moral damages. The procedural and personal costs shall be borne by the Municipalidad de San José, with the determination of their quantum left for the Sentence Execution Stage at the instance of the plaintiffs. Regarding the lawsuit filed against the co-defendant license holders, it is resolved without a special award of costs. It is ordered that this Judgment be communicated to the Contraloría General de la República and to the Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción Office" (the highlighting is from the original). Both the plaintiffs and the representation of the co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. filed an appeal for addition and clarification against said judgment. Through vote no. 011-2022-IV-BIS of 4:15 p.m. on February 18, 2022, it was resolved: "The request for clarification and addition by the plaintiffs is granted, excluding from the Por tanto of judgment N° 011-2022-IV the license (patente) number 1000022110001 under the name of Olman Fernández Montero (Taller Fernández). In all other respects, the judgment and the operative part remain unchanged. The request for clarification and addition filed by the co-defendant party is denied as untimely" (the underline is from the original). Dissatisfied, the general judicial representative of the sued municipality, as well as the representation of the co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda., filed a cassation appeal.
Appeal of Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda.
Appeal for procedural reasons III.- The representation of the co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. formulates an objection of this type. In this sole grievance, they allege the absolute nullity of what was resolved in vote no. 011-2022-IV-BIS, based on article 137 subsections b), d) and h) of the CPCA, for violation of procedural rules that caused them defenselessness (indefensión). They formulate this objection from two perspectives. First, in that the Court, when resolving the requests for addition and clarification, modified the substance of the judgment by excluding from the por tanto the license (patente) no. 1000022110001 under the name of Olman Fernández Montero (Taller Fernández), even though the plaintiffs had only requested an explanation of the reasons for its annulment and not its exclusion. They maintain that the jurisdictional body acted ultra petita, altering the considering and the operative part under the pretext of correcting a supposed material error never invoked, improperly using the avenue of addition and clarification regulated in article 63 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), when the proper course was to reject the request or issue an autonomous correction resolution. They affirm that the reiterated jurisprudence of Sala Primera prohibits varying the substance of the judgment through addition or clarification, which are limited to supplying omissions or obscurities in the operative part. Additionally, in the second, they denounce erroneous application of article 38 of the Judicial Notifications Law (Ley de Notificaciones Judiciales), as their request was filed on February eleventh, two thousand twenty-two, within the three-day period counted from the day following notification to all parties, and therefore could not be declared untimely. They also point out internal contradictions in the appealed vote, by declaring their request rejected for untimeliness and, at the same time, proceeding to refer to the “resultando” whose addition they requested, which prevents clearly understanding the true scope of the decision and violates the right of defense. They highlight that the lack of motivation constitutes a defect of absolute nullity, according to the jurisprudence of Sala Primera (resolution no. 00176-2009), which has emphasized that without substantiation there is no right nor real possibility of challenge.
IV.- The representation of the co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. alleges that in vote no. 011-2022-IV-BIS, the Court incurred in violation of procedural rules that caused them defenselessness (indefensión), since when resolving the requests for addition and clarification, it not only substantively modified what was decided —by excluding from the por tanto the license (patente) no. 1000022110001 under the name of Olman Fernández Montero (Taller Fernández)— but also rejected the request presented by their party as untimely. They argue that said rejection was improper, since the request was filed within the legal period provided for in the Judicial Notifications Law (Ley de Notificaciones Judiciales). Article 38 of the Judicial Notifications Law establishes that, when an electronic means or judicial mailbox is designated, notification takes effect on the business day following the transmission, and that procedural deadlines run from the business day following notification to all parties. For its part, article 63 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) —supplementally applicable in accordance with article 220 of the CPCA— provides that addition and clarification constitute a procedural remedy limited to remedying omissions in the operative part or clarifying obscure points, without empowering the judges to modify what was resolved. Finally, article 137 subsection 1, paragraphs b) and h), of the CPCA provide for the admissibility of the cassation appeal due to defenselessness (indefensión) and for violation of norms whose non-observance carries absolute nullity. From the review of the case records, it is noted that judgment no. 011-2022-IV was issued at 1:10 p.m. on Monday, February 7, 2022, and was notified to all parties that same day by electronic means. Under article 38 of the Judicial Notifications Law, the notification takes effect on the following business day, that is, Tuesday, February 8, 2022. The three-business-day period to file the addition or clarification expired, consequently, on Friday, February 11 of that year. The request filed by the appellants was submitted precisely on that date, within the legal period. Therefore, it is evident that the Court erred in considering the request untimely, which unjustifiably restricted the party's right of defense. Such procedural error is particularly serious, as it denied the possibility for their request to be timely addressed. In this sense, the Court's procedure contravened article 38 of the Judicial Notifications Law (Ley de Notificaciones Judiciales) and articles 61.2 and 63 of the CPC, violating the principles of legal certainty, consistency, and due process. The requests for addition and clarification cannot be used to revoke or alter the substantive content of the judgment; likewise, the computation of time limits must be carried out in accordance with the legal system, so that any improper rejection for untimeliness generates defenselessness (indefensión) susceptible to cassating the resolution. Based on the foregoing, the grievance is admissible, since the Court incurred in procedural error by declaring untimely the request for addition and clarification submitted within the legal time limit.
V.- For the reasons given, the appeal filed by the representation of the co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. shall be granted. Therefore, it will proceed to cassate vote no. 011-2022-IV-BIS of 4:15 p.m. on February 18, 2022, and order the remand to the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo), so that, with strict adherence to article 38 of the Judicial Notifications Law (Ley de Notificaciones Judiciales) and article 63 of the CPC, it may hear anew the request for addition and clarification filed by the co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. Due to the way the co-defendants' appeal was resolved, there is no interest in hearing the rest of the appeal filed by this party, nor the one that was filed by the Municipalidad de San José.
POR TANTO
The appeal filed by the representation of the co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. is granted. Vote no. 011-2022-IV-BIS of 4:15 p.m. on February 18, 2022 is cassated, and the remand is ordered to the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo), so that it may hear anew the request for addition and clarification filed by the co-defendants Juan Diego Rojas Alfaro and VS Autotrónica MB Ltda. Due to the way the co-defendants' appeal is resolved, there is no interest in hearing the rest of the appeal filed by this party, nor the one that was filed by the Municipalidad de San José. JZUNIGAAL LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A GUILLERMO GUILÁ ALVARADO - MAGISTRADO/A 1 Classification prepared by SALA PRIMERA of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Sala Primera de la Corte Clase de asunto: CONOCIMIENTO Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:
Casación por razones procesales.
Tema: Adición y/o aclaración Subtemas:
Plazo para impugnar.
Tema: Debido proceso Subtemas:
Derecho de defensa.
El mandato 137.1.b y h del Código Procesal Contencioso Administrativo prevé la procedencia del recurso de casación por indefensión y por violación de normas cuya inobservancia acarree nulidad absoluta. La solicitud de adición y aclaración presentada por los recurrentes fue interpuesta dentro del plazo legal. Por ello, resulta evidente que el Tribunal erró al considerarla extemporánea, lo que restringió injustificadamente el derecho de defensa de la parte. Tal error procesal reviste especial gravedad y contraviene los mandatos 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, 61.2 y 63 del Código Procesal Civil, vulnerando los principios de seguridad jurídica, congruencia y debido proceso. Por ende, cualquier rechazo indebido por extemporaneidad genera indefensión susceptible de casar la resolución (voto 1841-F-2025).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Res. 001841-F-S1-2025 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.
En proceso de conocimiento, establecido por HERNAN FERNÁNDEZ MONTERO, OLMAN GERARDO FERNÁNDEZ MONTERO, LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ MONTERO, JUANITA VARGAS CASTRO, MARIO FERNÁNDEZ MONTERO, JAZMIN McTAGGART DÍAZ, GLORIA DIAZ MESEN, MANUEL MONDUL MORERA, LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ VARGAS, y MABEL PATRICIA CARMONA AGÜERO; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, JUAN DIEGO ROJAS ALFARO, FALU ARIMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, y, VS AUTOTRÓNICA MB LIMITADA; también se demandó a GENMOTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, y WILLIAM ROMERO ZÚÑIGA, declarados en condición de rebeldía; en la cual la apoderada especial judicial de Juan Diego Rojas Alfaro, y las sociedades Falu Arimar, y Vs Autotrónica Mb; así como la apoderada especial judicial de la Municipalidad, formulan sendos recursos de casación contra la sentencia no. 011-2022-IV de las 13 horas 10 minutos del 7 de febrero de 2022, así como su adición y aclaración no. 011-2022-IV de las 16 horas 15 minutos del 18 de febrero de 2022, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por las personas juzgadoras Judith Reyes Castillo, José Iván Salas Leitón y Felipe Córdoba Ramírez. Intervienen, la licenciada Zaida Sequeira Ávalos, como apoderada especial judicial de las personas actoras; la licenciada Marlene Rodríguez Granados, en su condición de apoderada general judicial de la Municipalidad de San José; y la licenciada Laura Sánchez Sánchez, en su condición de apoderada general judicial del demandado Rojas Alfaro, y las sociedades Falu Arimar y VS Autotrónica.
Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga
CONSIDERANDO
I.- La representación de la parte actora, a modo de resumen, alega que todas las personas actoras son vecinos de San Sebastián, del Supermercado Walmart doscientos metros al sur y cuatrocientos metros oeste, entrada privada, con servidumbre de paso. Indican, tal zona es catalogada, en el mapa de Zonificación de uso del suelo del distrito de San Sebastián, del Plan Director Urbano de San José, como Zona Residencial Tres. Exponen, en esta dirección se encuentra una propiedad inscrita en el Registro Público, Partido de San José Matrícula Folio Real número 348206, sobre la cual se encuentra constituida la servidumbre de paso privada con una longitud de ciento cuarenta metros con treinta y seis centímetros y un ancho de cinco metros sesenta centímetros. Reiteran, todos los comparecientes son usuarios, vecinos y algunos propietarios de lotes que colindan con la citada servidumbre. Agregan, sobre esa servidumbre de paso existen los inmuebles matrículas número 26990-000, 426993-000, 426994-000, propiedad de la sociedad Falu Arimar S.A. y la finca matrícula 530966-000 propiedad del señor Juan Diego Rojas Alfaro. Manifiestan, entre los años 2007 al 2010 los dueños de estos lotes, sin el correspondiente permiso de construcción, construyeron cuatro bodegas de zinc, que sobrepasan los mil metros cuadrados de construcción; y a pesar de que la Municipalidad de San José no otorga permiso de construcción para este tipo de edificación, los dueños de esos terrenos construyeron sin contar con los respectivos permisos a vista y paciencia de los inspectores municipales, no cumpliendo con el retiro que exige el Plan Director Urbano de San José, ni con los correspondientes espacios para parqueo, sino que construyeron en línea con la servidumbre de paso y en toda el área de los inmuebles que les pertenecen. Alegan, a pesar de las denuncias interpuestas ante la Municipalidad de San José, los dueños de los terrenos terminaron la construcción de dichas bodegas. Señalan, posterior a la construcción de esas bodegas, se instalaron en dichas edificaciones talleres industriales de enderezado y pintura, pintura y reparación de montacargas, así como de mecánica y reparación de vehículos. Estiman, el funcionamiento ilegal de esos talleres, en una zona que es catalogada Zona Residencial Tres, les provoca grandes inconvenientes a los vecinos y a las personas usuarias de la servidumbre, primeramente por la contaminación sónica y ambiental que generan dichos talleres, así como por la aglomeración de vehículos que se origina sobre la servidumbre de paso, ya que los dueños de esos inmuebles, violentando la Ley de Planificación Urbana, los respectivos reglamentos, y el Plan Director Urbano de San José, construyeron sin permiso, en un área donde no son permitidas esas construcciones, ni actividades; agravando aún más la situación, ya que tampoco dejaron el retiro obligatorio, ni las áreas de parqueo que exige el plan director urbano. Manifiestan, durante los primeros meses del año 2011 el señor Juan Diego Rojas Alfaro solicitó los usos de suelo para los inmuebles anteriormente citados. Señalan, el Consejo Técnico de la Municipalidad de San José, mediante acta 12-2011 de fecha 23 de marzo del 2011, y acta 20-2011 de fecha 26 de mayo del 2011; sin ningún fundamento legal y en completa violación a lo que establece nuestra legislación, procedió a autorizar los certificados de uso de suelo existente no conforme, en los inmuebles donde se encuentran construidas los talleres citados. Señalan, los certificados de uso de suelo existente no conforme cuestionados sirvieron de base para el otorgamiento de las patentes cuestionadas en la demanda. Alegan, el 25 de noviembre del año 2011 se inició el Proceso Administrativo en la Municipalidad de San José, mediante el cual denunciaron el otorgamiento irregular de los usos de suelo, existentes no conforme y de las respectivas patentes, por estar aprobados en contra de lo que establece el Ordenamiento Jurídico, y por ser carentes de motivo, contenido y fin, solicitando la declaratoria de nulidad absoluta evidente y manifiesta de dichos usos de suelo. Indican, la petición de nulidad absoluta evidente y manifiesta se fundamentó en la regulación que establece la Ley de Planificación Urbana y en el Plan Director Urbano de la Municipalidad de San José. Citan la Ley de Planificación Urbana, en sus artículos 27, 28, 29 y 30. Destacan, el artículo 28 claramente establece que los usos ya existentes no conformes deberán hacerse constar también con certificado que exprese tal circunstancia y que cada reglamento de zonificación fijará la fecha a partir de la cual dichos certificados serán obligatorios (1995, en el caso de la Municipalidad de San José). Sostienen, el artículo es muy claro e indica que, para decretar el Uso Existente, No Conforme, la actividad debe de existir al momento de entrar en vigor el reglamento de zonificación de cada Municipalidad. Alegan, esta regulación va más allá e indica que los Usos ya Existentes, No Conformes, solo podrán transformarse en otro compatible o concordante con la zonificación. Igualmente indican, en el mismo artículo 28 de la citada ley: “Prohíbase aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación implantada” se entiende que los usos de suelo y la actividad autorizada, en las patentes otorgadas por la Municipalidad, no son compatibles con la zona, ya que esta zona es catalogada como Zona Residencial Tres, en el Plan Director Urbano de la citada Municipalidad. Enfatizan, dichas construcciones y actividades no existían en dichos lotes, antes de la entrada en vigor del PDU, tal como lo exige la legislación, ya que el Plan Director Urbano de la Municipalidad de San José se publicó en La Gaceta número 17 del 24 de enero de 1995, el cual es reformado en el año 2005. Exponen, en el Título uno, Capítulo uno, artículo tres, se regula lo concerniente a los usos de suelo existentes, no conformes, el cual fue dictado, de conformidad con lo que establece la Ley de Planificación Urbana y cita textualmente: "(...) 3.3. Usos Existentes No Conformes. Son todas aquellas actividades y obras de edificación existentes a la fecha de entrada en vigencia del PDU, pero que no son compatibles con sus requisitos y lineamientos. (...)". Consideran, los actos dictados por los señores del Consejo Técnico carecen del debido sometimiento al ordenamiento jurídico, irrespetando los lineamientos que en él se indican, y omitiendo la aplicación completa de las normas que interesan en el presente caso. Exponen, la norma indica la obligación del interesado, de demostrar los requisitos que se exigen para poder realizar dicha declaratoria de "Usos Existentes, No Conformes", así como la obligación del Consejo Técnico como funcionarios públicos, de constatar que verdaderamente se cumpla con lo que exige la legislación, otorgando la motivación del acto, ya que esta motivación se constituye en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la administración pública al dictado de dicho acto, como reiteradamente lo ha indicado la Sala Constitucional. Reclaman, en el caso los funcionarios de la Municipalidad de San José, lejos de investigar la denuncia y solicitud presentada por los aquí actores en el proceso administrativo, y de analizar de forma objetiva la aplicación de la ley que regula los usos de suelo existente, no conforme, se limitaron simplemente a indicar, sin ningún fundamento legal, de hecho ni de derecho, que los usos de suelo cuestionados fueron otorgados de conformidad con la norma. Revelan, el 28 de marzo del 2012, presentaron recurso de apelación ante el Acalde Municipal, Johnny Araya Monge, quien procedió a dictar la resolución número ALCADIA 705-2012, mediante la cual rechazó la petición de decretar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de los usos de suelo y patentes cuestionadas e indica que dichos actos fueron dictados conforme a la norma. Agregan, el 9 de abril de 2012 debido a la negativa municipal, se presentó recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso, bajo el número de expediente 12-002638-1027-CA. Mencionan, el 15 de marzo del 2013, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, dictó la sentencia número 102- 2013, mediante la cual se anula la resolución del Alcalde Municipal, y se declara que los usos de suelos cuestionados son absolutamente nulos, e ilegales y carentes de motivo contenido y fin, por haberse aprobado en contra de lo que establece el ordenamiento jurídico. Destacan, el 1 de abril del 2013, el Departamento de Patentes otorgó al señor Juan Diego Rojas Alfaro, -mientras el Tribunal Contencioso resolvía la nulidad de los usos de suelos cuestionados- la patente número 1328767110001, de Tecni Servicios J.D., autorizada para la actividad de Taller de Torno y Reparación de Maquinaria, fundamentando, esta nueva patente, en el certificado original de uso de suelo existente, no conforme, que había sido aprobado el 23 de marzo del 2011, mediante acta número 12-2011, para la actividad de Taller de Torno y Reparación de Montacarga. Argumentan, dicho uso de suelo fue calificado como ilegal, con nulidad absoluta, en la resolución número 102-2013, por haber sido aprobado en violación del Ordenamiento Jurídico y por estar carente de motivo contenido y fin. Sostienen, a la fecha de presentación de la demanda, aproximadamente once meses después de la notificación de la resolución 102-2013, -donde el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, resolvió que los usos de suelos cuestionados eran ilegales y absolutamente nulos, carentes de motivo contenido y fin- la Municipalidad de San José, aún no ha querido iniciar el debido proceso para declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de dichos usos de suelo, a pesar de todos los ingentes esfuerzos y gestiones realizadas por los actores.
II.- Los actores, con base en esta relación de hechos y conforme quedó establecido en audiencia preliminar, solicitaron: "1) Que se le dé trámite correspondiente a la presente demanda y sea aprobada en todos sus extremos. / 2) Solicitamos se declare la disconformidad de la conducta administrativa cuestionada con el ordenamiento jurídico y de todos los actos o actuaciones conexos. / 3) Se solicita la disconformidad de conducta administrativa con el ordenamiento jurídico y que las patentes cuestionadas son contrarias a derecho y carentes de motivo, contenido y fin. Ajustada en la Audiencia Preliminar / 4) Se declare la Nulidad Absoluta de los usos de suelo y patentes cuestionadas. Usos de suelo cuestionados: -CT 218908, para taller de torno y reparación de Montacargas, -CT 218906, para venta y reconstrucción de cocinas de gas, -CT 218905, para taller de enderezado, -CT 218907, para venta de sobres de granito. Los anteriores usos de suelo fueron aprobados mediante acta número 12-2011 de fecha 23 de marzo del 2011 del Consejo Técnico de la Dirección de Regulación y Seguimiento de la Municipalidad de San José. -CT 225229, para diagnóstico electrónico automotriz. Este último uso de suelo fue aprobado mediante acta 20-2011 de fecha veintiséis de mayo del 2011 del Consejo Técnico de la Dirección de Regulación y Seguimiento de la Municipalidad de San José. Patentes autorizadas con fundamento en los anteriores usos de suelo, cuestionados como absolutamente nulos: -PATENTE No. 1000036110001, a nombre de Genmotec S. A. Se autorizó patente para taller de Tomo y reparación de montacargas. -PATENTE No. 1337176110001 a nombre de Romero Zúñiga William Enrique. (Taller RZ). Se autorizó para taller de enderezado. -PATENTE No. 1450693110001 a nombre de VS Autotronica MB LTDA, autorizada para diagnóstico electrónico automotriz. - Patente número 1328767110001, de TECNI SERVICIOS J.D., autorizada para la actividad de Taller de torno y reparación de maquinaria. / 5) Desistida / 6) Solicitamos se decrete la nulidad absoluta, de todas aquellas otras patentes que se autoricen en el futuro con fundamento en los usos de suelo citados. Ajustada en la Audiencia Preliminar / 7) Desistida / 8) Solicitamos que se condene a la Municipalidad, aquí demandada, al pago de ambas costas de esta acción y sus respectivos intereses hasta su efectivo pago. / 9) Desistida / 10) Solicitamos se condene a la Municipalidad aquí demandada; al pago de los daños morales subjetivos ocasionados a todos los demandantes calculados prudencialmente en la suma tres millones por cada uno de los aquí demandantes, para un monto total de treinta millones de colones, y al pago de sus respectivos intereses hasta su efectivo pago. / 11) Solicitamos, a este Tribunal, la indexación de las sumas de dinero, que se condene pagar a la Municipalidad de San José, por los conceptos anteriormente solicitados”. Las representaciones de los codemandados contestaron de forma negativa la demanda. Opusieron las defensas previas de incompetencia, indebida representación, falta de agotamiento de la vía administrativa, demanda defectuosa, litis pendencia, caducidad y prescripción, rechazadas interlocutoriamente. También opusieron las excepciones de falta de derecho y la falta de legitimación en su doble modalidad. Todos solicitaron declarar sin lugar la demanda con condenatoria en costas. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en voto no. 011-2022-IV de las 13 horas 10 minutos del 7 de febrero de 2022 resolvió: “Se admite parcialmente la prueba para mejor resolver ofrecida por la Municipalidad de San José. Se rechaza la falta de legitimación en su doble modalidad y se acoge parcialmente la falta de derecho. Se declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose denegada en lo no expresamente concedida. En consecuencia, se anulan las patentes aún activas y que se encuentran funcionando, por carecer del requisito de uso de suelo, a saber: patente número 1450693110001 a nombre de VS Autotrónica MB LTDA, patente número 1328767110001 a nombre de Juan Diego Rojas Alfaro (Tecniservicios JD) y patente número 1000022110001 a nombre de Olman Fernández Montero (Taller Fernández). De oficio se declara una falta de interés actual respecto de las patentes inactivas números: patente número 1000036110001 a nombre de GENMOTEC S.A. y patente número 1337176110001 a nombre de William Romero Zúñiga (Taller R.Z.). Se condena a la Municipalidad de San José a pagar el monto de ¢500.000,00 (quinientos mil colones) exactos en favor de cada uno de los actores por concepto de daño moral subjetivo. Las costas procesales y personales correrán por cuenta de la Municipalidad de San José, quedando la determinación de su quantum para la Etapa de Ejecución de Sentencia a instancia de los actores. Respecto de la demanda dirigida contra los co-demandados patentados, se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se ordena comunicar la presente Sentencia a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción” (el resaltado es del original). Tanto los actores como la representación de los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. formularon recurso de adición y aclaración contra dicha sentencia. Mediante el voto no. 011-2022-IV-BIS de las 16 horas 15 minutos del 18 de febrero de 2022 se resolvió: “Se acoge la gestión de aclaración y adición de la parte actora, se excluye del Por tanto de la sentencia N° 011-2022-IV la patente número 1000022110001 a nombre de Olman Fernández Montero (Taller Fernández). En todo lo demás se mantiene incólume la sentencia y la parte dispositiva. Se inadmite por extemporánea la solicitud de aclaración y adición formulada por la parte co-demandada” (el subrayado es del original). Inconforme, la apoderada general judicial de la municipalidad accionada, así como a representación de los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. presentaron recurso de casación.
Recurso de Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda.
Recurso por razones procesales III.- La representación de los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. formula un reparo de este tipo. En este único agravio, alegan la nulidad absoluta de lo resuelto en el voto no. 011-2022-IV-BIS, con fundamento en el artículo 137 incisos b), d) y h) del CPCA, por violación de normas procesales que les ocasionaron indefensión. Este reparo lo formulan desde dos puntos de vista. El primero, en tanto el Tribunal, al resolver las solicitudes de adición y aclaración, modificó el fondo del fallo al excluir del por tanto la patente no. 1000022110001 a nombre de Olman Fernández Montero (Taller Fernández), pese a que la parte actora únicamente había pedido la explicación de los motivos de su anulación y no su exclusión. Sostienen, el órgano jurisdiccional actuó ultra petita, alterando los considerandos y el dispositivo bajo el pretexto de corregir un supuesto error material nunca invocado, utilizando indebidamente la vía de la adición y aclaración regulada en el artículo 63 del Código Procesal Civil, cuando lo procedente era rechazar la gestión o emitir una resolución autónoma de corrección. Afirman, la jurisprudencia reiterada de la Sala Primera prohíbe variar el fondo de la sentencia mediante adición o aclaración, las cuales se limitan a suplir omisiones u oscuridades de la parte dispositiva. Además, en el segundo, denuncian errónea aplicación del artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, pues su solicitud se presentó el once de febrero de dos mil veintidós, dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente a la notificación a todas las partes, por lo que no podía ser declarada extemporánea. Señalan también contradicciones internas en el voto recurrido, al declararse rechazada por extemporaneidad su gestión y, al mismo tiempo, entrar a referirse al “resultando” cuya adición pedían, lo que impide comprender con claridad el verdadero alcance de la decisión y vulnera el derecho de defensa. Resaltan, la falta de motivación constituye un vicio de nulidad absoluta, conforme a la jurisprudencia de la Sala Primera (resolución no. 00176-2009), que ha enfatizado que sin fundamentación no hay derecho ni posibilidad real de impugnación.
IV.- La representación de los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. alega que en el voto no. 011-2022-IV-BIS, el Tribunal incurrió en violación de normas procesales que les ocasionaron indefensión, pues al resolver las solicitudes de adición y aclaración no solo modificó de fondo lo decidido —al excluir del por tanto la patente no. 1000022110001 a nombre de Olman Fernández Montero (Taller Fernández)— sino que, además, rechazó la gestión presentada por su parte por extemporánea. Argumentan, dicho rechazo fue indebido, ya que la solicitud fue planteada dentro del plazo legal previsto en la Ley de Notificaciones Judiciales. El artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales establece que, cuando se señala un medio electrónico o casillero judicial, la notificación surte efectos el día hábil siguiente a la transmisión, y que los plazos procesales corren a partir del día hábil siguiente a la notificación a todas las partes. Por su parte, el artículo 63 del Código Procesal Civil —aplicable supletoriamente conforme al artículo 220 del CPCA— dispone que la adición y aclaración constituyen un remedio procesal limitado a subsanar omisiones en la parte dispositiva o a aclarar puntos oscuros, sin facultar a las personas juzgadoras a modificar lo resuelto. Finalmente, el artículo 137 inciso 1, apartados b) y h), del CPCA prevén la procedencia del recurso de casación por indefensión y por violación de normas cuya inobservancia acarree nulidad absoluta. De la revisión de autos, consta que la sentencia no. 011-2022-IV fue dictada a las 13 horas 10 minutos del lunes 7 de febrero de 2022, siendo notificada a todas las partes ese mismo día mediante medios electrónicos. Al tenor del artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, la notificación surte efectos el día hábil siguiente, es decir, el martes 8 de febrero de 2022. El plazo de tres días hábiles para gestionar la adición o aclaración vencía, en consecuencia, el viernes 11 de febrero de ese año. La solicitud presentada por los recurrentes fue interpuesta precisamente en esa fecha, dentro del plazo legal. Por ello, resulta evidente que el Tribunal erró al considerar extemporánea la gestión, lo que restringió injustificadamente el derecho de defensa de la parte. Tal error procesal reviste especial gravedad, por cuanto negó la posibilidad de que se atendiera oportunamente su solicitud. En este sentido, el proceder del Tribunal contravino el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales y los artículos 61.2 y 63 del CPC, vulnerando los principios de seguridad jurídica, congruencia y debido proceso. Las gestiones de adición y aclaración no pueden emplearse para revocar o alterar el contenido sustantivo de la sentencia, igualmente, el cómputo de plazos debe realizarse conforme al ordenamiento, de modo que cualquier rechazo indebido por extemporaneidad genera indefensión susceptible de casar la resolución. Por lo dicho anteriormente, el agravio es de recibo, ya que el Tribunal incurrió en error procesal al declarar extemporánea la solicitud de adición y aclaración presentada dentro del plazo legal.
V.- Por las razones dadas, se declarará con lugar el recurso interpuesto por la representación de los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. Por tanto, procederá casar el voto no. 011-2022-IV-BIS de las 16 horas 15 minutos del 18 de febrero de 2022, y ordenar el reenvío al Tribunal Contencioso Administrativo, para que, con estricto apego al artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales y al artículo 63 del CPC, conozca nuevamente la solicitud de adición y aclaración formulada por los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. Por la forma como se resolvió el recurso de los codemandados, carece de interés conocer el resto del recurso planteado por esta parte, así como el que fuese interpuesto por la Municipalidad de San José.
POR TANTO
Se declara con lugar el recurso interpuesto por la representación de los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. Se casa el voto no. 011-2022-IV-BIS de las 16 horas 15 minutos del 18 de febrero de 2022, y se ordena el reenvío al Tribunal Contencioso Administrativo, para que, conozca nuevamente la solicitud de adición y aclaración formulada por los codemandados Juan Diego Rojas Alfaro y VS Autotrónica MB Ltda. Por la forma como se resuelve el recurso de los codemandados, carece de interés conocer el resto del recurso planteado por esta parte, así como el que fuese interpuesto por la Municipalidad de San José. JZUNIGAAL LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A DAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A GUILLERMO GUILÁ ALVARADO - MAGISTRADO/A 1 Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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