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Res. 00391-2024 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 03/05/2024
OutcomeResultado
The cassation appeal is denied. The judgment dismissing the lawsuit for lack of causal link and the presence of exemptions such as force majeure and contributory negligence is affirmed.Se declara sin lugar el recurso de casación. Se confirma la sentencia que rechazó la demanda por falta de nexo causal y por existir eximentes como fuerza mayor y culpa de la víctima.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court of Justice dismisses the cassation appeal filed by four residents of Urbanización San Fernando, Heredia, against the judgment that had rejected their claim for damages resulting from a landslide that occurred on October 14, 2011, on the left bank of the Pirro River. The plaintiffs attributed liability to the Municipality of Heredia, a private university, and a church, alleging that works carried out by the latter two and the municipal omission in protecting the riverbank caused the slope failure that affected their homes. The Contentious-Administrative Court dismissed the lawsuit for lack of evidence of causation. On appeal, the plaintiffs claimed improper rejection of "better-resolve" evidence and erroneous assessment of several documents. The Chamber upholds the judgment, finding that the judges thoroughly justified the exclusion of untimely evidence and that the documents cited did not prove a causal link between the defendants' conduct and the landslide. Moreover, the Chamber notes that the record contained evidence pointing to liability exemptions, such as force majeure (extraordinary rainfall) and possible contributory negligence (informal discharge of rainwater and sewage onto the slope). No costs are awarded.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por cuatro vecinos de la Urbanización San Fernando, Heredia, contra la sentencia que había desestimado su demanda de indemnización por daños derivados de un deslizamiento ocurrido el 14 de octubre de 2011 en la margen izquierda del Río Pirro. Los actores atribuían responsabilidad a la Municipalidad de Heredia, a una universidad privada y a una iglesia, alegando que obras realizadas por estas últimas y la omisión municipal en la protección del cauce causaron el colapso del talud, que afectó sus viviendas. El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda por falta de prueba del nexo causal. En casación, los recurrentes acusaron indebido rechazo de prueba para mejor resolver y errónea valoración de varios documentos. La Sala confirma el fallo, al constatar que los juzgadores fundamentaron ampliamente la inadmisión de la prueba extemporánea y que los documentos señalados no acreditaban la relación causal entre las conductas demandadas y el deslizamiento. Además, la Sala señala que existían elementos probatorios que apuntaban a eximentes de responsabilidad, como fuerza mayor (lluvias extraordinarias) y posible culpa de la víctima (vertido informal de aguas pluviales y negras al talud). Se resuelve sin condena en costas.
Key excerptExtracto clave
This Chamber agrees with the ruling; the documents whose erroneous valuation is alleged refer to the particular situation of two persons who are not the plaintiffs. [...] In sum, from the evidence assessed at this stage, both in the opinion of the judges and of this Chamber, it was not possible to find a direct link that would allow the co-defendants to be considered as the cause of the landslide that produced the damages claimed by the plaintiffs. It must be especially emphasized that, both regarding the objective liability of the administration, which is attributed to the municipal entity, and in relation to extra-contractual civil liability, which would correspond to the co-defendant companies, for the duty to compensate damages to arise as a consequence of liability, there must necessarily be a causal relationship between the harmful action or omission and the injury to the legal right. This causal link, it should be noted, must be fully proven. This causal nexus is the basic element that gives rise to a right to compensation, and without which it is inadmissible, as happened in this litigation. [...] In addition to the above, it is worth emphasizing that the record contains evidence that suggests the existence of exemptions from liability due to force majeure and the victim's fault, as will be explained.Coincide esta Sala con lo resuelto, los documentos cuya indebida valoración se acusa, refieren a la situación particular de dos personas que no son los actores. [...] En suma, de las pruebas valoradas en esta sede, tanto en criterio de los jueces como el de esta Cámara, no fue posible encontrar un ligamen directo que permita considerar a las co demandadas, como productoras del deslizamiento que provocó los daños que la parte actora reclama. Debe hacerse especial énfasis de que, tanto en lo atinente a la responsabilidad objetiva de la administración, que es la endilgada al ente municipal, como en relación a la responsabilidad civil extracontractual, que sería la correspondiente a las sociedades co demandadas, para que surja el deber de resarcir los daños como consecuencia de la responsabilidad, debe mediar necesariamente la relación de causalidad entre la acción u omisión dañina y la lesión del bien jurídico. La cual, dicho sea de paso debe quedar plenamente acreditada. Ese nexo causal es el elemento básico que da derecho a una indemnización, y sin el cual esta resulta improcedente, como sucedió en esta litis. [...] Aunado a lo anterior, amerita hacer énfasis a que constan en autos pruebas que suponen la existencia de eximentes de responsabilidad por fuerza mayor y culpa de la víctima, tal y como se procede a explicar.
Pull quotesCitas destacadas
"Debe hacerse especial énfasis de que, tanto en lo atinente a la responsabilidad objetiva de la administración, que es la endilgada al ente municipal, como en relación a la responsabilidad civil extracontractual, que sería la correspondiente a las sociedades co demandadas, para que surja el deber de resarcir los daños como consecuencia de la responsabilidad, debe mediar necesariamente la relación de causalidad entre la acción u omisión dañina y la lesión del bien jurídico. La cual, dicho sea de paso debe quedar plenamente acreditada. Ese nexo causal es el elemento básico que da derecho a una indemnización, y sin el cual esta resulta improcedente, como sucedió en esta litis."
"It must be especially emphasized that, both regarding the objective liability of the administration, which is attributed to the municipal entity, and in relation to extra-contractual civil liability, which would correspond to the co-defendant companies, for the duty to compensate damages to arise as a consequence of liability, there must necessarily be a causal relationship between the harmful action or omission and the injury to the legal right. This causal link, it should be noted, must be fully proven. This causal nexus is the basic element that gives rise to a right to compensation, and without which it is inadmissible, as happened in this litigation."
Considerando VI
"Debe hacerse especial énfasis de que, tanto en lo atinente a la responsabilidad objetiva de la administración, que es la endilgada al ente municipal, como en relación a la responsabilidad civil extracontractual, que sería la correspondiente a las sociedades co demandadas, para que surja el deber de resarcir los daños como consecuencia de la responsabilidad, debe mediar necesariamente la relación de causalidad entre la acción u omisión dañina y la lesión del bien jurídico. La cual, dicho sea de paso debe quedar plenamente acreditada. Ese nexo causal es el elemento básico que da derecho a una indemnización, y sin el cual esta resulta improcedente, como sucedió en esta litis."
Considerando VI
"...constan en autos pruebas que suponen la existencia de eximentes de responsabilidad por fuerza mayor y culpa de la víctima..."
"...the record contains evidence that suggests the existence of exemptions from liability due to force majeure and the victim's fault..."
Considerando VI
"...constan en autos pruebas que suponen la existencia de eximentes de responsabilidad por fuerza mayor y culpa de la víctima..."
Considerando VI
"la prueba para mejor resolver tiene un carácter extraordinario, aunque uno de sus fines se encamina a desentrañar la verdad real de los hechos, jamás podrá convertirse en una herramienta procesal encaminada a subsanar las omisiones o yerros a la hora de ofrecer la prueba en la fase escrita de demanda, pues el derecho de defensa, el debido proceso y el abuso procesal son los elementos que deben tenerse en cuenta para valorar si se admite o no este tipo de prueba excepcional."
"Evidence for better resolve is extraordinary in nature; although one of its purposes is to uncover the real truth of the facts, it can never become a procedural tool aimed at remedying omissions or errors in offering evidence during the written complaint phase, as the right of defense, due process, and procedural abuse are the elements that must be taken into account to assess whether this type of exceptional evidence should be admitted."
Considerando III (cita de la sentencia impugnada)
"la prueba para mejor resolver tiene un carácter extraordinario, aunque uno de sus fines se encamina a desentrañar la verdad real de los hechos, jamás podrá convertirse en una herramienta procesal encaminada a subsanar las omisiones o yerros a la hora de ofrecer la prueba en la fase escrita de demanda, pues el derecho de defensa, el debido proceso y el abuso procesal son los elementos que deben tenerse en cuenta para valorar si se admite o no este tipo de prueba excepcional."
Considerando III (cita de la sentencia impugnada)
Full documentDocumento completo
I.As indicated by the judgment, the plaintiffs [Name 009], [Name 010], [Name 011], and [Name 012], along with others, filed suit against the Municipality of Heredia, [Name 014], [Name 018], and the [Name 035] of Heredia. Once the lawsuit was filed and after numerous amendments, resolutions of procedural issues, and clarifications to the claims processed over four preliminary hearings, the following petitionary framework was established: "1. That the Municipality of Heredia be ordered to build a retaining wall along the left bank of the Pirru River (Sic...) in order to prevent new landslides that endanger the lives of the residents of the San Fernando Urbanization. 2. That the Municipality of Heredia be ordered not to issue new permits for construction on the banks of the Pirru River (Sic...), in order to avoid greater damage to the environment and to the natural bed (Sic...) of the river. That the [Name 035] and [Name 014] be ordered to refrain from carrying out any type of construction that alters the natural bank of the Pirru River (Sic...). .
That the Municipality of Heredia, the [Name 035], and [Name 014] be jointly and severally ordered to pay the damages and losses caused to the direct and indirect victims, all residents of the San Fernando urbanization. 5. That the defendants be jointly and severally ordered to pay personal and procedural costs. 6. That having determined the existence of damages and losses resulting from the defendants' actions and omissions, they be jointly and severally ordered in the abstract to pay damages and losses, which will be liquidated in the respective sentence execution. The party clarifies that the amount of damages and losses corresponds to 120 million for each of the direct victims and 60 million for each of the indirect victims." All co-defendants opposed the lawsuit and raised the following exceptions: The Municipality of Heredia: a) defense of failure to exhaust administrative remedies, b) lack of standing, c) lack of representation, d) uncorrected defects in the complaint, e) statute of limitations, and f) lack of right. [Name 014]: a) lack of standing. [Name 018] raised: a) improper representation, b) uncorrected defects, c) improper joinder of claims, d) statute of limitations or expiry of the right, e) lack of standing, and f) lack of right.
The [Name 035] opposed: a) failure to join a necessary party, b) lack of subject matter jurisdiction, c) failure to exhaust administrative remedies, d) lack of current interest, e) lack of standing to be sued, and f) lack of right. The plaintiff seeks to hold the defendant Municipality and the three private law legal entities liable for the damages occurring to their homes located in the San Fernando Urbanization, as well as for the loss of land value, as a result of the landslide that occurred in October 2011. They attribute liability to the local government not only for its actions but also for its omissions. They assign liability to [Name 014] and to the [Name 035], since the construction works carried out by them are the cause of the impact on the Pirro River, which had the subsequent effect of destroying the slope and causing the landslide of the land where some of the plaintiffs' homes were situated.
The Court, composed of judges Sergio Mena García, Juan Luis Giusti Soto, and Alexandra Zúñiga Mora, in judgment 37-2021 delivered at 10:35 a.m. on April 26, 2021, ordered the dismissal of the lawsuit on all its grounds. Disagreeing, the plaintiffs [Name 010], [Name 011], [Name 009], and [Name 012] filed a cassation appeal, raising two objections, which are summarized below.
II.First: The appellant states that evidence for a better resolution was submitted and the Court rejected it on the grounds that it was in the trial phase, which, in their opinion, is not a reason for rejection because, from an understanding of Article 50 of the CPCA, it is clear that for documents to be admitted as evidence for a better resolution they must be assessed; in this case, the Court did not admit them, nor did it assess them. Thus, they argue, the document called an appraisal (avalúo) of the property owned by Mrs. [Name 010] should have been assessed, which, they estimate, has a direct link to the theory of the case since said study details the originating cause of the state of the home. Document IAR-O-F-0217-2016 defines the responsibility of the municipal entity regarding the inadequate and negligent management, for decades, of the Pirro River watershed; as does official communication DPM-lNF-0708-2012, which also establishes the causal link (relación causal) existing between the damages suffered by the home of Mrs. [Name 010].
The appellant accuses the transgression of canon 50 of the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA), inasmuch as the rejection lacks proper justification when referring only to the admissibility and not to the assessment or efficacy of the evidence. Among the rejected documentary evidence, they allege, is Health Order No. 065-2016-AV, which serves to demonstrate the material damages suffered by house number 74 belonging to Mrs. [Name 010]. They argue that due to the rejection of said evidence, the damage suffered by the home due to the landslide that occurred on October 14, 2011, was deemed not proven.
III.Regarding evidence for a better resolution. After presenting the timeline of the evidence submission, since it was offered at various procedural moments, the Court explained that there are distinct procedural stages where the parties can offer their evidence, according to the nature of each process. In this line of thought, it transcribed Article 50 of the CPCA and resolved: "…As stated in Article 50.2, if such documents are submitted before the preliminary hearing, they will be disclosed to the counterparty so that it may comment on them. In the event that they are submitted after the preliminary hearing, it will be at the Court's discretion to consider them as part of the body of evidence, in the nature of evidence for a better resolution. In the case before us, it can be seen that the evidentiary filings of March thirty-first and April twenty-first, both of the year two thousand sixteen, by the legal representatives of the plaintiffs [Name 027] and [Name 008], were made prior to the third preliminary hearing.
However, the filing of October twentieth of two thousand sixteen was made during the trial phase. With matters so framed, the first two submissions fall under the second paragraph, first sentence, of Article fifty, noting that it was the Trial Court that should have granted the hearing to the parties, given the omission by the judge during the procedural phase. On the other hand, the third filing fits within the last sentence of the second paragraph of the aforementioned rule, given that the evidence was offered after the preliminary hearing and when the matter had been elevated to the trial phase. As can be deduced from the understanding embodied in the cited rule, evidence for a better resolution has an extraordinary nature; although one of its aims is to reveal the actual truth of the facts, it can never become a procedural tool aimed at correcting omissions or errors when offering evidence in the written phase of the complaint, as the right of defense, due process, and procedural abuse are elements that must be considered when deciding whether to admit this type of exceptional evidence.
Given the manner in which the complaint was filed and due to the very complaints of defenselessness presented by the defendants in the first unsuccessful attempts to hold the trial, the Court allowed the plaintiffs to amend their complaint. That was the opportune procedural moment to rectify any error, concerning the facts, the claims, subjective participation, and the evidence for the charge. It is striking that the amendment was made on October twenty-fourth of two thousand fourteen, which implied that this was the procedural moment for the necessary and sufficient evidence to support the theory of the case being put forward to be contributed (sic). However, on March thirty-first of two thousand sixteen, April twenty-first of two thousand sixteen, and October twenty-fourth of two thousand seventeen, the plaintiffs' representatives presented evidence for a better resolution—in the first case, one year and five months later; in the second, one year and six months later; and in the third case, practically two years later.
Some of these documents predate the filing date of the complaint, others were created after the complaint. Although some of them aim to demonstrate the existence of the damages occurring in some homes, as well as their assessments, the Court considers, as will be seen in the substantive analysis of this case, in which one of the essential aspects to prove is the nexus or causal link between these damages and the conduct or actions indicated. Despite this, none of this evidence proves useful, due to its lack of forcefulness, to demonstrate that fundamental aspect mentioned and which will be developed in the recitals that follow. Even within the evidence for a better resolution, the licensed attorney [Name 008] offers a large amount of testimony and declarations, justifying that they will refer 'to the facts of the complaint,' without specifying exactly which specific situation, thus allowing an assessment of their admissibility and relevance to the disputed facts.
It must also be mentioned that some of the documents offered by the mentioned professional were blurry and illegible. The Court, faced with the complaint from the defendant parties, issued a warning so that those whose reading was impossible be submitted again; however, there is no record that the warning was fulfilled. The evidence must be rejected, firstly, not only because it is not pertinent and useful to demonstrate one of the primary aspects surrounding this case, which is the causal link, under the theory of the case as proposed by the plaintiffs, regarding the causal relationship that must necessarily exist between the construction works they mention and the landslide of two thousand eleven. On the other hand, given the procedural dynamics, this evidence, rather than being for a better resolution, seems to aim to fill the evidentiary void from the complaint phase and its amendment, at a very advanced stage.
Note that it is not just one or a few documents, but a large amount of documentary and testimonial evidence that could have been presented not only in the initial complaint phase but also during the opportunity granted by the Court to amend it. Under the guarantee of due process, the right of defense, equity, and procedural balance, admitting this quantity of evidentiary elements could cause defenselessness, as it involves practically a large amount of documents and declarations that could be surprising in a phase where the stage of answering the complaint and its amendment had been concluded. This evidence opens the door to the introduction of new facts and situations that overflow not only the initial complaint but also the amendment. Furthermore, even though it is not strictly a legal aspect, it carries weight in the decision of this Collegiate Body, because although the legal professional was warned to replace the illegible or blurry documents, the Court's requirement was never fulfilled." Based on the above reasoning, the Court rejected the evidence for a better resolution presented by the plaintiffs on March 31 and April 21, both of 2016, as well as that of October 20, 2017.
IV.Regarding evidentiary means, the Contentious Administrative Procedure Code (CPCA) provides that this is done jointly with the complaint and its answer and, eventually, with the counterclaim and its answer. That is the general rule derived from Article 50 of the CPCA, which refers to the untimely presentation of documents, from which exceptions to the rule are also drawn. The rule states: "ARTICLE 50.-
V.Second: The appellant states that the Court makes an improper assessment of the evidence listed below:
VI.Regarding this evidence, the judges stated the following:
As a consequence of the foregoing, through notification record No. 2879, the Municipality of Heredia ordered [Name 035] to halt work in the river's protection area and obtain a permit from MINAE. Subsequently, on February sixth, two thousand eight, through official letter RVLA-0254-2008-SETENA, the National Technical Environmental Secretariat (Secretaría Nacional Técnica Ambiental, SETENA) granted environmental feasibility (viabilidad ambiental) for a 200-square-meter gabion retaining wall to [Name 035]. Later, the record shows that on February thirteenth, two thousand eight, the Municipality of Heredia conducted a visual inspection for the purpose of supervising the construction works being carried out by [Name 035]. Subsequently, on May twenty-seventh, two thousand eight, through Technical Report AT-0298-2008 on the Recommendation of Work in the Channel (Recomendación de Obra en Cauce), from the Department of Water (Departamento de Aguas) of the Ministry of Environment and Energy, regarding the gabion retaining wall of [Name 035], the following observation is made in the environmental assessment: "It must be clear that the work will not reduce the channel cross-section and therefore will not cause damage to third parties.
The impact on the banks of the Pirro River is due to extreme hydrological events, which is why the impact is noted not only on the right bank, where the gabion protection work began, but also on the left bank where the complainants before the Municipality are located." Later, on June sixth, two thousand eight, through official letter DOPR-618-2008, the Municipal Engineer [Name 028], in his capacity as Operational Director, informed Mr. [Name 003], in response to his note of May 30, 2008, regarding the construction of the gabion wall being carried out by the respondent [Name 035]. Finally, on October eighth, two thousand eight, the Department of Water of the Ministry of Environment and Energy, through resolution IMN-DA-33902008, approved the environmental feasibility to carry out the construction of a retaining wall on the bank of the Pirro River channel. Thus, on November twenty-eighth, two thousand eight, the Municipality of Heredia granted Construction Permit No. 13768 to [Name 035] for the construction of the work consisting of the gabion wall on the bank of the Pirro River." Regarding the analysis of this evidence, this Chamber considers, in contrast with evidence items 5 and 6, which generically state that [Name 035], initially without a permit, made modifications to both banks and the channel of the Pirro River—which, in the opinion of the appellant, prove the impact on the environment and the Pirro River channel as the cause of the tragedy of October 14, 2011—there is Technical Report AT-0298-2008, which is the Recommendation of Work in the Channel, from the Department of Water of the Ministry of Environment and Energy, which expressly indicates that the impact on the banks of the Pirro River is due to extreme hydrological events.
Resolution IMN-DA-33902008 from the Department of Water of the Ministry of Environment and Energy, by which the environmental feasibility was approved to carry out the construction of a retaining wall on the right bank of the Pirro River channel, and Construction Permit No. 13768 to [Name 035] for the construction of the gabion wall on the bank of the Pirro River. This body of evidence supports the Court's conclusion that the works of [Name 035] were not the cause of the tragedy suffered. This is concrete, specific evidence from after the time the works began without a permit and has not been refuted in the case file. Based on the analysis of a single piece of evidence accused of being poorly weighed, this Chamber concludes that the alleged defect is not evident, as the judges not only studied these evidentiary elements in detail but all of those submitted to the process, to conclude that from them it is not possible to prove the necessary causal link between the conduct carried out by the defendants and the damages alleged.
This Chamber notes that the other items of evidence the judges mentioned to support their conclusions were not challenged. In summary, from the evidence weighed in this venue, both in the opinion of the judges and that of this Chamber, it was not possible to find a direct link that would allow the co-defendants to be considered as the producers of the landslide that caused the damages claimed by the plaintiff. Special emphasis must be placed on the fact that, both regarding the objective liability of the administration, which is what is attributed to the municipal entity, and in relation to extracontractual civil liability, which would be that corresponding to the co-defendant companies, for the duty to compensate damages as a consequence of liability to arise, there must necessarily be a causal relationship between the harmful action or omission and the injury to the legal right. This causal link, it should be noted, must be fully proven.
That causal link is the basic element that grants the right to compensation, and without which compensation is improper, as happened in this litigation. Thus, even though it is considered proven that a landslide occurred in the Pirro River that affected the plaintiff's property, it was not possible to prove that this landslide was caused by an action or omission of the co-defendants, which exempts them from liability. In addition to the foregoing, it is worth emphasizing that the case file contains evidence that suggests the existence of exemptions from liability due to force majeure (fuerza mayor) and fault of the victim (culpa de la víctima), as explained below.
VII.The judges, in addition to the evidence alluded to by the plaintiffs, analyzed official letter 2011-11-01 DPM-INF1003-2011, of October 15, 2011, from the Department of Prevention and Mitigation (Departamento de Prevención y Mitigación) of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), which indicates that, according to the technical assessment carried out in the area where the landslide occurred on the left bank of the Pirro River, where material (soil and trees) slid towards the channel and caused a momentary damming of water flow, due to the effects of the rains from the storm that affected the country in October two thousand eleven. The report in question made the following recommendations: "Due to the effects of the rains from the storm that affected the country during the month of October, a landslide occurred on a slope composed of earth and trees that affected the integrity of five dwellings (60 through 63 and 68) in the Residencial San Fernando of San Francisco de Heredia, which upon detachment left the (sic...) foundations of the constructions exposed, implying a risk as of this date for them to be inhabited until such time as the necessary technical studies and retaining works are carried out to demonstrate their habitability or not..." Based on this report, the Court concluded that the efficient cause of the landslide is attributed to an event of nature, categorized as force majeure, which operates as an exemption from liability under the perspective of the liability scheme being analyzed, for the case of the territorial public entity.
In addition to the foregoing and, furthermore, the judges stated there is another evidentiary element provided by the territorial entity. This evidence consists of the statement of the Geological Geotechnician [Name 034], who in the oral and public trial explained that, from the field visit recorded in a report he issued in July 2012 for the Municipality of Heredia, the landslide was attributed to the precipitation that occurred on the day of the incident, which was October 14, 2011. This conclusion coincides with what was stated in official letter 2011-11-01 DPM-INF1003-2011. As summarized by the judges, the technician explained: "...that day the precipitation shot up to double the normal amount. He recalled that at that time the country suffered a storm for eleven days, qualifying it as anomalous, outside the average precipitation. He mentioned that this precipitation phenomenon had a direct impact on the saturation of the terrain, which increased the destabilizing forces of the ground.
This excess precipitation was approximately 120% at that time. He attributed the causes of the landslide to water, which manifested in different forms, such as rainwater, water in the slope, stormwater runoff, black water, the slope gradient, and the fill material of the slope. He clarified that this doubling of the average rainwater, due to the atmospheric phenomenon, added to the stormwater runoff from roofs that discharged onto the slope itself, as well as the black water from the septic tanks, which independently generated unchanneled water to the event site. In his opinion, this entire body of water saturated the soil, generating the loss of cohesion in the ground and its destabilization. He mentioned that the stability of a terrain is not the same in the dry season as in the rainy season. He considered that the infrastructure sites of both [Name 035] and those of [Name 014] had no impact on the event of October fourteenth, two thousand eleven." Finally, the judges also considered the possible existence of an exemption from liability due to fault of the victim.
The foregoing, upon analyzing the testimony of the official Lorely Mena Marín, who on the day of the evidentiary hearing declared that about three or four days after the harmful event in October two thousand eleven, she appeared at the site to see the anchored wall that existed at that time and to verify its behavior and whether it had responded to the forces faced during the event. According to her indication, she was able to visualize, after the event at the wall, near one of the affected houses, a downspout of considerable diameter for stormwater runoff (aguas pluviales) that flowed down the slope. Likewise, she recalled having seen other pipes on two lots that discharged water from sinks behind the dwelling towards the slope, as well as another pipe from a septic tank that went from the rear part of another dwelling towards the slope. She noted that these waters were not directed to the places required by law (special tanks) but towards the river channel.
These statements by the witness official, the judges considered, could be configured as fault of the victim. This Chamber observes that the appellant also did not challenge the judges' reasoning regarding the presence of exemptions from liability due to force majeure and fault of the victim. The foregoing leads to the conclusion that it is impossible to break the verdict and therefore the grievance must be rejected.
VIII.Finally, this Chamber considers that, turning to the provisions of canon 150, subsection 3) of the CPCA, due to the nature of the issues debated, there was sufficient reason to file an appeal. This Chamber understands that the preliminary opinion could have led the appellant to believe that the works built without a permit caused the disaster. Besides the fact that the Municipality required special expert examination after the event to know that there was an extraordinary act of nature that was the cause of what happened, in addition to the fact that the fault of the victim is not identified in a single subject but in several. All of which leads to the consideration that the appropriate course is to exempt from costs for the appeal.
IX.In merit of what has been set forth, the defects invoked are not evident, and therefore the appeal (recurso de casación) filed must be rejected. It will be resolved without special condemnation for costs.
POR TANTO
The appeal (recurso de casación) is declared without merit. It is resolved without special condemnation for costs.
Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Damaris Vargas Vásquez Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 13:38:51.
Sala Primera de la Corte Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. 000391-F-S1-2024 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del tres de mayo de dos mil veinticuatro .
Proceso de conocimiento establecido ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], representados por la licenciada [Nombre 008] (imagen 1384); [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 012], representados por el licenciado [Nombre 013] (imágenes 2020 a 2025 y 2036); contra la [Nombre 014], cédula jurídica [Valor 001] representada por [Nombre 016], mayor, casado en segunda nupcias, cédula [Valor 002], licenciado en contaduría pública, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, quien otorga poder especial judicial a favor de [Nombre 017], mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad [Valor 003] (imagen 256), [Nombre 018], cédula jurídica [Valor 004] representada por su apoderado especial judicial [Nombre 017], calidades indicadas anteriormente (imagen 494), [Nombre 035] representado por [Nombre 020], mayor de edad, casado una vez, pastor evangélico, vecino de Heredia, cédula de identidad [Valor 005], quien otorga poder especial judicial a [Nombre 021], mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula [Valor 006] (imágenes 697, 1803 y 1817) y Municipalidad de Heredia, representada por el Alcalde [Nombre 022], mayor, divorciado, cédula de identidad [Valor 007], magíster en administración de Negocios, vecino de Heredia, quien otorga poder especial judicial a [Nombre 023], cédula de identidad número [Valor 008], carné del Colegio de Abogados [Valor 009] y [Nombre 024] portador de la cédula de identidad número [Valor 010], carné del Colegio de Abogados [Valor 011] (imagen 373).
El licenciado [Nombre 013] en representación de [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 009] y [Nombre 012] impugna el fallo 37-2021 de las 10 horas 35 minutos del 26 de abril del año 2021, del Tribunal Contencioso Administrativo integrado por los jueces Sergio Mena García, Juan Luis Giusti Soto y Alexandra Zúñiga Mora.
Redacta la Magistrada Rojas Morales
CONSIDERANDO
I.Según se desprende de la sentencia, los señores [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 009], [Nombre 010], [Nombre 011] y [Nombre 012], demandaron a la Municipalidad de Heredia, la [Nombre 014], a [Nombre 018] y la [Nombre 035] de Heredia. Instaurada la demanda y luego de múltiples subsanaciones, resolución de incidencias y aclaraciones a las pretensiones tramitadas a lo largo de cuatro audiencias preliminares, quedó establecido el siguiente cuadro petitorio: "1. Que se ordene a la Municipalidad de Heredia construir un muro de contención a lo largo del margen izquierdo del Río Pirru (Sic…) con el fin de impedir nuevos deslizamientos que pongan en riesgo la vida de los vecinos de la Urbanización San Fernando. 2. Que se ordene a la Municipalidad de Heredia no emitir nuevos permisos para realizar construcciones al margen del Río Pirru (Sic…), a fin de evitar un daño mayor al medio ambiente y al cause (Sic…) natural del río.
Que se ordene a la [Nombre 035] y a la [Nombre 014] abstenerse de realizar cualquier tipo de construcción que altere el margen natural del Río Pirru (Sic…). . Que se ordene en forma solidaria a la Municipalidad de Heredia, a la [Nombre 035] y a la [Nombre 014] al pago de los daños y perjuicios ocasionados en contra de los afectados directos e indirectos todos vecinos de la urbanización San Fernando. 5. Que se condene a los demandados en forma solidaria al pago de las costas personales y procesales. 6. Que habiéndose determinado la existencia de daños y perjuicios producto de las conductas y omisiones por parte de los demandados se condene a estos en abstracto al pago solidario de daños y perjuicios los cuales serán liquidados en la respectiva ejecución de sentencia. La parte aclara que el monto de los daños y perjuicios corresponde a 120 millones para cada uno de los afectados directos y 60 millones para cada uno de los afectados indirectos.”.
Todas las co demandadas se opusieron y plantearon las siguientes excepciones: La Municipalidad de Heredia: a) defensa de falta de agotamiento de la vía administrativa, b) falta de legitimación activa, c) falta de representación, d) defectos no subsanados de la demanda, e) prescripción y f) falta de derecho. La [Nombre 014]: a) falta de legitimación. [Nombre 018] planteó: a) indebida representación, b) defectos no subsanados, c) indebida acumulación de pretensiones, d) prescripción o caducidad del derecho, e) falta de legitimación activa y pasiva, f) falta de derecho. La [Nombre 035] opuso: a) falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario, b) incompetencia por la materia, c) falta de agotamiento de la vía administrativa, d) falta de interés actual, e) falta de legitimación ad causam pasiva y f) falta de derecho. La parte actora busca responsabilizar a la Municipalidad demandada, y a las tres personas jurídicas de Derecho Privado, de los daños ocurridos en sus viviendas ubicadas en la Urbanización San Fernando, así como a la pérdida de la plusvalía de los terrenos, producto del derrumbe que ocurrió en el mes de octubre del año 2011.
Atribuyen responsabilidad al gobierno local no sólo por sus acciones, sino también por omisiones. Le endilgan responsabilidad a la [Nombre 014]. y al [Nombre 035], ya que la construcción obras por ellas realizadas, son causantes de la afectación del Río Pirro, que tuvo como subsecuente efecto, la destrucción del talud y el deslizamiento del terreno donde se encontraban asentadas algunas de las viviendas de los actores. El Tribunal integrado por los jueces Sergio Mena García, Juan Luis Giusti Soto y Alexandra Zúñiga Mora, en el fallo 37-2021 de las 10 horas 35 minutos del 26 de abril del año 2021 dispuso declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos. Inconforme los actores [Nombre 010], [Nombre 011], [Nombre 009] y [Nombre 012] interponen recurso de casación, en el que se plantean dos reparos, los cuales se pasan a resumir de seguido.
II.Primero: Refiere la parte recurrente que presentó prueba para mejor resolver y el Tribunal la rechazó con el argumento de que se encontraba en etapa de juicio, lo cual, en su criterio, no es un motivo de rechazo pues de la inteligencia del artículo 50 del CPCA, dice, es claro que para que los documentos sean admitidos como prueba para mejor resolver deben valorarse, en este caso el Tribunal, no los admitió, pero tampoco los valoró. Así, arguye, debió valorarse el documento denominado avalúo de la propiedad de la señora [Nombre 010] el cual, estima, tiene un vínculo directo con la teoría del caso por cuanto dicho estudio detalla cual es la causa origen del estado de la vivienda. El documento IAR-O-F-0217-2016, define la responsabilidad del ente municipal en cuanto al manejo inadecuado y omiso, por décadas, de la cuenca del Río Pirro; al igual que el oficio DPM-lNF-0708-2012, que además, establece la relación causal existente entre los daños que sufrió la vivienda de la señora [Nombre 010].
Acusa la trasgresión del canon 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), en el tanto el rechazo adolece de una debida fundamentación al referirse únicamente a la admisibilidad y no a la valoración o eficacia de la prueba. Dentro de la prueba documental rechazada, alega, consta la orden Sanitaria N: 065-2016-AV, que sirve para demostrar los daños materiales que sufrió la casa número 74 de la señora [Nombre 010]. Arguye, por el rechazo de dicha prueba se tuvo por no demostrado el daño sufrido por la vivienda debido al derrumbe acaecido el día 14 de octubre de 2011.
III.Sobre la prueba para mejor resolver. El Tribunal luego de hacer una exposición de la línea temporal de la presentación de la prueba, ya que se ofreció en diversos momentos procesales, explicó que existen distintas etapas procesales en donde las partes pueden ofrecer sus pruebas, de acuerdo con la naturaleza de cada proceso. En esa línea de pensamiento transcribió el precepto 50 del CPCA y resolvió: “…Según se señala en el artículo 50.2, si tales documentos son presentados antes de la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte para que se refiere a éstos. Para el caso en que se presenten después de la audiencia preliminar, quedará a juicio del Tribunal considerarlos como parte del acervo probatorio, en carácter de prueba para mejor resolver. En el caso que nos ocupa, es posible apreciar que las gestiones probatorias de los días treinta y uno de marzo y veintiuno de abril, ambos del año dos mil dieciséis, de los representes de los actores y actoras [Nombre 027] y [Nombre 008], se realizaron con anterioridad a la tercera audiencia preliminar.
No obstante, la del veinte de octubre del dos mil dieciséis se hizo en la etapa de juicio. Así planteadas las cosas los dos primeros ofrecimientos se ubican en el inciso segundo párrafo primero del artículo cincuenta, haciendo la acotación que fue el Tribunal de Juicio el que debió conceder la audiencia a las partes, dada la omisión del juez de la etapa de trámite. Por otro lado, la tercera gestión encaja dentro del último párrafo del inciso segundo de la norma antes citada, dado que la prueba fue ofrecida con posterioridad a la audiencia preliminar y cuando el asunto había sido elevado a la fase de juicio. Como se desprende de la inteligencia que se encuentra plasmada en la norma citada, la prueba para mejor resolver tiene un carácter extraordinario, aunque uno de sus fines se encamina a desentrañar la verdad real de los hechos, jamás podrá convertirse en una herramienta procesal encaminada a subsanar las omisiones o yerros a la hora de ofrecer la prueba en la fase escrita de demanda, pues el derecho de defensa, el debido proceso y el abuso procesal son los elementos que deben tenerse en cuenta para valorar si se admite o no este tipo de prueba excepcional.
Dada la forma en la que fue presentada la demanda y por las mismas quejas de indefensión que presentaron los accionados en el primero de los intentos fallidos de llevar a cabo el juicio, el Tribunal, permitió a los accionantes subsanar su demanda. Ese era el momento procesal oportuno para enderezar cualquier yerro, tanto de los hechos, como las pretensiones, lo concerniente a la participación subjetiva, así como la prueba de cargo. Llama la atención que la subsanación se produjo el veinticuatro de octubre del dos mil catorce, lo que suponía que ese era el momento procesal para que se fuera aportada (sic) la prueba necesaria y suficiente para sustentar la teoría del caso que se venía esgrimiendo. Sin embargo, los representantes de los actores el treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, veintiuno de abril del dos mil dieciséis y veinticuatro de octubre del dos mil diecisiete, presentaron prueba para mejor resolver, en el primer caso un año y cinco meses, en el segundo, un año y seis meses y en el tercer caso, prácticamente dos años después.
Algunos de esos documentos son anteriores a la fecha de la presentación de la demanda, otros fueron elaborados con posterioridad a la demanda. Si bien algunos de ellos pretenden demostrar la existencia de los daños ocurridos en algunas viviendas, así como sus valoraciones, considera el Tribunal, como se verá en el análisis de fondo de este caso, en el que uno de los aspectos esenciales a demostrar en esta causa es el nexo o vínculo causal entre estos daños y las conductas o actuaciones que se indican. Pese a ello, ninguna de estas pruebas resulta útil, por su falta de contundencia, para demostrar ese aspecto fundamental dicho y que será desarrollado en los considerandos que siguen. Incluso, dentro de la prueba para mejor resolver, la licenciada [Nombre 008] ofrece una gran cantidad de testimonios y declaraciones, justificando en que harán referencia "a los hechos de la demanda", sin precisar exactamente sobre cuál situación en concreto, que permita valorar su admisibilidad y atinencia a los hechos controvertidos.
Se debe mencionar además, que algunos de los documentos ofrecidos por la profesional mencionada estaban borrosos y eran ilegibles. El Tribunal, ante el reclamo de las partes accionadas, hizo la prevención, para que fueran aportados nuevamente los que resultaba imposible su lectura, no obstante, no existe constancia de que la prevención se cumplió. La prueba debe ser rechazada en primer lugar no sólo porque no es pertinente y útil para demostrar uno de los aspectos primordiales que circundan este caso y que es el vínculo causal, bajo el planteamiento de la teoría del caso de los demandantes, sobre la relación causal que necesariamente debe existir entre las obras de construcción que mencionan y el deslizamiento del año dos mil once. Por otro lado, vista la dinámica procesal, esta prueba más que para mejor resolver, pareciera que pretende llenar el vacío probatorio de la fase de demanda y su subsanación, en una etapa muy avanzada.
Nótese que no se trata de uno o pocos documentos, sino de una gran cantidad de prueba documental y testimonial, que pudo haber sido presentada no sólo en la fase de la demanda inicial, sino en la oportunidad brindada por el Tribunal para subsanarla. Bajo la garantía del debido proceso, el derecho de defensa, la equidad y el equilibrio procesal, la admisión de esta cantidad de elementos probatorios podría causar indefensión, por tratarse prácticamente de una gran cantidad de documentos y declaraciones que podrían ser sorpresivas en una fase en la que había sido superada la etapa de contestación de la demanda y su subsanación. Esta prueba abre el portillo al ingreso de hechos y situaciones nuevas que desbordan no sólo la demanda inicial sino la subsanación. A mayor abundamiento, incluso, sin perjuicio de que no es un aspecto jurídico netamente, tiene peso en la decisión de este Órgano Colegiado, pues aunque se llevó a cabo la prevención a la profesional en derecho para que sustituyera los documentos ilegibles o borrosos, nunca fue atendido el requerimiento del Tribunal.” Basado en la anterior fundamentación, el Tribunal rechazó la prueba para mejor resolver presentada por los actores y actoras, de los días 31 de marzo y 21 de abril, ambos del año 2016 así como la del 20 de octubre del 2017.
IV.En lo que se refiere a los medios probatorios, el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) dispone que se hace conjuntamente con la demanda y su contestación y, eventualmente, con la reconvención y la contestación de la misma. Esa es la regla general que deriva del artículo 50 del CPCA que refiere a la presentación extemporánea de documentos, de la cual se extraen también excepciones a la regla. Reza la norma: “ARTÍCULO 50.-
V.Segundo: Expone, el Tribunal hace una indebida valoración de la prueba que se enlista a continuación:
VI.Respecto de estas pruebas los jueces refirieron lo siguiente:
VII.Los juzgadores además de la prueba aludida por los accionantes analizaron el oficio 2011-11-01 DPM-INF1003-2011, del 15 de octubre de 2011 del Departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en el que se indica que, de acuerdo con la valoración técnica llevada a cabo en el área donde se produjo el deslizamiento de tierra en la margen izquierda del Río Pirro, donde material (suelo y árboles), se deslizaron hacia el cauce y ocasionaron un represamiento momentáneo de flujo de agua, debido a los efectos de las lluvias del temporal que afectó el país en octubre del dos mil once. El informe en cuestión hizo las siguientes recomendaciones: "Debido a los efectos de las lluvias del temporal que afectó durante el mes de octubre el país, se produjo un deslizamiento de un talud compuesto de tierra y árboles que afecto la integridad de cinco viviendas (de la 60 hasta la 63 y la 68) del Residencial San Fernando de San Francisco de Heredia, que al desprenderse dejó expuesto la (sic...) cimentaciones de las construcciones, implicando un riesgo a partir de esta fecha para ser habitadas hasta tanto no se efectúen los estudios técnicos y obras de contención necesarias para demostrar su habitabilidad o no...".
Basándose en dicho informe, concluyó el Tribunal, que la causa eficiente del deslizamiento se atribuye a un evento propio de la naturaleza, denominado como de fuerza mayor, que opera como una eximente de responsabilidad bajo la óptica del esquema de responsabilidad que se analiza, para el caso del ente público territorial. Aunado a lo anterior y, a mayor abundamiento, expusieron los jueces, existe otro elemento probatorio, - aportado por el ente territorial-. Dicha prueba consiste en la declaración del Geólogo Geotecnista [Nombre 034], quien en el juicio oral y público explicó, que de la visita de campo plasmada en un informe que emitió en julio del año 2012 para la Municipalidad de Heredia, se atribuyó el deslizamiento a la precipitación ocurrida el día del incidente, que fue el 14 de octubre de 2011. Tal conclusión lo cual coincide con lo expuesto en el oficio 2011-11-01 DPM-INF1003-2011.
Según resumieron los jueces, explicó el técnico: “…ese día la precipitación se disparó al doble de lo normal. Recordó que para la época el país sufrió un temporal por once días, calificándolo de anómalo, fuera de la media de precipitación. Mencionó que este fenómeno de precipitación tuvo incidencia directa en la saturación de los terrenos, lo que aumentó las fuerzas desestabilizadoras del terreno. Dicha sobre precipitación fue del 120% aproximadamente en ese entonces. Atribuyó las causas del deslizamiento al agua, que se manifestó en diferentes formas, como las aguas llovidas, las aguas en el talud, las aguas pluviales, las aguas negras, la pendiente y el material de relleno del talud. Aclaró que esa duplicación de la media de agua llovida, por el fenómeno atmosférico, sumado a las aguas pluviales de techos que desfogaban en el propio talud, así como las aguas negras de los tanques sépticos, que generaban en forma independiente no canalizada agua al sitio del evento.
Según su criterio, todo este conjunto de aguas saturaba el suelo, generando la pérdida de cohesión en el terreno y su desestabilización. Mencionó que la estabilidad en un terreno no es la misma en la época seca que la lluviosa. Consideró que los sitios de infraestructura tanto del [Nombre 035] como los de la [Nombre 014], no tuvieron incidencia sobre el acontecimiento del catorce de octubre del dos mil once. Finalmente los jueces consideraron también la posible la existencia de la eximente de responsabilidad por culpa de la víctima. Lo anterior, al analizar el testimonio de la funcionaria Lorely Mena Marín, quien el día de la recepción de prueba declaró que unos tres o cuatro días después del evento dañoso en octubre del año dos mil once, se apersonó al sitio, para ver el muro anclado que existía en ese momento y poder verificar su comportamiento y si había respondido a las fuerzas que enfrentó el acontecimiento.
Según indicó, pudo visualizar, después del evento en el muro, cerca de una de las casas afectadas un bajante de bastante diámetro de aguas pluviales que discurrían por el talud. De igual modo, recordó haber visto otras tuberías en dos lotes que desfogaban aguas de pilas detrás de la vivienda hacia el talud, así como otra tubería de un tanque séptico que salía de la parte trasera de otra vivienda hacia el talud. Señaló que dichas aguas no estaban dirigidas a los lugares que la ley debía establece (tanques especiales) sino al cause del rio. Estas manifestaciones de la testigo funcionaria, estimaron los jueces, podrían configurarse como culpa de la víctima. Observa esta Sala, la parte recurrente tampoco combatió el fundamento de los jueces respecto de la presencia de las eximentes de responsabilidad por fuerza mayor y culpa de la víctima. Lo anterior lleva a concluir, que resulta imposible quebrar el fallo lo que rechazar el agravio.
VIII.Finalmente, estima esta Cámara que acudiendo a lo establecido en el canon 150 inciso 3) del CPCA, por la naturaleza de las cuestiones debatidas, hubo motivo suficiente para recurrir. Entiende esta Sala que el dictamen preliminar pudo hacerle creer a la recurrente que las obras construidas sin permiso causaron el desastre. Amen de que la Municipalidad requirió de pericia especial posterior al evento, para conocer que hubo un hecho de la naturaleza extraordinario que fue el causante de lo ocurrido, además de que la culpa de la víctima, no esta identificada en un solo sujeto sino en varios. Todo lo cual lleva a considerar, que lo procedente es la exoneración de costas del recurso.
IX.En mérito de lo expuesto, no se aprecian los vicios invocados por lo que procede rechazar el recurso de casación interpuesto. Se resolverá sin especial condenatoria en costas.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de casación. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.
Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Damaris Vargas Vásquez
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