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Res. 02778-2022 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 22/12/2022
OutcomeResultado
The First Chamber denied the cassation appeal, confirming the plaintiff's lack of standing due to preclusion and untimeliness of arguments.La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación, confirmando la falta de legitimación activa del actor por preclusión y extemporaneidad de los argumentos.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court of Justice denied the cassation appeal filed by the plaintiff, Luis Mario Noreña Salazar, against the judgment of the Second Civil Appeals Court of San José that upheld the trial court's dismissal of the lawsuit seeking annulment of donation deeds. The plaintiff, son of the deceased donor, sought to annul a donation of real estate in Costa Rica made by his father to his attorney. The Chamber held that the grievances regarding formal defects in the judgment (issued beyond the deadline, at an improper hour, and with a different format) failed to demonstrate concrete harm, thus nullity was not warranted. On the merits, it confirmed that the lower court adequately reasoned the plaintiff's lack of standing: the argument that he represented the estate had been precluded by a final interlocutory order limiting his participation to a personal capacity, and the claims regarding his heir status under Colombian law were untimely raised only on appeal, not forming part of the original dispute. Furthermore, the condemnation to pay costs was not challenged on appeal, rendering it unassailable in cassation. The Chamber reiterated the principle of no nullity without harm and the importance of congruence between the cause of action and the judgment.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por el actor, Luis Mario Noreña Salazar, contra la sentencia del Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José que confirmó el fallo de primera instancia desestimatorio de la demanda de nulidad de escrituras de donación. El actor, hijo del donante fallecido, pretendía anular una donación de un inmueble en Costa Rica realizada por su padre a su abogada. La Sala consideró que los agravios sobre vicios formales en la sentencia (emisión fuera de plazo, en hora inhábil y con formato distinto) no demostraron perjuicio concreto, por lo que no procedía la nulidad. En cuanto al fondo, confirmó que el Tribunal fundamentó adecuadamente la falta de legitimación activa del actor: el argumento de representar la sucesión fue precluido por resolución interlocutoria firme que limitó su participación a título personal, y los alegatos sobre su condición de heredero conforme a la legislación colombiana se introdujeron extemporáneamente en la apelación, sin ser parte del contradictorio original. Además, la condena en costas no fue impugnada en la apelación, por lo que devino inatacable en casación. La Sala reiteró el principio de que no hay nulidad sin agravio y la importancia de la congruencia entre la causa de pedir y la sentencia.
Key excerptExtracto clave
In the first ground (second of the appeal) he alleges violation of articles 138, 151, 155 and 198 to 200, all of the CPC (Law 7130). [...] Although a review of the challenged judgment shows that the appellant is correct regarding the form, deadline, and time at which it was issued, this Chamber has already explained that, in light of the principles of inadmissibility of nullity for nullity's sake and of transcendence, according to which there is no nullity without harm; necessarily when the person affected by the decision makes a claim, they must explain to the court or the superior what harm the ruling causes them, because otherwise, it would be seeking the old formalistic application of declaring nullity for the mere regulatory infraction; which is discordant with modern procedural law. [...] In the second ground (first of the appeal) he alleges violation of article 21.1 of the CPC (Law 7130), in relation to article 847 of the Civil Code. [...] On this point, the Court explained that the argument regarding the intestate succession of his deceased father processed in Colombia being represented by all the heirs and not by an executor under the laws of that country concerned a legal issue that had already been precluded, with validation on his part, before the issuance of the judgment under attack. [...] Regarding active standing in a personal interest, it explained that in the list of facts narrated in the complaint, he only mentioned that the donor was his father and that he served as a bridge at a certain time to connect Don Marco Aurelio with Doña Oscarina Coronado Villamil. [...] It noted, this is important because, given the nationality of the deceased donor of the supposed succession regime, the law of his country governs the entire legal regime applicable to the estate, since, as detailed, article 144 of the Bustamante Code (International Code of Private Law), subscribed by Colombia and Costa Rica, so provides.En el primer motivo (segundo del recurso) acusa violación de los artículos 138, 151, 155 y 198 al 200, todos del CPC (Ley 7130). [...] Si bien de la revisión de la sentencia impugnada se deriva que lleva razón el recurrente en cuanto a la forma, plazo y hora en que aquella se dictó, lo cierto es que ya esta Cámara ha explicado que, en atención a los principios de improcedencia de la nulidad por la nulidad misma y, de transcendencia, según los cuales, no hay nulidad sin agravio; necesariamente cuando la persona afectada por la resolución realiza su reclamo debe exponer al despacho o al superior cuál es el perjuicio que lo dispuesto le causa, pues de lo contrario, se estaría pretendiendo la antigua aplicación formalista, de decretar la nulidad por la sola infracción normativa; lo que es discordante con el derecho procesal moderno. [...] En el segundo motivo (primero del recurso) acusa violación del numeral 21.1 del C.P.C. (Ley 7130), en relación el 847 del Código Civil. [...] Sobre este punto, el Tribunal explicó, el argumento referido a que la sucesión intestada de su difunto padre y tramitada en Colombia, es representada por todos los herederos y no así por un albacea conforme a la legislación de ese país versaba respecto de un tema jurídico que ya había precluido, con convalidación de su parte, antes del dictado de la sentencia que ataca. [...] En lo que respecta a la legitimación activa en interés personal, explicó que en el elenco de hechos narrados en la demanda solamente mencionó que el donador era su padre y que sirvió de puente en un momento determinado para conectar a don Marco Aurelio con doña Oscarina Coronado Villamil. [...] Apuntó, esto es importante, porque dada la nacionalidad del donador causante del supuesto régimen sucesorio, es la ley de su país la que marca todo el régimen legal aplicable al mortual, ya que, detalló, así lo dispone el artículo 144 del Código de Bustamante (Código Internacional de Derecho Privado), suscrito por Colombia y Costa Rica.
Pull quotesCitas destacadas
"en atención a los principios de improcedencia de la nulidad por la nulidad misma y, de transcendencia, según los cuales, no hay nulidad sin agravio; necesariamente cuando la persona afectada por la resolución realiza su reclamo debe exponer al despacho o al superior cuál es el perjuicio que lo dispuesto le causa"
"in light of the principles of inadmissibility of nullity for nullity's sake and of transcendence, according to which there is no nullity without harm; necessarily when the person affected by the decision makes a claim, they must explain to the court or the superior what harm the ruling causes them"
Considerando sobre primer motivo
"en atención a los principios de improcedencia de la nulidad por la nulidad misma y, de transcendencia, según los cuales, no hay nulidad sin agravio; necesariamente cuando la persona afectada por la resolución realiza su reclamo debe exponer al despacho o al superior cuál es el perjuicio que lo dispuesto le causa"
Considerando sobre primer motivo
"el argumento referido a que la sucesión intestada de su difunto padre y tramitada en Colombia, es representada por todos los herederos y no así por un albacea conforme a la legislación de ese país versaba respecto de un tema jurídico que ya había precluido, con convalidación de su parte, antes del dictado de la sentencia que ataca"
"the argument regarding the intestate succession of his deceased father processed in Colombia being represented by all the heirs and not by an executor under the laws of that country concerned a legal issue that had already been precluded, with validation on his part, before the issuance of the judgment under attack"
Considerando sobre segundo motivo
"el argumento referido a que la sucesión intestada de su difunto padre y tramitada en Colombia, es representada por todos los herederos y no así por un albacea conforme a la legislación de ese país versaba respecto de un tema jurídico que ya había precluido, con convalidación de su parte, antes del dictado de la sentencia que ataca"
Considerando sobre segundo motivo
"al no haber sometido al contradictorio de forma debida la tesis fáctica y jurídica que expuso luego al recurrir en apelación, conforme a los artículos 99 y 155 de la citada normativa 7130, se imposibilita incorporar a la sentencia de segunda instancia, aspectos vedados por el legislador"
"by not having properly submitted to the adversarial process the factual and legal thesis that he later presented on appeal, in accordance with articles 99 and 155 of the aforementioned Law 7130, it is impossible to incorporate into the second-instance judgment aspects prohibited by the legislator"
Considerando del Tribunal, citado por la Sala
"al no haber sometido al contradictorio de forma debida la tesis fáctica y jurídica que expuso luego al recurrir en apelación, conforme a los artículos 99 y 155 de la citada normativa 7130, se imposibilita incorporar a la sentencia de segunda instancia, aspectos vedados por el legislador"
Considerando del Tribunal, citado por la Sala
Full documentDocumento completo
First Chamber of the Court Date of Resolution: December 22, 2022 at 11:30 Docket: 10-000053-0184-CI Analyzed by: SALA PRIMERA Res. 002778-F-S1-2022 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours thirty minutes on the twenty-second of December two thousand twenty-two.
Ordinary proceeding filed by LUIS MARIO NOREÑA SALAZAR against OSCARINA CORONADO VILLAMIL and MERCEDES USAGA SERNA. Attorneys Gerardo Delgado Hernández and Jorge Chavarría Ordoñez appear as special judicial representatives, the former for the plaintiff; and the latter for the defendants. The plaintiff files a cassation appeal against judgment 254 of 5:55 a.m. on April 15, 2021, of the Second Civil Appeals Court of San José, Second Section, composed of the adjudicators Carlos Dalolio Jiménez, Farith Suárez Valverde, and Christian Quesada Vargas.
Drafted by Magistrate Vargas Vásquez;
WHEREAS
In a brief filed on March 23, 2010, the plaintiff, in his personal capacity and on behalf of his father's estate, sued the defendants. He explained that his father, who was a Colombian citizen, entered Costa Rica for the first time from February 19 to 24, 2020, then re-entered on March 15 of that year, already with the intention of making some investments and completing the procedures to obtain his residency, which he obtained on February 21, 2001. He indicated that, except for a few departures from the country, his father resided regularly until, after suffering an accident, he returned to Colombia on March 8, 2003. He accused the defendant Coronado Villamil of having acted as his father's attorney, generating a trust that, he asserted, allowed her to orchestrate a plan aimed at illegitimately appropriating his father's most valuable property. He alleged that on January 29, 2001, before the notary office of the defendant Coronado, his father acquired property 1-182214B-000, for an amount in the deed of 45 million colones, but which in reality had a higher value. He narrated that on June 22, 2001, when barely a year of the client-attorney relationship had elapsed, the defendants granted, in the protocol of the defendant Usuga Serna, deed 37-1, in which they caused his father to appear and attributed to him a false declaration of intent, according to which he donated property 1-182214B-000 to Coronado Villamil, acquired only 145 days earlier and on which, among other things, a commercial premises is located that is leased to Ramón Díaz Meek, who is the spouse of co-defendant Coronado Villamil. He listed and explained multiple elements that he believes confirm the falsity of the deed, such as that it was hidden until his father's death. He petitioned to declare: “1. Absolute nullity of deeds numbers 37-1 and its addendum 22-3 granted and authorized by the defendants herein, the first for the reasons and grounds of nullity that are ultimately proven in this proceeding, namely: i) Absence of the element of CONSENT in the “donation” by Marco Aurelio Noreña Suarez from whom the defendants obtained his signature through the deceit indicated in this complaint and the abuse of the client-attorney relationship. ii) Absence and falsity of the contractual element of the CAUSE that supposedly motivates the donation, that is, the payment for professional services, past, present, and future, given that all services provided to my father were duly paid to the “donee”. Furthermore, pursuant to Article 197 of the Bustamante Code, the indicated contractual cause would be illegal due to the lifetime or indefinite terms in which it was drafted. iii) Serious violations of the formalities regarding the drafting of deeds imposed by our Notarial Code in its Arts. 73, 74, and 75, since the original deed has words outside the right margin, use of abbreviations and blank spaces, and unilateral corrections to the certified copy. iv) Serious violations of the formalities regarding the drafting of deeds imposed by our Notarial Code in its Arts. 81 and 92 et seq., since in the original deed there is a contradiction regarding the place of execution, incorrect indication of the foreign appearing party’s identification document, violation of duties regarding notarial history, stipulations, reservations, and warnings. Likewise, the wording is confusing and indeterminate, and there are a large number of orthographic errors that were later corrected without basis in the certified copy. v) Serious inconsistencies and incongruities between the original deed and the certified copy, see fact 8º presented to the National Registry, which render it unsuitable for its registration entry. vi) Serious inconsistencies with the “death certificate” presented with the certified copy, which lacks the consular authentications that permit its use in Costa Rica. vii) The unsuitability of the certified copy of deed 37-1 for its registration entry, since the content of the deed is a declaration of last will. Therefore, by application of our legislation, private international law, and Colombian regulations, this must be considered a will and subjected to judicial proceedings in Colombia. viii) That, based on the formalities of a will that govern the regulations, we have the absence of the 3 instrumental witnesses and the two existing ones did not act as such, apart from other defects such as place of execution, unity of the act, and reading to the parties, which determine non-compliance with the formalities pertaining to wills. ix) Finally, regarding the 2nd deed, 22-3, likewise, the unsuitability regarding its execution and authorization, since it is an act prohibited to the appearing party Coronado, who cannot by herself correct the issue of the measurement and therefore, it is also not registrable in the Registry. Likewise, apart from the declaration of nullity of the notarial instruments or original deeds, which must be determined with all appropriate effects and consequences, I am requesting the nullity of the certified copies of the cited deeds and the formal declaration of unsuitability to register them in the Registry, noted according to entries 575/34423 and 575/75777. I request, finally, that they be ordered to pay both costs of the civil proceeding, with the recognition of interest at 2% monthly from the finality” [Sic]”. The defendants answered negatively and raised the defenses of lack of active and passive standing, lack of right, the Latin phrase “sine actione agit.”; and, the procedural claims of lack of capacity and defective representation. Judge David Orellana Guevara, in judgment 52-2014 of 2:00 p.m. on June 23, 2014, upheld the defenses of lack of standing and lack of right, declared the ordinary lawsuit of Luis Mario Noreña Salazar against Oscarina Coronado Villamil and Mercedes Usuga Serna without merit. The Second Civil Court, First Section, in judgment 641-2015 of 3:00 p.m. on December 18, 2015, partially reversed the first-instance judgment regarding its upholding of the defenses of lack of active standing and lack of right, rejecting them instead; it denied the generic defense sine actione agit and upheld material res judicata. It granted the lawsuit against Oscarina Coronado Villamil and María Mercedes Usuga Serna, declaring deeds 37, executed before notary María Mercedes Usuga Serna at 3:40 p.m. on June 22, 2001, and 22, executed before the same notary at 9:00 a.m. on May 5, 2008, null; it decreed the nullity of entries volume 575 entry 34423 and volume 575 entry 75777 existing in the National Registry. It imposed both costs on the defendants, granted legal interest on this item from the finality of the resolution determining the corresponding amount, and rejected the nullity alleged concomitantly. Disagreeing, Oscarina Coronado Villamil and Mercedes Usuga Serna filed a cassation appeal. This Chamber, in resolution 942-F-S1-2020 of ten hours forty minutes on March nineteenth, two thousand twenty, annulled the ruling, based on the following: “…In the case under analysis, the plaintiff from the outset invoked that his action in the lawsuit was personal and on behalf of the estate of Marco Aurelio Noreña Suárez and, furthermore, in the first fact of the lawsuit, he stated that Marco Aurelio Noreña Suárez was the name of his deceased father (f. 34). However, in no fact of the lawsuit is it read that the plaintiff invoked being the holder of an inheritance right in an intestate proceeding (legitimate succession); or else, other linguistic formulations are not read in which he expresses having been declared an heir. It is observed, at f. 48 - along with the initial brief - that the plaintiff offered documentary evidence described as a resolution issued in Medellín, Colombia, in which all the children of his father - Marco Aurelio Noreña Suárez - were declared and recognized as heirs; but, in the list of facts of the lawsuit, the plaintiff is completely remiss in including this information as a base fact of the dispute. Consequently, what is read in the ten facts of the lawsuit corresponds to the facts constituting or not the right invoked by Noreña Salazar; and, therefore, the cause of action is contained within them. This legal notion refers to the facts narrated by the litigants - of legal relevance - from which they formulate their claims. (…) It was that line of argument of the appellate body that introduced a standing that the plaintiff never stated: the fact of being an heir. This novel factual issue (included in the ‘proven facts’ of the judgment under study) led the Court to conduct an analysis in Considering VI to substantiate that “Mr. Luis Mario Noreña Salazar was able to prove that in his native country, Colombia, in the intestate succession of his father, he is listed as a legitimate heir” f. 1550 (The highlighting is not original to the text). Hence, the Court took as proven the fact that the plaintiff “is listed as a legitimate heir” without that assertion having a base fact; and with this, the judgment relied on a factual assumption that was not invoked in a timely manner (in the pleading act), seriously damaging the right of defense of the defendant who, when answering the lawsuit, could not have defended against an absent line of argument. The error lies in the fact that evidence was used as a creative means for a fact not specified, when the support for the stated facts are the evidentiary elements, which is why it is correct to state that the object of proof is the facts and not the other way around. Thus, the adjudicator, when extracting information from the different evidentiary means, does not have the power to expand or change the allegations of the parties; but does have it to assess them to determine whether the fact brought to their attention has or does not have evidentiary support, just as it was presented by the litigant. Having said this, this Chamber is of the opinion that the cassation appellants are correct in qualifying what the Court analyzed regarding the active standing of Noreña Salazar as incongruent, and the grievance shall be declared admissible. It is reiterated that, indeed, the base fact that enabled that standing: being an heir, was not an issue discussed in the proceeding. Additionally, it is necessary to specify the scope of the sua sponte review that every adjudicator must perform of the material prerequisites of the claim. In the first place, standing - ad causam -, together with the right and the current interest, constitute the three material prerequisites of the claim. In that order of citation, these must be reviewed sua sponte by the administrators of justice in order to determine whether the material claims of the plaintiff can be granted or not. That sua sponte action entails not only an intellective analysis in private by the adjudicatory body, but also, obligatorily, a reasoned pronouncement that the ‘material prerequisites have been analyzed independently’ of whether the ‘material defense’ against the claim has been raised. In this way, the adjudicator guarantees that the granted points - and the pronouncement in general - conform to Law and are not at the mercy of a deficient opposition or an absence of a statement of defense. It is very important to establish that this sua sponte control by the adjudicator does not allow them to grant claims based on ‘issues not debated’ (Art. 99 of the Civil Procedure Code) in protection of the right of defense; but it does allow them to develop their own theory of the case, which, if it coincides with that of the plaintiff, leads to granting what was petitioned; or, if it harmonizes with that of the defendant, the claims would be dismissed. The person who administers justice and provides reasons for their resolutions, upon issuing a ruling, gives their opinion on the matter, even when it deviates from the theses that the parties have handled. Now, it is of utmost importance to understand that the jurisdictional body performs the analysis of the material prerequisites sua sponte, but it does not cure them (analyzing and curing are two distinct actions). It declares them as existing if they are present in the action; given and demonstrated by the parties (dispositive principle). Consequently, the Court erred in using a theory of the case regarding the active standing of Noreña Salazar that he never defended in the lawsuit (e.g., facts and legal grounds of the lawsuit f. 34-45) to reverse the first-instance judgment. It would have been different if the Court had analyzed the point by issuing its opinion on the matter, but without violating the rights of the counterparty. Regarding what was aggrieved, it is necessary to clarify that, we only disagree with the conceptual dissociation that the appellants make of the ‘personal’ condition and the ‘heir’ condition. For, personal action encompasses everything that benefits the subject for themselves, including the condition of heir, which is precisely a personal condition, that is, of the person. This nature of the action allows any person with capacity to act to claim and defend subjective rights on their own behalf. Manifestly, the appellants are engaging in a play on words by which they try to convince that being an ‘heir’ is one thing, and having a ‘personal condition’ is another; when this - in reality - is a contradiction because ‘heir’ is a person, and precisely it is a personal condition. Therefore, it is not correct to maintain that the Court created a new procedural subject - as the cassation appellants affirmed -. What has happened is that the appellate body granted the personal condition with which Noreña Salazar had already acted a scope not expressed in the lawsuit. Note that the plaintiff never substantiated his standing - he did not even cite legal precepts regarding it that would allow understanding the logic of his personal action -; and for this reason, the Court surprised the defendants with arguments to justify that Noreña Salazar's interest in having the nullity of the donation declared is backed by the standing as heir that he holds. Because the profiles of personal actions can be very diverse in the Legal System (e.g., condition of partner, condition of contracting party; condition of owner; condition of usufructuary, condition of heir; etc.), these form part of the theory of the case set forth in the lawsuit (which begins with the standing that connects the plaintiff to the substantive legal relationship). And, it is through that thesis that the plaintiff establishes the basis on which their claims should be granted. In this way, the reason why the scope of the condition under which one acts must indeed be derived from the cause of action of the claim and not be developed at convenience has been stated. (…) X.- In view of the foregoing, it is proper to grant the cassation appeal for procedural reasons and annul the Court's ruling, ordering the remittance of the case file so that said body may proceed in accordance with Law (subsection 1 of article 610 of the Civil Procedure Code). THEREFORE The cassation appeal is granted. The appealed judgment is annulled and the remittance of the case file is ordered so that the Ad quem may proceed in accordance with Law. “. As a result, the Second Civil Appeals Court of San José, Second Section, composed of the adjudicators Carlos Dalolio Jiménez, Farith Suárez Valverde, and Christian Quesada Vargas, issued judgment 254 of 5:55 a.m. on April 15, 2021, confirming the appealed judgment. Displeased, the plaintiff files a cassation appeal. Subsequently, in briefs filed on May 19 and November 25, both of 2021, the appellant and Mrs. Blanca Nelly Noreña Salazar present requests for resolution and ratification of the arguments raised in the appeal.
By resolution of thirteen hours seven minutes on the twenty-third of June two thousand twenty-two, this Chamber admitted the plaintiff's appeal in its entirety, indicating that: “I.- Of the applicable regime. Of the matters admissible in cassation: The Civil Procedure Code - Law No. 9342 - provides in Transitory Provision II that against resolutions that were issued when the Code entered into force - on October 8, 2018 -, the remedies authorized by the procedural provisions in force at the time they were issued shall be applicable. In the present matter, the first-instance judgment no. 52-2014, which was issued by the First Civil Court of Higher Amount of San José at 2:00 p.m. on June 23, 2014, prior to the mentioned date; consequently, the subsequent remedies are governed in accordance with the procedural norms contained in the Civil Procedure Code, Law No. 7130, just as was provided in the transitory provision. Based on those premises, this Chamber infers that, by Law No. 9342 enabling a procedural remedy regime in force at the time of the issuance of the judgment; it concomitantly enabled that both the content of the challenge and the pronouncement to which it gives rise are also based on the procedural legal precepts in force on that date. Therefore, the admissibility of the appeal, both regarding its grounds for proceeding and its other requirements, is made based on the Civil Procedure Code, Law No. 7130.” In the first count (second of the appeal) he alleges violation of articles 138, 151, 155, and 198 to 200, all of the CPC (Law 7130). He develops three points in his argument. In the first, he argues that numeral 138 of the C.P.C. indicates that judicial actions performed on ineligible days or hours are null, unless the court previously enables hours or days, always at the request of a party; and he argues that the hours between eighteen hours (6 P.M.) and six hours (6 A.M.) the following day are indicated as ineligible by the norm. He alleges that the appealed ruling was issued at 5:55 a.m., thereby incurring absolute nullity by operation of law. In the second point, he argues that the appealed ruling was issued outside the legal deadline set by numeral 151, which indicates a period of one and a half months for the Court. He details that between ruling 254, which is from April 15, 2021, and ruling 942-F-51-2020 of the First Chamber of March 20, 2020, 13 months elapsed, far exceeding the deadline, even considering the date of arrival at the Court. He adds that numeral 143 ibidem also states the non-extendability of deadlines, and explains that, although these are non-directory deadlines not sanctioned with nullity, what is indicated certainly constitutes a violation of the regulated procedure and, therefore, he alleges it since numeral 98 sub. 6) ibidem urges as an unavoidable duty of the judges to issue the resolutions within the established legal deadlines, in the present case, one and a half months. In the third section, he alleges that the resolution does not comply with the requirements set forth in art. 155.2, as it applied the current code. He explains that regarding the requirements for judgments, that code establishes that after the introductory part, one proceeds with the Operative Part ("Resultando"), which is "the summary of the claims and responses of the parties," however, in the appealed ruling, it moved directly to the Whereas ("Considerando"). He maintains that the norm indicates that a final Operative Part must be recorded, which in summary must indicate that there are no defects or omissions and that the judgment is issued within the deadline. He adds that the concise and precise summary of the previous judgments was also omitted, especially ruling 641-2015 of December 18, 2015, from this same Court, which had agreed with him regarding standing.
Although from the review of the challenged judgment it is derived that the appellant is correct regarding the form, deadline, and time at which it was issued, the truth is that this Chamber has already explained that, in consideration of the principles of the inadmissibility of nullity for nullity's sake and of transcendence, according to which there is no nullity without prejudice; necessarily, when the person affected by the resolution makes their claim, they must explain to the court or the superior authority what the harm is that the decision causes them, otherwise, one would be seeking the old formalistic application of decreeing nullity for the mere normative infraction; which is discordant with modern procedural law, and is even prevented by the current formulation of the CPC, which in its numeral 2.2 clearly highlights instrumentality as one of its principles. (Judgment 1884 – 2021 of 9:55 a.m. on October 28, 2021). Under that approach, upon analyzing the reproach made by the appellant, it is evident that he limited himself to explaining that the judgment was issued after the deadline, during an ineligible timeframe, and with the form established in the new procedural legislation, omitting to indicate how those elements caused him prejudice. That is, in his challenge, while he accuses an injury to his right of defense in a generic manner, he does not outline a precise reason in which that defenselessness materialized, his argument therefore lacking adequate substantiation that would lead to determining procedural or substantive harm resulting from the accused errors. From that approach, what the appellant seeks is the application of the old technique based on nullity for itself, a thesis which, as noted, is already out of step with the new procedural regulations, which are applicable to the specific case, in accordance with Transitory Provision I of the Civil Procedure Code (Law 9342) which states: “Proceeding that are pending upon the entry into force of this Code shall be processed, insofar as possible, adjusting them to the new legislation, endeavoring to apply the new provisions and harmonizing them, insofar as it will fit, with the actions already performed.” Thus, as no reason for defenselessness is evidenced that would support annulling the ruling, the rejection of the grievance is appropriate.
In the second count (first of the appeal) he alleges violation of numeral 21.1 of the C.P.C. (Law 7130), in relation to 847 of the Civil Code. He explains that the Court maintains that he lacks active standing to claim nullity, as they indicate he did not participate in it, and according to that limited vision, it only corresponds to his father's estate. He argues that the judgment does not explain why he lacks standing, overlooking that under the former and current procedural regulations, they simply and plainly state that a "legitimate party" is one who alleges having a certain legal relationship with the procedural claim, or in the current norm, who has, or is attributed, a certain legal relationship with the claim. He points out that it cannot be barred that only if one participated in the contract can they allege its nullity, since his condition as heir, "of the one who supposedly donated," does have standing to claim that nullity, because to the extent that, as an heir of a property irregularly excluded from the inheritable estate, he maintains a legal relationship with the claim, which is the only thing the norm regulating standing requires, since if the nullity of the donation were decreed in this case, which suffers from absolute defects due to non-compliance with formalities, the percentage of inheritable successor estate would increase in his favor. He adds that numeral 837 of the Civil Code grants standing to anyone who has an interest in the declaration of absolute nullity, and of course his condition as heir grants him the necessary standing.
On this point, the Court explained that the argument referring to the fact that the intestate succession of his late father, processed in Colombia, is represented by all the heirs and not by an executor according to the legislation of that country, concerned a legal issue that had already been precluded, with validation on his part, before the issuance of the judgment he challenges, which it explained with the following procedural account: by resolution 62-13 of 3:07 p.m. on August 13, 2013, Judge Jéssica Jiménez Ramírez upheld a defense of lack of capacity or defective representation and thereby warned the plaintiff to provide a new certification of the declaration of heirs from his father's succession proceeding, in which the representation thereof was justified, as well as whether there was a particular person representing the succession or whether all the heirs did so jointly. At that moment, it was warned that the documentation must be submitted legalized. It noted that if the warning was not complied with, this ordinary proceeding would be considered filed by Mr. Noreña Salazar solely in his personal capacity. In a brief filed on September 2, 2013, Mr. Noreña Salazar requested an addition and clarification of what was thus resolved and at once attached the documentation he considered necessary to prove the mentioned representation. In a resolution of 10:25 a.m. on September 9, 2013, Judge Jiménez Ramírez rejected the addition and clarification requested. On September 26 of that year, the plaintiff formulated a new addition and clarification, as well as subsidiary revocation and appeal remedies, all in relation to what had been resolved in order 62-13 of the immediately preceding August 13. In an order of 10:10 a.m. on December 20, 2013, the identical adjudicator denied everything requested, that is, the motions for addition and clarification, as well as the horizontal and vertical remedies referred to. The correct day and time were determined by the then First Civil Court of San José, according to correction of a material error, ordered by Judge Froylán Alvarado Zelada in the resolution of 9:00 a.m. on January 16, 2014. Then, in a resolution of 10:10 a.m. on December 4, 2013, the last cited adjudicator ordered that, for not having fully complied with what was required in order 62-13 of August 13, 2013, the proceeding would continue with the plaintiff Luis Mario Noreña Salazar in his personal capacity only. In a new brief filed on January 14, 2014, the plaintiff requested an extension to comply with the provision of the documentation required by the processing Court. In a document submitted on January 16, 2014, the plaintiff requested to render void his previous missive requesting an extension and petitioned for the issuance of the judgment. Based on the above, the Court explained that the plaintiff's error is perceived by his not having exhausted the challenge remedies against resolutions 62-13 of August 13 and the order of December 4, 2013. Regarding the first, it explained that he could have formulated the appeal for inadmissibility due to the rejection of the vertical remedy provided by the a quo court (numeral 583 of the Civil Procedure Code, Law 7130). It added that regarding the second, there was a total omission of timely challenges. According to the legislation in force, it explained, for all those moments, the nullity of resolutions due to intrinsic defects had to be alleged concomitantly with the remedies available against the jurisdictional decisions (article 199 of Law 7130). For their part, the orders were challengeable by revocation (numeral 554 of that codification) and eventually via appeal if the assumption fell within the exhaustive list provided by law (articles 559 and 560 of the mentioned instrument). It argued that given the plaintiff's inaction in not having timely exercised the procedural mechanisms that the law established in defense of his interests, the interlocutory rejection of the demonstration of his supposed legal representation of the donor's succession and his heirs, with which he sought to establish his standing within this ordinary proceeding, was precluded. Consequently, it explained, it is not admissible that he try to reopen concluded discussions in which there was inaction on his part, an intrinsic purpose in the exposition of grievances of the appeal of the judgment when he expressed his disagreement with what was resolved in that sense.
He indicated that the plaintiff was not left defenseless on this matter and therefore a possible retroactive nullification of the proceeding is also inconsequential. He concluded that, given this insurmountable procedural obstacle, it was improper to evaluate at second instance any evidence incorporated to try to prove that rejected procedural representation and its parallel procedural and substantive standing. He added that, along those same lines, this Chamber referred to this in vote 000942-F-S1-2020 of 10:40 a.m. on March 20, 2020, issued within this judicial matter. Specifically, he brought up the final paragraph of Considerando I, where what was resolved interlocutorily and with finality was recorded, regarding the prior exclusion from the litigation of Mr. Noreña Salazar in any capacity other than his personal one.
Regarding active standing in a personal interest, he explained that in the list of facts narrated in the complaint he only mentioned that the donor was his father and that he served as a bridge at a certain time to connect Mr. Marco Aurelio with Ms. Oscarina Coronado Villamil. After that, he indicated, the facts brought to the process delved into the details of the business dealings and legal relationships of the deceased Noreña Suárez and Mrs. Coronado Villamil, as well as the specific participation of the notary public Usaga Serna, in the execution of the deed for the legal act which was framed at the time as a “donation (donación)”. He continued, the plaintiff never narrated as a fact subject to the adversary proceeding, that he initiated the process in his capacity as an heir according to Colombian legislation, nor that he had been declared as such by a judicial body of that national jurisdiction, nor did he support his standing on those bases or any other efficient reason by which it could be considered that he held a protectable interest in the terms set forth. He added, in the legal basis section, he also did not explain how his mere condition as the donor’s son, or the supposed intermediation he had to connect his father with Mrs. Coronado Villamil, gave him standing in light of Costa Rican regulations, to seek the annulment of a legal act executed in Costa Rica and linked to a property situated on Costa Rican soil. He mentioned that, he did not cite as a direct legal basis rules 837 and 838 of the Civil Code of Costa Rica, which regulate, as a starting point, the standing to bring an action for the invalidation of acts and contracts where the territorial law of the place where they were formed and were to take effect prevails.
He argued, in order for what was set forth in the complaint to infer a sufficient explanation of standing, because the act was unfavorable to him personally, one would then have to understand, as the plaintiff states with greater clarity and precision upon appealing the judgment, that he had an inheritance expectancy (vocación hereditaria), such that his aliquot succession right in his father’s estate would enable him to exercise the annulment action, with the ultimate aim of restoring the asset to the estate of the deceased. He dismissed the generic claim that attempted to categorize this matter practically as a public action, in the presumed sense that any person without a particular legitimate interest could seek the annulment of the challenged act. He explained, when suing in protection of private patrimonial legal interests, he required an interest in a personal capacity, duly founded and proven, so the possible annulment of a private legal act could not be framed as a situation of supra-individual interests; first, because that was not the legal theory of the case set forth upon bringing the action, hence it is prohibited to reorient it upon appeal, in disregard of what was debated between the parties at first instance and thereby aggravating the right of defense of the opposing party; and second, because the object of the process concerned a legal relationship between subjects of private law and a real property foreign to collective or state use; that is, a factual cause framed within the exercise of the autonomy of dispositive will that governs legal negotiations between private individuals, even distant from an ex officio declaration of absolute nullity. He detailed, that was not what was intended nor what joined the issue (trabó la litis). He reiterated, in the factual theory of the case that formed part of his cause of action (causa de pedir), the plaintiff omitted narrating any fact that held him as an heir or presumed him as such according to Colombian law, or a decision by a competent authority in said country, and it was with the contribution of evidence, where he attached foreign judicial information regarding the declaration of successors. However, he maintained agreement with this First Chamber (vote 000942-F-S1-2020) in that it is not proper to incorporate a fact that was not validly introduced into the adversary proceeding, as a result of what evidence might reveal.
Thus, he indicated, in order not to incur in the defect of incongruence that this Chamber pointed out when invalidating a previous judgment within this matter, it is improper to uphold the plaintiff’s appellate arguments. Indeed, he added, it is not possible to appreciate his active standing personally as a successor or presumed heir of his father’s estate, because, in the factual framework he set forth when filing suit, he did not narrate that Colombian judicial declaration and in the legal basis of the initial act of the litigation he also did not explain that, according to the legislation of that country, the condition of son implied per se an inheritance expectancy given by law. He noted, this is important, because given the nationality of the donor, the deceased whose supposed succession regime is in question, it is the law of his country that governs the entire legal regime applicable to his estate, since, he detailed, article 144 of the Código de Bustamante (Código Internacional de Derecho Privado), subscribed to by Colombia and Costa Rica, so provides. He continued, regarding this last point, even hypothetically assuming for explanatory purposes that the cause of action had been set forth in the complaint with said support – which was not done –, precept 409 of that international convention states: “Artículo 409.- The party invoking the application of the law of any Contracting State in one of the others, or dissenting from it, may justify its text, validity and meaning, by a certification from two practicing lawyers in the country whose legislation is concerned, which must be presented duly legalized…” A rule that is consistent regarding the procedural burden of proving the existence of foreign law, as stipulated in article 30 of the Costa Rican Civil Code and, since October 8, 2018, also number 98 of the Código Procesal Civil, Law 9342.
He insisted, since the cause of action is single and it is delimited with the initial act of the complaint, it is inferred that nothing of what is annotated here was set forth by Mr. Noreña Salazar in his initial act of action; therefore, one cannot speculate on a supposed active standing unexplained and unproven at the procedural moment when the plaintiff should have done so, with foreign legislation, because the plaintiff merely affirmed a pure and simple fact, not controverted but insufficient, such as his filial relationship with the donor. He indicated, in that rational line, in its correct dimension, the appellate arguments in a certain way attempt to correct what was omitted in the recitation of facts and legal bases of the complaint, without there being legal authorization to argue in a novel and supervening manner, in transgression of the moments and modalities that the legal system provides to preserve legal certainty and the right of defense of the litigants. He concluded, consequently with the foregoing, since the factual and legal thesis he later set forth upon appealing was not properly submitted to the adversary proceeding, pursuant to articles 99 and 155 of the cited regulation 7130, it is impossible to incorporate into the second-instance judgment aspects prohibited by the legislator. Hence, he indicated, his active standing in a personal capacity, in the manner desired by the appellant, cannot be considered established.
Regarding the issue of standing, the cassation appellant argues, as a starting point it must be noted that, contrary to what the appellant asserts, the Tribunal does express the reasons why the plaintiff lacks such a condition, since, the judgment points out with absolute clarity that the argument referring to possible standing based on the representation of the succession proceedings conducted in Colombia, was resolved interlocutorily, with no opposition at that procedural moment, making it a precluded (precluido) matter. In addition, it details that from the filing of the complaint and during the procedural interim, the appellant merely mentioned that the donor was his father, without stating that he had standing for any reason such as having the status of heir according to Colombian legislation or having been declared as such by a judicial body of that national jurisdiction, and it pointed out that the legal basis of his action was not supported by the fact that his condition as the donor's son gave him standing in light of Costa Rican regulations, to seek the annulment of a legal act executed in Costa Rica and linked to a property situated on Costa Rican soil, nor could this be inferred from his complaint. He explained that the incorporation of those arguments until the filing of the appeal is untimely since they did not form part of the adversary proceeding and he concluded, consequently with the foregoing, that since the factual and legal thesis he later set forth upon appealing was not properly submitted to the adversary proceeding, pursuant to articles 99 and 155 of the cited regulation 7130, it is impossible to incorporate into the second-instance judgment aspects prohibited by the legislator. From all this it derives not only that reasoning does exist, but also that the central axis of what was resolved revolves around the Tribunal having considered the arguments regarding personal standing to be untimely, for not being introduced with the complaint nor being the object of the adversary proceeding. Now, against that central argument, the appellant presents neither proof nor any claim demonstrating that the Tribunal’s position does not correspond to the procedural reality. That is, to challenge the judgment, he does not demonstrate that the position the Tribunal claims is missing and which is the core reasoning for the resolution, did indeed form part of the adversary proceeding. What the cassation appellant does in his reproach is to once again support the reasons why he believes he is right regarding his standing, but without attacking the judgment at its central point, which makes the grievance insufficient to overturn the ruling. For the foregoing, the rejection of the grievance is proper.
In the third grievance reason, he accuses a violation of articles 222, 223, and 224 of the CPC (Law 7130). He considers that the ruling did not perform an analysis on exemption from costs. He argues that, in accordance with those rules, the adjudicator retains discretionary powers to exonerate the losing party from costs when in the presence of one of the established causes. He accuses that the appealed vote shows the non-application of the referenced rule 222, even though a conflict is ventilated where the nullity of the questioned cited deeds is evident. He claims that the foregoing constitutes a violation of laws by the Tribunal not applying an exemption based on good faith (buena fe), since it was sufficient only to consider that the plaintiff, as an heir, is seeking the nullity of evidently null deeds, and that the rejection of what was sought means, not only for the litigant here, but for the rest of the heirs, a reduction of the patrimonial assets potentially inheritable due to an entirely questionable donation. He cites case law on good faith and exoneration from costs. He indicates having sufficient elements of judgment to exonerate from the condemnation of costs, for having acted in good faith and having sufficient reasons to litigate, exercising his full right to access to justice, to defend his rights as his father's heir.
Regarding the issue of the condemnation in costs, the first-instance adjudicator resolved: “both personal and procedural costs are the responsibility of the plaintiff, since, in the complaint filed, standing to act within it was not demonstrated. In this regard, as the losing party, the burden of paying both costs is imposed upon them.” In his appeal, the plaintiff, now the cassation appellant, did not present any argument objecting to such condemnation, and although he did so later in a writing he termed “ampliación de recurso,” in the judgment, the Tribunal concluded and warned that this amplification of grievances presented on July 29, 2014, and any other subsequent argumentation about what should be resolved in the appeal judgment, would not be taken into account, because with the filing of the appeal the granted deadline was exhausted, according to what is prescribed in article 135 of the Código Procesal Civil, Law 7130, in force at that time, which establishes: “Artículo 135.- Efectos. Los actos procesales de las partes producirán inmediatamente la constitución, modificación o extinción de derechos y deberes procesales...” In that context, according to the merit of the case records and the substantive decision adopted, it is understood then that the Ad quem maintained the condemnation ordered at first instance, without questioning it because the appellant did not challenge that point. Therefore, in accordance with precept 608 Ibid which states: "No podrán ser objeto de recurso cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes…", the arguments brought to cassation regarding the condemnation in costs are impossible to be heard. Thus, what is proper is to deny the charge.
Consequently, for all the reasons stated, the appeal must be declared without merit. Its costs are the responsibility of the losing party.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo del perdidoso. kariasm LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A ANA ISABEL VARGAS VARGAS - MAGISTRADO/A DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ - MAGISTRADO/A JORGE ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ - MAGISTRADO/A
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA Res. 002778-F-S1-2022 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós.
Proceso ordinario incoado por LUIS MARIO NOREÑA SALAZAR contra OSCARINA CORONADO VILLAMIL y MERCEDES USAGA SERNA. Intervienen en calidad de apoderados especiales judiciales, los licenciados Gerardo Delgado Hernández y Jorge Chavarría Ordoñez, el primero del actor; y el segundo de la parte demandada. El actor interpone recurso de casación contra de la sentencia 254 de las 5:55 horas del 15 de abril de 2021, del Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, integrado por las personas juzgadoras Carlos Dalolio Jiménez, Farith Suárez Valverde y Christian Quesada Vargas.
Redacta la magistrada Vargas Vásquez;
CONSIDERANDO
En escrito presentado el 23 de marzo de 2010, el actor en su condición personal y en representación de la sucesión de su padre, demandó a las actoras. Explicó, su padre, quien fue ciudadano colombiano, ingresó a Costa Rica por primera vez del 19 al 24 de febrero de 2020, luego reingresó el 15 de marzo de ese año, ya con la intención de realizar algunas inversiones y cumplir con los trámites para obtener su residencia, la cual obtuvo el 21 de febrero de 2001. Señaló, salvo pocas salidas del país, su padre residió en forma regular, hasta que posterior a sufrir un accidente, regresó a Colombia el 08 de marzo de 2003. Acusó, la demandada Coronado Villamil, fungió como abogada de su padre, generándose una confianza que, aseguró, le permitió orquestar un plan encaminado a apropiarse ilegítimamente del inmueble más valioso de su padre. Adujo, el 29 de enero de 2001, ante la notaría de la demandada Coronado, adquirió la finca 1-182214B-000, por un monto en escritura de 45 millones de colones, pero que en la realidad tenía un valor más alto. Narró, el 22 de junio de 2001, cuando apenas había transcurrido un año de la relación cliente-abogada, las demandas otorgaron en el protocolo de la demandada Usuga Serna, la escritura 37-1, en la que ponen a comparecer a su padre y le atribuyen una falsa manifestación de voluntad, según la cual le donaba a Coronado Villamil la finca 1-182214B-000, adquirida solo 145 días atrás y en la que se localizan entre otros, un local comercial que se arrienda a Ramón Díaz Meek quien es el esposo de la codemandada Coronado Villamil. Enlistó y explicó múltiples elementos que considera confirma la falsedad de la escritura, tales como que fue ocultada hasta el fallecimiento de su padre. Peticionó se declare: “1. Nulidad absoluta de las escrituras números 37-1 y su adicional 22-3 otorgadas y autorizadas por las aquí demandadas, la primera por las razones y motivos de nulidad que finalmente se acredite en este proceso, a saber: i) Ausencia del elemento del CONSENTIMIENTO en la “donación” por parte de Marco Aurelio Noreña Suarez a quien las demanda le sacaron su firma mediante el engaño indicado en la presente demanda y el abuso en la relación cliente-abogada. ii) Ausencia y falsedad del elemento contractual de la CAUSA que supuestamente motiva la donación, sea el pago de servicios profesionales, pasados, presentes y futuros, puesto que a la “donataria” todos los servicios que le brindó a mi padre le fueron debidamente cancelados. Además, conforme al artículo 197 del Código de Bustamante la indicada causa contractual resultaría ilegal debido a los términos de por vida o indefinidos en que fue redactado. iii) Violación graves a las formalidades sobre confección de escrituras que impone nuestro Código Notarial en sus Arts. 73, 74 y 75, pues la matriz tiene palabras fuera del margen derecho, uso de abreviaturas y espacios en blanco y correcciones unilaterales al testimonio. iv) Violación graves a las formalidades sobre confección de escrituras que impone nuestro Código Notarial en sus Arts. 81 y 92 siguientes y concordantes, puesto que en la matriz hay contradicción sobre lugar de otorgamiento, mal indicación del documento de identidad del compareciente extranjero, violación a los deberes sobre antecedentes, estipulaciones, reservas y advertencia notariales. Igual la redacción resulta confusa e indeterminada y existen gran cantidad de errores ortográficos que luego sean corregidos sin fundamento en el testimonio. v) Graves inconsistencias e incongruencias entre la matriz y el testimonio, ver hecho 8º presentado al Registro Nacional que lo convierten en inidóneo para su inscripción registral. vi) Graves inconsistencias con el “certificado de defunción” presentado con el testimonio, el cual carece de las autenticaciones consulares que permiten el uso del mismo en Costa Rica. vii) La inidoneidad que presenta el testimonio de la escritura 37-1 para su inscripción registral pues al ser el contenido de la escritura una manifestación de última voluntad. Entonces, por aplicación de nuestra legislación, el derecho privado internacional y la normativa colombiana éste debe tenerse como un testamento y acudir a los trámites judiciales en Colombia. viii) Que desde las formalidades del testamento que rigen la normativa, tenemos la ausencia de los 3 testigos instrumentales y los dos existentes no ejercieron como tales, aparte de otros defectos como lugar de otorgamiento, unidad del acto y lectura a las partes, que determinan el incumplimiento de las formalidades atinentes a los testamentos. ix) Finalmente, en cuanto a la 2º escritura, la 22-3, igualmente, la inidoneidad en cuanto a su otorgamiento y autorización, pues es un acto vedado a la compareciente Coronado quien no puede por sí corregir el tema de la medida y por tanto, tampoco es inscribible en el Registro. Igualmente, aparte de la declaratoria de nulidad de los instrumentos notariales o matrices, que deberá determinarse con todos los efectos y consecuencias procedentes, estoy solicitando la nulidad de los testimonios de las citadas escrituras y la declaratoria formal de inidoneidad para inscribirlos en el Registro, anotados según citas 575/34423 y 575/75777. Solicito, finalmente que se le condene al pago de ambas costas del proceso civil, con el reconocimiento de interés al 2% mensual a partir de la firmeza” [Sic]”. Las demandadas contestaron negativamente e interpusieron a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho, la locución latina “sine actione agit”.; y, las pretensiones procesales de falta de capacidad y defectuosa representación. El juez David Orellana Guevara, en sentencia 52-2014 de las 14:00 horas del 23 de junio de 2014 acogió las excepciones de falta de legitimación y falta de derecho, declaró sin lugar la demanda ordinaria de Luis Mario Noreña Salazar contra Oscarina Coronado Villamil y Mercedes Usuga Serna. El Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, en la sentencia 641-2015 de las 15:00 horas del 18 de diciembre de 2015, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto acogió las excepciones de falta de legitimación activa y falta de derecho, para en su lugar rechazarlas; denegó la excepción genérica sine actione agit y acogió la cosa juzgada material. Estimó la demanda en contra de Oscarina Coronado Villamil y María Mercedes Usuga Serna, declarando nulas las escrituras 37 otorgada ante la notaría María Mercedes Usuga Serna a las 15:40 horas del 22 de junio de 2001 y la 22 otorgada ante la misma notaria a las 9:00 horas del 5 de mayo de 2008, decretó la nulidad de las anotaciones tomo 575 asiento 34423 y tomo 575 asiento 75777 existentes en el Registro Nacional. Estableció ambas costas a cargo de las demandadas, concedió intereses legales de este extremo a partir de la firmeza de la resolución que determine el monto que corresponde y rechazó la nulidad alegada de manera concomitante. Inconformes, Oscarina Coronado Villamil y Mercedes Usuga Serna plantearon recurso de casación. Esta Cámara en resolución 942-F-S1-2020 de las diez horas cuarenta minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinte, anuló el fallo, con base en lo siguiente: “…En el caso bajo análisis la parte actora desde un principio invocó que su actuación en la demanda era personal y en representación de la sucesión de Marco Aurelio Noreña Suárez y, además, en el hecho primero de la demanda manifestó que Marco Aurelio Noreña Suárez fue el nombre de su fallecido padre (f. 34). Empero, en ningún hecho de la demanda se lee que el actor invocara ser titular de un derecho de herencia en un proceso intestado (sucesión legítima); o bien, no se leen otras fórmulas lingüísticas en las que este exteriorice haber sido declarado heredero. Sí se observa, a f. 48 -junto con el escrito inicial- que el actor ofreció prueba documental que describió como una resolución emitida en Medellín Colombia en la cual, se declaró y reconoció a todos los hijos de su padre -Marco Aurelio Noreña Suárez- como herederos; más, en el elenco de los hechos de la demanda, el accionante es omiso por completo en incluir esta información como un hecho base del contradictorio. De manera que, lo que se lee en los diez hechos de la demanda corresponde a los hechos constitutivos o no del derecho invocado por Noreña Salazar; y, por consiguiente, en ellos está contenida la causa de pedir. Esta noción jurídica se refiere a los hechos narrados por los litigantes -de relevancia jurídica- a partir de los cuales ellos formulan sus pretensiones. (…) Esa línea argumentativa del órgano de alzada fue la que introdujo una titularidad que el actor nunca enunció: el hecho de ser heredero. Esta cuestión fáctica novedosa (incluida en los ‘hechos probados’ de la sentencia bajo estudio) fue la que llevó al Tribunal a hacer un análisis en el Considerando VI para fundamentar que el “señor Luis Mario Noreña Salazar logró acreditar que en su país natal, Colombia, en la sucesión intestada de su señor padre, él figura como heredero legítimo” f. 1550 (El resaltado no es propio del original). De ahí que, el Tribunal tuvo por acreditado el hecho de que el actor “figura como heredero legítimo” sin que dicha aseveración tuviera un hecho base; y con ello, la sentencia se fundó en un supuesto fáctico que no fue invocado oportunamente (en el acto de alegación), lesionando gravemente el derecho de defensa de la parte demandada que al contestar la demanda no podría haberse defendido de una línea argumentativa ausente. El yerro yace en que se utilizó la prueba como medio creativo de un hecho no puntualizado, cuando el sustento de los hechos enunciados son los elementos probatorios, por eso es correcto afirmar que el objeto de la prueba son los hechos y no al revés. Así, la persona juzgadora al extraer información de los distintos medios probatorios no tiene la facultad de ampliar o cambiar las alegaciones de las partes; pero sí de valorarla para determinar si el hecho puesto en conocimiento tiene o no sustento probatorio tal y como fue expuesto por el litigante. Dicho lo anterior, esta Sala es del criterio de que llevan razón las casacionistas al calificar de incongruencia lo analizado por el Tribunal en cuanto a la legitimación activa de Noreña Salazar y el agravio se declarará procedente. Se reitera que, en efecto, el hecho base que habilitaba esa legitimación: ser heredero, no fue una cuestión discutida en el proceso. Adicionalmente, se hace necesario precisar los alcances de la revisión oficiosa que toda persona juzgadora debe hacer de los presupuestos materiales de la pretensión. En primer lugar, la legitimación -ad causam-, junto con el derecho y el interés actual, constituyen los tres presupuestos materiales de la pretensión. En ese orden de citación, estos deben ser revisados de oficio por los administradores de justicia en aras de determinar si pueden ser declaradas con lugar o no las pretensiones materiales de la parte accionante. Esa actuación oficiosa conlleva no solo un análisis intelectivo en privado del órgano juzgador, sino, además, obligatoriamente un pronunciamiento motivado de que se han analizado los ‘presupuestos materiales independientemente” de que se haya interpuesto la ‘excepción material’ contra la pretensión. De esta manera, la persona juzgadora garantiza que los extremos otorgados -y en general el pronunciamiento- se ajustan a Derecho y no están a la merced de una deficiente oposición o una ausencia de contestación. Resulta muy importante establecer que este control oficioso de quien juzga no le permite estimar las pretensiones con base en “cuestiones no debatidas” (Art. 99 del Código Procesal Civil) en resguardo del derecho de defensa; pero sí le permite desarrollar su propia teoría del caso, que de coincidir con la del accionante conduce a declarar con lugar lo peticionado; o bien, si armoniza con la del demandado, se desestimarían las pretensiones. La persona que administra justicia y motiva sus resoluciones, al dictar un fallo brinda su parecer sobre el asunto, incluso cuando este se aparta de las tesis que han manejado las partes. Ahora bien, es de suma importancia comprender que el órgano jurisdiccional realiza el análisis de los presupuestos materiales de oficio, pero, no los subsana (analizar y subsanar son dos acciones distintas). Los declara como existentes si estos están presentes en la acción; dados y demostrados por las partes (principio dispositivo). Consecuentemente, el Tribunal se equivocó al utilizar una teoría del caso respecto de la legitimación activa de Noreña Salazar que este nunca defendió en la demanda (v.g. hechos y fundamento de derecho de la demanda f. 34-45) para revocar la sentencia de primera instancia. Distinto hubiese sido que el Tribunal hubiera analizado el punto emitiendo su criterio sobre el asunto, pero, sin violentar los derechos de la contraparte. En cuanto a lo agraviado, es necesario aclarar que, únicamente no se está de acuerdo con la disociación conceptual que hacen las recurrentes de la condición ‘personal’ y la condición de ‘heredero’. Pues, la actuación personal engloba todo lo que para sí beneficia al sujeto, incluida la condición de heredero que es precisamente una condición personal, es decir, de la persona. Esta naturaleza de la actuación permite que toda persona con capacidad de actuar pueda reclamar y defender derechos subjetivos en cabeza propia. Manifiestamente, las recurrentes se encuentran haciendo un juego de palabras por las cuales tratan de convencer que una cosa es tener ‘condición de heredero’, y otra distinta es tener ‘condición personal’; cuando esto -en realidad- es un contrasentido pues ‘heredero ‘es una persona, y precisamente es una condición personal. Entonces, no es correcto sostener que el Tribunal creó un nuevo sujeto procesal -como afirmaron las casacionistas-. Lo que ha sucedido es que el órgano de alzada le concedió a la condición personal con la que ya había actuado Noreña Salazar un alcance no expresado en la demanda. Obsérvese que el demandante nunca fundamentó su legitimación -ni siquiera citó preceptos legales en torno a ella que permitieran entender la lógica de su actuación personal-; y por ello, el Tribunal sorprendió a las demandadas con argumentos para justificar que el interés de Noreña Salazar en que se declare la nulidad de la donación viene respaldado por la titularidad de heredero que ostenta. En razón de que los perfiles de las actuaciones personales pueden ser muy diversos en el Ordenamiento Jurídico (v.g. condición de socio, condición de contratante; condición de propietario; condición de usufructuario, condición de heredero; etc.), estos forman parte de la teoría del caso plasmada en la demanda (que empieza con la legitimación que conecta al accionante con la relación jurídico-sustancial). Y, es a través de esa tesis, que el accionante establece la base por la cual sus pretensiones deben ser concedidas. De esta manera se ha externado la razón por la cual el alcance de la condición con la que se actúa sí debe desprenderse de la causa de pedir de la acción y no irse desarrollando a conveniencia. (…) X.- En mérito de lo expuesto, lo propio es acoger el recurso de casación por razones procesales y anular el fallo del Tribunal, disponiendo el reenvío del expediente a efecto de que ese órgano proceda conforme a Derecho (inciso 1º del ordinal 610 del Código Procesal Civil). POR TANTO Se declara con lugar el recurso de casación. Se anula la sentencia recurrida y se ordena el reenvío del expediente a efecto de que el Ad quem proceda conforme a Derecho. “. En razón de lo anterior, el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, Sección Segunda, integrado por las personas juzgadoras Carlos Dalolio Jiménez, Farith Suárez Valverde y Christian Quesada Vargas, dictó la sentencia 254 de las 5:55 horas del 15 de abril de 2021 confirmó la sentencia apelada. Disconforme, el actor, presenta recurso de casación. Posteriormente en escritos incorporados el 19 de mayo y 25 de noviembre ambos de 2021, el recurrente y la señora Blanca Nelly Noreña Salazar, presentan solicitudes de resolución y ratificación de los argumentos planteados en el recurso. Mediante resolución de las trece horas siete minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, esta Cámara admitió íntegro el recurso del actor indicando que: “I.- Del régimen aplicable. De los asuntos admisibles en casación: El Código Procesal Civil -ley n.° 9342- dispone en el Transitorio II que contra las resoluciones que estuvieran dictadas al entrar en vigor el Código -el día 8 de octubre de 2018-, cabrán los recursos autorizados por las disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron. En el presente asunto, la sentencia de primera instancia no. 52-2014 de, que fue dictada por el Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía de San José a las 14:00 horas del 23 de junio de 2014, de previo a la fecha mencionada; por consiguiente, los recursos subsiguientes se rigen de conformidad con las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil ley n.° 7130, tal y como fue previsto en el transitorio. A partir de esas premisas, esta Sala infiere que, al habilitar la ley n.° 9342 un régimen recursivo vigente al momento del dictado de la sentencia; concomitantemente habilitó que, tanto el contenido de la impugnación como el pronunciamiento al que esta da origen, se funden también, en los preceptos legales procesales vigentes en esa data. Por ende, la admisibilidad del recurso, tanto en lo referente a sus causales de procedencia como a sus restantes requisitos se hace con base en el Código Procesal Civil ley n.° 7130.” En el primer motivo (segundo del recurso) acusa violación de los artículos 138, 151, 155 y 198 al 200, todos del CPC (Ley 7130). Desarrolla tres puntos en su alegato. En el primero aduce, el numeral 138 del C.P.C., señala que son nulas las actuaciones judiciales, practicadas en días u horas inhábiles, salvo que previamente el despacho habilite horas o días, ello, siempre a solicitud de parte; y aduce, las horas comprendidas entre las dieciocho horas (6 P.M.) y las seis horas (6 A.M.) del día siguiente son señaladas como inhábiles por la norma. Acusa, el voto recurrido se dictó a las 5.55 horas, con lo cual, se incurrió en nulidad absoluta de pleno derecho. En el segundo punto alega que el voto recurrido fue dictado fuera del plazo legal dispuesto por el numeral 151, que le señala al Tribunal un plazo de un mes y medio. Detalla, entre el voto 254 que es del 15 de abril, 2021, y el voto 942-F-51-2020 de la Sala Primera del 20 de marzo, 2020, transcurren 13 meses, superando de sobra el plazo, incluso de considerar la fecha de arribo al Tribunal. Añade, el numeral 143 ibidem, igualmente señala sobre la improrrogabilidad de los plazos, y, explica, aunque se trata de plazos no ordenatorios no sancionados con nulidad, ciertamente lo indicado constituye una violación al procedimiento normado y, por tanto, lo alega puesto que el numeral 98 inc. 6) ibidem, conmina como deber ineludible del o jueces, dictar las resoluciones dentro de los plazos legales dispuestos, en el presente caso al mes y medio. En la tercera sección acusa, la resolución no cumple con los requisitos dispuestos al art. 155.2, pues aplicó el código actual. Explica, en cuanto a los requisitos de las sentencias, se establece dicho código, que luego de la parte introductoria, se prosigue con el Resultando, que es "el resumen de pretensiones y respuestas de las partes", no obstante, en el voto recurrido se pasó al Considerando. Sostiene, la norma señala que se debe consignar un último Resultando, que en resumen debe indicar que no existen defectos u omisiones y que la sentencia se dicta dentro del plazo. Añade, también se omitió el extracto lacónico y preciso de las sentencias anteriores, en especial, el voto este mismo Tribunal 641- 2015 del 18 de diciembre del 2015, y que le había dado la razón en cuanto a la legitimación. Si bien de la revisión de la sentencia impugnada se deriva que lleva razón el recurrente en cuanto a la forma, plazo y hora en que aquella se dictó, lo cierto es que ya esta Cámara ha explicado que, en atención a los principios de improcedencia de la nulidad por la nulidad misma y, de transcendencia, según los cuales, no hay nulidad sin agravio; necesariamente cuando la persona afectada por la resolución realiza su reclamo debe exponer al despacho o al superior cuál es el perjuicio que lo dispuesto le causa, pues de lo contrario, se estaría pretendiendo la antigua aplicación formalista, de decretar la nulidad por la sola infracción normativa; lo que es discordante con el derecho procesal moderno, e incluso lo impide la actual formulación del CPC, que en su numeral 2.2 destaca claramente como uno sus principios la instrumentalidad. (Sentencia 1884 – 2021 de las 9:55 horas del 28 de octubre del 2021). Bajo esa tesitura, al analizar el reproche realizado por recurrente se evidencia de que en él se limitó a explicar que la sentencia se emitió fuera de plazo, en horario inhábil y con la forma establecida en la nueva legislación procesal, omitiendo señalar de qué forma esos elementos le causaron perjuicio. Es decir, en su embate, si bien acusa una lesión a su derecho de defensa de forma genérica, no reseña un motivo preciso en que se materializara aquella indefensión, careciendo entonces su alegato de una adecuada fundamentación que lleve a determinar lesión procesal o de fondo producto de los yerros acusados. Desde ese planteamiento lo que pretende el recurrente es la aplicación de la antigua técnica fundamentada en la nulidad por ella misma, tesis que como se señaló, ya se encuentra desajustada a la nueva normativa procesal la cual es aplicable al caso concreto, de conformidad con el transitorio I de la Código Procesal Civil (Ley 9342) que señala: “Los procesos que estuvieran pendientes a la entrada en vigencia de este Código se tramitarán, en cuanto sea posible, ajustándolos a la nueva legislación, procurando aplicar las nuevas disposiciones y armonizándolas, en cuanto cupiera, con las actuaciones ya practicadas”. Entonces, al no evidenciarse razón de indefensión alguna que sustente anular el fallo, procede el rechazo del agravio. En el segundo motivo (primero del recurso) acusa violación del numeral 21.1 del C.P.C. (Ley 7130), en relación el 847 del Código Civil. Explica, el Tribunal sostiene que carece de legitimación activa para reclamar la nulidad, pues indican, no participó de ella, y según esa visión limitada, sólo corresponde a la sucesión de su padre. Aduce, la sentencia no explica por qué carece de legitimación, dejando de vista que conforme la normativa procesal anterior y vigente, simple y llanamente, citan que es "parte legítima" aquella que alegue tener determinada relación jurídica con la pretensión procesal, o en la actual norma, quien tenga, o se le atribuya, determinada relación jurídica con la pretensión. Señala, no podría cerrarse a que sólo si se participó del contrato se puede alegar su nulidad, pues la su condición de heredero, "de quien supuestamente donó", sí tiene legitimación para reclamar esa nulidad, pues en el tanto, como heredero de un inmueble excluido irregularmente del acervo heredable, mantiene una relación jurídica con la pretensión, que es lo único que pide la norma que regula la legitimación, pues de decretarse en este caso la nulidad de la donación, misma que adolece de defectos absolutos por incumplimiento de solemnidades, el porcentual de patrimonio sucesorio heredable se incrementaría a favor. Añade, el numeral 837 del Código Civil, le acredita legitimación a cualquiera que tenga interés en la declaratoria de una nulidad absoluta, y por supuesto que su condición de heredero, le otorga la legitimación necesaria. Sobre este punto, el Tribunal explicó, el argumento referido a que la sucesión intestada de su difunto padre y tramitada en Colombia, es representada por todos los herederos y no así por un albacea conforme a la legislación de ese país versaba respecto de un tema jurídico que ya había precluido, con convalidación de su parte, antes del dictado de la sentencia que ataca, lo cual explicó con el siguiente recuento procesal: por resolución 62-13 de las 15:07 horas del 13 de agosto de 2013, la jueza Jéssica Jiménez Ramírez declaró con lugar una excepción de falta de capacidad o defectuosa representación y previno con ello a la parte actora, el aporte de una nueva certificación de la declaratoria de herederos del proceso sucesorio de su señor padre, en el que se justificara la representación de ésta, así como, si existía una persona particular que representara a la sucesión o si lo hacían todos los herederos de manera conjunta. En ese momento se advirtió que la documentación debía presentarse legalizada. Señaló que de no cumplirse lo prevenido, se tendría por presentado este proceso ordinario por parte del señor Noreña Salazar, únicamente en su condición personal. En escrito que presentó el 2 de setiembre de 2013, el señor Noreña Salazar solicitó adición y aclaración de lo así resuelto y de una vez, adjuntó la documentación que consideraba necesaria para acreditar la representación mencionada. En escrito del 2 de setiembre de 2013 el señor Noreña Salazar solicitó adición y aclaración de lo así resuelto y de una vez, adjuntó la documentación que consideraba necesaria para acreditar la representación mencionada. En resolución de las 10:25 horas del 9 de setiembre de 2013, la jueza Jiménez Ramírez rechazó la adición y aclaración pedidas. El 26 de setiembre de ese año la parte actora formuló una nueva adición y aclaración, así como recursos de revocatoria y apelación subsidiarios, todo en relación con lo que se había resuelto en el auto 62-13 del día 13 de agosto inmediato anterior. En auto de las 10:10 horas del 20 de diciembre de 2013, idéntica juzgadora denegó todo lo solicitado, sea las gestiones de adición y aclaración, así como los recursos horizontal y vertical referidos. El día y la hora correctos fueron determinados por el entonces Juzgado Primero Civil de San José, según corrección de error material, dispuesta por el juez Froylán Alvarado Zelada en la resolución de las 9:00 horas del 16 de enero de 2014. Luego, en resolución de las 10:10 horas del 4 de diciembre de 2013, el último juzgador citado dispuso que por no haberse cumplido a cabalidad lo requerido en el auto 62-13 del 13 de agosto de 2013, el proceso continuaría con el actor Luis Mario Noreña Salazar en su condición personal, únicamente. En nuevo escrito presentado el 14 de enero de 2014, el actor pidió una prórroga para cumplir con el aporte de la documentación exigida por el Juzgado tramitador. En documento allegado el 16 de enero de 2014, el demandante solicitó dejar sin efecto su misiva anterior de solicitud de prórroga y peticionó el dictado de la sentencia. A partir de lo anterior, el Tribunal explicó, el error del demandante se vislumbra por no haber agotado los remedios de impugnación contra las resoluciones 62-13 del 13 de agosto y el auto del 4 de diciembre de 2013. En cuanto a la primera, explicó que pudo formular la apelación por inadmisión por el rechazo del recurso vertical que proveyó el despacho a quo (numeral 583 del Código Procesal Civil, Ley 7130). Añadió, respecto de la segunda, hubo omisión total de impugnaciones oportunas. De acuerdo con la legislación vigente, explicó, para todos esos momentos, la nulidad de resoluciones por vicios intrínsecos a ellas debía alegarse de forma concomitante a los recursos que procedían contra las decisiones jurisdiccionales (artículo 199 de la Ley 7130). Por su parte, los autos eran impugnables por revocatoria (numeral 554 de esa codificación) y eventualmente vía apelación, si se encontraba el supuesto dentro de la lista taxativa dada por la ley (ordinales 559 y 560 del instrumento mencionado). Adujo, ante la inercia del actor por no haber ejercido oportunamente los mecanismos procedimentales que la ley establecía en defensa de sus intereses, precluyó el rechazo interlocutorio de la demostración de su supuesta representatividad legal de la sucesión del donador y sus herederos, con la que intentaba legitimarse dentro de este proceso ordinario. En consecuencia, explicó, no es admisible que intente reabrir discusiones terminadas en las que hubo inercia de su parte, finalidad intrínseca en la exposición de agravios de la apelación de la sentencia cuando manifestó su disconformidad con lo resuelto en ese sentido. Indicó, el actor no estuvo indefenso sobre el particular y por ello, una posible nulidad retroactiva del procedimiento es también inconducente. Concluyó que, dado ese obstáculo procesal infranqueable, resultaba improcedente valorar en segunda instancia cualquier prueba incorporada para intentar acreditar esa desechada representación procesal y su paralela legitimación procesal y sustantiva. Añadió que, en esa misma línea, esta Cámara se refirió en el voto 000942-F-S1- 2020 de las 10:40 horas del 20 de marzo de 2020, emitido dentro de este asunto judicial. Específicamente trajo a colación el párrafo final del considerando I, donde se consignó lo resuelto interlocutoriamente en firme, respecto de la exclusión previa del litigio del señor Noreña Salazar en la otra condición distinta a la personal. En lo que respecta a la legitimación activa en interés personal, explicó que en el elenco de hechos narrados en la demanda solamente mencionó que el donador era su padre y que sirvió de puente en un momento determinado para conectar a don Marco Aurelio con doña Oscarina Coronado Villamil. Después de eso, indicó, los hechos traídos al proceso ahondaron en los detalles de los negocios y relaciones jurídicas del difunto Noreña Suárez y la señora Coronado Villamil, así como la participación específica de la notaria pública Usaga Serna, en el otorgamiento de la escritura del acto jurídico que se encuadró en su momento como una “donación”. Continuó, el actor nunca narró como hecho objeto del contradictorio, que inició el proceso en su condición de heredero de acuerdo con la legislación colombiana, tampoco que hubiese sido declarado como tal por un órgano judicial de esa circunscripción nacional, ni apoyó su legitimación sobre esas bases o cualquier otro motivo eficiente por el cual se pudiera considerar que ostentaba un interés tutelable en los términos expuestos. Añadió, en el apartado de fundamento jurídico tampoco explicó como su mera condición de hijo del donante, o la supuesta intermediación que tuvo para conectar a su padre con la señora Coronado Villamil, lo legitimaba a la luz de la normativa costarricense, para pretender la nulidad de un acto jurídico concertado en Costa Rica y vinculado a un inmueble situado en suelo costarricense. Mencionó que, no citó como fundamento jurídico directo las normas 837 y 838 del Código Civil de Costa Rica, reguladoras como punto de partida de la legitimación para accionar la invalidación de actos y contratos donde impere la legislación territorial del lugar donde se formaron y debían surtir efectos. Adujo, para que de lo expuesto en la demanda se pueda inferir una explicación suficiente de la legitimación, por resultarle el acto desfavorable en lo personal, habría entonces que entender, como lo expone el actor con mayor claridad y precisión al apelar la sentencia, que contaba con vocación hereditaria, de tal forma que su derecho sucesor alícuota en el patrimonio de su padre, lo habilitara para ejercitar la acción anulatoria, con el último fin de restaurar el bien en el patrimonio de la mortual. Descartó el alegato genérico que pretendió catalogar este asunto prácticamente como una acción pública, en el presunto sentido que cualquier persona sin un interés legítimo particular, pudiese instar la nulidad del acto cuestionado. Explicó, al demandar en tutela de intereses jurídicos patrimoniales privados, requería un interés a título personal, debidamente fundamentado y comprobado, por lo que no podría encuadrarse la posible nulidad de un acto jurídico privado como una situación de intereses supraindividuales; primero, porque esa no fue la teoría legal del caso que se expuso al accionar, de ahí que está vedada la posibilidad de reorientarla al apelar, en desapego a lo debatido entre las partes en primera instancia y agraviando con ello el derecho de defensa de la parte contraria y; segundo, porque el objeto del proceso versó sobre una relación jurídica entre sujetos de derecho privado y sobre un bien inmueble ajeno al aprovechamiento colectivo o estatal; es decir, una causa fáctica enmarcada dentro del accionar de autonomía de la voluntad dispositiva que rige las negociaciones jurídicas entre particulares, incluso lejana a una declaratoria oficiosa de nulidad absoluta. Detalló, eso no fue lo que se pretendió ni lo que trabó la litis. Reiteró, en la teoría fáctica del caso que formó parte de su causa de pedir, el demandante omitió narrar hecho alguno que lo tuviese como heredero o lo presumiera como tal de acuerdo con la ley colombiana, o una decisión de autoridad competente en dicho país y fue con el aporte de prueba, donde adjuntó información judicial extranjera respecto de la declaratoria de sucesores. Sin embargo, sostuvo coincidir con esta Sala Primera, (voto 000942-F-S1-2020) en cuanto a que no es procedente incorporar un hecho que no fue introducido válidamente al contradictorio, a raíz de lo que devele una prueba. Así las cosas, indicó, a fin de no incurrir en el vicio de incongruencia que apuntó esta Sala al invalidar una sentencia anterior dentro de este asunto, resulta improcedente acoger los alegatos recursivos del demandante. En efecto, agregó, no es posible apreciar su legitimación activa en lo personal como sucesor o presunto heredero de la mortual de su padre, porque, en el cuadro fáctico que expuso al demandar, no narró esa declaración judicial colombiana y en el fundamento jurídico del acto inicial del litigio tampoco explicó que, de acuerdo con la legislación de dicho país, la condición de hijo implicaba per se una vocación hereditaria dada por ley. Apuntó, esto es importante, porque dada la nacionalidad del donador causante del supuesto régimen sucesorio, es la ley de su país la que marca todo el régimen legal aplicable al mortual, ya que, detalló, así lo dispone el artículo 144 del Código de Bustamante (Código Internacional de Derecho Privado), suscrito por Colombia y Costa Rica. Siguió, respecto de esto último, aun asumiendo hipotéticamente para efectos explicativos que en la demanda se hubiese expuesto la causa de pedir con dicho sustento –lo que no se hizo-, reza el precepto 409 de dicho convenio internacional: “Artículo 409.- La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada…” Norma que es congruente en cuanto a la carga procesal de acreditar la existencia del derecho extranjero, tal y como lo estipula el artículo 30 del Código Civil costarricense y desde el 8 de octubre de 2018, además, el numeral 98 del Código Procesal Civil, Ley 9342. Insistió, al ser la causa de pedir una sola y delimitarse ésta con el acto inicial de demanda, se infiere que nada de lo aquí acotado fue expuesto por el señor Noreña Salazar en su acto inicial de acción, por ende, no se puede especular con una supuesta legitimación activa inexplicada ni comprobada en el momento procesal que debía hacerlo el accionante, con legislación extranjera, pues el actor se limitó a afirmar un hecho puro y simple no controvertido pero insuficiente, como lo es su filiación con el donante. Indicó, en esa línea racional, en su correcta dimensión, en cierta forma los argumentos recursivos intentan subsanar lo que se omitió decir en el recuento de hechos y fundamentos jurídicos de la demanda, sin que haya habilitación legal para argumentar de forma novedosa y sobrevenida, en transgresión a los momentos y modalidades que provee el ordenamiento para preservar la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los litigantes. Concluyó, consecuentemente con lo expuesto, al no haber sometido al contradictorio de forma debida la tesis fáctica y jurídica que expuso luego al recurrir en apelación, conforme a los artículos 99 y 155 de la citada normativa 7130, se imposibilita incorporar a la sentencia de segunda instancia, aspectos vedados por el legislador. De ahí que, indicó, no se pueda tener por configurada su legitimación activa a título personal, en la forma que desea el recurrente. En cuanto al tema de legitimación aduce el casacionista, como punto de partida debe indicarse que, contrario a lo que asegura el recurrente, el Tribunal sí plasma las razones por las cuales carece de tal condición el actor, puesto que, en la sentencia se señala con absoluta claridad que el argumento referido a la posible legitimación sustentada en la representación de la sucesión tramitada en Colombia, fue resuelto interlocutoriamente, sin oposición en ese momento procesal, por lo que se constituye en un tema precluido. Además, detalla que desde la presentación de la demanda y durante el inter procesal, el recurrente únicamente mencionó que el donador era su padre, sin referir ostentar legitimación por motivo alguno como pudo ser tener condición de heredero de acuerdo con la legislación colombiana o haber sido declarado como tal por un órgano judicial de esa circunscripción nacional, y señaló que el fundamento jurídico de su acción no se sustentó en que su condición de hijo del donante lo legitimaba a la luz de la normativa costarricense, para pretender la nulidad de un acto jurídico concertado en Costa Rica y vinculado a un inmueble situado en suelo costarricense, ni que esto se pudiera inferir de su escrito de demanda. Explicó que la incorporación de esos alegatos hasta la interposición del recurso de apelación, resulta extemporánea puesto que no formaron parte del contradictorio y concluyó, consecuentemente con lo expuesto, que al no haber sometido al contradictorio de forma debida la tesis fáctica y jurídica que expuso luego al recurrir en apelación, conforme a los artículos 99 y 155 de la citada normativa 7130, se imposibilita incorporar a la sentencia de segunda instancia, aspectos vedados por el legislador. De todo esto se deriva no solo que sí existe fundamentación, sino que, además, se deduce que el eje central de lo resuelto gira entorno a que el Tribunal consideró extemporáneos los alegatos respecto de la legitimación personal, por no introducirse con la demanda ni ser objeto del contradictorio. Ahora bien, contra ese argumento central el recurrente no presenta ni prueba ni alegato alguno que demuestre que esa posición del Tribunal no responda a la realidad procesal. Es decir, para el combate de la sentencia, no se demuestra que aquella posición que dice extrañar el Tribunal y que es el fundamento medular de lo resuelto, sí formara parte del contradictorio. El casacionista lo que hace en su reproche es volver a sustentar las razones por las que considera que lleva razón en cuanto a su legitimación pero esto sin atacar la sentencia en su punto central, lo que torna al agravio insuficiente para quebrar el fallo. Por lo anterior, procede el rechazo del agravio. En el tercer agravio motivo acusa violación de los artículos 222 223 y 224 del CPC (Ley 7130). Considera, el fallo no realizó análisis sobre exención de costas. Aduce, de conformidad con esas normas, la persona juzgadora mantiene facultades discrecionales para exonerar de costas al vencido al encontrarse en presencia de alguna de las causales establecidas. Acusa, en el voto recurrido se observa la inaplicación de la referida norma del 222, ello a pesar de que se ventila un conflicto donde resulta evidente la nulidad de las escrituras de cita cuestionadas. Alega, lo anterior constituye una violación de leyes al no aplicar el Tribunal una exención con base en la buena fe, pues bastaba sólo considerar que el actor, como heredero, está buscando la nulidad de escrituras, evidentemente nulas, y que el rechazo de lo pretendido significa, no solo para el aquí litigante, sino que para el resto de los herederos, una disminución del haber patrimonial potencialmente heredable por motivo de una donación del todo cuestionable. Cita jurisprudencia sobre la buena fe y exoneración de costas. Señala tenerse elementos de juicio suficientes para exonerar de la condena de costas, por haber actuado de buena fe y tener motivos suficientes para litigar, ejerciendo su pleno derecho al acceso a la justicia, para defender sus derechos como heredero de su padre. En relación con el tema de la condena en costa, el juzgador de primera instancia resolvió: “son las costas personas y procesales a cargo de la actora, ya que, en la demanda presentada, no se demostró legitimación para actuar dentro del mismo. En este tanto al ser vencido, se le impone la carga del pago de ambas costas.” En su recurso de apelación, el actor ahora casacionista, no presentó alegato alguno objetando tal condena, y si bien lo hizo posteriormente en escrito que denominó “ampliación de recurso”, en la sentencia el Tribunal concluyó y advirtió que esa ampliación de agravios presentada el 29 de julio de 2014 y cualquier otra argumentación posterior sobre lo que debía resolverse en la sentencia de apelación, no serían tomadas en cuenta, en razón de que con la presentación del recurso quedó agotado el plazo otorgado, según lo preceptuado en el artículo 135 del Código Procesal Civil, Ley 7130, vigente en aquella época, cuando establece: “Artículo 135.- Efectos. Los actos procesales de las partes producirán inmediatamente la constitución, modificación o extinción de derechos y deberes procesales...” En ese contexto, de acuerdo con el mérito de los autos y la decisión de fondo adoptada, se entiende entonces que el Ad quem mantuvo la condenatoria dispuesta en primera instancia, sin cuestionarla porque el apelante no combatió ese punto. Por eso, al tenor del precepto 608 Ibid que señala: “No podrán ser objeto de recurso cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes…”, los alegatos traídos a casación al respecto de la condena en costas resultan imposibles de ser conocidos. Así, lo que procede es denegar el cargo. En consecuencia, por todas las razones señaladas, el recurso deberá declararse sin lugar. Son sus costas a cargo del perdidoso.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo del perdidoso. kariasm LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A ANA ISABEL VARGAS VARGAS - MAGISTRADO/A DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ - MAGISTRADO/A JORGE ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ - MAGISTRADO/A
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