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Res. 01754-2021 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 12/10/2021

No Causal Link from the Transfer of KivúFalta de nexo causal por traslado del león Kivú

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The First Chamber denied FUNDAZOO’s cassation appeal because it failed to prove that the State’s actions concerning Kivú caused its revenue decline, the alleged reputational harm, or any compensable loss.La Sala Primera rechazó el recurso de casación de FUNDAZOO porque no se demostró que las actuaciones estatales relacionadas con Kivú causaran la disminución de ingresos, el alegado daño a su imagen o algún perjuicio indemnizable.

SummaryResumen

The First Chamber denied FUNDAZOO’s cassation appeal against the judgment dismissing its claim against the State over administrative actions concerning the captivity conditions and transfer of the lion Kivú. The Chamber found that the lower court had adequately explained its assessment of the evidence and held that FUNDAZOO failed to establish the elements of administrative liability: State conduct, actual harm, and a causal link between them. The accounting certification proved a decline in attendance and revenue, but it did not show that the decline resulted from Kivú’s transfer or any other State action; comparative data also revealed a downward trend extending back several years. Nor was there evidence that the State had promoted a smear campaign against the Foundation or acted to benefit Zooave. The Chamber further emphasized society’s evolving commitment to animal protection and characterized captivity conditions such as those found in Kivú’s enclosure as absolutely unacceptable.La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por FUNDAZOO contra la sentencia que rechazó su demanda frente al Estado por las actuaciones administrativas relacionadas con las condiciones de cautiverio y el traslado del león Kivú. La Sala consideró suficientemente motivada la valoración probatoria del Tribunal y concluyó que FUNDAZOO no demostró los presupuestos de la responsabilidad administrativa: una conducta estatal, un daño efectivo y un nexo causal entre ambos. La certificación contable acreditaba una reducción de visitantes e ingresos, pero no que esta fuera consecuencia del traslado de Kivú o de otra actuación estatal; además, la información comparativa mostraba una tendencia decreciente desde años anteriores. Tampoco se probó que el Estado hubiera promovido una campaña de desprestigio contra la Fundación o favorecido al Zooave. La Sala resaltó la evolución social hacia una mayor protección de los animales y calificó como absolutamente inaceptables las condiciones de cautiverio que presentaba la jaula de Kivú.

Key excerptExtracto clave

On multiple occasions, based on Article 190 of the General Public Administration Law, this Chamber has held that the liability regime governing harm caused by the Administration is predominantly objective, with harm constituting the essential prerequisite of administrative liability. This follows from Article 41 of the Constitution, which provides: “By resorting to the laws, everyone shall obtain redress for injuries or harm suffered to their person, property, or moral interests (…).” Along the same lines, Article 196 of the General Public Administration Law provides: “In every case, the alleged harm must be actual, assessable, and individualized in relation to a person or group.” That harm must be caused by administrative operations, since Article 190 thereof states: “The Administration shall be liable for all harm caused by its operations (…).” Thus, the Administration is liable when its conduct causes harm, giving rise to three basic requirements: administrative conduct, whether by act or omission; actual harm; and a cause-and-effect relationship between them, that is, a causal link. All these basic requirements are indispensable. In the case at hand, the appellant disagrees with the Tribunal’s finding that the causal link required to establish liability did not exist. After analyzing the reasoning given in the judgment, this Chamber finds that the appellant is incorrect. First, it agrees with the Tribunal that the accounting certification submitted by the claimant proves only a decrease in revenue from zoo attendance, not that this decrease was connected to or resulted from Kivú’s transfer or any State action, as the appellant claims. In view of the foregoing, the appeal shall be denied. Costs shall be borne by the unsuccessful party.En múltiples ocasiones esta Sala ha señalado, con base en el artículo 190 de la LGAP que, el régimen de responsabilidad normado para los daños causados por la Administración es preeminentemente objetivo, siendo el daño el presupuesto elemental de la responsabilidad administrativa. Esto se deriva del cardinal 41 constitucional, según el cual: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales (…)”. En la misma línea, el precepto 196 de la LGAP consagra: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo”. Ese daño debe ser provocado por el funcionamiento administrativo, pues el canon 190 ibid refiere: “La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento (…)”. Así, la Administración responde si en su actuación causa un daño, derivándose tres presupuestos básicos: conducta administrativa (activa u omisiva), daño efectivo y entre ambos un vínculo de causa-efecto, o bien, nexo de causalidad. Todas estas precisiones elementales son indispensables. En el subjudice, la parte casacionista se encuentra disconforme porque el Tribunal estimó inexistente el nexo causal necesario a efectos de establecer la responsabilidad. Del análisis de la fundamentación dada en la sentencia esta Cámara considera que no lleva razón el casacionista. En primer lugar, se concuerda con el Tribunal en cuanto a que la certificación contable presentada por la parte actora como prueba, únicamente demuestra una disminución de los ingresos por visitación al zoológico y no que estos están ligados o que sean consecuencia del traslado de Kivú, o de alguna actuación del Estado, como pretende hacer ver el casacionista. En mérito de lo expuesto, procederá denegar el recurso. Las costas a cargo del perdidoso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En efecto, nada de lo aportado sustenta la afirmación de que el Estado propició una campaña de desprestigio, ni dirigida a favorecer intereses del Zooave, por lo que no existe fundamento alguno para atribuirle a Estado responsabilidad."

    "Indeed, none of the evidence supports the assertion that the State promoted a smear campaign or sought to favor Zooave’s interests; therefore, there is no basis for attributing liability to the State."

    Análisis del agravio de fondo

  • "En efecto, nada de lo aportado sustenta la afirmación de que el Estado propició una campaña de desprestigio, ni dirigida a favorecer intereses del Zooave, por lo que no existe fundamento alguno para atribuirle a Estado responsabilidad."

    Análisis del agravio de fondo

  • "El proceso de educación, concientización, información, y reinvención por el que ha atravesado la humanidad respecto a la debida protección y resguardo de la naturaleza y en particular de los animales, hace deducir como consecuencia lógica que las personas dejarán de asistir a lugares que tenga animales en cautiverio con condiciones como las que presentaba la jaula de Kivú, ya que si bien ese tipo de encierros hace unas décadas atrás apenas se empezaban a cuestionar, hoy resultan absolutamente inaceptables."

    "The process of education, awareness, information, and reinvention through which humanity has passed regarding the proper protection and safeguarding of nature, particularly animals, logically suggests that people will stop visiting places where animals are kept captive under conditions like those of Kivú’s enclosure; although such confinement only began to be questioned a few decades ago, today it is absolutely unacceptable."

    Análisis del agravio de fondo

  • "El proceso de educación, concientización, información, y reinvención por el que ha atravesado la humanidad respecto a la debida protección y resguardo de la naturaleza y en particular de los animales, hace deducir como consecuencia lógica que las personas dejarán de asistir a lugares que tenga animales en cautiverio con condiciones como las que presentaba la jaula de Kivú, ya que si bien ese tipo de encierros hace unas décadas atrás apenas se empezaban a cuestionar, hoy resultan absolutamente inaceptables."

    Análisis del agravio de fondo

  • "Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso."

    "The appeal is denied. Its costs shall be borne by the party who filed it."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

PJEDITOR Document Case No. 16-010018-1027-CA Decision 001754-F-S1-2021 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fourteen hours and six minutes on October twelfth, two thousand twenty-one.

In ordinary proceedings brought by Fundación Pro-Zoológicos (FUNDAZOO), represented by its general attorney-in-fact Yolanda Matamoros Hidalgo and its special judicial attorney-in-fact Enrique Rojas Franco, against the State, represented by State Counsel Elizabeth Li Quirós, the plaintiff files an appeal in cassation.

Opinion drafted by Justice Vargas Vásquez;

WHEREAS

On October 26, 2017, the plaintiff filed a complaint (demanda) against the State, in which she alleged that, on April 20, 1994, representatives of FUNDAZOO and MINAE entered into a contract transferring the administration of Parque Zoológico, Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar, and Centro de Conservación Santa Ana to FUNDAZOO. She stated that in 1998 Kivú the lion arrived in Costa Rica from Zoológico de la Habana; he had been born in captivity in Cuba, was sent to Costa Rica at 1O months of age, and had been under FUNDAZOO’s care since he was imported from Cuba. She explained that during the first half of 2016, eighteen years later, Kivú’s health deteriorated due to his age. She stated that on June 13 a complaint was submitted by email to SENASA. She mentioned that on July 12, 2016, a delegation of officials from Ministerio de la Presidencia and MINAE visited Zoológico Nacional Simón Bolívar to examine and assess Kivú’s health, and that on July 13, 2016, FUNDAZOO’s representative sent the President of the Republic, with copies to the MINAE and SENASA authorities, official communication FPZ-066-2016, reporting on the lion’s condition and indicating that his food intake had improved.

She further stated that the physician’s and nutritionist’s reports and the results of the tests performed were attached, and that the treatment he had been receiving since May 16 was explained; on that date, he had been anesthetized for a general physical examination, dental cleaning, knee X-rays, abdominal ultrasound, hematology tests, and blood chemistry tests. She noted that on July 13, 2016, three SENASA veterinary officials conducted an inspection visit: Danilo Leandro Loría, Head of Programa de Fauna Silvestre Punto Focal OIE; Rodrigo Fajardo, Head of Salud Pública Veterinaria de la Región Central Metropolitana; and Ileana Céspedes, coordinator of SENASA’s small-species program. They inspected the entire zoo, found no evidence of animal abuse, were given a copy of the lion’s medical file containing the tests performed, and spoke with the veterinarian about the lion’s health, the tests conducted, and the medical and nutritional treatment he was receiving, stating that they agreed with both the current and planned treatment.

She stated that on July 26, 2016, a third inspection visit was conducted at Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar by a delegation of MINAE-SINAC and MAG-SENASA officials. A meeting was held with FUNDAZOO staff, the physicians, and the dentist treating the lion; the officials were briefed on the lion’s health, the results of the tests performed, the medical and nutritional treatment he was receiving, the treatment planned for the future, and the project to build a new enclosure (recinto). After a series of administrative questions posed by Ms. Shirley Ramírez, adviser to Viceministerio de Ambiente, they inspected the facilities where the lion was housed and the food-preparation area, and were shown the lion’s file at the veterinary clinic; the inspectors made no observations at that time. She stated that, through official communication DM-807-2016 of September 7, 2016, Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Minister of MINAE, and Eng.

Felipe Araúz Cavallini, Minister of MAG, informed Ms. Yolanda Matamoros of the joint inspection report concerning Kivú’s conditions of captivity. That decision ordered the following: “Administrative order (orden administrativa) mandatorily binding upon Fundación Pro Zoológicos (FUNDAZOO): I. Performance of construction work on the enclosure for Kivú the lion, in accordance with the conditions and technical design proposed by FUNDAZOO in the document Contrato MIRENEM- FUNDAZOO para la administración y desarrollo de los Zoológicos Nacionales, its Addendum, and the Plan Maestro para el Centro de Conservación Santa Ana Fundación Pro Zoológicos 1993. This enclosure must: a) Be built at Centro de Conservación Sama Ana, with a minimum area of 115m2, as a pen rather than a barred cage. b) Fully comply with the provisions of the Plan Maestro para el Centro de Conservación Santa Ana. c) Be designed as an African savanna, with trees, a water pit, primary and secondary trails, and appropriate signage, and not as an isolated exhibit in a traditional zoo. d) Be representative of Africa’s natural habitats and encourage public appreciation and concern regarding the effect that habitat and its protection have on wildlife. e) Meet WAZA and AZA international standards for keeping lions in captivity and comply with Annex I, ‘Theoretical foundations for the management of lions in captivity,’ prepared as part of this report. ƒ) Comply with all provisions of the ‘Lion p g (Panthera leo) Care Manual,’ prepared by the Association of Zoos and Aquariums in 2012, and the manual Cuidado la fauna silvestre: La estrategia Mundial de Zoológicos y Acuarios para el Bienestar Animal.

DEADLINE: This work must be completed in its entirety within two calendar months following notification of this order. Once completed, the lion shall be transferred to this location. 2. Care of Kivú the Lion until his transfer to Centro de Conservación Santa Ana: During construction of the new enclosure and the lion’s transfer to Santa Ana, the following must be done immediately in the current enclosure: 1. Remove the metal structures inside the cage. 2. Plant tall grass to serve as a visual barrier between the public and the animal. 3. Install ramps to facilitate access to the platforms. 4. Implement an environmental enrichment plan and maintain a log recording the plan, with details of the actions taken by staff. 5. Include carcasses, hair, feathers, and viscera in the animal’s diet. 6. Provide MAG-SENASA and MINAE-SÍNAC with weekly updates on the Lion’s health and progress in constructing the new enclosure.

DEADLINE. This shall be done immediately following notification of this order.” She objected that official communication DM-807-2016 of September 7, 2016, signed by Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Minister of MINAE, and Eng. Felipe Arauz Cavallini, Minister of MAG, was affected by several defects, including the unlawful assumption of the powers of a deconcentrated body (órgano desconcentrado). She further stated that neither the original version of the “Joint Special Inspection Report concerning Kivú the Lion’s Conditions of Captivity” nor the version delivered to FUNDAZOO was signed by the inspectors, and that its date of issuance could not be established because it merely stated August 2016. She also asserted that it lacked technical grounds because SENASA or SINAC had not conducted clinical or laboratory tests. She added that official communication DM-834-2016, dated September 19, 2016, which responded to FUNDAZOO’s request for a certified copy of the report, included a version of that report that was likewise unsigned.

She stated that, on September 19, 2016, FUNDAZOO requested that the report be sent to it, but the document also lacked the signature of the responsible official or officials. She alleged that the corresponding motion for reconsideration (recurso de revocatoria), with a subsidiary appeal (apelación en subsidio), was filed against decision DM-807-2016, but that FUNDAZOO’s right of defense was hindered because it was not granted the requested access to the original documents. She stated that, beginning on September 7, weekly reports on the lion’s health and progress on the construction work were sent to the Ministers of MAG and MINAET, and that on November 7, 2016, official communication FPZ-119-2016 was submitted to the office of the Minister of MINAE, requesting an extension of time to comply with order DM-807-2016. At the same time, a request for an interim measure (medida cautelar) was submitted to suspend the order transferring the Lion, arguing that the transfer could harm Kivú’s health.

She mentioned that, without any technical opinion supporting the decision, Kivú was prohibited from receiving mesenchymal stromal cells, a treatment recommended by Dr. Priscilla Ortiz, an expert in this regenerative-medicine technique, whose purpose was to regenerate the cells of the damaged cartilage in his joints. Obtaining those cells required sufficient body fat, for which the lion was following a strict diet intended to produce adipose tissue, as MAG and MINAE had been informed; nevertheless, their decisions omitted this matter, and they provided no medical reasons for prohibiting the treatment. She asserted that decision R-432-2016- MINAE, dated October 4, two thousand sixteen, which considered and denied the motion for reconsideration filed by FUNDAZOO against decision DM-807-2016 and exhausted administrative remedies (agotando la vía administrativa), was affected by grounds for nullity (vicios de nulidad) because it did not address the arguments raised in accordance with justice and law.

She explained that, in an effort to comply with the order, FUNDAZOO’s authorities estimated that building a new enclosure would cost more than $400.000 under the project proposed for Centro de Conservación Santa Ana in accordance with the technical specifications provided by MAG- MINAE, and more than $200,000 if it were built at Zoológico Simón Bolívar. She alleged that, in parallel with the order, a smear campaign was launched against FUNDAZOO: approximately 157 articles were published in the mass media between August and December 2016 and 154 articles between January and February 2017, many of which were repeated in all three editions of television news broadcasts and were also reposted on the various media outlets’ social networks. She stated that, as a result of press reports and statements made in the media by officials of Ministerio de Ambiente and other representatives of public entities, attendance at Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar declined, and FUNDAZOO’s revenues consequently decreased.

She stated that decision 510-2016 MINAE considered and ruled on the request for an extension of the deadline for compliance with administrative order DM-807-2016 of September 7, 2016. She asserted that, on December 5, 2016, Kivú was transferred from Zoológico Simón Bolívar to Zooave using disproportionate force; FUNDAZOO representatives were prohibited from taking photographs or videos and from using personal telephones, and were threatened with arrest. The employees were held against their will for more than three hours in two areas of the Zoo, and armed police officers were stationed around the holding areas to prevent them from leaving. On that same day, decisions DM-1120-2016, dated December 1, 2016, and 510-2016 MINAE were communicated. She alleged that the administrative record (expediente Administrativo) contained no administrative or preparatory act (acto administrativo o preparatorio) justifying Kivú’s transfer to Zooave, nor any record of the conditions governing the transfer or of the new enclosure.

She further stated that the document entitled General Record of the Administrative Operation to Rescue Kivú the Lion from Zoológico Simón Bolívar, issued by the MAG-SENASA and MINAE-SINAC administrative authorities, recorded that Lic. Kenneth Arrones of SENASA informed Dr. Carlos Mata Coto that the lion was being transferred because of noncompliance with the health order (orden sanitaria), even though there was no record that Fundazoo had been notified of any such order requiring the lion’s removal or seizure (decomiso).

It objected that the enclosure to which Kivú was transferred did not meet the technical requirements and specifications imposed on FUNDAZOO; likewise, Kivú’s new enclosure was in deplorable condition and was not comparable to the physical space the lion had at the Simón Bolívar. In other words, he was transferred to a location with infrastructure that did not comply with what had been ordered and that was neither identical nor similar to the enclosure at the Simón Bolívar. Thus, the animal was moved from his habitat to a location that did not provide the same conditions; on the contrary, it lacked many features that had been available at the Simón Bolívar. To make matters worse, his diet was changed to one that, generally speaking, did not provide the nutritional supplements necessary to maintain an adult animal in optimal health. It stated that on 17 de febrero, while no longer in FUNDAZOO’s custody, Kivú died.

It asserted that, according to statements made to the press by MAG-SENASA and MINAE-SINAC officials, the lion’s condition deteriorated rapidly after his transfer to ZOOAVE, and he died within 74 days. It alleged that the authorities never disclosed the results of the examinations performed on Kivú after his transfer or of the necropsy, and that those results are also absent from the administrative record (expediente administrativo). It noted that Fundación Pro-Zoológicos, at Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar, received 102.707 visitors during the period from primero de agosto del 2015 to 31 de agosto de dos mil dieciséis, generating revenue totaling ¢222. 560.475; during the period from primero de agosto de 2016 to 31 de agosto de dos mil diecisiete, FUNDAZOO received 37.652 visitors, generating revenue totaling ¢84.653.565. Accordingly, during the period from primero de agosto 2016 to 31 de agosto dos mil diecisiete, FUNDAZOO experienced a decrease of 65.055 visitors, equivalent to ¢137, 906,910 in revenue.

It recounted that, in national media, specifically Noticias REPRETEL, Mr. Mario Coto, Director of SINAC, and Ms. Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente, stated that failure to comply with the orders issued concerning Kivú could result in the State entities terminating or rescinding the contract. It stated that Licda. Matamoros appeared before the Office of the Minister of MINAE, the Office of the Minister of Ministerio de Agricultura y Ganadería, and MAG-SENASA, and that FUNDAZOO was unlawfully prevented from defending itself in this case and was unlawfully denied access to the record. It requested: “1) That this action be granted in all respects.

  • 2)That resolución N° DM-807-2016 and resolución R-342-2016 MINAE, signed by Ministers Edgar E. Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía, and Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería, be declared absolutely null and void. That Oficio N° DM-807-2016 MINAE be declared null and void.
  • 3)That it be declared that undue force was used in transferring León Kivú to his final enclosure.
  • 4)That it be declared that the enclosure at Zooave to which Kivú was transferred did not meet the technical specifications imposed on FUNDAZOO. And that, therefore, the physical act of transferring León Kivú to Zooave constitutes misuse of authority (desviación de poder).
  • 5)That the State be held liable for the damages (daños y perjuicios) described in section 3.
  • 6)Compensation claim (acción resarcitoria) for the employees and for damage to FUNDAZOO’s reputation. 6.2 Alternative Claim (Pretensión Subsidiaria) (sic) Should the judges decline to declare null and void resolución N° DM-807-2016 and resolución R-342-2016 MINAE, signed by Ministers Edgar E. Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía, and Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería—a nullity that is manifest and nearly self-evident—the State should be ordered to compensate the claimant company for the damages it sustained, as described in section 3. This is based on sections 190 and 194 of Ley general de la Administración Pública.” The State denied the allegations and raised the defense of no legal right (falta de derecho). In judgment 111-2019-I, issued at diez horas con veintidós minutos on once de noviembre dos mil diecinueve, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I, composed of judges Amy Miranda Alvarado, Claudia Bolaños Salazar, and Rodolfo Marenco Ortiz, acting sua sponte, found a lack of standing (falta de legitimación activa) regarding the claim for compensation on behalf of Fundazoo’s employees, upheld the defense of no legal right, dismissed the action, and ordered the unsuccessful party to pay costs. Dissatisfied, the claimant filed an appeal in cassation (recurso de casación).

In his appeal in cassation (recurso de casación), the appellant raises three grounds, two of which he characterizes as procedural and one as substantive. Nevertheless, his arguments show that the second objection, which he characterizes as procedural, actually consists, in its first section, of a reiteration of the lack of stated reasons previously alleged and, in the following section, of a grievance concerning the improper assessment of evidence, that is, a substantive issue. Accordingly, regardless of the terminology used by the appellant, this Chamber addresses the grounds according to their nature in order to rule on them.

PROCEDURAL GROUNDS In the first grievance, he alleges that the judgment lacks stated reasons (falta de fundamentación). He bases his objection on Article 137.1(d) of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo). He alleges a violation of Article 45.1 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). He states that the judgment lacks adequate reasoning because of the inefficient and incomprehensible assessment of evidence undertaken by the Court and its failure to provide reasons (falta de motivación). He contends that, in both its analysis and its grounds, the Court applied various erroneous criteria, the most significant being that the decisions determining the proven and unproven facts are entirely unsupported by reasoning and completely preclude any opportunity to follow, step by step, the reasoning underlying the arbitrary list of proven and unproven facts that it set forth.

He states that the error arose when the judges failed to address and duly consider certain highly probative evidence that had been offered but was in no way considered in reaching the final determination, thereby resulting in a failure to consider evidence (preterición de la prueba). He states that he objects to proven fact seven because it refers to the “Technical Assessment Report on the Simón Bolívar Zoo and the Santa Ana Conservation Center” (“Informe de Evaluación Técnica de los Zoológicos Simón Bolívar y Centro de Conservación Santa Ana”), of which the claimant foundation had no knowledge, thereby leaving it without a defense; to proven fact 9 because it is not a fact but a regulation; and to proven fact 16 because, in his view, it reproduces the “Special Joint Inspection Report on the Conditions of Captivity of Kivú the Lion (..)” (“Informe especial de Inspección conjunta sobre las condiciones de cautiverio del León Kivú (..)”), and also because, he explains, it contains substantive shortcomings and errors.

In that regard, he states that the Court’s assertions do not correspond to the truth but are instead ambiguous propositions that do not actually explain what enrichment measures or habitat-setting options should be in place for the treatment and care of an animal such as Kivú. He objects that the claimant foundation does have an enrichment program for all enclosures, including the lion’s enclosure. He objects that the joint report states that FUNDAZOO does not conduct periodic formal assessments of the animal’s behavior and that there is no staff responsible for the matter who could establish such processes in the short term; however, this is entirely false because it was not shown that such assessments were not conducted. He also objects to the report’s statements concerning feeding, asserting that the diet was adequate, and, with respect to the freedoms cited by MAG and MINAE, he contends that they have no legal basis and are unfounded.

He adds that the reasoning supporting the proven facts contains an erroneous assessment when it states that “In handling the animal, aspects of social behavior were not taken into account, even though the lion is the only truly social feline,” because nomadic males may live alone or in pairs. He states that it is unlawful to cite normative materials issued by the WAZA and AZA associations because, although they may constitute technical materials of some value, they are not ipso facto applicable; indeed, those materials themselves state that they cannot be applied in all regions, and they have not been approved by the Legislative Assembly. He argues that all these defects caused the Court to adopt an unacceptable misunderstanding of the body of relevant facts, rendering that body incomplete and biased and preventing an understanding of the reality of Kivú’s situation in 2016; as a result, he contends, the defects in the administrative acts (actos administrativos) were not assessed according to their proper significance and consequences.

With respect to failure to provide reasons as a procedural ground under Article 137(d) of the Code of Administrative Litigation Procedure, this Chamber has repeatedly explained that it arises when the judgment omits that element, either because it is entirely absent or because the analysis is so extremely confusing or contradictory that it is impossible to discern clearly the reasoning that led to the decision adopted in the operative part of the judgment (parte dispositiva de la sentencia), thereby violating the parties’ procedural rights, particularly due process (debido proceso). It must also be borne in mind that this is a procedural ground, meaning that it concerns potential failures to comply with the procedural provisions governing the proceedings or the judgment, as well as the legal relationship binding the parties and the judge within judicial proceedings and from which rights and obligations arise.

Accordingly, this ground must not be confused with a mechanism for disputing the application of the law or the assessment of evidence performed by the lower court (A quo) in the reasoning portion of the judgment (parte considerativa de la sentencia), for which the applicable Code establishes independent grounds (Article 138), since doing otherwise would distort the specific ground. Failure to provide reasons as a ground for quashing the judgment (casar la sentencia), in the terms discussed above, occurs when the rule requiring the judge to analyze the procedural matters and substantive issues raised by the parties is violated—a principle of procedural law that forms part of due process and that, moreover, is embodied in Articles 119 and 122(m) of the Code of Administrative Litigation Procedure. The issue is not whether the court ruled on every claim introduced into the proceedings by the parties, but rather whether the judgment contains the grounds on which the corresponding decision was adopted. (Judgment 126, issued at 15 hours 40 minutes on February 5, 2009).

Consistent with the foregoing, this Chamber has also stated: “Regarding the procedural defect of failing to determine the facts clearly and precisely, provided for in Article 137(c) of the CPCA, this Chamber has held that it consists of a presentation of facts so confusing that it prevents certainty regarding the circumstances of the case, or of a manifest contradiction among the various factual elements. It has likewise been stated that this procedural error must be distinguished from the failure to consider or improper assessment of evidence that entails the nonobservance of substantive rules. […]. Accordingly, this defect may be understood as a failure to provide reasons concerning the factual circumstances of the judgment. It should be noted that the reasoning of a judgment consists of setting forth or making clear the reasons or grounds, both factual and legal, for adopting the decision. […]” (Decision 232-2017, issued at ten hours five minutes on March 9, 2017) In the case at hand, the appellant alleges a failure to provide reasons based on several arguments, some connected to the proven facts and others to the assessment of the evidence entered into the record.

After analyzing those arguments against the challenged judgment, this Chamber concludes that the alleged failure to provide reasons has not been established, for the following reasons. First, in determining the proven and unproven facts, the Court clearly outlined the grounds for each of them. Specifically, each proven fact in the judgment individually and precisely identifies the item of evidence on which it is based and even specifies the page of the administrative or judicial record where that evidence appears. No inconsistency is therefore established in that regard. Second, the appellant asserts that the error arose because not all the evidence was assessed, making a general allegation of failure to consider evidence. Contrary to that assertion, this Chamber observes that the judgment contains a clear and precise analysis of the assessment of evidence on which the Court based its decision.

It also verifies that the judges analyzed each item of evidence supporting the proven facts. Indeed, it should be noted that, in the corresponding substantive grievances, the appellant challenges that evidentiary analysis and develops his theory of the case in opposition to that of the Court, which confirms the existence of such an analysis. It is therefore improper to find that the judgment lacks stated reasons because it contains no analysis of the evidence. As for the allegation that the claimant foundation had no knowledge of the “Technical Assessment Report on the Simón Bolívar Zoo and the Santa Ana Conservation Center,” review of the record shows that the cited report forms part of the body of evidence in the administrative record; thus, the assertion does not accord with reality. Third, the appellant’s position that proven fact 9 is not a fact but a regulation, and his objection to proven fact 16 on the ground that, in his view, it reproduces the “Special Joint Inspection Report on the Conditions of Captivity of Kivú the Lion (..),” do not constitute matters that may be regarded as causing the judgment to lack stated reasons, because both reflect a technique used by the judges to present the proven facts and create no ambiguity or contradiction.

Fourth, the appellant’s assertions substantively challenging the contents of the special report cited by the judges in the proven facts are not matters that may properly be considered under the alleged procedural defect, since they instead constitute the appellant’s objection to the assessment of evidence and will therefore be analyzed under the corresponding substantive ground. Accordingly, because the alleged failure to provide reasons has not been demonstrated, the grievance must be dismissed.

SUBSTANTIVE GROUNDS In the first ground, it alleges improper assessment of the evidence (valoración probatoria). In the first section of its challenge, it refers to the testimony of Mr. Carlos Orrego Vásquez. It states that the witness testified that the enclosure had no habitat features or enrichment whatsoever, which is false. It argues that the witness is not an expert in the behavior of wildlife in captivity, as evidenced by assertions such as that the diet provided did not satisfy the hunting characteristics of its breed. It contends that the mandatory compliance order (orden de acatamiento obligatorio) does not refer to retiring the lion, something Mr. Orrego Vásquez stated at trial, thereby indisputably misleading the judges as well; according to the appellant, they failed to analyze in detail the documentation in the administrative record, particularly the challenged administrative order.

It argues that the witness, in keeping with the Trial Court’s approach to deciding the case, endorses AZA and WAZA as purported international governing bodies with authority over this subject matter; however, he overlooks the fact that these international organizations do not have universally valid standards for keeping animals in zoos. It explains that AZA has guidelines for enclosure construction and management in the North American region, whereas WAZA does not. It further states that it is untrue that the lion had no means of hiding from the public, given facilities such as a cave, retaining structures, and vegetation separating it from the public, or that it had no objects to scratch, because it had logs. It adds that it is likewise untrue that the lion had nowhere to mark its territory; on the contrary, the fact that it did so is demonstrated by the rust on certain parts of the enclosure.

It contends that Costa Rican legislation contains no standards for keeping lions in captivity and maintains that, contrary to this witness’s statements, there is no evidence that the feline was subjected to animal mistreatment, precisely in view of the inspection sheet submitted by SENASA and included in the record. It adds that another respect in which the inaccuracy and superficiality of the witness’s testimony may be seen concerns the conditions of confinement, because the witness offers certain opinions regarding the enclosure’s purported requirements and characteristics despite not being an architect or engineer. Nor is he a specialist in environmental enrichment (enriquecimiento ambiental), yet he offers opinions on those matters and attributes noncompliance to the plaintiff Foundation. It notes, however, that veterinarians do not take environmental-enrichment courses as part of their degree program and that he is not a nutritionist specializing in wildlife diets either.

This supports the informed conclusion that the witness did not actually assess the diet, the procurement and transportation of the food, compliance with the cold chain, or food preparation—matters on which his silence is logical because he has no experience whatsoever. It argues that, during questioning at the oral and public trial, he was asked about his experience handling lions, a matter regarding which he acknowledged that the lion is an exotic species, not native to the country, and that the recommendations he used in handling the lion, as an international species, were those of WAZA and AZA. It reiterates that these are not regulatory instruments directly applicable in this country, first because they have not been approved by the Legislative Assembly and, second, because the texts themselves expressly contain a “disclaimer” to that effect, as they are merely recommendations, while governments are responsible for legal and regulatory matters.

It adds that the claim that administrative orders or sanitary orders (órdenes sanitarias) were issued is an unsupported assumption, and that it is also false that the administrative authorities did not receive the clinical record containing the lion’s medical history from the plaintiff Foundation. That assertion collapses under the weight of the evidence submitted, particularly the notarial instruments prepared for that purpose and filed with the complaint. It states that Kivú was not transferred because of any abnormal health condition, but because of the enclosure’s alleged welfare problem. Nevertheless, it contends that this issue is rife with superficiality, improvisation, and subjectivity because the alleged problems with the enclosure are not supported by technical or scientific criteria; therefore, the argument that the feline was not guaranteed minimum conditions of accommodation and comfort is untenable.

It argues that the enclosure was built by the Government of Costa Rica and has existed for eighty years; nevertheless, it never caused problems or violated wildlife living conditions until, specifically, the plaintiff Foundation assumed the administration of the Zoo. It states that the enclosure was built according to the architecture of the period and that Kivú lived there for 18 years without exhibiting any health or behavioral problems until 2016, and then solely because of pressure from environmentalist public opinion. It maintains that it is also untrue that the enclosure prevented the lion from displaying the natural behaviors of its species. On the contrary, the enclosure was by no means devoid of animal-enrichment features: it had four platforms with ramps suitable for Kivú’s medical condition, logs, clumps of grass, and the tire that was his favorite and allowed him to engage in behaviors such as scratching and stalking, which are characteristic of this type of feline.

He marked his territory and hid on a platform screened by vegetation, so that—contrary to what the judgment held—he had genuine opportunities to withdraw from spectators around the cage, as he took shelter in the cave and behind the retaining structures. He also lay with his back to the public and, as is normal lion behavior, spent more than 20 hours asleep. It states that if body condition is measured as follows: 5- obese, 4- overweight: 3- ideal. 2- thin. And 1- emaciated; when the witness Orrego Vásquez suggests that the body condition at the July 26 inspection was “2,” he is indicating that the lion was thin, whereas by September of that same year, according to Dr. Randall Arguedas, who treated the animal, that condition was “3.” The lion had therefore already reached ideal condition, leaving the administrative act (acto administrativo) without any basis or technical support because, by the day he was taken away, the animal’s body condition had improved and was ideal.

In a second subsection, it explains that, in its view, the first-instance judgment also endorses and gives excessive weight to the testimony of Ms. Shirley Ramírez Carvajal, even though her testimony is entirely aligned with the defendant’s case theory and recounts facts that are either untrue or unsupported by any evidence, thereby seeking to mislead the Court. It contends that Ms. Ramírez states that the cage was inadequate because it did not provide an appropriate habitat for the lion and did not allow the animal to hide from the public. Nevertheless, this is a gratuitous assertion unsupported by any evidence because the cage actually had the cave, the retaining structures, and vegetation outside the enclosure behind which the lion could hide. Ms. Ramírez Carvajal’s statement is therefore unsupported from an evidentiary standpoint, and her account likewise amounts to no more than a collection of assumptions.

For example, she stated without any evidence that there was not a single green leaf, when in fact there were three clumps of Tanzania grass at the site. As for enrichment objects, the lion had the log and tire, which he used as objects for manipulation. It further states that he regularly received sensory enrichment using scents to stimulate his sense of smell, as well as dietary enrichment consisting of beef ribs and osso buco cuts, and that grass and hay were placed in the cave. It states that the assertion that the Foundation’s director requested that the UNA veterinarian leave is completely false and misleading. What she said was that the Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre) and its Regulations provided that inspections could be conducted only by officials listed in the Civil Registry, as demonstrated by the notarial instrument dated July 26, which is vested with the public faith (fe pública) governing the actions and professional practice of those working in this field.

It notes that it is likewise untrue that SENASA never had a copy of or access to the clinical record for the lion Kivú, as supported by the testimony of Randall Arguedas Porras and the notarial instrument dated July 26, 2016. It adds that Ms. Ramírez Carvajal also states that, when the lion Kivú was taken away, he was provided with all possible care and attention, his health was assessed and monitored, and he received appropriate medical care. It states, however, that none of this is true. The purported medical examinations performed on Kivú are in fact nonexistent, since they were never submitted for inclusion in the respective administrative records and, if they do exist, those reports were not introduced into the court record through any medium or in any format. It further contends that she seeks deliberately to confuse the Court by stating that the weekly reports consisted of a single paragraph, an assertion that can be refuted simply by comparing them.

It states that Ms. Ramírez Carvajal participated in the July 26 visit to Zoológico Simón Bolívar, making her statement that she knew nothing about the lion’s health unacceptable, since all the details were explained there. In the third section, the appellant contends that the court below (a quo) failed to consider in the judgment that, even in its answer to the complaint, the Procuraduría General de la República expressly acknowledges that there was never a SENASA technical report. The only item in the record is “a technical report prepared by professional biologists specializing in wildlife management and conservation and veterinarians specializing in wildlife.” In response, it states that SENASA must be recognized as the only body possessing the technical authority to intervene in such matters; consequently, its powers, previously defined and originating in formal legislation, cannot be delegated to the first person who appears, even if that person styles himself or herself a “professional.” In the final section of the challenge, it reiterates its case theory and refers generally to the arguments presented in the complaint concerning what it considers defects arising from lack of authority (falta de competencia).

It recapitulates by stating that MINAE, SINAC, and SENASA imposed disproportionate requirements drawn from documents that are technical rather than regulatory in nature and that, in any event, do not form part of the country’s legal system. It explains that, although it does not question the desirability of many of these practices, action guidelines, and recommendations, the fact remains that most require time and resources to implement and, above all, the good faith and cooperation of the government authorities—good faith and a willingness to cooperate that were absent at all times.

For a better understanding of the ruling to be issued, it is essential to summarize the assessment of the evidence and the disputed issues conducted in the judgment. The Court stated that, according to the joint Special Report, the fundamental reason for the relocation decision concerned the conditions of the enclosure and its environmental setting (ambientación). It noted that Kivú’s health—he was a geriatric animal who had exceeded the average lifespan of lions in captivity—was not, in fact, the basis for the administrative decision to relocate him; rather, the decision was based on the condition of the cage in which the animal was kept, the lack of animal welfare (bienestar animal), and Fundazoo’s failure to comply with a valid and lawful administrative order issued by the Administration. It asserted that official communication DM-807-2016 MINAE, the special report jointly prepared by SENASA and SINAC on which that communication was based, and resolution R432-2016-MINAE were not affected by grounds for nullity (vicios de nulidad) and were consistent with the best practices recommended by international organizations for managing a lion, and that the lion’s relocation was caused by the failure to comply with the administrative order to construct a new enclosure.

It stated that the new enclosure selected by MINAE better ensured Kivú’s animal welfare than the enclosure at Zoológico Simón Bolívar. It indicated that the plaintiff merely explained its views regarding what it considered to be shortcomings in the report’s description of the lion’s conditions, but submitted no expert opinion or technical expert evidence (criterio técnico pericial) capable of proving its assertions and thus properly challenging the opinion rendered by the Administration’s officials, all of whom demonstrated command of the subject matter and gave fluent, clear, well-founded, and unquestionably technical testimony, qualities that, it noted, were not demonstrated by the plaintiff’s witnesses. It asserted that the State’s representatives presented Universidad Nacional wildlife experts and a veterinarian with a master’s degree in wildlife management and conservation, a doctorate in environmental sciences, and a master’s degree in Cites, as well as public officials whose work had given them wildlife experience, to explain—within their respective fields of expertise—the technical bases of the Special Report, whereas the plaintiff’s representatives presented no expert in ethology or environmental enrichment (enriquecimiento ambiental) to defend their positions concerning environmental enrichment or animal welfare.

It noted that, among the group of professionals who inspected the lion and his conditions, the animal was evaluated from veterinary and nutritional perspectives and with respect to his environmental enrichment and animal-welfare conditions; the latter fell within the expertise of the veterinarian and the biologist who testified, and they provided extensive explanations of the reasons why the Special Report issued the administrative order concerning Kivú’s cage. It recounted that the witness Carlos Orrego Vásquez testified that he was a veterinarian, held a master’s degree in wildlife management and conservation, a doctorate in environmental sciences, and a master’s degree in Cites; had worked for Ministerio de Ambiente y Energía and Sistema de Áreas de Conservación since 2003; was the Cites administrative authority; served as wildlife coordinator from 2016 to 2018; and, under the current administration, was an adviser to the Viceministerio de Aguas.

Similarly, with respect to Ms. Shirley Ramírez Carvajal, it explained that she testified that she was a wildlife biologist from UNA, held a Mesoamerican master’s degree from UNA, graduated in 1998, and had worked at MINAE within Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad since February 2016; at that time, she was the Vice Minister’s wildlife adviser. Regarding this testimony, it explained that both individuals participated in relocating the lion Kivú and were experts in wildlife and environmental enrichment; accordingly, the arguments of the plaintiff’s representative—who sought to discredit the public servants’ professional qualifications because they lacked official certifying authority (fe pública), were not architects like the professional Alvarenga who measured the cages, or simply because national regulations contain no provisions governing enclosures and animal-welfare techniques for a non-native species such as a lion—could not be accepted.

It indicated that such arguments were inadmissible because a simple comparison of the information provided by the professionals made it evident that experts in wildlife and environmental enrichment are those trained in those technical sciences: the veterinarian and the biologist, both of whom held advanced qualifications in the field. An architect, as the plaintiff claimed, could neither challenge nor, much less, discredit that qualification, even if he possessed official certifying authority or was a member of Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. It also found inadmissible the premise that the absence of national regulations specifically governing the welfare of a species not native to our region meant, to any degree, that technical criteria need not be observed, even if they came from supranational sources. It explained that, on the contrary, the Costa Rican State was obligated to ensure the animal welfare of all species and, for that purpose, had to consult all national and international sources capable of guiding the successful adoption of technical decisions such as those at issue.

It concluded that the challenged administrative acts (actos administrativos) did have both grounds and a statement of reasons (motivo y motivación), and that they were supported by the specialized technical opinion required to make the correct decision, substantively consistent with the legal system. In that regard, it stated that the technical basis contained in the Special Report—which was the same as that contained in official communication DM-807-2016 MINAE—and the grounds stated in resolution R-432-2016- MINAE were present and lawful. It reiterated that the central reason for relocating the lion was neither his health nor his nutrition, but rather the appalling conditions of the cage in which he was confined at Zoológico Simón Bolívar and the limited or nonexistent environmental enrichment and, consequently, the deficient animal welfare detrimental to him. Animal welfare entails not only receiving medical and nutritional care, but also having suitable conditions in which to exhibit species-specific behaviors in habitats resembling as closely as possible those found in nature, in accordance with the recommendations of internationally recognized bodies such as Waza and AZA.

It added that, despite its age, it was not true that Kivú’s cage at Zoológico Simón Bolívar complied with the WAZA and AZA recommendations transcribed above, and explained that the need to provide the lion with a more suitable enclosure was not unknown to the party because it appeared in the August 1993 Plan Maestro para el Centro de Conservación Santa Ana de la Fundación Prozoológicos Fundazoo, in which the Foundation’s proposal contemplated an African savanna that was never created during Kivú’s lifetime. It indicated that the lion Kivú was a “public-domain asset (bien de dominio público)” and that the Foundation had supervised him for 18 years; it neither owned him nor held any right over him, and he was merely under its care pursuant to its contractual relationship with the State, without this implying any right over the lion’s life or exploitation. They insisted that Kivú was the State’s responsibility and explained that, consistent with the doctrine developing around the evolving concept of a “nonhuman person (persona no humana),” he was regarded as a rights-bearing subject (sujeto de derecho); therefore, under the legal system, responsibility for safeguarding that status rested with the State.

It further stated that, under the terms of the contractual relationship between the State and the Foundation, the State could require the Foundation to comply with the terms of the agreement, under which a Plan maestro had been offered since 1993, and to provide the lion, at a minimum, with certain conditions during his final years to afford him a better quality of life. Accordingly, in view of the manifest noncompliance, compounded by the emergency created by the Foundation’s failure to comply with the administrative order to construct a new enclosure and, given the lion’s advanced age, relocate him to an enclosure outside public view—one that plainly had to satisfy technical requirements concerning size, dimensions, structure, and environmental enrichment—and the evident need to remove the lion from exhibition, the Administration sought to find him an appropriate enclosure that met the requirements necessary for Kivú’s environmental enrichment and animal welfare, subject to the commitment that he would no longer be exhibited.

It added that the judicial inspection (inspección judicial) of the two enclosures in which the lion Kivú lived, at Zoológico Simón Bolívar and Zooave, showed that, in the first case, the parties agreed that the cage was excessively old, appeared deteriorated by the passage of time and the lion’s marking, was far too small, and had contributed to the animal’s stereotypic behaviors (comportamientos estereotipados), which could even be observed in news videos from that period. This conclusion was consistent with the testimony given by State officials at the oral and public trial. It explained that, although the Zooave cage could not be guaranteed to comply one hundred percent with every Waza and Aza recommendation or parameter, it complied with most of them and represented a major improvement in environmental setting and animal welfare, as well as in size, varied topography, different substrates, foliage, indoor and outdoor enclosures, and natural barriers behind which the lion could withdraw from people’s view, in addition to other construction and safety conditions for Kivú.

The videos showed that the lion moved throughout the enclosure during the day and night, marked the logs, had greater mobility, displayed displeasure at people’s presence, and moved away and hid from them. According to the MINAE biologist’s testimony at trial, natural behaviors of his species could be observed. It therefore found that the Zooave enclosure selected by MINAE better ensured Kivú’s animal welfare than the enclosure at Zoológico Simón Bolívar. For all the foregoing reasons, it asserted that the challenged Special Report was consistent with science and technical standards, in accordance with the parameters established in the WAZA and AZA documents and the unrefuted expertise of the professionals from the public entities legally charged with overseeing the Foundation’s activities. Consequently, official communication DM-807-2016 MINAE and resolution R432-2016-MINAE were lawful and did not lack the necessary grounds and supporting rationale under Ley General de la Administración Pública.

Before addressing the grievance, this Chamber considers it appropriate to conduct the following analysis. As the Tribunal correctly noted in the judgment under review, legal systems worldwide have evolved with respect to nature and animal welfare (bienestar de los animales), establishing, in various ways, the responsibility of human beings to promote, pursue, and carry out the protection of the environment, including animals. This is evident, for example, in various international instruments such as the European Conventions for the Protection of Animals, the Universal Declaration of Animal Rights, the Convention on Biological Diversity, and the Stockholm Declaration on the Human Environment. Similarly, the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23-17 of 15 de noviembre 2017, referring to the obligations to respect and guarantee the human rights established in the American Convention on Human Rights, held: “62.

This Court considers it important to emphasize that the right to a healthy environment (derecho al medio ambiente sano), as an autonomous right, unlike other rights, protects components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legally protected interests (intereses jurídicos) in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to individual persons. The purpose is to protect nature and the environment not only because of their connection to their usefulness to human beings or because of the effects that their degradation could have on other individual rights, such as health, life, or personal integrity, but also because of their importance to the other living organisms with which the planet is shared, which are likewise deserving of protection in themselves. In this regard, the Court notes a trend toward recognizing legal personality (personería jurídica) and, consequently, rights in nature, not only in judicial decisions but even in constitutional legal systems.” (Emphasis added).

Consistent with the foregoing, various countries around the world have enacted legislation recognizing animals as sentient beings (seres sintientes) or non-human persons (personas no humanas) (Mexico, France, and Portugal), and some have explicitly recognized in their constitutions the right to their protection (Germany and Luxembourg) and their dignity (Switzerland). In this context, the role played by judicial bodies is decisive in making that protection effective, and judges must pursue genuine ecological justice (justicia ecológica). Along these lines, judgments have been issued recognizing rights in natural entities such as the Whanganui (New Zealand), Ganges (India), and Atrato (Colombia) rivers, and in animals such as the orangutan Sandra (Argentina). Costa Rica has been no exception to this recognition, as demonstrated by the enactment of various protective statutes, such as Ley de Conservación de Vida Silvestre, No.7317; Ley de Bienestar de los Animales No. 7451; Ley General del Servicio de Salud Animal No. 8495; and the system of penalties (sistema sancionatorio) regulated by Código Penal No. 4573.

In the judicial sphere, Sala Constitucional has also developed a line of case law (línea jurisprudencial) aimed at moving beyond anthropocentric reasoning, in keeping with the case law of Corte IDH transcribed above, and demonstrating a clear commitment to protecting the environment and animals that this Chamber shares. In that regard, resolution 13553-2016 of eleven thirty hours on veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis, issued even before Ley de Bienestar Animal, stated: “III.- Constitutional protection of animal welfare. Although our constitutional text does not contain an express provision safeguarding animal welfare, as do those of countries such as Germany and Switzerland, Sala Constitucional has determined through its case law that the prohibition of animal mistreatment (maltrato animal) has a constitutional basis (asidero constitucional) in the Costa Rican legal system, derived from Articles 28 and 50 of Constitución Política.

Sala has determined that human beings have not only a moral duty to act toward other persons, but also a duty in relation to the natural environment surrounding us. In that regard, animal mistreatment has been deemed to violate morality, accepted standards of conduct (buenas costumbres), and public order, while its prevention also forms part of the right to a healthy and balanced environment (derecho a un ambiente sano y equilibrado). Judgments 1993-3705, 1995-5893 and, undoubtedly the most emblematic, 2012-4620, may be consulted in this regard. The latter decision establishes that animals are included within the concept of the environment based on the role they play in the development of human life, which makes them deserving of protection and dignified treatment. Thus, wildlife (fauna silvestre o salvaje), meaning animals that live without direct human intervention in their development or feeding, is protected in order to maintain biodiversity and the natural balance of species.

Domesticated animals or animals undergoing domestication (fauna domesticada o en proceso de domesticación), in turn, must be protected from suffering, mistreatment, and cruelty without legitimate justification, because this reflects an ethical rationality grounded in the human species’ awareness of the fair and dignified manner in which it must interact with nature. Furthermore, it is established that: ‘The rational—moral—superiority of human beings cannot mean the absence of limits on causing suffering, pain, or anguish to non-human sentient beings’ .... ‘In this context, specifically, animal mistreatment constitutes an act contrary to dignity, since the exercise of dignity entails a moral duty to act both toward other human beings and in relation to the natural environment surrounding them. It therefore readily follows that animal mistreatment violates morality, accepted standards of conduct, and public order, such that its prohibition and prevention become matters of constitutional significance.’ (judgment 2012-04620) This line of case law maintained by the Tribunal is consistent with that of other Constitutional Courts, such as Colombia’s, which has extensively developed the constitutional basis for prohibiting animal mistreatment, among other decisions, in judgments C-666-10, C-083-14, and C-095-16.

Corte Constitucional Colombiana has stated that the concept of animal welfare imposes both a limitation and an obligation upon human beings to act respectfully toward animals because they are sentient beings forming part of the context in which human life develops. That Tribunal held that animal protection takes concrete form from two perspectives: ‘(…) that of wildlife protected in order to maintain biodiversity and the natural balance of species; and that of animals that must be protected from suffering, mistreatment, and cruelty without legitimate justification, the latter protection reflecting a component of political morality and an awareness of the responsibility human beings must have toward other sentient beings.’ (judgment C-095-16 Tribunal Constitucional) That Tribunal states that a constitutional duty imposed upon the State entails specific obligations for the various branches of government to restrict support, sponsorship, or affirmative participation in acts involving animal mistreatment, such that the State may not assume a neutral role in developing the protection that must be afforded to animals.

Likewise, grounded in human dignity, animal protection imposes duties upon human beings to respect sentient beings. Despite the existence of the duty to protect animal welfare, the Colombian Court endorsed certain legitimate limitations, including: (i) human dietary practices, (ii) medical research and experimentation, and (iii) culture. In such cases, the legal decision-maker (operador jurídico) must reconcile, in each specific case, any tension between animal welfare and the limitations on the duty of protection. Therefore, the overriding interest in protecting the environment and wildlife gives rise to a duty to safeguard animals from suffering, mistreatment, and cruelty. The moral status of animal life and recognition of animals’ capacity to suffer may be inferred from the relationship between nature and human beings; accordingly, animals are understood to be sentient beings, giving rise to a series of human obligations of care and protection.

This constitutional duty gives rise to obligations of care and prohibitions against animal mistreatment and cruelty, unless one of the specified limitations is involved.” Based on the foregoing, the constitutional body added, it is evident that there is a constitutional and statutory mandate to regulate animal protection, a position that this Chamber recognizes and reaffirms.

In his objection, the appellant in cassation (casacionista) alleges an improper assessment of evidence (valoración probatoria) with respect to the testimony of Carlos Orrego Vásquez and Shirley Ramírez Carvajal, as well as the “Special Joint Inspection Report on the Captive Conditions of Kivú the Lion (Panthera leo), Kept at the Simón Bolívar Zoo under the Administration of Fundación Prozoológicos (Fundazzo),” prepared by veterinarians Danilo Leandro and Ileana Céspedes, both SENASA officials; Carlos Mario Orrego, a SINAC official; Shirley Ramírez, a MINAE official; and Jorge González and Yeimy Cedeño, both SINAC officials. This Chamber disagrees with the appellant. Regarding the assertions made in his ground of appeal (agravio), alleging that the witnesses lack expertise and knowledge in the subject matter of the proceeding, it must be noted that both professionals hold undergraduate and postgraduate degrees in fields related to wildlife and have practiced their professions in those areas for an extended period, which has clearly given them experience in wildlife management.

None of the circumstances or conditions described by the witnesses during the oral and public trial and accepted as true in the judgment were discredited at that procedural stage, nor have they been discredited now at the cassation stage, because no evidence has been submitted showing that they are untrue. Thus, the appellant merely presents a subjective argument in opposition that ultimately amounts to a sweeping and baseless assertion. As to the substance of the statements concerning the characteristics of the cage in which Kibú was kept, this Chamber likewise finds no improper assessment of the testimony, since it is consistent both with the reports and even with the judicial inspection conducted at the site by the adjudicators. In the record, most of the evidence consistently indicates that Kivú’s cage was not an optimal place for him to remain because it lacked adequate and sufficient enrichment, in addition to being both old and deteriorated.

In that regard, although the appellant is correct in insisting that the guidelines described both in the report and in the administrative act (acto administrativo) requiring the alterations are not legal rules within our legal system, they are nonetheless objective standards established by international experts who have worked collectively on wildlife conservation, rescue, advocacy, and protection, as well as on the rights of animals in captivity. In this Chamber’s view, the appellant’s argument that the cage had been built more than 80 years ago and contained a tire, platforms, clumps of grass, and certain other items is unacceptable, first because it constitutes a denial of the respect and protection to which Kivú the lion was entitled and which his caregivers were obligated to provide; and second, and especially, because it demeans Kivú as a sentient being by failing to recognize that the place where he spent his life needed to offer dignified conditions conducive to his health in all its dimensions and designed in some way to alleviate the fact that he was in captivity.

Furthermore, with respect to the arguments concerning the special report, contrary to what was alleged, it was indeed issued by SENASA, although SENASA also enlisted the participation of other state entities, which contributed qualified and experienced professionals who likewise determined that the conditions of Kivú’s cage needed to be improved. This Chamber further finds that, according to the allegations in the complaint and throughout the entire proceeding, it has been an undisputed fact that Fundazoo was required to modify the place where Kivú lived and that the order issued by the state authorities was final and pending enforcement. Regarding the portion of the ground of appeal concerning the witnesses’ statements about Kivú’s physical condition, the examinations subsequently performed, and his medical record, it is unnecessary to address those matters because the judgment clearly states that they were neither assessments nor reasons relied upon by the adjudicators in support of their decision; consequently, they would not assist in overturning it.

As for the final portion of the ground of appeal, the informal manner in which the arguments are presented—without clearly identifying the type of alleged error, citing the provisions considered to have been violated or those that should have been applied, or identifying any evidence allegedly assessed improperly or disregarded—is likewise insufficient to modify the judgment in any respect. For all the foregoing reasons, the ground of appeal must be rejected.

In the second ground of appeal of this kind, he alleges a violation of substantive law. He claims that Articles 16 and 160 of La Ley General de la Administración Pública were not applied and that the rules and logical principles of adequate causation (causalidad adecuada) were violated. He contends that the violation of law arose when the Court questioned the causation hypothesis and consequently denied a causal link (nexo causal) between the activity established in the judgment, consisting of the economic losses suffered—which were even substantiated by technical and accounting evidence—on the one hand, and the harmful activities in some manner encouraged or promoted by the State, on the other, which consisted of damage to FUNDAZOO’s reputation in the eyes of the public and caused a sustained decline in zoo attendance, thereby disregarding the rules of common sense, logic, and reasonableness derived, among other sources, from Articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública.

He explains that the hypothesis advanced is neither fanciful nor utopian and does not consist of a series of unusual or outlandish arguments; rather, what is alleged as harm to economic interests is a natural consequence, derivation, or implication of the principle of the free interplay of economic forces, as well as a natural consequence of the reputational harm that should have been deemed established in light of the evidence submitted and that the Court considered only very marginally. He argues that the alleged and claimed damages (daños y perjuicios) are real, verifiable, and actually exist; yet, through numerous evasions, the adjudicators attempt to divert attention toward incidental matters having no connection whatsoever with the principal account, because it is undeniable that a systematic smear campaign was conducted against FUNDAZOO beginning in mid-2016: the claimant foundation was “riddled with attacks” on social media and in the print and television press, all of this, plainly, with the acquiescence and clear and determined cooperation of the State and its authorities, which never sought to ensure impartial access to information, as constitutionally required.

He claims that the insufficiency of evidence identified by the Court as an impediment to awarding damages does not exist, since each claimed item is duly supported by accounting entries and documents contained in the case file and also duly submitted at the appropriate time to the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía themselves. He objects that requiring express, virtually documentary proof of the causal relationship (relación de causalidad) between the campaign of disinformation and distortion of reality orchestrated by the mass media and encouraged by the government authorities themselves, and the losses claimed and sustained within the claimant foundation’s economic sphere, as either a contributing factor or the triggering cause of those losses, amounts to an impossible requirement. He states that, in any event, common sense and the principles of logically inferring harm from a highly detailed set of factual antecedents were not applied; and he explains that, by committing errors of this nature, the trial court resorts to unacceptable formalism because, for example, it simply declares that damages were not proven but fails to ask: what other factors or causes—if not this systematic media smear campaign, promoted in part through the statements made to the press by SENASA and MINAE administrative officials—could have accounted for the radical and draconian decline in the number of visitors to the Zoológico Simón Bolívar precisely around the dates on which the challenged administrative acts were issued?

He adds that, with respect to Oficio OM-0502018 of 09 de febrero de 2018, the Court states that it is a more comprehensive study than the one submitted by the claimant; however, it never consistently explains the reasons or grounds for that assertion or why the judges consider it more comprehensive, given that the document submitted by the claimant bears and is imbued with the accountant’s public attestation authority (fe pública). He argues that, in any event, even if the conclusions of this report by the Oficialía Mayor del MINAE may be partially accepted insofar as they indicate that attendance at the Zoológico Simón Bolívar has declined in recent years, that circumstance alone does not negate or undermine the central theory advanced by the claimant in its complaint, particularly because, beginning in 2016, there was a drastic and pronounced decline in revenue from zoo ticket sales precisely because the smear campaign against FUNDAZOO began in agosto de 2016.

He stated that, to verify the foregoing, consideration should be given to the fact that lengthy reports about the animal’s allegedly poor condition were published in the print press and broadcast on television practically every day, without his client being able to exercise the right of defense (derecho de defensa) against such bias in the information made available to the public. Thus, although the lion was transferred from the enclosure in which the claimant foundation kept him in diciembre de 2016, the fact remains that the irrational and crude media campaign against the Administración del Parque Zoológico Simón Bolívar began in julio of that same year, and it was from that date onward that the claimant sustained damages within its legal sphere. In summary, had all the foregoing circumstances been analyzed through the lens of and in accordance with the rules of the reasoned-sound-judgment standard (sana crítica racional)—a principle of analytical interpretation that judges are required to observe—as well as the logical rules of deduction and inference, they would have led to a decision entirely different from the one ultimately issued by the first-instance adjudicators.

The Court, in ruling on this point, stated that although the accounting evidence submitted by the plaintiff demonstrates a decrease in the zoo’s revenue in 2016 and 2017 (compared with the figures beginning in August 2015), it does not demonstrate that the cause was the transfer of the lion Kivu from Simón Bolívar to Zooave in December 2016. It stated that this evidence demonstrates a fact, but not the causal link (nexo causal) that must exist in order to hold the State liable, pursuant to section 190 et seq. of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública). It asserted that the zoo seeks compensation for the period it defined as running from August 2016 to August 2017; however, because the transfer took place in December 2016 and the lion Kivu died in February 2017, any claim should have been limited to that period. In addition, it explained that, in the answer to the complaint, the State’s representative submitted another comparative table that was not challenged by the plaintiff at the appropriate procedural stage by requesting a court-appointed expert regarding the matters set forth therein.

That study is therefore considered more complete because it covers revenue from 2012 through 2017 and, based on the information provided monthly by the plaintiff, Fundazoo, conducts a comparative study of revenue. That study confirms, as the State’s representative asserts, that revenue at Zoológico Simón Bolívar has declined consistently year after year, with peaks of higher revenue normally occurring during vacation periods. It added that Official Letter OM-050- 2018 of 09 de febrero de 2018 confirms, through the comparative study of revenue from visits to the Zoo for the years 2012 through 2017 conducted by the Office of the Senior Official of MINAE, that revenue has declined consistently year after year, improving only during vacation periods. It quoted: “(...) Results of the analysis (sic) The comparison of revenue from August 2012 to August 2017 makes it possible to identify a cyclical revenue pattern, with an increase during the mid-year vacation period; likewise, revenue tends to decline each year.

See chart N°1. If we compare revenue for the periods August 2012–August 2013 and August 2013–August 2014, see chart No.2, this downward trend in revenue is established, even with the lion Kivú on display. The same is true when comparing revenue for the periods August 2015–August 2016 and August 2016–August 2017; see chart No.3. Consumer tastes and preferences in this case are affected by a series of variables, such as: the worldwide trend regarding the viewing of animals in captivity, but under different conditions, with more space and environments more consistent with their natural habitats; competition from, and recent interest in, different zoos with a greater number of animals and exotic species, such as África Safari Park, in the Provincia de Guanacaste, or Zoo Ave in Alajuela. It therefore cannot be asserted that the Kivú effect, referring to the lion’s removal, was a determining factor in the decrease in visitors and consequently in revenue at the Zoological Park, since it cannot be demonstrated that this was the reason for the decline in visitors to Zoológico Simón Bolívar.” It stated that, in view of the foregoing, it rejected the causal relationship (relación causal) that the accounting study submitted by the plaintiff was intended to demonstrate.

It emphasized the importance of the fact that safeguarding the welfare of the lion Kivu was the responsibility of the State and that Fundazoo, having breached its contractual obligations, cannot legitimately claim economic damages, according to the established facts (hechos probados) set forth in the judgment. It added that the Administration cannot be deemed liable for the number and nature of the reports published following the news of the lion Kivu’s deteriorated health; in the reports reviewed, this Chamber found no evidence that would allow it to establish the existence of a smear campaign orchestrated by MINAE or MAG, much less one intended to further Zooave’s interests, as the plaintiff’s legal representative insinuated at trial. It explained that the reports were merely informational and that Fundazoo was frequently asked for its position but stated that it had nothing to say. Even in programs characterized by humor and parody, both positions were presented regarding whether the lion should remain at the zoo; as for social media, an organization such as the zoo, like any other entity or person, is exposed to public scrutiny—whether accurate or not, which we do not review here—regarding its conduct, and therefore the Administration likewise cannot be blamed for public opinion—whether mistaken or not—as expressed in the copies submitted.

They stated that if the conditions of the lion Kivú’s captivity aroused the interest of groups supporting or opposing them, this cannot be attributed directly to an administrative action intended to harm the zoo’s image, as this was not demonstrated in the proceedings. It further added that the copies of pamphlets and documents from groups supporting and opposing Kivu’s situation also called the State itself into question, thereby disproving the alleged conspiracy against Fundazoo, which the plaintiff also claims contributed to the decline in revenue. Regarding the claim for compensatory relief (acción resarcitoria) on behalf of the employees, it noted that the plaintiff lacked standing (legitimación) to bring that claim; and regarding the alleged harm to Fundazoo’s image, it stated that there was no evidence of any harm to Fundazoo’s image caused by the Administration’s actions—and, in any event, such reputational harm would have resulted from the actions of third parties, such as the print or television press, social media, or social groups supporting or opposing the actions of Fundazoo or the Administration.

It further considered that, had any reputational harm occurred, it would have been the responsibility of the Foundation itself because it created the conditions that led the Administration to act as it did with respect to Kivu. It concluded by stating that if, as Fundazoo’s representative maintained, the lion was the zoo’s principal attraction, it is impossible to understand why appropriate priority was not given to constructing a larger enclosure for Kivu within Simón Bolívar during the nearly 18 years in which the animal was in its custody. It also indicated that, although it was asserted at trial that construction of the new enclosure was included in the zoo’s improvement plans for 2016, no new construction was undertaken either before or after (julio 2016) the complaint; only the improvements ordered for the old cage in which Kivu lived were made, and those were carried out after the Special Report rather than on the Foundation’s own initiative and as part of its obligations.

On numerous occasions, this Chamber has stated, based on Article 190 of the LGAP, that the liability regime (régimen de responsabilidad) governing damages caused by the Administration is predominantly strict, with damage constituting the essential prerequisite for administrative liability (responsabilidad administrativa). This follows from constitutional provision 41, which states: “By resorting to the law, everyone shall obtain redress for the injuries or damages suffered in their person, property, or non-economic interests (...)”. Along the same lines, provision 196 of the LGAP establishes: “In every case, the alleged damage must be actual, capable of valuation, and individually identifiable with respect to a person or group.” Such damage must be caused by administrative operations, since section 190 ibid states: “The Administration shall be liable for all damage caused by its operations (...)”.

Thus, the Administration is liable if its actions cause damage, from which three basic requirements arise: administrative conduct (active or by omission), actual damage, and a cause-and-effect relationship between the two, that is, causation. All these basic clarifications are essential. In this regard, reference may be made to the judgments of this Chamber 515 de 10 horas 15 minutos del 27 de mayo de 2009, 662 de las 14 horas 20 minutos de 26 de mayo de 2010 and 901-F-S1-2011 de las 9 horas 20 minutos del 11 de agosto de 2011.

In the case at bar (subjudice), the appellant in cassation (parte casacionista) disagrees because the Court found that the causal link necessary to establish liability did not exist. Based on its analysis of the reasoning provided in the judgment, this Chamber finds that the appellant is incorrect. First, it agrees with the Court that the accounting certification submitted by the plaintiff as evidence demonstrates only a decrease in revenue from zoo visits and does not demonstrate that the decrease was connected to or resulted from the transfer of Kivú or from any action by the State, as the appellant seeks to suggest. Regarding Official Letter OM-0502018 of 09 de febrero de 2018, which contains comparative information covering an extended period because it encompasses revenue from 2012 through 2017, it undeniably establishes that the decline in Zoológico Simón Bolívar’s revenue occurred consistently year after year.

In this regard, it must also be stated that, contrary to the assertion made in the ground of appeal (agravio), the judgment expressly explains why the Court found this evidence credible, stating that it considered the evidence more complete precisely because it covers more periods than those addressed in the accounting certification submitted by the plaintiff. Second, the Court is also correct that no evidence was introduced into the record that would support the argument that the State is liable for the number and nature of the reports published following the news of Kivu’s deteriorated health. Indeed, none of the evidence submitted supports the assertion that the State promoted a smear campaign or that such a campaign was intended to further Zooave’s interests; therefore, there is no basis whatsoever for attributing liability to the State. Likewise, the arguments in the appeal that the decline in revenue can be demonstrated as a logical consequence of Kivú’s transfer must be rejected because, as stated, it was established that attendance had been declining year after year, and thus the logical conclusion is that the same pattern was also to be expected in 2016 and 2017; and because, as described in previous recitals (considerandos), the process of education, awareness, information, and reinvention that humanity has undergone regarding the proper protection and safeguarding of nature, and animals in particular, logically leads to the conclusion that people will cease attending places that keep animals in captivity under conditions such as those of Kivú’s cage.

Although such forms of confinement were only beginning to be questioned a few decades ago, today they are wholly unacceptable. For all the foregoing reasons, this Chamber does not find that the alleged failure to apply the governing law occurred or that the cited rule and principles were violated. Accordingly, the ground of appeal must be rejected.

In light of the foregoing, the appeal shall be denied. Costs shall be borne by the unsuccessful party.

POR TANTO

The appeal is denied. Its costs shall be borne by the party who filed it.

Luis Guillermo Rivas Loágica Rocio Rojas Morales Damaris Varga Vásquez Jorge Alberto López González Jéssica Jiménez Ramírez Telephone numbers: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email address [email protected]

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Documento PJEDITOR Res. 001754-F-S1-2021 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas seis minutos del doce de octubre de dos mil veintiuno.

En proceso de conocimiento interpuesto por la Fundación Pro-Zoológicos (FUNDAZOO), representada por su apoderada generalísima Yolanda Matamoros Hidalgo y su apoderado especial judicial Enrique Rojas Franco, contra el Estado, representado por la Procuradora Estatal, Elizabeth Li Quirós; la parte actora presenta recurso de casación.

Redacta la magistrada Vargas Vásquez;

CONSIDERANDO

El 26 de octubre de 2017, la actora presentó demanda contra el Estado, en la cual adujo, el 20 de abril de 1994, los representantes de FUNDAZOO y MINAE, suscribieron contrato para el traslado de la administración del Parque Zoológico, el Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana a FUNDAZOO. Indicó, en 1998 arriba a Costa Rica, procedente del Zoológico de la Habana, el león Kivú, quien nació en Cuba en cautiverio, fue enviado a Costa Rica con 1O meses de edad y estuvo bajo el cuidado de FUNDAZOO, desde que fue importado de Cuba. Explicó, en el primer semestre de 2016, dieciocho años después, por motivos de edad Kivú experimentó un detrimento en su salud. Indicó, el 13 de junio se presentó una denuncia, vía correo electrónico, ante el SENASA. Mencionó, el 12 de julio de 2016, una comitiva de funcionarios del Ministerio de la Presidencia y el MINAE realizaron una visita al Zoológico Nacional Simón Bolívar, para examinar y valorar el estado de salud de Kivú y el 13 de julio de 2016, la representante de FUNDAZOO envió al Presidente de la República, con copia a las autoridades del MINAE y SENASA, el oficio FPZ-066-2016, informando sobre el estado del león, indicando que había mejorado el consumo de alimento, además, señaló, se adjuntó el informe del médico y de la nutricionista, así como el resultado de los exámenes practicados y se explicó el tratamiento que se le daba desde el 16 de mayo, día que se anestesió para realizarle un examen físico general, limpieza dental, radiografías de rodillas, ultrasonido abdominal y exámenes hematología y bioquímica sanguínea.

Apuntó, el 13 de julio del 2016, realizaron visita de inspección tres médicos veterinarios funcionarios de SENASA: Danilo Leandro Loría, Jefe del Programa de Fauna Silvestre Punto Focal OIE, Rodrigo Fajardo, jefe de Salud Pública Veterinaria de la Región Central Metropolitana, Ileana Céspedes, encargada del programa de pequeñas especies de SENASA, quienes inspeccionaron todo el zoológico, no encontraron evidencia de maltrato animal, se les entregó copia del expediente del león con los exámenes realizados, conversaron con el médico veterinario sobre la salud del león, los exámenes realizados y el tratamiento que se le daba, tanto médico como nutricional, a lo que manifestaron estar de acuerdo con el tratamiento actual y el previsto. Señaló, el 26 de julio de 2016, se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar una tercera visita de inspección, la cual estuvo a cargo de una comitiva de funcionarios MINAE-SINAC y MAG-SENASA, se realizó una reunión con personal de FUNDAZOO, los médicos y el odontólogo que atendía al león, se le presento a las personas funcionarias aspectos de la salud del león, resultados de los exámenes practicados, el tratamiento médico y nutricional al que estaba sometido, y el tratamiento a aplicar en el futuro, así como el proyecto para construir un recinto nuevo y posterior a la evacuación de una serie de preguntas administrativas hechas por la señora Shirley Ramírez, asesora del Viceministerio de Ambiente, se procedió a una inspección de las instalaciones donde se encontraba el león, la preparación de alimentos y en la clínica veterinaria se les mostró el expediente del león; sin que los inspectores hicieron ninguna observación en ese momento.

Indicó, mediante oficio DM-807-2016 del 7 de setiembre de 2016, el Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de MINAE, y el Ing. Felipe Araúz Cavallini, Ministro MAG, comunican a la señora Yolanda Matamoros el informe de inspección conjunta sobre las condiciones de cautiverio de Kivú, esa resolución, ordena ejecutar, lo siguiente: "Orden administrativa de acatamiento obligatorio a fa Fundación Pro Zoológicos (FUNDAZOO): I. Ejecución de obras de construcción del recinto para el león Kivú, de conformidad con las condiciones y diseño técnico propuesto por FUNDAZOO en el documento Contrato MIRENEM- FUNDAZOO para la administración y desarrollo de los Zoológicos Nacionales, su Adendum y el Plan Maestro para el Centro de Conservación Santa Ana Fundación Pro Zoológicos 1993 este recinto deberá: a) Ser construido en el Centro de Conservación Sama Ana con un mínimo de 115m2, tipo encierro no jaula de barrotes. b) Debe seguir lo establecido en el Plan Maestro para el Centro de Conservación Santa Ana en su totalidad. c) Debe ser tipo Sabana Africana con árboles, una fosa de agua, senderos primarios y secundarios y rotulación apropiada y no como una exhibición aislada de un zoológico tradicional. d) Debe ser representativo de los hábitats naturales de África, incentivar la apreciación y preocupación del público sobre el efecto que tiene el habitar y su protección sobre la vida silvestre. e) Debe cumplir estándares internacionales de WAZA y AZA para el mantenimiento de leones en cautiverio y cumplir el anexo I "Bases teóricas del manejo de leones en cautiverio" preparado en este informe. ƒ) Debe cumplir con todo lo establecido en el "Lion p g (Panthera leo) Care Manual" elaborado por la Association of Zoos and Aquariums en el 2012 y el manual de Cuidado la fauna silvestre: La estrategia Mundial de Zoológicos y Acuarios para el Bienestar Animal.

PLAZO: Esta obra deberá ser completada en su totalidad en un plazo de dos meses calendario a partir de la notificación de esta orden. Una vez terminado se trasladará al león para este sitio. 2. Mantenimiento del León Kivú hasta su traslado al Centro de Conservación Santa Ana: Durante la construcción del nuevo recinto y el traslado del león a Santa Ana, en el recinto actual deberá inmediatamente: 1. Eliminarse estructuras metálicas dentro de la jaula. 2. Plantar pasto alto de manera que le sirva de barrera visual entre el público y el animal. 3. Colocar rampas para facilitar el acceso a las tarimas. 4. Poner en práctica un plan de enriquecimiento ambiental y mantener una bitácora donde se lleve registro del mismo con detalles de las acciones realizadas por el personal 5. Incluir dentro de la diera del animal, carcasas, pelo, plumas y vísceras. 6. Mantener informado semanalmente al MAG-SENASA y MINAE-SÍNAC sobre la condición de salud del León y los avances en la construcción del nuevo recinto.

PLAZO. Esto será realizado de manera inmediata a partir de la notificación de esta orden” Reprochó, el oficio DM-807-2016 del 7 de setiembre de 2016, suscrito por el Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro MINAE, y el Ing. Felipe Arauz Cavallini, Ministro MAG adolece varios vicios, entre ellos, ilegal avocación de las competencias de un órgano desconcentrado, además, señaló el "Informe Especial de Inspección conjunto sobre las condiciones de Cautiverio del León Kivú”, ni en su versión original ni en la que se le entregó a FUNDAZOO estaba firmado por los inspectores, ni se logra constatar fecha de emisión, por el contrario se indica únicamente agosto 2016, además, manifestó, es omiso en cuanto a fundamentación técnica puesto que no se llevaron a cabo exámenes clínicos o de laboratorio por parte de SENASA O SINAC. Añadió, el oficio DM-834-2016, con fecha del 19 de setiembre de 2016, por medio del cual se contesta a FUNDAZOO su solicitud de copia certificada del informe la versión que se entrega con ese informe tampoco está firmada.

Señaló, el 19 de setiembre de 2016, FUNDAZOO, solicita que se le remita el informe y el documento tampoco traía una firma del funcionario o funcionarios responsables. Adujo, en contra de la resolución DM-807-2016, se interpusieron los correspondientes recursos de revocatoria con apelación en subsidio, pero, alegó, el derecho de defensa de FUNDAZOO se vio entorpecido, porque no se tuvo el acceso solicitado a los documentos originales. Indicó, a partir del 7 de setiembre se enviaron a los Ministros del MAG y del MINAET informes semanales sobre el estado de salud del león y el avance en las obras y el 7 de noviembre de 2016, se presenta ante el despacho del Ministro del MINAE, el oficio FPZ-119-2016, por medio del cual solicitó una prórroga para el cumplimiento de la orden DM-807-2016 y concomitantemente se presentó una solicitud de medida cautelar para que se suspendiera la orden de traslado del León en la que se argumentó el perjuicio que se podría causar al estado de salud de Kivú.

Mencionó, sin que se cuente con un criterio técnico, se prohibió dar a Kivú células mesenquimales estromales, tratamiento recomendado por la doctora Priscilla Ortiz, experta en esa técnica de medicina regenerativa cuya función es regenerar las células del cartílago afectado de las articulaciones, para obtener esas células se requiere de suficiente grasa corporal, para lo cual el león estaba en una dieta estricta para la formación de tejido adiposo, como se les indicó al MAG y al MINAE, no obstante fueron omisas en sus resoluciones, sin que pudieran dar razones médicas para la prohibición de este tratamiento. Acusó, la resolución R-432-2016- MINAE, fechada del 4 de octubre del dos mil dieciséis, por medio de la cual se conoce y rechaza el recurso de revocatoria planteado por FUNDAZOO contra la resolución DM-807-2016, agotando la vía administrativa, adolece vicios de nulidad por cuanto no se refieren con forme justicia y derecho a los argumentos planteados.

Explicó, en aras de cumplir con lo ordenado las autoridades de FUNDAZOO estimaron que la construcción de un nuevo recinto tendría un costo mayor a los $400.000, esto conforme al proyecto que se planteó para el Centro de Conservación Santa Ana siguiendo las especificaciones técnicas dadas por MAG- MINAE y más de $200,000 si la construcción era en el Zoológico Simón Bolívar. Acusó, paralelo a la orden se inició una campaña de desprestigio en contra de FUNDAZOO, se publicaron en los medios de comunicación masiva, alrededor de 157 artículos entre agosto y diciembre del 2016 y 154 artículos entre enero y febrero del 2017, muchos de los cuales se repetían en las tres ediciones de los telenoticieros, además se reiteraban en las redes sociales de los diferentes medios. Indicó, con motivo de las notas en la prensa y declaraciones en medios de funcionarios de Ministerio de Ambiente y otros personeros de entidades públicas, hubo una baja en la visitación al Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y por tanto mermaron los ingresos de FUNDAZOO.

Señaló, la resolución 510-2016 MINAE, se conoce y resuelve la solicitud de prórroga del plazo para el cumplimiento de la orden administrativa DM-807-2016, del 7 de setiembre de 2016. Manifestó, el 5 de diciembre del año 2016 se procedió con el traslado de Kivú del Zoológico Simón Bolívar al Zooave, utilizando fuerza desproporcionada, se prohibió a los personeros de FUNDAZOO tomar fotografías o videos y el uso de teléfonos personales, y además se les amenazó con arrestos, los empleados fueron retenidos por más de tres horas contra su voluntad en dos áreas del Zoológico, se utilizó la fuerza armada de la policía en los alrededores de las zonas de retención para que no pudieran salir y ese mismo día se comunicaron las resoluciones DM-1120-2016 fechado del primero de diciembre de 2016 y la 510-2016 MINAE. Acusó, no consta en el expediente Administrativo ningún acto administrativo o preparatorio que justifique el traslado de Kivú al Zooave, tampoco constan las condiciones del traslado y del recinto nuevo, además, señaló, en la denominada acta General de la Diligencia Administrativa de Rescate del León Kivú del Zoológico Simón Bolívar emitida por las autoridades administrativas MAG-SENASA y MINAE-SINAC, se hace constar que el Lic. Kenneth Arrones de SENASA le indica al Dr. Carlos Mata Coto, que se está procediendo al traslado del león, ante el incumplimiento de la orden sanitaria, sin que conste que se haya notificado a Fundazoo ninguna orden de ese tipo que ordenara la salida o decomiso del león.

Objetó, el recinto al cual se trasladó a Kivú, no contaba con los requisitos y especificaciones técnicas que se le exigieron a FUNDAZOO, del mismo modo el nuevo recinto de Kivú tenía condiciones deplorables y no se comparaba con el espacio físico que tenía el león en el Simón Bolívar, es decir se trasladó a un sitio con una infraestructura que no cumplía con lo ordenado y que tampoco era igual o similar al recito en el Simón Bolívar, con lo que al animal se le trasladó de su hábitat a un sitio que no tenía las mismas condiciones, por el contrario carecía de muchos implementos que si estaban presentes en el Simón Bolívar y como agravante de la situación se le modificó la dieta, por una que en términos generales no cumplía con los suplementos nutricionales necesarios para mantener un estado de salud óptimo a un animal adulto. Indicó, el 17 de febrero, Kivú, estando fuera de la custodia de FUNDAZOO falleció.

Manifestó, según las declaraciones a la prensa de los funcionarios de MAG-SENASA y MINAE-SINAC, el deterioro del león después de su traslado a ZOOAVE fue en aumento de forma acelerada, falleciendo en 74 días. Acusó, las autoridades nunca dieron a conocer los resultados de los exámenes practicados a Kivú desde su traslado ni de la necropsia realizada y tampoco se encuentran en el expediente administrativo. Señaló, la Fundación Pro-Zoológicos en el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar, durante el periodo comprendido entre el primero de agosto del 2015 y el 31 de agosto de dos mil dieciséis, recibió como ingreso de visitantes la cantidad de 102.707 personas, visitas que equivalen a la suma de ¢222. 560.475, durante el periodo comprendido entre el primero de agosto de 2016 al 31 de agosto de dos mil diecisiete, FUNDAZOO recibió una cantidad de visitantes de 37.652 personas, visitas que equivalen a la suma de ¢84.653.565; conforme con lo anterior, FUNDAZOO en el periodo del primero de agosto 2016 al 31 de agosto dos mil diecisiete, experimentó una baja en la visitación de 65.055 personas, visitas que equivalen a la suma de ¢137, 906,910.

Reseñó, en medios nacionales concretamente en Noticias REPRETEL el señor Mario Coto Director del SINAC y la Sra. Patricia Madrigal Viceministra de Ambiente, declararon que el incumplimiento de las órdenes giradas en torno a Kivú podrían generar el rompimiento o recisión del contrato de parte de las entidades Estatales. Indicó, la Licda. Matamoros, se apersonó al Despacho del Ministro del MINAE, al Despacho del Ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería y al MAG-SENASA, y se impidió ¡legítimamente la defensa de FUNDAZOO en este caso, limitando ¡legítimamente el acceso al expediente. Peticionó "1) Que se acoja esta demanda en todos sus extremos.

  • 2)Que se declare la nulidad absoluta de la resolución N° DM-807-2016 y la resolución R-342-2016 MINAE, suscrita por los señores Ministros Edgar E. Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía y Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería. Que se declare la nulidad del Oficio N° DM-807-2016 MINAE.
  • 3)Que se declare que en el traslado del León Kivú a su último recinto se utilizó fuerza indebida.
  • 4)Que se declare que el recinto en el cual se trasladó a Kivú en Zooave no cumplía con las especificaciones técnicas que se exigieron a FUNDAZOO. Y que por tanto la actuación material de traslado del León Kivú al Zooave configura desviación de poder.
  • 5)Que se declare al Estado responsable de los daños y perjuicios descritos en el apartado 3.
  • 6)Acción resarcitoria para los empleados y daño a la imagen de FUNDAZOO. 6.2 Pretensión Subsidiaria (sic) Siendo el caso de que los señores jueces no estimen la nulidad, que es manifiesta y casi evidente de la resolución N° DM-807-2016 y la resolución R-342-2016 MINAE, suscrita por los señores Ministros Edgar E. Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía y Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería, que se condene al Estado por los daños experimentados por la empresa actora y descritos en el apartado 3. Esto con base en los numerales 190 y 194 de la Ley general de la Administración Pública.” El Estado contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho. En sentencia 111-2019-I, dictada a las diez horas con veintidós minutos del once de noviembre dos mil diecinueve, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección I, integrado por las personas juzgadoras Amy Miranda Alvarado, Claudia Bolaños Salazar y Rodolfo Marenco Ortiz, de oficio, declaró falta de legitimación activa con respecto a la pretensión indemnizatoria a favor de los empleados de Fundazoo, acogió la defensa de falta de derecho, declaró sin lugar la demanda y condenó a la perdidosa al pago de las costas. La actora, disconforme, presenta recurso de casación.

En su recurso el casacionista plantea tres motivos, dos de ellos lo señala de forma y uno de fondo, no obstante, de sus argumentaciones se deriva que el segundo reproche que califica como procesal en realidad corresponde, en su primera sección a la reiteración de la falta de fundamentación alegada con anterioridad y en el siguiente acápite a un agravio de indebida valoración probatoria, es decir de fondo. Por lo anterior, sin importar la denominación que les da el recurrente, atiende esta Sala a su naturaleza para resolverlos.

MOTIVOS PROCESALES En el primer agravio aduce falta de fundamentación de la sentencia. Asienta su reproche en el numeral 137.1. inciso d) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Acusa conculcado el numeral 45.1 del Código Procesal Civil. Señala, la sentencia carece de una fundamentación adecuada por la ineficiente e incomprensible valoración de la prueba en que incurre el Tribunal y en la falta de motivación. Aduce, en el desarrollo y en el fundamento, fueron diversos los criterios equivocados incurridos por el Tribunal siendo el más importante el que las decisiones relativas a la determinación de los hechos probados y no probados, se encuentran totalmente carentes de fundamentación, y vedan de plano la oportunidad de seguir paso a paso cuáles fueron los razonamientos para abrigar el arbitrario catálogo de hechos probados y no probados que expuso. Menciona, el yerro se materializa desde el momento en que las personas juzgadoras omiten manifestarse y tomar en su debida consideración, ciertas probanzas de gran valor que fueron ofrecidas pero que de ninguna forma fueron consideradas para llegar a la determinación final, lo cual conlleva una preterición de la prueba.

Señala, oponerse al hecho probado sétimo por estar referido al “Informe de Evaluación Técnica de los Zoológicos Simón Bolívar y Centro de Conservación Santa Ana”, el cual no fue conocido por la fundación actora, lo cual le deja en indefensión; al hecho probado 9 porque no es un hecho sino una normativa; al hecho probado 16, por ser, en su criterio, una reproducción del “Informe especial de Inspección conjunta sobre las condiciones de cautiverio del León Kivú (..)” además porque, explica, presenta carencias y desaciertos por el fondo. En ese sentido señala, las aseveraciones que realiza el Tribunal no corresponden con la verdad, sino que se trata de postulados ambiguos, que no explican realmente cuáles son los enriquecimientos ni las opciones de ambientación que se debería tener para el tratamiento y cuido de un animal de la naturaleza de Kivú. Reprocha, la fundación actora sí tiene un programa de enriquecimiento para todos los recintos, incluidos los del león.

Reprocha, dentro del informe conjunto se menciona que de parte de FUNDAZOO no se realizan evaluaciones formales periódicas del comportamiento del animal, no hay personal que se encargue del tema que pueda establecer estos procesos a corto plazo; sin embargo, esto es absolutamente falso, porque no se demuestra que no se hacía, también reprocha del informe lo relativo a la alimentación señalando que sí era la adecuada y en relación con las libertades referidas por MAG y MINAE, aduce que estas no tienen basamento legal y que no tienen fundamento. Adiciona, en la fundamentación de los hechos probados se da una apreciación errónea cuando se dice que “En el manejo del animal no se tomaron en cuenta aspectos de comportamiento social, siendo el león el único felino social verdadero”, porque los machos nómadas pueden estar solos o en parejas. Indica, existe una ilegalidad al mencionarse insumos normativos de las asociaciones WAZA y AZA, porque si bien pueden constituir insumos técnicos de alguna valía, no son ipso facto aplicables, no ellos mismos señalan que no se pueden aplicar en todas las regiones y, no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa.

Reclama, todos esos vicios provocan que el Tribunal incurra en una incomprensión inaceptable del elenco de hechos relevantes por lo que ese elenco es incompleto y parcializado y conduce a que no se comprenda la realidad de la situación de Kivú para el 2016 y, aduce, fruto de ello no se valoran en su debida entidad y trascendencia los vicios de los actos administrativos.

En relación con la falta de motivación como causal procesal contemplada en el artículo 137 inciso d) del Código Procesal Contencioso Administrativo, esta Cámara se ha manifestado en reiteradas ocasiones explicando que surge cuando el fallo es omiso en cuanto a ese elemento, ya sea porque se encuentra totalmente ausente, o bien, por cuanto el desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en particular, del debido proceso. Asimismo, debe tenerse presente que se trata de un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones.

Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba realizada por el A quo en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual el Código de rito establece causales autónomas (artículo 138), ya que de lo contrario se desnaturalizaría el motivo específico. La falta de motivación como causal para casar la sentencia, en los términos en que se ha comentado, se da al conculcarse la norma que dispone el deber del juzgador de analizar las incidencias y cuestiones de fondo planteadas por las partes (principio de derecho procesal, integrante del debido proceso, y que, por demás, se encuentra materializado en los ordinales 119 y 122, inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo. No se trata de determinar si el juzgado se pronunció sobre todas las pretensiones incorporadas al proceso por las partes, sino por el contrario, que el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión correspondiente. (Sentencia 126, de las 15 horas 40 minutos del 5 de febrero de 2009).

En concordancia con lo anterior, esta Cámara también ha señalado que “Sobre el vicio procesal de falta de determinación clara y precisa de los hechos, previsto por el mandato 137 inciso c) del CPCA, esta Sala ha sostenido que consiste en una exposición confusa de hechos de grado tal que impide tener certeza de la circunstancia del caso, o bien, por una contradicción palmaria entre los distintos elementos fácticos. Asimismo, se ha dicho, debe diferenciarse este yerro procesal con la preterición o indebida valoración de las probanzas que apareja la inobservancia de normas de orden sustantivo. […]. Así las cosas, puede entenderse este vicio como una falta de motivación, relativa a las circunstancias fácticas del fallo. Nótese que la motivación de un fallo consiste en plasmar o poner en manifiesto las razones o fundamentos, tanto fácticos como jurídicos, por los que se adopta la decisión. […] (resolución 232-2017 de las diez horas cinco minutos del nueve de marzo de dos mil diecisiete) En el caso en cuestión, el casacionista aduce una falta de motivación con varios argumentos, unos ligados a los hechos probados y otros a la apreciación de las pruebas traídas a los autos.

Una vez analizados esos alegatos frente a la sentencia recurrida, se concluye que no se evidencia la falta de motivación reseñada, por las siguientes razones. En primer término, en la determinación de los hechos probados y no probados el Tribunal sí esbozó de forma diáfana la fundamentación de cada uno de ellos. Así, en la sentencia de forma particular cada uno de los hechos probados lleva la indicación individual y exacta del elemento probatorio en el que se asienta, e incluso, expone el folio del expediente ya sea administrativo o judicial, en el que se encuentra tal probanza. En ese sentido, no se constata inconsistencia alguna. En segundo lugar, el casacionista refiere que el yerro se materializa porque no se valoró toda la prueba, señalando una acusación general de preterición de prueba. Contrario a esa afirmación, esta Cámara observa en la sentencia un desarrollo claro y preciso de la valoración probatoria en la sustenta su decisión el Tribunal y, también se constata la existencia del análisis de cada uno de los elementos probatorios en las que sustentan las personas juzgadoras los hechos probados, nótese incluso que el casacionista, en los agravios de fondo correspondientes, recurre ese análisis de la prueba y desarrolla su teoría del caso de frente a la del Tribunal, lo cual constata la existencia del análisis probatorio.

Por lo anterior, resulta improcedente considerar que la sentencia esté inmotivada por carecer de análisis de prueba. En lo que respecta al alegato de que el “Informe de Evaluación Técnica de los Zoológicos Simón Bolívar y Centro de Conservación Santa Ana”, no fue conocido por la fundación actora, del estudio de los autos, se desprende que el informe señalado se encuentra dentro del acervo probatorio del expediente administrativo, por lo que la afirmación no concuerda con la realidad. En tercer lugar, la posición del casacionista respecto a que el hecho probado 9 no es un hecho sino una normativa y su oposición al hecho probado 16, por ser, en su criterio, una reproducción del “Informe especial de Inspección conjunta sobre las condiciones de cautiverio del León Kivú (..)”, no constituyen elementos que puedan ser considerados como causantes de una falta de motivación de la sentencia, porque en ambas corresponde a una técnica empleada por los juzgadores para exponer los hechos probados, sin que con ellos se configure ambigüedad o contradicción alguna.

En cuarto lugar, las aseveraciones que realiza el casacionista respecto a la oposición de fondo del contenido del informe especial reseñado por las personas juzgadoras en los hechos probados, por no ser propios de ser conocidos dentro del vicios de forma aludido, pues corresponde más bien a una oposición que hace el recurrente de la valoración de la prueba, se procederán a analizará en el motivo de fondo correspondiente. Por lo anterior, a no demostrarse la falta de motivación alegada, procede el rechazo del agravio.

MOTIVOS DE FONDO En el primer motivo señala indebida valoración probatoria. En la primera sección de su reproche, se refiere al testimonio del señor Carlos Orrego Vásquez. Indica, el testigo manifestó que el recinto no tenía nada de ambientación ni de enriquecimiento lo cual es falso. Aduce, el testigo no es experto en comportamiento de vida silvestre en cautiverio, lo cual se evidencia con las aseveraciones que hace como que la dieta suministrada no cumplía con las características de su raza para cazar. Acusa, la orden de acatamiento obligatorio no habla de jubilar al león, cosa que manifestó en juicio el señor Orrego Vásquez, también indiscutiblemente llevando a error a los jueces, quienes señala, no analizaron con detalle la documentación del expediente administrativa y en especial la ordena administrativa impugnada. Aduce, el testigo, en sintonía con la línea de resolución del Tribunal de Juicio revalida AZA y WAZA como presuntos organismos internacionales rectores y competentes en esta materia; sin embargo, olvida que estas organizaciones internacionales no poseen estándares universalmente válidos para el mantenimiento de animales en Zoológicos.

Explica, AZA tiene lineamientos para guiar la construcción de recintos y el manejo en la región de Norteamérica, WAZA no los tiene. Además, indica, no es cierto que el león no tuviera como esconderse del público, con instalaciones como cueva, contenciones, separación del público con vegetación, ni enseres para rasgar, porque tenía troncos; agrega tampoco es cierto que no tuviera lugar para marcar el territorio, al contrario, acreditativo del hecho de que sí lo hacía, por eso la presencia de óxido de algunas partes del recinto. Acusa la legislación costarricense no contempla estándares para el mantenimiento de leones en cautiverio y, sostiene, contrario a lo señalado por este testigo, no existe evidencia de maltrato animal contra el felino, precisamente debido a la hoja de inspección presentada por SENASA que consta en el expediente. Añade, otro de los flancos en que puede evidenciarse incorrección y ligereza en la declaración del testigo, se aprecia en las condiciones del encierro, porque este deponente pronuncia determinadas consideraciones sobre los presuntos requerimientos y características de la jaula, a pesar de no ser arquitecto o ingeniero; tampoco es especialista en enriquecimiento ambiental, y opina sobre estos temas, achacando incumplimientos a la Fundación actora; sin embargo, señala los médicos veterinarios no reciben cursos de enriquecimiento ambiental en su carrera, tampoco es nutricionista especializado en dieta de fauna silvestre, razón que permite concluir, con criterio de causa, que este testigo en realidad no valoró la dieta, la adquisición y el transporte de los alimentos, el respeto a la cadena de frío, ni la preparación de los alimentos, aspectos en los cuales resulta lógico su silencio, ya que no tiene ninguna experiencia.

Aduce, en el interrogatorio del juicio oral y público se le pregunta sobre su experiencia en manejo de leones, punto sobre el cual reconoce que se trata de una especie exótica, que no es nacional y que utilizó para el manejo del león que es una especie internacional, fueron las recomendaciones de WAZA y AZA, que, reitera no constituyen instrumentos normativos directamente aplicables a nuestro país, en primer lugar porque no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, y luego porque estos mismos textos presentan de modo expreso un "descargo de responsabilidad" en este mismo sentido, siendo simples recomendaciones, porque la parte legal y de reglamentación la llevan los gobiernos. Añade, es una suposición carente de prueba, la de que se giraron órdenes administrativas u órdenes sanitarias, y también es falso que las autoridades administrativas no recibieron el expediente clínico del historial del león de parte de la Fundación actora; lo cual cae por su propio peso al trasluz de la prueba portada, especialmente de las actas notariales levantadas al efecto y aportadas junto con el escrito de interposición de la demanda.

Indica, el traslado de Kivú no se hizo por condiciones de salud anómalas del animal, sino por el presunto problema de bienestar del recinto, sin embargo, dentro de este tema abunda la ligereza, improvisación y subjetividad porque los alegados problemas del recinto, no se sustentan en criterios técnicos o científicos, por lo cual no es dable el argumento de que no se le garantizaban al felino las condiciones mínimas de locación y de comodidad. Aduce, el recinto fue construido por el gobierno de Costa Rica, tiene ochenta años de existencia; sin embargo, nunca constituyó problemas o transgresión de las condiciones de vida de la fauna silvestre, sino precisamente hasta que la Fundación demandante asumió la administración del Zoológico. Señala, fue construido según arquitectura de la época, en él vivió Kivú 18 años sin presentar ningún problema de salud ni de comportamiento, sino precisamente hasta 2016 y exclusivamente por la presión de la opinión pública ambientalista.

Sostiene, tampoco es cierto que el mismo no permitiera expresar las condiciones propias de la especie, antes bien, el recinto no era ajeno del todo a las faenas de enriquecimiento animal, pues contaba con cuatro tarimas con rampas apropiadas para el problema médico de Kivú, troncos, matones de zacate además de la llanta que era su preferida y que le permitía actividades como rasgar y acechar, propios del comportamiento de un felino de este tipo, marcaba territorio, se escondía en una tarima tapada con vegetación, de manera tal que -a contrapelo de lo estatuido en la sentencia, tenía reales posibilidades de apartarse de los espectadores de la jaula, pues se resguardaba en la cueva y en las contenciones, también se acostaba dándole la espalda al público y, como es el comportamiento normal de los leones, pasaba más de 20 horas dormido. Señala, si la condición corporal se mide así: 5- obeso, 4- sobrepeso: 3- ideal. 2- delgado.

Y 1- emaciado; cuando el testigo Orrego Vásquez induce que la condición corporal en la inspección del 26 de julio era de "2", está indicando que estaba delgado, y para el mes de setiembre del mismo año, esa condición estaba en "3" según el doctor Randall Arguedas, quien atendía el animal, por lo que ya estaba en la condición ideal y quedaba entonces sin ningún motivo o sustento técnico, el acto administrativo, porque para el día que se lo llevaron, la condición corporal de animal había mejorado y era la ideal. En un segundo acápite explica que, en su criterio, la sentencia de primera instancia también revalida y sobredimensiona la declaración de la señora Shirley Ramírez Carvajal, a pesar de que su testimonio es enteramente complaciente con la hipótesis o teoría del caso de la parte demandada, y expone hechos que no son ciertos o que no cuentan con ninguna prueba, pretendiendo así llevar a error el Tribunal.

Acusa, la señora Ramírez señala que la jaula era deficitaria porque no garantizaba la ambientación del león y no le permitía al animal el ocultarse del público, no obstante, ésta es una afirmación gratuita pues no cuenta con prueba alguna que la respalde, porque en realidad, la jaula tenía la cueva, las contenciones y la vegetación afuera del recinto en las que podía ocultarse, por lo cual, el dicho de la señora Ramírez Carvajal deviene falto de fundamentación desde la esfera probatoria, igualmente su relato no es más que un conjunto de suposiciones, por ejemplo, mencionó, sin ninguna prueba, que no tenía ni una sola hoja verde, cuando la realidad es que en el sitio estaban tres macollas de zacate Tanzania, y en cuanto a objetos de enriquecimiento, tenía el tronco y la llanta que aprovechaba como elemento de manipulación, además, señala, regularmente se le enriquecía de forma sensorial con esencias para estimular el sentido olfatorio y alimenticio que consistía en costillares de res y cortes de osobuco, y, en la cueva se le ponía zacate y heno.

Señala, es completamente falsa y tendenciosa la afirmación de que la directora de la Fundación solicitara que se fuera el veterinario de la UNA, lo que ella indicó es que la Ley de Vida Silvestre y su Reglamento decían que únicamente funcionarios que estuvieran en el Registro Civil podían hacer inspecciones, tal como lo acredita el acta notarial del 26 de julio, revestida de la fe pública que rige el accionar y el desempeño de los profesionales en esta materia. Apunta, tampoco es cierto que SENASA nunca tuviera copia o acceso al expediente clínico del león Kivú, lo cual se sustenta, con la declaración de Randall Arguedas Porras, así como con el acta notarial del 26 de julio de 2016. Añade, la señora Ramírez Carvajal igualmente menciona que cuando se llevaron al león Kivú, a éste se le brindaron todos los cuidados y las atenciones posibles que se evaluó y monitoreó su estado de salud, que se le propinaron los cuidados médicos adecuados, sin embargo, indica, nada de esto es cierto, los mencionados exámenes médicos que se le practicaron a Kivú son en realidad inexistentes, ya que nunca se aportaron a los respectivos expedientes administrativos y que en caso de existir, tales dictámenes tampoco fueron aportados por ningún medio o formato a los autos procesales.

Acusa, además, pretende confundir deliberadamente al Tribunal al manifestar que los informes semanales eran de un solo párrafo, lo cual se puede negar con un simple cotejo de estos. Señala, la señora Ramírez Carvajal estuvo en la visita al Zoológico Simón Bolívar del 26 de julio entonces resulta inaceptable su manifestación de que ella no sabía nada de la salud del león si ahí se explicaron todos los detalles. En la tercera sección, el recurrente acusa que en la sentencia no se toma en cuenta por el a quo, que incluso en su contestación de demanda, la Procuraduría General de la República reconoce de modo expreso que nunca existió un informe técnico de SENASA, lo único que consta en el expediente es "un informe técnico desarrollado por profesionales biólogos especialistas en manejo y conservación en vida silvestre y veterinarios especializados en vida silvestre", a lo que indica, debe tenerse en cuenta que SENASA es el único órgano con competencias técnicas para intervenir en estas materias; siendo así que sus atribuciones, previamente definidas y originadas en ley formal, no pueden delegarse a la primera persona que aparezca, aunque ésta se haga titular como "profesional".

En la última sección del reproche, reitera su teoría del caso, se refiere de forma general a las consideraciones dadas en la demanda sobre lo que considera son vicios por falta de competencia y la recapitula señalando que, el MINAE, el SINAC y SENASA hicieron exigencias desproporcionadas, pertenecientes y propias a documentos que son de carácter técnico y no normativo, y que en todo no forman del ordenamiento jurídico del país, y explica, que aunque no pone en duda la conveniencia de muchas de estas prácticas, guías de acción y recomendaciones, es lo cierto que la mayoría requieren de tiempo y de recursos para ser implementadas, y sobre todo de la buena fe y de la colaboración de las autoridades de gobierno, buena fe y ánimo de colaboración que siempre estuvieron ausentes.

Para el mejor entendimiento de lo que se resolverá, es indispensable reseñar la valoración que sobre las pruebas y los puntos en debate se realizó en la sentencia. El Tribunal, indicó que conforme el Informe Especial conjunto, la razón fundamental por la cual se adoptó la decisión de traslado, se enmarca en las condiciones del recinto y ambientación. Señaló, la salud de Kivú, que era un animal geriátrico y estaba superando el promedio de la edad que podían vivir leones en cautiverio, no fue en realidad el mérito de la decisión administrativa de traslado las condiciones de salud de Kivu, sino el estado de la jaula donde estaba el animal, la falta de bienestar animal y el incumplimiento de Fundazoo en atender una orden administrativa válida y conforme a derecho dictada por la Administración. Adujo, el oficio DM-807-2016 MINAE, el informe especial realizado en forma conjunta por el SENASA y el SINAC, en que se basa ese oficio y la resolución R432-2016-MINAE no poseen vicios de nulidad, y son conformes a las mejores prácticas recomendadas por organismos internacionales en cuanto al manejo de un león y el incumplimiento de la orden administrativa de construcción de un nuevo recinto fue lo que provocó el traslado del león.

Mencionó, el nuevo recinto escogido por el MINAE aseguraba, mejor que el del Zoológico Simón Bolívar, el bienestar animal de Kivu. Indicó, la parte actora simplemente recurrió a explicar sus puntos de vista en las falencias que considera describe el informe en cuanto a las condiciones del león, pero no aportó ningún criterio experto ni criterio técnico pericial que pudiese demostrar su dicho y por ende, debatir de forma correcta el criterio vertido por los funcionarios de la Administración, quienes sin excepción, demostraron dominio en la materia y sus declaraciones fueron fluidas, claras, fundamentadas y sin lugar a dudas, técnicas, lo cual, señaló, no demostraron los declarantes de la parte actora. Adujo, la representación del Estado aportó expertos en la materia de vida silvestre de la Universidad Nacional, y un médico veterinario con una maestría en manejo y conservación de vida silvestre, un doctorado en ciencias ambientales y una maestría en Cites, funcionarios públicos, con experiencia en vida silvestre por sus labores, para que explicaran las fundamentaciones técnicas -desde su experticia- del Informe Especial en el área de su competencia, mientras que la representación de la parte actora no aportó ningún conocedor en materia de etología o enriquecimiento ambiental para defender sus posiciones en los temas de enriquecimiento ambiental o bienestar animal.

Señaló, dentro del grupo de profesionales que acudieron a revisar al león y sus condiciones, el mismo fue evaluado desde un punto de vista veterinario, nutricional y de sus condiciones de enriquecimiento ambiental y bienestar animal, lo último competencia del veterinario y la bióloga declarantes, quienes fueron muy amplios en las razones por las cuales se decidió emitir en el Informe Especial, la orden administrativa relativa a la jaula de Kivu. Reseñó, que el testigo Carlos Orrego Vásquez, declaró que es médico veterinario, tiene una maestría en manejo y conservación de vida silvestre, un doctorado en ciencias ambientales y una maestría en Cites, trabaja para el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Sistema de Áreas de Conservación desde el 2003, y es la autoridad administrativa Cites, y del 2016 al 2018 coordinador de vida silvestre, y en esta administración es asesor del Viceministerio de Aguas.

En igual forma, en lo que respecta a la señora Shirley Ramírez Carvajal, explicó que declaró que es bióloga de vida silvestre de la UNA y tiene una maestría mesoamericana en la UNA, se graduó en 1998, trabaja en el MINAE dentro de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, desde febrero de 2016, en esa época era asesora del despacho de la Viceministra en vida silvestre. Sobre estos testimonios, explicó, que ambos participaron del traslado del león Kivú y son expertos en materia de vida silvestre y enriquecimiento ambiental, por lo que no son de recibo los argumentos del representante de la parte actora, quien descalifica las condiciones profesionales de los servidores públicos por no contar con fe pública o ser arquitectos como el profesional Alvarenga para medir las jaulas o bien, simplemente, al ser ayuna la normativa nacional en torno a los recintos y técnicas de bienestar animal en tratándose de una especie no autóctona como lo es, un león.

Indicó, tales argumentos son inadmisibles, porque de la simple confrontación de la información brindada por los profesionales, es evidente que los expertos en materia de vida silvestre y enriquecimiento ambiental son aquellos que están formados en esas ciencias técnicas, el médico veterinario y la biológica, que cuentan con estudios superiores en la materia, condición que no puede confrontar y mucho menos descalificar, un arquitecto, como pretende la parte actora, aún y cuando éste ostente fe pública o se encuentre incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Señaló inadmisible también la premisa de que la ausencia de normativa nacional que regule propiamente, el bienestar animal de una especie no propia de nuestra zona, implique en alguna medida, que no se deben observar criterios técnicos, aunque sean de fuentes supranacionales, y explicó que, por el contrario, la obligación del Estado costarricense es asegurar el bienestar animal de todas las especies, debiendo acudir para ello, a todas las fuentes nacionales e internacionales que puedan orientar el éxito en la adopción de decisiones técnicas como las que nos ocupan.

Concluyó, que sí existe motivo y motivación en los actos administrativos impugnados, los cuales sí contaron con el criterio técnico especializado para tomar la decisión correcta sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico. En ese sentido señaló, el fundamento técnico contenido en el Informe Especial, que es el mismo contenido en el oficio DM-807-2016 MINAE, y lo señalado en la resolución R-432-2016- MINAE, se encuentra presente y conforme a derecho. Reiteró, el motivo medular del traslado del león, no fue ni el aspecto de la salud ni la nutrición, sino las pésimas condiciones de la jaula donde se encontraba recluido en el Zoológico Simón Bolívar y el poco o inexistente enriquecimiento ambiental y por ende, el deficiente bienestar del animal que se presentaba en su perjuicio, el cual no sólo implica el ser atendido médica y nutricionalmente, sino el contar con las condiciones adecuadas para poder desarrollar comportamientos de su especie en hábitats lo más cercanos a los que tiene en la naturaleza, conforme recomendaciones de entes reconocidos internacionalmente como las de Waza y AZA.

Añadió, considerar que por su antigüedad, no es cierto que la jaula de Kivu en el zoológico Simón Bolívar cumpliera con las recomendaciones de WAZA y AZA recién transcritas y explica que la necesidad de dotar al león de encierro más adecuado, no era un tema desconocido para la parte, porque se encontraba en el Plan Maestro para el Centro de Conservación Santa Ana de la Fundación Prozoológicos Fundazoo de agosto de 1993, en el que la Fundación había señalado en su propuesta la existencia de una sabana africana, el cual nunca se concretó en toda la vida de Kivu. Indicó, el león Kivu era un “bien de dominio público” y la Fundación lo tuvo en supervisión por 18 años, no era su dueña ni ostentaba ningún derecho sobre éste, solamente, estaba bajo su cuido conforme a la relación contractual que mantenía con el Estado, sin que ello implique un derecho sobre la vida y explotación del león. Insistieron, Kivú era responsabilidad del Estado y explicaron que acorde con la doctrina que se desarrolla en torno a la evolución del concepto de “persona no humana” se estima un sujeto de derecho, por lo que en efecto corresponde conforme al ordenamiento jurídico, el tutelar de tal condición es el Estado.

Además, señaló que conforme a los términos de la relación contractual que mantiene el Estado con la Fundación, este podía exigir a la misma que cumpliera los términos del acuerdo, en el cual se ofreció un Plan maestro desde el año 1993, y al menos, algunas condiciones para ofrecer al león en sus últimos años para proveer de una mejor calidad de vida, por lo que ante el evidente incumplimiento, aunado al estado de emergencia que significó el incumplimiento de la Fundación en cuanto a la orden administrativa de construcción de un nuevo encierro y traslado por su avanzada edad del león a un recinto fuera de la vista del público, obviamente, que cumpliera condiciones técnicas de tamaño, dimensiones, estructura y enriquecimiento ambiental y la evidente necesidad de sacar de exhibición al león, la Administración lo que procuró fue encontrar un recinto adecuado para el león que cumpliera con los requerimientos necesarios para el enriquecimiento ambiental y el bienestar animal de Kivu con el compromiso de que el mismo ya no fuera exhibido.

Añadió, de la inspección judicial de los dos recintos en que vivió el león Kivu en el Zoológico Simón Bolívar y en el Zooave; en el primer caso coinciden que la jaula era demasiado antigua, se mostraba deteriorada por el paso del tiempo y el marcaje del león, que la misma era demasiado reducida y había contribuido a comportamientos estereotipados del animal, que inclusive es posible observar en los videos de las noticias que se dieron en ese período, conclusión que es armónica con las declaraciones de los funcionarios del Estado recibidas en el juicio oral y público. Explicó considerar que, si bien no se podría garantizar que la jaula del Zooave fuera conforme en un ciento por ciento a todos las recomendaciones o parámetros de la Waza y Aza, sí cumplía con la mayoría y significó un gran avance en materia de ambientación, bienestar animal, así como en tamaño, topografía diversa, sustratos diferentes, follaje, recintos interior y exterior, y barreras naturales donde podía alejarse de la vista de las personas, además de otras condiciones de construcción y seguridad para Kivu, pudiéndose observar en los videos que el león recorría el recinto durante el día y la noche, marcaba los troncos, tenía más movilidad, mostró su molestia por la presencia de personas, se alejó y escondió de ellos, y que según declaró la bióloga del MINAE en juicio, se pudo observar comportamientos naturales de su especie, por lo que consideró que el recinto del Zooave, escogido por el MINAE aseguraba mejor que el del Zoológico Simón Bolívar el bienestar animal de Kivu.

Por todo lo anterior, adujo considerar que el Informe Especial cuestionado es conforme a la ciencia y la técnica de acuerdo a los parámetros establecidos en los documentos de WAZA y AZA y la experticia -no desvirtuada- de los profesionales de las entidades públicas, que por ley deben de fiscalizar las labores de la Fundación y por ende el oficio DM-807-2016 MINAE, y la resolución R432-2016-MINAE, resultaron conformes a derecho y no carecen del motivo y fundamentación necesarios conforme la Ley General de la Administración Pública.

De previo al conocimiento del agravio, considera esta Cámara oportuno hacer el siguiente análisis. Como bien reseñó el Tribunal en la sentencia en estudio, a nivel mundial, se puede encontrar el sistema jurídico ha venido evolucionando en lo que respecta a la naturaleza y el bienestar de los animales para establecer, de diversas formas, la responsabilidad de los seres humanos de promover, procurar y ejecutar la protección del ambiente, y dentro de ella a los animales. Así, se evidencia, por ejemplo, en diversos instrumentos internacionales tales como, los Convenios Europeos para la Protección de los Animales, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-23-17 de 15 de noviembre 2017, refiriéndose a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, dispuso: “62.

Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales.” (El destacado está agregado).

En consonancia con lo anterior, diversos países alrededor del mundo han emitido normativa en la que se contempla y reconoce a los animales como seres sintientes o personas no humanas (México, Francia y Portugal), y algunos han reconocido explícitamente en sus constituciones el derecho a la protección, (Alemania y Luxemburgo), y de la dignidad de estos (Suiza). En ese contexto, el papel que desempeñan las instancias jurisdiccionales resulta determinante para que esa protección sea efectiva, debiendo decantarse las personas juzgadoras por la búsqueda de una verdadera justicia ecológica. En esa línea se han emitido sentencias reconociendo derechos a entidades naturales como los ríos Whanganui (Nueva Zelanda), Ganges (India) y Atrato (Colombia), y de animales como es el caso de la orangutana Sandra (Argentina). Costa Rica no ha sido excepción en este reconocimiento, prueba de ello es que se han emitido diversas normas con vocación protectora, tales como Ley de Conservación de Vida Silvestre, No.7317; la Ley de Bienestar de los Animales No. 7451, la Ley General del Servicio de Salud Animal No. 8495 y el sistema sancionatorio regulado en el Código Penal No. 4573.

Y, en el ámbito judicial, la Sala Constitucional, también ha trazado una línea jurisprudencial que se orienta a superar los razonamientos antropocentristas en línea con la Corte IDH supra transcrita; con una evidente firmeza en la protección del ambiente y de los animales que esta Sala comparte. En ese sentido, la resolución 13553-2016 de las once horas y treinta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis, emitida incluso antes de la Ley de Bienestar Animal, señaló: “III.- La protección constitucional al bienestar de los animales. Si bien es cierto, nuestro texto constitucional no tiene una normativa expresa que tutele el bienestar animal, como la tienen países como Alemania y Suiza, en su desarrollo jurisprudencial, la Sala Constitucional ha determinado que la prohibición del maltrato animal tiene asidero constitucional en el ordenamiento costarricense, derivado de los artículos 28 y 50 de la Constitución Política.

La Sala ha determinado que los seres humanos no sólo tenemos un deber moral de actuación con respecto a las demás personas, sino también en relación con el entorno natural que nos rodea. En ese sentido, se ha considerado que el maltrato a los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, y que además forma parte del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Sobre ello pueden consultarse al respecto las sentencias 1993-3705, 1995-5893 y sin duda la más emblemática, la 2012-4620. En ésta última decisión se establece que la inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana y que los hace merecedores de protección y un trato digno. Así, la fauna silvestre o salvaje, aquella que vive sin intervención inmediata del hombre para su desarrollo o alimentación, es protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies.

Por su parte, la fauna domesticada o en proceso de domesticación se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad ética que atiende a una concienciación de la especie humana respecto del modo justo y digno con el que debe interactuar con la naturaleza. Por otra parte, se establece que: “la superioridad racional –moral- del hombre no puede significar la ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes no humanos” .... “En este contexto, precisamente, el maltrato a los animales constituye un acto contrario a la dignidad toda vez que el ejercicio de esta última comporta un deber moral de actuación tanto con respecto a los demás seres humanos como en relación con el entorno natural que lo rodea. De ahí que se coliga con facilidad que el maltrato a los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que su prohibición y prevención deviene un asunto de relevancia constitucional.” (sentencia 2012-04620) Esta línea jurisprudencial sostenida por Tribunal es conteste con la de otros Tribunales Constitucionales, como el de Colombia, que ha hecho un amplio desarrollo del fundamento constitucional a la prohibición al maltrato animal, entre otras, en sus sentencias C-666-10, C-083-14 y C-095-16.

La Corte Constitucional Colombiana señala que la noción del bienestar animal comporta un límite y una obligación de los seres humanos de actuar con respeto a los animales por tratarse de seres sintientes que forman parte del contexto en que se desarrolla la vida de las personas. Ese Tribunal consideró que la protección a los animales se concreta a partir de dos perspectivas: “(…) la de fauna protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies; y la de fauna a la cual se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, protección esta última que refleja un contenido de moral política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres sintientes”. (sentencia C-095-16 Tribunal Constitucional) Señala ese Tribunal que un deber de rango constitucional para el Estado comporta obligaciones concretas de las diferentes ramas públicas de restringir el apoyo, el patrocinio o participación positiva en actos que impliquen el maltrato animal, de tal forma que no podrá asumir un papel neutro en el desarrollo de la protección que corresponde otorgarse a los animales.

Asimismo, teniendo como fundamento a la dignidad humana, la protección animal impone cargas de respeto de los seres humanos con los seres sintientes. A pesar de la existencia del deber de protección al bienestar animal, la Corte colombiana avaló unos límites legítimos, entre los cuales se encuentran: (i) los hábitos alimenticios de los seres humanos, (ii) la investigación y experimentación médica y, (iii) la cultura. En cuyo caso, el operador jurídico deberá armonizar en cada caso concreto, cuando haya tensión entre el bienestar animal y los límites al deber de protección. Por lo tanto, del interés superior de protección del medio ambiente y a la fauna, surge un deber de resguardo de los animales contra el padecimiento, el maltrato y la crueldad. De la relación entre la naturaleza y los seres humanos se puede inferir el estatus moral de la vida animal y el reconocimiento de la capacidad de sufrimientos a los mismos, por ello se entiende que son seres sintientes que conllevan a una serie de obligaciones para los seres humanos, de cuidado y protección.

De este deber constitucional que surgen obligaciones de cuidado y prohibiciones de maltrato y crueldad contra los animales, a menos que éste de por medio de alguno de los límites señalados.” Con base en lo anterior, adicionó el órgano constitucional, se evidencia que existe un mandato en el ámbito constitucional y legal para regular la protección animal, posición que reconoce y reafirma esta Cámara.

En su reproche, el casacionista acusa una indebida valoración probatoria respecto de los testimonios de Carlos Orrego Vásquez, Shirley Ramírez Carvajal, así como del "Informe Especial de Inspección conjunta sobre las condiciones de cautiverio del León Kivú (Panthera leo) mantenido el zoológico Simón Bolívar bajo la administración de la Fundación Prozoológicos (Fundazzo)”, preparado por los veterinarios, Danilo Leandro e Ileana Céspedes, ambos funcionarios de SENASA, Carlos Mario Orrego, funcionario del SINAC, Shirley Ramírez funcionaria del MINAE, Jorge González y Yeimy Cedeño, ambas personas funcionarias del SINAC. Esta Sala no concuerda con el recurrente. En lo que respecta a las manifestaciones que realiza en su agravio, aduciendo que los testigos carecen de la experticia y conocimientos en la materia objeto del proceso, es preciso indicar que ambos profesionales cuentan con estudios de grado y postgrado en temas relacionados con la vida silvestre y durante un tiempo prolongado han ejercicio sus profesiones en esas áreas, lo que evidentemente les genera experiencia en manejo de vida silvestre.

Ninguna de esas situaciones o condiciones señaladas en el juicio oral y público por los testigos y tenidas por ciertas en la sentencia, fueron desacreditas en aquel momento procesal y tampoco lo son ahora en estadio casacional, debido a que no se aporta prueba alguna que haga constar que aquellas no son veraces. Así, lo único que realiza el casacionista es exponer una argumentación subjetiva de oposición que finalmente se constituye en una afirmación grosera y carente de fundamento. En cuanto al contenido de las declaraciones relacionadas con las características de la jaula en la que se mantenía a Kibú, tampoco encuentra esta Cámara que exista una indebida valoración de los testimonios ya que estos concuerdan tanto con los informes como, incluso con el reconocimiento judicial llevado a cabo en el sitio por parte de las personas juzgadoras. En autos, la mayoría de las pruebas son contestes en indicar que la jaula de Kivú no constituía un lugar óptimo para su estancia, ya que carecía de estímulos adecuados y suficientes, además de las condiciones no solo de antigüedad sino de deterioro.

En ese sentido, si bien lleva razón el casacionista cuando insiste en que los lineamientos reseñados tanto en el informe como en el acto administrativo que requirió las reformas, no son normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que sí son parámetros objetivos, que se encuentran dictados por expertos internacionales que de forma conjunta han venido trabajando en la conservación, rescate, promoción y defensa de la vida silvestre, así como de los derechos animales en cautiverio. En criterio de esta Cámara el alegato del casacionista referido a que la jaula tenía más de 80 años de construida y que contaba con una llanta, tarimas, matones de zacate y algunos otros elementos, resulta inaceptable, en primer lugar porque constituye una negación del respeto y protección a los que tenía derecho el león Kivú, los cuales estaban en obligación de brindar las personas cuidadoras; y en segundo lugar y especialmente, porque degrada a Kivú como ser sintiente, al no reconocer que era necesario que el lugar donde pasaba su vida, tuviera condiciones dignas, que propiciara su salud en todas las aristas que esta conlleva y que buscara de alguna forma alivianar el hecho de que estaba en cautiverio.

Por otra parte, en relación con los argumentos referidos al informe especial, a diferencia de lo alegado, este sí fue emitido por SENASA, solo que para ello contó, de forma adicional, con la participación de otras entidades estales, que contribuyeron con el aporte de profesionales idóneos y experimentados, quienes también determinaron que las condiciones de la jaula de Kivú debían mejorar. Incluso, constata esta Cámara que, según lo señalado en el escrito de demanda, así como durante todo el proceso, ha sido un hecho sin controversia que Fundazoo debía realizar modificaciones al lugar donde habitaba Kivú, y que esa orden dada por las autoridades estatales se encontraba firme y pendiente de ejecución. En lo que respecta a la sección de agravio relacionada con lo manifestado por los testigos respecto a la constitución física de Kivú, los exámenes realizados con posterioridad y lo relativo a su expediente médico, éstas resultan innecesarias de ser conocidas puesto que está claramente señalado en la sentencia que no son apreciaciones ni razones consideradas por las personas juzgadoras para sustentar su fallo, por lo que no resultarían útiles para quebrarlo.

En cuanto a la última sección del agravio, por la informalidad con la que expone sus argumentos, omitiendo señalar de forma clara qué tipo de agravio se refiere, ni citar las normas que considera infringidas ni cuales debieron aplicarse, ni se refiere a prueba que considera indebidamente valorada o preterida, resulta también insuficiente para modificar en forma alguna el fallo. Por todo lo anterior, resulta procedente el rechazo del agravio.

En el segundo agravio de este tipo aduce violación de normas sustantivas. Acusa falta de aplicación de los artículos 16 y 160 de La Ley General de la Administración Pública, violación a las reglas y principios lógicos de la causalidad adecuada. Acusa, la violación normativa surge cuando el Tribunal duda sobre la hipótesis de la causalidad y niega entonces un nexo causal entre la actividad demostrada en sentencia, que consistió en los daños económicos sufridos, los cuales se avalaron incluso sobre la base de prueba técnica y contable -de una parte- y las actividades dañosas de alguna forma incitadas o promovidas por el Estado, que consistieron en un daño a la imagen de FUNDAZOO ante la opinión pública, lo que originó una reducción sostenida de la afluencia de visitantes al zoológico desatendiendo las reglas de sentido común, lógica y razonabilidad que derivan entre otros de los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública.

Explica, la hipótesis esgrimida no es un punto quimérico o utópico, no se trata de una serie de argumentos insólitos o descabellados, sino que lo que se alega como daños a los intereses económicos, es una natural consecuencia, derivación o implicancia del principio del libre juego de las fuerzas económicas, así como de una consecuencia natural del daño a la imagen que debió tenerse por demostrado al trasluz de la prueba aportada, y que fue considerado solo muy marginalmente por el Tribunal. Aduce, los daños y perjuicios alegados y reclamados son ciertos, certificables y existentes en la realidad; siendo que con multitud de subterfugios, las personas juzgadoras pretenden deslizar la atención hacia puntos accidentales que no tienen vínculo alguno con el relato principal, porque es innegable que sí se dio una campaña sistemática de desprestigio en contra de FUNDAZOO desde mediados de 2016, se “acribilló” a la fundación actora tanto por las redes sociales como por la prensa escrita y televisiva, todo esto claro está, ante la connivencia y la cooperación clara y decidida del Estado y de sus autoridades, las cuales nunca se preocuparon por garantizar condiciones de acceso imparcial a la información, tal como es su deber constitucional.

Acusa, es inexistente la insuficiencia probatoria que señala el Tribunal como impedimento para otorgar los daños y perjuicios, encontrado cada una de las partidas su debido soporte en asientos y documentos contables, los cuales figuran en el expediente y que también fueron presentados en su debida oportunidad ante las propias autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía. Reprocha, exigir una demostración expresa y casi que documental, sobre la relación de causalidad existente entre la campaña de desinformación y distorsión de la realidad orquestada por los medios de la opinión pública e incentivada por las propias autoridades de gobierno, en relación o como motivo desencadenante de los daños y perjuicios invocados y productos en la esfera económica de la Fundación actora, no es más que una exigencia imposible. Señala, en todo caso, se dejan de aplicar el sentido común y los principios de la lógica inferencia de daños a partir de una situación muy circunstanciada de antecedentes también de tipo fáctico; y explica, al incurrir en falencias de esta forma, el Tribunal sentenciador incide en formalismos inaceptables, pues por ejemplo, simplemente cataloga que los daños y perjuicios no fueron demostrados, pero deja de preguntarse ¿qué otros factores o causas, si no es esta sistemática campaña de desprestigio en los medios de comunicación -promovida en parte por las propias declaraciones brindadas por funcionarios administrativas de SENASA y del MINAE a los medios de prensa pudieron haber justificado la radical y draconiana disminución en el número de visitantes al Zoológico Simón Bolívar, precisamente para las fechas que tuvieron lugar los actos administrativos impugnados?

Añade, en cuanto al Oficio OM-0502018 del 09 de febrero de 2018, el Tribunal señala que es un estudio más completo que el aportado por la parte actora, sin embargo, en ningún momento se explican consistentemente las causas o fundamentos de esta aseveración, ni por qué los jueces consideran que efectivamente es más completo, considerando que el documento aportado por la parte actora está revestido e impregnado de la fe pública del contador. Aduce, en todo caso, y aunque parcialmente puedan compartirse las conclusiones de este informe de Oficialía Mayor del MINAE en el sentido de que en los últimos años ha venido reduciéndose la afluencia de visitantes al Zoológico Simón Bolívar, es lo cierto, sin embargo, que ésta sola circunstancia no anula o desnaturaliza la tesis central de la parte actora en su escrito de demanda, sobre todo a partir del año 2016 que se dio una disminución drástica y marcada de ingresos por compra de entradas para el zoológico, precisamente porque a partir de agosto de 2016, inició la campaña de desprestigio en contra de FUNDAZOO.

Indicó, para comprobar lo anterior, tómese en cuenta que prácticamente todos los días se publicaban amplios reportajes en prensa escrita y en televisión, sobre el supuesto mal estado del animal, sin que mi representada pudiera ejercer el derecho de defensa ante tal sesgo en la información puesta al alcance de la ciudadanía, por lo cual, aunque el león fue trasladado del recinto donde lo mantenía la Fundación actora en el mes de diciembre de 2016, es lo cierto que desde el mes de julio de ese mismo año inició la irracional y burda campaña mediática contra la Administración del Parque Zoológico Simón Bolívar, por lo que a partir de esta fecha es que se generan los daños y perjuicios en la esfera jurídica de la accionante. Resume, todas las circunstancias antes apuntadas, de haber sido analizados al tamiz y según las reglas de la sana crítica racional, principio de interpretación analítica que es de obligatorio acatamiento para los jueces, y también según reglas lógicas de derivación e inferencia, hubiesen conducido a un fallo del todo distinto al que finalmente emitieron las personas juzgadoras de primera instancia.

El Tribunal, al resolver este punto señaló que la prueba contable que aporta la parte actora si bien demuestra una disminución en los ingresos del zoológico en los años 2016, 2017 (comparado con las cifras a partir de agosto de 2015), con ello no se demuestra que el origen haya sido el traslado del león Kivu del Simón Bolívar al Zooave en el mes de diciembre de 2016, señala, con ella se demuestra un hecho, no el nexo causal que debe estar presente para exigir responsabilidad al Estado, conforme al numeral 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Adujo, el zoológico pretende que se indemnice el período que ellos han definido de agosto de 2016 a agosto de 2017; sin embargo, debido a que el trasladado se dio en diciembre de 2016, y el león Kivu falleció en de febrero de 2017, cualquier reclamo debería haberse suscrito a ese período. Aunado a lo anterior, explicó, la contestación de la demanda, la representante estatal aporta otro cuadro comparativo que en el momento procesal oportuno no fue atacado por la parte actora, pidiendo un perito judicial sobre lo que ahí se señalaba, así, dicho estudio se considera más completo por cuanto abarca los ingresos desde el 2012 y al 2017 y a partir de la información que mensualmente les ha facilitado la parte actora, Fundazoo, realizan un estudio comparativo de los ingresos.

De dicho estudio se puede comprobar que como afirma la representación estatal, los ingresos en el Zoológico Simón Bolívar han ido disminuyendo constantemente año con año, teniendo picos de ingresos altos normalmente en las épocas de vacaciones. Añadió, mediante el oficio OM-050- 2018 del 09 de febrero de 2018, se comprueba en el estudio comparativo de ingresos el año 2012 al año 2017, por visitas al Zoológico realizado por la Oficialía Mayor del MINAE, que estos han ido disminuyendo constantemente año con año, mejorando solo en las épocas de vacaciones. Transcribió: "(...) Resultados del análisis (sic) La comparación de los ingresos de agosto del 2012 a agosto del 2017, permite identificar un comportamiento cíclico de los ingresos, con un incremento en periodo de vacaciones de medio año, así mismo los ingresos tienden a un decrecimiento en cada año. Ver gráfico N°1 Si comparamos los ingresos de los períodos de agosto 2012 -agosto 2013 con agosto 2013 - agosto 2014, ver gráfico No.2 Se determina esta tendencia del decrecimiento del ingreso, esto contando con la exhibición del león Kivú.

Así mismo con la comparación de los ingresos de los períodos de agosto 2015- agosto 2016 con agosto 2016 - agosto 2017, ver gráfico No.3. Los gustos y preferencias del consumidor en este caso se ven afectados por una serie de variantes como, por ejemplo: La tendencia mundial de observar los animales en cautiverio, pero en condiciones diferentes, con mayor espacio y ambientes más acordes con sus hábitats naturales. La competencia y reciente interés en zoológicos diferentes con mayor cantidad de animales y especies exóticas, como África Safari Park, en la Provincia de Guanacaste o Zoo Ave en Alajuela. Por lo que no se puede afirmar que el efecto Kivú, referente al retiro del león fuera un determinante para la disminución de los visitantes y por consiguiente de los ingresos al Parque Zoológico, dado que no se puede demostrar que fuera por esta razón, la variante de disminución de visitantes al Zoológico Simón Bolívar.” Señaló que, en vista de lo anterior rechaza la relación causal que se pretendía demostrar con el estudio contable aportado por la parte actora.

Recalcó, como importante que el ejercicio de la tutela del bienestar del león Kivu recaía en el Estado, sin que Fundazoo, incumpliente de sus obligaciones contractuales, pueda legítimamente reclamar daños económicos, de acuerdo con el elenco de hechos probados de la sentencia. Añadió, no resultar posible considerar que la Administración tenga responsabilidad por la cantidad y calidad de los reportajes que se dieron a partir de la noticia del estado deteriorado de salud del león Kivu; en los reportajes revisados no ha podido encontrar esta Cámara elementos que le permita comprobar una campaña de desprestigio orquestada por el MINAE o MAG y mucho menos dirigida a favorecer intereses del Zooave como se insinuó por parte del representante legal de la actora en juicio. Explicó, los reportajes fueron simplemente informativos y muchas veces se pidió la posición de Fundazoo, quien señaló no tener nada que manifestar, inclusive en aquellos programas donde el humor y la parodia era la tónica, se manejaron las dos versiones en cuanto a si el león debía permanecer en el zoológico o no; en lo que respecta a las redes sociales, una organización como el zoológico está expuesta como cualquier otro ente o persona a un escrutinio público - cierto o no, eso no lo revisamos- en cuanto a sus actuaciones y por ello tampoco puede pretenderse señalar a la Administración culpable de la opinión pública -errada o no expresada en las copias aportadas.

Indicaron, si el tema de las condiciones de cautiverio del león Kivú despertó el interés de grupos a favor o en contra de estas, no es algo que pueda atribuirse directamente a una actuación administrativa que buscó afectar la imagen del zoológico, esto no fue demostrado en el proceso. Inclusive, añadió, de las copias de los panfletos y documentos de grupos en pro y en contra de la situación de Kivu, el mismo Estado es cuestionado, desvirtuando con ello la supuesta confabulación en contra de Fundazoo, que se reclama también influyó en la disminución de ingresos. En lo referente a la pretensión de una acción resarcitoria para los empleados, señaló la falta de legitimación de la actora legitimación para formular la pretensión; y, en cuanto al daño a la imagen de Fundazoo, señaló que no hay ninguna prueba de un daño a la imagen de Fundazoo por lo actuado por parte de la Administración, -y en todo caso este daño a la imagen sería por actuaciones de terceros, como prensa escrita, televisiva, redes sociales o de grupos sociales a favor o en contra de las actuaciones de Fundazoo o de la Administración-, pero además se considera que en caso de haber existido un daño a la imagen, la misma sería responsabilidad de la propia Fundación al haber creado las condiciones que llevaron a la Administración a actuar como lo hizo respecto a Kivu.

Finalizó señalando que si tal y como ha planteado la representación de Fundazoo, el león era su principal atracción en el zoológico, no se puede entender porque no se le dio la prioridad debida a construir otro recinto más amplio a Kivu dentro del Simón Bolívar, en los casi 18 años que el mismo estuvo bajo la custodia del animal; además indicó que, a pesar de que se afirmó en juicio que la construcción del nuevo recinto se encontraba dentro de los planos de mejoras del zoológico para el 2016, y ni antes o después (julio 2016) de la denuncia se realizó ninguna obra nueva, sino solo las mejoras ordenadas a la jaula antigua en la que vivía Kivu y que se hicieron posterior al Informe Especial y no por iniciativa y como parte de las obligaciones de la Fundación.

En múltiples ocasiones esta Sala ha señalado, con base en el artículo 190 de la LGAP que, el régimen de responsabilidad normado para los daños causados por la Administración es preeminentemente objetivo, siendo el daño el presupuesto elemental de la responsabilidad administrativa. Esto se deriva del cardinal 41 constitucional, según el cual: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales (…)”. En la misma línea, el precepto 196 de la LGAP consagra: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo”. Ese daño debe ser provocado por el funcionamiento administrativo, pues el canon 190 ibid refiere: “La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento (…)”. Así, la Administración responde si en su actuación causa un daño, derivándose tres presupuestos básicos: conducta administrativa (activa u omisiva), daño efectivo y entre ambos un vínculo de causa-efecto, o bien, nexo de causalidad. Todas estas precisiones elementales son indispensables. En ese sentido pueden consultarse las sentencias de esta Cámara 515 de 10 horas 15 minutos del 27 de mayo de 2009, 662 de las 14 horas 20 minutos de 26 de mayo de 2010 y 901-F-S1-2011 de las 9 horas 20 minutos del 11 de agosto de 2011.

En el subjudice, la parte casacionista se encuentra disconforme porque el Tribunal estimó inexistente el nexo causal necesario a efectos de establecer la responsabilidad. Del análisis de la fundamentación dada en la sentencia esta Cámara considera que no lleva razón el casacionista. En primer lugar, se concuerda con el Tribunal en cuanto a que la certificación contable presentada por la parte actora como prueba, únicamente demuestra una disminución de los ingresos por visitación al zoológico y no que estos están ligados o que sean consecuencia del traslado de Kivú, o de alguna actuación del Estado, como pretende hacer ver el casacionista. En lo que respecta al Oficio OM-0502018 del 09 de febrero de 2018, que contiene información comparada de un periodo prolongado por cuanto abarca los ingresos desde el 2012 y hasta el 2017; es innegable que de este se deriva que la disminución de los ingresos del zoológico Simón Bolívar ha sido un hecho constantemente año con año.

En ese sentido, también debe decirse que contrario a lo aducido en el agravio, en la sentencia sí se hace indicación expresa de por qué este le merece credibilidad al Tribunal al señalar, que lo considera más completo precisamente por abarca más periodos que los referidos en la certificación contable aportada por la actora. Por otra parte, como segunda razón, también lleva razón el Tribunal, en cuanto a que no se trajo a los autos prueba alguna permita sostener el argumento de que existe responsabilidad estatal, por la cantidad y calidad de los reportajes que se dieron a partir de la noticia del estado deteriorado de salud de Kivu. En efecto, nada de lo aportado sustenta la afirmación de que el Estado propició una campaña de desprestigio, ni dirigida a favorecer intereses del Zooave, por lo que no existe fundamento alguno para atribuirle a Estado responsabilidad. En ese mismo sentido, deben rechazarse los argumentos del recurso respecto a que la baja en los ingresos se puede demostrar por ser una consecuencia lógica del traslado de Kivú, porque como se dijo, quedó demostrado que la visitación ha venido disminuyendo año con año, resultado entonces que lo lógico es que esa fuera la conducta esperada también para el 2016 y 2017 y; porque como se describió en considerandos anteriores, el proceso de educación, concientización, información, y reinvención por el que ha atravesado la humanidad respecto a la debida protección y resguardo de la naturaleza y en particular de los animales, hace deducir como consecuencia lógica que las personas dejarán de asistir a lugares que tenga animales en cautiverio con condiciones como las que presentaba la jaula de Kivú, ya que si bien ese tipo de encierros hace unas décadas atrás apenas se empezaban a cuestionar, hoy resultan absolutamente inaceptables. Por todo lo anterior, no observa esta Sala que se diera la inaplicación normativa acusada ni violación a la regla y principios aducidos. Por lo anterior, procede el rechazo del agravio.

En mérito de lo expuesto, procederá denegar el recurso. Las costas a cargo del perdidoso.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de quien lo interpuso.

Luis Guillermo Rivas Loágica Rocio Rojas Morales Damaris Varga Vásquez Jorge Alberto López González Jéssica Jiménez Ramírez

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