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Res. 02040-2021 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 11/11/2021
OutcomeResultado
The First Chamber admits the cassation appeal only with respect to the first procedural grievance and all substantive grievances, flatly rejecting the second and third procedural grievances for failure to cure below.La Sala Primera admite el recurso de casación únicamente respecto del primer agravio procesal y todos los de fondo, rechazando de plano los agravios procesales segundo y tercero por falta de subsanación previa.
SummaryResumen
The First Chamber reviews a cassation appeal filed by INVERSIONES MUELLE ESCONDIDO S.A. against the judgment of the Collegiate Court of First Instance of San Ramón, in an ordinary proceeding concerning hidden defects in the sale of a property affected by a water spring. The Chamber examines admissibility and partially admits the appeal. By majority, it flatly rejects the second and third procedural grievances, related to the admission of complementary evidence at the preliminary hearing and the claim that the judgment was based on illegitimate evidence, because the appellant failed to seek cure of the defect at the appropriate procedural stage, as required by Article 69.2 of the Civil Procedure Code. It admits the first procedural grievance and all substantive grievances, finding they meet minimum admissibility requirements. Justices Rojas Morales and Vargas Vásquez dissent, arguing that partial rejection violates the principles of access to justice and effective judicial protection, and that the appeal should have been admitted in its entirety.La Sala Primera conoce del recurso de casación interpuesto por INVERSIONES MUELLE ESCONDIDO S.A. contra la sentencia del Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de San Ramón, en un proceso ordinario por vicios ocultos en la compraventa de un inmueble afectado por una naciente de agua. La Sala analiza la admisibilidad del recurso y lo admite parcialmente. Por mayoría, rechaza de plano los agravios procesales segundo y tercero, relativos a la admisión de prueba complementaria en audiencia preliminar y a que la sentencia se fundó en prueba ilegítima, porque la parte recurrente no gestionó la subsanación del vicio en el momento procesal oportuno, como exige el artículo 69.2 del Código Procesal Civil. Admite el primer agravio procesal y todos los agravios de fondo, por considerar que cumplen los requisitos mínimos de admisibilidad. Las magistradas Rojas Morales y Vargas Vásquez emiten voto salvado, considerando que el rechazo parcial vulnera los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, y que el recurso debió admitirse en su totalidad.
Key excerptExtracto clave
However, it is an indispensable requirement for the admission of procedural grounds that the party sought cure of the defect or error at the appropriate time (as indicated by the appellant for the first procedural grievance). In this regard, Article 69.2 of the Civil Procedure Code states: “Only the party harmed by the non-observance of procedural law may allege a cassation ground on procedural grounds. Furthermore, when the procedure permits, it is indispensable to have sought rectification of the defect and exhausted all available remedies against the decision.” (…) Nevertheless, the development of the grievance provides no reason whatsoever regarding the plaintiff-appellant's action at the appropriate procedural stage, merely criticizing the Court's decisions, thus failing to comply with Article 69.4.3 cited above, by not providing this Chamber the necessary inputs to determine the admissibility of the grievance. (…) Therefore, grievances numbered 2 and 3 on procedural grounds are rejected, and only the first grievance is admitted for substantive analysis in the ruling to be issued by this Chamber. VIII.- Dissenting vote of Justices Rojas Morales and Vargas Vásquez. The majority criterion is respected but not shared for the following reasons: The application of formalistic requirements in the framing of the cassation appeal is unjustifiable, as it defeats the purpose of appellate remedies, given the manifest violation of the principles of access to justice, defense, and effective judicial protection, which prevail over any normative or judicial interpretation, since these are institutes protected at the constitutional and even supra-constitutional level, and cannot be undermined by criteria that unduly limit the parties' ability to appeal.Sin embargo, es un requisito indispensable para la admisión de las causales procesales, el haber gestionado la subsanación del vicio o error en el momento oportuno (tal y como lo indica la casacionista para el primer agravio por razones procesales). Al respecto, cabe indicar lo que el numeral 69.2 del Código Procesal Civil, establece al respecto: “Solamente podrá alegar una causal de casación, por razones procesales, la parte a quien hubiera perjudicado la inobservancia de la ley procesal. Además, es indispensable, cuando el procedimiento lo permita, haber gestionado la rectificación del vicio y haber agotado todos los recursos procedentes contra lo resuelto.” (…) No obstante, el desarrollo del agravio, no esgrime razón alguna, sobre la actuación de la parte actora – casacionista – en el momento procesal oportuno, reprochando las decisiones del Tribunal, incumpliendo así con lo indicado en el numeral 69.4.3 citado líneas atrás, al no brindarle a esta Cámara los insumos necesarios para determinar la procedencia del agravio. (…) Por lo que se rechazan los agravios enumerados 2 y 3 por motivos de orden procesal, siendo admitido para el análisis en resolución de fondo que dictará esta Sala, únicamente el primero de los agravios. VIII.- Voto salvado de las Magistradas Rojas Morales y Vargas Vásquez. Se respeta pero no se comparte el criterio de mayoría por los siguientes motivos: Deviene injustificable la aplicación de requerimientos formalistas en el planteamiento del recurso de casación, los cuales impiden todo objetivo de los remedios impugnaticios, en virtud del palmario quebranto a los principios de acceso a la justicia, defensa y tutela judicial efectiva, de prevalencia sobre cualquier normativa e interpretación judicial, ya que se trata de institutos que se encuentran tutelados a nivel constitucional e incluso supraconstitucional, que no se pueden socavar con criterios que limiten inadecuadamente la posibilidad de las partes de recurrir.
Pull quotesCitas destacadas
"Solamente podrá alegar una causal de casación, por razones procesales, la parte a quien hubiera perjudicado la inobservancia de la ley procesal. Además, es indispensable, cuando el procedimiento lo permita, haber gestionado la rectificación del vicio y haber agotado todos los recursos procedentes contra lo resuelto."
"Only the party harmed by the non-observance of procedural law may allege a cassation ground on procedural grounds. Furthermore, when the procedure permits, it is indispensable to have sought rectification of the defect and exhausted all available remedies against the decision."
Artículo 69.2 del Código Procesal Civil, citado en Considerando V
"Solamente podrá alegar una causal de casación, por razones procesales, la parte a quien hubiera perjudicado la inobservancia de la ley procesal. Además, es indispensable, cuando el procedimiento lo permita, haber gestionado la rectificación del vicio y haber agotado todos los recursos procedentes contra lo resuelto."
Artículo 69.2 del Código Procesal Civil, citado en Considerando V
"Deviene injustificable la aplicación de requerimientos formalistas en el planteamiento del recurso de casación, los cuales impiden todo objetivo de los remedios impugnaticios, en virtud del palmario quebranto a los principios de acceso a la justicia, defensa y tutela judicial efectiva."
"The application of formalistic requirements in the framing of the cassation appeal is unjustifiable, as it defeats the purpose of appellate remedies, given the manifest violation of the principles of access to justice, defense, and effective judicial protection."
Voto salvado de las Magistradas Rojas Morales y Vargas Vásquez
"Deviene injustificable la aplicación de requerimientos formalistas en el planteamiento del recurso de casación, los cuales impiden todo objetivo de los remedios impugnaticios, en virtud del palmario quebranto a los principios de acceso a la justicia, defensa y tutela judicial efectiva."
Voto salvado de las Magistradas Rojas Morales y Vargas Vásquez
"El rechazo parcial o la admisión parcial no tienen cabida a la luz de lo dispuesto por los artículos 69.4, 69.5 y 69.7.2 del nuevo Código Procesal Civil; nótese que la admisibilidad se da para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos formales de presentación."
"Partial rejection or partial admission has no place in light of the provisions of Articles 69.4, 69.5, and 69.7.2 of the new Civil Procedure Code; note that admissibility is intended to verify compliance with minimum formal requirements of filing."
Voto salvado
"El rechazo parcial o la admisión parcial no tienen cabida a la luz de lo dispuesto por los artículos 69.4, 69.5 y 69.7.2 del nuevo Código Procesal Civil; nótese que la admisibilidad se da para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos formales de presentación."
Voto salvado
Full documentDocumento completo
**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at eleven hours zero minutes on the eleventh of November of two thousand twenty-one.
In an ordinary proceeding filed by INVERSIONES MUELLE ESCONDIDO SOCIEDAD ANÓNIMA against APARTAMENTOS DOÑA BLANCA SOCIEDAD ANÓNIMA, in which the plaintiff filed a cassation appeal against judgment no. 225-2020 of 15:26 hours on September 1, 2020, of the Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón). Legal professionals Mauricio Delgado Durán and Francisco Bolaños Montero appear, both as special judicial representatives, the first for the plaintiff and the second for the defendant.
**CONSIDERING** **I.- On matters admissible in cassation:** Pursuant to article 69.7.2 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil) - Law no. 9342 -, it is the responsibility of this Chamber to rule on the admissibility of the cassation appeal. Section II of Chapter IV, Title II of the Code of Civil Procedure, entitled "MEANS OF CHALLENGE" (MEDIOS DE IMPUGNACIÓN), establishes as general provisions - applicable to all remedies regulated in that normative body - the following admissibility filters: i) the rule of exhaustive listing of the means of challenge (e.g., Art. 65.1), ii) the delimitation of standing to challenge (e.g., Art. 65.2), and; iii) the mandatory requirement to state the grounds for the challenge (e.g., Art. 65.5). Subsequently, in that same text, other admissibility requirements were individualized according to the types of remedies, namely: revocation (revocatoria), appeal (apelación), and cassation. The latter has preliminary requirements and others that entail a more complex admissibility analysis (e.g., Art. 69). Regarding the minimum conditions of the appeal, the regulations require that the nature of the proceeding, the parties, and the identification of the challenged resolution be indicated (69.4.1.). By legal mandate, it shall be filed against judgments rendered in ordinary proceedings of higher amount or unquantifiable value (69.1), and must be filed before the Court that issued the challenged resolution within a period of 15 days (69.3.). Regarding the statement of grounds as a material requirement for the admissibility of the challenge, the expression of the specific grounds constituting the basis for cassation is necessary, presented in an orderly, clear, and concise manner (69.4.3). Failure to comply with this burden is sanctioned with the outright rejection of the motion (69.5.4). Furthermore, indicating the legal norms infringed or erroneously applied is essential (69.4.2). In the same vein, the lack of legal basis constitutes a ground for denying the admissibility of the motion (69.5.5).
**II.- Preliminary questions of the appeal:** The introductory requirements have been fulfilled by the appellant - plaintiff -, as the challenged judgment corresponds to the ordinary proceeding of higher amount no. 16-000233-0297-CI. In another vein, the plaintiff's appeal was filed within the period stated above for the following reasons: i) The notification of said resolution was transmitted for the last time, to the parties in common - in accordance with article 38 of the Law on Judicial Notifications (Ley de Notificaciones Judiciales) - on Wednesday, September 9, 2020 (Digital Desk, notification record of 09/10/2020 at 08:13:38 hours, the last notification ordered for the judgment) and corresponded to Thursday, September 10, 2020, as the date of notification; ii) The appeal period expired on Friday, October 2, 2020 (non-business days excluded, Independence Day (09/14/2020)); iii) The plaintiff's appeal was filed on Wednesday, September 30, 2020 (Digital Desk, document of 09/30/2020 at 13:09:01 hours) through the Online Management System. The foregoing correspond to preliminary admissibility requirements; the remaining requirements are addressed below.
**Procedural Grounds.** **III.- Summary of the grievance.** The appellant - plaintiff - alleges the following: "Infringement and erroneous application of procedural norms that are essential for the guarantee of due process. Specifically, violation of articles 2.1, 3.1, 30.2, and 39 of the Code of Civil Procedure" (see image 4). In this regard, they invoke article 69.2.1 ibidem, arguing that the requirement of having requested the correction of the defective activity cannot be demanded of them, because the alleged defect occurs in the challenged judgment. Specifically, the appellant's ground for disagreement is that the arguments made by the defendant when answering the complaint were taken into account, even though the answer was filed untimely. Based on the foregoing, they point out the violation of articles 2.1, 3.1, 30.2, and 39 of the procedural normative body cited above, stating that since it was not in any of the exception scenarios, the Court should have issued judgment. In this regard, they cite: "Contrary to this and disapplying the procedural rules in clear violation of the law, the court held a preliminary hearing, held the supplementary hearing, allowed the defendant to make allegations proper to the complaint's answer in the preliminary hearing and in the supplementary hearing …". They even consider that the judgment was analyzed taking into account the allegations of the untimely answer. Furthermore, they allude to the violation of article 37.2 of the Code of Civil Procedure, regarding the procedural moment for the presentation of defenses (excepciones); they indicate that, based on the cited action, the court tipped the balance, infringing the principle of equality of parties, allowing the defendant to answer the complaint and ordering evidence offered by the defendant. Second section. In this section, the plaintiff – appellant – alleges the "violation of article 41.3, last paragraph of the Code of Civil Procedure, because in the preliminary hearing, supplementary evidence (prueba complementaria) was admitted, confusing this type of evidence with the outdated evidence for better deciding (prueba para mejor resolver)." They invoke article 41.3, last paragraph of the Code of Civil Procedure, regarding the exceptionality of admitting other evidence in the evidentiary hearing. Based on the foregoing, they state that, in the audio of the preliminary hearing, evidence that the defendant offered in the untimely answer was admitted, also considering that the admission was supported by evidence for better deciding, under the figure of supplementary evidence, the purpose of which is to verify or clarify relevant facts. Third cassation ground. The appellant develops the grievance based on article 69.2.5 of the Code of Civil Procedure, pointing out that the challenged judgment was founded on illegitimate evidentiary means or means introduced illegally into the proceeding. In this regard, they cite: "… for the benefit of the defaulting party, [it] introduced supplementary evidence in the preliminary hearing of June 3, 2019, evidence which, furthermore, it interpreted and assessed incorrectly …" (see image 9); specifically in reference to official letters D.I.C. 12657 of May 13, 2013, and DCU-194-2019 of August 27, 2019, issued by the Department of Urban Development and Control of the Municipality of San Carlos. They argue that due process was violated and the principle of equality was disapplied; furthermore, they indicate that articles 2.1 and 39 of the Code of Civil Procedure were infringed.
**Substantive Grounds.** **IV.- Summary of the grievances. First ground.** The appellant, in this first section, alleges the error in the interpretation and assessment of evidence. They allude to the non-application of articles 39 and 41.5 of the Code of Civil Procedure, due to not having it accredited that the property was acquired for the purpose of developing a housing project. They present the foregoing based on articles 69.2.a and 39 of the Code of Civil Procedure, in relation to the legal figure of default (rebeldía), arguing that the plaintiff's assertions should have been taken as true, given the absence of evidence to the contrary. Additionally, they allege that article 41.5 of the Code of Civil Procedure was violated and cite the criteria for the assessment of evidence, emphasizing the correct human understanding, with respect to understanding procedural rules in the context of the factual scenario; in relation to the above, they indicate: "This constitutes a principle of written proof of those alleged facts. The court's effort not to have those facts accredited is meritorious, but very far removed from the analysis and legality of the evidence" (see image 12). The appellant concludes by stating that the Court did not give the corresponding value to the piece of evidence regarding the purpose it considers the buyer of the property had, to develop a housing project. In a second section, the appellant alleges, along the same lines, the error in the assessment of evidence due to non-application of articles 39 and 41.5 of the Code of Civil Procedure, but in relation to not having it accredited that, in the month of June, the plaintiff had buyers for the lots, which they could not sell due to the denial of land-use (uso de suelo) permits by the Municipal entity, due to the existence of the spring (naciente) and the respective legal restrictions. Based on the foregoing, the appellant transcribes the third considering of the judgment and article 39 of the Code of Civil Procedure, pointing out that the plaintiff's assertions and the non-existence of evidence to the contrary become non-refuted evidence, this in reference, because they consider the existence of buyers for the lots within the land subject to the dispute. They allude to the violation of article 41.5 ibidem. In a third section, they formulate the grievance, along the line of error in the assessment of evidence, in the words of the appellant "… for not making a correct temporal placement and not giving the corresponding value to the fact that the plaintiff, by means of a deed granted at sixteen hours thirty minutes on August twenty-first of the year two thousand fourteen, subdivided the property acquired in the year 2012 into seven lots (sic)" (see image 16). They allude that in fact five of the judgment, it was accredited that on August 21, 2014, the plaintiff subdivided the property acquired in 2012, but expresses disagreement when citing the following: "On this aspect, the court expressed, in Considering III, that the subdivision (lotificación) was carried out a long time after the sale, which is not true and constitutes an error in interpretation that influences the assessment. …", alluding that the time elapsed was two years and one month, due to procedural matters, and that the subdivision is nothing other than the materialization of the purposes. They indicate that article 41.5 of the Code of Civil Procedure was violated. In the fourth point of reproach, the appellant indicates: "Error in the assessment of evidence, for not granting any value to the fact that, on August 21, 2014, the defendant's representative, as mortgage creditor of the sold property, appeared before notary Carlos Francisco Millet Nieto, to grant deed number eighty-nine, (… …) and consented that the plaintiff subdivide the sold property (sic)." (see image 17). They allude that the plaintiff had knowledge of the purposes for which the plaintiff acquired the real property. Furthermore, they allude to the infringement of article 41.5 of the Code of Civil Procedure. The fifth section regarding the error in the interpretation and assessment of evidence concerns official letters numbers D.I.C C12657 of 05/13/2013 and DCU-194-2019 of 08/27/2019, issued by the Department of Urban Development and Control of the Municipality of San Carlos. Regarding the above, they indicate: "… the error in assessment, because when analyzing that evidence, perspective on the cause and object of this litigation was lost, and the analysis was not carried out taking into consideration all the other pieces of evidence that appear in the file." In relation to the existence of the spring (naciente), they invoke article 31 of the Water Law (Ley de Aguas), and the knowledge they consider the opposing party had of the spring. Based on the foregoing, they point out that the moment in which the Municipality made the declaration of existence lacks significance, which they argue is merely verifying something that existed for many years. Furthermore, the appellant records the violation of article 41.5 of the Code of Civil Procedure. Another aspect raised by the appellant, according to their argument, concerns the response to the hearing granted by resolution of 14:05 hours on 08/28/2019, in relation to file number 321-R and the entry in the Registry of Water and Watercourse Use (Registro de Aprovechamiento de Aguas y Cauces) of March 21, 2003, for which they consider the existence of the spring was already recognized. In the sixth section, the appellant points out the error in the assessment of the geographer's report from the Department of Environmental Management of the Municipality of San Carlos (UGAM 0134-2016 of 06/22/2016). The foregoing, regarding the degree of effect that the property has, alleging that the Court incurs an error of assessment, granting it a value the report does not have, because to be certain of the degree of effect, an expert specialist should have been appointed. They indicate that articles 41.5, 44, and 45.7 of the Code of Civil Procedure were violated. The seventh point raised by the appellant is based on: "Error in the interpretation and assessment of the statements made by the plaintiff in the preliminary hearing held on June 3, 2019" (see image 23). In relation to the spontaneous statements regarding the existence of the spring made by Mr. Pablo Urbina. They allude that it is not true that the plaintiff had knowledge of the specific effect the property had due to the spring. On the contrary, what the plaintiff's representative indicated referred to other properties, the direction and owners of which are not determined. Second cassation ground. In this section, the appellant company alleges the "violation of substantive norms applicable to the case, specifically violation of articles 1082, 1080, paragraph 2°, 627, and 835 subparagraph 1°, of the Civil Code (sic)" (see image 31). The foregoing is based on the cause contained in article 69.2.a of the Code of Civil Procedure. The appellant argues that the Court minimizes the purpose of the acquisition, to develop a housing plan on the purchased lot, based on a precedent from the First Chamber from fifteen years ago, under the argument that, to protect the plaintiff's claim, the allegation regarding the purpose of the contract should have been included as an integral part of the sale. Based on article 1082 of the Civil Code, in the words of the appellant, they request the nullity of the contract, not because there is no cause, but because of the existence of hidden defects (vicios ocultos) that nullify the buyer's consent; additionally, they consider that this does not require that the purpose of the contract must be included in the sale document. Along the same line as the purpose for which the property was acquired, they point out the violation of articles 1080, 627, and 1007 of the Civil Code, insofar as it downplays the importance of the cause and the Court did not understand the effect on consent, as stated by the appellant. In this regard, the appellant cites: "Nonetheless, it erroneously understood that such effect on consent did not occur, because the effect is only partial, it sustains that it occurred after the contract, and being partial, the plaintiff retains the possibility to build. The court's thinking is inadmissible because it ignores the fundamental fact: the plaintiff would not have purchased had they known that this property was not suitable for their purposes (sic)" (see image 35). In a second section, the appellant states "violation of article 73.2 of the Code of Civil Procedure, insofar as it orders the plaintiff to pay costs (costas)" (see image 36). They point out that the foregoing is a procedural norm with substantive effects, and that it establishes the possibility of exemption, because the plaintiff has adjusted their conduct to good faith (buena fe), loyalty (lealtad), probity (probidad), and the rational use of the procedural system. The appellant argues that they were the victim of erroneous interpretations of the procedural system, as the default was not considered, allowing the defendant to engage in different actions.
**V.- Admissibility analysis of the procedural grounds.** The appellant company raises 3 grievances on procedural grounds, of which the first grievance is admitted, and those numbered 2 and 3 will be rejected as stated below. The appellant's disagreements are grouped for analysis, as they are linked to each other. Note that the one numbered 2 concerns that evidence was admitted in the preliminary hearing, confusing, as stated by the appellant, the figure of the former evidence for better deciding (prueba para mejor proveer) with supplementary evidence (prueba complementaria), for which they allege a violation of article 41.3 of the Code of Civil Procedure. For its part, in the third grievance, the reproach revolves around the judgment being founded on illegitimate evidentiary means or means introduced illegally into the proceeding, these means being those admitted in the preliminary hearing, specifically official letters D.I.C. 12657 of May 13, 2013, and DCU-194-2019 of August 27, 2019, issued by the Department of Urban Development and Control of the Municipality of San Carlos. However, an indispensable requirement for the admissibility of procedural grounds is having requested the correction of the defect or error at the opportune moment (as indicated by the appellant for the first procedural grievance). In this regard, it is pertinent to indicate what article 69.2 of the Code of Civil Procedure establishes on this matter: "Only the party who has been prejudiced by the non-observance of procedural law may allege a cassation ground based on procedural reasons. Furthermore, it is indispensable, when the procedure permits, to have requested the rectification of the defect and to have exhausted all available remedies against the decision.", (the highlight is supplied). In the specific case, the evidence alluded to was admitted in the preliminary hearing (phase prior to the judgment), for which the appellant must explain, based on article 69.4.3 of the Code of Civil Procedure, the expression of the specific grounds of the basis for cassation, understood as the violation by the jurisdictional body even when the pertinent actions for correcting the alleged error were taken. However, the development of the grievance provides no reason whatsoever regarding the action of the plaintiff – appellant – at the opportune procedural moment, reproaching the Court's decisions, thus failing to comply with what is indicated in article 69.4.3 cited above, by not providing this Chamber with the necessary inputs to determine the appropriateness of the grievance. Now, the Chamber, in order to determine the existence of the alleged defect, in favor of effective judicial protection (tutela judicial efectiva), shedding unnecessary formalities, according to articles 3.3 and 5.6 of the Code of Civil Procedure, proceeds to verify the preliminary hearing. Upon hearing it, it is determined that, upon the offering of the "so-called supplementary evidence" by the defendant, the plaintiff company – now appellant – was granted a hearing, which does not raise any reproach regarding the proposal or eventual admission; on the contrary, its intervention only aims to disparage the evidence. Furthermore, in the same preliminary hearing, the resolution of fourteen hours and nine minutes on September 3, two thousand nineteen, is issued, regarding the admission of the documentary evidence already indicated, the testimonial evidence, and the expert evidence (approximately minute "30" of the preliminary hearing), which the now-appellant company does not challenge through the means that the legal system provides. In this regard, the indispensable requirement contained in article 69.2 of the Code of Civil Procedure is not met for the appropriateness of this procedural ground, namely, having requested the correction of the error and having exhausted all available remedies. Now, the third grievance, as indicated at the beginning of the development of the decision, based on the previous argument, must be rejected. Although the appellant's allegation goes back to the judgment, indicating that it was founded on illegitimate means or means introduced illegally into the proceeding, as explained above, the appellant does not explain the reasons why the evidence is illicit or introduced illegally into the proceeding. Even less so, when they had, at the opportune procedural moment, with legal assistance, the opportunity to reproach the admission of the evidence and did not do so, tacitly accepting it, and thereby, on the cassation appeal avenue, the matter is precluded according to article 2.9 of the Code of Civil Procedure. Therefore, grievances numbered 2 and 3 on procedural grounds are rejected, and only the first of the grievances is admitted for analysis in the substantive resolution to be issued by this Chamber.
**VI.- Admissibility analysis of the grievances on substantive grounds.** Specifically, the grounds for disagreement presented by the plaintiff – appellant – concern two axes mainly divided into several points. The first axis to be analyzed concerns the error in the legal norms on the assessment of evidence, which the appellant divides into seven different points; and the second axis specifically concerns the violation of the substantive norms applicable to the specific case, consisting of two sections. Having clarified the foregoing, the admissibility analysis on substantive grounds begins. Specifically, the grievance concerns the evidentiary value granted to the facts of the complaint, which the appellant considers, according to article 39 of the Code of Civil Procedure, should have been taken as true, unless there is proof to the contrary. Furthermore, they question the value of the documentary evidence (deed and official letters indicated in the previous considering), as well as the statements made in the preliminary hearing by the representative of the plaintiff company, Mr. Pablo Urbina, which they classified as spontaneous statements. Based on the foregoing, they point out the violation of articles 41.5, 44, 45.7 of the Code of Civil Procedure and article 31 of the Water Law. In the second grievance, the appellant alludes to the infringement of articles 1082, 1080, 627, and 835, all of the Civil Code, and 73.2 of the Code of Civil Procedure, in relation to the exemption from costs (costas), considering that they adjusted their conduct to good faith, loyalty, rational use of the system, among others. For the foregoing, the Chamber considers that the appellant has adjusted their argumentative thesis to the essential requirements for the admission, at this stage, of their claims. First, they set forth, with sufficient clarity to allow for analysis in a substantive resolution, the reasons that, as they understand, constitute the errors alleged; also linking their arguments to the norms they consider infringed, as is necessary in the terms required by articles 69.4, subparagraphs 2 and 3 of the code of procedure. Note that they develop the reasons why they consider the existence of the grievances; furthermore, their reproaches fit the cited cassation grounds provided for in article 69.2 of the code of procedure, in this specific case, the ground contained in article 69.2.a of the Code of Civil Procedure, as clearly stated by the appellant, thus satisfying the claims regarding the exhaustive listing of the grounds on which the appeal is appropriate (article 65.1 ibidem). Furthermore, the Chamber considers that the appellant placed considerable emphasis on various precepts they consider applicable to the specific case in light of the factual scenario found in the proceeding, as noted above. Therefore, it is the Chamber's responsibility, when issuing judgment, not only to assess the appropriateness of the arguments on the merits, but also to determine, in greater detail, to what extent the arguments of disagreement presented have the necessary foundation, clarity, and precision for their acceptance.
**VII.- On the offering of evidence.** The plaintiff offers evidence in cassation. In this regard, the parties are informed that this request is reserved and will be resolved once the file is assigned to the instructing judge.
**VIII.- Dissenting vote of Judges Rojas Morales and Vargas Vásquez.** The majority criterion is respected but not shared for the following reasons: The application of formalistic requirements in the formulation of the cassation appeal, which impede every objective of the challenge remedies, is unjustifiable, due to the manifest breach of the principles of access to justice, defense, and effective judicial protection (tutela judicial efectiva), which prevail over any regulation and judicial interpretation, as these are institutes that are protected at the constitutional and even supra-constitutional level, and cannot be undermined by criteria that inappropriately limit the parties' ability to appeal. This was the position adopted by the legislator when the new civil procedural regulations established the need to interpret the rule considering its instrumental nature, shedding unnecessary formalities (article 3.3 of the Code of Civil Procedure), which aims to ease access to cassation, suppressing any odious requirements; especially, considering that the current Code of Civil Procedure (CPC) eliminated the appeal against judgments issued by the Tribunal Colegiado de Primera Instancia. The fact that the cassation appeal is extraordinary and that article 65.5 of the CPC requires the parties to adequately state its grounds is not unknown; however, the application of the above-cited principles advises redirecting the grounds when there is an inadequate cassation technique, on the condition that the reason for the reproach can be extracted from the articulation of the appeal, which is estimated to be the case here. To admit the contrary position would be equivalent to ignoring that judges know the law and that article 41 of the Constitution, literally and in its material content, obliges them to guarantee effective justice in the case submitted to their knowledge. Partial rejection or partial admission has no place in light of what is provided by articles 69.4, 69.5, and 69.7.2 of the new Code of Civil Procedure; note that admissibility review is carried out to verify compliance with minimum formal filing requirements. The only thing that could justify a partial admission appears to be article 69.4.3, insofar as it establishes a subjective requirement, since it depends on the reviewer to determine if the specific grounds of the appeal were set forth in an orderly, clear, and concise manner, because these three indeterminate concepts are subject to the judges reviewing the admissibility, such that some grounds can be considered compliant and others not, but in the strict sense of the concepts, in accordance with article 69.7.2, there is no competence to determine partial admissibilities because the norm refers to the unity of the appeal, in such a way that it is either admitted or rejected. In addition, and although it is not part of the grounds set forth in the majority vote, it must be clear that institutional workloads cannot be considered as determining elements for the admission or non-admission of cassation, even less so for partial admission in civil matters. In general, the modern procedural reforms promoted by the Judiciary in recent years, including civil procedure, aim to modernize procedural law and with it, the original conception of cassation that emerged after the French Revolution, especially if there is only one instance, as the Inter-American Court of Human Rights has already proposed. As this is a minority criterion, it is deemed useless to make further specifications on what the present cassation appeal should have ordered.
**THEREFORE** By majority, the cassation appeal is partially admitted, in relation to the first grievance on procedural grounds and the grievances on substantive grounds, contained in considerandos five and six. In all other respects, the appeal is rejected outright. The decision on the admissibility of the evidence is reserved. Judges Rojas Morales and Vargas Vásquez dissent from the vote regarding the partial admission.
- **Luis Guillermo Rivas Loaiciga** - **Rocío Rojas Morales** - **Damaris Vargas Vásquez** - **Carlos Chaverri Negrini** - **Ana Isabel Vargas Vargas** Digitally Signed Document -- Verification code -- **DDKFMWZLNP061**
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA Res. 002040-A-S1-2021 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cero minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno .
En proceso ordinario interpuesto por INVERSIONES MUELLE ESCONDIDO SOCIEDAD ANÓNIMA, contra APARTAMENTOS DOÑA BLANCA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el cual, la parte actora presentó recurso de casación contra de la sentencia no. 225-2020 de las 15:26 horas del 01 de setiembre de 2020, del Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón). Intervienen, las personas profesionales en derecho,Mauricio Delgado Durán, Francisco Bolaños Montero; ambos en calidad de apoderados especiales judiciales, el primero de la parte actora y el segundo en favor de la accionada.
CONSIDERANDO
I.- De los asuntos admisibles en casación: De conformidad con el artículo 69.7.2 del Código Procesal Civil -ley no. 9342-, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisión del recurso de casación.La Sección II del Capítulo IV, Título II del Código Procesal Civil, denominada “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN” establece como disposiciones generales -aplicables para la totalidad de los recursos regulados en ese cuerpo normativo- los siguientes filtros de admisibilidad: i) la regla de taxatividad de los medios de impugnación (v.g. Art. 65.1), ii) la delimitación de la legitimación para impugnar (v.g. Art. 65.2) y; iii) la obligatoriedad de motivar la impugnación (v.g. Art. 65.5). Ulteriormente, en ese mismo texto se individualizaron otros presupuestos de admisibilidad según las tipologías de recursos, a saber: revocatoria, apelación y casación. Este último cuenta con requisitos preliminares y otros que conllevan un análisis de admisibilidad de mayor complejidad (v.g. Art. 69). En lo que respecta a las condiciones mínimas del recurso, la normativa ordena que se indique la naturaleza del proceso, las partes y la identificación de la resolución recurrida (69.4.1.). Por mandato de ley se interpondrá contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables (69.1) y, deberá presentarse ante el Tribunal que dictó la resolución que se impugna en el plazo de 15 días (69.3.). En lo referente a la motivación como requisito material de admisión de la impugnación, es necesaria la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera ordenada, clara y concisa (69.4.3). El incumplimiento de tal carga se sanciona con el rechazo de plano de la gestión (69.5.4). Además, es menester la indicación de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas (69.4.2). En igual sentido, la falta de fundamentación jurídica constituye un motivo de denegatoria de la admisión de la gestión (69.5.5).
II.- Cuestiones preliminares del recurso: Los requisitos introductorios han sido cumplidos por la casacionista -actora-, pues la sentencia impugnada corresponde al proceso ordinario de mayor cuantía no. 16-000233-0297-CI. En otro orden de ideas, el recurso de la parte actorase presentó dentro del plazo enunciado anteriormente por las siguientes razones: i) La comunicación de la resolución dicha fue trasmitida por última vez, al común de las partes -de conformidad con el ordinal 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales- elmiércoles09 de setiembre de 2020 (Escritorio Virtual, acta de notificación del 10/09/2020 de las 08:13:38 horas, última notificación que se ordena de la sentencia) y correspondió al jueves10 de setiembre de 2020 a la fecha de la notificación; ii) El plazo recursivo venció el viernes 02 de octubre de 2020 (se excluyen días inhábiles, día de la independencia (14/09/2020)); iii) El recurso de laactorafue presentado elmiércoles30 de setiembre de 2020 (Escritorio Virtual, documento del 30/09/2020 de las 13:09:01 horas) por el Sistema de Gestión en Línea. Las anteriores corresponden a exigencias preliminares de admisibilidad; los demás requerimientos se conocen de seguido.
Razones de orden procesal.
III.- Síntesis del agravio. Alega el casacionista -actor- lo siguiente: “Infracción y errónea aplicación de normas procesales que son esenciales para la garantía del debido proceso. Concretamente, vulneración de los artículos 2.1, 3.1, 30.2 y 39 del Código Procesal Civil” (ver imagen 4).En relación con lo anterior invoca el artículo 69.2.1 ibídem, aludiendo que no se le puede exigir el requisito de haber gestionado la subsanación de la actividad defectuosa, debido a que lo acusado se produce en la sentencia impugnada. En concreto, el motivo de disconformidad del casacionista es que se tomó en cuenta los argumentos de la parte demandada realizados al contestar la demanda, aún cuando, la misma fue presentada de forma extemporánea. Con base en lo anterior, señala la vulneración de los artículos 2.1, 3.1, 30.2 y 39 del Cuerpo normativo procesal citado líneas atrás, manifestando que al no estar en ninguno de los supuestos de excepción, el Tribunal debió dictar sentencia. Al respecto cita: “Contrario a ello y desaplicando las normas procesales en clara violación de ley, el tribunal realizó audiencia preliminar, realizó la audiencia complementaria, le permitió al demandado hacer alegaciones propias de la contestación en la audiencia preliminar y en la complementaria …”. Inclusive considera que en la sentencia se analizó, tomando en cuenta los alegatos de la contestación extemporánea. Además, alude la violación del numeral 37.2 del Código Procesal Civil, en relación a el momento procesal para la presentación de excepciones; señala que a partir de la actuación citada, el tribunal inclinó la balanza infringiendo el principio de igualdad de partes, permitiendo al demandado contestar la demanda y ordenando prueba que ofreció la parte accionada. Segundo apartado. En este acápite, la sociedad actora – casacionista – acusa la “vulneración del artículo 41.3 párrafo último del Código Procesal Civil, porque en la audiencia preliminar se admitió prueba complementaria, confundiendo dicho tipo de prueba con la vetusta prueba para mejor resolver”. Invoca el artículo 41.3 párrafo último del Código Procesal Civil, en cuanto a la excepcionalidad de admitir otras probanzas en la audiencia de prueba. A partir de lo anterior, manifiesta que en el audio de la audiencia preliminar, admitió prueba que la parte demandada ofreció en la contestación extemporánea y, considerando además, que la admisión fue con sustento en la prueba para mejor proveer, bajo la figura de la prueba complementaria, misma que tiene como finalidad, el comprobar o aclarar hechos relevantes. Tercer motivo casacional. La casacionista desarrolla el agravio con base en el numeral 69.2.5 del Código Procesal Civil, señalando que la sentencia impugnada se fundó en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. Al respecto cita: “… en beneficio del rebelde introdujo prueba complementaria en la audiencia preliminar del 03 de junio de 2019, prueba que, además, interpretó y valoró incorrectamente …” (ver imagen 9); concretamente en referencia a los oficios D.I.C. 12657 del 13 de mayo de 2013 y el DCU-194-2019 del 27 de agosto de 2019, emitidos por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Carlos. Aduce que violentó el debido proceso y se desaplicó el principio de igualdad, además, señala infringidos los artículos 2.1 y 39 del Código Procesal Civil.
Razones de fondo.
IV.- Síntesis de los agravios. Primer motivo.Acusa en esteprimer apartado la casacionista, el error en la interpretación y valoración de la prueba. Alude la inaplicación de los artículos 39 y 41.5 del Código Procesal Civil, esto debido a no tener por acreditado que la finca se adquirió con el fin de desarrollar un proyecto habitacional. Lo anterior, lo expone con base en los numerales 69.2.a y 39 del Código Procesal Civil, en relación con la figura jurídica de la rebeldía, aludiendo que se debía tener por ciertas las manifestaciones del actor, ante la ausencia de prueba en contrario.Adicionalmente, acusa violentado el artículo 41.5 del Código Procesal Civil y cita los criterios de apreciación de la prueba, haciendo énfasis en el correcto entendimiento humano, con respecto al entendimiento de las normas procesales en el contexto del cuadro fáctico; en relación con lo expuesto, indica: “Ellos constituye un principio prueba por escrito de esos hechos alegados. El esfuerzo del tribunal para no tener por acreditados esos hechos es meritorio, pero muy alejado del análisis y legal de la prueba” (ver imagen 12). Concluye la casacionista manifestando que el Tribunal no el valor que corresponde al elemento de convicción en torno al fin que considera tenía el comprador de la finca, para desarrollar un proyecto habitacional. En un segundo apartado, alega la casacionista dentro del mismo orden de ideas, sobre el error en la valoración de la prueba por inaplicación del artículo 39 y 41.5 del Código Procesal Civil, pero con relación en no tener por acreditado que, en el mes de junio, el actor contaba con compradores para los lotes, los cuales no pudo vender por la negación de permisos para el uso de suelo por el ente Municipal, debido a la existencia de la naciente y las respectivas restricciones legales. A partir de lo expuesto, trascribe la casacionista el considerando tercero de la sentencia y el numeral 39 del Código Procesal Civil, señalando que las manifestaciones del actor y la inexistencia de prueba en contrario se convierten en prueba no refutada, esto en alusión, debido a que considera la existencia de compradores para los lotes dentro del terreno objeto de la litis. Alude, la vulneración del artículo 41.5 ibídem. En un tercer acápite, formula el agravio, sobre la línea del error en la valoración de la prueba, según palabras de la casacionista “… por no hacer una ubicación temporal correcta y no darle el valor que corresponde, al hecho que la actora mediante escritura otorgada a las dieciséis horas treinta minutos del veintiuno de agosto del año dos mil catorce segregó la finca adquirida en el año 2012 en siete lotes (sic)” (ver imagen 16). Alude que en el hecho quinto de la sentencia, se tuvo por acreditado que el 21 de agosto 2014, la actora segregó la finca adquirida en el año 2012, pero muestra disconformidad cuando cita lo siguiente: “Sobre ese aspecto, el tribunal expresó, en el Considerando III, que la lotificación se realizó mucho tiempo después de la compraventa, lo que no es cierto y constituye un error en la interpretación que influye en la valoración. …”, aludiendo que el tiempo transcurrido fue de dos años y un mes, por asuntos de trámites y, que la lotificación no es otra cosa que la materialización de los fines. Señala vulnerado el numeral 41.5 del Código Procesal Civil. En el cuarto punto de reproche, indica la casacionista: “Error en la valoración de la prueba, por no conceder ningún valor al hecho, que el 21 de agosto de 2014, la representante de la demandada, como acreedora hipotecaria de la finca vendida, compareció ante el notario Carlos Francisco Millet Nieto, a otorgar escritura número ochenta y nueve, (… …) y consintió en que el actor lotificara el inmueble vendido (sic).” (ver imagen 17). Alude que la actora tenía conocimiento de los fines con los que la actora adquirió el bien inmueble. Además, alude la infracción del artículo 41.5 del Código Procesal Civil. El quinto apartado sobre el error en la interpretación y valoración de la prueba, versa sobre los oficios números D.I.C C12657 del 13/05/2013 y el DCU-194-2019 del 27/08/2019, emitido por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Carlos. Con respecto en lo anterior, indica: “… el error en la valoración, porque al analizar esa prueba perdió la perspectiva sobre la causa y el objeto de este litigio y el análisis no se realizó tomando en consideración todos los otros elementos de prueba que constan en el expediente.”. Con relación a la existencia de la naciente invoca el numeral 31 de la Ley de Aguas, y el conocimiento que considera tenía la parte contraria de la naciente. A partir de lo anterior, señala que carece de trascendencia el momento en que la Municipalidad hizo la declaratoria de la existencia, lo cual alude que se limita a constatar algo existía desde hace muchos años. Además, consigna la casacionista, la vulneración del numeral 41.5 del Código Procesal Civil. Otro aspecto que manifiesta quien recurre, según el argumento de la casacionista versa sobre la contestación de la audiencia concedida mediante resolución de 14:05 horas del 28/08/2019, en relación con el expediente número 321-R y la inscripción del Registro de Aprovechamiento de Aguas y Cauces del 21 de marzo del 2003, por lo que considera, ya estaba reconocida la existencia de la naciente. En el sexto acápite, la casacionista señala el error en la valoración del informe del geógrafo del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Carlos (UGAM 0134-2016 del 22/06/2016). Lo anterior con respecto el grado de afectación que tiene el inmueble, alegando que el Tribunal incurre en el error de valoración, otorgándole al informe que considera no tiene, por cuanto para tener certeza del grado de afectación, se debió nombra perito especializado. Señala vulnerados los artículos 41.5, 44 y 45.7 del Código Procesal Civil. El sétimo punto que expone la casacionista, es con base en: “Error en la interpretación y valoración de las manifestaciones realizadas por el actor en la audiencia preliminar realizada el 3 de junio de 2019” (ver imagen 23). En relación con las manifestaciones espontáneas respecto a la existencia de la naciente esgrimida por el señor Pablo Urbina. Alude que no es cierto que la actora tuvo conocimiento de la afectación que tenía concretamente el inmueble por la naciente. Por el contrario, lo que indicórepresentante del actor, fue en referencia a otros inmuebles, cuya dirección y propietarios, no se determinan. Segundo motivo casacional. En este acápite alega la sociedad casacionista la “violación de normas sustantivas aplicables al caso, concretamente vulneración de los artículos 1082, 1080, párrafo 2°, 627, y 835 inciso 1°, del Código Civil (sic)” (ver imagen 31). Lo anterior con base en la causal contenida en artículo 69.2.a del Código Procesal Civil. Alude quien recurre que, el Tribunal minimiza el fin de la adquisición de desarrollar un plan habitacional en el lote adquirido, con base en un antecedente de la Sala Primera de ya hace quince años, bajo el argumento que, para tutelar el reclamo de la actora, el alegato fin del contrato debió haber sido incluido como parte integral de la venta.Con base en el artículo 1082 del Código Civil, en palabras de la impugnante, pide la nulidad del contrato, no porque no exista causa, sino por la existencia de vicios ocultos que anula el consentimiento del comprador, además, que considera que este, no exige que el fin del contrato debe estar incluido en el documento de venta. En la misma línea del fin con el cual se adquirió la propiedad, señala vulnerados los artículos 1080, 627 y 1007 del Código Civil, en cuanto le resta importancia a la causa y no entendió el Tribunal la afectación en el consentimiento, según así lo expresa quien impugna. Al respecto cita la recurrente: “No obstante, erróneamente entendió que tal afectación en el consentimiento no se dio, porque la afectación es solo parcial, sostiene que se dio con posterioridad al contrato y al ser parcial el actor conserva la posibilidad de construir. El pensamiento del tribunal es inadmisible porque desconoce el hecho fundamental: el actor no hubiera comprado de haber sabido que ese inmueble no le servía para sus propósitos (sic)” (ver imagen 35). En un segundo apartado, manifiesta la casacionista “vulneración del artículo 73.2 del Código Procesal Civil, en cuanto condena en costas al actor” (ver imagen 36). Señala que la anterior, es una norma procesal con efectos sustantivos y, que la misma, establece, la posibilidad de la exención, por cuanto el actor ha ajustado la conducta a la buena fe, la lealtad, la probidad y el uso racional del sistema procesal. Alude quien recurre que fue víctima de erróneas interpretaciones del sistema procesal, al no ser considerada la rebeldía, permitiéndole a la demandada ejercer diferentes actuaciones.
V.- Análisis de admisibilidad de los motivos de orden procesal. La sociedad casacionista plantea 3 agravios por razones procesales, de las cuales, se admite el primer agravio y serán rechazados como a continuación se dirán los enumerados 2 y 3. Las disconformidades de la recurrente se agrupan para el análisis, por cuanto las mismas se encuentran vinculadas entre sí. Nótese que la enumerada 2, versa que en la audiencia preliminar se admitió prueba, confundiendo, según así lo expresa la casacionista, la figura de la anterior prueba para mejor proveer, con la prueba complementaria, por lo que acusa vulnerado el numeral 41.3 del Código Procesal Civil. Por su parte en el tercer agravio, el reproche gira en torno a que la sentencia se fundo en medios probatorios ilegítimos o introducidos al proceso ilegalmente, siendo estos medios, los admitidos en la audiencia preliminar, concretamente los oficios D.I.C. 12657 del 13 de mayo de 2013 y el DCU-194-2019 del 27 de agosto de 2019, emitidos por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de San Carlos. Sin embargo, es un requisito indispensable para la admisión de las causales procesales, el haber gestionado la subsanación del vicio o error en el momento oportuno (tal y como lo indica la casacionista para el primer agravio por razones procesales). Al respecto, cabe indicar lo que el numeral 69.2 del Código Procesal Civil, establece al respecto: “Solamente podrá alegar una causal de casación, por razones procesales, la parte a quien hubiera perjudicado la inobservancia de la ley procesal. Además, es indispensable, cuando el procedimiento lo permita, haber gestionado la rectificación del vicio y haber agotado todos los recursos procedentes contra lo resuelto.”, (el resaltado es suplido). En el caso concreto, la prueba aludida fue admitida en la audiencia preliminar (fase previa a la sentencia), por lo cual, debe explicar quien recurre, con base en el numeral 69.4.3 del Código Procesal Civil, la expresión de los motivos concretos del fundamento de la casación, entendidos estos, como la vulneración del órgano jurisdiccional aún y cuando se realizaron las gestiones pertinentes para la subsanación del error acusado. No obstante, el desarrollo del agravio, no esgrime razón alguna, sobre la actuación de la parte actora – casacionista – en el momento procesal oportuno, reprochando las decisiones del Tribunal, incumpliendo así con lo indicado en el numeral 69.4.3 citado líneas atrás, al no brindarle a esta Cámara los insumos necesarios para determinar la procedencia del agravio. Ahora bien, la Sala, con el fin de determinar la existencia del vicio acusado, en pro de la tutela judicial efectiva, despojándose de formalismos innecesarios, al tenor de los numerales 3.3 y 5.6 del Código Procesal Civil, procede a la verificación de la audiencia preliminar. Escuchada la misma, se determina que ante el ofrecimiento de la prueba “denominada complementaria”, por parte de la demandada, se le confiere audiencia a la sociedad actora – ahora casacionista -, la cual no realiza reproche alguno en torno a la proposición o eventual admisión, sino por el contrario, su intervención versa únicamente en demeritar la prueba. Inclusive, en la misma audiencia preliminar, se dicta la resolución de las catorce horas y nueve minutos del tres de setiembre de dos mil diecinueve, en relación a la admisión de la prueba documental, ya indicada, la testimonial, y la pericia (aproximada minuto “30 del transcurso de la audiencia preliminar), la cual, la sociedad ahora casacionista, no impugna por los medios que el ordenamiento jurídico le provee. En este tanto, no se cumple con el requisito indispensable que contiene el numeral 69.2 del código Procesal Civil, para la procedencia de esta causal por razones procesales, de haber gestionado la subsanación del error y haber agotado todos los recursos procedentes. Ahora bien, el tercer agravio, como se indicó al inicio del desarrollo de lo resuelto, con base en el anterior argumento, debe ser rechazado. Si bien el alegato de la casacionista se remonta a la sentencia, indicando que se fundó en medios ilegítimos o introducidos al proceso ilegalmente, como se explicó anteriormente, no explica la impugnante las razones del por qué, la prueba es ilícita o introducida ilegalmente al proceso. Menos aún, cuando tuvo en el momento procesal oportuno, con asistencia letrada, la oportunidad de reprochar la admisión de la probanza y no lo gestionó, aceptando de manera tácita, la misma y, siendo en la vía de la impugnación por casación, un asunto precluido al tenor del numeral 2.9 del Código Procesal Civil. Por lo que se rechazan los agravios enumerados 2 y 3 por motivos de orden procesal, siendo admitido para el análisis en resolución de fondo que dictará esta Sala, únicamente el primero de los agravios.
VI.- Análisis de admisibilidad de los agravios por razones de fondo. En concreto, los motivos de disconformidad presentados por la parte actora – casacionista – versan sobre dos ejes principalmente divididos en varios puntos. El primer eje que será de análisis, será sobre el error en las normas legales sobre valoración de la prueba, la cual divide la casacionista en siete puntos diferentes y, el segundo, gira en concreto, sobre la violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto, que consta de dos apartados. Una vez aclarado lo anterior, se inicia el análisis de admisibilidad por razones de fondo. En concreto, el agravio versa sobre el valor probatorio otorgado a los hechos de la demanda, los cuales considera la casacionista que al tenor del numeral 39 del Código Procesal Civil, se tenían que tener por ciertos, salvo prueba en contrario. Además, cuestiona el valor de la prueba documental (escritura y oficios indicados en el anterior considerando), así como de las declaraciones realizadas en la audiencia preliminar, por el representante de la sociedad actora señor Pablo Urbina, las cuales, calificó como manifestaciones espontáneas. A partir de lo anterior, señala la vulneración de los numerales 41.5, 44, 45.7 del Código Procesal Civil y el artículo 31 de la Ley de Aguas. En el segundo agravio, alude la casacionista la infracción de los artículos 1082, 1080, 627 y 835 todos del Código Civil y 73.2 del Código Procesal Civil, en relación con la exención de las costas, por considerar que ajustó la conducta a la buena fe, la lealtad, el uso racional del sistema entre otros. Por lo anterior, considera la Sala que la recurrente ha ajustado la tesis argumentativa a los requisitos imprescindibles para la admisión, en esta fase, de sus reclamos. En primer lugar, exponen con claridad suficiente, como para acceder a su análisis en resolución de fondo, las razones que, según entiende, son constitutivas de los yerros que acusa; enlazando, además, sus argumentos, a las normas que considera infringidas, como es menester en los términos exigidos en los artículos 69.4, incisos 2 y 3 del código de rito. Nótese que realiza un desarrollo por las cuales considera la existencia de los agravios; además, sus reproches se ajustan a las causales de casación citadas, previstas en el ordinal 69.2 del código de rito, en este caso concreto, la causal contenida en el artículo 69.2.a del Código Procesal Civil, como lo enuncia con claridad quien impugna, satisfaciendo así los reclamos la taxatividad de los motivos por los cuales procede el recurso (artículo 65.1 ibidem). Además, considera la Sala que la casacionista hizo bastante énfasis en diversos preceptos que consideran aplicables al caso concreto de cara al cuadro fáctico que consta en el proceso, tal y como se denota líneas atrás. Por ende, es resorte de la Sala, al dictar sentencia, no solo valorar la procedencia de los argumentos por el fondo, sino también determinar, con mayor detalle, en qué medida los argumentos de disconformidad expuestos cuentan con la fundamentación, claridad y precisión necesarias para su acogimiento.
VII.- Del ofrecimiento de prueba. La parte actora ofrece prueba en casación. Al respecto, se hace ver a las partes que dicha solicitud se reserva y será resuelta una vez se turne el expediente a la magistrada o magistrado instructor.
VIII.- Voto salvado de las Magistradas Rojas Morales y Vargas Vásquez. Se respeta pero no se comparte el criterio de mayoría por los siguientes motivos: Deviene injustificable la aplicación de requerimientos formalistas en el planteamiento del recurso de casación, los cuales impiden todo objetivo de los remedios impugnaticios, en virtud del palmario quebranto a los principios de acceso a la justicia, defensa y tutela judicial efectiva, de prevalencia sobre cualquier normativa e interpretación judicial, ya que se trata de institutos que se encuentran tutelados a nivel constitucional e incluso supraconstitucional, que no se pueden socavar con criterios que limiten inadecuadamente la posibilidad de las partes de recurrir. Esta fue la posición adoptada por el legislador cuando en la nueva normativa procesal civil se estableció la necesidad de interpretar la norma considerando su carácter instrumental, despojándose de formalismos innecesarios (artículo 3.3 del Código Procesal Civil) lo que apunta a allanar el acceso de la casación, suprimiendo cualquier requisito odioso; máxime, si se tiene en consideración que el Código Procesal Civil (CPC) actual eliminó el recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Primera Instancia. No se desconoce el hecho de que el recurso de casación es extraordinario y que el numeral 65.5 del CPC exige que las partes lo fundamenten adecuadamente; sin embargo, la aplicación de los principios supra citados aconseja reconducir los motivos cuando exista una indebida técnica casacional, a condición de que se extraiga de la articulación del recurso el motivo del reproche, lo que se estima sucede en este caso. Admitir la postura contraria equivaldría a desconocer que los magistrados y las magistradas conocen el derecho y que el numeral 41 Constitucional, en su literalidad y en su contenido material, le obliga a garantizar la justicia efectiva del caso sometido a su conocimiento. El rechazo parcial o la admisión parcial no tienen cabida a la luz de lo dispuesto por los artículos 69.4, 69.5 y 69.7.2 del nuevo Código Procesal Civil; nótese que la admisibilidad se da para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos formales de presentación. Lo único que puede justificar una admisión parcial pareciera ser el artículo 69.4.3 en tanto se establece un requisito de carácter subjetivo, pues depende de quien revisa determinar si los motivos concretos del recurso fueron expuestos de forma ordenada, clara y concisa, pues estos tres conceptos indeterminados, están sujetos a las magistradas y los magistrados que revisen la admisibilidad, de manera que se puede considerar que algunos motivos cumplen y otros no, pero en puridad de conceptos, de conformidad con el artículo 69.7.2, no hay competencia para determinar admisibilidades parciales pues la norma refiere a la unidad del recurso, de forma tal que se admite o se rechaza. Aunado a ello, y aunque no es parte de los motivos expuestos en el voto de mayoría, debe quedar claro que las cargas de trabajo institucional no pueden ser consideradas como elementos determinantes de la admisión o no de la casación, menos aún de la admisión parcial en materia civil. En general, las modernas reformas procesales impulsadas por el Poder Judicial en los últimos años, incluyendo la procesal civil, tienen como objetivo modernizar el derecho procesal y con ello, la concepción original de la casación surgida luego de la Revolución Francesa, máxime si solo hay una instancia, como ya lo ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como este es un criterio de minoría, se estima inútil hacer mayores precisiones sobre lo que debió disponer el presente recurso de casación.
POR TANTO
Por mayoría, se admite parcialmente el recurso de casación, en relación con el primer agravio por razones de orden procesal y los motivos por razones de fondo, contenidos en los considerandos quinto y sexto. En lo demás, se rechaza de plano el recurso. Se reserva resolver sobre la admisibilidad de la prueba.Las Magistradas Rojas Morales y Vargas Vásquez, salvan el voto en cuanto la admisión parcial. DORELLANA Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Damaris Vargas Vásquez Carlos Chaverri Negrini Ana Isabel Vargas Vargas Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --
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