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Res. 01703-2021 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 12/10/2021
OutcomeResultado
The municipality’s appeal is dismissed and the plaintiffs’ appeal is granted; the judgment is partially reversed regarding material damages, ordering payment of the current value of the homes to be determined by expert appraisal, minus amounts already paid.Se rechaza el recurso de la Municipalidad y se acoge el de los actores; se revoca parcialmente la sentencia en cuanto a la cuantificación del daño material, ordenando el pago del valor actual de las viviendas a determinar pericialmente, descontando lo ya pagado.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court of Justice heard a cassation appeal against a judgment of the Contentious-Administrative Tribunal that partially upheld a claim for damages arising from the collapse of dwellings in the Natalia Condominium and La Fabiola Development in Moravia. The 2007 landslide destroyed several homes, attributed to multiple construction failures and the Municipality of Moravia’s failure to fulfill its inspection duties. The Chamber confirmed the municipality’s strict liability for abnormal and unlawful operation due to inadequate supervision despite prior technical warnings from CNE and the Ministry of Health. It partially reversed the quantification of material damages, ruling that compensation must equal the current value of a similar dwelling to be determined by expert appraisal, minus sums already received by plaintiffs in a settlement with the builders. The moral damages award was upheld; the municipality’s appeal was dismissed and the plaintiffs’ appeal was granted.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoció un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que declaró parcialmente con lugar una demanda por daños y perjuicios derivados del colapso de viviendas en el Condominio Natalia y la Urbanización La Fabiola en Moravia. El deslizamiento de tierra ocurrido en 2007 destruyó varias casas y fue atribuido a múltiples fallas constructivas y a la omisión de la Municipalidad de Moravia en su deber de fiscalización. La Sala confirmó la responsabilidad objetiva del municipio por funcionamiento anormal e ilegítimo, al no ejercer una vigilancia adecuada pese a advertencias técnicas previas de la CNE y el Ministerio de Salud. Revocó parcialmente el fallo en cuanto a la cuantificación del daño material, estableciendo que la indemnización debe corresponder al valor actual de una vivienda similar, a determinar pericialmente, descontando lo ya recibido por los actores en una transacción con las constructoras. Confirmó la condena por daño moral, rechazó el recurso municipal y acogió el de los actores.
Key excerptExtracto clave
Pursuant to Article 190 of the General Public Administration Act, the Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation, except force majeure, fault of the victim, or act of a third party. This covers not only active conduct but also omissions, also called inaction of the Administration. The latter consists of a failure to fulfill a legal obligation, i.e., where an obligation to act or perform imposed by the legal system exists and the expected activity is not carried out, to the detriment of the rights or interests of one or more passive subjects. […] in this case, the Municipality failed in its inspection duty or, at the very least, did not deploy the conduct expected given the circumstances and background surrounding the construction project under review. Thus, regardless of any liability that could befall the professionals and/or the developer, the Municipality cannot escape the liability attributed to it, given its contribution to the damage through the described inaction. Now, the $12,500.00 received by the plaintiffs in the cited settlement must necessarily be deducted from the amount determined at that stage. This is because a review of the agreement reveals that the payment was intended to compensate for the loss of each dwelling and to terminate the legal proceedings against Desarrollo Panorámicos del Este S.A. and Foresta de Moravia S.A. Therefore, since it compensates for the same damage claimed here, the referenced sum must be deducted to prevent unjust enrichment.Conforme el canon 190 de la LGAP, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Ello abarca no solo el comportamiento activo, sino también la conducta omisiva, también llamada inactividad de la Administración. Esta última se traduce en el incumplimiento de una obligación jurídica por omisión, es decir, cuando existiendo una obligación de dar o hacer impuesta por el ordenamiento jurídico, no se despliega la actividad esperada con detrimento a los derechos o intereses de uno o varios sujetos pasivos. […] en este caso la Municipalidad fue omisa en su deber de fiscalización o, al menos, no desplegó la conducta que se esperaba ante las circunstancias y antecedentes que rodeaban el proyecto constructivo en examen. Así, con independencia de la responsabilidad que podría recaer en los profesionales y/o desarrollador de la obra, la Municipalidad no puede librarse de la responsabilidad que le fue achacada, dada su coadyuvancia en la generación del daño, producto de la inacción descrita. Ahora, al importe que resulte en esa etapa, debe, necesariamente, descontarse los $12,500.00 recibidos por los actores en la transacción de cita. Ello es así porque, de la revisión del referido acuerdo, se evidencia que el pago en cuestión tuvo como fin resarcir la pérdida de cada vivienda y, desde luego, poner fin a los procesos judiciales que se tramitaban en contra de las empresas Desarrollos Panorámicos del Este S.A. y Foresta de Moravia S.A. Así, como se trata de la indemnización del mismo daño aquí reclamado, habrá de descontarse la referida suma, a fin de evitar enriquecimientos sin causa.
Pull quotesCitas destacadas
"La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Ello abarca no solo el comportamiento activo, sino también la conducta omisiva, también llamada inactividad de la Administración."
"The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation, except force majeure, fault of the victim, or act of a third party. This covers not only active conduct but also omissions, also called inaction of the Administration."
Considerando VI
"La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Ello abarca no solo el comportamiento activo, sino también la conducta omisiva, también llamada inactividad de la Administración."
Considerando VI
"en este caso la Municipalidad fue omisa en su deber de fiscalización o, al menos, no desplegó la conducta que se esperaba ante las circunstancias y antecedentes que rodeaban el proyecto constructivo en examen."
"in this case, the Municipality failed in its inspection duty or, at the very least, did not deploy the conduct expected given the circumstances and background surrounding the construction project under review."
Considerando VI
"en este caso la Municipalidad fue omisa en su deber de fiscalización o, al menos, no desplegó la conducta que se esperaba ante las circunstancias y antecedentes que rodeaban el proyecto constructivo en examen."
Considerando VI
"la transacción en examen sigue la regla general de cita y, en consecuencia, sólo surte efectos entre las partes contratantes. […] ese acuerdo no impide imponerle a la Municipalidad una condena pecuniaria mayor, si los detrimentos endilgados resultan superiores."
"the settlement at issue follows the general rule cited and, consequently, only produces effects between the contracting parties. […] this agreement does not prevent imposing a higher monetary judgment on the Municipality if the alleged damages prove superior."
Considerando X
"la transacción en examen sigue la regla general de cita y, en consecuencia, sólo surte efectos entre las partes contratantes. […] ese acuerdo no impide imponerle a la Municipalidad una condena pecuniaria mayor, si los detrimentos endilgados resultan superiores."
Considerando X
"El detrimento cuyo resarcimiento fue solicitado por los actores, corresponde a la pérdida de sus casas de habitación, no a los costos de su adquisición, de ahí que lo indemnizable sea el valor actual de una casa en condiciones semejantes a la perdida."
"The loss for which the plaintiffs seek compensation is the loss of their homes, not the costs of their acquisition; hence, what is indemnifiable is the current value of a house under similar conditions to the one lost."
Considerando X
"El detrimento cuyo resarcimiento fue solicitado por los actores, corresponde a la pérdida de sus casas de habitación, no a los costos de su adquisición, de ahí que lo indemnizable sea el valor actual de una casa en condiciones semejantes a la perdida."
Considerando X
Full documentDocumento completo
First Chamber of the Court Date of Resolution: October 12, 2021 at 09:30 Case File: 09-003401-1027-CA Type of matter: Proceso de conocimiento Analyzed by: SALA PRIMERA Content of Interest: Content type: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Liability Subtopics: Strict liability for inaction. Analysis of the strict administrative liability for inaction of Municipalities -abnormal functioning and illegitimate conduct- in the guardianship (tutela) and oversight in the construction process of works executed within their jurisdiction; independent of the liability that may fall on the construction company and the professional in charge of the work (articles 190 General Law of Public Administration, 13 Municipal Code, 1, 15, 74, 83 and 87 Construction Law, 15, 19, 32, 33, 38 and 58.1, 5 and 6 Urban Planning Law). See resolutions 211-2005 and 308-2006 of the First Chamber. In the specific case, the lack of the duty of surveillance and constructive control by a local government was determined in a condominium that presented subsidence, deformations, and landslides, with the consequent loss of several houses (vote 1703-F-2021).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Content of Interest: Content type: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Transaction contract (Contrato de transacción) Subtopics: Concept and scope. Topic: Principle of privity of contract (Principio de relatividad de los contratos) Subtopics: Concept and scope. As a general rule, the transaction follows the principle of privity of contract, which assumes that contracts produce no effect except between the contracting parties, therefore they do not benefit or harm third parties, and only by exception do their effects transcend to other interested parties, a scenario for which it becomes necessary that they accept it (cardinals 1025 and 1374 Civil Code). The transaction under study follows the general rule and, consequently, only produces effects between the contracting parties (payment of a sum of money from the construction companies to the people who lost their homes in a condominium, due to landslides). This agreement does not prevent imposing on the Municipality (objectively liable for the lack of oversight in the construction process of the project) a larger pecuniary condemnation, if the attributed detriments prove to be greater (vote 1703-F-2021).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Content type: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Liability Subtopics: Joint and several liability (Responsabilidad solidaria). Joint and several liability is not presumed, as it underlies an express pact, a provision of law, or a will (ordinal 638 Civil Code). It is not viable to presume or speak of joint and several liability among the initially sued parties, for the mere fact that it was requested in the complaint (vote 1703-F-2021).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Content type: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Damage (Daño) Subtopics: Material damage (Daño material). In the present complaint, the plaintiffs categorized the loss of their homes as material damage; detriment that was proven, since the Comisión Nacional de Emergencias declared them uninhabitable, ordering their eviction, closure, and demolition. Likewise, there is a causal relationship between that injury and the omissionary conduct of the Municipality (lack of the duty of surveillance and constructive control in a condominium that presented subsidence, deformations, and landslides). This detriment is independent of the amount that each of the plaintiffs paid or failed to pay for their homes, that is, whether these had been paid off in their entirety or were owed due to existing credits with financial entities. This neither increases nor diminishes the detriment attributed here, since the relationship between the creditor and the debtors is foreign to the injury and conduct analyzed here. One cannot fall into the absurdity of concluding that, if someone received their house gratuitously -by donation or inheritance-, they would not have the right to claim compensation for its loss, for the simple reason that they did not pay any sum for it. The detriment whose compensation was requested by the plaintiffs corresponds to the loss of their dwelling houses, not to the costs of their acquisition, hence what is compensable is the current value of a house in conditions similar to the lost one, which will have to be determined by expert examination in the execution phase (numeral 122.m.ii Código Procesal Contencioso Administrativo); an amount from which must be deducted a sum of money that the claimants received in the transaction with the construction companies (vote 1703-F-2021).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Content type: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Damage (Daño) Subtopics: Moral damage (Daño moral). Analysis on subjective moral damage. See resolutions 782-2016 and 257-2019 of the First Chamber. In the present matter, there is no doubt that the plaintiffs suffered an injury to their inner self as a result of the sudden loss of their homes and the way the incident occurred (lack of the duty of surveillance and constructive control by a Municipality in a condominium that presented subsidence, deformations, and landslides). However, this Chamber considers that the granted amount is proportional and rational to compensate the frustration, sadness, anguish, and other feelings generated by the suffered detriment. The appellant cites a series of circumstances that aggravate the suffered injury, for instance, the loss of household goods, the transfer of their children to other schools or traveling long distances to fulfill their obligations. However, such factors were not proven (vote 1703-F-2021).
... See more Related Judgments Content of Interest: Content type: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Costs (Costas) Subtopics: Plus petitio. Analysis on plus petitio (mandate 194 Código Procesal Contencioso Administrativo). The plaintiffs requested an amount for material damage and for moral damage. Said items correspond to provisional and prudential estimates, since the first detriment has not yet been determined and its quantification will depend on the determination of experts in the execution phase. The second is evidently prudential, since the quantum was set according to the prudent discretion of the judge. Thus, since the provisional estimate is an exception regulated in said norm, it is clear that in this case there was no plus petitio (vote 1703-F-2021).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Content type: Unanimous vote Branch of Law: Administrative Litigation Topic: Appeal in cassation (Recurso de casación) Subtopics: Costs (Costas). The appeal in cassation filed by a Municipality is rejected, which must bear the costs generated by its exercise (norm 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo) (vote 1703-F-2021).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Res. 001703-F-S1-2021 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes of October twelve, two thousand twenty-one.
Proceso de conocimiento established in the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda by CARLOS FRANCISCO BLANCO RODRÍGUEZ, medical technician, CARLOS FRANCISCO ROSALES CORDERO, single, merchant, CARMEN MARÍA ZÚÑIGA JARA, secretary, ELIZABETH LIZANO MARÍN, divorced, pharmacist, resident of Puntarenas, ERICKA PINTO QUINTERO, single, agricultural engineer, resident of the Republic of Panama, FRANKLIN JAMES MC LAREN, single, businessman, JUAN CARLOS BLANCO MOYA, ATM technician, RAQUEL CORDERO NAVARRO, marital status not indicated, housewife; against the ESTADO, represented by the attorney Luis Diego Flores Zúñiga, personal details not indicated, the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, represented by its general judicial attorney-in-fact Marta Cecilia Robles Martínez, widow, lawyer, Graciela Cavada Azofeifa, single, lawyer, the MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, represented by its mayor Roberto Zoch Gutiérrez, the SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS, represented by the superintendent Javier Cascante Elizondo, personal details not indicated. Appearing as special judicial attorneys-in-fact, for the plaintiffs, Lilliana Valverde Salas, domicile not indicated; for the Municipality, Roberto Morales Delgado, marital status not indicated, resident of Heredia, Karla Segura López, resident of Heredia; for SUGEF, Roberto González Ruiz, marital status not indicated, resident of Heredia, Marcela Gómez Masís, marital status not indicated, resident of Alajuela. The individuals are of legal age, and with the exceptions noted, married, lawyers, and residents of San José.
Drafted by Judge López González
CONSIDERANDO
I.- According to the facts deemed proven in the appealed judgment, in the year 2001 the companies Foresta de Moravia S.A. and Desarrollos Panorámicos del Este S.A. engaged in the construction of the housing complexes Condominios Natalia and Urbanización Fabiola, also known as UNEMOPT-SIBAMPO, located in the Ato de la Trinidad de Moravia. In ordinary session 160 of March 26, 2001, the Municipal Council (Concejo Municipal) of Moravia agreed to approve the construction permit for the second stage of Urbanización UNEMOPT-SIBAMPO, for being compliant with all legal procedures. By means of technical report DPM-INF-121-2001 dated July 26, 2001, the Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias of the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) warned the Municipality of Moravia, regarding the aforementioned housing project, that the earthworks (movimientos de tierra) and fillings must be in accordance with the soil and slope stability studies, as well as the design of terraces and the compaction and substitution of organic material for ballast, this with the purpose of preventing any considerable damage to the future homes due to settlements, subsidence, and small landslides in the fillings. Likewise, that the housing development project La Fabiola was not in accordance with article 1 of the Código Urbano. As a result of the above, it recommended not authorizing any housing construction permit in that sector, until all the necessary studies were presented, both in corrective works and in fillings and terraces, in order to grant total safety to the families wishing to live in that place. Through official letter ASM-0001-2001 of August 27, 2001, the Área Rectora of the Ministry of Health in Moravia, expressed the following in relation to the permits granted for the development of the referred project: "a) There is a lack of potable water, the land has filtration problems from residual sewage, black water, and rainwater. According to a study conducted by the CNE, it is on poorly executed fillings, modification of terraces, seismic faults, possible collapses, accumulation of debris on the right bank of the ravine. It is in a landslide zone, high density, near the aquifers. The version from the Engineering Department of the Municipality is that the plans are duly signed by the corresponding institutions, therefore it asks you to intervene regarding the sale of lots that is taking place". By memorandum of September 17, 2002, the mayor of the Municipality of Moravia ordered the director of engineering of that institution to conduct an assessment of the houses that were being built by Mr. Orlando Chaves (houses 12 to 25), in order to proceed in accordance with the current legislation in all those that did not match the approved plans and did not have sufficient drainage area. Likewise, he requested to assess the houses located adjacent to the children's playground area. Through official letter D.I.O.M.M 711 of September 19, 2002, engineer José Joaquín González Gamboa of the División de Ingeniería y Operaciones of the Municipality of Moravia, indicated to those in charge of the Urbanización La Fabiola, that under penalty of liability they must resolve the neighbors' problems regarding the request to build retaining walls. Said engineer also communicated to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) that in said urbanization they had illegally connected to the service that said entity provides (potable water). In the same vein, he informed the Instituto Nacional de Seguros that in the same urbanization, constructions had been carried out without the respective municipal permit. On November 15, 2007, a landslide occurred in that area. Through technical report DPM-INF-1957-2007 of November 2007, the CNE ordered: "[…] c) The landslide originating on November 15, 2007, in the afternoon hours, arose in the children's playground sector, inserted in several levels of gabions in a slope area. The displacement of the mass (gabion and fill material), slid affecting the integrity of the homes, settlements in the lower part, as well as the access entrance to the Condominios Natalia". By means of an act of search, seizure, and confiscation, the Prosecutor's Office stated: "on November 14, 2007, at approximately 17:00 hours, a large landslide occurred, specifically in the children's playground area of the Urbanización La Fabiola, which produced the destruction of part of the public street that allows entry to the Condominio Natalia, caused because the consistency of the soil did not have the necessary stability to support said constructions, with the homes being affected, which caused them serious structural fractures, due to the fact that the soil on which they were built did not meet the technical and legal requirements necessary for this type of construction". On November 16, 2007, the CNE and the Unidad de Protección al Ambiente of the Ministry of Health declared the affected homes as uninhabitable and ordered the immediate eviction, closure, and demolition of them. In a report issued by the company INGEOTEC in January 2008, the following were indicated as causes of the landslide: "a) Existence of a regular to poor quality fill in the soils upon which the housing complex was built. b) Placement of gabion walls (retaining walls) that were very heavy, which were not properly founded and that were producing deformations in the fill. c) Rupture of a rainwater pipe and its respective manholes, which ran inside the fill and in the wall area. d) Weight of the homes much greater than what could be supported on the crown of the slopes. e) Illicit connections of sewage pipes coming from the drains located in the houses located on the upper part of the slope. f) Existence of pooled water, phreatic levels within the slopes. The houses of the Urbanización Fabiola located on the upper part of the slope are at high risk of suffering new landslides, it is recommended that they be permanently vacated". Through official letter DGTO 192-1-06-2018 of June 19, 2018, the Dirección Técnico Operativa of the Municipality of Moravia, certified the following: "a) That towards the southern boundary of the Urbanización la Fabiola and the Condominio Natalia, there existed a Gabion (sic) wall with an approximate length of 171.13 linear meters. b) The wall was built by the developer of the Condominio Natalia and Urbanización la Fabiola to provide stability to a slope located in the southern sector of said projects. c) On the gabion wall located in the Condominio Natalia sector, on the children's playground area and part of the gabion wall, a party ranch and a gym were built on a date after the construction of the condominium, which did not have the construction permits". Mr. Carlos Blanco Rodríguez and Mrs. Carmen Zúñiga Jara are owners of one interest each, over lot 23, block A. Said property is liable for a debt with the Banco Hipotecario de la Vivienda, which is active and in administrative collection. Mrs. Raquel Cordero Navarro and Mr. Juan Carlos Blanco Moya are owners of one interest each, over lot 22, block A, which has an active mortgage with Bancrédito. Mrs. Ericka Pinto Quintero is the owner of lot 23, registered under real folio F-42214-000, which had a mortgage with Grupo Mutual Alajuela that is now canceled. Mr. Franklin James Mclaren is the owner of subsidiary property 19, registered under real folio F-42210-000, which has a mortgage with Scotiabank that was declared uncollectible. Mr. Carlos Rosales Cordero is the owner of subsidiary property 1, registered under real folio F-42192-000, which was paid in full. Mrs. Elizabeth Lizano Marín is the owner of subsidiary hereditament 21, registered under real folio F-42212-000, which has an active mortgage with Scotiabank. The referred persons reached an agreement with the construction companies, from which they obtained the sum of $12,500.00 for each lost house.
II.- Mr. Carlos Blanco Rodríguez, Mrs. Carmen Zúñiga Jara, Mr. Juan Carlos Blanco Mora, Mrs. Raquel Cordero Navarro, Mrs. Ericka Pinto Quintero, Mr. Franklin James Mclaren, Mr. Carlos Rosales Cordero, and Mrs. Elizabeth Lizano Marín brought the present proceso de conocimiento against the Estado, the Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), and the Municipality of Moravia, requesting to declare the inactivity in the exercise of the powers of oversight (fiscalización) and administrative guardianship (tutela administrativa) not acted upon, which the INVU and the Municipality of Moravia were required to exercise by legal mandate in the building activity of the companies Foresta de Moravia S.A and Desarrollos Panorámicos del Este S.A., which allowed the development of the Condominio Horizontal Natalia and the Urbanización La Fabiola, without complying with the minimum requirements required for the building of this special type of works. Likewise, to declare the administrative conducts issued by the defendants non-conforming regarding the approval of the endorsements of the construction plans for the Condominio Natalia and the Urbanización Fabiola, as well as to declare their obligation to exercise the power of oversight (fiscalización) and guardianship (tutela). On the other hand, it asks to order SUGEF to restore the claimants as credit subjects to the date when the landslide occurred. Finally, it requests that the defendants be jointly and severally condemned to pay the damages (material and moral) suffered by the plaintiffs due to the loss of their homes, interest and indexation from November 14, 2007 (the date when the landslide occurred) and until its effective payment, as well as the costs of this litigation. All the defendants answered the complaint negatively. The Estado raised the defenses of expiration (prescripción), lack of right, and lack of standing (legitimación) (active and passive). SUGEF formulated the defenses of incomplete necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario incompleto), lack of right, lack of current interest, and lack of standing. The INVU raised the defenses of expiration (prescripción), caducity, lack of right, and lack of standing. The Municipality of Moravia raised the defenses of incomplete necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario incompleto), pendency of suit (litis pendencia), and lack of right. By means of resolution No. 2198-2011 of 7 hours 50 minutes of September 22, 2011, the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda approved the agreement reached by the plaintiffs with the companies Desarrollos Panorámicos del Este S.A. and Foresta de Moravia S.A. (originally sued in this cause), in which they agreed to receive from said companies the sum of $12,500.00 for each of the housing units. By means of judgment No. 71-2018-I of 10 hours 28 minutes of July 17, 2018, issued by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, First Section, by majority, the complaint was partially upheld, understood as denied in what was not expressly stated. The Municipality of Moravia was condemned to pay to Mrs. Elizabeth Lizano Marín and Mr. Carlos Rosales Cordero the amount of $12,500.00, as compensation for material damage (daño material). Regarding the other plaintiffs, that detriment was denied. Said entity was also condemned to pay ¢3,000,000.00 in favor of the claimants, for subjective moral damage (daño moral subjetivo). On this last sum, the payment of net interest and indexation was imposed from the finality of the ruling and until its effective payment. The matter was resolved without special condemnation for costs regarding the Estado, SUGEF, and the INVU. The local entity was condemned to pay both sets of costs. Dissatisfied, the representation of the plaintiffs and the sued Municipality filed an appeal in cassation before this Chamber, the first being admitted in its entirety and the second, partially.
Appeal of the Municipality of Moravia III.- The first, second, and third grievances will be heard jointly because they refer to the same topic and repeat arguments therein. The appellant argues preterition and incorrect assessment of the evidence regarding proven facts 2, 3, 6, and 40, as well as unproven facts 3 and 4. It explains, in the complaint, the plaintiff alleged that the construction permits granted to the urbanization UNEMOPT-SIBAMPO and the Condominio Natalia were granted irregularly due to a lack of requirements and, in the appealed judgment, the following was deemed proven: "By means of official letter of March 28, 2001, issued by the Municipality of Moravia, it is expressed to the Department of Engineering and Works, that the Municipal Council (Concejo Municipal) of Moravia in ordinary session 160 of March 26, 2001, agreed to approve the construction permit of the Urbanización Residencial La Trinidad, second stage of Urbanización UNEMOPT-SIBAMPO, for being compliant with all legal procedures, therefore it is authorized to charge them and deliver the corresponding permits and plans". It alleges, the Tribunal omitted to deem as proven that those permits were granted in compliance with the legal requirements. It adds, the municipal entity demanded all of the required requirements and even requested additional, but necessary requirements to provide safety to the constructions. It notes, regarding the construction permit for the residential urbanization La Fabiola, UNEMOPT-SIBAMPO, it was originally issued under number 9178 of August 21, 1997, visible on folio 247 of folder 27, extended for the second stage by construction permits 10825 and 10599, visible on folios 25707961 of folder 25 and 246 of folder 27, as well as an agreement of the Municipal Council visible on folio 1 of folder 23 and a set of 8 blueprint sheets provided by the INVU. Regarding the Condominio Natalia, construction permit 12014 was issued, visible on folios 314 and 315 of folder 27, folio 21 of folder 23 and is complemented with the sheets of 14 blueprints provided by the town hall. Of this last project, it warns, despite its invaluable relevance in this process, given that the landslide originated there and because the majority of the plaintiffs resided in that place, in the appealed judgment nothing is indicated about its building permit (licencia constructiva). It reproaches, there is sufficient evidence for it to have been deemed as proven that the projects of interest were built with a municipal license, after fulfilling the legal requirements, which denotes that the cantonal entity complied with its power-duty of building control (control) and oversight (fiscalización edilicia). It asks to take into consideration that, when the construction permits for the Condominio Natalia were granted, the following requirements were demanded: 1) CFIA Contract (folios 132 and 133 of folder 23). With this contract, it was guaranteed that the project had responsible professionals, who would implement together with the developers the necessary acts to achieve correct construction. 2) Land use (Uso de suelo) (folio 207 of folder 27). With this, it is proven that the project conformed to the regulations of the regulatory plan of Moravia. 3) Cadastral plans 1-754663-2001 and 1-754659-2001 (folios 317 and 318 of folder 27). 4) Potable water availability URB-E-053-02 (folios 85 of folder 27). With this document, the availability of water for the project and the approval of the AyA regarding the new construction is proven. 5) Containment works for the slope that was located towards the south of the future Condominio Natalia, which was required by means of official letter DIOMM 758 of October 9, 2002, addressed to engineers Federico Chacón (responsible professional) and Fabio Chaves (legal representative of the developer) (folio 208 of folder 27). 6) Slope stability study for the area of the future Condominio Natalia and the park of urbanización La Fabiola. This request was made by the Municipality to the company Foresta de Moravia S.A., in its condition as developer, which contracted the company Vieto y Asociados S.A. to carry out the referred study (folios 1-4 of folder 25). 7) Soil study in the children's park of the urbanización La Fabiola. This was carried out by the developer at the request of the municipal entity (folios 15-26 of folder 25). This study (carried out by the company Vieto y Asociados S.A.) aimed to determine the characteristics of the soil for the children's park area of the project in question, located to the east of the Condominio Natalia. 8) Soil study and slope stability analysis for the Condominio Natalia project, which was carried out by Vieto y Asociados S.A. at the request of the company Foresta de Moravia S.A. (folios 29-49 of folder 25). In said report, it was concluded: a) That on the land where the Condominium would be built, there were fill (relleno) soils, which to be usable had to be worked correctly, with soil substitution and with adequate foundations. b) That the stability of the area depended on the adequate construction of the gabion wall that was being developed towards the southern sector of the urbanización La Fabiola and the future condominium, therefore its design and adequate construction technique were of utmost importance. c) As these were soils with a tendency to saturation, their bottom should be sealed before building the filter bed, all to prevent displacements of the area. 9) Soil and gabion wall study 03-O-0811-4234 (folios 55-70 of folder 3). This study corresponded to the Condominio Natalia project. 10) Environmental impact study for the entirety of the farm where the Condominio Natalia, the Lomas de Cabeara project, and residencial La Fabiola would be developed. This was requested in 1997 by the Municipality (folios 147-180 of folder 27). The existence of this study and its application in the urbanización Fabiola was confirmed by the testimony of the witness José Joaquín González Gamboa. 11) Seismicity study to determine faulting for the Condominio Natalia and urbanización La Fabiola (folios 9-13 of folder 23). 12) Field infiltration study (Tech 246-01) of July 5, 2001, carried out by the company Technosoil S.A. for urbanización La Fabiola and Condominio Natalia (folios 25707065-25707098 of folder 25). This study generates the necessary information to determine the behavior of the soil in maximum water saturation events and allowed the developers and responsible professionals to decide if it was necessary to substitute soils and the type of drainage works that were required for the construction of containment works and stabilization of the slope located in the south of the urbanización La Fabiola and Condominio Natalia. 13) Hydrological study and slope stability analysis for the cited urbanization and condominium (folios 28-54 of folder 23). In this study, it notes, it was indicated that the slopes of the southern sector of the projects under examination, i.e., where the harmful event occurred, possessed high stability, so the structure of the buildings was not put at risk. 14) Infiltration study of March 4, 2003, presented by Eng. Federico Chacón (folios 748-749 of folder 27). 15) Infiltration study, Tech 231-02 of April 24, 2002 (folios 750-760 of folder 27). It underlines, in this analysis it is concluded that the land where the incident occurred presented adequate characteristics to use an on-site absorption system, through superficial drains. 16) Requirement made through official letter DIOMM 711-09-2002 of September 19, 2002, addressed to responsible professionals and owners of Condominio Natalia, in which attention to any eventuality that might arise in the condominium was demanded (folios not indicated). 17) Rainwater drainage authorization for Condominio Natalia and urbanización La Fabiola, official letter DIOSMM 03-25-2002 (folio 61 of folder 21).
On the other hand, it states that the following requirements were demanded for the La Fabiola urbanization: 1) Professional responsibility record established in the professional services contract (folio 20 of folder 23 and the respective site designs visible in the folder of 8 plans provided by the INVU). 2) Land uses (folio 68 of folder 21, folio 25707063 of folder 25, and folios 7 and 8 of folder 27). 3) Copy of the cadastral plan (visible in the set of plans provided by the Municipality). 4) Exemption from sanitary sewer construction (official letter E y P-AR-2001-319 of April 3, 2001, from AyA, in which the La Fabiola urbanization is exempted from the sanitary sewer (folio 33 of folder 21)). 5) Official letter URB-E-2001-169 of April 4, 2001, from AyA, regarding potable water availability for La Fabiola (folios 71-72 of folder 21). 6) Requirement via official letter DIOSMM 504 of August 16, 2001, in which it is detailed that the La Fabiola urbanization met the legal requirements and a large number of soil studies had been carried out, including regarding materials and road details (folios 5-6 of folder 23). On the other hand, it highlights that the following requirements were not established in an express regulation but were demanded to provide safety to the constructions: 1) Slope stability study in the area of the future Natalia condominium and the La Fabiola urbanization park (folios 1-14 of folder 25). 2) Soil study in the children's playground of the La Fabiola urbanization (folios 15-26 of folder 25). 3) Soil study and slope stability analysis for the Natalia condominium project (folios 29-49 of folder 25). 4) Environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) (folios 147-180 of folder 27). 5) Field infiltration study (folios 25707065-25707098 of folder 25). 6) Hydrological study and slope stability analysis (folios 28-54 of folder 27). 7) Infiltration study for the Natalia condominium and La Fabiola urbanization (folios 750-760 of folder 27). 8) Official letter DIOM 758 of October 9, 2002 (folio 208 of folder 27). 9) Official letter DIOMM 711-09-12 of February 19, 2002, addressed to the owners of the Natalia condominium and La Fabiola urbanization (folios not indicated). 10) Seismicity study (folios 9-13 of folder 23). 11) Internal requirement and instruction for constant inspections to be carried out at the La Fabiola project (official letter DIOMM 581 of June 28, 2002, visible in folios 14-15 of folder 23). 12) Geotechnical study and soil mechanics INF-9600334 of February 5, 1996, generated for the property where La Fabiola, Natalia, and Lomas de Cabeara would be developed (folios 171-188B of folder 3). 13) Official letter of August 12, 2002, signed by the then-mayor Oscar Ureña and addressed to engineer José Joaquín González Gamboa, by which he forwarded report 01935-SDF-2002 from the CFIA making recommendations to the Municipality to verify the actions related to the La Fabiola urbanization (folios 123-130 of folder 3). 14) Minutes of a meeting for the control, monitoring, and oversight of the construction process of the La Fabiola urbanization held on November 5, 2002, in which the Ministry of Health, the Municipality of Moravia, the Comisión Nacional de Emergencias, the legal representatives of the La Fabiola urbanization, the CFIA, and the municipal engineer José Joaquín González participated. It was agreed there that the developers would carry out a corrective project in the area that was presenting problems (folios 149-157 of folder 6). 15) Official letter DAMM 520-2001 from the mayor's office, by which it was agreed to request that the developers of the La Fabiola urbanization provide filtration or percolation tests, soil and slope studies, terrace designs, compaction, and water discharge (folios 27-28 of folder 6). All the foregoing was done in order to comply with the warnings made by the CNE in official letter DPM-INF-121-2001. 16) Official letter DIOMM 828 of November 12, 2002, by which engineer José Joaquín González informed the Ministry of Health of Moravia that constant inspections had been carried out at the La Fabiola project (folio 221 of folder 23). 17) Official letter of January 14, 2003, addressed to the Works Commission, which is a written commitment and report from the engineer of the La Fabiola Urbanization to solve the problems on the slope in the southern sector of the La Fabiola urbanization and Natalia condominium (folio 245 of folder 27). 18) Official letter of January 2003, issued by the responsible professionals of the La Fabiola urbanization, in which they committed before the Municipality to solve the problems of the slope of the La Fabiola urbanization park and even generated a progress schedule (folios 226-244 of folder 27). It emphasizes that, as prior controls in both projects (La Fabiola urbanization and Natalia condominium), the following was required:
Natalia Condominium \t La Fabiola Urbanization Form 4064 of August 22, 2002, was generated, by means of which the Municipality's construction inspectors warned the developer of the Natalia condominium and the La Fabiola urbanization that they would halt the work being carried out without municipal authorization in the sector where the future condominium would be developed (folios 373-374 of folder 27) \t Official letter DIOSMM 474 of August 9, 2001, was generated, addressed to engineer Federico Chacón, who was the project's responsible professional. This made known report DMP-INF-121-2001 from the CNE of June 26, 2001, regarding guidelines and technical recommendations that should be observed during the project's development (folios 210-222 of folder 27).
On August 27, 2002, the municipal inspectors closed down the start of constructions for the condominium due to lack of municipal permits (folios 373-374 of folder 27).
\t Soil, soil compaction, infiltration, soil moisture, and soil resistance studies were requested for the future project (folios 7-8 of folder 23) The CNFL and the INS were informed about the illegal constructions of the Natalia condominium and La Fabiola urbanization (folios 944-948 of folder 27).
\t \t With the foregoing, it underlines, it is evident that the Municipality was diligent, honest, and acted under the protection of legality when it approved the cited housing projects; therefore, it required of the developers and responsible professionals not only the express legal requirements but also studies, expert reports, and actions of various kinds to provide safety to the constructions; however, none of this was taken into consideration. It continues, in proven fact No. 3, it was established: “[…] The Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) issued technical report number DPM-INF-121-2001 of July 26, 2001, in which it is stated that an inspection was carried out on July 13, 2001, in which it warns the Municipality of Moravia, regarding the housing project UNEMOPT-SIBAMPO, second stage, property of Moravia, of the following: a) That both the earthworks (movimientos de tierra) and the fills must be in accordance with the soil and slope stability studies, as well as the terrace design and the compaction and substitution of organic material with ballast, with the purpose of preventing any considerable damage to the future dwellings from settlements, sinkholes, and small landslides in the fills. b) The La Fabiola Housing Development project is not in accordance with Article 1 of the Urban Code. Therefore, the CNE recommends that the Municipality of Moravia not authorize any dwelling construction permit in that sector, until all necessary studies are presented, both in corrective works on fills and terraces, with the purpose of providing total safety to all families wishing to live in that place.” It considers that the Court erroneously interpreted the report cited therein. It exposes, this does not say that the Municipality had to verify that “both the earthworks and the fills must be in accordance with the soil and slope stability studies, as well as the terrace design and the compaction and substitution of organic material with ballast, with the purpose of preventing any considerable damage to the future dwellings from settlements, sinkholes, and small landslides in the fills.” It warns, what the study says is: “Therefore, it is recommended that the following institutions: -Municipality of Moravia. -Department of Engineering Moravia -Urban Planning Department. INVU -Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Ministry of Health. Dirección de Saneamiento Ambiental request(s) from those in charge of the Project called UNIMOP-SINAMPO the corresponding studies and permits, corrective works on the terraces, fills and ballast substitution, engineered containment walls, rainwater and sewage discharges in accordance with existing legislation, as well as the pertinent regulations: 1. It is recommended that the Municipality of Moravia, Department of Engineering not authorize any dwelling construction permit, until all necessary studies are presented, both in corrective works on fills and terraces, with the purpose of providing total safety to all families who have their home in the place […] 3. Because on the land the following were carried out: earthworks, terraces, and accumulation of material in the form of “inadequate” fills. 4. It must be in accordance with: geotechnical studies of slope stability and soil characteristics, due to the possibility of surface fault rupture from earthquakes, rains, causing possible “mudflows,” this depending on soil conditions, with the purpose of taking the necessary mitigation measures for any construction, in order to minimize the possibility of damage occurring in any type of work. 5. If the corresponding study does not exist, it is necessary to request it and to adopt the appropriate engineering measures, with the purpose of establishing what corrective works are to be carried out as soon as possible. The Municipality of Moravia, Department of Engineering must supervise these works in their entirety […]”. It points out, in that report, the Municipality was recommended to request that those in charge of the project, meaning the responsible professionals and developers, carry out the corresponding studies and permits. Likewise, the local entity was recommended not to authorize dwelling construction permits in that project until the necessary studies were presented, as well as to fully supervise the works carried out. It reproaches, the Court did not deem it credited that the Municipality did comply with those recommendations, despite the existence of evidence to that effect. It asks to take into consideration part of the evidence already cited, especially the studies that were required by the Municipality from the developers after the CNE's report but before the issuance of the construction permits. It manifests, on May 5, 2003, the construction permit for the Natalia condominium was granted (visible in folios 314-315 of folder 27, folio 21 of folder 23, and supplemented by the sheets of 14 plans provided by the local council). This was granted, it highlights, when the stabilization studies and civil works indicated by the CNE had already been done. It argues that the Court completely dismissed the exculpatory evidence offered by the Municipality, since had it evaluated it, it would have found it demonstrated that said entity complied with the CNE's recommendations. On the other hand, it adduces, in fact 6 deemed proven, it was indicated that the municipal mayor ordered the director of engineering to carry out an assessment of the houses that were being built. It says, with this it is evident that future oversight was being sought, which reflects the commitment and care that the local council had in the projects of interest. It requests evaluating the statement of engineer José Joaquín González, who indicated that the Municipality did oversee the entire construction process of both projects and that, given their magnitude, there were always matters to review, but also that houses without permits or significant construction variations were never detected, and that what was verifiable regarding the construction process concerned, in some cases, small excesses of area due to the placement of floors in garages and that was resolved by municipal action. It claims, there is no single element of evidence in the case file that proves that the instruction given by the mayor was not fulfilled, the burden of which fell on the plaintiffs to demonstrate. On the other hand, it points out, in proven fact 40, it was indicated that through official letter DGTO-192-1-06-2018 of June 19, 2018, the Dirección Técnica Operativa of the Municipality of Moravia certified that on the gabion wall located in the southern sector of the Natalia condominium, over the children's play area and part of the gabion wall, a party ranch and a gymnasium were built at a date subsequent to the construction of the condominium, which did not have construction permits. It notes, the Court did not take into account the full content of the referenced official letter, especially where the reasons are explained why the Municipality could not have become aware of the illegal constructions carried out. It alleges, the cause of the damage suffered by the plaintiffs to their houses is not attributable to the corporate entity, but rather to the developers, responsible professionals, and even to the owners of the Natalia condominium. It specifies, in accordance with Article 87 of the Ley de Construcciones, in relation to Article 81 of the Ley Orgánica del CFIA, it is concluded that the obligation to oversee the execution of the works and ensure that they adhere to the construction plans and technical reports lies with the responsible professional and, consequently, the developer. The Municipality's responsibility, it clarifies, was one of vigilance, a duty that cannot go beyond verifying compliance with setbacks, coverage areas, and the permits granted, although, of course, to the extent legally possible. It urges taking into consideration that, since these are private properties with restricted access, the municipal inspectors' work is limited as they cannot enter the premises. It adds, with what is stated in official letter DGTO 192-1-2018, as well as the testimony of witness José Joaquín González Gamboa and the other documentary evidence, it is demonstrated that the illegal constructions, which directly influenced the damaging event, were carried out in the Natalia condominium subsequent to the conclusion of its construction, without the Municipality being able to detect them because access to the place was limited by gates and a security booth. Furthermore, there was no external visibility, as the owners and developers placed a wall or hedge of greenery that completely obstructed visibility. Likewise, neither the owners nor any third party filed a complaint about the illegal constructions. It complements, those buildings were not unknown to the plaintiff residents of the condominium, since in the condominium's regulations and in the constitution deed, the existence of a party hall or gymnasium does not appear, which demonstrates that said constructions were not part of the condominium's original layout. Nor does it appear on the plan that described the first and second level site design. It argues: “the responsibility for them lies with the Condominium Owners' Assembly, which, according to the Ley de Condominios Article 14, is the one that must approve improvements to common things, Article 27 subsection b). It being timely and necessary to argue that, by their legal nature, Condominiums should not be handed over to the Municipalities, so the possibility of verifying the existence or not of irregular constructions escapes municipal control if these are not reported by the neighbors themselves, since, as in the case at hand, condominiums usually have access restrictions being private property and the maintenance of common areas is outside the Municipality's competencies, therefore, it was only through a complaint from a condominium owner or a third party that the Municipality would learn of these illegal constructions, which ultimately ended up compromising the stability of the gabions, and in this process, it was not demonstrated with suitable evidence that there was any type of complaint regarding said constructions, and therefore, it is not possible for the Municipality to be responsible for what happened.” It indicates, according to the statement by deponent González Gamboa, that area was not suitable for placing solid constructions, since it was a fill zone supported by a retaining wall that was not designed to resist vertical loads, only horizontal loads, and this was one of the most relevant factors for the landslide to occur. It says, the vertical overload generated by the weight of the unpermitted constructions located on the crest of the slope and wall of the southern sector of the Natalia condominium could be a factor that, in principle, is attributable to the Municipality for lack of oversight of illegal constructions; however, this is ruled out, it reiterates, by taking into consideration the limited access by gates and a security booth, and additionally its lack of external visibility given the wall placed there. It insists, if the illegal constructions were carried out subsequent to the condominium's construction and these were not included in the approved plans, the responsibility for reporting it falls on the condominium owners. It manifests, in the case of plaintiff Ericka Pinto, it is on record that upon acquiring her house, she declared knowing and accepting in all its extremes the regulations governing the condominium. In the same sense, it considers that without a complaint, it was impossible for the territorial entity to become aware of those constructions, unless it carried out aerial surveillance, by means of drones or similar, or else, the principle of innocence was inverted and all already-inhabited constructions were reviewed, invading private property without elements motivating such acts, which logically is not appropriate in a state of law. On another topic, it indicates, the Court held as an unproven fact that “the Municipality of Moravia managed to fulfill its responsibility to oversee, safeguard, and supervise, in accordance with the scope of its competencies, the adequate development and execution of the La Fabiola Urbanization and the Natalia Condominium (the case file).” The appellant disagrees with what is stated therein, as it believes that sufficient evidence proving the contrary was provided. In this regard, it reiterates the evidence cited above. Furthermore, it adduces, the Court does not indicate which evidence it refers to, as it only indicates “the case file,” which generates ambiguity and a flagrant violation of the right of defense. Likewise, it alludes, it was not possible to demonstrate which legal requirement or requirements were absent at the time the permits were issued, and, therefore, it was not demonstrated that the licenses were granted incorrectly or with defects of nullity or legality, despite the evidentiary burden on this particular falling on the plaintiffs. Nor was it proven what lack of oversight was attributed to the Municipality. It insists, it was incumbent upon the plaintiffs to demonstrate the thesis of their case, without there being any legal reason for the judgment to presume the alleged non-compliance by the territorial entity in its duty to safeguard and supervise, in accordance with the scope of its competencies, the adequate development and execution of the construction projects cited. It asserts, even if the Municipality had not proposed evidence to demonstrate the contrary, it was the plaintiffs who had to prove the non-compliance, which does not occur in this case. In any event, it adds, the local government did demonstrate its compliance. It points out, in unproven fact No. 4, it was established: “That there existed the exemption from liability of the act of a third party and the fault of the victim in the liability for the damages caused to the plaintiffs as a result of the landslide that occurred on November 15, 2007, in the La Fabiola Urbanization and the Natalia Condominium (the case file).” It maintains, the evidence supporting this process, specifically, the expert-witness testimony given by engineer José Joaquín González Gamboa, as well as the rest of the technical documentary evidence (report IG 019-2008 of January 31, 2008, visible in folder 26 in its entirety, geotechnical and soil mechanics report, prepared by Castro & De la Torre, visible in folder 14) and the technical report provided as evidence for a better resolution (DGTO 192-1-2018), demonstrates that the cause of the damage corresponds to the landslide that occurred in the southern sector of the Natalia condominium, which also affected the La Fabiola urbanization, which occurred due to the combination of the following factors: “vertical overload generated by the weight of unpermitted constructions located on the crest of the slope and wall located on the southern side of the Natalia Condominium (Party Hall and Gymnasium), near-approximation fills used in the southern sector of the condominium to connect the walls with the rest of the condominium of poor quality, inadequate or nonexistent drainage in the retaining walls located where the event occurred, water infiltration that saturated the fill soils, coming from the rupture of a potable water pipe, settlement of wall bases on subsoil strata of regular quality.” All these factors, it emphasizes, are attributable to the developers, responsible professionals, and condominium owners, not to the territorial entity. Regarding the duty of oversight of private responsible professionals and their responsibility in a construction process, it requests studying canons 53 and 54 of the Ley Orgánica del CFIA, 81, 83 and 85 of the Ley de Construcciones, 1-4, 6-8 and 19 of the CFIA's Código de Ética Profesional, 16.4 of the Código Sísmico de Costa Rica, 6, 7, 11 section B, 13, 15-17 and 40 of the Reglamento de Contratación de Servicios para Consultoría de Ingenieros y Arquitectos, as well as canon 1185 of the Civil Code. It expounds, the cited norms establish the obligation of private professionals not only to act under the strict norms of science and technique but also to always guarantee the safety of works, protecting both economic assets and human lives. Likewise, to report the existence of irregularities. All of this, it accuses, was disrespected by the responsible professionals, and yet, the A-quo did not analyze that responsibility. It assures, this, evaluated together with the Municipality's fulfillment of its power-duty in the referenced building matters, generates as an inexorable result the breaking of the causal link and its consequent exemption from liability. It adds, if the plaintiffs decided to reach an extra-procedural agreement with the developers and responsible professionals that did not meet their expectations for compensation, this does not mean that this failure in negotiating must be compensated by attributing to the Municipality the responsibility for what happened, and, therefore, the latter must assume jointly and severally the detriment caused. For this to occur, it warns, the causal nexus must be demonstrated, which does not occur in the sub-lite. It believes that the Court did not analyze the existence of the act of a third party and the fault of the victim in the terms described, as exemptions from liability. To delve into the topic, it transcribes some excerpts from votes No. 10874-1988 and No. 555-90 of the Tribunal Superior Contencioso Administrativo, First Section. From them, it infers that the existence of a causal nexus between the act claimed as damaging and the State's responsibility must be conclusively proven. It considers that in this case, the cited exemptions were configured and, to that extent, the Court erred by not applying them in accordance with precept 190 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP). It opines, according to the evidence alluded to, it was not the actions or omissions of the territorial corporation of Moravia that generated the damage, but rather the actions of the plaintiffs, the responsible professionals, and the developers. It adds, the judges limited themselves to pointing out, as a background of the landslide that occurred and the cause of the damage suffered by the plaintiffs, that the report issued by the CNE (DPM-INF-121-2001) existed; however, they omitted to analyze the Municipality's compliance with the recommendations recorded therein. It alleges, in the appealed judgment, the Municipality was reproached that “such serious warnings were not noticed nor corrected by the municipal entity in an efficient, prompt, and effective manner, so that such errors would be rectified”; however, in its view, that conclusion is sterile for generating liability against the local council because it is not supported by any evidence, but rather is a subjective presumption of the judges. On the other hand, it argues that the Municipality could not oversee the professional practice of those in charge of the work, as this task falls to the professional associations. Furthermore, it underlines, for this, the professionals receive fees that can amount to up to 12.5% of the value of the works according to Article 4) of decree No. 18.636, contrary to what happens with the Municipality, which, according to numeral 70 of the Ley de Planificación Urbana, receives a tax equivalent to 1% of the value of the constructions, for the concept of construction permits. Thus, it refutes, the Municipality should not exercise control over the responsible professionals and developers regarding the correct application of technique in the constructions they direct or develop. It claims, attempting to extend the municipalities' responsibility to that extreme, as was done in the objected judgment, entails “a breach of the law itself, but also of the local institutional framework, since not even by investing the entirety of the tax in oversight would this be possible; the responsible professional would have 12.5% of income against 1% of income for the local council, yet the local council would be required to supervise someone who disproportionately receives more income.” IV.- When analyzing the liability attributed to the Municipality of Moravia, the Court explained, through an official letter of March 28, 2001, issued by the Municipality of Moravia, the Department of Engineering and Works of that entity was informed that the Municipal Council had approved the construction permit for the La Trinidad residential urbanization, second stage of the UNEMOPT-SIBAMPO Urbanization, through ordinary session 160 of March 26, 2001, thus authorizing the collection of fees and delivery of the corresponding permits and plans to the interested parties; however, years later, specifically on November 14, 2014, a landslide occurred there that generated damages to some constructed dwellings. In its view, these damaging events have as background technical report No. DPM-INF-121-2001 of July 26, 2001, issued by the CNE, and official letter No. ASM-0001-2001 of August 27, 2001, from the Ministry of Health. In the first, it was indicated that an inspection had been carried out on July 13, 2001, and, as a result of what was observed there, the Municipality of Moravia was warned, regarding the UNEMOPT-SIBAMPO housing project, second stage, of the following: a) That both the earthworks and the fills had to be in accordance with the soil and slope stability studies, as well as the terrace design and the compaction and substitution of organic material with ballast, with the purpose of preventing any considerable damage to the future dwellings from settlements, sinkholes, and small landslides in the fills. b) The La Fabiola Housing Development project was not in accordance with Article 1 of the Urban Code. Because of the foregoing, it recommended that the Municipality of Moravia not authorize any dwelling construction permit in that sector, until all necessary studies were presented, both in corrective works on fills and terraces, with the purpose of providing total safety to all families wishing to live in that place. In the second, the following was indicated regarding the permits granted for the development of the La Fabiola urbanization project (UNEMOPT-SIBAMPO, second stage): “a) There is a lack of potable water, the lands have problems with filtration of residual sewage water, blackwater, and rainwater. According to a study carried out by the CNE, the existence of poorly executed fills, terrace modification, seismic failures, possible landslides, and accumulation of debris on the right bank of the stream is confirmed. It is in a landslide zone, high density, near the aquifers. The version from the Municipality's Department of Engineering is that the plans are duly signed by the corresponding institutions, so it asks them to intervene regarding the sale of lots that is taking place.” For the Court, based on the account of events that occurred prior to the damaging event, the Municipality's reaction was not adequate or sufficient in order to mitigate, correct, and rectify the errors observed some time ago.
He indicated that this was evidenced by the memorandum of September 17, 2002, issued by the municipal mayor, Mr. Oscar Ureña Huertas, in which he asked the engineering director of the same local entity to carry out an assessment of the houses being built by Mr. Orlando Chaves, in order to proceed in accordance with current legislation on all those that did not conform to the approved plans and that did not have sufficient drainage area. In addition, he requested that an assessment be made of the houses located next to the children's play area and that the procedure indicated above be carried out. In the opinion of the lower court, if those actions had been carried out, corrective measures would have been in place for the prevention of future harmful events due to non-compliance with urban construction safety requirements. It highlighted: “Although, by official letter number D.I.O.M.M 711 of September 19, 2002, Engineer José Joaquín González Gamboa, of the Engineering and Operations Division of the Municipality of Moravia, stated to the persons in charge of the La Fabiola Residential Development that, under penalty of liability, they must resolve the problems of the neighbors on the south side of the lot of their property, regarding the request to build a retaining wall (muro de contención). Such a request is not sufficient, as the territorial entity cannot delegate its supervision and inspection powers (competencias de supervisión y fiscalización) to the engineers responsible for said Residential Development. The responsibility for making the appropriate correction of such errors, defects, and actions required by law, which are essential and necessary requirements for granting construction permits, falls upon the Municipality of Moravia.” In the same vein, it considered that the local entity had not carried out adequate supervision, inspection, and verification at the time the illegal works were built, which were the trigger for the tragedy suffered and the serious material losses that this caused to the plaintiffs. In its view, the Municipality cannot excuse itself from this matter under the argument that there were not sufficient resources, that it was a private condominium, or that there was not enough personnel, because nothing justifies the failure to observe, remedy, correct, stop, or shut down the illegal construction works. It added that municipal officials, inspectors, and departments in charge of the inspection and supervision of civil works have the unavoidable and unwavering duty to be constantly monitoring, reviewing, and inspecting those human settlements in which earthworks (movimientos de tierra) or illegal constructions are preventively determined, with the aim of protecting the residents. In the same vein, it considered that the Municipality could not grant construction permits for the La Fabiola residential development and Natalia condominium until it was ensured that these were built in strict compliance with urban planning legal regulations. Above all, when the CNE and the Ministry of Health alerted the local entity that, prior to the granting of construction permits, the noted deficiencies should be corrected. For the judges, those deficiencies were not adequately remedied either by the developers or the Municipality in the exercise of its powers, because it did not act properly to ensure that such errors were corrected. In addition to this, illegal constructions were carried out without the Municipality preventing, supervising, or shutting them down, which generated an overload on the gabion wall (muro de gaviones) and its subsequent collapse.
It determined that, from the study of the causes generating the landslide, it was evident that the Municipality had not complied with the correct exercise of its powers to monitor, watch over, supervise, and inspect the following adequately: a) Determination that the soil was adequate and stable to support the structure to be built. b) Supervising and monitoring, together with the person in charge of the work, to verify that the retaining wall built was in good condition. c) It did not ensure that the soil consistency and the necessary stability to support said constructions were remedied together with the engineer in charge of the work. d) It did not verify, supervise, or inspect, before and after granting the construction permit, the quality of the soil fill, the foundation of the gabion walls, that there were no deformations of the fill or that any were subsequently produced, that there were no ruptures of stormwater pipes and their respective manholes (pozos de registro), which passed inside the fill and in the wall area. e) It did not verify, supervise, or inspect, before and after granting the construction permit, the weight of the dwellings and that this was not much greater than could be supported on the crown of slopes (corona de taludes), that there were no illicit connections of sewage pipes from the drains located in the houses located on the upper part of the slope, that there was no standing water (aguas empozadas), nor water tables within the slopes. f) It did not verify, supervise, or inspect, before and after granting the construction permit, that the anchoring of the gabion wall on the intermediate terrace was adequate, that the gabion wall was not supported by a concrete slab, that the area and the soil were compacted and conditioned so that landslide problems would not occur.
Based on the foregoing, it determined the liability of the Municipality for failure to comply with the exercise of its powers granted by law. It explained that the legal system attributes to territorial entities the obligation to issue urban planning measures, as established by article 13 of the Municipal Code. Likewise, article 1 of the Construction Law states: “The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public roads and in the buildings and constructions erected on their lands, without prejudice to the powers that the laws grant in these matters to other administrative bodies.” It added that, regarding subdivision (fraccionamiento) and residential development, article 15 of said Law provides: “-Licenses. The subdivision of a property into blocks and lots to offer them for sale shall be done with the prior permission of the Municipality, which, in granting it, shall take into account the provisions of the special regulations on the matter.” Similarly, it is indicated that the Municipality is responsible for “[…] requiring a certain quality of materials in buildings, as well as the class or type thereof, in subdivisions or replanning zones that, due to their category or the importance of adjacent zones, must present a harmonious overall appearance and must be of durable quality.” Likewise, article 74 provides: “All work related to construction, whether of a permanent or temporary nature, that is carried out in the towns of the Republic, must be carried out with a license from the corresponding Municipality.” For the Court, article 83 is clear regarding the responsibility of the Municipalities to monitor construction works, stating: “For the purposes of this law, professionals shall be understood as those professionals in engineering or architecture duly registered with the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica and authorized to practice their professions in different specialties. The responsible professionals are the only ones who have the authority to authorize license applications for construction works; furthermore, they have the obligation to monitor the works for which they have requested or authorized a construction works license. Municipalities that do not have, within their team of collaborators, a professional responsible for exercising construction control adequately and effectively within their territory, may establish inter-institutional agreements for technical support with the nearest municipalities, for the purpose of exercising such construction control.” Article 87, for its part, clarifies that “the municipality shall exercise monitoring over the works carried out in the jurisdiction, as well as over the use given to them. Furthermore, it shall have the mission of monitoring compliance with the precepts of this Law […].” In that same line, the Court took into account that article 15 of the Urban Planning Law establishes: “In accordance with the precept of Article 169 of the Political Constitution, the competence and authority of municipal governments to plan and control urban development, within the limits of their jurisdictional territory, is recognized […].” Likewise, Article 19 of that same Law, as it states: “Each municipality shall issue and promulgate the procedural rules necessary for the due compliance with the regulatory plan for the protection of the interests of the health, safety, comfort, and well-being of the community.” Regarding the issue of subdivision and residential development, it took into consideration the provisions of articles 32, 33, and 38 thereof, as well as article 58 of that same regulatory body, which provides: “Municipalities shall not permit construction works: 1) When they do not conform for reasons of land use, location, setbacks (retiros), coverage (cobertura), and other zoning conditions; […] 5) As long as it is prohibited by any limitation imposed by a public use reservation or a formal declaration of uninhabitability of the area, motivated by urban renewal or protection against floods, landslides, and other obvious dangers; and 6) In other cases indicated by the regulations, based on applicable laws and for the better protection of community interests.” By virtue of the cited norms, it concluded that the representation of the Municipality of Moravia was not right in indicating that full liability lay with the developers, because the Law establishes local governments as guarantors of legality in urban developments carried out within their cantonal jurisdiction, and it cannot delegate this entirely to the developer. Rather, it clarified, the exercise of its powers is non-delegable and must guarantee, before the construction process and after it, that the works are carried out in compliance with the appropriate technical safety standards that safeguard the well-being, health, and integrity of the persons inhabiting said developments. It considered that it was not admissible for the corporate entity to allege the act of a third party or the fault of the victim and justify itself based on the developer's non-observance, since, ex officio, it should have intervened and monitored the entire construction process to ensure compliance with the urban planning regulations governing the matter. It underlined that, regardless of whether the works were carried out with or without a construction permit, the Municipality's duty to strengthen the team of inspectors prevails, in order to provide adequate monitoring to prevent illegal constructions from being carried out. It added: “Beyond the fact that it is a condominium, the Municipality still retains the powers to intervene and enter such housing complexes when it deems it appropriate, to safeguard the lives of their inhabitants, for which reason it is not proven that there is liability or fault of the victim, of the inhabitants of said human settlements, in the collapse of the Gabion wall. Faced with such serious construction defects, the plaintiffs cannot be asked to have the expertise to determine deficiencies in such construction processes or to have filed complaints about it, or because it is a condominium, the Municipality has no standing. Although the existence of illicit connections of sewage pipes from the drains located in the houses on the upper part of the slope is mentioned as one of the causes, this is not the fundamental cause of the collapse, as the main and triggering causes of the incident relate to the illegal constructions, the illegality of which the inhabitants of the place had no reason to know about or denounce, being rather the responsibility of the construction company, the engineer in charge of the work, and the Municipality of Moravia, in the safeguarding, monitoring, inspection, and supervision of all construction work, whether or not it is within a condominium.” Furthermore, it explained that, although the municipal entity argued that the Construction Law and the Organic Law of the CFIA empower it to exonerate itself from liability, in its understanding, this does not conform to the rule of Law, since constitutional, legal, and regulatory norms stipulate its duty to intervene, inspect, monitor, sanction, and safeguard everything related to the construction process, without being able to leave it to the discretion of private parties or to the entire responsibility of the engineer in charge of the work. Moreover, it considered that this thesis does not fit in light of the principles of strict liability (responsabilidad objetiva) that applies to all public administration. In that same line, it noted that, although engineer José Boza Gamboa declared that he only had three inspectors under his charge, so the personnel was insufficient for the fulfillment of his duties, in its opinion, that limitation does not justify the omissions found. It stressed that it is not enough for the engineer responsible for the work to “determine compliance with the technical and safety requirements in the construction processes, with the supervision and monitoring of all construction work and ensuring compliance with each and every safety and protection requirement corresponding to the Municipality.” It highlighted that, although it was clear that there was a deficiency on the part of the engineer responsible for the work and the construction company, based on strict liability in monitoring (in vigilando), the municipal entity had to be jointly and severally liable for the failures found, mainly for the constructions that were carried out without having construction permits. It determined that the territorial entity could not exempt itself from such fact under the argument that it did not realize, could not enter the condominium, there was not enough personnel, or it could not be observed from outside, since, in its view, these are excuses to evade the fulfillment of its powers, namely the constant and permanent monitoring that all work has a municipal permit and, if granted, verifying that the construction company and the responsible engineer comply with the requirements demanded by the legal system. It added: “from the statement of Mr. José González Gamboa, in his capacity as Engineer of the Municipality and Director of the Engineering Area until 2007, deficiencies in the procedures followed in such human settlements are verified, because despite knowing that in said zone, as Mr. González Gamboa himself states, there was already a history of minor landslides and soil detachment, it was not sufficient to delegate to the engineer responsible for the work the correction of such deficiencies, but rather he had to supervise and inspect that everything was done correctly, make constant field visits, carry out constant inspections, and implement verification and confirmation measures of each and every one of the required measures, all for the sake of safeguarding the safety of people, in which evident omissions are apparent on the part of the municipal officials in charge of said processes. Given this, what was stated by Mr. González himself cannot be admitted as an exonerating cause of liability, regarding that they only had three inspectors, and although he mentions having made constant visits, there is no proof or record of it.” It concluded that it is not enough to request soil studies, slope stability studies, or to require compliance commitments from those in charge of the work, as the powers assigned by Law to the territorial entity oblige the latter to constantly verify and confirm the construction requirements.
V.- Because it is important for the resolution of the case and in order to have a more complete picture of the controversy, this Chamber shall make a chronological recount of what occurred in the sub-lite case, in accordance with the evidence added to the record. In March 2001, the Municipality of Moravia granted the construction permit for the La Fabiola residential development. On July 5, 2001, the company TechniSoil S.A. carried out 10 infiltration tests on a property in La Trinidad de Moravia, from which it was concluded that the land of the UNEMOPT-SIBAMPO residential development was adequate for the evacuation of septic tanks through the use of an absorption system with surface drains (folios 25-28 of folder 23, as well as the expert opinion visible on folio 10 of folder 26). In July of that same year, geologist Julio Madrigal of the CNE issued report DPM-INF-121-2001, transcribed above, in which he warned about a series of problems observed in that residential development and, in turn, issued recommendations to the municipal entity. Said report was communicated to the mayor of Moravia on August 1, 2001 (folio 27 of folder 6).
By means of official letter No. D.I.O.S.M.M 474 of August 9, 2001 (folio 849 of folder 27), the municipal engineer, Mr. Marco Rojas Vega, asked engineer Federico Chacón (responsible professional for the UNEMOPT-SIBAMPO Stage II project) to address the recommendations noted in the cited report. Likewise, on August 10 of that same year, the municipal mayor sent a memorandum to the municipal engineer Marco Rojas, through which he informed him about the CNE study and, in turn, asked him to require the professionals responsible for the work to provide the following: “- There are filtration or percolation tests, after having carried out the earthworks, that is, after removing the soil or building. - There is a soil study. - There are slope studies and terrace design. - There are compaction and water discharge studies” (folio 28 of folder 6). On August 16, 2001, the municipal engineer Marco Rojas indicated to the mayor that the plans for the UNEMOPT-SIBAMPO residential development had been approved by all the institutions governing the matter, and he also requested a hydrological study and a slope stability study from the construction company. By official letter ASM 0002-2001 of August 27, 2001, the Ministry of Health addressed the Municipality of Moravia, stating: “I inform you that in meetings held with the Municipality of the Canton, the Cantonal Union of Development Associations, A y A, other community organizations, and the Ministry of Health, the permits granted for the development of the La Fabiola Residential Development Project (UNEMOPT-SIBANPO, second stage), located in La Trinidad de Moravia next to Villa Margarita, have been discussed. / The most relevant factors found are: - Lack of potable water. - Lands with possible filtration problems of residual wastewater, sewage, stormwater (aguas pluviales). - According to a study carried out by the C.N.E., it was determined that it is on poorly executed fills, modification of terraces, seismic faults, possible landslides, accumulation of debris on the right bank of a stream within the protection area (report attached). - According to the Planning office of the Municipality, it is located in a landslide zone, high density, seismic affectation, close to aquifers, the lots are subdivided into 120 meters, alley-type streets. / The version of the Municipality's Engineering Department is that the plans are duly signed by the corresponding institutions, I also inform you that currently the sales of the 120-meter lots, road work, counting, and earthworks are being carried out. Due to the irregularities mentioned above, I respectfully request that an investigation of the case be initiated” (folio 3 of folder 6). On October 23, 2001, the company TechniSoil S.A. carried out a hydrological study and slope stability analysis on a piece of land located in La Trinidad de Moravia, which belongs to the UNEMOPT-SIBAMPO residential development. It was concluded in this that the slopes possess high stability, but it does not indicate which slopes it refers to (folios 50-59 of folder 23, as well as the expert report visible on folio 11 of folder 26).
On May 10, 2002, residents of the UNEMOPT-SIBAMPO residential development sent a letter to the Municipality and other institutions, claiming that the construction of the La Fabiola residential development was being done irresponsibly, because the walls were being used “illegally and arbitrarily, since they proceeded to chip the walls, join them with rods, and build the side walls of the dwellings under construction, a problem that we will have later with the new neighbors […] the Municipality, headed by the Municipal Engineer, has done nothing, he has been asked to carry out an inspection and what he indicates is that the new neighbors have to build the walls […]” (folio 1027 of folder 27). By official letter D.I.O.M.M 559 of June 19, 2002, the municipal engineer Marco Rojas indicated to the engineers responsible for the work that, by virtue of the complaint filed, it was they who had to resolve the problems of the neighbors' walls, as they complained of water infiltration (folio 1012 of folder 27). On June 25, 2002, the mayor sent a memorandum to the municipal engineer Marco Rojas (D.A.M.M 432-2002), through which he requested the following: “before signing any Construction Permit in La Fabiola residential development, verify that in the Plans as well as in the Permit, the coverage percentage is specified because it was possible to verify ‘in situ’ that this situation is being disregarded (the construction process must also be inspected). / Also verify if the adjoining wall or fence of neighbors is respected and if the septic tanks are built in accordance with the specifications of the ICCA and Health, for clayey soils, and at a sufficient distance from neighbors. In addition, it must be verified whether the developer complied with all the recommendations of Geologist Julio Madrigal and whether the lands to be built on are not within the lots that the Emergency Commission Geologist froze for construction purposes” (folio 115 of folder 6). On June 27, 2002, the municipal engineer responded to the previous memorandum in the following terms: “I would like to inform you that at the plan level, the assistants previously review whether the coverage coincides with what was authorized, according to the zone in accordance with the Regulatory Plan, a percentage amount in relation to the lot; regarding construction aspects, note has been taken and instructions have been given to the inspectors to review walls and coordinate with the Health Area regarding septic tanks and drains. As for clayey soils and other details mentioned by Geologist Julio Madrigal, inspectors have been instructed to provide this service without it being the responsibility of the Municipality, since each construction has its professional who will be responsible for all these details. In any case, I am attentive to your instructions and I will speak again with the inspectors so that they are attentive to your indications” (folio 120 of folder 6). Likewise, on that same date, engineer Marco Rojas informed the mayor that they had measured each house to determine if they conformed to what was approved by the Municipality (folio 119 of folder 6). On June 26, 2002, the municipal mayor requested the CFIA to conduct an inspection in the La Fabiola residential development (folio 376 verso of folder 27). On June 28, 2002, engineer Marco Rojas asked the chief of inspectors of the local entity to stay informed of the review of the residential development in question, regarding the points noted above. On August 1, 2002, the CFIA referred to the inspection requested by the municipal mayor. In this regard, it issued report ISRG-365-02-INSP, in which it recommended that the Municipality's Engineering Department conduct a field study in the residential development, for the purpose of comparing the cadastral plans versus the built areas, as well as the houses that were presenting filtration problems (folios 124 of folder 6). On August 12, 2002, the mayor sent the previous report to the new municipal engineer, Mr. José Joaquín González, and ordered him to follow the recommendations cited therein. On August 27, 2002, the Municipality shut down the construction of the Natalia Condominium, which is located in a reserve area of the La Fabiola residential development, because it lacked municipal permits (folio 373 verso of folder 27).
By official letter ASMD 064-02 of September 17, 2002, from the Ministry of Health, addressed to the Municipality, in the subject line of which it was stated: “Assessment Villa Fabiola, La Trinidad. Moravia”, it was warned that at that time it was important “that the municipal engineer visit to carry out an assessment of what has been built, what is under construction, in addition to more strictly supervising and taking measures in accordance with current legislation” (folio 928 of folder 27). On that same date, the mayor requested engineer José Joaquín González to carry out the assessment of the houses, as indicated by the Ministry of Health in the previous official letter (folio 137 of folder 6). On September 19, 2002, engineer José Joaquín sent an official letter to the professionals responsible for the La Fabiola residential development, through which he granted them a period of 8 days to resolve the problem afflicting the neighbors on the south side. Likewise, he warned them that any civil and criminal liability that might arise was theirs. On September 23, 2002, municipal inspectors alerted the municipal engineer José Joaquín González about the need to build retaining walls properly structured and supervised by professionals, in the area where the company Foresta de Moravia S.A. would build the future condominium (folio 205 of folder 27). By means of official letter D.I.O.M.M 758 of October 9, 2002, the municipal engineer José Joaquín González communicated the following to the professionals responsible for the work: “With great concern, a technical opinion was received from Engineer Sergio Sáenz Aguilar of Ingeotec, S.A., indicating that anomalies were detected in the constructions you have carried out in the sector of the future Condominium […] therefore, I request that as soon as possible you build retaining work to protect the property in question” (folio 229 of folder 23).
On November 5, 2002, there was an inter-institutional meeting, in which, among others, the municipal engineer José Joaquín González, the Works Commission of the Municipality of Moravia, representatives of the Ministry of Health, and the CNE participated. There, geologist Julio Madrigal of the CNE reported on the visit made on October 29, 2002, to the La Fabiola residential development, where landslides and faults were observed that had been warned about in the previous CNE report and in which a series of recommendations had been issued. He mentioned that the landslides occurred essentially in the play area, since these are filled spaces. He maintained that if the walls are built correctly, such collapses do not happen. The municipal engineer, for his part, pointed out that a supervisor is needed solely for the La Fabiola residential development. He explained that he had assumed responsibility for that project 3 months ago and found major faults. He clarified that the construction of a wall was requested, but what they built were walls that subsequently collapsed. He recognized that there were faults on the part of the Municipality in terms of work control, but that the professionals in charge of the project should also be held responsible. Engineer Jorge Boza of the Ministry of Health mentioned that on the tour of several residential developments, he could observe that in La Fabiola there were faults in the construction of a play area that slid. Furthermore, there were houses built and inhabited that presented problems with more coverage than approved and the drainage spaces were not as recommended. In said meeting, they agreed that the developers of La Fabiola would present a corrective project for the zone within a period of 15 days. On November 5, 2002, the secretary of the Municipal Council informed the mayor that the aforementioned Council had approved the fourth report of the Works Commission, in which it was ordered: “FOURTH REPORT OF THE WORKS COMMISSION: According to the report of Councilwoman Nidia Steward upon a visit last October 29th to La Fabiola Residential Development in the company of Geologist Julio Madrigal, Alexis Matamoros, Carlos Ancho and Mario Artavia, they saw: Landslides of great magnitude in the play area reaching the Lomas de Cabeara Residential Development at the bottom, destruction of mesh, ranch and games, sidewalks, curb and caño, and cracked streets, finding several workers filling them with cement to disguise them, in the future condominium area formed by a number of retaining walls, which have already failed in recent days, gabions are being built, which are wire baskets with stones inside, on shifting ground. In addition, the Lomas de Cabeara Residential Development at the lower part of La Fabiola is in imminent danger in case lots are sold and/or built on, the protection area for the Quebrada San Francisco was not respected." We remind this Council that on July 15, during ordinary session 11, it was agreed, in view of the irregularities committed in the La Fabiola Urbanization in Alto de la Trinidad, to deny the return of the guarantee, and at the same time we would like to know the status of the aforementioned agreement; we await another pronouncement from Mr. Julio Madrigal so that, in case of coordination with the Engineering Department and the Ministry of Health, we can make the relevant recommendations to the Municipal Council" (folio 235 of folder 27). Through official letter D.I.O.M.M 828 of November 12, 2002, the municipal engineer José Joaquín González informed the director of the Moravia Health Area (Ministry of Health) as follows: "During the time I have been at the head of the Engineering Department of this Municipality, I have made several visits to the La Fabiola Urbanization, and through the inspectors, constant inspections have been carried out; as a sample, I am sending you photocopies of reports of the visits made" (the visit report indicated there is not included) (folio 231 of folder 23). By official letter SCMM 621-02 of November 19, 2002, the secretary of the Municipal Council communicated to the mayor that the aforementioned Council had approved the following opinion of the Works Commission: "In a meeting on November 5 between the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, representatives of the Ministry of Health, representatives of La Fabiola Urbanization, the Legal Department, the Works Commission, Municipality, and Councilors, based on (sic) statements from the Legal Department of Foresta, to the effect that they do not build houses and because 60% of the houses are processed in the name of Foresta, this commission requests the Municipal Council: not to approve any procedure for the construction of houses in the name of Foresta de Moravia S.A." On November 20, 2002, at the request of the company Foresta de Moravia S.A., the company Vieto y Asociados S.A. carried out a soil study and slope stability analysis for the Natalia condominium. This indicated that there was a fill of soft consistency, with a variable thickness between 4.80 and 6.00 m. It was recommended to place a 60 cm thick ballast fill, as well as to lay the foundations of the houses on a slab. Likewise, it was noted: "the stability of this area is subject to the gabion wall being built behind these lots. Therefore, the design and construction of that gabion wall is very important. The overall stability of the area must be verified under the existing conditions, so it is recommended to complete this study with a slope stability analysis [...] The stability of the lots in this area depends on the walls built, so the design and how these walls were built, on which the stability of these lots depends when building the houses, is very important" (folios 84-92 of folder 23). On that same date, the aforementioned company (Vieto y Asociados S.A.) carried out a soil study for the playground project of the La Fabiola urbanization. From this, it concluded: "The area already presents landslide problems. In the boreholes made, very soft soils are found up to a depth of 3.0 m, where soft soils continue up to a depth of 6.0 meters of fill material placed without adequate compaction [...] a slope stability study is required, as well as the terrain profile sections of the playground area, to evaluate its stability and be able to give recommendations to stabilize that area since it has slid or is in the process of sliding." (folios 93-103 of folder 23). On December 2, 2002, that same company carried out a slope stability analysis for the Natalia condominium project and in the playground area. Regarding the first, it warned that the profile was stable as long as the gabion was founded on the hard stratum. As for the analysis of the slope of the second area, it indicated that it was unstable, so a retaining wall system should be built as soon as possible. (Folios 105-106 of folder 23). In January 2003, Mr. Victor André Dondi Ruíz and Mr. Federico Chacón Hernández, responsible engineer for the work and developer, respectively, informed the Municipality's Works Commission that, in accordance with the decision made at the meeting held in November 2002, Foresta de Moravia S.A. proposed the construction of a containment system as a solution to solve the problem that arose on a slope located in the playgrounds sector of the Unemopt-Sibampo urbanization, which borders the lotification project. Likewise, they pointed out that the placement of drainage pipes to evacuate the water that had saturated the slope had already begun, and that a new stormwater conduit had been built on a property acquired for that purpose. In addition, the dividing retaining wall between the Natalia condominium (urbanization reserve area) and the neighboring subdivision (segregación) project was being rebuilt. On January 14, 2013, engineer Dondi Ruiz requested a meeting from the Municipality's Works Commission in the landslide area. He also indicated: "in a meeting held with Ing. José Joaquín González, municipal engineer of Moravia, he was informed of the corrective measures and studies being implemented in the Fabiola Urbanization Project located in the La Trinidad district. It is our obligation to keep you informed of the works being carried out, and even to give you a technical report of the studies and works that have been done and are planned to provide an adequate solution to the situation you know about and which was discussed at the meeting held last November." Through official letter SCMM 84-05 of February 4, 2003, the secretary of the Municipal Council informed Engineer Federico Chacón (representative of Foresta de Moravia S.A.) that the works commission and the municipal engineer had made a visit to the La Fabiola urbanization on January 21, 2003. Likewise, it had been agreed to grant a period of 8 days to the developers to present the duly approved plans of the works carried out. Finally, it was reported that the Municipal Council agreed not to allow the construction of the condominium until the stabilization of the park was completed. On February 5, 2003, engineer Dondi Ruíz (project manager), informed the Municipality's Works Commission that they already had a specific solution for the stabilization of the slope, which was brought to the attention of the CNE geologist, Mr. Julio Madrigal, and the municipal engineer José Joaquín González for their analysis and endorsement. In May 2003, the Municipality granted the construction permit for the Natalia condominium. On July 9, 2003, the company Vieto y Asociados S.A. conducted a soil study regarding the gabion wall built in the Natalia condominium, in which it was indicated that the first gabion wall, located at the edge of the project access road, was founded on a fill of medium-compact to rigid consistency, in which settlements could be expected. The second wall was founded on a soft fill, so settlements and deformations were to be expected. The third wall was supported on a rigid stratum, so no deformations were expected. According to the statement given at trial by Mr. José Joaquín González, between the years 2004 (when the construction of the Natalia condominium was completed) and 2007 (when the landslide under subexamine occurred), a gym and a party ranch were built on top of the built gabion wall and the children's play area, without the corresponding municipal permits. This was also indicated by the Municipality's Technical Operational Directorate through official letter DGTO 192-1-06-2018 of June 19, 2018.
VI.- In accordance with canon 190 of the LGAP, the Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. This covers not only active behavior, but also omissive conduct, also called inactivity of the Administration. The latter results in the breach of a legal obligation by omission, that is, when an obligation to give or do imposed by the legal system exists, the expected activity is not carried out, to the detriment of the rights or interests of one or several passive subjects. As this Chamber has indicated, that inertia in the face of fulfilling pre-existing obligations can be framed as abnormal operation, insofar as it corresponds to a due material activity. Likewise, with illegitimate conduct, which can be concurrent with the former, to the extent that the breach of what is due not only violates the rules of good administration, but also infringes legality, due to the neglect of the functional administrative powers emanating from the legal system itself (votes No. 211 of 9:40 a.m. on April 7, 2005, and No. 308 of 10:30 a.m. on May 28, 2006). Now, it may happen that public liability for inaction arises directly and exclusively, that is, when administrative indolence was the sole cause that produced the claimed impairment. Or, that the alleged injury has a double cause or behavior: on the one hand, the action of an agent -public or private-, whose action produces the detriment in the legal sphere of the injured party, and, on the other, the inaction of the public authority that does not exercise, as it should, the conduct required to avoid the damage. It concerns, in this last case, the non-executed administrative oversight or supervision (tutela), which, as inactivity, contributes to producing the injury. In this case, after reviewing the evidence cited by the appellant and what is indicated in the preceding considering clause, this Chamber finds no merit to overturn the liability attributed to the local government for the non-executed supervision (tutela). It is not ignored that during the constructive process of the La Fabiola urbanization and the Natalia condominium, the Municipality made some interventions in attention to its legal competencies, for example, the suspension of the start of works of the Natalia condominium for lacking municipal permits, the missives sent by the mayor to the municipal engineer and by him, in turn, to those in charge of the work, in order to adjust to the recommendations given in some of the rendered technical reports, as well as some visits and inspections on site; however, as the Court indicated, this is insufficient for the attention this work deserved. In particular, due to the warnings and recommendations that had been issued since 2001 by the CNE and the Ministry of Health, in which constant supervision was entrusted to the local entity, and especially due to the landslides that occurred in that same area at the end of 2002 and the results obtained in the technical studies carried out after that date. Although based on the soil and slope stability analyses carried out by the company Vieto y Asociados S.A. in November and December 2002, the Municipality required the construction of a gabion wall, as recommended by said company; after its construction (in July 2003), there was a new study carried out by the same company, in which it was indicated that settlements and deformations could be expected in the first and second walls and, regarding this, the local government ignored it, or at least, there is no evidence to the contrary. It is important to rule out that, according to the technical report rendered by Ingeotec S.A., visible in folder 26, it was precisely in that place where the incident under sub-lite occurred, hence the need to have exercised due and constant control. That fact, by itself, evidences a lack of supervision (tutela) and oversight by the Municipality, because even with the existence of technical evidence that warned about possible subsidence and deformations in the place, coupled with the previous landslides that had occurred, as well as the warnings and recommendations that had been deployed long before, it omitted to exercise constant vigilance over the construction of the condominium, to the point that vertical buildings were constructed without any permit and on an area that, according to the deponent José Joaquín González Gamboa, could not be built on. Furthermore, as the Court indicated and the appellant accepts, those constructions were the trigger of the incident caused, given the overload produced. Now, it is true that the lack of personnel, restricted access, poor external visibility, as well as the lack of complaints from the condominium owners themselves and/or third parties, contributed to the local entity not noticing the existence of the aforementioned constructions; however, under a strict liability regime such as that governing Public Administration, such factors or circumstances do not dissolve the liability incurred for the described inaction, as these, at most, would affect a link of culpability, which, of course, has no place in strict liability. On the other hand, precepts 83 and 87 of the Construction Law and the rest of the rules transcribed in the contested judgment, regarding which, it should be noted in passing, the appellant showed no disagreement, impose on the municipality a duty of constructive vigilance and control over the works executed in its jurisdiction, an obligation that it cannot ignore, by the fact that there are professionals in charge of the work, as the appellant intends. Although the injury caused was based on a series of factors, which could well be attributed to the developer company and/or the professionals in charge of the work, and liability could be demanded from them according to the canons cited by the objector in his appeal, this does not exclude the liability attributed to the Municipality derived from its indolence or inaction, which contributed to the generation of the damage. In addition to those legal duties, as a guarantee of correct administration, the territorial entity could not ignore that life and safety were at risk, given the warnings, technical reports, and even the materialization of landslides previously presented in the area. These precedents required constant and meticulous inspections, that is, in-situ verifications, which would allow the Municipality not only to have control over the works carried out but also over their safety. This does not entail supervision of the professionals, as the appellant argues, but of the work itself, in order to ensure that it complied with the necessary technical specifications guaranteeing safety for the area's inhabitants. The appellant argues that, in accordance with Article 87 of the Construction Law, in relation to the provisions of numeral 81 of the Organic Law of the CFIA, it is concluded that the obligation to supervise the execution of construction works lies with the responsible professional and, consequently, with the developer, but not with the Municipality, since the latter's duty is one of vigilance, which cannot go beyond verifying compliance with setbacks, coverage area, and the permits granted. Regarding this argument, it must be warned, firstly, that canon 81 cited is non-existent. Note that the Organic Law of the CFIA only has 66 articles. Secondly, from the other cited rule, it is not possible to infer that the vigilance duty imposed there is limited solely to the circumstances indicated by the appellant. The rule does not establish it that way, as can be seen in its transcription made supra. Lastly, although the -private- engineers in charge of the work could receive higher fees than what the Municipality receives by way of taxes for granting the construction permit, this does not weaken or mitigate the local government's liability. Its legal obligations regarding constructions executed in its jurisdiction are independent of the amount received for the permits granted. It is insisted, in this case the Municipality was negligent in its oversight duty or, at least, did not carry out the conduct expected under the circumstances and background surrounding the construction project under examination. Thus, regardless of the liability that could fall on the professionals and/or the developer of the work, the Municipality cannot be freed from the liability attributed to it, given its contribution to the generation of the damage, a product of the described inaction. In line with the foregoing, this Chamber finds no merit to revoke the ruling and, consequently, the rejection of the charge will be imposed.
VII.- The other grievance formulated by the Municipality's representation, identified as "sixth" in its appeal, will be heard last, that is, after the resolution of the appeal filed by the plaintiffs, as it concerns the condemnation in costs.
Appeal of the plaintiff party VIII.- In the first argument, a violation of canons 190 of the LGAP and 1374 of the Civil Code is alleged. It points out that, in proven fact 41, the Court deemed it proven that the plaintiffs reached a settlement transaction (transacción) with the construction companies in the criminal jurisdiction, in which they obtained the sum of $12,500.00 (twelve thousand five hundred dollars, legal tender of the United States of America), for the material loss of each of the residences, which affected both the criminal process and the present litigation. It notes, the Court considered that this settlement transaction affected the collection of the material damage claimed in this case, as it was requested on a joint and several basis. It considers that this conclusion rests on simple subjective assessments, without legal support or justification. It explains, in this case the three fundamental requirements for the generation of the strict liability regime against the Municipality of Moravia were present: a) The existence of omissive conduct, which translates into abnormal operation. b) The generation of an unlawful, effective, assessable, and individualizable damage that the victims have no duty to bear (the loss of their dwelling house and the non-pecuniary affectation). c) The existence of a causal link between the two previous requirements. It adds, the aforementioned precept 190 establishes the act of a third party, fault of the victim, and force majeure as exemptions from liability; however, in this case, none of these is present, hence there is no basis for the denial of the pecuniary damage claimed by the plaintiffs. Rather, it highlights, as the presumptions of the Law were met, the appropriate course was to grant the requested compensation, as the President of the Court did in his dissenting vote. On the other hand, it states, with what was resolved, Article 1374 of the Civil Code and the other norms of that legal body regulating the settlement agreement (convenio de transacción) were not applied. It points out, the cited ordinal provides: "The settlement made by one of the interested parties does not harm nor benefit the others if they do not accept it." It reproaches, the contested judgment does not explain what the affectation is caused by the settlement transaction (transacción) in question, which limits or prevents the collection of material damage in the way it is intended. In its opinion, this creates defenselessness, lack of reasoning, and a violation of due process. It argues: "the judges do not have legitimacy, in accordance with the Civil Code, to decide or resolve based on what was negotiated privately by two individuals in a settlement agreement. There is not a single norm in the Civil Code that legitimizes this." It clarifies, regardless of whether a joint and several or subsidiary condemnation or any other type was requested, the truth is there is no norm in the Civil Code that justifies the production of positive or negative effects in favor of third parties not participating in the settlement transaction. Nor is there a legal norm establishing that, by the mere fact that the plaintiff reaches a settlement with one party, they lose the right to a potential collection of material damages, as the Court determined without any justification. It warns, although the settled conflict derives from joint and several liability, all jointly and severally liable parties must settle to be considered parties to the settlement contract and, therefore, affected by it. It emphasizes, the Municipality of Moravia was not a party to that settlement transaction, so that business neither benefits nor harms it. It adds, the duty of the Court was to determine if there was liability in relation to the sued public entities and, if so, to resolve the pecuniary and non-pecuniary claims in the manner determined by the Law. It complements, the condemnation requested in this action is joint and several, hence the victim has the possibility of suing all institutions and persons they deem appropriate, or only one of them. The foregoing, it argues, does not restrict or limit the judges' ability to impose the corresponding condemnation, as it is enough that the causal link between the (omissive) conduct and the attributed damage is proven for the sued Administration to assume its liability. In support of its position, it transcribes an excerpt from the vote of 9:40 a.m. on November 5, 2009, of the Court of Cassation of the Contentious-Administrative Jurisdiction. On the other hand, it alleges the erroneous interpretation of the settlement contract. It notes, the Court deemed it proven that the plaintiffs had been paid the material damage through the referenced settlement transaction; however, this is not true. It underlines, the contract in question does not state in any way that the plaintiffs received the payment of $12,500.00 as payment for the material damage suffered. The amount in question, it affirms, was received with the commitment to withdraw from the civil process, according to the third clause of said business. Specifically, it indicates: "that the defendant paid the owners of Condominio Natalia and Urbanización Fabiola the sum of 12,500 dollars for each dwelling unit, under the commitment to withdraw from the civil action against the person with whom they were transacting" (folios 1702-1704 of the main file). Similarly, it insists, in the second clause – the only one referring to the payment in question – it was established: "The sum of twelve thousand five hundred dollars will be paid to each of the owners of the subsidiary farm properties that are part of Condominio Natalia, and the properties to be named from Urbanización Fabiola and Lomas de Cabeara that are plaintiffs in the mentioned process, on the understanding that, if there are co-owners of the property, only the indicated sum will be recognized." It points out, as observed, nowhere does it say that the plaintiffs receive that money as payment for the material damages suffered. It considers that the judges cannot make assertions that not even the parties made in their private negotiation. It states, said settlement transaction was made to conclude a criminal process and the present civil action, but not to cover the material damages caused. On the other hand, it notes that only two plaintiffs were recognized compensation for material damage, but in meager sums, not commensurate with the material loss suffered, and this under a subjective, incomprehensible premise without any logical or legal justification. It specifies, in the case of co-plaintiff Carlos Rosales Cordero, when he bought his dwelling house, he paid for it entirely for the sum of $52,000.00; however, as compensation, he was only granted the amount of $12,500.00. In the case of co-plaintiff Elizabeth Lizano Marín, despite the total loss of her home, she continued paying the debt so as not to affect her credit profile and, up to the time of filing the appeal, had paid the sum of ¢25,000,000.00; however, she also only received $12,500.00 in compensation. The rest of the plaintiffs were not recognized any item under this concept, despite the fact that, in the case of Mrs. Carmen Zúñiga Jara and her husband Carlos Blanco Rodríguez, they have an outstanding debt of ¢26,000,000.00 in interest and principal with the BANHVI. Likewise, Mrs. Raquel Cordero Navarro and her spouse Juan Carlos Blanco Moya report an outstanding debt with Bancrédito for the sum of ¢12,500,000.00 including principal and interest. It requests that the evidence offered for the better provision of judgment before issuing the sentence be taken into account. It mentions that there is serious damage, as it is not only the loss of the house, which happened 11 years ago, but also the loss of its purchasing value, because a house of the same conditions would not have the same value now, but would be higher. It highlights, the correct course is to recognize the payment for the material damage suffered to the plaintiffs, acknowledging the payment for their dwelling houses, as well as the indexation established by Article 123 of the Contentious-Administrative Procedural Code (CPCA), as requested in the lawsuit. It indicates, it would be up to the plaintiffs to pay the pending items to the respective banking entities from the amounts granted. Along the same lines, it argues, as part of the denial, the Court indicated that the payment for material damage was inappropriate, because many of the plaintiffs had not been charged the debt they incurred for the acquisition of their house, since even though there are two loans that are apparently under collection, no judicial collection action exists. Likewise, it considered that the plaintiffs were not entitled to claim the total value of the home, as the amount claimed is higher than the sum for which they were acquired. In the appellant's opinion, this conclusion was reached with non-observance of cardinal 190 of the LGAP, as well as Article 265, subparagraphs 4) and 5) of the Civil Code, in relation to numerals 305 and 315 idem. It argues, the described situation is not a cause exonerating liability according to the first canon cited. It asks to take into consideration that, according to proven facts 32-39, the plaintiffs are owners or holders of a property right duly registered in the National Registry. Furthermore, in proven facts 12-18, it was accredited that the houses built there were declared uninhabitable due to the landslide that occurred on November 14, 2007. Despite the foregoing being considered proven, it reproaches, two fundamental attributes that comprise the right to property have been taken away from the plaintiffs: defense and the ability to demand payment of compensation due to the damage experienced. It reflects, the plaintiffs lost their dwelling house due to a serious omissive conduct by the Municipality of Moravia, which even put the lives of the plaintiffs and their families at risk. What they lost, it adds, is a property duly registered before the Property Registry. It says, the Law enables them to demand, in this venue, the reparation of the material damage suffered, according to Article 265, subsections 4) and 5) of the Civil Code, as well as 305 and 315 of the same regulatory body. It alludes, the properties in question have left the commerce of men because they suffered total loss, were declared uninhabitable, and, according to the National Registry, the plaintiffs are their owners, which is why they have the right to claim the material damages discussed in this process, regardless of whether there is an outstanding debt, whether the creditor bank has forgiven the debt, or it has been partially or totally paid. It highlights, the relationship between the banking entity and the plaintiffs is private; thus, the Court should not have invoked the lack of collection by the banking entity as an exoneration from the payment liability of the local entity and to the detriment of the plaintiffs. It insists, the bank debt is not being questioned in this case by the respective financial entity, which alone would have standing to reproach any harm due to non-payment. It opines, no procedural party can claim a benefit from this situation, nor can the Court cut off the legal attributes that make up the right to property against its holders. It considers that what was settled between the banks and the plaintiffs does not generate benefits or harm in favor of the defendants or third parties. Similarly, it argues, although the value of the houses was lower than what was claimed in this litigation, this is not a reason to deny the material damage. It underlines, in accordance with ordinal 190 of the LGAP and 122 of the CPCA, the appropriate course was to approve the material damage suffered and refer the determination of its value to the judgment execution stage, as that would be the appropriate space to demonstrate the real and current value that a house with the same specifications as they had at the time of the event would have. It reiterates, almost 15 years have passed since the plaintiffs lost their homes. With the price they bought those houses for, they could no longer buy, as of today, a property of similar conditions or characteristics. In its opinion, the fairest and most equitable solution was the one exhibited by Judge Espinoza Salas in his dissenting vote.
IX.- When ruling on the claimed material damage, the Court took into consideration that many of the plaintiffs had not been charged the debt they incurred to buy their homes.
Thus, he illustrated: Messrs. Carlos Blanco Rodríguez, Carmen Zúñiga Jara, Raquel Cordero Navarro, and Juan Carlos Blanco, as of the date of the judgment, had not been charged for the loan acquired; Ericka Pinto Quintero had hers canceled due to the conciliation agreement she reached with Mutual Alajuela; and the loan of Franklin James Mac Laren was declared uncollectible. He added that many of them only paid the loan installments up to the date of the event but did not do so thereafter. Now, he clarified, although two loans are apparently under collection, no judicial action exists regarding them. In relation to them, he ordered: “in this case, it is considered that these parties do not have the right to request the entirety of the value of the dwelling, which in any case does not amount to the requested sum of one hundred and sixty-five thousand dollars for each dwelling, since they were acquired for lesser amounts.” On the other hand, he analyzed that there were two special cases: that of Mr. Carlos Rosales Cordero, who paid the entire house in cash ($51,500.00), and that of Mrs. Elizabeth Lizano Marín, who still maintains a debt with Scotiabank because she continued paying the $41,643.00 loan and did not demonstrate having taken steps to request that it be declared uncollectible. Regarding these two cases, he determined: “although it is true in this case we can determine that these two plaintiffs did suffer material damage greater than the other plaintiffs, the problem we face concerns the amount of liability requested from the Municipality; it is clear that the principal parties obligated to answer for the serious damages suffered by the plaintiffs were the construction companies and the engineers responsible for the construction works, and that the Municipality is liable in proportion to its oversight duty; that is what can be attributed to it. That is, whether the houses were well built by the construction companies or not, or whether there was vandalism due to the Condominium Board not providing security in the Condominio La Natalia, are matters beyond the conduct that can be attributed to the Municipality. In this line of thinking, upon reviewing both the administrative and digital judicial files, we find that the plaintiffs at the time removed two of the defendants from this lawsuit, in this case, the construction companies, as a result of a settlement (transacción) reached in criminal proceedings by the plaintiffs here with the representatives of the companies and the engineers involved. Let us remember that the liability requested concerning all the defendants was joint and several (solidaria), and as a consequence thereof, it is considered that what was resolved in the settlement (transacción) regarding limiting the construction companies' liability to the sum of twelve thousand five hundred dollars per damaged dwelling also affects the amount to which the Municipality must be condemned to pay to the only two plaintiffs whose material damage is considered effective under the terms of Article 196 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). That is, it is considered that the amount the local government must pay to Mrs. Elizabeth Lizano Marín and Mr. Carlos Rosales Cordero is twelve thousand five hundred dollars each, with no interest being granted because the sum awarded is fixed in dollars, thereby being indexed according to the exchange rate.” X.- As observed, in the opinion of the lower court (A-quo), the settlement (transacción) made between the plaintiffs and the companies Desarrollos Panorámicos del Este S.A. and Foresta de Moravia S.A. (originally sued) limited the compensation quantum to which the Municipalidad de Moravia could be condemned, because the plaintiffs requested a joint and several condemnation (condena solidaria) against the defendants. In other words, the Trial Court extended the effects of the referenced settlement (transacción) to the local entity, as it deemed the defendants to be joint and several debtors. In relation to this position, the following clarifications must be made. Canon 1374 of the Civil Code establishes: “The settlement (transacción) made by one of the interested parties neither harms nor benefits the others if they do not accept it.” Regarding what is provided therein, the national treatise writer Alberto Brenes Córdoba has explained that the settlement (transacción) only has efficacy and scope between those who enter into it; however, when there are several co-interested parties in the matter settled by one of them, the settlement (transacción) may benefit or harm any of the others who accept it (Brenes Córdoba, Alberto. “Tratado de los Contratos”. 5th ed. Editorial Juricentro, Costa Rica. 1998, p. 345). In accordance with that provision, it is possible to infer that, as a general rule, the settlement (transacción) follows the principle of relativity of contracts regulated in canon 1025 of the same code, which presumes that contracts produce no effect except between the contracting parties; therefore, they neither benefit nor harm third parties, and only by exception do their effects extend to other interested parties, a scenario for which it becomes necessary for them to accept it. In the case at bar (sub-lite), the requirement in question is not met, since there is no evidence that the territorial entity acted in that regard. Rather, when the settling parties requested the Trial Court to homologate their agreement, they expressly stated: “We warn that the other subjects not party to the signed settlement agreement (acuerdo de transacción) do not benefit from it; therefore, regarding them, the process continues.” In the same vein, the settlement document (documento de transacción) itself stated: “That the PLAINTIFF PARTY will continue the proceedings of case file 09-003401-1027-CA against the Municipalidad de Moravia, the State, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Banco Central de Costa Rica, and the Superintendencia de Entidades Financieras, as this is a partial settlement (transacción) concerning the parties.” The settlement (transacción) was homologated in those same terms (resolution No. 2198-2011 of 7:50 a.m. on December 22, 2011). According to the foregoing, the settlement (transacción) under review follows the cited general rule and, consequently, only takes effect between the contracting parties. From that standpoint, if the plaintiffs agreed with the aforementioned companies to receive payment of $12,500.00 for each lost dwelling, that agreement does not prevent the imposition of a higher monetary condemnation on the Municipality, if the alleged losses prove greater. Although the referenced amount influences the total quantification of the damage, as will be explained later, it in no way constitutes an insurmountable limit on the monetary liability to which the local government could be condemned, since the latter lacks legal standing to benefit from that settlement (transacción). On the other hand, it bears clarifying, in accordance with canon 638 of the Civil Code, joint and several liability (solidaridad) is not presumed, as it underlies an express agreement, a legal provision, or a testament. Thus, it is not viable to presume or speak of joint and several liability (solidaridad) among the initially sued parties for the sole reason that it was so requested in the complaint, as the Trial Court did. Upon reviewing the case record, it is evident that originally, subjects of both private and public law had been sued in this process, to whom the plaintiffs attributed joint and several liability (responsabilidad solidaria) for a convergence of causes in generating the alleged losses (active conduct of the former and omissive conduct of the latter). In response to such a request, it would have been appropriate to analyze whether a common liability regime existed among the defendants, and if not, to establish the regime applicable to each one, as well as to determine whether or not there was a cause or reason justifying a joint and several condemnation (condena de carácter solidario) among them, as was required. Given the nature of the claim and its cause of action, only after such a study could clarity exist regarding the existence or not of the invoked joint and several liability (solidaridad). Now, in this case, since the private companies ceased to be parties in this litigation, no pronouncement could be made against them. Thus, presuming joint and several liability (solidaridad) among the defendants because it was so requested in the complaint, and from that premise, extending the effects of the cited settlement (transacción) to another co-defendant who did not participate in it in any way, constitutes a position lacking sufficient factual and legal support to endorse it, and consequently, the judgment must be overturned in that respect. Furthermore, this Chamber also differs from the assessment of the loss and its compensation. According to the complaint, the plaintiffs categorized the loss of their dwellings as material damage. Such impairment has been conclusively demonstrated in the case at bar (subjúdice), as stated in proven fact 13 of the appealed judgment, which indicated that the CNE had declared those houses uninhabitable, ordering their eviction, closure, and even demolition. Likewise, there is a causal link between that injury and the omissive conduct of the Municipality, as was extensively addressed in Considerando VI. Now, contrary to the Trial Court's reasoning, for this Decision-Making Body, the referenced loss is independent of the amount each plaintiff paid or failed to pay for their dwellings. That is, whether they had been fully paid for or partially owed due to existing credits with financial institutions, this neither increases nor diminishes the impairment alleged here, because the relationship between the creditor and the debtors is beyond the injury and conduct analyzed here. Following the thesis adopted by the lower court (A-quo), one would fall into the absurd conclusion that, if someone received their house free of charge, for example, by donation or inheritance, they would have no right to claim compensation for its loss, for the simple reason that they paid no sum for it. The loss for which compensation was requested by the plaintiffs corresponds to the loss of their dwellings, not to the costs of their acquisition; hence, what is compensable is the current value of a house under conditions similar to the lost one, which must be judicially determined by experts in the execution phase, pursuant to numeral 122, subsection m), sub-subsection ii) of the CPCA (Contentious-Administrative Procedure Code). Now, from the amount determined in that phase, the $12,500.00 received by the plaintiffs in the cited settlement (transacción) must necessarily be deducted. This is so because, upon reviewing the referenced agreement, it is evident that the payment in question was intended to compensate for the loss of each dwelling and, of course, to conclude the judicial processes being pursued against the companies Desarrollos Panorámicos del Este S.A. and Foresta de Moravia S.A. Thus, as it concerns compensation for the same damage claimed here, the referenced sum must be deducted to avoid unjust enrichment. In accordance with the foregoing, the charge will be upheld, and consequently, the appealed judgment will be reversed only with respect to the quantification of material damage. In its place, the Municipality will be condemned on this count under the terms stated.
XI.- In the second objection, the violation of the constitutional principles of proportionality, reasonableness, equity, and justice is alleged. It explains that the amount set as compensation for non-pecuniary damage (daño moral) is not commensurate with the severe suffering endured by all the plaintiffs, which even today has been difficult for them to overcome. It adds that most of the plaintiffs are professionals who have strived to offer the best to their families, including the dwelling they lost, which they considered ideal for finding peace and security. It asserts that, despite more than ten years having passed since the incident, the plaintiffs still feel anguish, frustration, helplessness, insecurity, anxiety, grief, unease, disillusionment, etc. It argues that the way they lost their dwellings and belongings translates into a true permanent trauma, difficult to overcome. It illustrates that having to take one's family out with only the clothes they were wearing, in the nighttime hours, under the rain, without knowing where to take them, is such a lamentable situation that not even the passage of time makes one forget. Above all, due to the loss of property of great sentimental value. It adds that the plaintiffs had no opportunity to remove anything from their houses, and when they arrived at them, they had already been looted and completely dismantled. It considers that, in this case, the judges did not weigh the real intensity of the pain suffered by the plaintiffs and the gravity of what happened, i.e., that the lives of the plaintiffs and their families were put at risk, who could have lost their lives when their houses were left hanging on a precipice. It reiterates that the fact of losing one's house, belongings, neighbors, friends, changing one's children's schools, or traveling long distances to fulfill their obligations day after day, in addition to the anguish of not knowing where to live henceforth and seeing their credit profile tarnished, is sufficient for the awarded redress to be re-evaluated. It deems the granted amount symbolic, which was set to the detriment of the cited constitutional principles.
XII.- Regarding the non-pecuniary damage (detrimento moral) claimed, the Trial Court explained that this is proven and quantified through a simple human presumption, responding to the facts, type of impact, principles of proportionality and reasonableness, sound judgment, logic, and prudence, all of which limit the judge's discretion. Regarding the specific case, it considered that the loss of the dwellings due to the omissive actions of the municipal entity, which forced the plaintiffs to leave their homes to seek a place to live, generates intense pain and constant sadness and emotional distress. Based on the testimonies of Pamela Umaña Arce, Sheila Fallas Quesada, Christian Lee Vargas, Orlando Apostulo Álvarez, and Virginia Fallas Sánchez, the judges concluded that the incident at issue in the case at bar (sub-lite) caused sadness, anguish, bewilderment, and widespread desolation due to the abrupt and sudden loss of their dwellings. Given the foregoing, it deemed the sum of ₡3,000,000.00 for each plaintiff to be proportional and rational to compensate the injury suffered.
XIII.- According to the jurisprudence of this Chamber: “[…] granting compensation for (non-pecuniary) damage does not maintain strict adherence to evidentiary factors (except when referring to causation), but to the prudence and objective discretion of the judge. However, its determination is subject to the principles of reasonableness and proportionality, which must be assessed by the competent authority in each specific case, so that its quantification is in accordance with the Law and does not lead to excessive compensation that unjustifiably benefits one of the parties. That is, it must maintain a fair balance derived from the specific factual context, a matter that must be weighed within the indicated limits […]” (See, among others, judgments No. 782 of 9:20 a.m. on July 21, 2016, and No. 257 of 4:27 p.m. on May 20, 2019). From the analysis of the circumstances surrounding this case, there is no doubt that the plaintiffs suffered an injury to their inner peace as a result of the sudden loss of their dwellings and the manner of the incident. However, this Chamber considers that the granted amount is proportional and rational to the impairment suffered. The appellant cites a series of circumstances that aggravate the injury suffered, for example, the loss of belongings, moving their children to other schools, or traveling long distances to fulfill their obligations; however, such factors were not demonstrated in the case under review (subexamine), and the appellant also does not cite evidence proving the particular point. Thus, those special conditions cannot be taken into account by this Chamber in assessing the compensation quantum. Analyzing the sole factor attributable to the Municipality—the abrupt loss of their dwellings—this Chamber deems that the sum granted to each plaintiff is proportional to compensate for the frustration, sadness, anguish, and other feelings generated by the injury at issue. In this way, the resolution will be upheld, and consequently, the objection will be denied.
XIV.- In the objection identified as “sixth” in the appeal filed by the legal representative of the Municipality, the violation of cardinal 194 of the CPCA is alleged. The appellant explains: “Because it is considered that there is a break in the causal link with respect to the Municipality, it is considered that there must also be an exemption from costs, given further that, even if the condemnatory judgment were upheld as indicated by numeral 194 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the prevailing party incurred in plus petitio, since the difference between the amount claimed and the amount ultimately obtained was fifteen percent (15%) or more, and this exempts the defendant from paying costs, and we thus request, on a supplementary basis, that this be declared, of course, in the event that this court upholds the condemnation.” XV.- Because this Chamber upheld the liability declared to the detriment of the Municipality, the first argument automatically becomes inadmissible in this case. On the other hand, regarding the alleged plus petitio, it should be noted that, according to cited Article 194, said figure is defined as a difference of 15% or more between the amount claimed and the amount granted, provided that the bases of the claim are not considered expressly provisional or their determination does not depend on judicial discretion or the opinion of experts. In this case, the plaintiffs requested the amount of $175,000.00 for material damage and ₡20,000,000.00 for non-pecuniary damage (daño moral). These items correspond to provisional and prudential estimates, because the first impairment has not yet been determined and its quantification will depend on the determination of experts, as provided in Considerando X. The second is evidently prudential, since the quantum was set according to the prudent discretion of the judge, as indicated in Considerando XIII. Thus, as the provisional estimate is an exception regulated in the same norm, it is clear that in this case there was no plus petitio and, therefore, the challenge will be denied.
XVI.- By virtue of the foregoing, the cassation appeal filed by the legal representative of the Municipalidad de Moravia will be dismissed, and it shall bear the costs generated by its action, in accordance with canon 150.3 of the CPCA. The appeal filed by the legal representative of the plaintiff party will be upheld, and consequently, the objected judgment will be reversed only with respect to the pronouncement on material damage. In its place, ruling on the merits, the Municipalidad de Moravia is condemned to pay to the plaintiffs the current value of a dwelling of similar conditions to the ones they lost, an amount that will be calculated by expert opinion in the judgment execution phase and from which $12,500.00 must be deducted. It is clarified that the compensation established herein corresponds to each lost dwelling, hence a single amount must be paid in favor of the spouses Carlos Blanco Rodríguez and Carmen Zúñiga Jara, as well as Raquel Cordero Navarro and Juan Carlos Blanco Moya, because both consorts of each couple are owners of the same property. In all other respects, it shall remain unaltered.
POR TANTO
The cassation appeal filed by the legal representative of the Municipalidad de Moravia is declared without merit, and it must bear the costs generated by its action. The appeal filed by the plaintiff party is upheld, and consequently, the appealed judgment is reversed only regarding the pronouncement on material damage. In its place, ruling on the merits, the Municipalidad de Moravia is condemned to pay the current value of a dwelling of similar conditions to those the plaintiffs lost, an amount to be calculated by expert opinion in the judgment execution phase and from which the sum of $12,500.00 already paid shall be deducted. The compensation established herein corresponds to each lost dwelling, hence a single amount must be paid in favor of the spouses Carlos Blanco Rodríguez and Carmen Zúñiga Jara, as well as to Raquel Cordero Navarro and Juan Carlos Blanco Moya. In all other respects, it remains unaltered.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Alberto López González Jéssica Alejandra Jiménez Ramírez Germán Serrano García ERAMIREZCA Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Clasificación elaborada por SALA PRIMERA del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sala Primera de la Corte Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Responsabilidad Subtemas:
Responsabilidad objetiva por inacción.
Análisis sobre la responsabilidad objetiva administrativa por inacción de las Municipalidades -funcionamiento anormal y conducta ilegítima-, en la tutela y fiscalización en el proceso constructivo de las obras que se ejecutan en su jurisdicción; con independencia de la responsabilidad que puede recaer en la constructora y en el profesional a cargo de la obra (artículos 190 Ley General de la Administración Pública, 13 Código Municipal, 1, 15, 74, 83 y 87 Ley de Construcciones, 15, 19, 32, 33, 38 y 58.1, 5 y 6 Ley de Planificación Urbana). Ver resoluciones 211-2005 y 308-2006 de la Sala Primera. En la especie, se determinó la falta del deber de vigilancia y control constructivo de un gobierno local en un condominio que presentó hundimientos, deformaciones y deslizamientos, con su consecuente pérdida de varias casas (voto 1703-F-2021).
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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Contrato de transacción Subtemas:
Concepto y alcance.
Tema: Principio de relatividad de los contratos Subtemas:
Concepto y alcance.
Por regla general, la transacción sigue el principio de relatividad de los contratos, el cual supone que los contratos no producen efecto sino entre las partes contratantes, por lo que no benefician ni perjudican a terceros y solo por excepción, sus efectos trascienden a otros interesados, supuesto para el cual se torna necesario que estos la acepten (cardinales 1025 y 1374 Código Civil). La transacción en estudio sigue la regla general y, en consecuencia, solo surte efectos entre las partes contratantes (pago de una suma de dinero de las constructoras a las personas que perdieron sus viviendas en un condominio, debido a deslizamientos). Este acuerdo no impide imponerle a la Municipalidad (responsable objetivo por la falta de vigilancia en el proceso constructivo del proyecto), una condena pecuniaria mayor, si los detrimentos endilgados resultan superiores (voto 1703-F-2021).
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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Responsabilidad Subtemas:
Responsabilidad solidaria.
La solidaridad no se presume, en tanto subyace de pacto expreso, por disposición de ley o testamento (ordinal 638 Código Civil). No resulta viable presumir ni hablar de solidaridad entre las partes inicialmente demandadas, por el solo hecho de que así fue pedido en la demanda (voto 1703-F-2021).
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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Daño Subtemas:
Daño material.
En la presente demanda, los actores catalogaron como daño material la pérdida de sus viviendas; menoscabo que quedó demostrado, pues la Comisión Nacional de Emergencias las declaró inhabitables, ordenando su desalojo, clausura y demolición. Asimismo, hay una relación causal entre esa lesión y la conducta omisiva de la Municipalidad (falta del deber de vigilancia y control constructivo en un condominio que presentó hundimientos, deformaciones y deslizamientos). Este detrimento resulta independiente del monto que cada uno de los actores pagó o dejó de pagar por sus viviendas, es decir, si estas habían sido canceladas en su totalidad o se debía por existir créditos con entidades financieras. Ello no acrecienta ni atenúa el menoscabo aquí endilgado, pues la relación entre el acreedor y los deudores es ajena a la lesión y conductas que aquí se analizan. No se puede caer en el absurdo de concluir que, si alguien recibió su casa a título gratuito -por donación o herencia-, no tendría derecho a reclamar indemnización por su pérdida, por la simple razón de que no pagó suma alguna por ella. El detrimento cuyo resarcimiento fue solicitado por los actores, corresponde a la pérdida de sus casas de habitación, no a los costos de su adquisición, de ahí que lo indemnizable sea el valor actual de una casa en condiciones semejantes a la perdida, lo cual habrá de determinarse pericialmente en la etapa de ejecución (numeral 122.m.ii Código Procesal Contencioso Administrativo); importe que se debe descontar una suma de dinero que los accionantes recibieron en la transacción con las constructoras (voto 1703-F-2021).
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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Daño Subtemas:
Daño moral.
Análisis sobre el daño moral subjetivo. Ver resoluciones 782-2016 y 257-2019 de la Sala Primera. En el presente asunto, no cabe duda que los actores sufrieron una lesión en su fuero interno producto de la pérdida repentina de sus viviendas y la forma como fue el incidente (falta del deber de vigilancia y control constructivo de una Municipalidad en un condominio que presentó hundimientos, deformaciones y deslizamientos). No obstante, esta Sala considera que el monto concedido resulta proporcional y racional para resarcir la frustración, tristeza, angustia y demás sentimientos generados por el detrimento padecido. El recurrente cita una serie de circunstancias que agravan la lesión padecida, verbigracia, la pérdida de enseres, el traslado de sus hijos a otras escuelas o transitar largas distancias para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, tales factores no quedaron demostrados (voto 1703-F-2021).
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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Costas Subtemas:
Plus petitio.
Análisis sobre el plus petitio (mandato 194 Código Procesal Contencioso Administrativo). Los actores solicitaron un monto por daño material y por daño moral. Dichos rubros responden a estimaciones provisionales y prudenciales, pues el primer detrimento aún no se ha determinado y su cuantificación penderá de la determinación de peritos en la etapa de ejecución ejecución. El segundo evidentemente es prudencial, pues el quantum fue fijado conforme el prudente arbitrio del juzgador. Así, al ser la estimación provisional una excepción regulada en dicha norma, es claro que en este caso no hubo plus petitio (voto 1703-F-2021).
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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:
Costas.
Se rechaza el recurso de casación interpuesto por una Municipalidad, quien deberá sufragar las costas generadas con su ejercicio (norma 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 1703-F-2021).
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Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por CARLOS FRANCISCO BLANCO RODRÍGUEZ, técnico médico, CARLOS FRANCISCO ROSALES CORDERO, soltero, comerciante, CARMEN MARÍA ZÚÑIGA JARA, secretaria, ELIZABETH LIZANO MARÍN, divorciada, farmacéutica, vecina de Puntarenas, ERICKA PINTO QUINTERO, soltera, ingeniera agrónoma, vecina de la República de Panamá, FRANKLIN JAMES MC LAREN, soltero, empresario, JUAN CARLOS BLANCO MOYA, técnico de cajeros automáticos, RAQUEL CORDERO NAVARRO, no indica estado civil, ama de casa; contra el ESTADO, representado por el procurador Luis Diego Flores Zúñiga, no indica calidades, el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, representado por sus apoderadas generales judiciales Marta Cecilia Robles Martínez, viuda, abogada, Graciela Cavada Azofeifa, soltera, abogada, la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA, representada por su alcalde Roberto Zoch Gutiérrez, la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS, representada por el superintendente general Javier Cascante Elizondo, no indica calidades. Figuran como apoderados especiales judiciales, de la parte actora, Lilliana Valverde Salas, no indica domicilio; por la Municipalidad, Roberto Morales Delgado, no indica estado civil, vecino de Heredia, Karla Segura López, vecina de Heredia; por la SUGEF, Roberto González Ruiz, no indica estado civil, vecino de Heredia, Marcela Gómez Masís, no indica estado civil, vecina de Alajuela. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.
Redacta el magistrado López González
CONSIDERANDO
I.- Conforme los hechos tenidos por demostrados en la sentencia recurrida, en el año 2001 las empresas Foresta de Moravia S.A. y Desarrollos Panorámicos del Este S.A. se dedicaron a la construcción de los complejos habitaciones Condominios Natalia y Urbanización Fabiola, conocidos también como UNEMOPT-SIBAMPO, localizados en el Ato de la Trinidad de Moravia. En sesión ordinaria 160 del 26 de marzo de 2001, el Concejo Municipal de Moravia acordó aprobar el permiso de construcción de la segunda etapa de Urbanización UNEMOPT-SIBAMPO, por encontrarse con todos los trámites a derecho. Mediante informe técnico DPM-INF-121-2001 de fecha 26 de julio de 2001, la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le previno a la Municipalidad de Moravia, en torno al proyecto habitacional de cita, que los movimientos de tierra y los rellenos debían estar acordes con los estudios de suelo y estabilidad de taludes, así como al diseño de terrazas y la compactación y sustitución de material orgánico por lastre, esto con la finalidad de prevenir cualquier daño de consideración en las futuras viviendas por asentamientos, hundimientos y pequeños deslizamientos en los rellenos. Asimismo, que el proyecto desarrollo habitacional La Fabiola no estaba acorde con el artículo 1 del Código Urbano. A raíz de lo anterior, le recomendó no autorizar ningún permiso de construcción de vivienda en ese sector, hasta que no se presentasen todos los estudios necesarios, tanto en obras correctivas como en rellenos y terrazas, con la finalidad de otorgar seguridad total a las familias que deseasen vivir en ese lugar. Por medio del oficio ASM-0001-2001 del 27 de agosto de 2001, el Área Rectora del Ministerio de Salud en Moravia, expresó lo siguiente en relación con los permisos otorgados para el desarrollo del referido proyecto: “a) Hay falta de agua potable, los terrenos tienen problemas de filtración de aguas servidas residuales, aguas negras y aguas pluviales. Según estudio realizado por el CNE, está en rellenos mal efectuados, modificación de terrazas, fallas sísmicas, posibles derrumbes, acumulación de escombros en la margen derecha de la quebrada. Está en una zona de deslizamientos, alta densidad, cerca de los mantos acuíferos. La versión del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad es que los planos se encuentran debidamente firmados por las instituciones correspondientes, por lo que les pide intervenir ante la venta de lotes que se está haciendo”. Por memorándum del 17 de setiembre de 2002, el alcalde de la Municipalidad de Moravia le ordenó al director de ingeniería de esa institución realizar una valoración de las casas que estaban siendo construidas por el señor Orlando Chaves (casas de la 12 a la 25), a efectos de que procediera conforme a la legislación vigente en todas aquellas que no concordasen con los planos aprobados y no tuviesen suficiente área de drenaje. Asimismo, le solicitó valorar las casas ubicadas contiguo al área de juegos infantiles. Mediante oficio D.I.O.M.M 711 del 19 de setiembre de 2002, el ingeniero José Joaquín González Gamboa de la División de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Moravia, le indicó a los encargados de la Urbanización La Fabiola, que bajo pena de responsabilidad debían resolver los problemas de los vecinos referente a la petición de construir muros de contención. Dicho ingeniero también le comunicó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que en la citada urbanización se habían conectado en forma ilegal al servicio que dicha entidad brinda (agua potable). En igual sentido, le informó al Instituto Nacional de Seguros que en la misma urbanización se habían estado realizando construcciones sin el permiso municipal respectivo. El 15 de noviembre de 2007, se produjo un deslizamiento en esa zona. Mediante informe técnico DPM-INF-1957-2007 de noviembre de 2007, la CNE dispuso: “[…] c) El deslizamiento originado el 15 de noviembre de 2007, en horas de la tarde, se suscitó en el sector de juegos infantiles, inserto en varios niveles de gaviones en un área de ladera. El desplazamiento de la masa (gavión y material de relleno), se deslizó afectando la integridad de las viviendas, asentamientos en la parte inferior, así como la entrada de acceso a los condominios Natalia”. Mediante acta de allanamiento, registro y secuestro, la Fiscalía señaló: “el 14 de noviembre de 2007, aproximadamente a las 17:00 horas, se produjo un gran deslizamiento de tierra, específicamente en el área de juegos infantiles de la Urbanización La Fabiola, que produjo la destrucción de parte de la calle pública que permite la entrada al Condominio Natalia, causado porque la consistencia del suelo no tenía la estabilidad necesaria para soportar dichas construcciones, viéndose afectadas las viviendas, lo cual les causó fracturas estructurales graves, debido a que el suelo sobre el cual se construyeron no se adecuaba a los requisitos técnicos y legales necesarios para este tipo de construcciones”. El 16 de noviembre de 2007, la CNE y la Unidad de Protección al Ambiente del Ministerio de Salud, declararon a las viviendas afectadas como inhabitables y ordenaron el desalojo, clausura y demolición inmediata de ellas. En informe emitido por la empresa INGEOTEC de enero de 2008, se indicó como causas del deslizamiento las siguientes: “a) Existencia de un relleno de regular a mala calidad en los suelos sobre los cuales se construyó el complejo habitacional. b) Colocación de muros de gaviones (muros de retención) muy pesados que no se cimentaron adecuadamente y que fueron produciendo deformaciones del relleno. c) Ruptura de una tubería de aguas pluviales y de sus respectivos pozos de registro, que pasaba dentro del relleno y en la zona de muros. d) Peso de las viviendas mucho mayor a lo que pudiera soportarse en la corona de taludes. e) Conexiones ilícitas de tuberías de aguas negras provenientes de los drenajes localizados en las casas ubicadas en la parte alta del talud. f) Existencia de aguas empozadas, niveles freáticos dentro de los taludes. Las casas de la Urbanización Fabiola localizadas en la parte alta del talud corren alto riesgo de sufrir nuevos deslizamientos, se recomiendan que las mismas sean deshabitadas permanentemente”. Mediante oficio DGTO 192-1-06-2018 del 19 de junio de 2018, la Dirección Técnico Operativa de la Municipalidad de Moravia, hizo constar lo siguiente: “a) Que hacia el lindero sur de la Urbanización la Fabiola y del Condominio Natalia, existió un muro de Gaviones (sic) con un largo aproximado de 171.13 metros lineales. b) El muro se construyó por parte del desarrollador del Condominio Natalia y Urbanización la Fabiola para dar estabilidad a un talud que se ubica en el sector sur de dichos proyectos. c) Sobre el muro de gaviones que se ubica en el sector del Condominio Natalia, sobre el área de juegos infantiles y parte del muro de gavión, se construyó un rancho de fiestas y un gimnasio en fecha posterior a la construcción del condominio, el cual no contaba con los permisos de construcción”. El señor Carlos Blanco Rodríguez y la señora Carmen Zúñiga Jara son propietarios de un derecho uno cada uno, sobre el lote 23, bloque A. Dicho inmueble responde por una deuda con el Banco Hipotecario de la Vivienda, la cual se encuentra activa y en cobro administrativo. La señora Raquel Cordero Navarro y el señor Juan Carlos Blanco Moya son propietarios de un derecho cada uno, sobre el lote 22, bloque A, el cual tiene una hipoteca activa con Bancrédito. La señora Ericka Pinto Quintero es dueña del lote 23, inscrito al folio real F-42214-000, la cual tenía hipoteca con el Grupo Mutual Alajuela que ya está cancelada. El señor Franklin James Mclaren es propietario de la finca filial 19, inscrita al folio real F-42210-000, la cual tiene una hipoteca con Scotiabank que fue declarada incobrable. El señor Carlos Rosales Cordero es el propietario de la finca filial 1, inscrita bajo el folio real F-42192-000, la cual fue pagada en su totalidad. La señora Elizabeth Lizano Marín es la propietaria de la heredad filial 21, inscrita a folio real F-42212-000, la cual tiene una hipoteca activa con Scotiabank. Los referidos señores llegaron a un acuerdo con las empresas constructoras, del cual obtuvieron la suma de $12,500.00 por cada casa perdida.
II.- Los señores Carlos Blanco Rodríguez, Carmen Zúñiga Jara, Juan Carlos Blanco Mora, Raquel Cordero Navarro, Ericka Pinto Quintero, Franklin James Mclaren, Carlos Rosales Cordero y Elizabeth Lizano Marín interpusieron el presente proceso de conocimiento contra el Estado, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Municipalidad de Moravia, solicitando declarar la inactividad en el ejercicio de las potestades de fiscalización y tutela administrativa no actuada, que debía ejercer por mandato legal el INVU y la Municipalidad de Moravia en el ejercicio de la actividad edilicia de las empresas Foresta de Moravia S.A y Desarrollos Panorámicos del Este S.A., que permitió el desarrollo del Condominio Horizontal Natalia y la Urbanización La Fabiola, sin cumplir con los requisitos mínimos requeridos para la edificación de este tipo especial de obras. Asimismo, se declare disconformes las conductas administrativas emitidas por las demandadas en lo referente a la aprobación de los visados de los planos constructivos del condominio Natalia y la Urbanización Fabiola, así como se le declare su obligatoriedad de ejercer la potestad de fiscalización y tutela. Por otra parte, pide se ordene a SUGEF restablecer a los accionantes como sujetos de crédito a la fecha cuando ocurrió el deslizamiento. Por último, solicita se condene solidariamente a los accionados al pago de los daños (material y moral) sufridos por los actores debido a la pérdida de sus viviendas, intereses e indexación desde el 14 de noviembre de 2007 (fecha cuando ocurrió el deslizamiento) y hasta su efectivo pago, así como a las costas de esta contienda. Todos los demandados contestaron negativamente la demanda. El Estado opuso las excepciones de prescripción, falta de derecho y falta de legitimación (activa y pasiva). SUGEF formuló las defensas de litis consorcio pasivo necesario incompleto, falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación. El INVU interpuso las excepciones de prescripción, caducidad, falta de derecho y falta de legitimación. La Municipalidad de Moravia incoó las defensas de litis consorcio pasivo necesario incompleto, litis pendencia y falta de derecho. Mediante resolución No. 2198-2011 de las 7 horas 50 minutos del 22 de setiembre de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda homologó el acuerdo al que arribaron los actores con las compañías Desarrollos Panorámicos del Este S.A. y Foresta de Moravia S.A. (originalmente demandadas en esta causa), en el cual pactaron recibir de dichas empresas la suma de $12,500.00 por cada una de las unidades habitacionales. Mediante sentencia No. 71-2018-I de las 10 horas 28 minutos del 17 de julio de 2018, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, por mayoría, se declaró parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose denegada en lo no dicho expresamente. Se condenó a la Municipalidad de Moravia a pagar a los señores Elizabeth Lizano Marín y Carlos Rosales Cordero el monto de $12,500.00, como indemnización por daño material. Con respecto a los demás actores se denegó ese detrimento. También se condenó a dicho ente al pago de ¢3,000,000.00 a favor de los accionantes, por concepto de daño moral subjetivo. Sobre esa última suma se impuso el pago de intereses netos e indexación desde la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago. Se resolvió el asunto sin especial condenatoria en costas en cuanto al Estado, SUGEF y el INVU. Se condenó al ente local al pago de ambas costas. Inconformes la representación de los demandantes y la Municipalidad accionada, incoaron recurso de casación ante esta Sala, resultando el primero admitido en su totalidad y, el segundo, parcialmente.
Recurso de la Municipalidad de Moravia III.- El primero, segundo y tercer agravios se conocerán de manera conjunta por referir al mismo tema y reiterarse en ellos argumentos. El casacionista arguye preterición e incorrecta valoración de la prueba en lo que respecta a los hechos probados 2, 3, 6 y 40, así como en los hechos no probados 3 y 4. Explica, en la demanda, la actora alegó que los permisos de construcción otorgados a la urbanización UNEMOPT-SIBAMPO y al Condominio Natalia fueron otorgados en forma irregular por falta de requisitos y, en la sentencia recurrida se tuvo por demostrado lo siguiente: “Mediante oficio del 28 de marzo del 2001, expedido por la Municipalidad de Moravia, se le expresa al Departamento de Ingeniería y Obras, que el Concejo Municipal de Moravia en sesión ordinaria 160 del 26 de marzo del 2001, acuerda aprobar el permiso de construcción de la Urbanización Residencial La Trinidad, segunda etapa de Urbanización UNEMOPT-SIBAMPO, por encontrarse con todos los trámites a derecho, por lo que se autoriza cobrarles y entregarles los permisos y planos correspondientes”. Alega, el Tribunal omitió tener por acreditado que esos permisos se concedieron en cumplimiento de los requisitos legales. Agrega, el ente municipal exigió la totalidad de los requisitos exigidos e incluso pidió requisitos adicionales, pero necesarios para dar seguridad a las construcciones. Anota, en cuanto al permiso de construcción de la urbanización residencial La Fabiola, UNEMOPT-SIBAMPO, originalmente se emitió bajo el número 9178 del 21 de agosto de 1997, visible en el folio 247 de la carpeta 27, ampliado para la segunda etapa por los permisos de construcción 10825 y 10599, visibles en los folios 25707961 de la carpeta 25 y 246 de la carpeta 27, así como acuerdo del Concejo Municipal visible a folio 1 de la carpeta 23 y juego de 8 láminas de planos aportados por el INVU. En cuanto al condominio Natalia, se extendió el permiso de construcción 12014 visible en los folios 314 y 315 de la carpeta 27, folio 21 de la carpeta 23 y se complementa con las láminas de 14 planos aportadas por el ayuntamiento. De este último proyecto, advierte, a pesar de su invaluable relevancia en este proceso, dado que el deslizamiento se generó allí y porque la mayoría de demandantes residían en ese lugar, en la sentencia recurrida no se indica nada sobre su licencia constructiva. Reprocha, existe prueba suficiente para que se tuviera por acreditado que los proyectos de interés se construyeron con licencia municipal, previo cumplimiento de los requisitos legales, lo que denota que el ente cantonal cumplió con su poder-deber de control y fiscalización edilicia. Pide tomar en consideración que, cuando se otorgaron los permisos de construcción del condominio Natalia, se exigieron los siguientes requisitos: 1) Contrato del CFIA (folios 132 y 133 de la carpeta 23). Con este contrato se garantizó que el proyecto contaba con profesionales responsables, quienes implementarían junto a los desarrolladores los actos necesarios para lograr la correcta construcción. 2) Uso de suelo (folio 207 de la carpeta 27). Con este se acredita que el proyecto se ajustaba a las regulaciones del plan regulador de Moravia. 3) Planos catastrados 1-754663-2001 y 1-754659-2001 (folios 317 y 318 de la carpeta 27). 4) Disponibilidad de agua potable URB-E-053-02 (folios 85 de la carpeta 27). Con este documento se acredita la disponibilidad de agua para el proyecto y la aprobación del AyA con respecto a la nueva construcción. 5) Obras de contención para el talud que estaba ubicado hacia el sur del futuro condominio Natalia, lo cual fue requerido mediante oficio DIOMM 758 del 9 de octubre de 2002, dirigido a los ingenieros Federico Chacón (profesional responsable) y Fabio Chaves (representante legal de la desarrolladora) (folio 208 de la carpeta 27). 6) Estudio de estabilidad de taludes para la zona del futuro condominio Natalia y el parque de urbanización La Fabiola. Esta solicitud la hizo la Municipalidad a la empresa Foresta de Moravia S.A., en su condición de desarrolladora, la cual contrató a la empresa Vieto y Asociados S.A. para efectuar el referido estudio (folios 1-4 de la carpeta 25). 7) Estudio de suelos en el parque infantil de la urbanización La Fabiola. Este fue realizado por el desarrollador a petición del ente municipal (folios 15-26 de la carpeta 25). Este estudio (efectuado por la empresa Vieto y Asociados S.A.) tenía como objetivo determinar las características del suelo para la zona del parque infantil del proyecto en mención ubicado al este del condominio Natalia. 8) Estudio de suelos y análisis de estabilidad de taludes para el proyecto condominio Natalia, el cual fue realizado por Vieto y Asociados S.A. a petición de la compañía Foresta de Moravia S.A. (folios 29-49 de la carpeta 25). En dicho informe se concluyó: a) Que en el terreno donde se construiría el Condominio existían suelos de relleno, que para ser utilizables debían ser trabajados de forma correcta, con sustitución de suelos y con adecuadas cimentaciones. b) Que la estabilidad de la zona dependía de la adecuada construcción del muro de gaviones que se desarrollaba hacia el sector sur de la urbanización La Fabiola y del futuro condominio, por lo que era de suma importancia su diseño y la adecuada técnica constructiva. c) Como se trataba de suelos con tendencia a saturación debía sellarse el fondo de aquellos antes de construirse la cama filtrante, todo para evitar que se dieran desplazamientos de la zona. 9) Estudio de suelo y muro de gaviones 03-O-0811-4234 (folios 55-70 de la carpeta 3). Este estudio correspondía al proyecto condominio Natalia. 10) Estudio de impacto ambiental para la totalidad de la finca donde se desarrollaría el condominio Natalia, el proyecto Lomas de Cabeara y residencial La Fabiola. Este se solicitó en el año 1997 por parte de la Municipalidad (folios 147-180 de la carpeta 27). La existencia de este estudio y su aplicación en la urbanización Fabiola fue confirmado por la declaración del testigo José Joaquín González Gamboa. 11) Estudio de sismicidad para determinar fallamiento para el condominio Natalia y urbanización La Fabiola (folios 9-13 de la carpeta 23). 12) Estudio de infiltración de campo (Tech 246-01) del 5 de julio de 2001, realizado por la empresa Technosoil S.A. para urbanización La Fabiola y condominio Natalia (folios 25707065-25707098 de la carpeta 25). Este estudio genera la información necesaria para determinar el comportamiento del suelo en eventos máximos de saturación de agua y permitía a los desarrolladores y profesionales responsables decidir si era necesario sustituir suelos y el tipo de obras de drenaje que se requerían para la construcción de obras de contención y estabilización del talud que se ubica en el sur de la urbanización La Fabiola y condominio Natalia. 13) Estudio hidrológico y análisis de estabilidad de taludes para la urbanización y condominio de cita (folios 28-54 de la carpeta 23). En este estudio, anota, se indicó que los taludes del sector sur de los proyectos en examen, sea donde se dio el evento dañoso, poseían una alta estabilidad, de manera que no se ponía en riesgo la estructura de las edificaciones. 14) Estudio de infiltración del 4 de marzo de 2003, presentado por el Ing. Federico Chacón (folios 748-749 de la carpeta 27). 15) Estudio de infiltración, Tech 231-02 del 24 de abril de 2002 (folios 750-760 de la carpeta 27). Subraya, en este análisis se concluye que el terreno donde se dio el incidente presentaba adecuadas características para utilizar sistema de absorción en sitio, mediante drenajes superficiales. 16) Requerimiento realizado mediante oficio DIOMM 711-09-2002 del 19 de setiembre de 2002, dirigido a profesionales responsables y propietarios de condominio Natalia, en el cual se exigía atención de cualquier eventualidad que se presentare en el condominio (no indica folios). 17) Autorización de desfogue pluvial para condominio Natalia y urbanización La Fabiola, oficio DIOSMM 03-25-2002 (folio 61 de la carpeta 21). Por otra parte, afirma, para la urbanización La Fabiola se exigieron los siguientes requisitos: 1) Registro de responsabilidad profesional establecido en el contrato de servicios profesionales (folio 20 de la carpeta 23 y los respectivos diseños de sitio visible en la carpeta de 8 planos aportados por el INVU). 2) Usos de suelo (folio 68 de la carpeta 21, folio 25707063 de la carpeta 25 y folios 7 y 8 de la carpeta 27). 3) Copia del plano catastrado (visible en juego de planos aportados por la Municipalidad). 4) Exoneración de construcción de alcantarillado sanitario (oficio E y P-AR-2001-319 del 3 de abril de 2001 del AyA, en el cual se exonera del alcantarillado sanitario a la urbanización La Fabiola (folio 33 de la carpeta 21). 5) Oficio URB-E-2001-169 del 4 de abril de 2001 del AyA, sobre disponibilidad de agua potable para La Fabiola (folios 71-72 de la carpeta 21). 6) Requerimiento mediante oficio DIOSMM 504 del 16 de agosto de 2001, en el cual se detalla que la urbanización La Fabiola cumplió con los requisitos legales y se ha hecho gran cantidad de estudios de suelos, incluso con respecto a materiales y detalles de vías (folios 5-6 de la carpeta 23). Por otra parte, resalta, los siguientes requisitos no estaban establecidos en norma expresa, pero se exigieron para dar seguridad a las construcciones: 1) Estudio de estabilidad de taludes en la zona del futuro condominio Natalia y del parque de urbanización La Fabiola (folios 1-14 de la carpeta 25). 2) Estudio de suelos en el parque infantil de urbanización La Fabiola (folios 15-26 de la carpeta 25). 3) Estudio de suelos y análisis de estabilidad de taludes para el proyecto condominio Natalia (folios 29-49 de la carpeta 25). 4) Estudio de impacto ambiental (folios 147-180 de la carpeta 27). 5) Estudio de infiltración de campo (folios 25707065-25707098 de la carpeta 25). 6) Estudio hidrológico y análisis de estabilidad de taludes (folios 28-54 de la carpeta 27). 7) Estudio de infiltración para condominio Natalia y urbanización La Fabiola (folios 750-760 de la carpeta 27). 8) Oficio DIOM 758 del 9 de octubre de 2002 (folio 208 de la carpeta 27). 9) Oficio DIOMM 711-09-12 del 19 de febrero de 2002, dirigido a propietarios de condominio Natalia y urbanización La Fabiola (no indica folios). 10) Estudio de sismicidad (folios 9-13 de la carpeta 23). 11) Requerimiento e instrucción interna para que se realizacen inspecciones constantes en el proyecto La Fabiola (oficio DIOMM 581 del 28 de junio de 2002, visible en los folios 14-15 de la carpeta 23). 12) Estudio geotécnico y mecánica de suelos INF-9600334 del 5 de febrero de 1996, generado para la finca donde se desarrollaría La Fabiola, Natalia y Lomas de Cabeara (folios 171-188B de la carpeta 3). 13) Oficio del 12 de agosto de 2002, suscrito por el entonces alcalde Oscar Ureña y dirigido al ingeniero José Joaquín González Gamboa, mediante el cual le remitió el informe 01935-SDF-2002 del CFIA donde se hacían recomendaciones a la Municipalidad para que verificara las actuaciones relacionadas con la urbanización La Fabiola (folios 123-130 de la carpeta 3). 14) Minuta de reunión para control, seguimiento y fiscalización del proceso constructivo urbanización La Fabiola realizada el 5 de noviembre de 2002, en la cual participaron el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Moravia, Comisión Nacional de Emergencias, representantes legales de urbanización La Fabiola, CFIA y el ingeniero municipal José Joaquín González. Allí se acordó que los desarrolladores realizarían proyecto correctivo en la zona que estaba presentando problemas (folios 149-157 de la carpeta 6). 15) Oficio DAMM 520-2001 de la alcaldía municipal, mediante el cual se acuerda solicitar a los desarrolladores de la urbanización La Fabiola pruebas de filtración o percolación, estudios de suelos y de taludes, diseños de terrazas, compactación y descarga de aguas (folios 27-28 de la carpeta 6). Todo lo anterior se hizo con el fin de cumplir con las prevenciones que realizó la CNE en oficio DPM-INF-121-2001. 16) Oficio DIOMM 828 del 12 de noviembre de 2002, mediante el cual el ingeniero José Joaquín González informó al Ministerio de Salud de Moravia que se habían realizado constantes inspecciones en el proyecto La Fabiola (folio 221 de la carpeta 23). 17) Oficio del 14 de enero de 2003, dirigido a la Comisión de Obras, que es compromiso escrito e informe del ingeniero de la Urbanización La Fabiola para solucionar los problemas en el talud del sector sur de la urbanización La Fabiola y condominio Natalia (folio 245 de la carpeta 27). 18) Oficio de enero de 2003, emitido por profesionales responsables de la urbanización La Fabiola, en el cual se comprometieron ante la Municipalidad a solucionar los problemas del talud del parque de la urbanización La Fabiola e incluso generaron un cronograma de avance (folios 226-244 de la carpeta 27). Destaca, como controles previos en ambos proyectos (urbanización La Fabiola y condominio Natalia), se requirió lo siguiente:
Condominio Natalia Urbanización La Fabiola Se generó la boleta 4064 del 22 de agosto de 2002, por medio de la cual los inspectores de construcciones de la Municipalidad previnieron a la desarrolladora del condominio Natalia y de la urbanización La Fabiola que paralizarían los trabajos que realizaran sin autorización municipal en el sector donde se desarrollaría el futuro condominio (folios 373-374 de la carpeta 27) Se generó el oficio DIOSMM 474 del 9 de agosto de 2001, dirigido al ingeniero Federico Chacón, quien era el profesional responsable del proyecto. En este se puso en conocimiento del informe DMP-INF-121-2001 de la CNE del 26 de junio de 2001, referente a lineamientos y recomendaciones técnicas que debían observarse durante el desarrollo del proyecto (folios 210-222 de la carpeta 27).
El 27 de agosto de 2002, los inspectores municipales clausuraron el inicio de construcciones del condominio por no tener permisos municipales (folios 373-374 de la carpeta 27).
Se solicitó estudios de suelo, de compactación de suelos, de infiltración, humedad del suelo y resistencia del suelo para el futuro proyecto (folios 7-8 de la carpeta 23) Se informó a la CNFL y al INS sobre las construcciones ilegales del condominio Natalia y urbanización La Fabiola (folios 944-948 de la carpeta 27).
Con lo anterior, subraya, es evidente que la Municipalidad fue diligente, proba y actuó al amparo de la legalidad cuando aprobó los citados proyectos habitacionales, por ello, requirió de los desarrolladores y profesionales responsables no sólo los requisitos legales expresos, sino también estudios, pericias y actuaciones de diversa índole para brindar seguridad a las construcciones; sin embargo, nada de ello fue tomado en consideración. Prosigue, en el hecho probado No. 3, se estableció: “[…] La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), expidió el informe técnico número DPM-INF-121-2001 del 26 de julio del 2001, en el cual se expresa que se efectuó una inspección el 13 de julio del 2001, en la cual le previenen a la Municipalidad de Moravia, en torno al proyecto habitacional UNEMOPT-SIBAMPO, segunda atapa propiedad de Moravia, lo siguiente: a) Que tanto los movimientos de tierra, como los rellenos, deben estar acorde con los estudios de suelos y estabilidad de taludes, así como al diseño de terrazas y la compactación y sustitución de material orgánico por lastre, esto con la finalidad de prevenir cualquier daño de consideración de las futuras viviendas, por asentamientos, hundimientos y pequeños deslizamientos en los rellenos. b) El Proyecto Desarrollo Habitacional La Fabiola, no está acorde al artículo 1 del Código Urbano. Por lo cual recomienda la CNE a la Municipalidad de Moravia, que no se autorice ningún permiso de construcción de viviendas de ese sector, hasta que no se presenten todos los estudios necesarios, tanto en obras correctivas en rellenos y terrazas, con la finalidad de otorgar seguridad total a todas las familias que deseen vivir en ese lugar”. Considera que el Tribunal interpretó erróneamente el informe allí citado. Expone, este no dice que la Municipalidad debía verificar que “tanto los movimientos de tierra, como los rellenos deben estar acorde con los estudios de suelos y estabilidad de taludes, así como al diseño de terrazas y la compactación y sustitución de material orgánico por lastre, esto con la finalidad de prevenir cualquier daño de consideración de las futuras viviendas, por asentamientos, hundimientos y pequeños deslizamientos en los rellenos”. Advierte, lo que el estudio dice es: “Por lo tanto se recomienda que las siguientes instituciones: -Municipalidad de Moravia. -Departamento de Ingeniería Moravia -Dirección de Urbanismo. INVU -Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Ministerio de Salud. Dirección de Saneamiento Ambiental solicite (n) a los encargados del Proyecto denominado UNIMOP-SINAMPO, los estudios y permisos correspondientes, obras correctivas de las terrazas, rellenos y sustitución de lastre, muros de contención diseñados ingenierilmente, descargas de aguas pluviales y servidas de acuerdo con la legislación existente, así como de las regulaciones pertinentes: 1. Se recomienda a la Municipalidad de Moravia, Departamento de Ingeniería que no autorice ningún permiso de construcción de viviendas, hasta que no se presente todos los estudios necesarios, tanto en obras correctivas en rellenos y terrazas, con la finalidad de otorgar seguridad total a todas las familias que tienen su casa en el lugar […] 3. Debido a que en el terreno se llevó a cabo: movimientos de tierra, terrazas y acumulación de material en forma de rellenos “inadecuados”. 4. Debe estar acorde a: estudios geotécnicos de estabilidad de taludes y características del suelo, debido a la posibilidad de ruptura de falla en superficie por sismos, lluvias, provocando posibles “flujos de lodo”, esto dependiendo de las condiciones del suelo, con la finalidad de tomar las medidas de mitigación necesarias para cualquier construcción, a fin de minimizar la posibilidad a que se produzcan daños en cualquier tipo de obra. 5. De no existir el estudio correspondiente es necesario solicitarlo y de adoptar las medidas ingenieriles adecuadas, con el propósito de establecer cuáles son las obras correctivas a realizar lo más pronto posible. La Municipalidad de Moravia, Departamento de Ingeniería debe supervisar en su totalidad estas obras […]”. Apunta, en ese informe se recomendó a la Municipalidad solicitar a los encargados del proyecto, entiéndase a los profesionales responsables y desarrolladores, realizar los estudios y permisos correspondientes. Asimismo, se recomendó al ente local no autorizar permisos de construcción de viviendas en ese proyecto, hasta que no se presentasen los estudios necesarios, así como supervisar en su totalidad las obras realizadas. Recrimina, el Tribunal no tuvo por acreditado que la Municipalidad sí cumplió con esas recomendaciones, pese a la existencia de prueba en tal sentido. Pide tomar en consideración parte de la prueba ya citada, especialmente los estudios que fueron requeridos por la Municipalidad a los desarrolladores de forma posterior al informe de la CNE, pero anteriores a la emisión de los permisos de construcción. Manifiesta, el 5 de mayo de 2003, se otorgó el permiso de construcción del condominio Natalia (visible en los folios 314-315 de la carpeta 27, folio 21 de la carpeta 23 y se complementan con las láminas de 14 planos aportados por el ayuntamiento). Este se concede, resalta, cuando ya se habían hecho los estudios y obras civiles de estabilización indicadas por la CNE. Arguye que el Tribunal despreció totalmente la prueba de descargo ofrecida por la Municipalidad, pues de haberla valorado habría tenido por demostrado que dicha entidad cumplió con las recomendaciones de la CNE. Por otra parte, aduce, en el hecho 6 tenido por demostrado, se indicó que el alcalde municipal le ordenó al director de ingeniería realizar una valoración de las casas que estaban siendo construidas. Dice, con ello es evidente que se buscaba una fiscalización futura, lo que refleja el empeño y cuidado que tuvo el ayuntamiento en los proyectos de interés. Solicita valorar la declaración del ingeniero José Joaquín González, quien indicó que la Municipalidad sí fiscalizó todo el proceso constructivo de ambos proyectos y que dada su magnitud, siempre había temas por revisar, pero además que nunca se detectaron casas sin permiso, ni variaciones constructivas significativas y que lo verificable en cuando al proceso constructivo, se trató en algunos casos de pequeños excesos de área, por colocación de pisos en cocheras y eso fue solventado por acción municipal. Reclama, no consta en autos ni un solo elemento de prueba que acredite que la instrucción dada por el alcalde no se haya cumplido, cual era carga de los actores demostrar. Por otro lado, señala, en el hecho 40 tenido por demostrado se indicó que mediante oficio DGTO-192-1-06-2018 del 19 de junio de 2018, la Dirección Técnica Operativa de la Municipalidad de Moravia, hizo constar que sobre el muro de gaviones que se ubica en el sector sur del condominio Natalia, sobre el área de juegos infantiles y parte del muro de gavión, se construyó un rancho de fiestas y un gimnasio en fecha posterior a la construcción del condominio, el cual no contaba con los permisos de construcción. Acota, el Tribunal no tomó en cuenta el contenido íntegro del referido oficio, especialmente donde se explican las razones por las cuales la Municipalidad no podía darse cuenta de las construcciones ilegales efectuadas. Alega, la causa del daño sufrido por los actores en sus casas no resulta atribuible al ente corporativo, sino a los desarrolladores, profesionales responsables e incluso a los titulares del condominio Natalia. Puntualiza, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Construcciones, en relación con el 81 de la Ley Orgánica del CFIA, se concluye que la obligación de fiscalizar la ejecución de las obras y que estas se apeguen a los planos constructivos y a los informes técnicos es del profesional responsable y, consecuentemente, del desarrollador. La responsabilidad de la Municipalidad, esclarece, era de vigilancia, deber que no puede ir más allá de la verificación del cumplimiento de retiros, áreas de cobertura y de los permisos otorgados, aunque, claro está, hasta donde legalmente le era posible. Insta tomar en consideración que, al ser propiedades privadas, cuyo acceso es restringido, los inspectores municipales ven limitada su labor al no poder ingresar a los recintos. Agrega, con lo expuesto en el oficio DGTO 192-1-2018, así como la declaración del testigo José Joaquín González Gamboa y la demás prueba documental, se demuestra que las construcciones ilegales, las cuales incidieron de forma directa en el evento dañoso, fueron realizadas en el condominio Natalia de forma posterior a la conclusión de su construcción, sin que la Municipalidad pudiera detectarlas porque el acceso al lugar estaba limitado por portones y una caseta de seguridad. Además, no había visibilidad externa, en tanto los propietarios y desarrolladores colocaron una tapia o cerca de setos verdes que obstruía por completo la visibilidad. De igual forma, ni los propietarios ni ningún tercero interpuso denuncia por las construcciones ilegales. Complementa, esas edificaciones no eran desconocidas por los actores habitantes del condominio, pues en el reglamento del condominio y en la escritura de constitución no consta la existencia de una sala de fiestas, ni gimnasio, lo que evidencia que dichas construcciones no se encontraban dentro de la distribución original del condominio. Tampoco consta en el plano que describió el diseño de sitio primer y segundo nivel. Argumenta: “la responsabilidad de las mismas es de la Asamblea de Condóminos que según la Ley de Condominios artículo 14 es quien debe aprobar las mejoras en las cosas comunes, artículo 27 inciso b). Siendo oportuno y necesario argumentar que por su naturaleza jurídica los Condominios no deben ser entregados a las Municipalidades, por lo que se escapa del control municipal la posibilidad de verificar la existencia o no de construcciones irregulares si estas no son denunciadas por los propios vecinos, puesto que como en el caso que nos ocupa los condominios suelen tener restricciones de acceso al ser propiedad privada y al estar fuera de las competencias de la Municipalidad el mantenimiento de las áreas comunes, por ello era sólo por la denuncia de un condómino o tercero que la Municipalidad se enteraría de estas construcciones ilegales, que al final terminaron comprometiendo la estabilidad de los gaviones y en este proceso no se demostró con prueba idónea que existiera algún tipo de denuncia sobre dichas construcciones y por ende no es posible que sea la Municipalidad responsable de lo ocurrido”. Señala, conforme lo declarado por el deponente González Gamboa, esa área no era apta para colocar construcciones sólidas, ya que era una zona de relleno soportada por un muro de contención que no estaba diseñado para resistir cargas verticales, sólo cargas horizontales y, fue ello, uno de los elementos más relevantes para que se produjera el deslizamiento. Dice, la sobrecarga vertical generada por el peso de las construcciones sin permiso ubicadas en la corona del talud y muro del sector sur del condominio Natalia, podría ser un factor que, en tesis de principio, le resulta endosable a la Municipalidad, por falta de fiscalización de construcciones ilegales; sin embargo, ello se descarta, reitera, al tomarse en consideración el acceso ilimitado por portones y una caseta de seguridad y además su falta de visibilidad externa, dada la tapia allí colocada. Insiste, si las construcciones ilegales se realizaron con posterioridad a la construcción del condominio y estas no estaban incluidas en los planos aprobados, la responsabilidad de denunciarlo recae en los condóminos (propietarios). Manifiesta, en el caso de la actora Ericka Pinto consta que al adquirir su casa declaró conocer y aceptar en todos sus extremos el reglamento que rige el condominio. En igual sentido, considera que sin una denuncia resultaba imposible para el ente territorial darse cuenta de esas construcciones, salvo que realizara vigilancia aérea, mediante drones o similares, o bien, se invirtiera el principio de inocencia y se revisaran todas las construcciones ya habitadas, invadiendo propiedad privada sin elementos que motivaran dichos actos, lo cual lógicamente no procede en un estado de derecho. En otro tema, indica, el Tribunal tuvo como un hecho no probado que “la Municipalidad de Moravia haya logrado cumplir con su responsabilidad de fiscalizar, resguardar y fiscalizar conforme el ámbito de sus competencias el adecuado desarrollo y ejecución de la Urbanización La Fabiola y el Condominio Natalia (los autos)”. El recurrente se muestra disconforme con lo allí señalado, pues estima que se aportó prueba suficiente que acredita lo contrario. Al respecto reitera la prueba citada supra. Además, aduce, el Tribunal no señala a cuál prueba se refiere, pues solo indica “los autos”, lo cual genera ambigüedad y una flagrante violación al derecho de defensa. Asimismo, alude, no se logró demostrar cuál o cuáles fueron los requisitos legales ausentes al momento de expedición de los permisos y, por ende, no se demostró que las licencias fueran otorgadas de forma incorrecta o bien con vicios de nulidad o legalidad, pese a que el peso probatorio del particular recaía en la parte actora. Tampoco se acreditó cuál fue la falta de fiscalización que se atribuye a la Municipalidad. Insiste, correspondía a la parte accionante demostrar la tesis de su caso, sin que exista motivo legal para que en sentencia se presumiera el supuesto incumplimiento del ente territorial en su deber de resguardar y fiscalizar conforme al ámbito de sus competencias el adecuado desarrollo y ejecución de los proyectos constructivos de cita. Asevera, aún y cuando la Municipalidad no hubiera propuesto prueba para demostrar lo contrario, era la parte actora quien debía acreditar el incumplimiento, lo cual no ocurre en la especie. En todo caso, adiciona, el gobierno local sí demostró su cumplimiento. Apunta, en el hecho no probado No. 4 se estableció: “Que haya existido la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero y de culpa de la víctima en la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a los actores producto del deslizamiento acaecido el 15 de noviembre del 2007, en la Urbanización La Fabiola y el Condominio Natalia (los autos)”. Sostiene, la prueba que ampara este proceso, concretamente, la testimonial-pericial rendida por el ingeniero José Joaquín González Gamboa, así como el resto de documental técnica (informe IG 019-2008 del 31 de enero de 2008, visible en la carpeta 26 en su totalidad, informe geotécnico y de mecánica de suelos, elaborado por Castro & De la Torre, visible en la carpeta 14) y el informe técnico aportado como prueba para mejor resolver (DGTO 192-1-2018), demuestra que la causa del daño responde al deslizamiento ocurrido en el sector sur del condominio Natalia, que afectó además la urbanización La Fabiola, el cual se dio por la combinación de los siguientes factores: “sobrecarga vertical generada por el peso de construcciones sin permiso ubicadas en la corona del talud y muro ubicado al costado sur del Condominio Natalia (Salón de Fiestas y Gimnasio), rellenos de aproximación utilizados en el sector sur del condominio para conectar los muros con el resto del condominio de mala calidad, inadecuados o inexistentes drenajes en los muros de contención ubicados donde se dio el evento, filtración de aguas que saturaron los suelos de relleno, provenientes de la ruptura de tubo de agua potable, asentamiento de bases de muro sobre estratos de subsuelo de regular calidad”. Todos esos factores, recalca, son atribuibles a los desarrolladores, profesionales responsables y condóminos, no así al ente territorial. En cuanto al deber de fiscalización de los profesionales responsables privados y su responsabilidad en un proceso constructivo, pide estudiar los cánones 53 y 54 de la Ley Orgánica del CFIA, 81, 83 y 85 de la Ley de Construcciones, 1-4, 6-8 y 19 del Código de Ética Profesional del CFIA, 16.4 del Código Sísmico de Costa Rica, 6, 7, 11 aparte B, 13, 15-17 y 40 del Reglamento de Contratación de Servicios para Consultoría de Ingenieros y Arquitectos, así como el cardinal 1185 del Código Civil. Expone, las normas de cita establecen la obligación de los profesionales privados, no sólo de actuar bajo las normas estrictas de la ciencia y la técnica, sino de garantizar siempre la seguridad de las obras en resguardo tanto de los bienes económicos como de las vidas humanas. Asimismo, denunciar la existencia de irregularidades. Todo ello, acusa, fue irrespetado por los profesionales responsables y, sin embargo, el A-quo no analizó esa responsabilidad. Asegura, ello valorado en conjunto con el cumplimiento de la Municipalidad en su poder-deber en materia edilicia referido, genera como resultado inexorable el rompimiento del vínculo causal y su consecuente exención de responsabilidad. Adiciona, si los actores decidieron llegar a un acuerdo extra procesal con los desarrolladores y profesionales responsables que no cumplía sus expectativas de resarcimiento, ello no significa que esa falla a la hora de negociar, deba suplirse atribuyéndole a la Municipalidad la responsabilidad de lo ocurrido y, por ello, deba esta última asumir en forma solidaria el detrimento causado. Para que ello ocurra, advierte, debe demostrarse el nexo de causalidad, lo cual no ocurre en el sub-lite. Estima que el Tribunal no analizó la existencia del hecho de un tercero y culpa de la víctima en los términos descritos, como eximentes de responsabilidad. Para ahondar en el tema, transcribe algunos extractos de los votos No. 10874-1988 y No. 555-90 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera. De ellos, infiere que la existencia del nexo causal entre el hecho que se reclama como dañoso y la responsabilidad del Estado debe ser probada fehacientemente. Considera que en este caso se configuraron las eximentes de cita y, en ese tanto, erró el Tribunal al no aplicarlas de conformidad con el precepto 190 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Opina, conforme la prueba aludida, no fueron las actuaciones u omisiones de la corporación territorial de Moravia las que generaron el daño, sino más bien el accionar de los actores, los profesionales responsables y los desarrolladores. Añade, los juzgadores se limitaron a señalar como antecedente del deslizamiento ocurrido y causa del daño sufrido por los actores, que existía el informe emitido por la CNE (DPM-INF-121-2001); no obstante, omitieron analizar el cumplimiento de la Municipalidad a las recomendaciones allí consignadas. Alega, en la sentencia recurrida se le reprochó a la Municipalidad que “tales advertencias graves no fueron advertidas, ni corregidas por el ente municipal en forma eficiente, pronta y eficaz, a efecto de que se subsanaran tales yerros”; sin embargo, a su parecer, esa conclusión resulta estéril para generar responsabilidad contra el ayuntamiento, porque no está amparada en prueba alguna, sino se trata de una presunción subjetiva de los juzgadores. Por otra parte, arguye que la Municipalidad no podía fiscalizar el ejercicio de la profesión de los encargados de la obra, pues tal labor compete a los colegios profesionales. Además, subraya, para ello los profesionales reciben honorarios que pueden llegar a representar hasta el 12.5% del valor de las obras conforme el artículo 4) del decreto No. 18.636, contrario de lo que sucede con la Municipalidad que, al tenor del numeral 70 de la Ley de Planificación Urbana, recibe un tributo equivalente a un 1% sobre el valor de las construcciones, por concepto de permisos de construcción. Así, refuta, la Municipalidad no debe ejercer control sobre los profesionales responsables y los desarrolladores en cuanto a la correcta aplicación de la técnica en las construcciones que dirigen o desarrollan. Reclama, pretender extender la responsabilidad de las municipalidades a ese extremo, como se hizo en la sentencia objetada, conlleva “un quebrantamiento del derecho mismo, pero además de la institucionalidad local, ya que ni siquiera invirtiendo la totalidad del impuesto en la fiscalización sería ello posible, tendría 12.5% de ingresos para el profesional responsable contra un 1% de ingreso para el ayuntamiento, pero se exigiría al ayuntamiento supervisar a quien recibe desproporcionalmente más ingresos”.
IV.- Al analizar la responsabilidad endilgada a la Municipalidad de Moravia, el Tribunal explicó, mediante oficio del 28 de marzo de 2001, expedido por la Municipalidad de Moravia, se le indicó al Departamento de Ingeniería y Obras de esa entidad que el Concejo Municipal había aprobado el permiso de construcción de la urbanización residencial La Trinidad, segunda etapa de Urbanización UNEMOPT-SIBAMPO, mediante sesión ordinaria 160 del 26 de marzo de 2001, por lo que autorizaba cobrarles y entregarles los permisos y planos correspondientes a los interesados; sin embargo, años después, concretamente, el 14 de noviembre de 2014, allí ocurrió un deslizamiento que generó daños en algunas viviendas construidas. A su parecer, esos hechos dañosos tienen como antecedentes el informe técnico No. DPM-INF-121-2001 del 26 de julio de 2001 emitido por la CNE y oficio el No. ASM-0001-2001 del 27 de agosto de 2001 del Ministerio de Salud. En el primero, se indicó que se había realizado una inspección el 13 de julio de 2001 y, a raíz de lo allí observado, se previno a la Municipalidad de Moravia, en torno al proyecto habitacional UNEMOPT-SIBAMPO, segunda etapa, lo siguiente: a) Que tanto los movimientos de tierra, como los rellenos, debían estar acorde con los estudios de suelos y estabilidad de taludes, así como al diseño de terrazas y la compactación y sustitución de material orgánico por lastre, esto con la finalidad de prevenir cualquier daño de consideración de las futuras viviendas, por asentamientos, hundimientos y pequeños deslizamientos en los rellenos. b) El proyecto Desarrollo Habitacional La Fabiola, no estaba acorde al artículo 1 del Código Urbano. Por lo anterior, recomendó a la Municipalidad de Moravia no autorizar ningún permiso de construcción de viviendas en ese sector, hasta que no se presentasen todos los estudios necesarios, tanto en obras correctivas en rellenos y terrazas, con la finalidad de otorgar seguridad total a todas las familias que desearan vivir en ese lugar. En el segundo, se indicó lo siguiente sobre los permisos otorgados para el desarrollo del proyecto urbanización La Fabiola (UNEMOPT-SIBAMPO, segunda etapa): “a) Hay falta de agua potable, los terrenos tienen problemas de filtración de aguas servidas residuales, aguas negras y aguas pluviales. Según estudio realizado por el CNE, se constata la existencia de rellenos mal efectuados, modificación de terrazas, fallas sísmicas, posibles derrumbes, acumulación de escombros en la margen derecha de la quebrada. Está en una zona de deslizamientos, alta densidad, cerca de los mantos acuíferos. La versión del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad es que los planos se encuentran debidamente firmados por las instituciones correspondientes, por lo que les pide intervenir ante la venta de lotes que se está haciendo”. Para el Tribunal, con el recuento de hechos sucedidos de previo al evento dañoso, la reacción de la Municipalidad no fue la adecuada ni suficiente, a fin de paliar, corregir y subsanar los yerros observados tiempo atrás. Indicó que, de ello, daba cuenta el memorándum del 17 de setiembre de 2002, emitido por el alcalde municipal, señor Oscar Ureña Huertas, en el cual le pidió al director de ingeniería del mismo ente local realizar una valoración de las casas que estaban siendo construidas por el señor Orlando Chaves, a fin de que procediera conforme a la legislación vigente en todas aquellas que no concordasen con los planos aprobados y que no tuvieran suficiente área de drenaje. Además, le solicitó hacer una valoración de las casas ubicadas contiguo al área de juegos infantiles e hiciera el procedimiento anteriormente indicado. En consideración del A-quo, si esas acciones se hubieran ejecutado, con ello se habría tenido medidas correctivas para la prevención de futuros eventos dañosos por incumplimiento de requisitos urbanísticos de seguridad constructiva. Destacó: “Si bien, por oficio número D.I.O.M.M 711 del 19 de setiembre del 2002, el Ingeniero José Joaquín González Gamboa, de la División de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Moravia, le expresa a los encargados de la Urbanización La Fabiola, que bajo pena de responsabilidad deben resolver los problemas de los vecinos en el costado sur del lote de su propiedad, referente a la petición de construir muro de contención. Tal petición no es suficiente, sin que el ente territorial pueda delegar sus competencias de supervisión y fiscalización, en los ingenieros responsables de dicha Urbanización. La responsabilidad de realizar la corrección adecuada de tales yerros, defectos y acciones exigidas por ley, que son requisitos esenciales y necesarios para podérsele otorgar los permisos de construcción, le compete a la Municipalidad de Moravia”. En igual sentido, consideró que el ente local no había realizado la supervisión, fiscalización y constatación adecuada al momento en que se construyeron las obras ilegales que fueron el detonante de la tragedia sufrida y de las graves pérdidas materiales que ello ocasionó a los actores. En su criterio, la Municipalidad no puede excusarse del particular bajo el argumento de que no había suficientes recursos, que se trataba de un condominio privado o que no existía suficiente personal, pues nada justifica que no se haya observado, subsanado, corregido, detenido o se hubiere clausurado las obras constructivas ilegales. Agregó, los funcionarios municipales, inspectores y departamentos encargados de la fiscalización y supervisión de las obras civiles tienen el deber ineludible e inclaudicable de estar constantemente vigilando, revisando e inspeccionando aquellos asentamientos humanos en los cuales en forma preventiva se determinen movimientos de tierra o construcciones ilegales, ello con el objeto de proteger a los munícipes. En igual sentido, consideró que la Municipalidad no podía otorgar permisos de construcción de la urbanización La Fabiola y condominio Natalia, hasta tanto se asegurase que estas se construyeran en estricto acatamiento del ordenamiento jurídico urbanístico. Sobre todo, cuando la CNE y el Ministerio de Salud alertaron al ente local que de previo al otorgamiento de los permisos de construcción se corrigieran las falencias apuntadas. Para los juzgadores, esas falencias no fueron subsanadas adecuadamente ni por los desarrolladores, ni la Municipalidad en el ejercicio de sus competencias, pues no actuó debidamente para lograr que tales yerros se corrigieran. Aunado a ello, se hicieron construcciones ilegales sin que la Municipalidad lo impidiera, supervisara ni clausurara, lo que generó una sobrecarga en el muro de gaviones y su ulterior colapso. Estimó que, del estudio de las causas generadores del deslizamiento, se apreciaba que la Municipalidad no había cumplido con el correcto ejercicio de sus competencias de dar seguimiento, vigilar, supervisar y fiscalizar adecuadamente lo siguiente: a) Determinación de que el suelo era adecuado y estable para soportar la estructura a realizar. b) Supervisar y dar seguimiento, junto con el encargado de la obra, para verificar que el muro de contención construido estuviera en buenas condiciones. c) No se aseguró que se subsanara junto con el ingeniero encargado de la obra la consistencia del suelo y que tuviera la estabilidad necesaria para soportar dichas construcciones. d) No verificó, supervisó, ni fiscalizó antes y después de otorgarse el permiso de construcción, la calidad del relleno de los suelos, la cimentación de los muros de gaviones, que no existiera o se produjeran posteriormente deformaciones del relleno, que no existieran rupturas de tuberías de aguas pluviales y de sus respectivos pozos de registro, que pasaba dentro del relleno y en la zona de muros. e) No verificó, supervisó ni fiscalizó, antes y después de otorgarse el permiso de construcción, el peso de las viviendas y que este no fuera mucho mayor a lo que pudiera soportarse en la corona de taludes, que no existiera conexiones ilícitas de tuberías de aguas negras provenientes de los drenajes localizados en las casas ubicadas en la parte alta del talud, que no existieran aguas empozadas, ni niveles freáticos dentro de los taludes. f) No verificó, supervisó ni fiscalizó, antes y después de otorgarse el permiso de construcción, que el anclaje del muro de gaviones en la terraza intermedia fuera el adecuado, que el muro de gaviones no estuviera apoyado en una placa de concreto, que la zona y el suelo fueran compactados y acondicionados para que no se presentaran problemas de deslizamientos. Al tenor de lo expuesto, determinó la responsabilidad de la Municipalidad por incumplimiento del ejercicio de sus competencias otorgadas por ley. Explicó, el ordenamiento jurídico le atribuye a los entes territoriales la obligación de dictar las medidas de ordenamiento urbano, según lo establece el numeral 13 del Código Municipal. De igual forma, el ordinal 1° de la Ley de Construcciones estatuye: “Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos”. Añadió, en materia de fraccionamiento y urbanización, el numeral 15 de dicha Ley, dispone: “-Licencias. El fraccionamiento de un predio en manzanas y lotes para poner éstos a la venta, se hará previo permiso de la Municipalidad, la que para concederlo tendrá en cuenta las previsiones de los reglamentos especiales sobre el particular”. De igual forma, se indica que, compete a la Municipalidad “[…] exigir determinada calidad de materiales en las edificaciones, así como la clase o tipo de ellas, en los fraccionamientos o zonas de replanificaciones que por su categoría o por la importancia de zonas inmediatas, deban presentar un concurso armónico y deben ser de calidad durable”. Asimismo, el canon 74 dispone: “Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente”. Para el Tribunal, el ordinal 83 es claro en cuanto a la responsabilidad de las Municipalidades de vigilar las obras constructivas, al señalar:”Para los efectos de esta ley, se entenderá como profesionales aquellos profesionales en ingeniería o arquitectura debidamente incorporados al Colegio Federados de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y habilitados para ejercer sus profesiones en distintas especialidades. Los profesionales responsables son los únicos que tienen facultad para autorizar solicitudes de licencia para obras de construcción; además, tienen la obligación de vigilar las obras para las cuales hayan solicitado o autorizado licencia para obras de construcción. Las municipalidades que no cuenten, dentro de su equipo de colaboradores, con un profesional responsable de ejercer el control constructivo de manera adecuada y eficaz dentro de su territorio podrán establecer convenios interinstitucionales de apoyo técnico con las municipalidades más cercanas, con la finalidad de ejercer ese control constructivo”. El numeral 87, por su parte, aclara que “la municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en la jurisdicción, así como sobre el uso que se les dé. Además, tendrá la misión de vigilar la observancia de los preceptos de esta Ley […]”. En esa misma línea, el Tribunal tomó en cuenta que el cardinal 15 de la Ley de Planificación Urbana establece: “Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional […]”. Asimismo, el artículo 19 de esa misma Ley, en cuanto señala: “Cada municipalidad emitirá y promulgará las reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad”. En cuanto al tema de fraccionamiento y urbanización, tomó en consideración lo dispuesto en los numerales 32, 33 y 38 ídem, así como el canon 58 de ese mismo cuerpo normativo, que dispone: “Las municipalidades no permitirán obras de construcción: 1) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, cobertura y demás condiciones de zonificación; […] 5) En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva uso público o una declaratoria formal de inhabitabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra inundaciones, derrumbes y otros peligros evidentes; y 6) En los demás casos que señala el reglamento, con base en las leyes aplicables y para la mejor protección de los intereses comunales”. En mérito de las normas de cita, concluyó que no llevaba razón la representación de la Municipalidad de Moravia al indicar que la responsabilidad plena era de los desarrolladores, debido a que la Ley instaura a los gobiernos locales como garantes de legalidad en los desarrollos urbanísticos que se ejecuten dentro su jurisdicción cantonal, sin que pueda delegarlo enteramente al desarrollador. Más bien, aclaró, el ejercicio de sus competencias es indelegable y debe garantizar antes del proceso constructivo y después de él, que las obras se realicen cumpliendo las normas técnicas de seguridad adecuadas que salvaguarden el bienestar, la salud y la integridad de las personas que habiten en dichos desarrollos. Consideró que no resultaba admisible que el ente corporativo alegase el hecho de un tercero, la culpa de la víctima y se justificase en la inobservancia del desarrollador, por cuanto, de oficio, debía intervenir y dar seguimiento a todo el proceso constructivo, para asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas que rigen la materia. Subrayó, independientemente de que las obras se hubieran hecho con o sin permiso de construcción, prevalece el deber de la Municipalidad de fortalecer el equipo de inspectores con el objeto de brindar la adecuada vigilancia para evitar que se realicen construcciones ilegales. Añadió: “Más allá de que se trate de un condominio, igual conserva la Municipalidad las competencias para poder intervenir e ingresar cuando lo considere adecuado a dichos complejos habitaciones (sic), para salvaguardar la vida de sus habitantes, en razón de lo cual no se acredita que exista responsabilidad o culpa de la víctima, de los habitantes de dichos asentamientos humanos en el colapso del muro de Gaviones (sic). Ante vicios tan graves constructivos (sic), no se le pude (sic) pedir a los actores que tengan la pericia para determinar falencias en tales procesos constructivos o de que (sic) hayan puesto las denuncias por ello o que por tratarse de un condominio la Municipalidad no tiene injerencia. Si bien se menciona como una de las causas la existencia de conexiones ilícitas de tuberías de aguas negras provenientes de los drenajes localizados en las casas ubicadas en la parte alta del talud, no se trata de la causa fundamental del colapso, siendo más bien las causas principales y desencadenantes del siniestro lo relativo a las construcciones ilegales, de cuya ilegalidad no tenían porque (sic) saber o denunciar los habitantes del lugar, siendo más bien responsabilidad de la empresa constructora, del ingeniero a cargo de la obra y de la Municipalidad de Moravia (sic), en el resguardo, vigilancia, fiscalización y supervisión de toda obra constructiva, se encuentre o no dentro de un condominio”. Por otra parte, explicó, si bien el ente municipal argumentó que la Ley de Construcciones y la Ley Orgánica del CFIA la facultan para exonerarse de responsabilidad, a su entender, ello no se ajusta al imperio de la Ley, pues en normas constitucionales, legales y reglamentarias se estipula su deber de intervenir, fiscalizar, vigilar, sancionar y resguardar todo lo relativo al proceso constructivo, sin que pueda dejarlo al arbitrio de los particulares o a la entera responsabilidad del ingeniero encargado de la obra. Además, consideró que esa tesis no encaja a la luz de los principios de responsabilidad objetiva que aplica a toda administración pública. En esa misma línea, anotó, si bien el ingeniero José Boza Gamboa declaró que solo tenía a su cargo tres inspectores, por lo que el personal era insuficiente para el cumplimiento de sus funciones, en su criterio, esa limitación no justifica las omisiones encontradas. Recalcó, no basta con que el ingeniero responsable de la obra “determine el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad en los procesos constructivos, correspondiendo a la Municipalidad la supervisión y vigilancia de toda obra constructiva y que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos de seguridad y protección”. Destacó que, aunque era claro que hubo una falencia del ingeniero responsable de la obra y de la empresa constructora, con base en la responsabilidad objetiva in vigilando, la entidad municipal debía responder de manera solidaria por las fallas encontradas, principalmente, por las construcciones que se realizaron sin contar con permisos de construcción. Estimó que el ente territorial no podía eximirse de tal hecho bajo el argumento de que no se dio cuenta, no podía ingresar al condominio, no había suficiente personal o no se podía observar desde afuera, pues, a su parecer, se trata de excusas para evadir el cumplimiento de sus competencias, sea la vigilancia constante y permanente de que toda obra cuente con el permiso municipal y, de otorgarse, verificar que la constructora y el ingeniero responsable cumplan con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Agregó: “la declaración del señor José González Gamboa, en su condición de Ingeniero de la Municipalidad y Director del Área de Ingeniería hasta el año 2007, se constatan falencias en los procedimientos seguidos en tales asentamientos humanos, debido a que a pesar de saber que en dicha zona, como refiere el propio señor González Gamboa, ya se tenían antecedentes de deslizamientos pequeños y desprendimientos de suelo, no era suficiente con delegar en el ingeniero responsable de la obra la subsanación de tales falencias, sino que debía supervisar y fiscalizar que todo se realizara correctamente, efectuar constantes visitas al campo, realizar constantes inspecciones, y efectuar medidas de constatación y de verificación de todas y cada una de las medidas requeridas, todo en aras de salvaguardar la seguridad de las personas, en lo cual se aprecian evidentes omisiones de parte de los funcionarios municipales encargados de dichos procesos. Ante ello, no puede admitirse como causal eximente de responsabilidad lo manifestado por el propio señor González, en lo referente a que sólo tenían tres inspectores y aunque refiere de haber efectuado constantes visitas, no hay prueba, ni constancia de ello”. Concluyó, no basta con pedir los estudios de suelo, estudios de estabilidad de taludes o requerir compromisos de cumplimiento de parte de los encargados de la obra, en tanto las competencias asignadas por Ley al ente territorial, obligan a este último a la constante verificación y constatación de los requisitos constructivos.
V.- Por resultar de importancia para la resolución del caso y a fin de tener un panorama más completo de la controversia, esta Sala hará un recuento cronológico de lo acontecido en el sub-lite, en concordancia con la prueba arribada a los autos. En marzo de 2001, la Municipalidad de Moravia concedió el permiso de construcción de la urbanización La Fabiola. El 5 de julio de 2001, la empresa TechniSoil S.A. realizó 10 pruebas de infiltración en una propiedad en la Trinidad de Moravia, de las cuales se concluyó que el terreno de la urbanización UNEMOPT-SIBAMPO era adecuado para la evacuación de tanques sépticos mediante el empleo de sistema de absorción con drenajes superficiales (folios 25-28 de la carpeta 23, así como peritaje visible a folio 10 de la carpeta 26). En julio de ese mismo año, el geólogo Julio Madrigal de la CNE emitió el informe DPM-INF-121-2001, transcrito supra, en el cual alertó sobre una serie de problemas observados en esa urbanización y, a su vez, emitió recomendaciones al ente municipal. Dicho informe fue comunicado al alcalde de Moravia en data 1° de agosto de 2001 (folio 27 de la carpeta 6). Mediante oficio No. D.I.O.S.M.M 474 del 9 de agosto de 2001 (folio 849 de la carpeta 27), el ingeniero municipal, señor Marco Rojas Vega, le solicitó al ingeniero Federico Chacón (profesional responsable del proyecto UNEMOPT-SIBAMPO II etapa), atender las recomendaciones señaladas en el informe de cita. Asimismo, en fecha 10 de agosto de ese mismo año, el alcalde municipal dirigió memorándum al ingeniero municipal Marco Rojas, mediante el cual le informó sobre el estudio de la CNE y, su vez, pidió requerir a los profesionales responsables de la obra lo siguiente: “- Existen pruebas de filtración o de percolación, luego de efectuar los movimientos de tierra, o sea luego de remover el terreno o construir. - Se cuenta con estudio de suelo. - Se tienen estudios de taludes y diseño de terrazos. - Existen estudios de compactación y descarga de aguas” (folio 28 de la carpeta 6). En fecha 16 de agosto de 2001, el ingeniero municipal Marco Rojas le indicó al alcalde que los planos de la urbanización UNEMOPT-SIBAMPO habían sido aprobados por todas las instituciones que rigen la materia, además solicitó a la constructora un estudio hidrológico y un estudio de estabilidad de taludes. Mediante oficio ASM 0002-2001 del 27 de agosto de 2001, el Ministerio de Salud se dirigió a la Municipalidad de Moravia, señalando: “Le manifiesto que en reuniones sostenidas con Municipalidad del Cantón, Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, A y A, otras organizaciones comunales y el Ministerio de Salud, se ha discutido los permisos otorgados para desarrollo del Proyecto Urbanización Fabiola (UNEMOPT-SIBANPO, segunda etapa), sita en la Trinidad de Moravia contiguo a Villa Margarita. / Los factores más relevantes encontrados son: - Falta de agua potable. - Terrenos con posibles problemas de filtración de aguas servidas residuales, aguas negras, aguas pluviales. - Según estudio realizado por la C.N.E se determinó que está en rellenos mal efectuados, modificación de terrazas, fallas sísmicas, posibles derrumbes, acumulación de escombros en la margen derecha de una quebrada dentro del área de protección (adjunto informe). - De acuerdo a la oficina de Planificación de la Municipalidad se encuentra en una zona de deslizamientos, alta densidad, afectación sísmica, cerca de los mantos acuíferos, los lotes están fraccionados en 120 metros, calles tipo alameda. / La versión del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad es que los planos se encuentran debidamente firmados por los instituciones (sic) correspondientes, le manifiestos (sic) además que en la actualidad se están realizando las ventas de los lotes de 120 metros, trabajo de vías, cuenteado (sic) y movimientos de tierra. Por las irregularidades antes mencionadas le solicito de la manera más atenta se someta una investigación del caso” (folio 3 de la carpeta 6). En fecha 23 de octubre de 2001, la empresa TechniSoil S.A. realizó un estudio hidrológico y análisis de estabilidad de taludes en un terreno ubicado en la Trinidad de Moravia, el cual pertenece a la urbanización UNEMOPT-SIBAMPO. En este se concluyó que los taludes poseen alta estabilidad, mas no indica a cuáles taludes refiere (folios 50-59 de la carpeta 23, así como informe pericial visible en el folio 11 de la carpeta 26). El día 10 de mayo de 2002, vecinos de la urbanización UNEMOPT-SIBAMPO dirigieron misiva ante la Municipalidad y otras instituciones, alegando que la construcción de la urbanización La Fabiola se estaba haciendo de forma irresponsable, porque se estaban utilizando los muros “de forma ilegal y antojadiza ya que procedieron a picar los muros, unir con varillas y levantar las tapias laterales de las viviendas en construcción, problema que nos quedará más adelante con los nuevos vecinos […] la Municipalidad en cabeza del Ingeniero Municipal no ha hecho nada, se le ha pedido que realice inspección y lo que indica es que los nuevos vecinos tienen que levantar los muros […]” (folio 1027 de la carpeta 27). Mediante oficio D.I.O.M.M 559 del 19 de junio de 2002, el ingeniero municipal Marco Rojas le indicó a los ingenieros responsables de la obra que, en virtud de la denuncia interpuesta, eran ellos quienes debían resolver los problemas de las tapias de los vecinos, pues se quejaban de infiltración de aguas (folio 1012 de la carpeta 27). En fecha 25 de junio de 2002, el alcalde dirigió memorándum al ingeniero municipal Marco Rojas (D.A.M.M 432-2002), mediante el cual le solicitó lo siguiente: “antes de firmar algún Permiso de Construcción en urbanización la Fabiola, verificar que en los Planos como en el Permiso, se especifique el porcentaje de cobertura ya que se pudo comprobar “in situ”, se está irrespetando esta situación (se debe inspeccionar también el proceso constructivo). / También verificar si se respeta la pared o tapia de vecinos y si los tanques sépticos se construyen de acuerdo con las especificaciones del ICCA y Salud, para terrenos arcillosos, y a distancia suficiente de los vecinos. Además se debe verificar si el urbanizador cumplió con todas las recomendaciones del Geólogo Julio Madrigal y si los terrenos en los que se va a construir no están dentro de los lotes que el Geólogo de la Comisión de Emergencias, congeló para efectos de construcción” (folio 115 de la carpeta 6). En data 27 de junio de 2002, el ingeniero municipal dio respuesta al memorándum anterior en los siguientes términos: “me permito indicarle que a nivel de planos son revisados previamente por los asistentes si la cobertura coincide con la autorizada, según la zona de acuerdo al Plan Regulador, porcentualmente una cantidad con relación al lote, en cuanto a aspectos constructivos se han tomado nota y se han girado instrucciones a los inspectores para que revisen tapias y se coordine con el Área de Salud lo relacionado con tanques sépticos y drenajes. En cuanto a terrenos arcillosos y otros detalles que menciona el Geólogo Julio Madrigal, se le ha indicado a los inspectores que den este servicio sin que el mismo sea responsabilidad de la Municipalidad, ya que cada construcción tiene su profesional que será responsable de todos estos detalles. En todo caso estoy atento a sus instrucciones y de nuevo conversaré con los inspectores para que estén atentos a sus indicaciones” (folio 120 de la carpeta 6). Asimismo, en esa misma fecha, el ingeniero Marco Rojas le informó al alcalde que habían medido cada casa para determinar sí se ajustaban a lo aprobado por la Municipalidad (folio 119 de la carpeta 6). En fecha 26 de junio de 2002, el alcalde municipal solicitó al CFIA realizar una inspección en la urbanización La Fabiola (folio 376 vuelto de la carpeta 27). En data 28 de junio de 2002, el ingeniero Marco Rojas solicitó al jefe de inspectores del ente local mantenerse al tanto de la revisión de la urbanización de comentario, en lo que respecta a los puntos señalados supra. En fecha 1° de agosto de 2002, el CFIA se refirió a la inspección requerida por el alcalde municipal. Al respecto emitió el informe ISRG-365-02-INSP, en el cual recomendó al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad realizar un estudio de campo en la urbanización, a efectos de confrontar los planos catastrados versus las áreas construidas, así como las casas que estaban presentando problemas de filtración (folios 124 de la carpeta 6). El día 12 de agosto de 2002, el alcalde le remitió el informe anterior al nuevo ingeniero municipal, señor José Joaquín González y le ordenó acatar las recomendaciones allí citadas. En fecha 27 de agosto de 2002, la Municipalidad clausuró la construcción del Condominio Natalia, el cual se ubica en un área de reserva de la urbanización La Fabiola, por carecer de permisos municipales (folio 373 vuelto de la carpeta 27). Mediante oficio ASMD 064-02 del 17 de setiembre de 2002 del Ministerio de Salud, dirigido a la Municipalidad, en cuyo asunto se indicó: “Valoración Villa Fabiola, La Trinidad. Moravia”, se advirtió que en ese momento resultaba importante “la visita del ingeniero municipal a realizar una valoración de lo construido, lo que está en proceso de construcción, además se supervise más estrictamente y se tomen las medidas de acuerdo a la legislación vigente” (folio 928 de la carpeta 27). En esa misma data, el alcalde le solicitó al ingeniero José Joaquín González realizar la valoración de las casas, conforme lo señalado por el Ministerio de Salud en el oficio anterior (folio 137 de la carpeta 6). El 19 de setiembre de 2002, el ingeniero José Joaquín dirigió oficio a los profesionales responsables de la urbanización La Fabiola, mediante el cual les otorgó el plazo de 8 días para resolver el problema que aquejaba a los vecinos en el costado sur. Asimismo, les advirtió que la responsabilidad civil y penal que pudiera generarse era de ellos. El día 23 de setiembre de 2002, inspectores municipales alertaron al ingeniero municipal José Joaquín González, sobre la necesidad de construir muros de contención debidamente estructurados y supervisados por profesionales, en el área donde la empresa Foresta de Moravia S.A. realizaría el futuro condominio (folio 205 de la carpeta 27). Por medio del oficio D.I.O.M.M 758 del 9 de octubre de 2002, el ingeniero municipal José Joaquín González comunicó a los profesionales responsables de la obra, lo siguiente: “Con suma preocupación se recibió dictamen técnico del Ingeniero Sergio Sáenz Aguilar de Ingeotec, S.A. en donde se indica que fueron detectadas anomalías en las construcciones que ustedes han realizado en el sector del futuro Condominio […] por lo tanto les solicito con la mayor brevedad realizar obra de contención para proteger la propiedad en mención” (folio 229 de la carpeta 23). El día 5 de noviembre de 2002 hubo una reunión interinstitucional, en la cual participaron, entre otros, el ingeniero municipal José Joaquín González, la Comisión de Obras de la Municipalidad de Moravia, representantes del Ministerio de Salud y la CNE. Allí, el geólogo Julio Madrigal de la CNE informó sobre la visita realizada el 29 de octubre de 2002 a la urbanización La Fabiola, donde se observaron deslizamientos y fallas que se habían advertido en el anterior informe de la CNE y en el cual se habían emitido una serie de recomendaciones. Mencionó que fue esencialmente en la zona de juegos donde se presentaron los deslizamientos, pues son espacios de rellenos. Sostuvo que si las tapias se construyen como debe ser, no suceden esos derrumbes. El ingeniero municipal, por su parte, señaló que se necesita un supervisor sólo para la urbanización La Fabiola. Explicó que él había asumido la responsabilidad de ese proyecto hacía 3 meses y encontró grandes fallas. Aclaró que se pidió la construcción de un muro, pero lo que realizaron fueron tapias que posteriormente colapsaron. Reconoció que había fallas de parte de la Municipalidad en cuanto al control de la obra, pero que también se debía sentar responsabilidad en los profesionales a cargo del proyecto. El ingeniero Jorge Boza del Ministerio de Salud, mencionó que en la gira por varias urbanizaciones, pudo observar que en La Fabiola había fallas en la construcción de un área de juegos que se deslizó. Además, había casas construidas y habitadas que presentaban problemas con mayor cobertura de la aprobada y los espacios de drenaje no eran los recomendados. En dicha reunión, acordaron que los urbanizadores de La Fabiola presentarían un proyecto correctivo de la zona dentro de un plazo de 15 días. El día 5 de noviembre de 2002, la secretaria del Concejo Municipal informó al alcalde que el referido Concejo había aprobado el cuarto dictamen de la Comisión de Obras, en el cual se dispuso: “CUARTO DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS: Según informe de la regidora Nidia Steward ante visita el pasado 29 de octubre a Urbanización La Fabiola en compañía del Geólogo Julio Madrigal, Alexis Matamoros, Carlos Ancho y Mario Artavia, vieron: Deslizamientos en área de juegos de gran magnitud llegando hasta Urbanización Lomas de Cabeara en la parte baja, destrucción de malla, rancho y juegos, aceras, cordón de daño y calles agrietadas, encontrando a varios obreros rellenándolas de cemento para disimularlas, en futura área de condominio formada por cantidad de muros de contención, que ya han fallado en días pasados se construyen gaveones (sic) que son canastas de cedazo con piedras adentro en terrenos movedizos. Además la Urbanización Lomas de Cabeara en la parte baja de La Fabiola se encuentra en inminente peligro en caso de vender lotes y/o construir, el área de protección a quebrada San Francisco no se respetó. Recordamos a este Concejo que el pasado 15 de julio en sesión ordinaria 11 se acordó en vista de las irregularidades cometidas en la Urbanización La Fabiola en el Alto de la Trinidad, se deniega la devolución de la garantía y a la vez quisiéramos saber en que situación se encuentra el acuerdo en mención, esperamos otro pronunciamiento del señor Julio Madrigal para en caso de coordinación con el Departamento de Ingeniería y Ministerio de Salud, hacer las recomendaciones del caso al Concejo Municipal” (folio 235 de la carpeta 27). Mediante oficio D.I.O.M.M 828 del 12 de noviembre de 2002, el ingeniero municipal José Joaquín González le informó al director del Área de Salud de Moravia (Ministerio de Salud) lo siguiente: “En el tiempo en que he estado al frente del Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad he realizado varias visitas a la Urbanización La Fabiola y a través de los inspectores se han venido realizando constantes inspecciones, como muestra le remito fotocopias de informes de visitas realizadas” (no consta el informe de visitas allí indicado) (folio 231 de la carpeta 23). Por oficio SCMM 621-02 del 19 de noviembre de 2002, la secretaria del Concejo Municipal comunicó al alcalde que el citado Concejo había aprobado el siguiente dictamen de la Comisión de Obras: “En reunión el pasado 5 de noviembre entre el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, representantes del Ministerio de Salud, representantes urbanización La Fabiola, Departamento Legal, Comisión de Obras, Municipalidad y Consejales, en base a (sic) afirmaciones del Departamento Legal de la Foresta, en cuanto a que ellos no construyen casas y debido a que el 60% de las casas se tramitan a nombre de la Foresta, esta comisión solicita al Concejo Municipal: no aprobar ningún trámite para construcción de casas a nombre de Foresta de Moravia S.A.”. En fecha 20 de noviembre de 2002, a solicitud de la compañía Foresta de Moravia S.A., la empresa Vieto y Asociados S.A. realizó un estudio de suelos y análisis de estabilidad de taludes para el condominio Natalia. En este se indicó que existía un relleno de consistencia suave, de espesor variable entre 4.80 y 6.00 m. Se recomendó colocar un relleno de lastre de 60 cm de espesor, así como cimentar las viviendas en una losa. Asimismo, se anotó: “la estabilidad de esta zona está sujeta al muro de gaviones que se construye detrás de estos lotes. Por lo que es muy importante el diseño y construcción de ese muro de gaviones. Debe verificarse la estabilidad global de la zona con las condiciones existentes, por lo que se recomienda completar este estudio con un análisis de estabilidad de taludes […] La estabilidad de los lotes en esta zona depende de los muros construidos, por lo que es muy importante el diseño y como fueron construidos esos muros de los que depende la estabilidad de estos lotes al construir las viviendas” (folios 84-92 de la carpeta 23). En esa misma data, la compañía citada (Vieto y Asociados S.A.) efectuó un estudio de suelos del proyecto parque infantil de la urbanización La Fabiola. De este, concluyó: “La zona ya presenta problemas de deslizamientos. En las perforaciones realizadas se encuentran suelos muy blandos hasta una profundidad de 3.0 m en donde continúan suelos suaves hasta una profundidad de 6.0 metros de material de relleno colocado sin una adecuada compactación […] se requiere de un estudio de estabilidad de taludes y las secciones del perfil del terreno de la zona del parque infantil para evaluar su estabilidad y poder dar recomendaciones para estabilizar esa área ya que se deslizó o está en proceso de deslizamiento”. (folios 93-103 de la carpeta 23). El 2 de diciembre de 2002, esa misma empresa realizó un análisis de estabilidad de taludes del proyecto condominio Natalia y en la zona del parque de juegos. En relación con el primero, advirtió que el perfil era estable siempre y cuando el gavión estuviese cimentado en el estrato duro. En cuanto al análisis del talud de la segunda zona, indicó que este era inestable, por lo que debía realizarse un sistema de muros de retención a la mayor brevedad posible. (Folios 105-106 de la carpeta 23). En enero de 2003, los señores Victor André Dondi Ruíz y Federico Chacón Hernández, ingeniero responsable de la obra y desarrollador, respectivamente, le informaron a la Comisión de Obras de la Municipalidad que, de acuerdo con la decisión tomada en la reunión celebrada en noviembre de 2002, Foresta de Moravia S.A., proponía la construcción de un sistema de contención como solución para solventar el problema que se presentó en un talud ubicado en el sector de parques infantiles en la urbanización Unemopt-Sibampo, el cual colinda con el proyecto de lotificación. Asimismo, señalaron que ya se había iniciado la colocación de tuberías de drenaje para evacuar el agua que tenía saturado el talud, y que se había construido una nueva conducción pluvial sobre una propiedad adquirida con tal propósito. Además, se estaba reconstruyendo el muro de contención divisorio entre el condominio Natalia (área de reserva de la urbanización) y el proyecto de segregación colindante. En fecha 14 de enero de 2013, el ingeniero Dondi Ruiz solicitó a la Comisión de Obras de la Municipalidad una reunión en la zona del deslizamiento. También indicó: “en reunión sostenida con el Ing. José Joaquín González ingeniero municipal de Moravia, se le pone al tanto de las medidas correctivas y estudios que se están implementando en el Proyecto Urbanización Fabiola ubicado en el distrito La Trinidad. Es nuestra obligación, mantenerles informados de los trabajos que se realizan, e incluso darles un informe técnico de los estudios y trabajos que se han hecho y se piensan hacer para darle una solución adecuada a la situación que ustedes conocen y de los que se habló en la reunión sostenida en noviembre pasado”. Mediante oficio SCMM 84-05 del 4 de febrero de 2003, la secretaria del Concejo Municipal comunicó al Ingeniero Federico Chacón (representante de Foresta de Moravia S.A.), que la comisión de obras y el ingeniero municipal habían realizado una visita a la urbanización La Fabiola el 21 de enero de 2003. Asimismo, que se había acordado conceder un plazo de 8 días a los desarrolladores para presentar los planos de los trabajos realizados debidamente aprobados. Por último, se informó que el Concejo Municipal acordó no permitir la construcción del condominio hasta que se terminase la estabilización del parque. En data 5 de febrero de 2003, el ingeniero Dondi Ruíz (encargado del proyecto), informó a la Comisión de Obras de la Municipalidad que ya tenían una solución específica para la estabilización del talud, la cual se puso en conocimiento del geólogo de la CNE, señor Julio Madrigal, y del ingeniero municipal José Joaquín González para su análisis y aval. En mayo de 2003, la Municipalidad concedió el permiso de construcción del condominio Natalia. El 9 de julio de 2003, la empresa Vieto y Asociados S.A hizo un estudio de suelos respecto del muro de gaviones construido en el condominio Natalia, en el cual se indicó que el primer muro de gaviones localizado a la orilla del camino de acceso al proyecto se cimentó sobre un relleno de consistencia medianamente compacta a rígida, en el cual se podían esperar asentamientos. El segundo muro se cimentó sobre un relleno blando, por lo que era de esperar asentamientos y deformaciones. El tercer muro se apoyó sobre un estrato rígido, por lo que no se esperaban deformaciones. De acuerdo con la declaración rendida en juicio por el señor José Joaquín González, entre los años 2004 (cuando se terminó la construcción del condominio Natalia) y 2007 (cuando ocurrió el deslizamiento objeto del subexamine), sobre el muro de gaviones construido y el área de juegos infantiles se construyó un gimnasio y un rancho de fiestas, sin contar con los permisos municipales correspondientes. Así también lo indicó la Dirección Técnica Operativa de la Municipalidad mediante oficio DGTO 192-1-06-2018 del 19 de junio de 2018.
VI.- Conforme el canon 190 de la LGAP, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Ello abarca no solo el comportamiento activo, sino también la conducta omisiva, también llamada inactividad de la Administración. Esta última se traduce en el incumplimiento de una obligación jurídica por omisión, es decir, cuando existiendo una obligación de dar o hacer impuesta por el ordenamiento jurídico, no se despliega la actividad esperada con detrimento a los derechos o intereses de uno o varios sujetos pasivos. Según lo ha indicado esta Sala, esa inercia frente al cumplimiento de obligaciones preexistentes se puede enmarcar como funcionamiento anormal, en cuanto se corresponda con una actividad material debida. Asimismo, con una conducta ilegítima, que puede ser concurrente con la anterior, en la medida en que el incumplimiento de lo debido no sólo atente contra las reglas de la buena administración, sino también infrinja la juridicidad, por inatención de las potestades administrativas funcionales que dimanan del propio ordenamiento jurídico (votos No. 211 de las 9 horas 40 minutos del 7 de abril de 2005 y No. 308 de las 10 horas 30 minutos del 28 de mayo de 2006). Ahora, puede ocurrir que la responsabilidad pública por inacción provenga por vía directa y exclusiva, esto es, cuando la indolencia administrativa fue la única causa que produjo el menoscabo reclamado. O bien, que la lesión reprochada tenga una doble causa o comportamiento: por un lado, el ejercicio de un agente -público o privado-, por cuya acción se produce el detrimento en la esfera jurídica del lesionado y, por otro, la inacción de la autoridad pública que no ejerce, como es debido, la conducta requerida para evitar el daño. Se trata, en este último supuesto, de la fiscalización o tutela administrativa no actuada, que como inactividad concurre a producir la lesión. En este caso, revisada la prueba citada por el recurrente y lo señalado en el considerando precedente, esta Sala no encuentra mérito para desvirtuar la responsabilidad que le fue atribuida al gobierno local por la tutela no actuada. No se obvia que durante el proceso constructivo de la urbanización La Fabiola y el condominio Natalia, la Municipalidad hizo algunas intervenciones en atención a sus competencias legales, verbigracia, la suspensión del inicio de obras del condominio Natalia por carecer de permisos municipales, las misivas que dirigió el alcalde al ingeniero municipal y este a su vez a los encargados de la obra, a efectos de ajustarse a las recomendaciones dadas en algunos de los informes técnicos vertidos, así como, algunas visitas e inspecciones en el lugar; no obstante, tal como lo indicó el Tribunal, ello resulta insuficiente para la atención que ameritaba esta obra. En particular, por las advertencias y recomendaciones que desde el año 2001 se emitieron por parte de la CNE y el Ministerio de Salud, en las que se encomendaba una constante supervisión de parte del ente local y, especialmente, por los deslizamientos que se presentaron en esa misma zona a finales del año 2002 y los resultados arrojados en los estudios técnicos realizados después de esa data. Si bien a partir de los análisis de suelos y estabilidad de taludes realizados por la empresa Vieto y Asociados S.A. en noviembre y diciembre de 2002, la Municipalidad requirió la construcción de un muro de gaviones, tal cual lo recomendaba dicha compañía; después de su construcción (en julio de 2003), hubo un nuevo estudio realizado por la misma empresa, en el que se indicó que en el primer y segundo muros se podían esperar asentamientos y deformaciones y, sobre ello, el gobierno local hizo caso omiso, o al menos, no hay prueba en contrario. Importante descartar que, de acuerdo con el informe técnico rendido por Ingeotec S.A., visible en la carpeta 26, fue precisamente en ese lugar donde ocurrió el incidente objeto del sub-lite, de ahí la necesidad de haber ejercido un control debido y constante. Ese hecho, por sí solo, evidencia una falta de tutela y fiscalización de parte de la Municipalidad, porque aún y con la existencia de prueba técnica que alertaba sobre posibles hundimientos y deformaciones en el lugar, aunado a los anteriores deslizamientos que se habían presentado, así como las advertencias y recomendaciones que se habían desplegado desde tiempo atrás, omitió ejercer una vigilancia constante en la construcción del condominio, al punto que se realizaron edificaciones verticales sin permiso alguno y sobre una zona que, según relató el deponente José Joaquín González Gamboa, no se podía construir. Además, según lo indicó el Tribunal y lo acepta el casacionista, esas construcciones fueron el detonante del incidente ocasionado, dado la sobrecarga producida. Ahora, es cierto que la falta de personal, el acceso restringido, la poca visibilidad externa, así como la inexistencia de denuncias de los propios condóminos y/o terceros, coadyuvaron a que el ente local no se percatara de la existencia de las construcciones de cita; no obstante, en un régimen de responsabilidad objetivo como el que gobierna a la Administración Pública, tales factores o circunstancias no desvanecen la responsabilidad recaída por la inacción descrita, pues estos, a lo sumo, incidirían en un ligamen de culpabilidad, el cual, desde luego, no encuentra cabida en una responsabilidad de corte objetivo. Por otra parte, los preceptos 83 y 87 de la Ley de Construcciones y el resto de normas transcritas en la sentencia impugnada, respecto de las cuales, dicho sea de paso, el recurrente no mostró inconformidad alguna, imponen al municipio un deber de vigilancia y control constructivo sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción, obligación que no puede desconocer, por el hecho de que existan profesionales a cargo de la obra, como lo pretende el impugnante. Si bien la lesión causada estuvo cimentada en una serie de factores, que bien podrían imputarse a la empresa desarrolladora y/o los profesionales a cargo de la obra, y a estos se les podría exigir responsabilidad conforme los cánones citados por el objetante en su recurso, ello no excluye la responsabilidad que se achaca a la Municipalidad derivada de su indolencia o inacción, la que coadyuvó en la generación del daño. Además de esos deberes legales, en garantía de una correcta administración, el ente territorial no podía desconocer que la vida y seguridad estaban en riesgo, dado las advertencias, informes técnicos y hasta la materialización de deslizamientos presentados con anterioridad en la zona. Esos precedentes exigían inspecciones constantes y minuciosas, es decir, verificaciones in situ, que le permitieran al Municipio no solo tener control de las obras realizadas, sino también de la seguridad de aquellas. Ello no comporta una supervisión de los profesionales, como lo arguye el recurrente, sino de la obra en sí, a fin de asegurarse que esta cumpliera con las especificaciones técnicas necesarias que garantizasen seguridad a los habitantes de la zona. El casacionista arguye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Construcciones, en relación con lo dispuesto en el numeral 81 de la Ley Orgánica del CFIA, se concluye que la obligación de fiscalizar la ejecución de las obras constructivas es del profesional responsable y, consecuentemente, del desarrollador, mas no de la Municipalidad, pues el deber de esta última es de vigilancia, el que no puede ir más allá de la verificación del cumplimiento de retiros, área de cobertura y de los permisos otorgados. Con respecto a dicho argumento, ha de advertirse, en primer lugar, el canon 81 citado es inexistente. Tómese nota que la Ley Orgánica del CFIA sólo tiene 66 artículos. En segundo lugar, de la otra norma citada no es dable inferir que el deber de vigilancia allí impuesto, se circunscriba únicamente a los supuestos señalados por el impugnante. La norma no lo establece así, según se puede observar en su transcripción hecha supra. Por último, si bien los ingenieros -privados- encargados de la obra, podrían percibir mayores honorarios que lo que recibe la Municipalidad por concepto de tributos por el otorgamiento del permiso de construcción, ello no enerva ni atenúa la responsabilidad del gobierno local. Sus obligaciones legales con respecto a las construcciones ejecutadas en su jurisdicción, son independientes del monto recibido por los permisos concedidos. Se insiste, en este caso la Municipalidad fue omisa en su deber de fiscalización o, al menos, no desplegó la conducta que se esperaba ante las circunstancias y antecedentes que rodeaban el proyecto constructivo en examen. Así, con independencia de la responsabilidad que podría recaer en los profesionales y/o desarrollador de la obra, la Municipalidad no puede librarse de la responsabilidad que le fue achacada, dada su coadyuvancia en la generación del daño, producto de la inacción descrita. En consonancia con lo expuesto, esta Cámara no encuentra mérito para revocar lo fallado y, consecuentemente, se impondrá el rechazo del cargo.
VII.- El otro agravio formulado por la representación de la Municipalidad, identificado como “sexto” en su recurso, se conocerá de último, sea después de la resolución del recurso planteado por los actores, en tanto versa sobre la condenatoria en costas.
Recurso de la parte actora VIII.- En el primer embate, se acusa la vulneración de los cánones 190 de la LGAP y 1374 del Código Civil. Señala, en el hecho probado 41, el Tribunal tuvo por demostrado que los actores llegaron a una transacción con las constructoras en sede penal, en la cual obtuvieron la suma de $12,500.00 (doce mil quinientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por la pérdida material de cada una de las residencias, que afectaba tanto el proceso penal como la presente contienda. Anota, el Tribunal consideró que esa transacción afectaba el cobro del daño material pedido en esta causa, pues fue requerido de forma solidaria. Considera que esa conclusión se asienta sobre simples apreciaciones subjetivas, sin apoyo o justificación legal. Explica, en este caso concurrieron los tres requisitos fundamentales para la generación del régimen de responsabilidad objetiva en contra de la Municipalidad de Moravia: a) La existencia de una conducta omisiva, que se traduce en un funcionamiento anormal. b) La generación de un daño antijurídico, efectivo, evaluable e individualizable que las víctimas no tienen el deber de soportar (la pérdida de su casa de habitación y la afectación extrapatrimonial). c) La existencia del nexo causal entre los dos requisitos anteriores. Añade, el precepto 190 en mención estatuye como eximentes de responsabilidad el hecho de un tercero, culpa de la víctima y fuerza mayor; sin embargo, en este caso no se está en presencia de alguna de ellas, de ahí que no exista fundamento para la denegatoria del daño patrimonial requerido por los accionantes. Más bien, destaca, al concretarse los presupuestos de Ley, lo pertinente era acoger la indemnización solicitada, tal como lo hizo el presidente del Tribunal en su voto disidente. Por otro lado, expone, con lo resuelto se inaplicó el artículo 1374 del Código Civil y las demás normas de ese cuerpo legal que regulan el convenio de transacción. Apunta, el ordinal de cita dispone: “La transacción hecha por uno de los interesados, no perjudica ni aprovecha a los demás si no lo aceptan”. Reprocha, en la sentencia recurrida no se explica cuál es la afectación que provoca la transacción de comentario, que limita o impide el cobro del daño material en la forma como se pretende. A su parecer, ello genera indefensión, falta de motivación y violación al debido proceso. Aduce: “los juzgadores no tienen legitimación de conformidad con el Código Civil, para decidir o resolver, partiendo de lo negociado en el ámbito privado por dos particulares en un acuerdo de transacción. No existe tan solo una norma en el Código Civil, que así lo legitime”. Aclara, independientemente de si se solicitó una condenatoria solidaria o subsidiaria o de cualquier tipo, lo cierto es que no hay norma en el Código Civil que justifique la producción de efectos positivos o negativos a favor de terceras personas que no participen en la transacción. Tampoco existe una norma legal que establezca que, por el hecho de que el actor llegue a una transacción con una parte, este pierde el derecho a un eventual cobro de daños materiales, tal como lo determinó el Tribunal sin justificación alguna. Advierte, aunque el conflicto transigido deriva de una responsabilidad solidaria, todos los responsables solidarios deben transigir para considerarse parte del contrato de transacción y, por ende, afectados por él. Recalca, la Municipalidad de Moravia no fue parte de esa transacción, por lo que ese negocio no le beneficia ni le perjudica. Agrega, el deber del Tribunal era determinar si existía responsabilidad en relación con las entidades públicas demandadas y, si así lo fuera, resolver las pretensiones patrimoniales y extrapatrimoniales en la forma que lo determine la Ley. Complementa, la condena solicitada en esta acción es solidaria, de ahí que la víctima tiene la posibilidad de demandar a todas las instituciones y personas que considere oportunas, o solamente a una de ellas. Lo anterior, sostiene, no restringe ni limita el accionar de los jueces para imponer la condenatoria que corresponda, por cuanto basta que quede demostrado el nexo causal entre la conducta (omisiva) y el daño endilgado para que la Administración demandada asuma su responsabilidad. En apoyo a su postura, transcribe un extracto del voto de las 9 horas 40 minutos del 5 de noviembre de 2009 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. Por otra parte, alega la errónea interpretación del contrato de transacción. Acota, el Tribunal tuvo por probado que a los actores se les había cancelado el daño material por medio de la transacción de referencia; empero, ello no es cierto. Subraya, en el contrato en mención no dice de forma alguna que los actores recibieron el pago de $12,500.00 como pago por el daño material sufrido. El monto en cuestión, afirma, se recibió con el compromiso de desistir del proceso civil, según la cláusula tercera de dicho negocio. Concretamente se indica: “que el demandado canceló a los propietarios del Condominio Natalia y Urbanización Fabiola por cada unidad habitacional la suma de 12,500 dólares, bajo compromiso de desistir de la acción civil en contra la persona con quien se transaba” (folios 1702-1704 del expediente principal). De igual forma, insiste, en la cláusula segunda -única que refiere al pago de cita- se dispuso: “Se cancelará la suma de doce mil quinientos dólares a cada uno de los propietarios de las fincas filiares que forman parte del Condominio Natalia, y las propiedades que se dirán de Urbanización Fabiola y Lomas de Cabeara y que son actores en el proceso mencionado, en el entendido que, en caso de existir copropietarios del inmueble, únicamente se reconocerá la suma indicada”. Apunta, como se observa, en ningún lado dice que los accionantes reciben ese dinero como pago por los daños materiales sufridos. Estima que los juzgadores no pueden hacer aseveraciones que ni siquiera las partes hicieron en su negociación privada. Manifiesta, dicha transacción se hizo con la finalidad de culminar un proceso penal y la presente acción civil, mas no para cubrir los daños materiales irrogados. Por otro lado, acota, sólo a dos actores se les reconoció indemnización por daño material, pero en sumas ínfimas, no acordes con la pérdida material sufrida, lo anterior bajo una premisa subjetiva, incompresible y sin justificación lógica y jurídica alguna. Puntualiza, en el caso del co-actor Carlos Rosales Cordero, cuando compró su casa de habitación, la canceló íntegramente por la suma de $52,000.00; sin embargo, como resarcimiento se le concedió únicamente el monto de $12,500.00. En el caso de la co-actora Elizabeth Lizano Marín, a pesar de la pérdida total de su vivienda, ella siguió pagando la deuda a fin de no afectar su perfil crediticio y hasta el momento de interposición del recurso había cancelado el importe de ¢25,000,000.00; sin embargo, también sólo recibió $12,500.00 de indemnización. Al resto de actores no se les reconoció rubro alguno por ese concepto, pese a que, en el caso de la señora Carmen Zúñiga Jara y su esposo Carlos Blanco Rodríguez tienen una deuda pendiente por pagar de ¢26,000,000.00 entre intereses y capital con el BANHVI. Asimismo, la señora Raquel Cordero Navarro y su cónyuge Juan Carlos Blanco Moya reportan una deuda pendiente con Bancrédito por la suma de ¢12,500,000.00 incluyendo capital e intereses. Pide tomar en cuenta la prueba para mejor resolver ofrecida de previo a dictar sentencia. Menciona, existe un daño grave pues no es sólo la pérdida de la casa, lo cual sucedió hace 11 años, sino también la pérdida de su valor adquisitivo, porque una casa de iguales condiciones no tendría el mismo valor ahora, sino sería mayor. Resalta, lo procedente es reconocer a los actores el pago del daño material sufrido, reconociendo el pago de sus casas de habitación, así como la indexación que establece el artículo 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), tal y como se solicitó en la demanda. Indica, correspondería a los actores cancelar los rubros pendientes ante las entidades bancarias respectivas a partir de los montos otorgados. En esa misma línea, arguye, como parte de la denegatoria, el Tribunal indicó que era improcedente el pago de daño material, por cuanto a muchos de los actores no se les había cobrado la deuda en que incurrieron para la adquisición de su casa, pues aunque hay dos préstamos que están aparentemente en cobro, no existe acción judicial de cobro. Asimismo, consideró que los demandantes no tenían derecho a pedir el valor total de la vivienda, en tanto la suma pedida es superior a la suma en que fueron adquiridas. En criterio del casacionista, esa conclusión se hizo con inobservancia del cardinal 190 de la LGAP, así como del artículo 265 incisos 4) y 5) del Código Civil, en relación con los numerales 305 y 315 ídem. Argumenta, la situación descrita no es una causa eximente de responsabilidad conforme el primer canon citado. Pide tomar en consideración que, conforme los hechos probados 32-39, los actores son dueños o titulares de un derecho de propiedad debidamente inscrito en el Registro Nacional. Además, en los hechos probados 12-18 quedó acreditado que las casas allí construidas fueron declaradas inhabitables por el deslizamiento ocurrido el 14 de noviembre de 2007. A pesar de tenerse por probado lo anterior, reprocha, se les ha cercenado a los actores dos atributos fundamentales que integran el derecho de propiedad: defensa y poder exigir el pago de indemnización a causa del daño experimentado. Reflexiona, los demandantes perdieron su casa de habitación por una grave conducta omisiva de la Municipalidad de Moravia, lo cual puso en riesgo inclusive la vida de los actores y sus familias. Lo que perdieron, agrega, es un inmueble debidamente inscrito ante el Registro de la Propiedad. Dice, la Ley les faculta a exigir en esta vía el reparo del daño material sufrido, conforme el artículo 265, inciso 4) y 5) del Código Civil, así como el 305 y 315 del mismo cuerpo normativo. Alude, los inmuebles en cuestión salieron del comercio de los hombres por cuanto sufrieron pérdida total, fueron declarados inhabitables y, conforme el Registro Nacional, los actores son sus propietarios, razón por la cual les asiste el derecho de reclamar los daños materiales que se discuten en este proceso, independientemente si existe deuda pendiente, si el banco acreedor haya condonado la deuda o se haya cancelado parcial o totalmente. Destaca, la relación entre la entidad bancaria y los accionantes es de carácter privado, de ese modo, el Tribunal no debió invocar la falta de cobro de la entidad bancaria como eximente a la responsabilidad de pago del ente local y en perjuicio de los demandantes. Insiste, la deuda bancaria no está siendo cuestionada en esta causa por la entidad financiera respectiva, única que gozaría de legitimación para reprochar perjuicio alguno por la falta de pago. Opina, ninguna parte procesal puede reclamar beneficio sobre esta situación, ni tampoco el Tribunal puede cercenar los atributos legales que integran el derecho de propiedad en contra de sus titulares. Considera que lo transado entre los bancos y los actores no genera beneficios, ni perjuicios a favor de los demandados ni terceras personas. De igual forma, arguye, si bien el valor de las casas tenía un valor inferior al que fue pedido en esta contienda, ello no es motivo para denegar el daño material. Subraya, de conformidad con el ordinal 190 de la LGAP y 122 del CPCA, lo procedente era aprobar el daño material sufrido y remitir la determinación de su valor a la etapa de ejecución de sentencia, pues allí sería el espacio idóneo para demostrar el valor real y actual que tendría una casa con las mismas especificaciones que tenían al momento que sucedió el evento. Reitera, han pasado casi 15 años desde que los accionantes perdieron sus viviendas. Con el precio que compraron esas casas, ya no podrían comprar al día de hoy un inmueble de condiciones o características semejantes. A su parecer, la solución más justa y equitativa fue la exhibida por el juez Espinoza Salas en su voto salvado.
IX.- Al pronunciarse sobre el daño material reclamado, el Tribunal tomó en consideración que a muchos de los actores no se les había cobrado la deuda en que incurrieron para comprar sus viviendas. Así, ilustró: a los señores Carlos Blanco Rodríguez, Carmen Zúñiga Jara, Raquel Cordero Navarro y Juan Carlos Blanco, a la fecha del dictado de la sentencia no se les había cobrado el préstamo adquirido, a Ericka Pinto Quintero se le canceló por el arreglo conciliatorio al que arribó con Mutual Alajuela y el préstamo de Franklin James Mac Laren fue declarado incobrable. Agregó, muchos de ellos solo cancelaron las cuotas del préstamo hasta la fecha del evento, pero posterior a ello no lo hicieron. Ahora, aclaró, aunque existen dos préstamos que están aparentemente en cobro, sobre estos no existe ninguna acción judicial al respecto. En relación con ellos, dispuso: “en este caso se considera que no tienen derecho estas partes a pedir la totalidad del valor de la vivienda, que en todo caso no asciende a la suma pedida de ciento sesenta y cinco mil dólares por cada casa de habitación, por cuanto fueron adquiridas por montos menores”. Por otro lado, analizó que existían dos casos especiales: el del señor Carlos Rosales Cordero que canceló en efectivo la totalidad de la casa ($51,500.00) y el de la señora Elizabeth Lizano Marín, quien aún mantiene una deuda con Scotiabank porque continuó pagando el préstamo de $41,643.00 y no demostró haber hecho gestiones para solicitar que se le declarara incobrable. Con respecto a estos dos casos, determinó: “si bien es cierto en este caso podemos determinar que estos dos actores sí sufrieron un daño material superior al de los otros actores, el problema que nos enfrentamos es cuanto al monto en la responsabilidad pedida a la Municipalidad, es claro que los principales obligados a responder por los graves daños que sufrieron los accionantes eran las empresas constructoras y los ingenieros responsables de las obras constructivas y que la Municipalidad es responsable en la proporción de su deber de fiscalización, esto es lo que se le podría achacar, es decir, si las casas estaban o no bien construidas por las constructoras, o si hubo vandalismo al no prever la Junta de Condominios vigilancia en el Condominio La Natalia, son aspectos ajenos a la actuación que se le puede achacar a la Municipalidad. En ese orden de ideas al revisarse los expedientes tanto administrativos como el judicial digital tenemos que los actores en su momento sacaron de la presente demanda a dos de los demandados en el proceso, en este caso a las empresas constructoras, esto a raíz de una transacción que realizaron en sede penal los acá actores con los representantes de las empresas y los ingenieros involucrados. Recordemos que la responsabilidad que se pedía en torno a todos los demandados era solidaria y consecuencia de ello es que se considera que lo resuelto en la transacción en cuanto a limitar la responsabilidad de las constructoras en la suma de doce mil quinientos dólares por vivienda dañada, afecta también al monto al cual se debe condenar a la Municipalidad a pagar a los dos únicos actores cuyo daño material se considera efectivo en los términos del artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública, es decir se considera que el monto que debe cancelar el gobierno local a la señora Elizabeth Lizano Marín y al señor Carlos Rosales Cordero es de doce mil quinientos dólares a cada uno, siendo que no se otorgan intereses por estar la suma otorgada fijada en dólares con lo cual se indexa conforme el tipo cambiario”.
X.- Según se observa, en criterio del A-quo, la transacción hecha entre los actores y las sociedades Desarrollos Panorámicos del Este S.A. y Foresta de Moravia S.A. (originalmente accionadas), limitó el quantum indemnizatorio al que podría condenarse a la Municipalidad de Moravia, pues los accionantes requirieron una condena solidaria contra los demandados. En otras palabras, el Tribunal trascendió los efectos de la referida transacción al ente local, en tanto estimó a los accionados deudores solidarios. En relación con dicha postura, precisa hacer las siguientes acotaciones. El canon 1374 del Código Civil establece: “La transacción hecha por uno de los interesados, no perjudica ni aprovecha a los demás si no la aceptan”. Sobre lo allí dispuesto, el tratadista nacional Alberto Brenes Córdoba ha explicado que la transacción sólo tiene eficacia y alcance entre quienes la celebren; sin embargo, cuando hubiere varios co-interesados en el asunto transigido por uno de ellos, la transacción puede aprovechar o perjudicar a cualquiera de los otros que la acepten (Brenes Córdoba, Alberto. “Tratado de los Contratos”. 5 ed. Editorial Juricentro, Costa Rica. 1998, p. 345). Al tenor de esa disposición, es dable colegir que, por regla general, la transacción sigue el principio de relatividad de los contratos regulado en el canon 1025 ídem, el cual supone que los contratos no producen efecto sino entre las partes contratantes, por lo que no benefician ni perjudican a terceros y, solo por excepción, sus efectos trascienden a otros interesados, supuesto para el cual se torna necesario que estos la acepten. En el sub-lite, el requisito en cuestión no se cumple, pues no consta que el ente territorial haya gestionado en ese sentido. Más bien, cuando los transigentes solicitaron al Tribunal la homologación de su acuerdo, expresamente señalaron: “Advertimos que los otros sujetos ajenos al acuerdo de transacción suscrito, no se benefician del mismo, por lo que respecto de ellos, el proceso continúa”. En igual sentido, en el propio documento de transacción se indicó: “Que la PARTE ACTORA continuará el proceso de conocimiento 09-003401-1027-CA, contra la Municipalidad de Moravia, El Estado, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, El Banco Central de Costa Rica y la Superintendencia de Entidades Financieras, por lo que se trata de una transacción parcial en cuanto a partes”. En esos términos también se homologó la transacción (resolución No. 2198-2011 de las 7 horas 50 minutos del 22 de diciembre de 2011). Conforme lo anterior, la transacción en examen sigue la regla general de cita y, en consecuencia, sólo surte efectos entre las partes contratantes. Desde ese plano, si los actores convinieron con las empresas mencionadas en recibir el pago de $12,500.00 por cada vivienda perdida, ese acuerdo no impide imponerle a la Municipalidad una condena pecuniaria mayor, si los detrimentos endilgados resultan superiores. Si bien el importe de referencia influye en la cuantificación total del daño, tal como se explicará más adelante, de modo alguno, comporta el límite infranqueable de la responsabilidad pecuniaria a la cual se podría condenar al gobierno local, pues este último carece de título jurídico para beneficiarse de esa transacción. Por otra parte, comporta aclarar, conforme el canon 638 del Código Civil, la solidaridad no se presume, en tanto subyace de pacto expreso, por disposición de Ley o testamento. Así, no resulta viable presumir ni hablar de solidaridad entre las partes inicialmente demandadas, por el solo hecho de que así fue solicitado en la demanda, como lo hizo el Tribunal. Revisados los autos, se denota, originalmente en este proceso se habían demandado a sujetos de derecho privado y de derecho público, a quienes los actores les atribuía responsabilidad solidaria por una convergencia de causas en la generación de los detrimentos alegados (conducta activa de los primeros y conducta omisiva de los segundos). En atención a tal pedimento, habría correspondido analizar si existía un régimen de responsabilidad común entre los accionados y, de no haberlo, establecer el régimen aplicable a cada uno, así como, determinar si existía o no causa o razón que justificase una condena de carácter solidario entre ellos, como era requerido. Por la naturaleza de lo pretendido y su causa de pedir, sólo después de ese estudio podría tenerse claridad sobre la existencia o no de la solidaridad invocada. Ahora bien, en este caso, como las empresas privadas dejaron de ser parte en esta litis, contra ellos no podría hacerse pronunciamiento alguno. Así, presumir la solidaridad entre los accionados por el hecho de que así fue pedido en la demanda y, a partir de tal premisa, extender los efectos de la transacción de cita a otro co-accionado que no participó de forma alguna en ella, constituye una postura que carece del respaldo fáctico y jurídico suficiente para prohijarla y, por consiguiente, habrá de revocarse el fallo en ese aspecto. Por otro lado, esta Cámara también difiere de la valoración del detrimento y su indemnización. Según consta en la demanda, los actores catalogaron como daño material la pérdida de sus viviendas. Dicho menoscabo ha quedado fehacientemente demostrado en el subjúdice, tal cual se observa en el hecho probado 13 de la sentencia recurrida, en el cual se indicó que la CNE había declarado inhabitables esas casas, ordenando su desalojo, clausura y hasta demolición. Asimismo, hay una relación causal entre esa lesión y la conducta omisiva de la Municipalidad, tal cual se abordó ampliamente en el considerando VI. Ahora, contrario al razonamiento del Tribunal, para este Órgano decisor el detrimento de referencia resulta independiente del monto que cada uno de los actores pagó o dejó de pagar por sus viviendas. Es decir, si estas habían sido pagadas en su totalidad o se debía parte de ellas por existir créditos con entidades financieras, ello no acrecienta ni atenúa el menoscabo aquí endilgado, pues la relación entre el acreedor y los deudores es ajena a la lesión y conductas que aquí se analizan. Con la tesis seguida por el A-quo, se caería en el absurdo de concluir que, si alguien recibió su casa a título gratuito, por ejemplo, por donación o herencia, no tendría derecho a reclamar indemnización por su pérdida, por la simple razón de que no pagó suma alguna por ella. El detrimento cuyo resarcimiento fue solicitado por los actores, corresponde a la pérdida de sus casas de habitación, no a los costos de su adquisición, de ahí que lo indemnizable sea el valor actual de una casa en condiciones semejantes a la perdida, lo cual habrá de determinarse pericialmente en la etapa de ejecución, conforme el numeral 122, inciso m), subinciso ii) del CPCA. Ahora, al importe que resulte en esa etapa, debe, necesariamente, descontarse los $12,500.00 recibidos por los actores en la transacción de cita. Ello es así porque, de la revisión del referido acuerdo, se evidencia que el pago en cuestión tuvo como fin resarcir la pérdida de cada vivienda y, desde luego, poner fin a los procesos judiciales que se tramitaban en contra de las empresas Desarrollos Panorámicos del Este S.A. y Foresta de Moravia S.A. Así, como se trata de la indemnización del mismo daño aquí reclamado, habrá de descontarse la referida suma, a fin de evitar enriquecimientos sin causa. Al tenor de lo expuesto, se acogerá el cargo y, en consecuencia, se revocará la sentencia impugnada únicamente en lo que respecta a la cuantificación del daño material. En su lugar, se condenará a la Municipalidad por ese extremo en los términos expuestos.
XI.- En el segundo reparo, se acusa la infracción de los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad, equidad y justicia. Explica, el monto fijado como indemnización por daño moral no resulta acorde con el grave sufrimiento padecido por todos los accionantes y que aún en la actualidad les ha costado superar. Agrega, la mayoría de los actores son profesionales que se han esmerado en ofrecerle lo mejor a sus familias, dentro de ello, la vivienda que perdieron y la cual consideraban la idónea para encontrar paz y seguridad. Asegura que, pese a que han pasado más de 10 años desde el incidente, los demandantes aún sienten angustia, frustración, impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, desilusión, etc. Arguye que la forma como perdieron sus viviendas y enseres, se traduce en un verdadero trauma permanente, difícil de superar. Ilustra, tener que sacar a su familia solamente con la ropa que andaban puesta, en horas de la noche, bajo el agua, sin saber a dónde llevarlos, es una situación tan lamentable que ni siquiera el transcurrir del tiempo hace que se olvide. Sobre todo, por la pérdida de bienes de gran valor sentimental. Añade, los actores no tuvieron oportunidad de sacar nada de sus casas y cuando llegaron a ellas, ya las habían saqueado y desmantelado en su totalidad. Considera que, en este caso, los juzgadores no ponderaron la real intensidad del dolor padecido por los actores y la gravedad de lo acontecido, sea que se puso en riesgo la vida de los demandantes y sus familias, quienes pudieron perder su vida al quedar sus casas guindando en un precipicio. Reitera, el hecho de perder su casa, enseres, vecinos, amigos, cambiar de escuela a sus hijos, o bien, transitar grandes distancias para cumplir día a día con sus obligaciones, además de la angustia por saber dónde vivir en adelante y ver manchado su perfil crediticio, es suficiente para que se revalore el resarcimiento otorgado. Estima que el monto dado es simbólico, el cual fue fijado en detrimento de los principios constitucionales de cita.
XII.- En cuanto al detrimento moral pedido, el Tribunal explicó que este se acredita y cuantifica mediante una simple presunción humana, que responde a los hechos, tipo de afectación, principios de proporcionalidad y razonabilidad, sana crítica, lógica y prudencia, todo lo cual limita la discrecionalidad del juzgador. Respecto al caso concreto, consideró que la pérdida de las viviendas por las actuaciones omisivas del ente municipal, lo cual generó que los actores debieran salir de sus casas a buscar donde vivir, genera un dolor intenso y una constante tristeza y afectación anímica. Conforme los testimonios de Pamela Umaña Arce, Sheila Fallas Quesada, Christian Lee Vargas, Orlando Apostulo Álvarez y Virginia Fallas Sánchez, los juzgadores arribaron a la conclusión de que el incidente objeto del sub-lite provocó tristeza, angustia, desconcierto y desolación generalizada por la pérdida abrupta y repentina de sus viviendas. Ante lo anterior, estimó que la suma de ¢3,000,000.00 para cada actor, resultaba proporcional y racional para indemnizar la lesión sufrida.
XIII.- De acuerdo con jurisprudencia de esta Sala “[…] el otorgamiento de la indemnización del daño (moral) no guarda una estrecha sujeción a factores probatorios (salvo que se refieran a la relación de causalidad), sino a la prudencia y objetivo arbitrio del juzgador. Sin embargo, su fijación está sujeta a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, los que deben ser valorados por la autoridad competente en cada caso concreto, para que su cuantificación sea acorde a Derecho y no lleve a indemnizaciones excesivas que beneficien injustificadamente a una de las partes. Es decir, debe guardar un justo equilibrio derivado del cuadro fáctico específico, cuestión que ha de ponderarse dentro de los límites señalados […]” (Consúltense, entre otras, las sentencias No. 782 de las 9 horas 20 minutos del 21 de julio de 2016 y No. 257 de las 16 horas 27 minutos del 20 de mayo de 2019). Del análisis de las circunstancias que rodean este caso, no cabe duda que los actores sufrieron una lesión en su fuero interno producto de la pérdida repentina de sus viviendas y la forma como fue el incidente. No obstante, esta Sala considera que el monto concedido resulta proporcional y racional con el detrimento padecido. El recurrente cita una serie de circunstancias que agravan la lesión padecida, verbigracia, la pérdida de enseres, el traslado de sus hijos a otras escuelas o transitar largas distancias para cumplir con sus obligaciones; sin embargo, tales factores no quedaron demostrados en el subexamine y el recurrente tampoco cita la probanza que demuestra el particular. Así, esas condiciones especiales no pueden ser tomadas en cuenta por esta Cámara en la valoración del quantum indemnizatorio. Del análisis del único factor imputable a la Municipalidad -pérdida abrupta de sus casas de habitación-, esta Sala estima que la suma otorgada a cada actor, resulta proporcional para resarcir la frustración, tristeza, angustia y demás sentimientos generados por la lesión de comentario. De esta forma, se prohijará lo resuelto y, por consiguiente, se denegará la censura.
XIV.- En el reproche identificado como “sexto” en el recurso interpuesto por la representación de la Municipalidad, se aduce el quebranto del cardinal 194 del CPCA. Explica el recurrente: “Por considerarse que existe una ruptura del nexo de causalidad con respecto a la Municipalidad, se considera que también debe existir exención en costas, siendo además, que aún cuando se sostuviera la sentencia condenatoria conforme lo señala el numeral 194 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la parte vencedora incurrió en plus petitio, pues la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva fue de un quince por ciento (15%) o más y ello exime, al demandado al pago de costas, y así requerimos de forma supletoria se declare, claro está, en caso de que ese tribunal sostuviera la condenatoria”.
XV.- En virtud de que esta Sala mantuvo la responsabilidad declarada en perjuicio de la Municipalidad, el primer argumento pierde, en automático, cabida en la especie. Por otra parte, en cuanto a la plus petitio alegada, debe advertirse que, conforme el artículo 194 citado, dicha figura se define como la diferencia de un 15% o más entre lo pedido y lo otorgado, siempre que las bases de la demanda no sean consideradas expresamente provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o del dictamen de peritos. En este caso, los actores solicitaron el monto de $175,000.00 por daño material y ¢20,000,000.00 por daño moral. Dichos rubros responden a estimaciones provisionales y prudenciales, pues el primer detrimento aún no se ha determinado y su cuantificación penderá de la determinación de peritos, conforme lo dispuesto en el considerando X. El segundo evidentemente es prudencial, pues el quamtum fue fijado conforme el prudente arbitrio del juzgador, según se indicó el considerando XIII. Así, al ser la estimación provisional una excepción regulada en la misma norma, es claro que en este caso no hubo plus petitio y, por ello, se denegará el embate.
XVI.- En mérito de lo expuesto, se rechazará el recurso de casación interpuesto por la representación de la Municipalidad de Moravia, quien deberá sufragar las costas generadas con su ejercicio, de conformidad con el canon 150.3 del CPCA. El recurso interpuesto por la representación de la parte actora se acogerá y, en consecuencia, se revocará la sentencia objetada únicamente en lo que respecta al pronunciamiento sobre el daño material. En su lugar, fallando por el fondo, se condenará a la Municipalidad de Moravia a pagar a favor de los actores el valor actual de una casa de habitación de condiciones semejantes a las que perdieron, monto que se calculará pericialmente en la etapa de ejecución de sentencia y al cual habrá de rebajársele $12,500.00. Se aclara que la indemnización aquí establecida responde a cada vivienda perdida, de ahí que deba pagarse un único monto a favor de los cónyuges Carlos Blanco Rodríguez y Carmen Zúñiga Jara, así como Raquel Cordero Navarro y Juan Carlos Blanco Moya, por ser ambos consortes de cada pareja propietarios del mismo bien. En lo demás se mantendrá incólume.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la representación de la Municipalidad de Moravia, quien debe sufragar las costas generadas con su ejercicio. Se acoge el recurso formulado por la parte actora y, en consecuencia, se revoca la sentencia recurrida únicamente en cuanto al pronunciamiento sobre el daño material. En su lugar, fallando por el fondo, se condena a la Municipalidad de Moravia al pago del valor actual de una casa de habitación de condiciones semejantes a las que perdieron los actores, monto que se calculará pericialmente en la etapa de ejecución de sentencia y al cual habrá de rebajársele la suma de $12,500.00 ya pagados. La indemnización aquí establecida responde a cada vivienda perdida, de ahí que deba pagarse un único monto a favor de los cónyuges Carlos Blanco Rodríguez y Carmen Zúñiga Jara, así como a Raquel Cordero Navarro y Juan Carlos Blanco Moya. En lo demás se mantiene incólume.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Alberto López González Jéssica Alejandra Jiménez Ramírez Germán Serrano García ERAMIREZCA Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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