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Res. 00055-2021 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 14/01/2021

Legality of poultry farm veterinary operating certificate and complaint about pollution from odorsLegalidad del certificado veterinario de operación de granja avícola y denuncia de contaminación por malos olores

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The First Chamber denied the cassation appeal, upheld the judgment that dismissed the pollution and nullity claim, and ordered costs against the appellant.La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación, confirmó la sentencia que rechazó la demanda de contaminación y nulidad, y condenó en costas al recurrente.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court of Justice resolved a cassation appeal filed by a resident of Barrio Jesús de Atenas against a judgment that dismissed his lawsuit against the State, the National Animal Health Service (SENASA), and the owner of the Granja Avícola Lulú. The plaintiff alleged environmental pollution from foul odors, dust, and noise, as well as health problems and the nullity of a health operating permit issued by the Ministry of Health and of the veterinary operating certificates (CVO) issued by SENASA. The Chamber confirmed the decision of the Contentious-Administrative Tribunal, which had declared the action time-barred regarding the challenge of the health permit and dismissed the claim because no pollution was proven. The Chamber held that the Regulation on Poultry Farms (Executive Decree 31088-S), which established minimum distances, was tacitly repealed by Law 8495 and Executive Decree 34859-MAG, meaning those distance requirements do not apply to CVOs. Furthermore, the available evidence showed that inspections by SENASA and the Ministry of Health detected no foul odors, noise, or dust, and neighbor testimony corroborated the absence of pollution. The request for evidence for better provision was denied, and costs were imposed on the appellant.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación interpuesto por un vecino del Barrio Jesús de Atenas contra sentencia que declaró sin lugar su demanda contra el Estado, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el propietario de la Granja Avícola Lulú. El actor alegaba contaminación ambiental por malos olores, polvo y ruido, así como problemas de salud y nulidad de un permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud y de los certificados veterinarios de operación (CVO) emitidos por SENASA. La Sala confirmó el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, que había declarado caducidad sobre la impugnación del permiso sanitario y rechazado la demanda por no demostrarse la contaminación. La Sala determinó que el Reglamento sobre Granjas Avícolas (Decreto Ejecutivo 31088-S), que establecía distancias mínimas, quedó tácitamente derogado por la Ley 8495 y el Decreto 34859-MAG, por lo que dichas distancias no aplican a los CVO. Además, la prueba disponible demostró que las inspecciones de SENASA y el Ministerio de Salud no detectaron malos olores, ruido ni polvo, y testimonios vecinales corroboraron la ausencia de contaminación. Se rechazó la prueba para mejor resolver y se condenó en costas al recurrente.

Key excerptExtracto clave

Regarding the alleged environmental pollution (foul odors, dust, and noise), as well as health problems, respiratory issues, and allergies caused by the Granja Avícola Lulú, the Tribunal based its decision on the fact that none of those accusations was proved, so the farm operates legally. The appellant argues that the case file contains complaints from neighbors expressing health problems, as well as the notarial deed issued by Licenciado Esteban Esquivel Zúñiga, stating that he conducted an inspection and that strong manure odors were indeed emitted, and also noted the existence of noise from the chickens. While it is true that the record contains proven facts that multiple complaints were filed by the plaintiff and other neighbors both with the Ministry of Health and SENASA, it is also true—and was not rebutted by the appellant—that as a result of those complaints, both administrative bodies conducted inspections at the farm, obtaining a negative result regarding the reported issues. [...] The foregoing shows that there were no pollution problems, a fact proven by much more than the sole statement of Mayela González Rodríguez (as the appellant claims), whose testimony could not be discredited, being the sister of both the co-defendant González Rodríguez and the plaintiff's spouse, since her statement is consistent with the other testimonies gathered. [...] In sum, this Chamber finds that the evidence the appellant claims was overlooked does not have the merit to refute the abundant evidence provided by the co-defendants, which proves that the relevant studies were conducted and that the alleged pollution could not be detected, and therefore it cannot be concluded that the constitutional principles of reasonableness, proportionality, legal certainty, and equality were violated.Sobre la acusada contaminación ambiental (malos olores, polvo y ruido), así como problemas de salud, respiratorios y alergias producidos por la Granja Avícola Lulú, el Tribunal fundamentó que ninguna de esas acusaciones quedó demostrada, por lo que la Granja opera legalmente. El recurrente acusa, que constan en el expediente quejas de los colindantes donde expresan los problemas de salud, así como el acta notarial emitida por el Licenciado Esteban Esquivel Zúñiga, donde indica haber realizado una inspección y que efectivamente si se emanaban fuertes olores a estiércol, además, consignó la existencia del ruido de las gallinas. Si bien es cierto, consta como hechos probados que se interpusieron múltiples denuncias de parte del actor y otros vecinos, tanto ante el Ministerio de Salud como en SENASA, también es cierto, ya que no fue desvirtuado por la parte recurrente, que a raíz de esas denuncias, ambas instancias administrativas realizaron inspecciones en la Granja, obteniéndose un resultado negativo sobre lo denunciado. [...] Lo anterior demuestra, que no hubo problemas de contaminación, hecho acreditado con mucho más que la sola declaración de Mayela González Rodríguez (como indica el recurrente), cuyo testimonio no pudo ser desacreditado, por ser hermana tanto del codemandado González Rodríguez, como de la esposa del actor pues su dicho es conforme con los demás testimonios recabados. [...] En suma, estima esta Sala, la prueba que se acusa preterida no tiene la virtud de desvirtuar la abundante prueba que aportaron los codemandados, en la que acredita que se han hecho los estudios pertinentes y que no se logró apreciar la contaminación aludida, de ahí que tampoco se pueda concluir que se violaron los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad.

Pull quotesCitas destacadas

  • "No puede coexistir el Decreto 31088-S en el tanto fue creado por el Ministerio de Salud para regular y controlar todo lo relativo al funcionamiento de establecimientos de aves. Dicha cartera ministerial ya no es competente para fiscalizar esa materia, por el nacimiento de Senasa, órgano ahora encargado de regular la materia, por medio de los certificados veterinarios de operación, es decir, ambas normativas chocan frontalmente."

    "Decree 31088-S cannot continue to exist insofar as it was created by the Ministry of Health to regulate and control everything related to the operation of poultry establishments. That ministry is no longer competent to oversee this matter, due to the creation of Senasa, the body now responsible for regulating the matter through veterinary operating certificates; that is, the two sets of regulations are in direct conflict."

    Considerando V

  • "No puede coexistir el Decreto 31088-S en el tanto fue creado por el Ministerio de Salud para regular y controlar todo lo relativo al funcionamiento de establecimientos de aves. Dicha cartera ministerial ya no es competente para fiscalizar esa materia, por el nacimiento de Senasa, órgano ahora encargado de regular la materia, por medio de los certificados veterinarios de operación, es decir, ambas normativas chocan frontalmente."

    Considerando V

  • "En suma coincide esta Sala con el Tribunal en el sentido de que el Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto Ejecutivo N°31088-S, quedó tácitamente derogado por la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N°8495 y, por el Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, Decreto Ejecutivo N°34859-MAG."

    "In summary, this Chamber agrees with the Tribunal that the Regulation on Poultry Farms, Executive Decree No. 31088-S, was tacitly repealed by the General Law of the National Animal Health Service, No. 8495, and by the General Regulation for the Issuance of the Veterinary Operating Certificate, Executive Decree No. 34859-MAG."

    Considerando V

  • "En suma coincide esta Sala con el Tribunal en el sentido de que el Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto Ejecutivo N°31088-S, quedó tácitamente derogado por la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N°8495 y, por el Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, Decreto Ejecutivo N°34859-MAG."

    Considerando V

  • "Lo anterior demuestra, que no hubo problemas de contaminación, hecho acreditado con mucho más que la sola declaración de Mayela González Rodríguez (como indica el recurrente), cuyo testimonio no pudo ser desacreditado, por ser hermana tanto del codemandado González Rodríguez, como de la esposa del actor pues su dicho es conforme con los demás testimonios recabados."

    "The above shows that there were no pollution problems, a fact proven by much more than the sole statement of Mayela González Rodríguez (as the appellant claims), whose testimony could not be discredited since she is the sister of both the co-defendant González Rodríguez and the plaintiff’s wife, and her statement is consistent with the other testimonies gathered."

    Considerando VI

  • "Lo anterior demuestra, que no hubo problemas de contaminación, hecho acreditado con mucho más que la sola declaración de Mayela González Rodríguez (como indica el recurrente), cuyo testimonio no pudo ser desacreditado, por ser hermana tanto del codemandado González Rodríguez, como de la esposa del actor pues su dicho es conforme con los demás testimonios recabados."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

# CONSIDERING **I.**- As can be extracted from the case file, Mr. Efraín Artavia Sánchez, together with other residents of Barrio Jesús de Atenas, filed a sanitary complaint on 21 and 22 November 2011 before SENASA and the Health Area of Atenas of the Ministry of Health, respectively, against the Granja Avícola Lulú, for alleged environmental pollution (foul odors, dust, and noise), as well as health, respiratory, and allergy problems. By reason of the foregoing, on 6 January 2012, by official letter no. RCN-ARSAT-AT-IF-009-2012, Mr. Eithel Angulo Angulo, of the Governing Health Area of Atenas informed Dr. Marjorie Campos Segura, Director of said department, that he conducted an inspection at the Farm, and that he found none of the reported anomalies and states, he referred the complainants to SENASA as it is the competent body to hear the problems caused by animals. On 3 February 2015, the plaintiff and other residents of Barrio Jesús de Atenas, filed a new complaint, this time before SENASA and before the Governing Health Area of Atenas, against the Granja Avícola Lulu requesting these two institutions to close that farm, arguing the same facts alleged in the first complaint. They added that it does not comply with the distances regulated in the Regulation on Poultry Farms No. 31088-S (Reglamento sobre Granjas Avícolas N°31088-S). By reason of that complaint, SENASA on 9 February 2015 reported that after conducting the requested inspection they found some non-conformities that were warned in the sanitary order and subsequently complied with within the established period. In disagreement with what was administratively resolved, the plaintiff filed ordinary appeals for reversal and appeal, which were rejected. On 25 February 2015, by official letter CN-ARS-AT-IT-096-2015, Mr. Eithel Angulo Angulo addressed Dr. Marjorie Campos Segura, indicating that on 24 February of that year he conducted a new inspection at the Farm and that at the time of the visit no foul odors, noise, or dust were detected, inside or in the surroundings of the Farm, referring the complaint again to SENASA. Again dissatisfied with what was previously resolved, the plaintiff filed ordinary appeals for reversal and appeal, which were rejected. On 25 October 2016, SENASA conducted another inspection visit at the Granja Avícola Lulu, where it reports, no foul odors are perceived during the walkthrough and that, in general, the establishment is in good sanitary conditions. As the complaints and administrative efforts made to order the closure of the Granja Avícola Lulú were unsuccessful, the plaintiff Efraín Artavia Sánchez sued the State (Estado), SENASA, and Hernán González Rodríguez, owner of the Granja Avícola Lulú, seeking the following: "Order both the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock to proceed to comply with the legal system and proceed with the closure or relocation of the Granja Avícola Lulú owned by Mr. Hernán González Rodríguez. Declare the nullity of the Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) ARSAT-0226-2005 issued, illegally, on 24 June 2005 by the Ministry of Health." By warning made by the Case Management Judge, the claim was adjusted in the preliminary hearing as follows: "a) Order both the Ministry of Health and the Ministry of Agriculture and Livestock to re-establish the legality of the operation of the Granja Avícola Lulú owned by Hernán González Rodríguez, by virtue of the exercise (sic) of their respective Administrative powers, because said Farm has never complied with the distances regarding adjoining properties and regarding the EBAIS of Barrio Jesús de Atenas, disrespecting the applicable regulations. b) Declare the nullity of the Sanitary Operating Permit ARSAT-0226-2005 illegally issued, as well as the nullity of its subsequent renewals through the Veterinary Operation Certificate (Certificado Veterinario de Operación) DO-DRC0-4118 and the current Veterinary Operation Certificate of which we do not know the numbering, all of the Granja Avícola Lulú. c) Order the payment of the costs of this proceeding." The representation of the State, answered the lawsuit negatively, filed the preliminary defenses of failure to join the necessary passive litisconsortium and statute of limitations, as well as the substantive defense of lack of right. Furthermore, it requested payment of both costs of the proceeding. Interlocutorily, the co-defendant Hernán González Rodríguez was declared in default and SENASA was joined to the litis. Later, in an untimely manner, Mr. González Rodríguez answered the lawsuit, filed the defenses of statute of limitations, lack of active and passive standing, and right. Finally, SENASA, answered the action negatively and filed the defenses of lack of current interest and lack of right. Furthermore, it requested the order for payment of both costs of this proceeding. The Tribunal composed of judges Otto González Vílchez, Claudia Bolaños Salazar, and Carlos Espinoza Salas issued judgment no. 86-2017-I at 3:00 p.m. on 13 September 2017, where, as relevant, it dismissed the lawsuit. Dissatisfied, the plaintiff files a cassation appeal which is admitted by this Chamber. It alleges defects of different kinds, which are summarized in the following section.

**II.**- The plaintiff offers as evidence "for better provision" (para mejor resolver) (PMP) the statements of the following persons, who are neighbors and witnesses of the foul odors emitted by the Poultry Farm: "Topographer Engineer Gaston Gomez Castillo, license IT17462, Lucía Rodríguez Quesada, identity card 2-0439-0153, Kenneth Salazar Serrano, identity card 2-0586-0437, María Isabel Rojas Castro, identity card 2-0347-0924, Valeria Artavia Gonzalez, identity card 2-0675-0621, Katherine Marín Gonzalez, identity card 1-1391-0841, Rocío Rodriguez Quesada, identity card 2-0328-0711, and Ulises Jimenez Alvarado, identity card 2-0417-0330”. For the purpose of resolving the request raised, it is deemed necessary to clarify the distinction between the evidence contained in Article 145 and that established in canon 148, both of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) (CPCA). The former provides the possibility for the parties, during the appeal proceedings, to submit documentary evidence regarding new facts subsequent to the appealed judgment, which they swear they had not known previously. It is an extension of the right to offer evidence as a correlate of the evidentiary burden resting on the parties, provided that the requirements set forth in the provision under comment are met. The nature of the document that can be submitted is not qualified, with the clear purpose that both public and private documents may be presented. That for better provision (para mejor proveer), regulated in mandate 148 ibidem, belongs to the judge, and corresponds to a second scenario through which elements of conviction can be incorporated. It entails the recognition of the ex officio evidentiary initiative entrusted, at this stage, to the cassation judges. Another difference lies in the evidentiary means that can be incorporated. Whereas through evidence for better provision, all admissible means are contemplated, in the case of that offered by the party, it is limited to documentary evidence (documental) (public or private, as provided in numeral 145 subsection 3) of the CPCA). In this case, from the analysis of the request presented, it can be inferred, although the applicant qualifies her offering as evidence for better provision, since it is provided by her it must comply with the normative requirements demanded in precept 145 cited, which it is observed are not met. To bring it into the litis resorting to ordinal 148 of the CPCA, this jurisdictional body must observe its necessity. On the other hand, the cassation party should note that evidence for better provision is a tool designed for the judging body, so that it may obtain clarity on the disputed facts when it deems that the evidentiary means offered and presented prove insufficient. It presupposes that the parties have already deployed the evidentiary work that corresponds to them at the appropriate procedural moments, in accordance with the evidentiary burden imposed on them by the legal system (canon 317 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), applied supplementarily by express reference of ordinal 220 of CPCA). Hence, the institute cannot be used to correct omissions, negligence, or carelessness of the parties regarding said evidentiary burden, nor to remedy technical deficiencies in their defense. This must be weighed by the judges, both those of the instance and those of this cassation phase, in order to maintain respect for their duty of impartiality and the balance between the parties. It is insisted, it consists of a faculty of the judging body which, for what has been said, when faced with an offer from a party in that capacity, despite the fact it is not a tool at their disposal, may reject it, since the party must make use of the tool that was legally enabled for them and under the conditions already indicated. In this sense, the resolutions of this Chamber, 600-F-SI-2017, 409-F-SI-2019 and 1899-F-S1-2020 may be consulted. Thus, regarding the evidentiary proposition incorporated in this matter identified as evidence for better provision, as it is a tool of this cassation body, its admission is deemed unnecessary. The plaintiff had the opportunity to present said witnesses at the corresponding stage, precluded at this time. Besides which, in the opinion of this Chamber, the evidence contained in the case file is sufficient to reach a conclusion consistent with the law. Ergo, this Chamber does not observe the necessity to order and receive the indicated testimonies as evidence for better provision, therefore it is rejected.

**III.**- First. It alleges defenselessness and violation of due process insofar as the Tribunal failed to assess important evidence. a) In that sense, it indicates, it is evident in folios 4 of the judicial file and 01, 03, 04, 05, and 06 of the administrative file documents that prove that the activity of the Granja Avícola Lulú owned by Mr. Hernán González Rodríguez began for the first time in the year 2005. It explains, in folio 4 of the judicial file appears the official letter CN-ARS-AT-069-2015 of 13 February 2015, from which it is extracted that it was not until 08 November 2004 that Mr. González Rodríguez first requested from the Ministry of Health the Sanitary Operating Permit (permiso sanitario de funcionamiento) (hereinafter permit or PSF), which is consistent with folio 01 of the administrative file where the PSF application form is displayed. Likewise, it points out, from folios 04 and 05 of the administrative file, it is evident that Mr. González Rodríguez was authorized the type C poultry farm activity until 21 June 2005 through official letter 462-05, a technical report issued by the Governing Health Area of Atenas of the Ministry of Health. Added to the foregoing, it states, in folio 06 of the administrative file it is shown that Mr. Hernán González Rodríguez as of 02 March 2010 still did not have a land use permit (permiso de uso de suelos) to operate the commercial activity of a type C poultry farm, an indispensable requirement to develop that activity. Thus, it claims, it is caused defenselessness by virtue of the fact that the evidence was not analyzed comprehensively, given that the Tribunal affirmed that the provisions of Article 9 of Decree 31088-S were applicable only to new farms. By reason of the foregoing, it argues, it does not understand how, if it is extracted from the evidence that the permit was first requested in 2004, granted as of February 2005, when the Regulation on Poultry Farms (Reglamento sobre Granjas Avícolas) was already in force (since 2003), it was considered that it is not a new farm. Hence the misinterpretation made of the regulation, since it deems, businesses must be considered initiated when they have the legal approval that allows them to function within the applicable regulatory framework. It acknowledges that in the lawsuit it indicated that the farm had been operating for more than 30 years, however, it notes, that does not mean it was operating as a type C poultry farm within the framework of the law. It notes, before it was a minor domestic and not commercial exploitation activity. It asserts, as is shown in folio 04 of the administrative file, the Granja Lulú was already producing 350 cartons of eggs per day, a situation that was also overlooked in the analysis by the Tribunal at the time of resolving, since for the production of that quantity of egg cartons a minimum of 8400 beaks is required, whose total number of hens exceeds the permit granted for a type c poultry farm. It demands the correct application of the existing regulations, as it considers that a PSF was granted by the Ministry of Health without Mr. Hernán González having the requirements demanded by the Law, specifically regarding the distances between property boundaries: health centers. This argument, it says, despite being analyzed, departs from reality by the Tribunal assuming that the farm is not new, but it does not analyze that the first-time granting of permit ARSAT-0226-2005 is what allowed Mr. González, for the year 2010, that SENASA authorized on the occasion of the Transitory provision of decree number 34859-MAG, the CVO-086866-01. However, it states, it was not analyzed that the same transitory provision instructs that the Sanitary Operating Permits granted by that ministerial portfolio shall remain in force provided that they comply with the current regulations and that after the expiration of the permit, the CVO must be requested from SENASA complying with the Law, which, in its view, leads again to Decree 31088-S. To conclude, the appellant contests the argument of the tacit repeal of executive decree 31088-S with the entry into force of executive decree 34859-MAG General Regulation for the Granting of the Veterinary Operation Certificate (Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación) of 20 October 2008. It considers, that the Tribunal is not correct, since in the first place the Political Constitution establishes as an exclusive power of the Legislative Assembly, among others, the repeal of laws. On the other hand, it states, said decrees do not contradict each other in their essence, it is clear that the logical principle of non-contradiction is maintained, since decree 31088-S establishes minimum distances while decree 34859-MAG indicates that it is charged with ensuring the location of farms, which by interpretation would mean 100 meters with respect to health centers and 15 meters with respect to adjoining properties. Second: It alleges improper evidentiary assessment and also failure to consider evidence (preterición de prueba). In relation to the first ground, it reiterates what was indicated in the first objection, about the improper assessment of official letter ARSAT-0226-2005 with which it demonstrates that it is indeed a new farm, since its PSF was issued in 2005. Then, it states, the expert report visible in folios 275 to 297 was ignored, where the Topographer Engineer Gastón Gómez Castillo, license IT17462 demonstrated that the existing distances between the Granja Avícola Lulú and its neighbors, as well as with the EBAIS medical care Health Center of Atenas were smaller than those established by Law. Note, it adds, that one is in the presence of a scientific document, which includes technical specifications of the equipment used, the defined methodology and description of the work, both field and office. Likewise, in folio 296 the distances are established in the plan called model 3, which denote that the distances between adjoining properties, EBAIS and the farm do not conform to the measures established by Law. See, it states, in said expert report, the property analyzed is 2-20937-000 where the poultry farm is located. It argues, this evidence was accepted by the case management judge during the preliminary hearing and is recorded in the judicial file, a reason why it should have been analyzed by the trial court at the time of resolving. Third: It imputes, direct violation of Law. It reiterates the alleged transgression of Article 9 of Decree no. 31088-S, regarding distances. Finally, it alleges violation of constitutional principles of reasonableness, proportionality, legal certainty, and equality, insofar as greater value is given to a private interest -economic activity of the farm- with respect to the rights of the residents of Barrio Jesús de Atenas. The case file contains complaints from neighbors, (see folio 189 to 195 of the judicial file), in which they express health problems, and also that the dwelling houses were there before the CVO was granted to the Farm. In said complaints there are more than thirty people signing, complaining of the foul odors, pollution, noise, dust, and flies, so it cannot be possible that only the testimony of Mrs. Mayela González, sister of the defendant, who works on the farm occasionally, is considered. According to her statement, she smells nothing and there are no sick people nor anyone discontent with the situation, this together with the fact that she indicated she lives more than 100 meters from the farm. By giving credibility to said testimony, it states, the testimony of 30 people, who have appeared before the administrative authorities to demonstrate their discontent, would then be distorted. Added to which, in the case file there exists a notarial deed issued by Attorney Esteban Esquivel Zúñiga, where he indicates having conducted an inspection and found strong manure odors; besides the existence of noise from the hens, (folio 300). It adds, in report SENASA-RCOC-071-2015 of 27 March 2015 (folio 206), it is indicated that the farm owner was required to place devices that prevent the escape of feathers and dust in addition to repairing damaged mesh, note even where a sanitary order was issued, a shed was closed for not complying with the provisions on distances from its neighbors and it was ordered to depopulate another. In sum, it alleges infringement of Articles 34, 39 and 74 of the Political Constitution, by omitting all analysis of the arguments regarding the non-application of Executive Decree 31088-S, by not analyzing the evidence comprehensively, all of which, it says, causes defenselessness and therefore violation of the constitutional principle of due process. It concludes, that the omission indicated constitutes a denial of justice.

**IV.**- It is advisable, before resolving the arguments raised, to know the Tribunal’s position in this regard. In the first place, it is necessary to indicate that the judgment declares the statute of limitations for the action seeking the nullity arguments raised against permit ARSAT-0226-2005, and rejects said defense against the veterinary operation certificate (hereinafter certificate or CVO) DO-DRCO-0418). In considering IX entitled "Inexistence of nullity defects of the veterinary operation certificate (CVO) No. DO-DRCO-4118. Legality in the operation of the Granja Avícola Lulú", the judges explain that the minimum distances required in the Regulation on Poultry Farms are not applicable to the CVO. They perform an analysis of the Regulation on Poultry Farms (Executive Decree No. 31088-S), stating that said regulatory provision entered into force as of 7 May 2003 and had the purpose of regulating poultry activity, for obtaining the PSF, which was granted by the Ministry of Health. Furthermore, that Chamber stated, canon 9 of the cited regulation regulated the minimum distances that new poultry farms had to comply with, that is, those that were installed after the entry into force of that regulation, -7 May 2003-. They stated, to comply with the approval, they had to have the "\"Approval of Location\" (Visto Bueno de Ubicación)" from the Governing Health Area of the Ministry of Health of their respective region. On the other hand, the judges referred to the fact that this Article 9 must be related to Article 13 of the same regulation, which specified the procedure for obtaining the PSF. That regulation, the judges concluded, established 3 scenarios: “1- Poultry farms installed before the publication of the Regulation on Poultry Farms, Executive Decree No. 31088-S, and which at some point had a Sanitary Operating Permit; 2- Poultry farms installed before the publication of the Regulation on Poultry Farms, Executive Decree No. 31088-S, and which never had a Sanitary Operating Permit; 3- Poultry farms installed after the publication of the Regulation on Poultry Farms, Executive Decree No. 31088-S, that is, new farms…” The requirements they had to fulfill, the judges said, were different. They explained, that for poultry farms installed before the publication of the cited regulation, and which never had a Sanitary Operating Permit, very general requirements were established such as a detailed sketch of the facilities, a cadastral plan with the location of the shed facilities, a waste management plan and, sanitary control during the production cycle by the Ministry of Health, as well as not having pending resolution of complaints against them or unfulfilled sanitary orders. Now, in the case of poultry farms installed after the publication of Executive Decree No. 31088-S, that is, new ones, they indicated, a series of requirements were demanded, and one of these was "\"Have an Approval of Location\"". All of the foregoing led to the conclusion that the minimum distances required in Article 9 of the Regulation on Poultry Farms, Executive Decree No. 31088-S, were for new poultry farms, that is, those installed on a date subsequent to the publication of that regulation, since for poultry farms installed before the publication of that Executive Decree, and that did not have a PSF, the requirement of numeral 9 was not demanded of them. Subsequently, the judges deduced, considering that the Granja Avícola Lulú has operated for more than 20 years, which was extracted from what was said by the plaintiff party herself in her lawsuit brief, as well as in other allegations made by her during the proceeding and, by witnesses in the oral and public trial, it was evident it was installed before the publication of the Regulation in question. Likewise, the judges inferred, that poultry farm did not have a PSF as of 7 May 2003, which demonstrates that the co-defendant, Hernán González Rodríguez, first requested it on 8 November 2004, before the Governing Health Area of Atenas of the Ministry of Health, located in Barrio Jesús de Atenas. Therefore, the Granja Avícola Lulú, did not have to comply at that time with the "\"Approval of Location\" requirement. Consequently, they concluded, despite the fact that the statute of limitations was declared for the Ministry of Health Sanitary Operating Permit No. ARSAT-0226-2005, it was not granted by the Administration illegally, because the indicated requirement was not a requirement demanded at that time by Executive Decree No. 31088-S.

**V.**- This Chamber observes that the appellant centers its disagreement with the judgment on there being sufficient evidence that the Granja Avícola Lulú was new when Executive Decree no. 31088-S entered into force and, therefore, the provisions of Article 9 of said body of law were applicable to it, that is, the distances established therein to neighboring properties and the EBAIS. As proof thereof, it refers to documents establishing that the operation permit for the Farm was first processed in 2004 and obtained in 2005. A corollary of the foregoing, it attributes non-application of precept 9 of the regulation in question, as well as the violation of constitutional principles of reasonableness, proportionality, legal certainty, and equality. It specifies in the first place to clarify, that the presentation of the grounds of the appeal seeks to lead this Chamber to the conclusion that the Sanitary Operating Permit ARSAT-0226-2005 is null, insofar as, being a new farm -according to the appellant- by beginning its operation after the entry into force of the Regulation on Poultry Farms, the distances indicated in canon 9 of said body of law were applicable and therefore it operates illegally.

In this regard, the appellant must recall that the Court declared the expiration of the action challenging that act, an expiration that was not contested and therefore became final. Consequently, the arguments presented on the matter are useless, as they do not attack the main argument — the expiration of the action regarding the operating permit (permiso funcionamiento) — but rather, in a circular manner, contest what the Court stated as additional supporting reasoning. In summary, this Cassation Body finds that all arguments aimed at challenging permit ARSAT-0226-2005 lack utility insofar as they cannot overturn the ruling, given its declaration of expiration. In addition to the foregoing, the appellant also fails to contest the arguments presented by the judges regarding the legality of certificate no. DO-DRCO-4118, insofar as they considered that the minimum distances regulated in the cited numeral 9 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31088-S were not applicable to it. The judges determined that everything concerning poultry farms passed to be controlled by SENASA, and not by the Ministry of Health (Ministerio de Salud); consequently, authorization to conduct poultry activities would be granted through Veterinary Operation Certificates (Certificados Veterinarios de Operación, CVO), and no longer through the operating permit (permiso de funcionamiento) issued by the Ministry of Health. That panel of judges considered that the Regulation on Poultry Farms (Reglamento sobre Granjas Avícolas), Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31088-S, was tacitly repealed by the General Law of the National Animal Health Service (Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal), No. 8495, and by the General Regulation for the Issuance of the Veterinary Operation Certificate (Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación), Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34859-MAG, because Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31088-S was designed to regulate poultry farms and the manner of obtaining the respective sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento). However, those authorizations ended with the entry into force of the cited SENASA regulations, and the Ministry of Health ceased to be the competent authority to issue sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) for poultry farms; as a consequence, the minimum distances regulated in the cited numeral 9 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31088-S are not an applicable requirement for the issuance of the CVO. The sole argument presented by the appellant regarding the foregoing reasoning is that Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) 31088-S and 34859-MAG can coexist, as they do not contradict each other in their essence, a conclusion with which this Chamber disagrees. Decree (Decreto) 31088-S cannot coexist insofar as it was created by the Ministry of Health to regulate and control everything related to the operation of poultry establishments. That ministerial portfolio is no longer competent to oversee that matter, due to the creation of SENASA, the body now responsible for regulating the matter through veterinary operation certificates (certificados veterinarios de operación); that is, the two sets of regulations are in direct conflict. In summary, this Chamber agrees with the Court that the Regulation on Poultry Farms (Reglamento sobre Granjas Avícolas), Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31088-S, was tacitly repealed by the General Law of the National Animal Health Service (Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal), No. 8495, and by the General Regulation for the Issuance of the Veterinary Operation Certificate (Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación), Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 34859-MAG.

VI.- Regarding the alleged environmental contamination (foul odors, dust, and noise), as well as health problems, respiratory issues, and allergies produced by the Lulú Poultry Farm (Granja Avícola Lulú), the Court established that none of these accusations were proven, and therefore the Farm operates legally. The appellant alleges that complaints from adjoining landowners expressing health problems appear in the case file, as well as the notarial act issued by Attorney Esteban Esquivel Zúñiga, where he indicates having conducted an inspection and that strong manure odors were indeed emanating, and he also recorded the existence of noise from the hens. While it is true that it is established as proven facts that multiple complaints were filed by the plaintiff and other neighbors, both before the Ministry of Health and before SENASA, it is also true, as it was not rebutted by the appellant, that as a result of those complaints, both administrative entities conducted inspections at the Farm, obtaining a negative result regarding the reported issues. This is recorded in the official communications: a) RCN-ARSAT-AT-IF-009-2012 dated January 6, 2012, b) official communication of February 9, 2015, from Dr. Martín García Umaña of the Central Western Regional Directorate of the Atenas cantonal office of SENASA, c) CN-ARS-AT-IT-096-2015, from the Ministry of Health, and d) visit sheet, sanitary order 040632 of October 25, 2016, from SENASA. Against the negative result of the inspections conducted by the Ministry of Health and SENASA, the plaintiff even filed revocation motions with subsidiary appeal, which were denied, as both institutions agreed that no foul odors or dust were detected in the surroundings of the farm. In addition to this, the record contains the statements of Mayela González Rodríguez and Rodolfo González González, who, in the oral and public trial, stated they are neighbors of Barrio Jesús de Atenas and know the Lulú Poultry Farm of the co-defendant, González Rodríguez, and that they have lived for many years near the site and have not perceived foul odors, noises, or dust coming from that poultry farm. The foregoing demonstrates that there were no contamination problems, a fact proven by much more than the sole statement of Mayela González Rodríguez (as the appellant indicates), whose testimony could not be discredited for being the sister of both co-defendant González Rodríguez and the plaintiff's wife, because her account is consistent with the other collected testimonies. This Chamber observes that the complaint before the Ministry of Health and SENASA was repeated on several occasions, with the inspections conducted always yielding the same positive result for co-defendant González Rodríguez. SENASA, providing due process to the second complaint, explained the reasons why the CVO was granted to the Lulú poultry farm. In summary, this Chamber finds that the evidence alleged to have been overlooked does not have the capacity to rebut the abundant evidence provided by the co-defendants, which demonstrates that the pertinent studies have been conducted and that the alleged contamination could not be detected; hence, it cannot be concluded that the constitutional principles of reasonableness (razonabilidad), proportionality (proporcionalidad), legal certainty (seguridad jurídica), and equality (igualdad) were violated.

VII.- Based on the foregoing, the appeal filed by the plaintiff will be dismissed, and they shall bear the costs of the appeal (canon 150, subsection 3 of CPCA).

THEREFORE (POR TANTO) The request for evidence for better resolution is denied. The appeal is dismissed, with costs charged to the appellant.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez HGarcíaCh Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Sala Primera de la Corte Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:

Ofrecimiento de prueba.

Distinción entre la prueba contenida en el artículo 145.3 (documental pública o privada ofrecida por la parte) y la del mandato 148 (prueba para mejor resolver), ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ver resoluciones 600-2017, 409-2019 y 1899-2020. Tocante a la proposición probatoria incorporada en este asunto (testigos) identificada como prueba para mejor resolver, al ser un instrumento de este órgano de casación, se estima innecesaria su admisión. La actora tuvo la oportunidad de presentarla en la etapa correspondiente, precluida para este momento. Además, la probanza que consta en autos es suficiente para llegar a una conclusión ajustada a derecho. Ergo, no observa esta Sala la necesidad de ordenar y recibirla como prueba para mejor resolver, por lo que se rechaza (voto 55-F-2021).

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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:

Casación útil.

Los argumentos del casacionista son inútiles porque no atacan el argumento principal, sino que combate de manera circulante lo dicho por el Tribunal a mayor abundamiento de razones (voto 55-F-2021).

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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Servicio Nacional de Salud Animal Subtemas:

Competencia.

El recurrente estima que los Decretos Ejecutivos 31088 (Reglamento sobre Granjas Avícolas) y 34859 (Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación) pueden coexistir, pues no se contradicen en su esencia, conclusión que disiente esta Sala. No puede coexistir la primera en el tanto fue creado por el Ministerio de Salud para regular y controlar el funcionamiento de establecimientos de aves. Dicha cartera ministerial ya no es competente para fiscalizar esa materia, por el nacimiento del Servicio Nacional de Salud Animal, órgano ahora encargado de regular la materia por medio de certificados veterinarios de operación. En suma, el Decreto Ejecutivo 31088 quedó tácitamente derogado por la Ley General de SENASA (8495) y por el Decreto Ejecutivo 34859 (voto 55-F-2021).

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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Daño Subtemas:

Demostración. Daño ambiental.

Tema: Contaminación Subtemas:

Daño ambiental.

Sobre la acusada contaminación ambiental (malos olores, polvo y ruido), así como problemas de salud, respiratorios y alergias producidas por una granja avícola, el Tribunal fundamentó ninguna de esas acusaciones quedó demostrada, por lo que opera legalmente. Consta la interposición de múltiples denuncias del actor y vecinos ante el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal, cuyas inspecciones en la granja obtuvieron un resultado negativo; lo cual no fue desvirtuado por la recurrente. Contra este resultado, la accionante interpuso recursos administrativos, los cuales fueron denegados, ya que ambas instituciones no detectaron malos olores, ni polvo en los alrededores de la granja. Aunado a ello, dos declaraciones de vecinos que conocen el lugar, no han percibido lo denunciado. Lo anterior demuestra que no hubo problemas de contaminación ni violación a los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad (voto 55-F-2021).

... Ver más  Res. 00055-F-S1-2021 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil veintiuno.

Proceso de conocimiento interpuesto por EFRAÍN ARTAVIA SÁNCHEZ, mayor, casado una vez, administrador, portador de la cédula de identidad número 2-0417-0821 y vecino de Barrio Jesús de Atenas, representado por su abogado director, Luis Gerardo Ballestero Mora, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-323-876 y vecino de Granadilla Norte de Curridabat, contra el ESTADO, representado por el Procurador A, Ricardo Jiménez Bonilla, mayor, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-983-424 y vecino de Desamparados, el SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA), representado por su apoderado especial judicial, Kenneth Arrones Morera , mayor, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad número 2-0635-0928 y vecino de Poás de Alajuela y Hernán González Rodríguez, mayor, casado, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número 2-0333-0944 y vecino de Barrio Jesús de Atenas, representado por su abogado director, Christian Alejandro Chaverri Acosta, carné número 12800.

Redacta la magistrada Rojas Morales

CONSIDERANDO

I.- Tal y como se extrae de los autos, el señor Efraín Artavia Sánchez en conjunto con otros vecinos del Barrio Jesús de Atenas, interpusieron el 21 y 22 de noviembre del 2011 denuncia sanitaria ante SENASA y el Área de Salud de Atenas del Ministerio de Salud respectivamente, contra la Granja Avícola Lulú, por supuesta contaminación ambiental (malos olores, polvo y ruido), así como problemas de salud, respiratorios y alergias. En razón de lo anterior, el 6 de enero del 2012, por oficio no. RCN-ARSAT-AT-IF-009-2012, el Lic. Eithel Angulo Angulo, del Área Rectora de Salud de Atenas informó a la Dra. Marjorie Campos Segura, Directora de dicho departamento, que realizó una inspección en la Granja, y que no encontró ninguna de las anomalías denunciadas y dice, remitió a los denunciantes a acudir a SENASA por ser la competente para conocer los problemas ocasionados por animales. El 3 de febrero de 2015, el actor y otros vecinos del Barrio Jesús de Atenas, presentaron nuevamente denuncia esta vez ante el SENASA y ante el Área Rectora de Salud de Atenas, contra la Granja Avícola Lulu solicitando a éstas dos instituciones el cierre de esa granja, argumentando los mismos hechos acusados en la primera queja. Agregaron, que no cumple con las distancias reguladas en el Reglamento sobre Granjas Avícolas N°31088-S. En razón a esa denuncia, SENASA el 9 de febrero del 2015 informó que luego de hacer la inspección solicitada encontraron algunas inconformidades que fueron prevenidas en la orden sanitaria y posteriormente cumplidas en el plazo establecido. En desacuerdo con lo resuelto administrativamente, el accionante presentó recursos ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales fueron rechazados. El 25 de febrero del 2015, por oficio CN-ARS-AT-IT-096-2015, el Lic. Eithel Angulo Angulo se dirigió a la Dra. Marjorie Campos Segura, indicándole que el 24 de febrero de ese año realizó nueva inspección en la Granja y que en el momento de la visita no se detectaron malos olores, ruido, o polvo, dentro ni en los alrededores de la Granja, remitiendo nuevamente la denuncia a SENASA. Nuevamente inconformes con lo resuelto anteriormente, el actor presentó recursos ordinarios de revocatoria y apelación, los cuales fueron rechazados. El 25 de octubre del 2016, SENASA realizó a la Granja Avícola Lulu, otra visita de inspección donde informa, no se perciben malos olores durante el recorrido y que, en general, el establecimiento se encuentra en buenas condiciones sanitarias. Al resultar infructuosas las denuncias y gestiones administrativas realizadas para que se ordene el cierre de la Granja Avícola Lulú, el actor Efraín Artavia Sánchez demandó al Estado, a SENASA y a Hernán González Rodríguez propietario de la Granja Avícola Lulú pidiendo lo siguiente: “Se ordene tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Agricultura y Ganadería proceder cumplir con el ordenamiento jurídico y proceder con el cierre o el traslado de la Granja Avícola Lulú propiedad del señor Hernán González Rodríguez. Se declare la nulidad del Permiso Sanitario de Funcionamiento ARSAT-0226-2005 emitido, ilegalmente, el 24 de junio de 2005 por el Ministerio de Salud.". Por prevención realizada por el Juez Tramitador la pretensión se ajustó en la audiencia preliminar de la siguiente manera: “a) Se ordene tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Agricultura y Ganadería restablecer la legalidad del funcionamiento de la Granja Avícola Lulú propiedad de Hernán González Rodríguez, en virtud del ejercicio (sic) sus respectivas potestades Administrativas, debido a que dicha Granja nunca ha cumplido con las distancias respecto de las colindancias y respecto al EBAIS de Barrio Jesús de Atenas, irrespetando la normativa al respecto. b) Se declare la nulidad del Permiso Sanitario de Funcionamiento ARSAT-0226-2005 emitido ilegalmente, así como la nulidad de sus posteriores renovaciones mediante el Certificado Veterinario de Operación DO-DRC0-4118 y el Certificado Veterinario de Operación vigente del cual desconocemos la numeración, todos de la Granja Avícola Lulú. c) Se condene al pago de las costas este proceso.". La representación del Estado, contestó de manera negativa la demanda, presentó las excepciones previas de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesario y caducidad, así como la excepción de fondo de falta de derecho. Además, requirió el pago de ambas costas del proceso. Interlocutoriamente se declaró rebelde al codemandado Hernán González Rodríguez y fue integrada a la litis a SENASA. Luego en forma extemporánea el señor González Rodríguez contestó la demanda, interpuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva, y derecho. Finalmente, SENASA, contestó de manera negativa la acción e interpuso las excepciones de falta de interés actual y falta de derecho. Además, solicitó la condena al pago de ambas costas de este proceso. El Tribunal integrado por los jueces Otto González Vílchez, Claudia Bolaños Salazar y Carlos Espinoza Salas emitió el fallo no. 86-2017-I de las 15 horas del 13 de setiembre de 2017, donde, en lo de interés, declaró sin lugar la demanda. Inconforme la parte actora presenta recurso de casación el cual es admitido por esta Sala. Acusa vicios de distinta índole los cuales se resumen en el siguiente apartado.

II.- La parte actora ofrece como prueba “para mejor resolver” (PMP) las declaraciones de las siguientes personas, los cuales son vecinos y testigos de los malos olores expedidos por la Granja Avícola: “Ingeniero Topógrafo Gaston Gomez Castillo, carne IT17462, Lucía Rodríguez Quesada, cédula 2- 0439-0153, Kenneth Salazar Serrano, cédula 2-0586-0437, María Isabel Rojas Castro, cédula 2-0347-0924, Valeria Artavia Gonzalez, cédula 2-0675-0621, Katherine Marín Gonzalez, cédula 1-1391-0841, Rocío Rodriguez Quesada, cédula 2-0328-0711, y Ulises Jimenez Alvarado, cédula 2-0417-0330”. A efectos de resolver la solicitud planteada, se estima necesario aclarar la distinción entre la probanza contenida en el artículo 145 y la establecida en el canon 148 ambos del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). El primero, prevé la posibilidad para las partes, durante el trámite del recurso, de aportar prueba documental sobre hechos nuevos y posteriores al fallo recurrido, que juren no haber conocido con anterioridad. Se trata de una extensión del derecho de ofrecer prueba como correlato de la carga demostrativa que pesa sobre las partes, siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos en la disposición en comentario. No se califica la naturaleza del documento que se puede aportar, con la clara finalidad de que se presenten tanto los públicos como los privados. Aquella para mejor proveer, regulada en el mandato 148 ibídem, es del juzgador, y corresponde a un segundo escenario mediante el cual se pueden incorporar elementos de convicción. Se trata del reconocimiento de la iniciativa probatoria oficiosa a cargo, en esta etapa, de los jueces casacionales. Otra diferencia radica en los medios probatorios que pueden ser incorporados. Mientras que mediante la prueba para mejor resolver, se contemplan todos aquellos medios que resulten admisibles, en el caso de la ofrecida por la parte, se limita a la documental (pública o privada, conforme lo prevé el numeral 145 inciso 3) del CPCA). En la especie, del análisis de la solicitud presentada, se colige, pese a que la solicitante califica su ofrecimiento como prueba para mejor resolver, al ser por ella aportada debe cumplir con los presupuestos normativos exigidos en el precepto 145 de cita, los cuales se observa no se cumplen. Para hacerla traer a la litis acudiendo al ordinal 148 del CPCA, debe este órgano jurisdiccional observar su necesidad. Por otra parte, note la parte casacionista que la prueba para mejor resolver es un instrumento concebido para el órgano juzgador, a fin de que obtenga claridad sobre los hechos controvertidos cuando estime que los medios de prueba ofrecidos y practicados resultan insuficientes. Presupone que las partes hayan desplegado ya la labor demostrativa que les corresponde en los momentos procesales oportunos, de conformidad con la carga probatoria que les impone el ordenamiento jurídico (canon 317 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente por remisión expresa del ordinal 220 de CPCA). De ahí que el instituto no puede utilizarse para corregir omisiones, negligencias o descuidos de las partes respecto de esa carga probatoria, ni para subsanar deficiencias técnicas de su defensa. Esto ha de ser ponderado por los juzgadores, tanto los de instancia como los de esta fase de casación, en aras de mantener el respeto a su deber de imparcialidad y el equilibrio entre las partes. Se insiste, consiste en una facultad del órgano juzgador quien, por lo dicho, ante un ofrecimiento de una parte en esa calidad, a pesar de que no es un instrumento a su disposición, puede desecharlo, pues la parte debe hacer uso de la herramienta que le fue habilitada legalmente y en las condiciones ya señaladas. En ese sentido pueden consultarse las resoluciones de esta Cámara, 600-F-SI-2017, 409-F-SI-2019 y 1899-F-S1-2020. Así las cosas, en cuanto la proposición probatoria incorporada en este asunto identificada como prueba para mejor resolver, al ser un instrumento de este órgano de casación, se estima innecesaria su admisión. La actora, tuvo la oportunidad de presentar dichos testigos en la etapa correspondiente, precluida para este momento. Amén de que, en criterio de esta Cámara la probanza constante en autos es suficiente para llegar a una conclusión ajustada a derecho. Ergo, no observa esta Sala, la necesidad de ordenar y recibir los testimonios indicados como prueba para mejor resolver por lo que se rechaza.

III.- Primero. Acusa, indefensión y violación del debido proceso en el tanto el Tribunal dejó de valorar prueba importante. a) En ese sentido, indica, consta en los folios 4 del expediente judicial y 01, 03, 04, 05 y 06 del expediente administrativo documentos que acreditan que la actividad de la Granja Avícola Lulú propiedad del señor Hernán González Rodríguez dio inicio por primera vez en el año 2005. Explica, a folio 4 del expediente judicial figura el oficio CN-ARS-AT-069-2015 del 13 de febrero de 2015, de donde se extrae que fue hasta el 08 de noviembre de 2004 que el señor González Rodríguez solicitó por primera vez ante el Ministerio de Salud el permiso sanitario de funcionamiento (en adelante permiso o PSF), lo cual es acorde con el folio 01 del expediente administrativo donde se visualiza el formulario de solicitud de PSF. De igual manera, señala, de folios 04 y 05 del expediente administrativo, se desprende que se le autorizó al señor González Rodríguez la actividad de granja avícola tipo C hasta el 21 de junio de 2005 mediante oficio 462-05, informe técnico emitido por Área Rectora de Atenas del Ministerio de Salud. Aunado a lo anterior, expresa, en folio 06 del expediente administrativo consta que el señor Hernán González Rodríguez para el 02 de marzo de 2010 aun no contaba con permiso de uso de suelos para explotar la actividad comercial de granja avícola tipo C, requisito indispensable para desarrollar esa actividad. Así las cosas, reclama, se le causa indefensión en virtud de que no se analizó la prueba de forma integral, ya que el Tribunal afirmó que lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 31088-S, era de aplicación solamente para granjas nuevas. En razón de lo anterior, alega, no entiende como si de la prueba se extrae que el permiso se solicitó por primera vez en el año 2004, otorgado a partir de febrero de 2005, cuando ya era vigente el Reglamento sobre Granjas Avícolas (desde el año 2003), se consideró que no es una granja nueva. De ahí la mala interpretación que se hace de la norma, pues estima, los negocios deben considerarse iniciados, cuando cuenten con el aval legal que les permita funcionar dentro del marco normativo aplicable. Reconoce que en la demanda indicó que la granja tenía más de 30 años de operar, sin embargo, acota, eso no significa que estuviera funcionando como tipo de granja avícola C dentro del marco de la ley. Apunta, antes era una actividad menor de explotación doméstica y no comercial. Asevera, tal y como consta en el folio 04 del expediente administrativo, la Granja Lulú ya estaba produciendo 350 cartones de huevos por día, situación que también quedó fuera de análisis por parte del Tribunal al momento de resolver, ya que para la producción de esa cantidad de cartones de huevos se requiere como mínimo 8400 picos, cuyo total de gallinas es superior al permiso otorgado para una granja avícola tipo c). Exige la aplicación correcta de la normativa existente, pues considera se otorgó un PSF por parte del Ministerio de Salud sin contar el señor Hernán González con los requisitos exigidos por la Ley, específicamente a lo referente a las distancias entre colindancias: centros de salud. Este alegato, dice, a pesar de ser analizado, se aleja de la realidad al asumir el Tribunal que la granja no es nueva, pero no analiza que el otorgamiento por primera vez del permiso ARSAT-0226-2005, es lo que le permitió al señor González para el año 2010, que SENASA autorizara con ocasión del Transitorio del decreto número 34859-MAG, el CVO-086866-01. Sin embargo, expone, no se analizó que el mismo transitorio instruye que se mantendrán vigentes los permisos sanitarios de funcionamientos otorgados por esa cartera ministerial siempre y cuando cumpla con la normativa vigente y que luego del vencimiento del permiso, se deberá solicitar el CVO ante SENASA cumpliendo con la Ley, lo que, en su criterio lleva, nuevamente al Decreto 31088-S. Para finalizar, combate el recurrente el argumento de la derogación tácita del decreto ejecutivo 31088-S con la entrada en vigencia del decreto ejecutivo 34859-MAG Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación del 20 de octubre de 2008. Considera, no lleva el Tribunal la razón, pues en primer término la Constitución Política establece como atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa, entre otras, la derogación de leyes. Por otro lado, expresa, dichos decretos no se contradicen en su esencia, es claro que se mantiene el principio lógico de no contradicción, pues en el decreto 31088-S se establecen distancias mínimas mientras que en el decreto 34859-MAG se indica que le corresponde velar por la ubicación de las granjas, que por interpretación se estaría hablando de 100 metros respecto a centros de salud y de 15 metros respecto a colindancias. Segundo: Acusa se da una indebida valoración probatoria y también preterición de prueba. En relación a la primera causal, reitera lo indicado en el primer reparo, sobre la indebida valoración del oficio ARSAT-0226-2005 con lo que demuestra que sí es una granja nueva, pues su PSF fue expedido en el año 2005. Luego, expone, se pretirió el peritaje visible a folios 275 al 297, donde el Ingeniero Topógrafo Gastón Gómez Castillo, carnet IT17462 demostró que las distancias existentes entre la Granja Avícola Lulú y sus colindantes, así como con el centro de Salud de atención médica EBAIS de Atenas eran inferiores a las establecidas por la Ley. Nótese, agrega, que se está en presencia de un documento científico, que incluye especificaciones técnicas del equipo empleado, la metodología definida y descripción del trabajo, tanto de campo como de escritorio. De igual manera a folio 296 se establecen las distancias en el plano denominado modelo 3, que denotan que las distancias entre colindancias, Ebais y la granja no se ajustan a las medidas establecidas por Ley. Véase, expone, en dicho peritaje, la finca que se analiza es la 2-20937-000 donde se encuentra la granja avícola. Alega, esta prueba fue aceptada por el juez tramitador durante la audiencia preliminar y consta en el expediente judicial, razón por la cual debía ser analizada por el tribunal de juicio al momento de resolver. Tercero: Imputa, violación directa de Ley. Reitera la acusada trasgresión del artículo 9 del Decreto no. 31088-S, respecto a las distancias. Finalmente, acusa violación de principios constitucionales, de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad, en el tanto se le da mayor valor a un interés particular -actividad económica de la granja- con respecto a los derechos de los vecinos de Barrio Jesús de Atenas. Consta en el expediente queja de los colindantes, (ver folio 189 al 195 del expediente judicial), en la que expresan los problemas de salud, y además que las casas de habitación estuvieron antes de que se le otorgara el CVO a la Granja. En dichos reclamos existen más de treinta personas firmando, quejándose de los malos olores, contaminación, ruido, polvo y moscas, por lo que no puede ser posible que solamente se considere el testimonio de la señora Mayela González, hermana del demandado, quien trabaja en la granja ocasionalmente. Según su dicho, no huele nada y no hay gente enferma ni inconforme con la situación, esto aunado a que indicó vivir a más de 100 metros de la granja. De darle credibilidad a dicho testimonio, expone, se estaría desvirtuando entonces el de 30 personas, que se han presentado ante las autoridades administrativas a demostrar su inconformidad. Aunado a que en el expediente existe acta notarial emitida por el Licenciado Esteban Esquivel Zúñiga, donde indica haber realizado una inspección y encontrar fuertes olores a estiércol; además de la existencia del ruido de las gallinas, (folio 300). Agrega, en el informe SENASA-RCOC-071-2015 del 27 de marzo de 2015 (folio 206), se indica que se le requirió al dueño de la granja colocar dispositivos que eviten la salida de plumas y polvo además de reparar mayas en mal estado, incluso nótese donde se le giro orden sanitaria, se cerró un galerón por no cumplir con lo dispuesto en distancias con sus colindantes y se le ordenó despoblar otro. En suma, acusa infracción a los artículos 34, 39 y 74 de la Constitución Política, al omitir todo análisis sobre los alegatos respecto a la no aplicación del Decreto Ejecutivo 31088-S, al no analizar la prueba de manera integral, todo lo cual, dice, le causa indefensión y por ende violación al principio constitucional del debido proceso. Concluye, la omisión indicada constituye una denegación justicia.

IV.- Conviene previo a resolver los reclamos planteados, conocer la posición del Tribunal al respecto. En primer lugar, es menester indicar, que el fallo, declara la caducidad de la acción para conocer los alegatos de nulidad planteados contra el permiso ARSAT-0226-2005, y rechaza dicha excepción contra el certificado veterinario de operación (en lo sucesivo certificado o CVO) DO-DRCO-0418). En el considerando IX titulado “Inexistencia de vicios de nulidad del certificado veterinario de operación (CVO) n°DO-DRCO-4118. Legalidad en el funcionamiento de la Granja Avícola Lulú”, los jueces, explican que al CVO, no le son aplicables las distancias mínimas exigidas en el Reglamento sobre Granjas Avícolas. Hacen un análisis del Reglamento sobre Granjas Avícolas (Decreto Ejecutivo N° 31088-S), expresando que dicha disposición reglamentaria entró en vigencia a partir del 7 de mayo del 2003 y tuvo la finalidad de regular la actividad avícola, para la obtención del PSF, que otorgaba el Ministerio de Salud. Más adelante, manifestó aquella Cámara, el canon 9 del citado reglamento regulaba las distancias mínimas que debían cumplir las granjas avícolas nuevas, es decir, las que se instalaran a partir de la vigencia de ese reglamento, -7 de mayo del 2003-. Expresaron, para cumplir con la aprobación, debían contar con el "Visto Bueno de Ubicación" del Área Rectora del Ministerio de Salud de su respectiva región. Por otra parte, refirieron los jueces, ese artículo 9 debe relacionarse con el 13 del mismo reglamento, el cual decantaba el procedimiento para la obtención del PSF. Esa norma concluyeron los jueces, establecía 3 supuestos: “1- Las granjas avícolas instaladas antes de la publicación del Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto Ejecutivo N°31088-S, y que en algún momento contaron con permiso sanitario de funcionamiento; 2- Las granjas avícolas instaladas antes de la publicación del Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto Ejecutivo N°31088-S, y que nunca contaron con permiso sanitario de funcionamiento; 3- Las granjas avícolas que se instalen a partir de la publicación del Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto Ejecutivo N°31088-S, es decir granjas nuevas…” Los requisitos que debían cumplir, dijeron los jueces, eran distintos. Explicaron, que para las granjas avícolas instaladas antes de la publicación del reglamento citado, y que nunca contaron con permiso sanitario de funcionamiento, se les establecían requisitos muy generales como el croquis detallado de las instalaciones, plano catastrado con la ubicación de las instalaciones de los galpones, plan de manejo de desechos y, control sanitario durante el ciclo productivo por el Ministerio de Salud, así como no tener pendientes la resolución de denuncias en su contra u órdenes sanitarias sin cumplir. Ahora, en el caso de las granjas avícolas que se instalen a partir de la publicación del Decreto EjecutivoN°31088-S, es decir nuevas, indicaron, se les exigió una serie de requisitos, y uno de éstos era "Contar con Visto Bueno de Ubicación". Todo lo anterior, llevó a concluir, que las distancias mínimas exigidas en el artículo 9 del Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto Ejecutivo N°31088-S, eran para granjas avícolas nuevas, es decir, aquellas que se instalaran en fecha posterior a la publicación de ese reglamento, ya que para la granjas avícolas instaladas antes de la publicación de ese Decreto Ejecutivo, y que no contaban con PSF, no se les exigió el requisito del numeral 9. De seguido, dedujeron los jueces, considerando que la Granja Avícola Lulú ha operado desde hace más de 20 años, lo cual se extrajo de lo dicho por la propia parte actora en su escrito de demanda, así como en otras alegaciones dadas por éste durante el proceso y, por testigos en el juicio oral y público, era evidente estaba instalada antes de la publicación del Reglamento en mención. Asimismo, coligieron los juzgadores, esa granja avícola no contaba para el 7 de mayo del 2003, con un PSF, lo que demuestra que el codemandado, Hernán González Rodríguez, lo solicitó por primera vez, el 8 de noviembre del 2004, ante el Área Rectora de Salud de Atenas del Ministerio de Salud, ubicada en Barrio Jesús de Atenas. Por lo que, la Granja Avícola Lulú, no tenía que cumplir para ese entonces, con el requisito del “Visto Bueno de Ubicación”. Por lo tanto, concluyeron, pese a que se declaró la caducidad del Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud N°ARSAT-0226-2005, éste no fue otorgado por la Administración de manera ilegal, debido a que el requerimiento indicado, no era un requisito exigido para ese momento por el Decreto Ejecutivo N°31088-S.

V.- Observa esta Sala, centra la parte recurrente su inconformidad con la sentencia, en que hay prueba suficiente de que la Granja Avícola Lulú era nueva para cuando entró en vigencia el Decreto Ejecutivo no. 31088-S y, por ende, le era aplicable lo dispuesto en el artículo 9 de dicho cuerpo legal, es decir las distancias ahí establecidas con las propiedades vecinas y el EBAIS. Como prueba de ello, hace referencia a documentos que establecen que el permiso de funcionamiento de la Granja, se gestionó por primera vez en el 2004 y se obtuvo en el 2005. Corolario de lo anterior, atribuye falta de aplicación del precepto 9 del reglamento en mención, así como la violación de principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad. Precisa en primer término aclarar, que la exposición de los motivos del recurso pretende llevar a esta Sala a la conclusión que el permiso sanitario de funcionamiento ARSAT-0226-2005 es nulo, en el tanto, al ser una granja nueva -según la parte recurrente- por empezar su funcionamiento luego de entrar en vigencia el Reglamento sobre Granjas Avícolas, le era aplicable las distancias indicadas en el canon 9 de dicho cuerpo legal y por ello opera ilegalmente. Al respecto, debe recordar el casacionista, el Tribunal declaró la caducidad de la acción sobre la impugnación de dicho acto, caducidad que no fue combatida con lo que adquirió firmeza. Por ende, los argumentos expuestos relativos al tema son inútiles, ya que no ataca el argumento principal, que es la caducidad de la acción respecto de permiso funcionamiento, sino, que combate de manera circulante, lo dicho por el Tribunal a mayor abundamiento de razones. En suma, estima este Órgano casacional, todos los argumentos dirigidos a combatir el permiso ARSAT-0226-2005, carecen de utilidad en el tanto no pueden quebrar el fallo, dada su declaratoria de caducidad. Aunado a lo anterior, tampoco combate el casacionista los argumentos expuestos por los jueces en relación a la legalidad del certificado n°DO-DRCO-4118, en el tanto consideraron que las distancias mínimas reguladas en el citado numeral 9 del Decreto Ejecutivo N°31088-S, no les eran aplicables. Estimaron los jueces, todo lo concerniente a granjas avícolas, pasó a ser controlado por el SENASA, y no por el Ministerio de Salud, en consecuencia, la autorización para realizar actividades avícolas, se otorgaría por medio de los (CVO), y, ya no por el permiso de funcionamiento que otorga el Ministerio de Salud. Consideró aquella cámara de jueces, que el Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto Ejecutivo N°31088-S, quedó tácitamente derogado por la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N°8495, y por el Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, Decreto Ejecutivo N°34859-MAG, debido a que el Decreto Ejecutivo N°31088-S, fue diseñado para regular las granjas avícolas y la forma de obtener el respectivo permiso sanitario de funcionamiento. No obstante, esas autorizaciones finalizaron con la entrada en vigencia de la normativa citada del SENASA, ya el Ministerio de Salud dejó de ser el competente para emitir permisos sanitarios de funcionamiento para granjas avícolas, y como consecuencia de ello, las distancias mínimas reguladas en el citado numeral 9 del Decreto Ejecutivo N°31088-S, no son un requisito aplicable para el otorgamiento del CVO. El único argumento presentado por el recurrente sobre la argumentación anterior, es que los Decretos Ejecutivos 31088-S y 34859-MAG pueden coexistir, pues no se contradicen en su esencia, conclusión con lo cual disiente esta Sala. No puede coexistir el Decreto 31088-S en el tanto fue creado por el Ministerio de Salud para regular y controlar todo lo relativo al funcionamiento de establecimientos de aves. Dicha cartera ministerial ya no es competente para fiscalizar esa materia, por el nacimiento de Senasa, órgano ahora encargado de regular la materia, por medio de los certificados veterinarios de operación, es decir, ambas normativas chocan frontalmente. En suma coincide esta Sala con el Tribunal en el sentido de que el Reglamento sobre Granjas Avícolas, Decreto EjecutivoN°31088-S, quedó tácitamente derogado por la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N°8495 y, por el Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, Decreto Ejecutivo N°34859-MAG.

VI.- Sobre la acusada contaminación ambiental (malos olores, polvo y ruido), así como problemas de salud, respiratorios y alergias producidos por la Granja Avícola Lulú, el Tribunal fundamentó que ninguna de esas acusaciones quedó demostrada, por lo que la Granja opera legalmente. El recurrente acusa, que constan en el expediente quejas de los colindantes donde expresan los problemas de salud, así como el acta notarial emitida por el Licenciado Esteban Esquivel Zúñiga, donde indica haber realizado una inspección y que efectivamente si se emanaban fuertes olores a estiércol, además, consignó la existencia del ruido de las gallinas. Si bien es cierto, consta como hechos probados que se interpusieron múltiples denuncias de parte del actor y otros vecinos, tanto ante el Ministerio de Salud como en SENASA, también es cierto, ya que no fue desvirtuado por la parte recurrente, que a raíz de esas denuncias, ambas instancias administrativas realizaron inspecciones en la Granja, obteniéndose un resultado negativo sobre lo denunciado. Así consta en los oficios: a) RCN-ARSAT-AT-IF-009-2012 de fecha 6 de enero del 2012, b) oficio del 9 de febrero del 2015, del Dr. Martín García Umaña de la Dirección Regional Central Occidental de la oficina cantonal de Atenas del SENASA, c) CN-ARS-AT-IT-096-2015, del Ministerio de Salud y d) hoja de visita, orden sanitaria 040632 del 25 de octubre del 2016, de SENASA. Contra el resultado negativo de las inspecciones realizadas el Ministerio de Salud y Senasa, la accionante planteó incluso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, los cuales resultaron denegados, ya que ambas instituciones coincidieron en que no se detectaron malos olores, ni polvo en los alrededores de la granja. Aunado a esto, constan las declaraciones de Mayela González Rodríguez y Rodolfo González González, quienes en el juicio oral y público, manifestaron ser vecinos de Barrio Jesús de Atenas y que conocen la Granja Avícola Lulu del codemandado, González Rodríguez, así como que han vivido durante muchos años cerca del lugar y no han percibido los malos olores, ruidos o polvo provenientes de esa granja avícola. Lo anterior demuestra, que no hubo problemas de contaminación, hecho acreditado con mucho más que la sola declaración de Mayela González Rodríguez (como indica el recurrente), cuyo testimonio no pudo ser desacreditado, por ser hermana tanto del codemandado González Rodríguez, como de la esposa del actor pues su dicho es conforme con los demás testimonios recabados. Observa esta Sala, que la queja ante el Ministerio de Salud y Senasa se repitió en varias ocasiones, obteniéndose siempre de las inspecciones realizadas, el mismo resultado positivo para el codemandado González Rodríguez. Senasa, dándole un debido trámite a la segunda denuncia, explicó las razones por las cuales se otorgó el CVO a la granja avícola Lulú. En suma, estima esta Sala, la prueba que se acusa preterida no tiene la virtud de desvirtuar la abundante prueba que aportaron los codemandados, en la que acredita que se han hecho los estudios pertinentes y que no se logró apreciar la contaminación aludida, de ahí que tampoco se pueda concluir que se violaron los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad.

VII.- Con fundamento en lo expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso interpuesto por la parte actora, quien deberá cargar con las costas del recurso (canon 150 inciso 3 de CPCA).

POR TANTO

Se rechaza la prueba para mejor resolver solicitada. Se declara sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de la parte recurrente.

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez HGarcíaCh Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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