← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 02810-2020 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 26/11/2020
OutcomeResultado
The First Chamber dismisses the cassation appeal, upholds the complete denial of the claims by Unión Fenosa Generadora La Joya S.A., and orders it to pay procedural costs.La Sala Primera declara sin lugar el recurso de casación, confirma la denegatoria total de las pretensiones de Unión Fenosa Generadora La Joya S.A. y le impone el pago de las costas procesales.
SummaryResumen
The First Chamber of the Costa Rican Supreme Court dismisses the cassation appeal filed by Unión Fenosa Generadora La Joya S.A. (UFG) against the Costa Rican Institute of Electricity (ICE), upholding the lower court's ruling that denied UFG's claims. The dispute arose from the suspension of tunnel excavation works for the La Joya hydroelectric plant, ordered by the Constitutional Chamber and other authorities due to the impact on aquifers and springs that harmed neighboring communities. UFG sought recognition of the extra costs incurred as a force majeure or onerous event, alleging an imbalance in the contract's financial equilibrium. The Chamber thoroughly analyzes the contract, concluding that since it is a Build, Operate, and Transfer (BOT) contract, the contractor assumed all construction risks, and the impact on aquifers was a reasonably foreseeable event that should have been anticipated and addressed. Therefore, it denies the existence of force majeure, rejects any violation of Article 18 of the Administrative Procurement Law, and dismisses all procedural and substantive grounds for the appeal, upholding the award of costs against the plaintiff.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso de casación interpuesto por Unión Fenosa Generadora La Joya S.A. (UFG) contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), confirmando la sentencia que denegó sus pretensiones. La controversia se originó en la paralización de las obras de excavación del túnel para la planta hidroeléctrica La Joya, ordenada por la Sala Constitucional y otras autoridades debido a la afectación de acuíferos y nacientes que perjudicó a comunidades aledañas. UFG reclamó el reconocimiento de los extracostes generados como supuesto de fuerza mayor o evento oneroso, alegando un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato. La Sala analiza detalladamente el contrato, concluyendo que, al tratarse de un contrato de Construcción, Operación y Traspaso (BOT), la contratista asumió todos los riesgos de la construcción, y la afectación de los acuíferos era un evento razonablemente previsible que debió haber sido anticipado y atendido. Por tanto, niega la existencia de fuerza mayor, descarta la vulneración del artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y rechaza todos los motivos procesales y sustantivos del recurso, confirmando la condena en costas a la parte actora.
Key excerptExtracto clave
XIV. (...) In summary, (...) the actual impact on the aquifers that harmed the neighbors was an event that could reasonably have occurred, even if not anticipated by the environmental studies, and which, should it materialize, had to be addressed by the contractor. However, by failing to do so, a series of additional events were unleashed that led to the excavation suspension orders, which occurred as a result of the failure to foresee and timely address that potential impact. Thus, the eventual economic effects this could have had on UFG’s originally estimated costs are not, for the reasons stated, transferable to ICE, since, we reiterate, the event that caused the suspension occurred because UFG did not foresee the incidents reasonably associated with excavating a tunnel for a hydroelectric plant, which, according to the contract, it was obligated to anticipate and assume. For all the above, we rule out that the works suspension and the extra costs the plaintiff had to incur were due to force majeure, since the situation that triggered the suspension of that work (aquifer impact) was foreseeable and should have been addressed by the contractor. This also excludes any violation of Article 18 of the Administrative Procurement Law, since the contract contained special regulations on this matter, which had to be applied preferentially, as that same provision indicates. Furthermore, we are not faced with an overly broad liability regime, as alleged, but rather the consequence of the distribution of responsibilities and obligations assumed by the parties under the contract and published in the tender, such that ICE is not required to cover UFG’s failure to fulfill its own duties.XIV. (...) En resumen, (...) la afectación materializada a los acuíferos que impactó a los vecinos, era un evento que razonablemente podía presentarse, aunque no estuviera anticipado por los estudios ambientales y que, en caso de materializarse, debía ser atendido por la contratista. No obstante, al no hacerlo, se desencadenaron una serie de eventos adicionales que condujeron a las órdenes de paralización de la excavación, lo cual devino como consecuencia de la omisión de prever y atender oportunamente esa afectación potencial. Así las cosas, las eventuales incidencias económicas que esto pudo producir en los costos inicialmente previstos por UFG, no son, por las razones dichas, trasladables al ICE, pues, se reitera, el evento que originó la paralización devino como consecuencia de que UFG no hiciera las previsiones de los incidentes razonablemente aparejados a la excavación de un túnel para una planta hidroeléctrica, y que, conforme al texto del contrato, le correspondía anticipar y asumir. Por todo lo dicho, se descarta que la paralización de las obras y los extracostes que la actora debió realizar, obedezcan a un supuesto de fuerza mayor, pues la situación que desencadenó en la paralización de esa obra (afectación del acuífero) era previsible y debía ser atendida por la contratista. Lo señalado también excluye la vulneración del artículo 18 de la Ley de la Contratación Administrativa, pues el contrato contenía regulaciones especiales al respecto, que correspondía aplicar de manera prevalente, según ese mismo numeral refiere. Con todo, no se está en presencia de un régimen amplísimo de responsabilidad, tal y como acusa, sino ante la consecuencia de la distribución de responsabilidades y obligaciones asumidas por las partes conforme al contrato y publicitadas en el cartel, de modo que no corresponde al ICE cubrir las omisiones de la atención de los deberes propios de UFG.
Pull quotesCitas destacadas
"la afectación materializada a los acuíferos que impactó a los vecinos, era un evento que razonablemente podía presentarse, aunque no estuviera anticipado por los estudios ambientales y que, en caso de materializarse, debía ser atendido por la contratista."
"the actual impact on the aquifers that harmed the neighbors was an event that could reasonably have occurred, even if not anticipated by the environmental studies, and which, should it materialize, had to be addressed by the contractor."
Considerando XIV
"la afectación materializada a los acuíferos que impactó a los vecinos, era un evento que razonablemente podía presentarse, aunque no estuviera anticipado por los estudios ambientales y que, en caso de materializarse, debía ser atendido por la contratista."
Considerando XIV
"No se está en presencia de un régimen amplísimo de responsabilidad, tal y como acusa, sino ante la consecuencia de la distribución de responsabilidades y obligaciones asumidas por las partes conforme al contrato y publicitadas en el cartel, de modo que no corresponde al ICE cubrir las omisiones de la atención de los deberes propios de UFG."
"We are not faced with an overly broad liability regime, as alleged, but rather the consequence of the distribution of responsibilities and obligations assumed by the parties under the contract and published in the tender, such that ICE is not required to cover UFG’s failure to fulfill its own duties."
Considerando XIV
"No se está en presencia de un régimen amplísimo de responsabilidad, tal y como acusa, sino ante la consecuencia de la distribución de responsabilidades y obligaciones asumidas por las partes conforme al contrato y publicitadas en el cartel, de modo que no corresponde al ICE cubrir las omisiones de la atención de los deberes propios de UFG."
Considerando XIV
"la perforación de un túnel conllevaba -como evento potencialmente aparejado- la afectación de fallas que a su vez impactaran acuíferos. Así, en síntesis, su falta de inclusión en el plan y en el estudio de impacto ambiental no le descartaban como evento potencial, o si se prefiere, no permitía catalogarle como imprevisible."
"the drilling of a tunnel involved —as a potentially associated event— the impact on faults that in turn would affect aquifers. Thus, in summary, its lack of inclusion in the plan and in the environmental impact study did not rule it out as a potential event, or rather, did not allow it to be categorized as unforeseeable."
Considerando XIV
"la perforación de un túnel conllevaba -como evento potencialmente aparejado- la afectación de fallas que a su vez impactaran acuíferos. Así, en síntesis, su falta de inclusión en el plan y en el estudio de impacto ambiental no le descartaban como evento potencial, o si se prefiere, no permitía catalogarle como imprevisible."
Considerando XIV
Full documentDocumento completo
Sala Primera de la Corte **Resolution No. 02810 - 2020** **Date of Resolution:** November 26, 2020, at 10:52 **Expediente:** 10-002089-1027-CA **Drafted by:** Román Solís Zelaya **Type of matter:** Proceso de conocimiento **Analyzed by:** SALA PRIMERA **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Sentencia **Subtopics:** Plazo para resolver.
**Topic:** Notificación **Subtopics:** Concepto y alcance.
As the present proceeding was declared complex in its processing, the judgment must be communicated fifteen business days after the trial concludes. The appellant states that it was done electronically on the last day. However, she alleges, according to Article 38 of the Ley de Notificaciones Judiciales, it must be considered notified until the following business day. Therefore, she considers that the notification was verified out of time. The Sala believes that the legal and regulatory requirements related to the date of issuance and communication of the ruling, in complex proceedings, require that it be issued in writing and communicated within the 15-day period, under penalty of nullity (mandates 111.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 82.1 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). See resolution 373-2018. Now then, numeral 38 cited, contrary to what the cassation appellant maintains, regulates the way to count the term after a judicial decision is communicated, for the purpose of eventual subsequent incidents or appeals, not to define the date of effective notice of the decision notified, which takes place at the moment it is verified. Given that the ruling under study was issued one day before the completion of the fifteen-day period established for its issuance and was communicated the following day - as the appellant admits - the claimed invalidity is ruled out (voto 2810-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Sentences **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Principle of immediacy (Principio de inmediación) **Subtopics:** Concepto y alcance.
**Topic:** Cassation appeal (Recurso de casación) **Subtopics:** Casación por razones procesales.
The appellant alleges the trial was held with a different composition. This Sala identifies, in the trial hearing, how the Tribunal was composed. Once the hearing was opened and the object of the proceeding was defined, it proceeded to the consolidation (saneamiento) stage, but it was later suspended. In a new hearing, one of the judges was replaced by another judge. However, the stages previously verified were repeated in their entirety. Immediately following, the opening statements of the parties took place and the admitted testimonial evidence was practiced. On another day, the pending evidence was continued, conclusions were issued, and the debate was closed. This recount shows that the Tribunal (in both instances) was fully composed by the number of judges established by the legal system (cardinal 71 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), the principle of immediacy (principio de inmediación) was safeguarded, and the requirement of physical identity of the judge was protected (voto 2810-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Incongruence (Incongruencia) **Subtopics:** Concepto y alcance.
The judgment under study does not "revoke" any administrative act favorable to the plaintiff's interests, as the rejection of the claim is verified from its operative section. On its own, the objection is denied, since no dissonance is verified between what was submitted to debate and what was resolved (voto 2810-F-2020).
... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Cassation appeal (Recurso de casación) **Subtopics:** Fundamentación.
If what is intended is to express disagreement with the merits of what was decided, the argument cannot be examined as a ground for cassation for substantive reasons, because it lacks the indispensable legal grounding for its approach (precept 139.3 of the Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 2810-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Cassation appeal (Recurso de casación) **Subtopics:** Casación por razones procesales.
This Sala appreciates, initially, that the Tribunal affirmed the indemnificatory nature of the plaintiff's claim. However, in the grounds of the ruling, it referred to the issue of price adjustments (reajustes de precios). Thus, what the judgment shows is an imprecise—initial—handling of the terms in question, but it does not constitute a defect in reasoning (voto 2810-F-2020).
... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** BOT Contract (Contrato BOT Built, Operate and Transfer) **Subtopics:** Concepto y alcance.
Ley 7200 authorizes the Instituto Costarricense de Electricidad (hereinafter ICE) to purchase electrical energy from power plants, in blocks of no more than fifty thousand kilowatts of maximum power (articles 1, 2, and 20). Its numeral 22 states: "Electricity purchase and sale contracts may not have a term exceeding twenty years, and the operating assets of the power plant must be transferred, free of cost and encumbrances, to ICE at the end of the contract term." Thus, that sale of energy encompasses the transfer to ICE of the operating hydroelectric plants, at the end of a determined term. That obligation to transfer the plant presupposes that it was developed (built) on behalf of the contractor, who operates it and sells the energy, and after the established term and contract conditions are fulfilled, transfers the plant that previously belonged to them, i.e., it is a Build, Operate and Transfer (BOT) contract. Said legal framework does not contemplate regulation regarding risks, unforeseeable events, force majeure, or economic equilibrium of the contract (voto 2810-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Price adjustment (Reajuste de precio) **Subtopics:** Concepto y alcance.
**Topic:** Administrative procurement (Contratación administrativa) **Subtopics:** Price adjustment (Reajuste de precio).
Ley 7200 does not contemplate regulation regarding risks, unforeseeable events, force majeure, or economic equilibrium of the contract; therefore, the Ley de Contratación Administrativa must be applied regarding price adjustments (reajustes de precios) (numerals 1 and 18). From this, it is extracted that the price adjustment (reajuste de precios) due to variation of costs related to the executed work shall be the rule, but it must be reviewed whether the contract (reflecting the provisions of the bidding terms) contains special or particular provisions that would be of prevailing application. In the contract, the plaintiff was responsible for designing, financing, building, operating, and transferring the plant, for carefully studying the conformation of the terrain and all other factors that could influence the execution and costs, and would be responsible for direct damages of any nature resulting from its actions or omissions, while having to comply with environmental legislation and prevent impacts on the environment. Now then, the drilling of a tunnel for a hydroelectric plant entailed —as a potentially associated event— the affecting of faults that in turn would impact aquifers. Thus, its lack of inclusion in the plan and in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) did not rule it out as a potential event or allow it to be classified as unforeseeable. Based on the terms of the contract and in view of the nature of the works to be executed, the materialized impact on the aquifers that affected the neighbors was an event that reasonably could have occurred, even if it was not anticipated by the environmental studies, and which, if materialized, had to be addressed by the contractor. By not doing so, additional events were triggered that led to the orders to halt the excavation, which occurred as a consequence of the omission to foresee and opportunely address that potential impact. Thus, the eventual economic incidences that this could have produced in the costs initially foreseen by the contractor are not transferable to the defendant Instituto Costarricense de Electricidad (voto 2810-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Cambio de competencia **Subtopics:** Avocación.
In this case, as correctly stated by the Tribunal, there was no avocación whatsoever, but rather a Subgerencia de Electricidad resolved a direct petition presented to it by the contractor for it to rule (voto 2810-F-2020).
... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Normative application (Aplicación normativa) **Subtopics:** Administrative procurement (Contratación administrativa).
The debated situation is regulated by the Ley 7200 (Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela). Given that it omits referring to any other regulation for matters not provided for, one must resort to the Ley de la Contratación Administrativa, due to its general vocation for application to public procurement matters. Now then, its third precept establishes: "Legal regime. The activity of administrative procurement is subject to the norms and principles of the administrative legal system." Therefore, it corresponds to resort to what the Ley General de la Administración Pública, a regulatory source of general and supplementary character in administrative matters, disposes to that effect. Regarding the administrative procedure, it will govern the Administration's procedures that do not have a special provision in this regard (ordinal 229). Within the rules of administrative procedure are those related to appeals, where precept 346 (invoked by the defendant entity) is located to deny the appeal for reconsideration (revocatoria) filed by the contractor, considering it untimely. Thus, this precept is indeed applicable (voto 2810-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Cassation appeal (Recurso de casación) **Subtopics:** Formalidades del recurso.
In the charge under study, the appellant only disputes that precept 346 of the Ley General de la Administración Pública was applied to its claim, without mentioning which other precept, favorable to its thesis, should have been applied (voto 2810-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content:** Voto unánime **Branch of Law:** Contencioso Administrativo **Topic:** Costs (Costas) **Subtopics:** Condena al vencido.
The pronouncement on the economic consequences of the proceeding must be made ex officio, condemning the losing party to their payment (mandate 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo). Therefore, the condemnation is imposed on the losing party by the mere fact of being so, without this being equivalent to denying the existence of sufficient motive to litigate, nor is their procedural conduct judged as reckless or in bad faith. This means that the existence of an error in the application of the precept cannot be considered, simply because the payment of costs (costas) falls on the party that has been defeated in the dispute. Nevertheless, there is no defect to review for the imposition of costs (costas) on the plaintiff, whose claims were denied in their entirety (voto 2810-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Res. 002810-F-S1-2020 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours fifty-two minutes on November twenty-sixth, two thousand twenty.- In a proceso de conocimiento, filed by UNIÓN FENOSA GENERADORA LA JOYA S.A., against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, the plaintiff files a cassation appeal against judgment no. 67-2017-VIII of nine thirty hours on July thirteenth, two thousand seventeen, issued by the Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. In this matter, licensed attorneys Mariela Hernández Brenes —plaintiff— and Dafne Sánchez Aguirre —defendant— intervene as special judicial representatives.
Magistrate Solís Zelaya drafts
CONSIDERANDO
I.This dispute is based on the following factual background, defined as accredited by the previous instance, around which there is no controversy. The Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, hereinafter), promoted a public tender for the supply of Hydroelectric Origin Power Blocks, of up to 50 MW, based on an energy purchase contract that the interested parties had to finance, design, build, operate, maintain, and transfer, at no cost, within a term of 17 years. Unión Fenosa Desarrollo y Acción Exterior S.A. was awarded the Third Power Block. The corresponding contract was signed with Unión Fenosa Generadora La Joya S.A. (hereinafter UFG), on April 25, 2002. According to the text of the contract, UFG "shall be responsible (…) for the financing, design, supplies, construction, testing, commissioning, operation, maintenance, and transfer of the hydroelectric plant." In accordance with article 3 of the contract, UFG "expressly certifies that it carefully studied the project to be carried out, its nature, location, composition and conformation of the terrain, the normal and extreme weather conditions that occur or may occur, not only at the site of the works, but also in the area where they are to be executed (…) and all other factors that may influence the execution and cost of the Plant (…)." In sections 3, 4, and 5 of that same article, UFG "declares that it knows, that it accepts in all its scopes and that it will comply with, execute, and will act in full accordance with the Costa Rican legal system applicable to it in the execution of this contract, whether criminal, civil, administrative, labor, or of any other nature (...) it shall be responsible for direct damages and losses, of any nature, resulting from its actions or omissions derived from the execution of this Contract. (…) it undertakes to comply with Costa Rican environmental legislation in all its scopes, as well as to apply normal internationally accepted practices, such as those of the World Bank, to prevent any impact that the Project or the Plant may cause to the Environment during the term of this Contract." The company undertook to have, at a minimum, a series of insurance policies during the construction period, including: "workers' compensation insurance covering all its personnel (…) all-risk construction insurance," which includes Coverage A (basic) All-risk construction including but not limited to; fire, explosion, lightning strike, aircraft impact, theft, damage due to defective workmanship from incompetence and/or negligence, malicious acts, human failure, and other unforeseen accidents. Coverage B. Tremor and Earthquake. Coverage C. Hurricane, cyclone, flood, inundation, sinking, landslide, and rockfall. Coverage D. Broad maintenance coverage for at least one (1) year after the work is delivered. Coverage G. Debris removal, for a minimum of 10% of the awarded value of the contract. As well as "Professional Errors and Omissions Insurance" that covers professional errors and/or omissions, which must cover design errors and other architectural and engineering defects, with a limit of five million dollars (US$5,000,000.00) per occurrence." Now then, the contract defines "force majeure (fuerza mayor)" as "any event that (i) could not have been foreseen, or being foreseen, could not have been resisted, and that (ii) affects the contractual relationship and physically makes the execution of this Contract impossible or is so onerous that it breaks the economic equilibrium of this Contract and makes the continuation of its execution difficult, temporarily or permanently, for both parties." It also defines as "onerous events (eventos onerosos)" those that: "correspond to any act or omission of the Government (…) or incident with it, that prevents the fulfillment of this Contract (…) or breaks its economic equilibrium such that it is significantly reduced or substantially adversely affected (…) in terms of its net economic return on its investment in the Plant." Article 14 established that a "Coordination Committee (Comité de Coordinación)" would be responsible for "the communication mechanisms between the parties," and would be composed of a representative of the contractor and one from ICE. The contract also states that during the construction period, the members of that Committee would coordinate the necessary actions and discussions between the parties, conducive to reaching agreements and, if not obtained, the highest authorities of each party would consider the administrative route exhausted. Its article 17 refers to arbitration in the following terms: "If during the execution of the Contract any difference or dispute arises between the parties, which cannot be resolved by mutual agreement within a period of sixty (60) calendar days, or by the Coordination Committee (Comité de Coordinación) as the case may be, the parties may submit the dispute to the arbitration mechanism by written notification to the other party. (...)". During the excavation works of a tunnel, water springs (nacientes) and aquifers in the area were affected, so neighbors from the communities (Tucurrique and surroundings) resorted to the Sala Constitucional, the Criminal Court of Turrialba, and SETENA. The Sala Constitucional ordered the suspension of the tunnel excavation on May 13, 2004, which did not encompass the remaining works. On June fourth of that year, that body modified the precautionary measure and authorized resuming the excavation provided the contractor complied with: 1. Water supply to the neighbors, prior coordination with the Municipality, the Environmental Regent (Regente Ambiental), SENARA and SETENA, determine the causes that gave rise to the alteration of the springs (nacientes) that saw their flow affected and, if it were the company's responsibility, prepare an immediate recovery plan, conduct a study of the existing aquifers to take the corresponding measures for their protection, starting one kilometer before the excavation, in coordination with those authorities. Furthermore, it could continue the works once the environmental regent (regente ambiental) considered the environmental requirements fulfilled and the requirements of that resolution attended to. It indicated that this professional should report monthly on the studies and measures adopted, until the matter is resolved on its merits. On August 19 of that year, UFG requested the General Manager of ICE to defer the deadline for completion of the tunnel works by 25 days and to be recognized the respective amounts for the works and studies it had to carry out to execute the Sala's order, as well as the sums resulting from the adverse economic effects resulting from the stoppage, which it would demonstrate after completing the construction of the tunnel. In official communication 510-49786-2004 SSE 1449-2004 of August 31, 2004, the Deputy Manager of the Electricity Sector of ICE informed it that the stoppage did not qualify as force majeure (fuerza mayor), nor as an onerous event (evento oneroso), because the problem could have been foreseen and the solution anticipated. UFG filed for reconsideration and indicated that if an agreement was not reached within 60 calendar days, they invoked the dispute resolution procedure. The amparo appeal that gave rise to the precautionary measure was declared without merit in judgment 2004-9927 of September 3, 2004. Now then, in official communication 510-54376-2004 SSE 1644-2004 of September 29, the Subgerencia de Electricidad resolved the reconsideration, reiterating the impossibility of making any recognition of the costs derived from the orders of the Sala Constitucional, admitted 25 days of delay for the delivery of the work, and informed that the decision to resort to arbitration had to be submitted for consideration by the Board of Directors. On October 21 of that year, the Tribunal Ambiental Administrativo issued a precautionary measure halting the works. In a meeting of the Coordination Committee (Comité de Coordinación), on November 30, 2004, it was agreed to create a working team with "technical-legal" personnel from both parties, to verify if the situations produced by the stoppage of the tunnel excavation works "typify the events agreed upon in the contract and have an impact on costs and deadlines." On December 16 following, the precautionary measure imposed by the Tribunal Ambiental Administrativo was lifted. On December 23, 2004, the Trial Court of Cartago, which had also issued a precautionary measure on an unspecified date, lifted the order to halt the construction works. As a consequence of all these events, the tunnel excavation was halted for 114 days. On January 19, 2005, the contractor informed the Subgerencia del Sector Electricidad that it had restarted the works, reported the adverse consequences regarding the term and cost due to the stoppage, which according to it corresponded to “unforeseen and unforeseeable onerous events (eventos onerosos)” and requested the recognition of the delay time and the corresponding economic compensation. In official communication no. 00510-8897-2005 S.S.E.325 of February 21, 2005, that Subgerencia requested the contractor to indicate the persons who would join the working team agreed upon in the November 30 meeting. On March 7, 2005, UFG specified its members and indicated its interest in addressing the "onerous events (eventos onerosos)," with adverse economic impact, which broke the financial equilibrium and corresponded to: 1. unforeseen and reasonably unforeseeable geological accidents, generating extra costs due to the stoppage of the tunnel boring machine and the personnel assigned to the excavation works 2. Additional and unforeseeable costs of an environmental nature, caused by decisions of public authorities that ordered the stoppage of the construction works. 3. Extension of the project completion deadlines. 4. Extension of the commercial operation term. That technical-legal working team met on April 6, and 19, May 12, and August 4, 2005, as well as February 20, 2006, an occasion on which it recorded March 1, 2006 as the next meeting. Through note no. S.S.E-1756.2005 of October 26, 2005, the Subgerencia de Sector Electricidad informed UFG that the project construction was halted for 89 calendar days, due to external causes, therefore it shifted the start-up deadline by that amount of time. The interested party reminded that Subgerencia, on December 7, 2005, that determining the propriety and quantification of extra costs associated with the construction stoppage, as well as recognizing the events qualifying as force majeure (fuerza mayor), remained pending, therefore the technical-legal team had to rule. In a note addressed to the Deputy Manager of the Electricity Sector, on August 14, 2006, it requested that the economic recognition process be reactivated. On September 21, through note no. 0510.1230.2006, the Subgerencia del Sector Electricidad reiterated its position that it was not appropriate to recognize the extra costs, as had been indicated since August 31, 2004. The interested party filed a motion for revocation (revocatoria) with appeal, claims denied as untimely in official communication no. 0510.1737.2006 of December 11, 2006, in which ICE reiterated that there was no onerous event (evento oneroso) nor was economic imbalance verified. On December 13, the plaintiff filed an appeal for inadmissibility, denied in official communication no.150-0182-2007 of February 9, 2007, from the General Management. On February 16, UFG filed a new motion for revocation (revocatoria) with appeal and concomitant nullity, denied by the Executive President on September 10, 2008. The interested party filed an appeal for inadmissibility before the Board of Directors of ICE, which rejected the appeal through official communication no. 0012-356-2008 of October 17, 2008. On November 20 following, UFG notified the request to submit the dispute to arbitration, a procedure it insisted upon on February 19, 2009, but it was denied by the General Management on June 16, 2009. On June 23 following, the company appealed before the Board of Directors, which rejected the procedure in official communication 12-188-2009 of August 3 of that year.
II.Not being satisfied with what was decided, the contractor filed a proceso de conocimiento against ICE, in which it requests the nullity of the following administrative acts: a) official communication 510.1230.2006 of September 21, 2006, in which the impropriety of recognizing the claimed extra costs was reiterated, b) official communication 0510.1737.2006 of December 11, 2006, which denied the revocation (revocatoria) and appeal for considering them untimely, c) official communication 510-0182-2007 of February 9, 2007, from the General Manager of ICE, which denied the appeal for inadmissibility, d) resolution of 14:00 hours on September 10, 2008, of the Executive President of ICE, which rejected the revocation (revocatoria) with subsidiary appeal and concomitant nullity, e) article 7 of Session no. 5849 of October 14, 2008, of the Board of Directors of ICE, which rejected its appeal, f) resolution of 10:00 hours on June 16, 2009, of the General Manager of ICE, which rejected the request for submission to arbitration, and g) Article 9 of session no. 5877 of July 28, 2009, of the Board of Directors of ICE, in which the appeal against that last decision was rejected. It also petitioned that, as a consequence of those nullities, its counterpart be ordered to commence the arbitration procedure, so that it could be determined whether it has the right to the recognition of extra costs or disbursements, as well as their amount, resulting from the expenses it had to incur due to the issued resolutions that forced it to halt the construction works of the Hydroelectric Project for 114 days, a body that must determine the adjustment of the rate for energy and power availability to be applied during the remaining term of the contract, as the financial economic equilibrium was reduced by the stoppage decreed by those governmental organizations. Alternatively, it petitioned that it be declared that the stoppage of the works, due to the resolutions of the Sala Constitucional, the Tribunal Ambiental, and the Criminal Court of Turrialba, qualify as force majeure (fuerza mayor) and the costs and expenses associated with the stoppage were so onerous that they broke the economic equilibrium and reduced its return, therefore they must be assumed by the defendant, since they amount to US $7,905,479, plus legal interest, an amount to be covered by adjusting the rate for the sale of energy and power availability, for the remainder of the term of the signed contract. ICE opposed and invoked expiration (caducidad), lack of standing in both modalities, and lack of right.
III.The Tribunal, when resolving the merits of the dispute, considered it unproven that the stoppage of the tunnel construction was due to "onerous events (eventos onerosos)" or "force majeure (fuerza mayor)" under the contractual terms and that the "extra costs" produced an imbalance in the financial equation of the contract. When examining the claims, it began by textually citing precedents from homologous bodies and criteria from the World Bank and the Inter-American Development Bank regarding Build, Operate and Transfer contracts, also known by its acronym in English, "BOT" (Build, Operate and Transfer), indicating, based on those citations, that in this type of contract, the assumption of risk is total on the part of the builder in the conception, financing, execution, commissioning, and exploitation. Then, in order to examine the formulated claims, it indicated that the plaintiff's disagreements were concentrated on four argumentative axes: 1. ICE's refusal to classify the stoppage of the tunnel excavation works as "force majeure (fuerza mayor)" or "onerous event (evento oneroso)" under the contractual terms. 2. Lack of competence of the Subgerente de Electricidad when rejecting the economic recognition of the costs of those stoppages. 3. Illegality of the rejection of its appeal as untimely. 4. Improper interpretation of contractual rules regarding conflict resolution between the parties.
Regarding the first axis (refusal to classify the suspension of works as "force majeure" or "onerous event"), it specified that UFG claimed as extra costs: a) payment to the subcontractor Ghella Sogene C.A., Sucursal Costa Rica, for the purchase of materials and unbudgeted work performed, b) costs and expenses for aqueduct infrastructure due to orders from “governmental” bodies, c) costs and expenses for environmental requirements, due to the resolution of the Environmental Administrative Tribunal, d) expenses and costs for payments to a Hydrogeologist by order of governmental bodies; e) payments made to the environmental regent, caused by decisions imposed by the Constitutional Chamber and the Environmental Administrative Tribunal. The judgment stated that UFG's core argument is that because it had an environmental management plan and an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental, EIA), these expenses were not technically or legally foreseeable. However, after examining doctrine on force majeure and acts of God, it relied on testimonial evidence from ICE officials and UFG's project manager to conclude that it was not possible to rule out impacts on springs (nacientes) during the excavation of a tunnel and that, furthermore, it was possible that, during the development of a project, impacts not foreseen in the environmental management plan, or in the environmental impact assessment, could occur. It also noted, based on the testimony of UFG's employee, that during excavation they encountered unidentified “faults” that connected at some points with shallow aquifers, which were affected but recovered over time. Based on this evidence, the judges concluded that the existence of the environmental impact assessment and the environmental management plan did not make what happened unforeseeable and ruled out that the causes of the suspension could be classified as force majeure or onerous events according to the contract, because it was foreseeable that, due to the tunnel excavation, geological or hydrological impacts would occur. The judgment affirmed that the plaintiff, according to the text of the contract, declared detailed knowledge of: the project to be carried out, the conformation of the terrain, the location of the works, as well as all factors that could influence the execution and cost of the plant. In addition, it stated that the BOT administrative contract modality made UFG solely responsible for the construction of the works, so that this business modality transfers the responsibility and risk of construction to it, which included “complying with obligations regarding environmental standards”. It also added that, under the BOT contracting scheme, it could not be accepted that the developer proved additional expenses incurred unilaterally, if the entire execution of the business was not analyzed comprehensively, that is, construction and operation phases, which would allow assessing eventual savings in addition to additional expenses. Furthermore, when analyzing the accounting certification of extra costs presented by UFG, it noted that the expert who prepared it admitted at trial that he evaluated the invoices supporting the expenses incurred in the 2004-2006 period, based on a document prepared by the plaintiff, for which he concentrated on verifying the amounts contributed from the expense classification prepared by that company, without having reviewed audited financial statements, nor having carried out a joint and global analysis of additional costs and income. It added that to recalculate the internal rate of return, this professional started from the numbers provided by UFG. Finally, it noted that the expert himself admitted that, since most of the project's life had elapsed, the possibility of determining whether there was damage or impairment to that rate of return was limited. Now, as for the second argumentative axis of the complaint (incompetence of the Deputy Manager of Electricity to reject the economic recognition of the costs of the suspensions), the judgment considered, in this regard, that UFG's request rather required a pronouncement from that Deputy Manager and, furthermore, if the plaintiff did not agree with that action by that Deputy Management, it should have petitioned the Coordination Committee, but it did not do so, as it chose to file appeals through the hierarchical scale. Regarding the third axis of arguments raised in the complaint (in which it claimed the illegality of the rejection of its appeal as untimely), the judgment noted that, contrary to the plaintiff's thesis, Article 346 of the Ley General de la Administración Pública was indeed applicable, in accordance with the provisions of Article 20 of Law 8660 (Ley 8660), therefore ruling out illegality in the rejection of the appeal as untimely. Finally, regarding the last pillar of the judgment (improper interpretation of contractual rules regarding conflict resolution between the parties), the judgment concluded that according to the contract, arbitration was regulated as a possibility, but not as an obligation to elucidate disputes between the parties. Based on all of the foregoing, the Trial Court upheld the lack of right and denied the complaint. It also imposed both costs on the plaintiff. Not being satisfied with what was decided, UFG filed an appeal for cassation, in which it invokes procedural and substantive grounds.
PROCEDURAL GROUNDS
IV.In its first objection, it alleges non-observance of the rules for the notification of the judgment, for the following reasons. The trial began on March 15, 2016, and concluded on June 23, 2017, having been declared of complex processing. The judgment should have been notified fifteen business days after the conclusion of the trial, that is, on July 14, 2017. On that date it was notified by an electronic means but, in accordance with Article 38 of the Ley de Notificaciones Judiciales, it must be deemed notified until the following business day, that is, July 17, so the notification was verified out of time.
V.The allegation is not receivable. As this Chamber established in its judgment no. 373-F-S1-18 of April 26, 2018, the legal and regulatory requirements related to the date of issuance and communication of the judgment, in complex proceedings, require that it be issued in writing and communicated within the 15-day period, under penalty of nullity (articles 111, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 82, subsection 1 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). Now, Article 38 of the Ley de Notificaciones Judiciales establishes: “When an email, fax or mailbox is designated, the person shall be deemed notified on the "business" day following the respective transmission or deposit. However, any time period begins to run from the business day following notification to all parties.” (The emphasis is supplied). This precept, unlike what is maintained by the appellant, deals with regulating how to count the period after a judicial decision is communicated, for the purpose of eventual subsequent incidents or appeals, not to define the date of effective notification of the decision being notified, which takes place at the moment this is verified. Given that, in this matter, the judgment was issued one day before the fifteen-day period for its issuance was completed and it was communicated the following day, that is, the last day of the period enabled by the law for this purpose—as the appellant admits—the claimed invalidity is ruled out.
VI.In the second procedural objection, it alleges these reasons. The trial began on March 15, 2016, the Court being composed of Rosa Cortés Morales, Paulo Alonso Soto and Jonatán Canales Hernández. Given that there were inconsistencies regarding the expert report, the Court ordered the expert to expand his report. The trial continued on June 22 and 23, without one of the judges who initially composed the Court, since the last judge was replaced by Lourdes Vargas Castillo. The oral trial was held with a different composition, so “it could be said that the continuation of the trial was carried out with a number of judges less than the law requires.” According to the Court, what happened on March 15 was not part of the oral trial, because the full adversarial phase was not carried out, but rather only a procedural cleansing aspect was addressed. This interpretation does not coincide with the audiovisual recording of the hearing, because on March 15, 2016, the judges commenced the oral and public trial. No rule states that the trial begins from the adversarial phase. According to ordinal 99 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, it begins with “miscellaneous” topics that form part of the oral and public trial. The thesis that the trial only began until June 22 lacks support in what happened on March 15, 2016. The Code does not provide that the trial only begins when the Court takes the evidence. The judges who began the trial cannot be replaced. The requirements of immediacy and the judge's physical identity are breached.
VII.It is not correct, for the reasons that will be stated. In the trial hearing, originally set for March 15, 2016, the Court was composed of the following judges: Paulo André Alonso Soto, Rosa Cortés Morales and Jonatán Canales Hernández. Once the hearing was opened and the definition of the object of the process was sought, it moved to the procedural cleansing stage. In it, the parties made a series of statements regarding the expert reports. After the corresponding deliberation, the Court ordered one of the experts to proceed to expand his expert report, defining the aspects he should assess and proceeded to suspend the hearing. The expert subsequently submitted his resignation, which the Court rejected. After that, this expert submitted the expansion, timely communicated to both parties, after which a new date for the debate was set, established for June 22, 2017. On this occasion the Court was constituted with Judge Alonso and Judge Cortés, but Judge Canales was replaced, for unspecified reasons, by Judge Lourdes Vargas. In this new hearing, the stages previously verified were repeated in their entirety. That is, the object of the process was read again and space was again opened for procedural cleansing aspects. Immediately, the parties' opening arguments were given and the admitted testimonial evidence was taken. The following day, June 23, the pending evidence was continued, conclusions were issued, and the debate was closed. This recount shows that the Court, in both cases—prior to the expansion of the expert report and after it—was fully composed of the number of judges established by the law (Article 71 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) and given the partial change in composition, the previously verified stages corresponding to the debate were repeated in their entirety, so that not only was the number of judges established by the law for that stage met, but also, the principle of immediacy was protected and the requirement of the judge's physical identity was safeguarded.
VIII.In its third objection, it reproaches the following. It did not formulate any claim related to declaring the harmfulness (lesividad) of the challenged acts. The judgment could not revoke administrative acts that were favorable to it. The limits of the claims were exceeded by “reviewing” an administrative decision whose nullity was not requested and an administrative act that benefited it was revoked, without being before a harmfulness (lesividad) proceeding, thereby incurring in incongruence. From proven facts no. 24 and no. 32 it is extracted that ICE acknowledged the suspension of works for 114 days, for causes beyond the parties' control. That is equivalent to affirming that the company had no responsibility for that suspension. This is detailed in proven fact 36, because ICE stated that, as the developer company was not responsible, it did not charge a fine or penalty for those suspensions and agreed to extend the construction period of the work by that period. Despite this, the judgment resolves against what ICE itself had determined, violating articles 119 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, as well as 9 and 155 of the Código Procesal Civil. The Court does not admit that the environmental impact assessment and the environmental management plan made the events that arose unforeseeable and rules out that the causes of the suspension can be classified as force majeure or onerous events because, in its thesis, the tunnel excavations made it foreseeable that geological, hydrological, and social impacts would occur. However, this issue was not subject to discussion. The judgment contradicts itself, as it admits that the suspension was not due to the action of ICE or the plaintiff. Through communication S.S.E.-1756.2005 of October 26, 2005, ICE acknowledged that the suspension of the works was due to causes beyond its control. It never requested the nullity of that communication. The judgment addressed an issue outside the claims and revoked a firm administrative decision that recognized its subjective right not to be considered responsible for the suspensions. It is evident that the judgment “implicitly revoked” ICE's decision.
IX.It is not correct. The judgment does not “revoke”—neither tacitly nor expressly—any administrative act favorable to the plaintiff's interests. A reading of the operative part of the judgment is sufficient to verify that, in it, the Court restricted itself to rejecting the complaint, that is, it denied the nullity requests made, rejected that the suspension of the works qualified as force majeure and denied the restitutionary claim. Moreover, its counterpart limited itself to opposing its petitions, without formulating any claim to declare its acts harmful (lesivos), so that the judgment did not make any pronouncement in this regard. By itself, the objection must be denied, as no dissonance is verified between what was submitted for debate and what was decided. If what it intended with its censure was, in reality, to express disagreement with the merits of what was decided, its allegation could not be examined as a ground for cassation for substantive reasons, because it lacks the indispensable legal foundation to address it in that manner, as required by Article 139, subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo.
X.In the fourth ground, it raises the following. The judgment errs in considering that the complaint assumes a claim for damages, when in reality it is for restitution of the price. For some unexplained reason, the judgment changes the restitutionary nature of the claims to one for damages. Damages are not sought, so Article 190 of the LGAP does not apply, but rather it seeks restitution of the price for unbudgeted and unforeseeable cost overruns, in exercise of the right to patrimonial intangibility recognized in Article 18 of the LCA. The judgment should have stated the reasons why it considered the claim to be for damages.
XI.The objection must be rejected. It is true that the Court initially affirmed the damages nature of the plaintiff's claim, as it indicated: “(...) it is defined without any doubt whatsoever that in the case an indemnity claim is being analyzed for costs that the plaintiff company had to incur, to guarantee the continuity of the project offered within the framework of an administrative contracting under the BOT modality. (...)” (folios 35 and 36). However, in the grounds of the judgment it stated: “(...) on the issue of price readjustment, the position of our Courts is unanimous in accepting that they are recognized in every contract entered into with the State and are recognized not as an indemnity but as a legal mechanism for restoring the economic-financial equilibrium of the contract (...).” Thus, what the judgment shows is an initially imprecise handling of the terms in question, which does not, in any way, constitute a defect in reasoning. Furthermore, the decision of the lower court's jurisdictional body contains the reasons why, as nullity did not succeed, nor was the plaintiff found to be in a case of force majeure, it considered it improper to grant its pecuniary claims. Therefore, the judgment does not suffer from a problem of reasoning in this regard. In sum, for all the explicit reasons, its procedural objections must be denied.
SUBSTANTIVE GROUNDS
XII.In this section, the analysis of its substantive objections corresponds. Now, the appellant presents them without sequential numbering and does not articulate them in the same order of analysis as the judgment, that is, following the argumentative axes that the judgment found in the complaint. Therefore, for greater clarity, they will be reorganized and regrouped following the sequence of analysis of the judgment, in order to facilitate their understanding and approach. To this end, it is worth recalling that the first pillar of the complaint was that the suspension of works corresponded to force majeure or an onerous event, which was ruled out by the Court. Now, the core reasons on which it based that criterion, according to the recount included previously, were the following: a. the suspension does not correspond to force majeure because it was foreseeable. b. the nature of the contract is BOT (Built, Operate and Transfer), therefore the contractor assumed all the construction risks and, within them, the environmental ones. c. the contractual imbalance must be demonstrated from a global analysis that includes construction and operation of the project, not just the construction phase. d. the accounting certification and the expert's expansion lack credibility because they started from data provided by the plaintiff, did not examine audited financial statements, omitted to consider the entire life of the business and, as most of the contract's term had elapsed, it is difficult to identify if there was a financial imbalance.
XIII.Regarding these reasonings of the judgment, UFG raises the following disagreements. First. Article 18 of the Ley de la Contratación Administrativa was not applied. When a contractor faces costs for risks inherent to the activity for which it was contracted, it must assume those expenditures, but if they come from unforeseeable causes, it is the Administration that must compensate those imbalances causing the economic disequilibrium. The bidding documents required that the cost budget for the hydroelectric project be detailed, which it estimated at US$71,995,000.00. In addition, it complied with all the prior environmental requirements for execution. In administrative channels, 114 days of delay in the delivery of the works due to the suspension were acknowledged, so that it was exempted from responsibility for that event, but the cost overruns associated with it were not recognized. The judgment rejects the application of that rule, alleging that the risk of the suspensions was foreseeable, despite the fact that ICE itself indicated, in administrative channels, that it was not. The judgment maintains that in BOT contracts the contractor must assume all risks, so it is not appropriate for the Administration to recognize price readjustments for unforeseeable supervening events. Prevalence should not be given to the provisions of an administrative contract and to the statements of the interested party's witnesses. The regulatory framework governing the contract is Law No. 7200 (Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela) of September 28, 1990, without any rule therein establishing an extremely broad and unlimited liability regime for the contractor. No legal rule stipulates that ICE contractors have a more burdensome and heavier liability regime than that applicable to other contractors. In accordance with the normative hierarchy of Article 6 of the Ley General de la Administración Pública, the judgment should have paid attention “first” to the law over the letter of the contract. Furthermore, the statements of ICE's own witnesses on a legal issue are useless to prove the legality of a contractual provision. The contract is not above the law, but subject to it. “The task (…) was not to find the provisions of the contract on which ICE based its actions to act as it did,” excluding the application of Article 18 of the Ley de la Contratación Administrativa. Second. According to the judgment, Law 8660 (Ley 8660) empowered ICE to enter into BOT contracts. However, that law and its Regulations are inapplicable, because they are subsequent to the signing of the contract. The regulation enabling the “misnamed” BOT contract is the Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela and Executive Decree No. 24866-MINAE of December 12, 1995. The judgment confuses two similar, but not identical, contractual modalities, because BOT and turnkey (TKC) are not the same. Article 24 of the Regulation to Law 7200 (Ley 7200) was improperly applied, given that the specific regulation of the contract was overlooked and the BOT model was analyzed based on biased doctrine. “Pursuant to Article 4, subsections h) and i) of the Regulation to the Ley de Contratación Administrativa, the provisions of the bidding documents and the contract are applicable to this contracting. If there is no specific regulation, the principles of public law are applicable (…)” and, in the absence thereof, doctrine, as the principles of patrimonial intangibility and economic-financial equilibrium of administrative contracts have constitutional roots. Third. The principles of fair distribution of public burdens, patrimonial intangibility and economic-financial equilibrium of contracts were violated. According to the latter, normal or foreseeable risks are those that form part of the ordinary alea. The suspension of works cannot be considered a normal part of the alea. The resolution does not allude to any legal rule to justify that the suspension of works due to judicial and administrative actions can be considered a normal or ordinary risk, or a foreseeable risk. The only reference is that in a BOT model the risk is always the contractor's, which violates the principle of economic-financial equilibrium. In Considerando IX, an analysis of the contractual obligations is carried out, which does not consider the will of the contracting parties due to the Court's “fear” of “denaturing” the BOT contract modality. The form of the contract does not prevail over constitutional principles. The risk of judicialization cannot be attributed to any of the parties. It is not the voluntary, deliberate, or negligent action of any of the parties that produces the risk. Therefore, it must be classified as external. The suspension does not form part of the commercial or business risk. The works are built for the Administration. The contractor could not expect the precautionary measures imposed by unfounded judicial actions. A certain conduct can be foreseen, but not the magnitude of the negative effects. The risk of judicialization exceeds the normal contractor's capacity for foresight. Attributing the risk to it is obliging it to the impossible, which is to foresee all risks. Regarding the economic and financial equation of BOT contracts, the Court starts from two mistaken premises; that the equilibrium of the financial equation entails “breaking even” between unexpected expenses and unexpected savings and that the entire contractual relationship must be assessed to determine if there is an imbalance, which would mean that one must wait the 17 years of commercial operation to claim an imbalance that occurred in the first 3 years of construction. Economic equilibrium entails the equivalence between the obligations that the contractor must fulfill, especially in terms of the investment committed and made and the obligations under the Administration's charge, so as not to distort the originally structured profitability. There does not necessarily have to be a real equivalence, but rather the obligation to maintain the initial equivalence set by the parties when formalizing the contract. The judgment's position is contrary to the Constitutional Chamber's vote no. 6432-98, according to which the readjustment of prices, as a mechanism to maintain economic equilibrium, arises from the submission of the offer and originates from situations unforeseen by the parties, so that the contractor does not assume irrational risks. By limiting the right and the constitutional principles of economic-financial equilibrium and patrimonial intangibility, the constitutional block is violated and fraud of law is incurred, as through the choice of a contractual model the legal system is circumvented and the Administration obtains a more expensive work at a lower price, incurring in a case of unjust enrichment.
XIV.The normative reference framework to elucidate the controversy submitted for jurisdictional examination is, indeed, Law 7200 (Ley 7200), called the Law that Authorizes Autonomous or Parallel Electrical Generation (Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela), issued in October 1990. In it, autonomous or parallel generation is defined “as the energy produced by electric power plants of limited capacity, belonging to private companies or cooperatives (…)” and those plants, in turn, are categorized as “(…) hydroelectric plants and (…) non-conventional ones that do not exceed twenty thousand kilowatts (20,000 KW).” (articles 1 and 2). The regulation in question authorizes ICE to buy electrical energy from those plants, in blocks not exceeding fifty thousand kilowatts of maximum power (article 20). The contractual framework through which this is to take place is outlined in Article 22, according to which: “Electricity purchase-sale contracts may not have a term of more than twenty years and the assets of the operating electric power plant must be transferred, free of cost and encumbrances, to ICE at the end of the contract term.” Thus, this energy sale, in reality encompasses a much broader business, because it covers the transfer, to ICE, of the operating hydroelectric plants, after a certain period. Now, that obligation to transfer the plant presupposes, furthermore, that it was developed (built) on behalf of the contractor, who operates it and sells the energy and after the established term and contract conditions are fulfilled, transfers the plant that previously belonged to it. In this way, in the rule in question some elements are outlined of what the Court, based on foreign doctrine, referred to as Build, Operate and Transfer contracts (BOT for its acronym in English). Now, the legal framework does not contain any regulation regarding risks, unforeseeable events, force majeure, or economic equilibrium of the contract. Nor does it establish the supplementary framework to which one must resort if necessary. In this regard, one must make use, as the appellant rightly states, of what the Ley de la Contratación Administrativa provides for this purpose, by virtue of the expansive scope of its application, derived from what is provided for by its first article. Its Article 18 establishes: “Except when expressly stipulated different parameters in the terms of the respective bidding documents, in works, services and supply contracts, with persons or companies from the construction industry, the Administration shall readjust prices, increasing or decreasing them, when direct or indirect costs, strictly related to the work, service or supply vary, through the application of mathematical equations based on official price and cost indices, prepared by the Ministry of Economy, Industry and Commerce. (…)” (The emphasis is supplied). From this it is inferred, then, that the readjustment of prices due to variation of costs related to the executed work will be the rule, but one must review if the contract (reflecting the provisions of the bidding documents) contains special or particular provisions in this regard, which would be of prevailing application. Therefore, it is necessary to turn to it to determine what it regulated regarding the contractor's obligations related to the construction of the plant and whether it contained—or not—aspects related to the economic-financial equilibrium of the work to be built, in the face of events that occurred in that stage. According to the recount of proven and uncontested facts, the contract provided that UFG would be responsible for the “(…) financing, design, procurement, construction, testing, commissioning, operation, maintenance and transfer of the hydroelectric plant” and the contractor stated “(…) that it carefully studied the project to be carried out, its nature, location, composition and conformation of the terrain, the normal and extreme weather conditions that occur or may occur, not only at the site of the works, but also in the area where they are to be executed (…) and all other factors that may influence the execution and cost of the Plant (…).” (The emphasis is supplied).
In paragraphs 3, 4, and 5, it was also noted that UFG "declares that it understands, accepts in all its scope, and will comply with, execute, and act in full accordance with the Costa Rican legal system applicable to it in the execution of this contract, whether criminal, civil, administrative, labor, or of any other nature (...) it shall be responsible for direct damages of any nature resulting from its actions or omissions arising from the execution of this Contract. (...) it undertakes to comply with Costa Rican environmental legislation in all its scope, as well as to apply standard internationally accepted practices, such as those of the World Bank, to prevent any impact that the Project or the Plant may cause to the Environment during the term of this Contract." (Emphasis added). In summary, UFG was responsible for designing, financing, building, operating, and transferring the plant, carefully studying the terrain's composition and all other factors that could influence execution and costs; it would be responsible for direct damages of any nature resulting from its actions or omissions, while also having to comply with environmental legislation and prevent environmental impacts. Now, the contract also defined "force majeure" as "any event that (i) could not have been foreseen, or if foreseen, could not have been resisted, and that (ii) affects the contractual relationship and physically makes the execution of this Contract impossible or becomes so onerous that it breaks the economic balance of this Contract and hinders the continuation of its execution, temporarily or permanently, for both parties." The contract classified as "onerous events" those that: "correspond to any act or omission of the Government (...) or incident therewith, that prevents the fulfillment of this Contract (...) or breaks its economic balance such that it is significantly reduced or affected in a substantially adverse manner (...) in terms of its net economic return on its investment in the Plant." That is, "force majeure" was defined as unforeseeable or irresistible events that made the execution of the contract impossible, or became "so" onerous that they broke the economic balance, and it specified that an "onerous event" would be actions by the "Government" that break its economic balance, substantially reducing UFG's return. All this account shows, in summary, that according to the contract: a) UFG assumed the obligation to consider all factors affecting costs related to the construction of the work, b) it was responsible for damages, of any nature, resulting from its action or omission, c) it was obliged to prevent the environmental impact of the project, and d) stipulations were regulated to seek financial balance in case of imbalance due to unforeseeable or irresistible events affecting the financial balance. The appellant insists that the stoppage of works by judicial orders is an unforeseeable event, which generated expenses that broke the financial balance. However, in the opinion of this body, the approach to the issue is mistaken, as it ignores the background that gave rise to that stoppage. That is, instead of determining whether the judicial order to stop the works was foreseeable—or not—it is appropriate to locate the event that generated that stoppage order, with the aim of defining whether it should have been foreseen, addressed, or avoided by UFG, according to its contractual obligations, or, on the contrary, having no obligation to foresee, address, or avoid it, it is unforeseeable. From the facts of the lawsuit, it is extracted that the intervention of judicial and administrative authorities—within the respective scope of their powers—occurred after residents of the community of Tucurrique and surrounding areas saw their water supply affected, as a result of alterations to the springs (nacientes) that supplied them. It is appropriate, then, to examine the causes that generated these effects. According to the evidence taken in the case file and, in particular, from the testimony of Rolando Vega Beirute, former Head of the Project developed by UFG, during the excavation "faults were found that had not been seen and so those faults connected the shallow aquifer with the tunnel (...) when excavating the tunnel, some aquifers were affected that recovered after a certain time." Thus, it was these excavation works that temporarily affected the springs (nacientes). According to the ruling, from Mr. Vega's own testimony, two evidentiary elements of singular importance are also extracted: 1. the impossibility of ensuring that the excavation of a tunnel would not cause impacts to springs (nacientes), and 2. that the existence of an environmental management plan and an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) did not rule out alterations not originally foreseen in them occurring. This is of singular significance because one of the cassation appellant's arguments is that this event that occurred with the aquifer, not being contemplated in its environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), nor in the environmental management plan, was unforeseeable. In this regard, it is worth considering that the special legislation itself dealing with this type of administrative contracting leaves no doubt about the preventive, but not exhaustive, nature of the environmental management plan. Note that Article 10 of the Law that Authorizes Autonomous Electrical Generation states that the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) essential for this activity must include "as a minimum," among other aspects: "a) Indication of the possible impact of the activity on the natural and human environment. b) Unavoidable adverse effects (...) c) Sustained effects on (...) water quality (...). e) Effects on human populations and settlements. Reforestation programs, soil erosion control, and water and air pollution control (...). g) Contingency plans to prevent, detect, and control harmful effects on the ecosystem." (Emphasis not from original). That is, it corresponds to an anticipation, prevention, mitigation, and resolution of possible environmental impacts, but does not guarantee that additional incidents may occur, as the witness acknowledged. According to the statement of the witness in charge of the work, the fact that environmental studies or plans existed and that they did not foresee the potential impact on springs (nacientes) did not rule out the possibility that aquifers could be affected by the tunnel excavation. The statement of this witness provided by the plaintiff is also corroborated by the testimony of Alexander Solís Barboza, Engineer and Director of the Engineering Business for the ICE's Electricity Sector, who stated: "when you build an underground work you are touching the geological environment you do not know in advance everything that will be found during the excavation, because you determine what exists there by indirect methods by geophysical methods (...) and by drilling, with that geologists and geotechnical engineers establish a model, but it is a model, it is not reality, it is what is foreseen that may exist, so to assure that you managed to map all possible geological accidents that the environment has is impossible, you may not have been able to detect them by any of these indirect methods and during the excavation process (...) you hit a fault a fracture and through that fault or fracture a connection could occur that impacts one or two or several specific aquifers, so being able to say that it will never be affected is let's say impossible, there is always risk and one must always be prepared to take charge when that situation arises in a tunnel." That is, both testimonies agree that the drilling of a tunnel entailed—as a potentially associated event—the impact of faults that in turn would impact aquifers. Thus, in summary, its lack of inclusion in the plan and in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) did not rule it out as a potential event, or if preferred, did not allow it to be classified as unforeseeable. Now, if this technical information is weighed against the obligations assumed by UFG and, in particular, its duty to study "(...) carefully the factors that may influence the execution and cost of the plant," to answer "for direct damages, of any nature, resulting from its actions or omissions arising from the execution of this Contract," and to "(...) prevent any impact that the Project or the Plant may cause to the Environment during the term of this Contract," this body reaches the conclusion that, in accordance with the terms of the contract and considering the nature of the works to be executed, the materialized impact on the aquifers that affected the residents was an event that could reasonably occur, even if not anticipated by the environmental studies, and that, if it materialized, should have been addressed by the contractor. However, by failing to do so, a series of additional events were triggered that led to the excavation stoppage orders, which ensued as a consequence of the omission to foresee and timely address that potential impact. As such, the eventual economic impacts this could have produced on the costs initially foreseen by UFG are not, for the reasons stated, transferable to ICE, since, it is reiterated, the event that caused the stoppage ensued as a consequence of UFG not making provisions for the incidents reasonably associated with the excavation of a tunnel for a hydroelectric plant, and which, according to the text of the contract, it was responsible for anticipating and assuming. For all the foregoing, it is ruled out that the stoppage of works and the extra costs the plaintiff had to incur were due to a case of force majeure (fuerza mayor), as the situation that triggered the stoppage of that work (impact on the aquifer) was foreseeable and should have been addressed by the contractor. The foregoing also excludes the violation of Article 18 of the Law on Administrative Procurement (Ley de la Contratación Administrativa), since the contract contained special regulations in this regard, which were to be applied preferentially, as that same article refers. Moreover, this is not an extremely broad liability regime, as alleged, but rather the consequence of the distribution of responsibilities and obligations assumed by the parties according to the contract and publicized in the tender specifications (cartel), so that it is not ICE's responsibility to cover the omissions in addressing UFG's own duties. Furthermore, the appellant is not correct in asserting that ICE admitted, at the administrative level, the unforeseeable nature of what happened. According to the factual framework held as indubitable, as of August 31, 2004, the Deputy Manager of Electricity rejected the recognition of extra costs, as he argued that the problem that led to the stoppage of the tunnel works "was foreseeable and the solution should have been anticipated" (see in this regard proven fact 21). Therefore, even though ICE approved an additional time extension for the works, that does not equate, as it seems to assume, to an admission that this event was due to force majeure (fuerza mayor), since it expressly stated the opposite. While the party is correct that the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, invoked by the Court in its judgment, was not applicable to the dispute—since it came into force after the debated facts—the normative account set out in this section, which reaches the same conclusion, dispenses with it. The appeal also does not demonstrate that the aforementioned confusion regarding BOT and TKF contracts—if it existed—leads to a modification of the substance of what was decided. Furthermore, although it reproached that pronouncement for being based on "biased doctrine," the appellant did not provide homologous criteria contrary to the conclusions already outlined and only relied on Article 18 of the Law on Administrative Procurement (Ley de la Contratación Administrativa), which, as already noted, leads to the consequences already indicated. Finally, its argument regarding the existence of an erroneous premise in the ruling, by pointing out that to define the economic balance, "the entire contractual relationship" must be assessed, its objection lacks interest. This is due, firstly, to the fact that the criteria outlined by this Chamber, regarding the lack of verification of a case of force majeure (fuerza mayor) in the stoppage of the excavation works, make it unnecessary, and secondly, the censure does not support—with any argument—the reason why it considers that reasoning inadequate. That is, its reproach, in this regard, is limited to pointing out an error without justifying it, so it lacks the necessary legal foundation essential to enable its analysis, under the terms required by Article 139(3) of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo). In sum, for all the reasons stated, its objections regarding this pillar of the ruling must be denied. For additional reasons, it is worth noting that, even in the event—ruled out—that the regulations and the contract allowed the plaintiff's thesis to be sustained, the Chamber would be unable to grant the amount requested by it. It should be recalled that the Court ruled out the possibility of extracting evidence from the accounting certification on the basis of which it was intended to demonstrate the amount of the extra costs, outlining the reasons why that estimate did not deserve credit. Against those reasonings, the appellant formulated no objection. Therefore, the necessary evidentiary basis to grant the amount claimed would be lacking, so, given the absence of essential elements for quantification, the restitution claim could not prosper, due to a lack of undiminished evidence justifying the sums claimed.
XV.Now, as was outlined, the second pillar of examination contained in the judgment ruled out the incompetence of the Deputy Manager of Electricity in rejecting UFG's request seeking recognition of the costs associated with the stoppage of the tunnel excavation. In its sole argument on this point, the appellant alleges the following. Articles 93 and 94 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública) were disapplied, as the Deputy Manager of Electricity assumed (avocó) powers of the Coordination Committee. According to clause 14.4 of the contract, the entity responsible for resolving conflicts was the Coordination Committee. When it filed the claim for recognition of the time extension and extra costs, the Committee analyzed the issue and determined that 89 days of delay were not attributable to it. That Deputy Management endorsed this criterion. After that, the Committee did not meet again, and the ICE representative was the one who had to convene it. Therefore, on December 6, it asked the General Manager to reactivate that Committee to complete the analysis of the issues under dispute and insisted on the request on August 14, 2006. The Deputy Manager resolved by substituting the powers of the Coordination Committee, which accounts for an illegal assumption of jurisdiction (avocación), as he did not meet the requirements of Article 166 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública). The judgment does not explain the reasons why it dismisses the improper assumption of jurisdiction (avocación indebida) and rather suggests that it was a mistake to direct the request to the Deputy Manager of Electricity. However, the requests to reactivate the Coordination Committee were directed to the General Manager and not to the Deputy Manager of Electricity. It is also not true that the Committee was in meetings at those times, because the notes required it to meet again, as it had not done so since early 2005. The assertion that the requests were presented to the Deputy Manager of Electricity lacks proof, as they were directed to the General Manager. The judgment does not cite legal standards to support the lack of illegal assumption of jurisdiction (avocación), and incurs in the disapplication of Articles 93 and 94 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública). The Deputy Manager's assumption of jurisdiction (avocación) would only have been valid if he acted as a superior body to the Coordination Committee and exhausted the administrative channel, but that relationship was not established, so it is illegal. Neither did the Deputy Manager exhaust the administrative channel, because according to Article 126(b) of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública), that competence corresponded to the ICE's Board of Directors, according to its founding law. Therefore, the two fundamental requirements for there to be an assumption of jurisdiction (avocación) were not met by the Deputy Manager of Electricity.
XVI.In order to resolve the issue raised, it is convenient to revisit some of the proven facts of the ruling, for greater clarity of what will be said. As was noted, after the stoppage of the tunnel excavation works, UFG requested, on August 19, 2004, before the General Manager of ICE, that the deadline for completion of the tunnel works be postponed by 25 days and that the respective amounts be recognized for the works and studies that had to be carried out to execute the Chamber's order, as well as the sums resulting from the adverse economic effects resulting from the stoppage. The Deputy Manager of Electricity responded to this request in official letter 510-49786-2004 SSE 1449-2004 of August 31, 2004, communicating that the stoppage did not qualify as force majeure (fuerza mayor) or an onerous event, because the problem could have been foreseen and the solution anticipated. UFG filed a reconsideration of that decision—before that Deputy Management—and indicated that if no agreement was reached within 60 calendar days, they would invoke the conflict resolution procedure. In official letter 510-54376-2004 SSE 1644-2004 of September 29, that Deputy Management reiterated the impossibility of granting any recognition of the costs derived from the orders of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), admitted 25 days of delay for the delivery of the work, and reported that the decision to resort to arbitration had to be submitted for consideration by the Board of Directors. Now, the Coordination Committee had the function of—pardon the pleonasm—coordinating communication between the parties and facilitating actions and discussions necessary to achieve agreements but, if none were achieved, the highest authorities of each party were to deem the administrative channel exhausted. At a meeting of that body on November 30, 2004, it was agreed to create a work team with "technical-legal" personnel from both parties (i.e., a new sub-committee), to verify whether the situations produced by the stoppage of the tunnel excavation works "typify the events agreed upon in the contract and have an impact on costs and timelines." On January 19, 2005, the contractor informed the Electricity Sector Deputy Management that it had restarted the works, reported the adverse consequences in terms of time and cost due to the stoppage which, it stated, corresponded to "unforeseen and unforeseeable onerous events" and again requested recognition of the delay time and the corresponding economic compensation. In official letter no. 00510-8897-2005 S.S.E.325 of February 21, 2005, that Deputy Management requested that the contractor indicate the persons who would join that new technical-legal work team. UFG specified its representatives on September 7 and indicated its interest in addressing issues that qualified as "onerous events," with adverse economic impact, which broke the financial balance. The technical-legal team met on April 6 and 19, May 12, and August 4, 2005, as well as February 20, 2006, at which time it recorded March 1, 2006 as the next meeting. Through note no. S.S.E-1756.2005 of October 26, 2005, the Electricity Sector Deputy Management communicated to UFG that the project construction had been stopped for 89 calendar days, so the entry into operation deadline was displaced by that time. The interested party reminded that Deputy Management, on December 7, 2005, that it was still pending to determine the appropriateness and quantification of cost overruns associated with the construction stoppage, due to events qualifying as force majeure (fuerza mayor), so it requested that the technical-legal team rule on the matter. In a note addressed to the Deputy Manager of the Electricity Sector on August 14, 2006, UFG requested that the reactivation of the economic recognition process be reordered and textually stated: "For all the foregoing, esteemed Mr. Manager, we believe that legally and contractually, my client has the right to have the aforementioned extra costs recognized, associated with the work stoppages decreed by public bodies (...) recognized by that Institute as causes of force majeure (fuerza mayor) or onerous events and we respectfully request you to rule, for the purposes of moving to the next stages of the process." The latter was held as accredited based on the documents from "folios 13518 to 13524 of the administrative file." Thus, as the Court correctly stated, there was no assumption of jurisdiction (avocación), but rather that Deputy Management resolved a direct request that the contractor had made to it so that it would rule, not so that it would forward it. The appellant, in its argument, limits itself to reproaching the ruling for a lack of proof regarding the fact that the request was directed to the Electricity Deputy Management. However, it does not offer any evidentiary element to support its thesis, that is, it does not demonstrate, by any evidence, that the Court incurred an error in assessing those documents from the administrative file mentioned in the ruling which show that the request was directed to that Deputy Management. Thus, again, its argument lacks the necessary legal foundation—in this case based on the evidence—to support its claims. Consequently, by mandate of Article 139(3) of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), it must be dismissed.
XVII.Against the third axis of arguments identified by the ruling (illegality of the rejection of its appeal for reconsideration with appeal in the alternative, for being out of time), the appellant raises the following. Article 346 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública) was improperly applied, as based on it, its counterparty rejected all the appeals filed at the administrative level and declared the appeal for reconsideration (recurso de revocatoria) filed against official letter 510-1230-066 to be out of time. By denying the possibility for superior bodies to review the lower body's administrative decision, due process and the right of defense were violated. ICE alleged a formalism to divert attention. The rule that supported the rejection of the appeals was inapplicable and access to a true administrative procedure was denied, so the actions of its counterparty are illegal. An error is incurred by considering applicable Law No. 8660 for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, which is subsequent to the plaintiff's contract with ICE. The regulation dates from August 2008 and the work was built between 2003 and 2006. Even the first appeal against official letter 510-1230-2006 of September 21, 2006, was filed on October 5, 2006, when Law 8660 had not yet entered into force.
XVIII.The appellant is not correct in its argument. After UFG asked the Deputy Manager of Electricity to rule on its claim for recognition of extra costs, in order to continue with the "next stages," that Deputy Management, in resolution no. 510-1230-2006 of September 21, 2006, reiterated its previous opinion, issued two years earlier, to the effect that it would not recognize those expenses due to their foreseeable nature. On October 5, UFG filed an appeal for reconsideration with appeal in the alternative (revocatoria con apelación) against that opinion, but it was denied as out of time in official letter 510-1737-2006 of December 11, 2006. The Court, resorting to Law 8660, pointed out that according to the hierarchy of sources of that regulation, the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública) was applicable. It added the supplementary nature of Book Two of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública) for cases where another procedure cannot be applied, so it found no defect in it being invoked at the administrative level. Now, the cassation appellant is correct, as previously stated, that at the time of the facts, Law 8660 was not in force, as it dates from 2008 and the facts in question occurred before that. However, as stated, the situation under debate is regulated by the Law that Authorizes Autonomous or Parallel Electrical Generation. Given that the latter omits to refer to any other regulation for what is not provided, one must again resort to the Law on Administrative Procurement (Ley de la Contratación Administrativa), as previously set out, due to its general vocation for application to public procurement matters. Now, its third provision establishes: "Article 3.-Legal regime. The activity of administrative procurement is subject to the rules and principles of the administrative legal system. (…)". Therefore, it is appropriate to resort to what the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública), a normative source of a general and supplementary nature in administrative matters, provides to that effect. Its Article 229 states that the "Second Book" of that law "will govern the procedures of the entire Administration, unless a provision opposes it. (…)". That is, what is regulated in that legal body, regarding administrative procedure, will govern the procedures of the Administration that do not have a special provision in this regard. Within the rules of administrative procedure are those related to appeals, and among them is Article 346 invoked by ICE to deny the appeal for reconsideration (recurso de revocatoria) filed by the contractor, considering it out of time. Thus, in summary, the provision was indeed applicable, which rules out the defect alleged. Note that, in any case, the appellant only challenges that this rule was applied to its claim, without mentioning, even remotely, what other provision, favorable to its thesis, should have been applied. In sum, for the reasons stated, the objection is not admissible and must be denied.
XIX.In its last objection pending review, it alleges a violation of Article 193 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), as it went to court not by choice, but as a last resort, to seek protection against the violation of its rights and interests. The violation of Article 193 occurs for two circumstances, as UFG has the right to claim the tariff adjustment for the extra costs it had to bear and had sufficient reason to litigate because ICE itself acknowledged that the suspension of the work, for the indicated period, was due to extraneous and unforeseeable circumstances, so the claim was justified to recover the financial balance. By condemning it to pay costs, the judgment violates Articles 41 and 49 of the Political Constitution (Constitución Política) and 193 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), as there are ample reasons to uphold its claims and condemn ICE to pay the costs for not timely recognizing the extra costs.
XX.It is not correct. Regarding costs, this body has consistently and repeatedly stated that, in accordance with the provisions of Article 193 of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), the ruling on the economic consequences of the process must be made ex officio, condemning the losing party to pay them. Therefore, the condemnation is imposed on the losing party by the very fact of being so, without this equating to denying the existence of sufficient reason to litigate, nor is its procedural conduct judged as reckless or in bad faith. This means that the existence of an error in the application of the provision cannot be considered, simply because the payment of costs falls on the party that has been unsuccessful in the dispute. Moreover, there is no defect to be controlled for imposing costs on the plaintiff, whose claims were entirely denied.
XXI.As the claims have not prospered and pursuant to the provisions of Article 150(3) of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), they must be rejected, imposing on the plaintiff the payment of the costs incurred in the exercise of this instance.
POR TANTO
The cassation appeal filed is declared without merit. The moving party must pay the costs generated by its filing.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez Rosalena Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial.
Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 07:49:30.
Sala Primera de la Corte Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: SALA PRIMERA Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Sentencia Subtemas:
Plazo para resolver.
Tema: Notificación Subtemas:
Concepto y alcance.
Como el presente proceso se declaró de tramitación compleja, la sentencia debe ser comunicada quince días hábiles después de terminado el juicio. La recurrente manifiesta, fue en el último día que se hizo por medio electrónico. Empero, alega, según el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, se debe tener por notificada hasta el día hábil siguiente. Por ende, considera, la notificación se constató fuera de plazo. Estima la Sala, los requerimientos legales y reglamentarios relacionados con la fecha de emisión y comunicación del fallo, en procesos complejos, suponen que se dicte por escrito y se comunique dentro del plazo de 15 días, bajo pena de nulidad (mandatos 111.1 Código Procesal Contencioso Administrativo y 82.1 Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). Ver resolución 373-2018. Ahora bien, el numeral 38 citado, a diferencia de lo que sostiene la casacionista, norma la forma de contabilizar el plazo luego de comunicarse una decisión judicial, a efecto de eventuales incidencias o recursos ulteriores, no así para definir la fecha de efectiva puesta en conocimiento de la decisión notificada, que tiene lugar en el momento en que se constata. En vista de que el fallo en estudio se dictó un día antes de que se completara el plazo quincenal dispuesto para su emisión y se comunicó el día siguiente -según admite la recurrente-, resulta descartada la invalidez reclamada (voto 2810-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Principio de inmediación Subtemas:
Concepto y alcance.
Tema: Recurso de casación Subtemas:
Casación por razones procesales.
La recurrente alega, el juicio se celebró con una integración distinta. Esta Sala identifica, en la audiencia a juicio, cómo estuvo compuesto el Tribunal. Una vez abierta la audiencia y definido el objeto del proceso, se pasó a la etapa de saneamiento, pero luego se suspendió. En una nueva audiencia, uno de los juzgadores fue sustituido por otra jueza. Empero, se repitieron íntegramente las etapas constatadas previamente. De inmediato se dio lugar a los discursos de apertura de las partes y se practicó la testimonial admitida. En otro día se continuó con la prueba pendiente, se emitieron conclusiones y se dio por cerrado el debate. Con este recuento se evidencia que el Tribunal (en ambos casos) estuvo plenamente integrado por la cantidad de personas juzgadoras establecidas por el ordenamiento (cardinal 71 Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), se tuteló el principio de inmediación y se resguardó el requerimiento de identidad física de la persona juzgadora (voto 2810-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Incongruencia Subtemas:
Concepto y alcance.
La sentencia en estudio no “revoca” ningún acto administrativo favorable a los intereses de la actora, pues de su acápite dispositivo se constata el rechazo de la demanda. De suyo, se deniega el reparo, pues no se constata disonancia entre lo sometido a debate y lo resuelto (voto 2810-F-2020).
... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:
Fundamentación.
Si lo que se pretende es manifestar la disconformidad con el fondo de lo decidido, su alegato no puede ser examinado como motivo de casación por razones sustanciales, porque carece de la fundamentación jurídica indispensable para su abordarle (precepto 139.3 Código Procesal Contencioso Administrativo) (voto 2810-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:
Casación por razones procesales.
Esta Sala aprecia, inicialmente, el Tribunal afirmó el carácter indemnizatorio de la pretensión de la actora. No obstante, en los fundamentos del fallo refirió el tema de reajustes de precios. Así, lo que la sentencia evidencia es un manejo -inicial- poco preciso de los términos en cuestión, pero no supone un defecto de motivación (voto 2810-F-2020).
... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Contrato BOT Built, Operate and Transfer Subtemas:
Concepto y alcance.
La Ley 7200 autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE en adelante) a comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas, en bloques de no más de cincuenta mil kilovatios de potencia máxima (artículos 1, 2 y 20). Su numeral 22, indica: “Los contratos de compraventa de electricidad no podrán tener una vigencia mayor de veinte años y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato.” Así, esa venta de energía abarca el traspaso al ICE de las centrales hidroeléctricas en funcionamiento, al cabo de un determinado plazo. Esa obligación de transferir la planta presupone que fue desarrollada (construida) por cuenta del contratista, quien la opera y vende la energía, y luego de cumplido el plazo dispuesto y las condiciones del contrato, traspasa la central que previamente le pertenecía, es decir, es un contrato de construcción, operación y traspaso (BOT). Dicho marco legal no contempla regulación en torno a riesgos, eventos imprevisibles, fuerza mayor o equilibrio económico del contrato (voto 2810-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Reajuste de precio Subtemas:
Concepto y alcance.
Tema: Contratación administrativa Subtemas:
Reajuste de precio.
La Ley 7200 no contempla regulación en torno a riesgos, eventos imprevisibles, fuerza mayor o equilibrio económico del contrato; por lo que se debe aplicar la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a reajuste de precios (numerales 1 y 18). De ello se extrae, que el reajuste de precios por variación de costos relacionados con la obra ejecutada será la regla, pero habrá de revisarse si el contrato (reflejo de las disposiciones del cartel) contiene disposiciones especiales o particulares que serían de aplicación prevalente. En el contrato, a la actora le correspondía diseñar, financiar, construir, operar y transferir la planta, estudiar cuidadosamente la conformación del terreno y todos los demás factores que pudieran influir en la ejecución y costos, se haría responsable por los daños y perjuicios directos de cualquier naturaleza que resultaren de sus acciones u omisiones, al tiempo que debía cumplir legislación en materia ambiental y prevenir impactos en el ambiente. Ahora bien, la perforación de un túnel para una planta hidroeléctrica conllevaba -como evento potencialmente aparejado- la afectación de fallas que a su vez impactaran acuíferos. Así, su falta de inclusión en el plan y en el estudio de impacto ambiental no le descartaban como evento potencial o no permite catalogarle como imprevisible. Con base en los términos del contrato y en vista de la naturaleza de las obras a ejecutar, la afectación materializada a los acuíferos que impactó a los vecinos, era un evento que razonablemente podía presentarse, aunque no estuviera anticipado por los estudios ambientales y que, en caso de materializarse, debía ser atendido por la contratista. Al no hacerlo, se desencadenaron eventos adicionales que condujeron a las órdenes de paralización de la excavación, lo cual devino como consecuencia de la omisión de prever y atender oportunamente esa afectación potencial. Así las cosas, las eventuales incidencias económicas que esto pudo producir en los costos inicialmente previstos por la contratista, no son trasladables al Instituto Costarricense de Electricidad demandado (voto 2810-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Cambio de competencia Subtemas:
Avocación.
En la especie, como bien refirió el Tribunal, no hubo ninguna avocación, sino que una Subgerencia de Electricidad resolvió una gestión directa que le planteó la contratista para que se pronunciara (voto 2810-F-2020).
... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Aplicación normativa Subtemas:
Contratación administrativa.
La situación debatida se encuentra regulada por la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela (Ley 7200). Dado que ésta omite remitir a cualquier otra normativa en lo no previsto, ha de acudirse a la Ley de la Contratación Administrativa, por su vocación general de aplicación a la materia de contratación pública. Ahora bien, su tercer precepto establece: “Régimen jurídico. La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento jurídico administrativo”. Por ello, corresponde acudir a lo que al efecto dispone la Ley General de la Administración Pública, fuente normativa de carácter general y supletorio en materia administrativa. En torno al procedimiento administrativo, regirá los procedimientos de la Administración que no tengan disposición especial al respecto (ordinal 229). Dentro de las reglas del procedimiento administrativo se ubican las relacionadas con los recursos, donde se ubica el precepto 346 (invocado por el ente demandado) para denegar el recurso de revocatoria planteado por la contratista, por considerarlo extemporáneo. Así, este precepto sí resulta aplicable (voto 2810-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:
Formalidades del recurso.
En el cargo bajo estudio, la recurrente sólo controvierte que el precepto 346 de la Ley General de la Administración Pública se haya actuado a su reclamo, sin mencionar cuál otro precepto, favorable a su tesis, correspondía actuar (voto 2810-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Costas Subtemas:
Condena al vencido.
El pronunciamiento sobre las consecuencias económicas del proceso debe hacerse de oficio, condenando al vencido a su pago (mandato 193 Código Procesal Contencioso Administrativo). Por ello, la condenatoria se impone al perdidoso por el hecho de serlo, sin que ello equivalga a negar la existencia de suficiente motivo para litigar, ni se juzgue su actuación procesal como temeraria o de mala fe. Esto supone que no podrá considerarse la existencia de un yerro en la aplicación del precepto, por el hecho de hacer recaer el pago de las costas en la parte que ha resultado vencida en la contienda. Con todo, no existe defecto que controlar por la imposición de las costas a la actora, cuyas pretensiones fueron denegadas íntegramente (voto 2810-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Res. 002810-F-S1-2020 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a las diez horas horas cincuenta y dos minutos del veintiséis de noviembre de dos dos mil veinte.- En proceso de conocimiento, formulado por UNIÓN FENOSA GENERADORA LA JOYA S.A., contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, la parte actora formula recurso de casación contra la sentencia no. 67-2017-VIII de las nueve horas treinta minutos del trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En este asunto intervienen, como apoderadas especiales judiciales, las licenciadas Mariela Hernández Brenes -actora- y Dafne Sánchez Aguirre -demandado-.
Redacta el magistrado Solís Zelaya
CONSIDERANDO
I.Esta controversia se basa en los siguientes antecedentes fácticos, definidos como acreditados por la instancia previa, en torno a los que no existe controversia. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE en adelante), promovió una licitación pública para el suministro de Bloques de Potencia de Origen Hidroeléctrico, de hasta 50 MW, con base en un contrato de compra de energía que los interesados debían financiar, diseñar, construir, operar, mantener y transferir, sin costo alguno, en el plazo de 17 años. Unión Fenosa Desarrollo y Acción Exterior S.A. resultó adjudicada del Tercer Bloque de Potencia. El contrato correspondiente se suscribió con Unión Fenosa Generadora La Joya S.A. (UFG en adelante), el 25 de abril de 2002. Según el texto del contrato, UFG “será responsable (…) por el financiamiento, diseño, suministros, construcción, pruebas, puesta en marcha, operación, mantenimiento y transferencia de la planta hidroeléctrica”. Conforme al artículo 3 del contrato, UFG “hace constar expresamente que estudió cuidadosamente el proyecto a realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del terreno, las condiciones normales y extremas del clima que se presentan o pueden presentarse, no sólo en el sitio de las obras, sino también en la zona donde ellas han de ejecutarse (…) y todos los demás factores que puedan influir en la ejecución y costo de la Planta (…).” En los acápites 3, 4 y 5 de ese mismo artículo, UFG “declara que conoce, que acepta en todos sus alcances y que cumplirá, ejecutará y que actuará en un todo de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense que le sea aplicable en la ejecución de este contrato ya sea penal, civil, administrativo, laboral o de cualquier otra índole (...) se hará responsable por los daños y perjuicios directos, de cualquier naturaleza, que resulten de sus acciones u omisiones derivadas de la ejecución de este Contrato. (…) se compromete a cumplir la legislación costarricense en materia ambiental en todos sus alcances, así como aplicar prácticas normales de aceptación internacional, como las del Banco Mundial, para prevenir cualquier impacto que el Proyecto o la Planta pudiese ocasionar al Ambiente durante la vigencia del presente Contrato". La empresa se comprometió a tener, como mínimo, una serie de seguros durante el periodo de construcción, dentro de los que se encontraban: “seguro de riesgos del trabajo que cubra a todo su personal (…) seguro contra todo riesgo de construcción", que incluye las Coberturas A (básica) Todo riesgo de construcción que incluye pero no se limita a; incendio, explosión, impacto de rayo, caída de aviones, robo, daños por trabajos defectuosos debido a impericia y/o negligencia, actos malintencionados, falla humana y otros accidentes imprevistos. Cobertura B. Temblor y Terremoto. Cobertura C. Huracán, ciclón, avenida, inundación, hundimiento, deslizamiento y caída de rocas. Cobertura D. Cobertura amplia de mantenimiento por al menos un (1) año después de entregada la obra. Cobertura G. Remoción de escombros, por un mínimo del 10% del valor adjudicado del contrato. Así como un "Seguro por errores y omisiones" que dé cobertura a los errores y/o omisiones profesionales, que deberá cubrir errores de diseño y otros vicios de arquitectura e ingeniería, con un límite de cinco millones de dólares (US$5.000.000,00) por ocurrencia.” Ahora bien, el contrato define “fuerza mayor” como “cualquier acontecimiento que (i) no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido resistirse, y que (ii) incida en la relación contractual y que imposibilita físicamente la ejecución de este Contrato o que resulte tan oneroso que rompa el equilibrio económico de este Contrato y dificulte la continuación de la ejecución del mismo, temporal o permanente, para ambas partes.” También expone como “eventos onerosos” aquéllos que: "corresponden a cualquier acto u omisión del Gobierno (…) u incidente con este, que impida el cumplimiento de este Contrato (…) o rompa el equilibrio económico del mismo de modo que se reduzca significativamente o afecte en forma substancialmente adversa (…) en términos de su rendimiento económico neto sobre su inversión en la Planta.” El artículo 14 estableció que un “Comité de Coordinación” se encargaría de “los mecanismos de comunicación entre las partes”, y estaría compuesto por un representante de la contratista y otro del ICE. El contrato también refiere que durante el período de construcción, los miembros de ese Comité coordinarían las acciones y discusiones necesarias entre las partes, conducentes a lograr acuerdos y, de no obtenerse, las máximas autoridades de cada parte darían por agotada la vía administrativa. En su artículo 17 se refiere al arbitraje en los siguientes términos: “Si durante la ejecución del Contrato surgiere alguna diferencia o disputa entre las partes, que no pueda ser resuelta por acuerdo mutuo en un plazo de sesenta (60) días naturales, o por el Comité de Coordinación según el caso, las partes podrán someter la disputa al mecanismo de arbitraje mediante notificación por escrito a la otra parte. (...)”. Durante los trabajos de excavación de un túnel, se afectaron nacientes de agua y acuíferos de lugar, por lo que vecinos de las comunidades (Tucurrique y alrededores) acudieron a la Sala Constitucional, al Juzgado Penal de Turrialba y a SETENA. La Sala Constitucional ordenó la suspensión de la excavación del túnel, el 13 de mayo de 2004, lo que no abarcó las restantes obras. El cuatro de junio siguiente ese órgano modificó la medida cautelar y autorizó retomar la excavación siempre y cuando la contratista cumpliera con: 1. Abastecimiento de agua a los vecinos, previa coordinación con la Municipalidad, el Regente Ambiental, SENARA y SETENA, se determinen las causas que dieron origen a la alteración de las nacientes que vieron afectado su caudal y, si fuere responsabilidad de la empresa, elabore un plan de recuperación inmediata, realice un estudio de los mantos acuíferos existentes para tomar las medidas correspondientes para su protección, desde un kilómetro antes de la excavación, en coordinación con esas autoridades. Además, podría continuar las obras una vez que el regente ambiental considerare cumplidos los requisitos ambientales y atendidos los requerimientos de esa resolución. Señaló que ese profesional debería informar mensualmente de los estudios y medidas adoptadas, hasta que se resuelva el asunto por el fondo. El 19 de agosto de ese año UFG le solicitó al Gerente General del ICE que se difiriera en 25 días el plazo de conclusión de las obras del túnel y se le reconocieran los montos respectivos por concepto de las obras y estudios que debía realizar para ejecutar la orden de la Sala, así como las sumas que resulten de los efectos económicos adversos producto de la paralización, lo cual demostraría luego de concluir la construcción del túnel. En el oficio 510-49786-2004 SSE 1449-2004 del 31 de agosto de 2004, el Subgerente del Sector Electricidad del ICE le comunicó que la paralización no calificaba como fuerza mayor, ni evento oneroso, porque el problema pudo preverse y la solución anticiparse. UFG planteó reconsideración y señaló que de no lograr acuerdo en 60 días naturales, invocaban el procedimiento de resolución de conflictos. El recurso de amparo que dio lugar a la medida cautelar fue declarado sin lugar en la sentencia 2004-9927 del 03 de setiembre de 2004. Ahora bien, en oficio 510-54376-2004 SSE 1644-2004 del 29 de setiembre, la Subgerencia de Electricidad resolvió la reconsideración reiterando la imposibilidad de realizar cualquier reconocimiento de los costos derivados de las órdenes de la Sala Constitucional, admitió 25 días de atraso para la entrega de la obra, e informó que la decisión de acudir a arbitraje debía ser sometida a consideración del Consejo Directivo. El 21 de octubre de ese año, el Tribunal Ambiental Administrativo emitió una medida cautelar de paralización de las obras. En reunión del Comité de Coordinación, del 30 de noviembre de 2004, se acordó crear un equipo de trabajo con personal “técnico-jurídico” de ambas partes, para constatar si las situaciones producidas por la paralización de las obras de excavación del túnel “tipifican los hechos pactados en el contrato y tienen incidencia en costos y plazos”. El 16 de diciembre siguiente se levantó la medida cautelar impuesta por el Tribunal Tribunal Ambiental Administrativo. El 23 de diciembre de 2004, el Tribunal de Juicio de Cartago, quien también había emitido una medida cautelar en fecha no precisada, levantó la orden de paralización de los trabajos de construcción. Como consecuencia de todos estos hechos, la excavación del túnel estuvo paralizada por 114 días. El 19 de enero de 2005, la contratista informó a la Subgerencia del Sector Electricidad que había reiniciado las obras, dio parte de las consecuencias adversas en cuanto al plazo y el costo por la paralización, que según dijo correspondían a “eventos onerosos imprevistos e imprevisibles” y solicitó el reconocimiento del tiempo de atraso y la compensación económica correspondiente. En oficio no. 00510-8897-2005 S.S.E.325 del 21 de febrero de 2005, esa Subgerencia le solicitó a la contratista que indicara las personas que se integrarían al equipo de trabajo acordado en la reunión del 30 de noviembre. El 07 de marzo de 2005, UFG precisó sus integrantes y señaló su interés en que se abordaran los “eventos onerosos”, con incidencia económica adversa, que rompían el equilibrio financiero y correspondían a: 1. accidentes geológicos imprevistos y razonablemente imprevisibles, generadores de extracostes por la paralización de la tuneladora y del personal asignado para las obras de excavación 2. Costes adicionales e imprevisibles de naturaleza ambiental, causados por decisiones de las autoridades públicas que ordenaron la paralización de las obras de construcción. 3. Ampliación de los plazos de conclusión del proyecto. 4. Extensión del plazo de operación comercial. Ese equipo de trabajo técnico jurídico se reunió los días 06, y 19 de abril, 12 de mayo, y 04 de agosto de 2005, así como 20 de febrero de 2006, oportunidad en la que dejó consignada, como próxima reunión, el 01 de marzo de 2006. Mediante nota no. S.S.E-1756.2005 del 26 de octubre de 2005, la Subgerencia de Sector Electricidad le comunicó a UFG que la construcción de proyecto estuvo paralizada por 89 días naturales, por causas ajenas, por lo que desplazaba en ese tiempo el plazo de entrada en operación. La interesada le recordó a esa Subgerencia, el 07 de diciembre de 2005, que continuaba pendiente determinar la procedencia y cuantificación de sobrecostes asociados a la paralización de la construcción, así como reconocer los acontecimientos que califican como fuerza mayor, por lo que el equipo técnico jurídico debía pronunciarse. En nota dirigida al Subgerente del Sector Electricidad, el 14 de agosto de 2006, solicitó que se reordenara la reactivación del proceso de reconocimiento económico. El 21 de setiembre, mediante nota no. 0510.1230.2006, la Subgerencia del Sector Electricidad le reiteró su posición de que no correspondía reconocer los extracostos conforme le había sido señalado desde el 31 de agosto del año 2004. La interesada formuló revocatoria con apelación, reclamos denegados por extemporáneos en el oficio no. 0510.1737.2006 del 11 de diciembre del año 2006, en el que el ICE reiteró que no existía un evento oneroso ni se constataba desequilibrio económico. El 13 de diciembre la actora presentó apelación por inadmisión, denegada en el oficio no.150-0182-2007 del 09 de febrero del 2007 de la Gerencia General. El 16 de febrero UFG planteó nueva revocatoria con apelación y nulidad concomitante, denegada por el Presidente Ejecutivo, el 10 de setiembre de 2008. La interesada formuló apelación por inadmisión ante el Consejo Directivo del ICE, quien rechazó el recurso mediante oficio no. 0012-356-2008 del 17 de octubre del 2008. El 20 de noviembre siguiente, UFG notificó la solicitud de sometimiento a arbitraje del diferendo, gestión en la que insistió el 19 de febrero de 2009, pero fue denegada por la Gerencia General el 16 de junio de 2009. El 23 de junio siguiente la sociedad apeló ante el Consejo Directivo, que rechazó la gestión en oficio 12-188-2009 del 03 de agosto de ese año.
II.No encontrándose satisfecha con lo decidido, la contratista formuló proceso de conocimiento contra el ICE, en el que solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) oficio 510.1230.2006 del 21 de setiembre del 2006, en el que se le reiteró la improcedencia de reconocer los extracostes pretendidos, b) oficio 0510.1737.2006 del 11 de diciembre del 2006, que denegó la revocatoria y apelación por considerarlos extemporáneos, c) oficio 510-0182-2007 del 9 de febrero del 2007 del Gerente General del ICE, que denegó la apelación por inadmisión, d) resolución de las 14 horas del 10 de setiembre del 2008 del Presidente Ejecutivo del ICE, que rechazó la revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, e) artículo 7 de la Sesión no. 5849 de 14 de octubre de 2008 del Consejo Directivo del ICE, que rechazó su recurso de apelación, f) resolución de las 10 horas del 16 de junio del 2009 del Gerente General del ICE que rechazó la solicitud de sometimiento a arbitraje, y g) Artículo 9 de la sesión no. 5877 del 28 de julio de 2009, del Consejo Directivo del ICE, en la que se rechazó la apelación contra esa última decisión. También peticionó que, como consecuencia de esas nulidades, se ordene a su contraparte dar inicio al procedimiento de arbitraj, para que se dilucide si tiene derecho al reconocimiento de extracostes o erogaciones, así como su cuantía, producto de los gastos en que tuvo que incurrir a causa de las resoluciones dictadas que le obligaron a paralizar las obras de construcción del Proyecto Hidroeléctrico durante durante 114 días, órgano que deberá determinar el ajuste de la tarifa por energía y disponibilidad de potencia para aplicar durante el plazo que reste de vigencia del contrato, pues el equilibrio económico financiero fue reducido por la paralización decretada por esos organismos gubernamentales. De manera subsidiaria peticionó se declare que la paralización de las obras, por las resoluciones de la Sala Constitucional, el Tribunal Ambiental y el Juzgado Penal de Turrialba, califican como fuerza mayor y los costos y gastos asociados a la paralización fueron tan onerosos que rompieron el equilibrio económico y redujeron su rendimiento, por lo que deben ser asumidos por el demandado, pues ascienden a US $7 905 479, más intereses legales, cantidad a cubrir mediante el ajuste en la tarifa por venta de energía y disponibilidad de potencia, por el resto del plazo del contrato firmado. El ICE se opuso e invocó la caducidad, falta de legitimación en ambas modalidades y falta de derecho.
III.El Tribunal, al resolver el fondo de la controversia, consideró indemostrado que la paralización de la construcción del túnel obedeciera a “eventos onerosos” o de “fuerza mayor” en los términos contractuales y que los “extracostes” produjeran un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato. Al examinar las pretensiones, comenzó citando textualmente antecedentes de órganos homólogos y criterios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en torno a los contratos de Construcción, Operación y Traspaso, también conocidos por sus siglas en inglés, “BOT” (Build, Operate and Transfer), señalando, a partir de esas citas que, en ese tipo de contrato, la asunción del riesgo es total por parte del constructor en la concepción, financiamiento, ejecución, puesta en marcha y explotación. Luego, a fin de examinar las pretensiones formuladas, señaló que las disconformidades de la actora se concentraban en cuatro ejes argumentativos: 1. Negativa del ICE a calificar la paralización de las obras de excavación del túnel como “fuerza mayor” o “evento oneroso” en los términos contractuales. 2. Incompetencia del Subgerente de Electricidad al rechazar el reconocimiento económico de los costos de esas paralizaciones. 3. Ilegalidad del rechazo de su recurso por extemporáneo. 4. Indebida interpretación de las normas contractuales en materia de solución de conflictos entre las partes. En torno al primer eje (negativa a calificar la paralización de las obras como “fuerza mayor” o “evento oneroso”), precisó que UFG reclamaba como extracostes: a) el pago a la subcontratista Ghella Sogene C.A., Sucursal Costa Rica, por concepto de compra de materiales y trabajos realizados no presupuestados, b) costos y gastos de infraestructura del acueducto por órdenes de organismos “gubernamentales”, c) costos y gastos por requerimientos medio ambientales, a causa de la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo, d) gastos y costos por pagos a Hidrogeólogo por orden de organismos gubernamentales; e) pagos efectuados al regente ambiental, causados por decisiones impuestas por la Sala Constitucional y el Tribunal Ambiental Administrativo. El fallo refirió que el argumento medular de UFG es que por contar con plan de gestión ambiental y estudio de impacto ambiental, esos gastos no eran técnica ni legalmente previsibles. No obstante, luego de examinar doctrina sobre fuerza mayor y caso fortuito, echó mano de prueba testimonial de funcionarios del ICE y del jefe del proyecto de UFG para concluir que no era posible descartar las afectaciones a nacientes durante la excavación de un túnel y que, además, era posible que, durante el desarrollo de un proyecto, se dieran afectaciones no previstas en el plan de gestión ambiental, o en el estudio de impacto ambiental. Señaló también, con base en el testimonio del empleado de UFG, que al excavar se encontraron “fallas” no identificadas que conectaban en algunos puntos con acuíferos superficiales, los que se afectaron pero se recuperaron con el paso del tiempo. Con base en esas probanzas, las personas juzgadoras concluyeron que la presencia del estudio de impacto ambiental y del plan de gestión ambiental no permitían tener a lo acontecido como imprevisible y descartaron que las causas de paralización pudieren tipificarse como fuerza mayor o eventos onerosos conforme al contrato, pues era previsible que, por la excavación del túnel, se dieran afectaciones geológicas o hídricas. El fallo afirmó que la actora, conforme al texto del contrato, declaró el conocimiento detallado de: el proyecto a realizar, la conformación del terreno, el lugar de las obras, así como todos los factores que pudieran influir en la ejecución y costo de la planta. Además, refirió que la modalidad de contrato administrativo BOT hacía a UFG única responsable de la construcción de las obras, por lo que esa modalidad negocial le traslada la responsabilidad y el riesgo de la construcción, lo que incluía “cumplir con obligaciones a estándares en materia ambiental”. También abonó que, bajo el esquema de contratación BOT, no podía aceptarse que la parte desarrolladora comprobara gastos adicionales incurridos de manera unilateral, si no se analizaba integralmente toda la ejecución del negocio, esto es, fases de construcción y de operación, que permitieran valorar los ahorros eventuales además de los gastos adicionales. Además, al analizar la certificación contable de extracostes presentada por UFG, señaló que el experto que la elaboró, admitió en juicio, que hizo la evaluación de las facturas que soportaban los gastos incurridos en el periodo 2004-2006, a partir de un documento elaborado por la actora, para lo cual se concentró en verificar los importes aportados a partir de la clasificación de gastos elaborada por esa empresa, sin haber revisado estados financieros auditados, ni haber efectuado un análisis conjunto y global de costos e ingresos adicionales. Abonó que para recalcular la tasa interna de retorno, ese profesional partió de los números suministrados por UFG. Finalmente señaló que el propio experto admitió que al haber transcurrido la mayor parte de la vida del proyecto, se encontraba limitaba la posibilidad de determinar si hubo daño o desmejoramiento a esa tasa de retorno. Ahora bien, en cuanto al segundo eje argumentativo de la demanda (incompetencia del Subgerente de Electricidad para rechazar el reconocimiento económico de los costos de las paralizaciones), la sentencia consideró, al respecto, que la gestión de UFG más bien requería pronunciamiento de ese Subgerente y, además, si la parte actora no estaba conforme con esa actuación de esa Subgerencia, debió instar al Comité de Coordinación, pero no lo hizo, pues optó por presentar recursos en escala jerárquica. Respecto al tercer eje de argumentos planteados en la demanda (en el que reclamó ilegalidad del rechazo de su recurso por extemporáneo), el fallo señaló que, contrario a la tesis de la actora, el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública sí era aplicable, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 8660, por lo que descartó ilegalidad en el rechazo del recurso por extemporáneo. Finalmente, sobre el último pilar del fallo (indebida interpretación de normas contractuales en materia de solución de conflictos entre las partes) la sentencia concluyó que según el contrato el arbitraje se reguló como posibilidad, pero no como obligación para dilucidar las controversias entre las partes. Con base en todo lo anterior, el Tribunal de instancia acogió la falta de derecho y denegó la demanda. Asimismo, impuso ambas costas a la actora. No encontrándose satisfecha con lo decidido, UFG formuló recurso de casación, en el que invoca motivos procesales y de fondo.
MOTIVOS PROCESALES
IV.En su primer reparo alega inobservancia de las reglas para la notificación de la sentencia, conforme a las siguientes razones. El juicio dio inicio el 15 de marzo de 2016 y concluyó el 23 de junio de 2017, habiéndose declarado de tramitación compleja. La sentencia debió notificarse quince días hábiles después de la terminación del juicio, esto es, el 14 de julio de 2017. En esa fecha fue notificada por un medio electrónico pero, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, se debe tener por notificada hasta el día hábil siguiente, es decir, el 17 de julio, por lo que la notificación se constató fuera de plazo.
V.El alegato no es de recibo. Tal y como estableció esta Sala en su sentencia no. 373-F-S1-18 del 26 de abril de 2018, los requerimientos legales y reglamentarios relacionados con la fecha de emisión y comunicación del fallo, en procesos complejos, suponen que se dicte por escrito y se comunique dentro del plazo de 15 días, bajo pena de nulidad (artículos 111 acápite 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo y 82 acápite 1 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). Ahora bien, el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales establece: “Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará notificada al día “hábil” siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes.” (El destacado es suplido). Este precepto, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, se ocupa de normar la forma de contabilizar el plazo luego de comunicarse una decisión judicial, a efecto de eventuales incidencias o recursos ulteriores, no así para definir la fecha de efectiva puesta en conocimiento de la decisión notificada, que tiene lugar en el momento en que esto se constata. En vista de que, en este asunto, la sentencia se dictó un día antes de que se completara el plazo quincenal dispuesto para su emisión y se comunicó el día siguiente, es decir, el último del plazo habilitado por el ordenamiento para ello -según admite la recurrente- resulta descartada la invalidez reclamada.
VI.En el segundo reparo adjetivo alega estas razones. El juicio inició el 15 de marzo de 2016, estando integrado el Tribunal por Rosa Cortés Morales, Paulo Alonso Soto y Jonatán Canales Hernández. Dado que hubo inconsistencias respecto al peritaje, el Tribunal le ordenó al experto que ampliase su informe. El juicio continuó los días 22 y 23 de junio, sin uno de los jueces que conformó inicialmente el Tribunal, pues el último juzgador fue sustituido por Lourdes Vargas Castillo. El juicio oral se celebró con una integración distinta, por lo que “se podría decir que la continuación del juicio se llevó a cabo con un número de jueces menor al que la ley exige”. Según el Tribunal, lo ocurrido el 15 de marzo no fue parte del juicio oral, porque no se llevó a cabo el contradictorio pleno, sino que sólo se abordó un aspecto de saneamiento. Esta interpretación no coincide con el registro audiovisual de la audiencia, pues el 15 de marzo de 2016 los juzgadores dieron inicio al juicio oral y público. Ninguna norma señala que el juicio inicia a partir del contradictorio. Según el ordinal 99 del Código Procesal Contencioso Administrativo, inicia con temas “misceláneos” que forman parte del juicio oral y público. La tesis de que el juicio sólo inició hasta el 22 de junio, carece de sustento en lo acontecido el 15 de marzo de 2016. El Código no dispone que el juicio sólo comienza cuando el Tribunal evacua la prueba. Los jueces que iniciaron el juicio no pueden ser sustituidos. Se quebrantan las exigencias de inmediatez e identidad física del juzgador.
VII.No lleva razón, por los motivos que se dirán. En la audiencia de juicio, originalmente fijada para el 15 de marzo de 2016, el Tribunal estuvo compuesto por las siguientes personas juzgadoras: Paulo André Alonso Soto, Rosa Cortés Morales y Jonatán Canales Hernández. Una vez que se dio por abierta la audiencia y se procuró la definición del objeto del proceso, se pasó a la etapa de saneamiento. En ella, las partes hicieron una serie de manifestaciones en torno a los peritajes. Luego de la deliberación correspondiente, el Tribunal le ordenó a uno de los expertos que procediera a ampliar su peritaje, definiéndole los aspectos que debería valorar y procedió a suspender la audiencia. El perito presentó su renuncia con posterioridad, que el Tribunal rechazó. Luego de ello, ese experto presentó la ampliación, oportunamente comunicada a ambas partes, al cabo de lo cual se fijó nueva fecha de debate, estableciéndose para el 22 de junio de 2017. En esta oportunidad el Tribunal se constituyó con el juez Alonso y la juzgadora Cortés, pero el juzgador Canales fue sustituido, por razones no precisadas, por la juzgadora Lourdes Vargas. En esta nueva audiencia se repitieron íntegramente las etapas constatadas previamente. Es decir, se dio nueva lectura al objeto del proceso y se volvió a abrir espacio para aspectos de saneamiento. De inmediato se dio lugar a los discursos de apertura de las partes y se practicó la prueba testimonial admitida. El día siguiente, 23 de junio, se continuó con la prueba pendiente, se emitieron conclusiones y se dio por cerrado el debate. Este recuento evidencia que el Tribunal, en ambos casos, -de previo a la ampliación del peritaje y luego de ello- estuvo plenamente integrado por la cantidad de personas juzgadoras establecidas por el ordenamiento (artículo 71 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) y ante el cambio parcial en la integración, se repitieron íntegramente las etapas constatadas previamente correspondientes al debate, de modo se no sólo se cumplió con la cantidad de personas juzgadoras establecidas por el ordenamiento para esa etapa, sino que además, también se tuteló el principio de inmediación y fue resguardado el requerimiento de identidad física de la persona juzgadora.
VIII.En su tercer reparo, reprocha lo siguiente. No formuló ninguna pretensión relacionada con declarar la lesividad de los actos impugnados. El fallo no podía revocar actos administrativos que le fueron favorables. Se excedieron los límites de las pretensiones al “revisar” una decisión administrativa cuya nulidad no fue pedida y se revocó un acto administrativo que le beneficiaba, sin estar frente a un proceso de lesividad, por lo que se incurre en incongruencia. De los hechos probados no. 24 y no. 32 se extrae que el ICE reconoció la paralización de las obras por 114 días, por causas ajenas a las partes. Eso equivale a afirmar que la empresa no tenía responsabilidad por esa paralización. Así se detalla en el hecho probado 36, pues el ICE manifestó que, por no mediar responsabilidad de la empresa desarrolladora, no cobró multa o sanción por esas paralizaciones y acordó extender el plazo de construcción de la obra por ese periodo. Pese a ello, la sentencia resuelve en contra de lo que el propio ICE había determinado, vulnerando los numerales 119 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así como 9 y 155 del Código Procesal Civil. El Tribunal no admite que el estudio de impacto ambiental y el plan de gestión ambiental hacían imprevisibles los hechos surgidos y descarta que las causas de paralización puedan tipificarse como fuerza mayor o eventos onerosos pues, en su tesis, las excavaciones del túnel hacían previsible que se dieran afectaciones geológicas, hídricas y sociales. Sin embargo, este tema no estaba sujeto a discusión. El fallo se contradice, pues admite que la paralización no fue por acción del ICE ni de la actora. Mediante la nota S.S.E.-1756.2005 del 26 de octubre de 2005, el ICE reconoció que la paralización de las obra se debió a causas ajenas a su voluntad. Nunca solicitó la nulidad de esa nota. El fallo abordó un tema ajeno a las pretensiones y revocó una decisión administrativa firme que le reconoció el derecho subjetivo a no ser considerada responsable de las paralizaciones. Resulta evidente que la sentencia “revocó implícitamente” la decisión del ICE.
IX.No le asiste razón. La sentencia no “revoca” -ni tácita ni expresamente- ningún acto administrativo favorable a los intereses de la actora. Basta con una lectura del acápite dispositivo del fallo para constatar que, en él, el Tribunal se constriñó a rechazar la demanda, esto es, denegó las solicitudes de nulidad formuladas, rechazó que la paralización de las obras encajaran como fuerza mayor y denegó la pretensión restitutoria. Además, su contraparte se limitó a oponerse a sus pedimentos, sin formular pretensión alguna en el sentido de declarar lesivos actos suyos, de modo que el fallo no hizo ningún pronunciamiento en tal sentido. De suyo, el reparo debe denegarse, pues no se constata disonancia alguna entre lo sometido a debate y lo resuelto. Si lo que pretendía con su censura era, en realidad, manifestar disconformidad con el fondo de lo decidido, su alegato no podría ser examinado como un motivo de casación por razones sustanciales, pues carece de la fundamentación jurídica indispensable para abordarle de ese modo, según exige el numeral 139 acápite 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo.
X.En el cuarto motivo plantea lo siguiente. El fallo yerra al considerar que la demanda supone un reclamo indemnizatorio, cuando en realidad es restitutivo del precio. Por alguna razón no explicada, la sentencia muta la naturaleza restitutiva de las pretensiones a indemnizatoria. No se persigue una indemnización por daños, de modo que no se aplica el artículo 190 de la LGAP, sino que procura la restitución del precio por sobrecostos no presupuestados e imprevisibles, en ejercicio del derecho a la intangibilidad patrimonial que se le reconoce al artículo 18 de la LCA. La sentencia debió motivar las razones por las que consideraba que el reclamo era indemnizatorio.
XI.El reparo debe rechazarse. Es cierto que el Tribunal, inicialmente, afirmó el carácter indemnizatorio de la pretensión de la actora, pues indicó: “(…) está definido sin asomo de duda alguna que en la especie se analiza un reclamo indemnizatorio por costos en que la empresa accionante debió incurrir, para garantizar la continuidad del proyecto ofertado en el marco de una contratación administrativa bajo la modalidad BOT. (…)” (folios 35 y 36). No obstante, en los fundamentos del fallo refirió: “(…) en el tema de reajuste de precios, es pacífica la posición de nuestros Tribunales al aceptar que están reconocidos en todo contrato que se celebre con el Estado y se reconocen no como una indemnización sino como un mecanismo jurídico de restitución del equilibrio económico financiero del contrato (…)”. Así, lo que la sentencia evidencia es un manejo -inicial- poco preciso de los términos en cuestión, lo cual no supone, en modo alguno, un defecto de motivación. Además, la decisión del órgano jurisdiccional de la instancia previa cuenta con las razones por las cuáles, al no prosperar la nulidad, ni encontrarse la actora en un caso de fuerza mayor, consideró improcedente conceder sus pretensiones pecuniarias. Luego, el fallo no adolece de un problema de motivación al respecto. En suma, por todas las razones explicitadas, sus censuras adjetivas deben denegarse.
MOTIVOS DE FONDO
XII.En este acápite corresponde el análisis de sus reparos sustantivos. Ahora bien, la recurrente los presenta sin numeración secuencial y no los articula en el mismo orden de análisis del fallo, esto es, siguiendo los ejes argumentativos que la sentencia encontró en la demanda. Por ello, para mayor claridad, se reorganizarán y reagruparán siguiendo la secuencia de análisis del fallo, a fin de facilitar su comprensión y abordaje. Al efecto, conviene recordar que el primer pilar de la demanda era que la paralización de las obras correspondía a fuerza mayor o evento oneroso, lo cual fue descartado por el Tribunal. Ahora bien, las razones medulares en las que sostuvo ese criterio, conforme al recuento incluido previamente, fueron las siguientes: a. la paralización no corresponde a fuerza mayor pues era previsible. b. la naturaleza del contrato es BOT (Built, Operate and Transfer), por lo que la contratista asumía todos los riesgos de la construcción y, dentro de ellos, los ambientales. c. el desequilibrio contractual debe demostrarse a partir de un análisis global que incluya construcción y operación del proyecto, no sólo la fase constructiva. d. la certificación contable y la ampliación del perito no merecen crédito porque partieron de datos brindados por la actora, no examinaron estados financieros auditados, omitieron considerar toda la vida del negocio y habiendo transcurrido la mayor parte del periodo de vigencia del contrato, es difícil ubicar si hubo desequilibrio financiero.
XIII.Tocante a estos razonamientos del fallo, UFG opone las siguientes disconformidades. Primera. Se desaplicó el artículo 18 de la Ley de la Contratación Administrativa. Cuando un contratista enfrenta costos por riesgos propios de la actividad para la cual fue contratado, debe asumir esas erogaciones, pero si provienen de causas imprevisibles, es la Administración quien debe compensar esos desajustes causantes del desequilibrio económico. El cartel de licitación requería que se detallara el presupuesto de costo del proyecto hidroeléctrico, que estimó en US$71 995 00,00. Además, cumplió con todos los requisitos ambientales previos para la ejecución. En vía administrativa se le reconocieron 114 días de atraso en la entrega de las obras por la paralización, de modo que se le eximió de responsabilidad por ese evento, pero no se le reconocieron los sobrecostos aparejados a ella. El fallo rechaza la aplicación de esa norma, alegando que el riesgo de las paralizaciones era previsible, pese a que el propio ICE señaló, en vía administrativa, que no lo era. El fallo sostiene que en los contratos BOT el contratista debe asumir todos los riesgos, de modo que no procede que la Administración reconozca reajustes de precio por hechos sobrevinientes no previsibles. No debe otorgarse prevalencia a las disposiciones de un contrato administrativo y a la declaración de los testigos de la parte interesada. El marco normativo que rige el contrato es la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela no. 7200 del 28 de setiembre de 1990, sin que en ella norma alguna establezca el régimen amplísimo e ilimitado de responsabilidad del contratista. Ninguna norma legal estipula que los contratistas del ICE tengan un régimen de responsabilidad más gravoso y pesado que el aplicable a los demás contratistas. Conforme a la jerarquía normativa del numeral 6 de la Ley General de la Administración Pública, la sentencia debió prestar atención “primero” a la ley sobre la letra del contrato. Además, las manifestaciones de los testigos del propio ICE sobre un tema jurídico, son inútiles para demostrar la legalidad de una disposición contractual. El contrato no está por encima de la ley, sino supeditado a ella. “La tarea (…) no era encontrar las disposiciones del contrato en las que el ICE se basaba para actuar como lo hizo,” excluyendo la aplicación del artículo 18 de la Ley de la Contratación Administrativa. Segunda. Según la sentencia, la Ley 8660 facultaba al ICE a celebrar contratos BOT. Sin embargo, esa ley y su Reglamento son inaplicables, pues son posteriores a la suscripción del contrato. La normativa que habilita el “mal denominado” contrato BOT es la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela y el Decreto Ejecutivo no. 24866-MINAE del 12 de diciembre de 1995. El fallo confunde dos modalidades contractuales similares, pero no idénticas, pues no es lo mismo BOT y llave en mano (TKC). Se aplicó indebidamente el artículo 24 del Reglamento a la Ley 7200, dado que se ha pasado por alto la regulación específica del contrato y se analizó el modelo BOT sobre la base de doctrina parcializada. “Conforme al artículo 4 incisos h) e i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa son aplicables a esta contratación las disposiciones del cartel y el contrato. Si no hay regulación específica, le son aplicables los principios del derecho público (…)” y, en defecto de ellos, la doctrina, pues los principios de intangibilidad patrimonial y equilibrio económico y financiero de los contratos administrativo tienen raigambre constitucional. Tercera. Se vulneraron los principios de justa distribución de las cargas públicas, intangibilidad patrimonial y equilibrio económico y financiero de los contratos. Según ese último, los riesgos normales o previsibles son los que forman parte del álea ordinaria. La paralización de las obras no puede ser considerada parte normal del álea. La resolución no alude ninguna norma jurídica para justificar que la paralización de las obras por acciones judiciales y administrativas pueda ser considerada un riesgo normal u ordinario, o un riesgo previsible. La única referencia es que en un modelo BOT el riesgo es siempre del contratista, lo que vulnera el principio de equilibrio económico y financiero. En el Considerando IX se realiza un análisis de las obligaciones contractuales, que no considera la voluntad de las partes contratantes por “miedo” del Tribunal a “desnaturalizar” la modalidad de contrato BOT. La forma del contrato no prima sobre los principios constitucionales. El riesgo de judicialización no puede imputársele a ninguna de las partes. No es la acción voluntaria, deliberada o negligente de ninguna de las partes la que produce el riesgo. Por lo tanto, debe calificarse como externo. La paralización no forma parte del riesgo comercial o empresarial. Las obras se construyen para la Administración. El contratista no podía esperar las medidas cautelares impuestas por acciones judiciales infundadas. Puede preverse una determinada conducta, pero no la magnitud de los efectos negativos. El riesgo de judicialización excede la capacidad de previsión normal del contratista. Atribuirle el riesgo es obligarlo a lo imposible, que es prever todos los riesgos. En cuanto a la ecuación económica y financiera de los contratos BOT, el Tribunal parte de dos premisas equivocadas; que el equilibrio de la ecuación financiera conlleva “quedar tablas” entre gastos inesperados y ahorros inesperados y que debe valorarse toda la relación contractual para determinar si hay desequilibrio, lo cual supondría que debe esperarse los 17 años de operación comercial para reclamar un desequilibrio que se dio en los primeros 3 años de construcción. El equilibrio económico conlleva la equivalencia entre las prestaciones que debe cumplir el contratista, en especial en cuanto a la inversión comprometida y realizada y las obligaciones a cargo de la Administración, a fin de no desvirtuar la rentabilidad estructurada originalmente. No necesariamente debe existir una equivalencia real, sino la obligación de mantener la equivalencia inicial fijada por las partes al formalizarse el contrato. La posición del fallo es contraria al voto de la Sala Constitucional no. 6432-98, según la cual el reajuste de precios, como mecanismo para mantener el equilibrio económico, nace desde la entrega de la oferta y se origina en situaciones imprevistas para las partes, de modo que el contratista no asuma riesgos irracionales. Al limitarse el derecho y los principios constitucionales de equilibrio económico y financiero e intangibilidad patrimonial, se viola el bloque de constitucionalidad y se incurre en fraude de ley, pues por la elección de un modelo contractual se burla el ordenamiento jurídico y la Administración obtiene una obra más cara a un precio menor, incurriendo en un supuesto enriquecimiento sin causa.
XIV.El marco normativo de referencia para dilucidar la controversia sometida al examen jurisdiccional es, en efecto, la Ley 7200, denominada Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, emitida en octubre de 1990. En ella se define la generación autónoma o paralela “como la energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas o cooperativas (…)” y esas centrales, a su vez, son catalogadas como “(…) centrales hidroeléctricas y (…) no convencionales que no sobrepasen los veinte mil kilovatios (20.000 KW).” (artículos 1 y 2). La normativa en cuestión autoriza al ICE a comprar energía eléctrica proveniente de esas centrales, en bloques de no más de cincuenta mil kilovatios de potencia máxima (artículo 20). El marco contractual por medio del cual esto ha de tener lugar, se encuentra esbozado en el numeral 22, según el cual: “Los contratos de compraventa de electricidad no podrán tener una vigencia mayor de veinte años y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato.” Así, esa venta de energía, en realidad engloba un negocio mucho más amplio, porque abarca el traspaso, al ICE, de las centrales hidroeléctricas en funcionamiento, al cabo de un determinado plazo. Ahora, esa obligación de transferir la planta presupone, además, que ésta fue desarrollada (construida) por cuenta del contratista, quien la opera y vende la energía y luego de cumplido el plazo dispuesto y las condiciones del contrato, traspasa la central que previamente le pertenecía. De este modo, en la norma en cuestión se esbozan algunos elementos de lo que el Tribunal, con base en doctrina foránea, refirió como contratos de Construcción Operación y Traspaso (BOT por sus siglas en inglés). Ahora bien, el marco legal no contempla regulación alguna en torno a riesgos, eventos imprevisibles, fuerza mayor, o equilibrio económico del contrato. Tampoco establece el marco supletorio al que deberá acudirse en caso necesario. Al respecto, deberá echarse mano, como bien refiere el recurrente, de lo que al efecto dispone la Ley de la Contratación Administrativa, en virtud del ámbito expansivo de su aplicación, derivado de lo dispuesto por su primer artículo. En su numeral 18 se establece: “Salvo cuando se estipulen, expresamente, parámetros distintos en los términos del cartel respectivo, en los contratos de obra, servicios y suministros, con personas o empresas de la industria de la construcción, la Administración reajustará los precios, aumentándolos o disminuyéndolos, cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el servicio o el suministro, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en los índices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. (…)”. (El destacado es suplido). De ello se extrae, entonces, que el reajuste de precios por variación de costos relacionados con la obra ejecutada será la regla, pero habrá de revisarse si el contrato (reflejo de las disposiciones del cartel) contiene disposiciones especiales o particulares al respecto, que serían de aplicación prevalente. Por ello, corresponde acudir a él para determinar lo que regulaba en torno a las obligaciones de la contratista relacionadas con la construcción de la planta y si contenía -o no- aspectos relacionados con el equilibrio financiero de la obra a edificar, ante eventos que ocurrieran en esa etapa. Conforme al recuento de hechos probados y no controvertidos, el contrato dispuso que UFG sería la responsable del “(…) financiamiento, diseño, suministros, construcción, pruebas, puesta en marcha, operación, mantenimiento y transferencia de la planta hidroeléctrica” y la contratista hizo constar “(…) que estudió cuidadosamente el proyecto a realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del terreno, las condiciones normales y extremas del clima que se presentan o pueden presentarse, no sólo en el sitio de las obras, sino también en la zona donde ellas han de ejecutarse (…) y todos los demás factores que puedan influir en la ejecución y costo de la Planta (…).” (El destacado es suplido). En los acápites 3, 4 y 5 también se señaló que UFG “declara que conoce, que acepta en todos sus alcances y que cumplirá, ejecutará y que actuará en un todo de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense que le sea aplicable en la ejecución de este contrato ya sea penal, civil, administrativo, laboral o de cualquier otra índole (...) se hará responsable por los daños y perjuicios directos, de cualquier naturaleza, que resulten de sus acciones u omisiones derivadas de la ejecución de este Contrato. (…) se compromete a cumplir la legislación costarricense en materia ambiental en todos sus alcances, así como aplicar prácticas normales de aceptación internacional, como las del Banco Mundial, para prevenir cualquier impacto que el Proyecto o la Planta pudiese ocasionar al Ambiente durante la vigencia del presente Contrato". (El destacado fue añadido). En resumen, a UFG le correspondía diseñar, financiar, construir, operar y transferir la planta, estudiar cuidadosamente la conformación del terreno y todos los demás factores que pudieran influir en la ejecución y costos, se haría responsable por los daños y perjuicios directos de cualquier naturaleza que resultaren de sus acciones u omisiones, al tiempo que debía cumplir legislación en materia ambiental y prevenir impactos en el ambiente. Ahora bien, el contrato también definió “fuerza mayor” como “cualquier acontecimiento que (i) no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido resistirse, y que (ii) incida en la relación contractual y que imposibilita físicamente la ejecución de este Contrato o que resulte tan oneroso que rompa el equilibrio económico de este Contrato y dificulte la continuación de la ejecución del mismo, temporal o permanente, para ambas partes.”. El contrato catalogó como “eventos onerosos” aquéllos que: "corresponden a cualquier acto u omisión del Gobierno (…) u incidente con este, que impida el cumplimiento de este Contrato (…) o rompa el equilibrio económico del mismo de modo que se reduzca significativamente o afecte en forma substancialmente adversa (…) en términos de su rendimiento económico neto sobre su inversión en la Planta.” Es decir, se definió “fuerza mayor” a los hechos imprevisibles o irresistibles que imposibilitaran la ejecución del contrato, o resultaren “tan” onerosos que rompiesen el equilibrio económico y se especificó que “evento económico” serían las acciones del “Gobierno” que rompan su equilibrio económico reduciendo sustancialmente el rendimiento de UFG. Todo este recuento evidencia, en síntesis, que conforme al contrato; a) UFG asumió la obligación de considerar todos los factores que incidieran en los costos relacionados con la edificación de la obra, b) era responsable de los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que resultaren de su accionar u omisión, c) estaba obligada a prevenir el impacto ambiental del proyecto y d) se regularon estipulaciones para procurar el equilibrio financiero en caso de desbalance por eventos imprevisibles o irresistibles que afectaran el equilibrio financiero. La recurrente insiste en que la paralización de las obras por órdenes jurisdiccionales es un evento imprevisible, que generó gastos que rompieron el equilibrio financiero. Sin embargo, a criterio de este órgano, el enfoque de la cuestión es equivocado, pues obvia los antecedentes que dieron lugar a esa paralización. Es decir, en vez de determinar si la orden judicial de paralización de las obras era previsible -o no-, corresponde ubicar el evento que generó esa orden de paralización, con el objetivo de definir si debía ser previsto, atendido o evitado por UFG, según sus obligaciones contractuales o, por el contrario, al no tener obligación de preverlo, atenderlo ni evitarlo, tiene carácter imprevisible. De los hechos de la demanda se extrae que la intervención de las autoridades jurisdiccionales y administrativas -dentro del respectivo ámbito de sus competencias- se produjo luego de que vecinos de la comunidad de Tucurrique y alrededores vieran afectado su suministro de agua, producto de alteraciones en las nacientes que les abastecían. Corresponde, entonces, examinar las causas que generaron esas afectaciones. Conforme a la prueba evacuada en autos y, en particular, del testimonio de Rolando Vega Beirute, ex-Jefe del Proyecto desarrollado por UFG, durante la excavación “se encontraron fallas que no se habían visto y entonces esas fallas conectaron el acuífero superficial con el túnel (…) a la hora de excavar el túnel se afectaron algunos acuíferos que se recuperaron al cabo de cierto tiempo.” Así, fueron esas obras de excavación las que afectaron temporalmente las nacientes. Según el fallo, del testimonio del propio señor Vega también se extraen dos elementos probatorios de singular importancia: 1. la imposibilidad de asegurar que con la excavación de un túnel no se darían afectaciones a nacientes y 2. que la existencia de un plan de gestión ambiental y estudio de impacto ambiental no descartaban que se presentasen alteraciones no previstas originalmente en ellos. Esto resulta de singular trascendencia porque uno de los argumentos de la casacionista es que ese evento acontecido con el acuífero, por no estar contemplado en su estudio de impacto ambiental, ni en el plan de gestión ambiental, era imprevisible. Al efecto, conviene tener en cuenta que la propia legislación especial que se ocupa de este tipo de contratación administrativa, deja fuera de toda duda el carácter preventivo, más no exhaustivo, del plan de gestión ambiental. Nótese que el artículo 10 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma señala que el estudio de impacto ambiental indispensable para esta actividad, debe incluir “como mínimo”, entre otros aspectos; “a) Indicación del posible impacto de la actividad sobre el ambiente natural y humano. b) Efectos adversos inevitables (…) c) Los efectos sostenidos sobre (…) la calidad del agua (…). e) Efectos sobre las poblaciones y asentamientos humanos. Programas de reforestación, control de erosión de suelos y control de contaminación del agua y del aire (…). g) Planes de contingencia para prevenir, detectar y controlar los efectos nocivos sobre el ecosistema.” (Los destacados no provienen del original). Es decir, corresponde a una anticipación, prevención, mitigación y resolución de posibles afectaciones al ambiente, pero no garantiza que incidentes adicionales, puedan presentarse, según reconoció el testigo. Conforme al dicho del testigo, encargado de la obra, el que se contara con estudios o planes ambientales y que en ellos no se previera la potencial afectación a las nacientes, no descartaba la posibilidad de que se afectaran acuíferos con la excavación del túnel. El dicho de este testigo aportado por la actora resulta corroborado, además, por el testimonio de Alexander Solís Barboza, Ingeniero y Director del Negocio de Ingeniería del Sector Electricidad del ICE, quien señaló: “cuando usted construye una obra subterránea está tocando el medio geológico usted no conoce de previo todo lo que va a encontrarse durante la excavación, porque usted determina lo que existe ahí por métodos indirectos por métodos de geofísica (...) y por perforaciones, con eso los geólogos y geotecnistas establecen un modelo, pero es un modelo, no es la realidad, es lo que se prevé que puede existir, entonces asegurar que usted logró mapear todos los posibles accidentes geológicos que tiene el medio es imposible, puede que no los haya podido detectar por ninguno de estos métodos indirectos y durante el proceso de excavación (... ) toca una falla una fractura y por esa falla o fractura se pueda dar una comunicación que impacte uno o dos o varios acuíferos específicos, entonces poder decir que nunca se va a afectar es digamos imposible, siempre existe el riesgo y siempre debe estarse preparado para asumir cuando esa situación se presente en un túnel". Es decir, ambos testimonios coinciden en que la perforación de un túnel conllevaba -como evento potencialmente aparejado- la afectación de fallas que a su vez impactaran acuíferos. Así, en síntesis, su falta de inclusión en el plan y en el estudio de impacto ambiental no le descartaban como evento potencial, o si se prefiere, no permitía catalogarle como imprevisible. Ahora bien, si esta información técnica se pondera con las obligaciones asumidas por UFG y, en particular, su deber de estudiar “(…) cuidadosamente los factores que puedan influir en la ejecución y costo de la planta” de responder “por los daños y perjuicios directos, de cualquier naturaleza, que resulten de sus acciones u omisiones derivadas de la ejecución de este Contrato” y de “(…) prevenir cualquier impacto que el Proyecto o la Planta pudiese ocasionar al Ambiente durante la vigencia del presente Contrato", este órgano llega a la conclusión que, de conformidad con los términos del contrato y en vista de la naturaleza de las obras a ejecutar, la afectación materializada a los acuíferos que impactó a los vecinos, era un evento que razonablemente podía presentarse, aunque no estuviera anticipado por los estudios ambientales y que, en caso de materializarse, debía ser atendido por la contratista. No obstante, al no hacerlo, se desencadenaron una serie de eventos adicionales que condujeron a las órdenes de paralización de la excavación, lo cual devino como consecuencia de la omisión de prever y atender oportunamente esa afectación potencial. Así las cosas, las eventuales incidencias económicas que esto pudo producir en los costos inicialmente previstos por UFG, no son, por las razones dichas, trasladables al ICE, pues, se reitera, el evento que originó la paralización devino como consecuencia de que UFG no hiciera las previsiones de los incidentes razonablemente aparejados a la excavación de un túnel para una planta hidroeléctrica, y que, conforme al texto del contrato, le correspondía anticipar y asumir. Por todo lo dicho, se descarta que la paralización de las obras y los extracostes que la actora debió realizar, obedezcan a un supuesto de fuerza mayor, pues la situación que desencadenó en la paralización de esa obra (afectación del acuífero) era previsible y debía ser atendida por la contratista. Lo señalado también excluye la vulneración del artículo 18 de la Ley de la Contratación Administrativa, pues el contrato contenía regulaciones especiales al respecto, que correspondía aplicar de manera prevalente, según ese mismo numeral refiere. Con todo, no se está en presencia de un régimen amplísimo de responsabilidad, tal y como acusa, sino ante la consecuencia de la distribución de responsabilidades y obligaciones asumidas por las partes conforme al contrato y publicitadas en el cartel, de modo que no corresponde al ICE cubrir las omisiones de la atención de los deberes propios de UFG. Por otra parte, tampoco lleva razón la parte recurrente en afirmar que el ICE admitió, en sede administrativa, el carácter imprevisible de lo acontecido. Según el marco fáctico tenido como indubitable, desde el 31 de agosto de 2004 el Subgerente de Electricidad rechazó el reconocimiento de extracostes, pues adujo que el problema que condujo a la paralización de las obras del túnel “era previsible y la solución debió anticiparse” (ver al respecto el hecho probado 21). Por ello, aunque el que el ICE halla avalado un plazo adicional para las obras, eso no equivale, como parece suponer, una admisión de que ese evento obedezca a fuerza mayor, pues expresamente señaló lo contrario. Si bien lleva razón la parte en cuanto a que al debate no era aplicable la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, invocada por el Tribunal en su sentencia -pues tiene una vigencia posterior a los hechos debatidos-, el recuento normativo señalado en este acápite, que llega a la misma conclusión, prescinde de él. En el recurso tampoco se demuestra que la mencionada confusión sobre los contratos BOT y TKF -de existir- conlleve a una modificación del fondo de lo decidido. Además, aunque le endilgó a ese pronunciamiento fundarse en “doctrina parcializada”, la recurrente no aportó criterios homólogos en sentido contrario a las conclusiones ya esbozadas y únicamente se amparó en el artículo 18 de la Ley de la Contratación Administrativa que, como ya se señaló, conduce a las consecuencias ya señaladas. Finalmente, su alegato en torno a la existencia de una premisa equivocada en el fallo, al señalar que para definir el equilibrio económico debe valorarse “toda la relación contractual”, su reparo carece de interés. Esto obedece, en primer término, a que los criterios esbozados por esta Sala, en torno a la falta de constatación de un supuesto de fuerza mayor en la paralización de las obras de excavación, lo hacen innecesario y, en segundo lugar, la censura no fundamenta -con ningún argumento- la razón por la que considera inadecuado ese razonamiento. Es decir, su reproche, al respecto, se limita a señalar un yerro sin justificarlo, por lo que carece de la necesaria fundamentación jurídica indispensable para propiciar su análisis, en los términos exigidos por el artículo 139 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo. En suma, por todas las razones señaladas, sus reparos en torno a este pilar del fallo deben denegarse. A mayor abundamiento de razones, conviene reseñar que, aún en el evento -descartado- de que la normativa y el contrato permitieran sostener la tesis de la actora, la Sala estaría imposibilitada para conceder la cuantía solicitada por ella. Cabe recordar que el Tribunal descartó la posibilidad de extraer elementos de prueba de la certificación contable con base en la cual se pretendía demostrar el monto de los extracostes, esbozando las razones por las cuáles esa estimación no le merecía crédito. Contra esos razonamientos la parte recurrente no formuló ningún reparo. Por ello, se carecería del sustento probatorio necesario para otorgar el importe concedido, por lo cual, ante la ausencia de elementos indispensables para la cuantificación, la pretensión restitutoria no podría prosperar, por falta de prueba no demeritada que justifique las sumas reclamadas.
XV.Ahora bien, según fue reseñado, el segundo pilar de examen contenido en la sentencia, descartó la incompetencia del Subgerente de Electricidad al rechazar la gestión de UFG en la que pretendía el reconocimiento de los costos aparejados a la paralización de la excavación del túnel. En su único alegato en torno al punto, la recurrente alega lo siguiente. Fueron desaplicados los artículos 93 y 94 de la Ley General de la Administración Pública, pues el Subgerente de Electricidad avocó competencias del Comité de Coordinación. Según la cláusula 14.4 del contrato, el encargado de solucionar conflictos era el Comité de Coordinación. Cuando planteó el reclamo de reconocimiento de la ampliación del plazo y de los extracostos, el Comité analizó el tema y determinó que 89 días de atrasos no le eran imputables. Esa Subgerencia respaldó ese criterio. Luego de ello, el Comité no volvió a reunirse y el representante del ICE era quien lo debía convocar. Por ello, el 06 de diciembre le pidió al Gerente General reactivar ese Comité para completar el análisis de los temas sometidos a controversia e insistió en la gestión el 14 de agosto de 2006. El Subgerente resolvió sustituyendo las competencias del Comité de Coordinación, lo que da cuenta de una avocación ilegal, pues no cumplió los presupuestos del artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública. La sentencia no explica los motivos por los que descarta la avocación indebida y más bien sugiere que fue un error cursarle la solicitud al Subgerente de Electricidad. Sin embargo, las solicitudes para que se reactivara el Comité de Coordinación fueron dirigidas al Gerente General y no al Subgerente de Electricidad. Tampoco es cierto que el Comité estuviera en reuniones en esos momentos, porque las notas requerían que se volviera a reunir, pues no lo hacía desde principios de 2005. La afirmación de que las gestiones se le presentaron al Subgerente de Electricidad, carece de prueba, pues fueron dirigidas al Gerente General. La sentencia no cita normas legales para sustentar la falta de avocación ilegal, e incurre en desaplicación de los numerales 93 y 94 de la Ley General de la Administración Pública. La avocación del Subgerente sólo habría sido válida si fungiera como órgano superior del Comité de Coordinación y agotara la vía administrativa, pero no se estableció esa relación, por lo que es ilegal. Tampoco el Subgerente agotaba la vía administrativa, pues según el artículo 126 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, esa competencia correspondía al Consejo Directivo del ICE, según su ley de creación. Por ello, los dos requisitos fundamentales para que hubiese avocación, no fueron cumplidos por el Subgerente de Electricidad.
XVI.A fin de resolver el planteamiento, es conveniente retomar algunos de los hechos probados del fallo, para mayor claridad de lo que se dirá. Según fue señalado, luego de la paralización de las obras de excavación del túnel, UFG gestionó, el 19 de agosto de 2004, ante el Gerente General del ICE, que el plazo de conclusión de las obras del túnel se difiriera en 25 días y se le reconocieran los montos respectivos por concepto de los trabajos y estudios que debían realizarse para ejecutar la orden de la Sala, así como las sumas que resulten de los efectos económicos adversos, producto de la paralización. El Subgerente de Electricidad respondió esa gestión en el oficio 510-49786-2004 SSE 1449-2004 del 31 de agosto de 2004, comunicando que la paralización no calificaba como fuerza mayor, ni evento oneroso, porque el problema pudo preverse y la solución anticiparse. UFG planteó reconsideración de esa decisión -ante esa Subgerencia- y señaló que de no lograr acuerdo en 60 días naturales, invocaban el procedimiento de resolución de conflictos. En oficio 510-54376-2004 SSE 1644-2004 del 29 de setiembre, esa Subgerencia le reiteró la imposibilidad de realizar cualquier reconocimiento de los costos derivados de las órdenes de la Sala Constitucional, admitió 25 días de atraso para la entrega de la obra, e informó que la decisión de acudir a arbitraje debía ser sometida a consideración del Consejo Directivo. Ahora bien, el Comité de Coordinación tenía la función de -valga el plenonasmo- coordinar la comunicación entre las partes y facilitar acciones y discusiones necesarias para lograr acuerdos pero, en caso de no lograrse, correspondería a las máximas autoridades de cada parte dar por agotada la vía administrativa.” . En reunión de ese órgano, del 30 de noviembre de 2004, se acordó crear un equipo de trabajo con personal “técnico-jurídico” de ambas partes (es decir, un nuevo sub-comité), para constatar si las situaciones producidas por la paralización de las obras de excavación del túnel “tipifican los hechos pactados en el contrato y tienen incidencia en costos y plazos”. El 19 de enero de 2005 la contratista informó a la Subgerencia del Sector Electricidad que había reiniciado las obras, dio parte de las consecuencias adversas en cuanto al plazo y el costo por la paralización que, según dijo, correspondían a “eventos onerosos imprevistos e imprevisibles” y le solicitó, de nuevo, el reconocimiento del tiempo de atraso y la compensación económica correspondiente. En oficio no. 00510-8897-2005 S.S.E.325 del 21 de febrero de 2005, esa Subgerencia le solicitó a la contratista que indicara las personas que se integrarían a ese nuevo equipo de trabajo técnico jurídico. UFG precisó sus representantes el 07 de setiembre y señaló su interés en que se abordaran temas que calificaban como “eventos onerosos”, con incidencia económica adversa, que rompían el equilibrio financiero. El equipo técnico jurídico se reunió los días 06 y 19 de abril, 12 de mayo, y 04 de agosto de 2005, así como 20 de febrero de 2006, oportunidad en la que dejó consignada, como próxima reunión, el 01 de marzo de 2006. Mediante nota no. S.S.E-1756.2005 del 26 de octubre de 2005, la Subgerencia de Sector Electricidad le comunicó a UFG que la construcción del proyecto estuvo paralizada por 89 días naturales, de modo que desplazaba en ese tiempo el plazo de entrada en operación. La interesada le recordó, a esa Subgerencia, el 07 de diciembre de 2005, que continuaba pendiente determinar la procedencia y cuantificación de sobrecostes asociados a la paralización de la construcción, por los acontecimientos que califican como fuerza mayor, por lo que solicitó que el equipo técnico jurídico se pronunciase al respecto. En nota dirigida al Subgerente del Sector Electricidad, el 14 de agosto de 2006, UFG le solicitó que se reordenara la reactivación del proceso de reconocimiento económico y textualmente, le indicó: “Por todo lo expuesto, estimado señor Gerente, creemos que legal y contractualmente, mi representada tiene derecho a que se le reconozcan los citados extracostes, asociados a las paralizaciones de las obras decretadas por los órganos públicos (…) reconocidos por ese Instituto como causas de fuerza mayor o eventos onerosos y así atentamente le solicitamos pronunciarse, a los fines de pasar a las siguientes etapas del proceso.”. Esto último fue tenido por acreditado con base en los documentos de “folios 13518 a 13524 del expediente administrativo.” Así, como bien le refirió el Tribunal, no hubo ninguna avocación, sino que esa Subgerencia resolvió una gestión directa que le planteó la contratista para que se pronunciara, no para que la trasladara. La recurrente, en su alegato, se limita a endilgar falta de prueba del fallo respecto a que la gestión fue cursada a la Subgerencia de Electricidad. Sin embargo, no ofrece ningún elemento probatorio que de sustento a su tesis, esto es, no demuestra, mediante prueba alguna, que el Tribunal incurrió en yerro en apreciación de esos documentos del expediente administrativo mencionados en el fallo que dan cuenta de que la solicitud fue cursada a esa Subgerencia. Así, de nuevo, su alegato carece de la necesaria fundamentación jurídica -en este caso a partir de las pruebas- que de sustento a sus reclamos. En consecuencia, por mandado del artículo 139 acápite 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, debe desestimarse.
XVII.Contra el tercer eje de argumentos identificado por el fallo (ilegalidad del rechazo de su recurso de revocatoria con apelación, por extemporáneo), el recurrente plantea lo siguiente. Fue aplicado indebidamente el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública, pues con base en él su contraparte rechazó todos los recursos planteados en sede administrativa y declaró extemporáneo el recurso de revocatoria planteado contra el oficio 510-1230-066. Al negarse la posibilidad de que órganos superiores revisaran la decisión administrativa del inferior, se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa. El ICE alegó un formalismo para desviar la atención. La norma que dio sustento al rechazo de los recursos era inaplicable y se negó el acceso a un verdadero procedimiento administrativo, por lo que lo actuado por su contraparte es ilegal. Se incurre en yerro al considerar aplicable la Ley no. 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, que es posterior a la contratación de la actora con el ICE. La normativa es de agosto de 2008 y la obra fue construida entre el 2003 y el 2006. Incluso la primera actividad recursiva en contra del oficio 510-1230-2006 del 21 de setiembre de 2006 fue presentada el 05 de octubre de 2006, cuando aún no había entrado en vigencia la Ley 8660.
XVIII.No lleva razón el recurrente en su planteamiento. Luego de que UFG le solicitara al Subgerente de Electricidad que se pronunciara sobre su pretensión de reconocimiento de extracostes, para poder continuar con las “etapas siguientes”, esa Subgerencia, en la resolución no. 510-1230-2006 del 21 de setiembre de 2006, le reiteró su criterio previo, emitido dos años antes, en el sentido de que no reconocería esos gastos por su carácter previsible. El 05 de octubre UFG formuló revocatoria con apelación de ese criterio, pero fue denegado por extemporáneo en el oficio 510-1737-2006 del 11 de diciembre de 2006. El Tribunal, acudiendo a la Ley 8660, señaló que conforme a la jerarquía de fuentes de esa normativa, era aplicable la Ley General de la Administración Pública. Abonó el carácter supletorio del libro segundo de la Ley General de la Administración Pública para casos donde no se pueda aplicar otro procedimiento, de modo que no encontró vicio alguno en que fuera invocado en sede administrativa. Ahora, lleva razón la casacionista, según se afirmó previamente, en que al momento de los hechos no estaba vigente la Ley 8660, pues data del 2008 y los hechos en cuestión acontecieron antes de ello. No obstante, según se afirmó, la situación debatida se encuentra regulada por la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela. Dado que esta última omite remitir a cualquier otra normativa en lo no previsto, ha de acudirse, de nuevo, a la Ley de la Contratación Administrativa, conforme fue previamente expuesto, por su vocación general de aplicación a la materia de contratación pública. Ahora bien, su tercer precepto establece: “Artículo 3.-Régimen jurídico. La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento jurídico administrativo. (…)”. Por ello, corresponde acudir a lo que al efecto dispone la Ley General de la Administración Pública, fuente normativa de carácter general y supletorio en materia administrativa. Su numeral 229 señala que el “Libro Segundo” de esa ley, “regirá los procedimientos de toda la administración, salvo disposición que se le oponga. (…)”. Es decir, lo normado en ese cuerpo legal, en torno al procedimiento administrativo, regirá los procedimientos de la Administración que no tengan disposición especial al respecto. Dentro de las reglas del procedimiento administrativo se ubican las relacionadas con los recursos y en ellas se ubica el precepto 346 invocado por el ICE para denegar el recurso de revocatoria planteado por la contratista, por considerarlo extemporáneo. Así, en resumen, el precepto sí resultaba aplicable, lo que descarta el vicio endilgado. Nótese que, en todo caso, la parte recurrente tan sólo controvierte que esa norma se haya actuado a su reclamo, sin mencionar, ni por asomo, cuál otro precepto, favorable a su tesis, correspondía actuar. En suma, por los motivos señalados, el reparo no es de recibo y debe denegarse.
XIX.En su último reparo pendiente de examinar, alega vulnerado el artículo 193 del Código Procesal Civil, pues acudió a la vía judicial, no por deseo, sino como última ratio, para buscar amparo ante la afectación de sus derechos e intereses. La vulneración del artículo 193 tiene lugar por dos circunstancias, pues a UFG le asiste el derecho de reclamar el ajuste de tarifas por los extracostes que debió soportar y tenía suficiente motivo para litigar pues el propio ICE reconoció que la suspensión de la obra, por el plazo indicado, se debió a circunstancias ajenas e imprevisibles, de modo que el reclamo se justificaba para recuperar el equilibrio financiero. Al condenarle en costas, la sentencia vulnera los artículos 41 y 49 de la Constitución Política y 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues hay sobradas razones para acoger sus pretensiones y condenar al ICE al pago de las costas por no reconocer oportunamente los extracostes.
XX.No le asiste razón. En cuanto a las costas, este órgano ha señalado, de manera consistente y harto reiterada, que a tenor de lo establecido por el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el pronunciamiento sobre las consecuencias económicas del proceso debe hacerse de oficio, condenando al vencido a su pago. Por ello, la condenatoria se impone al perdidoso por el hecho de serlo, sin que ello equivalga a negar la existencia de suficiente motivo para litigar, ni se juzgue su actuación procesal como temeraria o de mala fe. Esto supone que no podrá considerarse la existencia de un yerro en la aplicación del precepto, por el hecho de hacer recaer el pago de las costas en la parte que ha resultado vencida en la contienda. Con todo, no existe defecto que controlar por la imposición de las costas a la parte actora, cuyas pretensiones fueron denegadas íntegramente.
XXI.Al no haber prosperado los reclamos y a tenor de lo dispuesto por el artículo 150 acápite 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, habrá de rechazarse, imponiendo a la actora el pago de las costas devengadas con el ejercicio de esta instancia.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recuso de casación formulado. La parte promovente deberá sufragar las costas generadas con su planteamiento.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez Rosalena Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.