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Res. 02758-2020 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 19/11/2020
OutcomeResultado
The First Chamber denies both cassation appeals: it confirms that the consumer protection regime (Law 7472) does not apply to securities relationships, and that liability in this area is subjective, not strict; it also finds no incongruence in the ruling against the trustee.La Sala Primera rechaza ambos recursos de casación: confirma que el régimen de protección al consumidor (Ley 7472) no es aplicable a relaciones bursátiles, y que la responsabilidad en este ámbito es subjetiva, no objetiva; además, determina que no hubo incongruencia en la condena a la fiduciaria.
SummaryResumen
The First Chamber examines an ordinary proceeding in which an investor sued several companies and individuals for non-payment of a promissory note tied to a real estate development trust. The plaintiff alleged strict liability under the Consumer Protection Law (Ley 7472), arguing he was not adequately informed of the risks. The trial court dismissed the main claim, holding that the plaintiff was a 'sophisticated investor' and the Consumer Law did not apply; instead, the Securities Market Law (LMV) governed. It partially granted relief against Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. as trustee for material damages. Both parties filed cassation appeals. The Chamber rejects IFC's appeal: there was no incongruence, as the claim was also directed against it in its fiduciary capacity. Regarding the plaintiff's appeal, the Chamber corrects the lower court's reasoning: although Ley 7472 does not apply, the LMV imposes duties to provide proper information, and the liability regime under securities law is subjective (fraud or negligence), not objective. The plaintiff has the right to have claims of bad faith and misinformation examined, but the provisions he cites are not applicable to this case; thus, both appeals are denied.La Sala Primera analiza un proceso ordinario en el que un inversionista demandó a varias sociedades y personas físicas por el impago de una letra de cambio vinculada a un fideicomiso de desarrollo inmobiliario. El actor alegó responsabilidad objetiva bajo la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), sosteniendo que no se le informó adecuadamente de los riesgos. El Tribunal de instancia declaró sin lugar la pretensión principal, al considerar que el actor era un 'inversionista sofisticado' y, por tanto, no aplicaba la Ley 7472, sino el régimen bursátil de la Ley del Mercado de Valores (LMV). Sin embargo, condenó parcialmente a Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. como fiduciaria por el daño material. Ambas partes recurrieron en casación. La Sala rechaza el recurso de IFC: no hubo incongruencia, pues la demanda también se dirigió contra ella en su carácter de fiduciaria. En cuanto al recurso del actor, la Sala corrige el análisis del Tribunal: aunque la Ley 7472 no es aplicable, la LMV sí impone deberes de información, y el régimen de responsabilidad bursátil es subjetivo (dolo o culpa), no objetivo. Concluye que el actor tiene derecho a que se verifique la mala fe y desinformación, pero las disposiciones invocadas no son atinentes al caso, por lo que se rechazan ambos recursos.
Key excerptExtracto clave
Now, it is clear that the provisions of Law 7472 do not apply in stock market matters, since the Securities Market Law (hereinafter LMV) has its own set of provisions that oblige investors to provide timely and truthful information about the financial products they offer. Thus, in both regimes there is an obligation for economic agents to provide adequate and reliable information, in one case to the consumer, and in the other, to the investor; that is, there is no difference in either regime regarding the obligation to adequately inform investors or consumers. (...) Notwithstanding the foregoing, although they are based on the obligation to provide truthful and timely information for their transactions, the liability regime in stock market matters escapes the objective parameters that support the liability derived from Law 7472, since from the second paragraph of Article 59 of the LMV it is extracted that: "(...) Securities brokerage firms shall be equally liable for the fraudulent or negligent acts of their officers, employees or securities agents, during or on occasion of the exercise of their functions, when their actions are contrary to the legal system or the rules of sound administration and cause harm to the respective stock exchange or to third parties." That is, although in the stock market regime there is an unavoidable duty to provide complete, adequate and truthful information to investors — as occurs in relationships between economic agents and consumers —, which in turn entails the burden of proof for the one who has the duty to inform, the liability regime provided for stock market transactions does not imply the existence of strict liability, since, according to Article 59 cited above, liability arises from fraudulent or negligent acts, characteristic of subjective liability.Ahora bien, es claro que las disposiciones de la Ley 7472 no aplican en materia bursátil, toda vez que la Ley del Mercado de Valores (en lo sucesivo LMV), posee su propio elenco de disposiciones que obligan a entregar a los inversionistas información oportuna y veraz sobre los productos financieros que ofrecen. De esa suerte, en ambos regímenes existe una obligación de los agentes económicos de entregar información adecuada y fidedigna, en un caso al consumidor, y, en otro, al inversionista, es decir, que no existe diferencia en ambos regímenes en cuanto a la obligación de informar adecuadamente a los inversionistas o consumidores. (...) No obstante lo anterior, aún y cuando se sustentan en la obligación de brindar información veraz y oportuna para la realización de sus transacciones, el régimen de responsabilidad en materia bursátil, escapa a los parámetros objetivos que sustentan la responsabilidad que deriva de la Ley 7472, toda vez que del párrafo segundo del mandato 59 de la LMV, se extrae que: “(…) Los puestos de bolsa serán igualmente responsables por las actuaciones dolosas o culposas, de sus funcionarios, empleados o agentes de bolsa, durante el ejercicio de sus funciones o con ocasión de él, cuando sus actuaciones sean contrarias al ordenamiento jurídico o las normas de la sana administración y perjudiquen a la respectiva bolsa o a terceros”. Es decir, que si bien en el régimen bursátil existe un deber insoslayable de brindar información completa, adecuada y veraz a los inversionistas, -tanto como ocurre en las relaciones entre agentes económicos y consumidores-, lo cual a su vez acarrea la carga de la prueba para quien tenga el deber de informar, el régimen de responsabilidad dispuesto para las negociaciones bursátiles no implica la existencia de responsabilidad objetiva, toda vez que, acorde al canon 59 ibidem, esta deriva de actuaciones dolosas o culposas, propias de la responsabilidad subjetiva.
Pull quotesCitas destacadas
"De esa suerte, en ambos regímenes existe una obligación de los agentes económicos de entregar información adecuada y fidedigna, en un caso al consumidor, y, en otro, al inversionista, es decir, que no existe diferencia en ambos regímenes en cuanto a la obligación de informar adecuadamente a los inversionistas o consumidores."
"Thus, in both regimes there is an obligation for economic agents to provide adequate and reliable information, in one case to the consumer, and in the other, to the investor; that is, there is no difference in either regime regarding the obligation to adequately inform investors or consumers."
Considerando VI
"De esa suerte, en ambos regímenes existe una obligación de los agentes económicos de entregar información adecuada y fidedigna, en un caso al consumidor, y, en otro, al inversionista, es decir, que no existe diferencia en ambos regímenes en cuanto a la obligación de informar adecuadamente a los inversionistas o consumidores."
Considerando VI
"el régimen de responsabilidad dispuesto para las negociaciones bursátiles no implica la existencia de responsabilidad objetiva, toda vez que, acorde al canon 59 ibidem, esta deriva de actuaciones dolosas o culposas, propias de la responsabilidad subjetiva."
"the liability regime provided for stock market transactions does not imply the existence of strict liability, since, according to Article 59 cited above, liability arises from fraudulent or negligent acts, characteristic of subjective liability."
Considerando VI
"el régimen de responsabilidad dispuesto para las negociaciones bursátiles no implica la existencia de responsabilidad objetiva, toda vez que, acorde al canon 59 ibidem, esta deriva de actuaciones dolosas o culposas, propias de la responsabilidad subjetiva."
Considerando VI
"el actor también planteó pretensiones en contra de IFC, las cuales fueron planteadas también en su carácter de fiduciaria del fideicomiso de examen, de ahí que al condenarle en ese carácter, el Tribunal no haya excedido la causa de pedir, ni menos aún incurrido en el vicio de incongruencia."
"the plaintiff also brought claims against IFC, which were also brought in its capacity as trustee of the trust under examination, hence in ordering payment in that capacity, the Court did not exceed the grounds for the claim, nor did it incur in the defect of incongruence."
Considerando III
"el actor también planteó pretensiones en contra de IFC, las cuales fueron planteadas también en su carácter de fiduciaria del fideicomiso de examen, de ahí que al condenarle en ese carácter, el Tribunal no haya excedido la causa de pedir, ni menos aún incurrido en el vicio de incongruencia."
Considerando III
Full documentDocumento completo
First Chamber of the Court Date of Resolution: November 19, 2020 at 15:40 Case File: 12-000136-0181-CI Type of Matter: Ordinary proceeding Analyzed by: FIRST CHAMBER Related Judgments Content of Interest:
Content Type: Unanimous vote Branch of Law: Civil Topic: Incongruence Subtopics:
Concept and scope.
Analysis of incongruence. See resolutions 408-2006, 41-2007 and 478-2008. In the present matter, the plaintiff also brought claims against one of the co-defendants, which were also brought in her capacity as trustee (fiduciaria) of the trust (fideicomiso) under review, hence, by condemning her in that capacity, the Court did not exceed the cause of action, much less incur the defect of incongruence (vote 2758-F-2020).
Related Judgments Content of Interest:
Content Type: Unanimous vote Branch of Law: Civil Topic: Liability Subtopics:
Strict liability (Responsabilidad objetiva). Securities market liability (Responsabilidad bursátil).
Topic: Duty to Inform Subtopics:
Concept and scope.
Distinction between the strict liability regime for consumers (articles 32, 34, 35 and 43 of the Consumer Law) and that of the securities market (canon 109 of the Securities Market Law -LMV hereafter-), specifically, regarding the duty to provide consumers and investors, respectively, with timely and truthful information about the goods and services they offer; as well as the risks involved. In this case, this is a scenario of acts and contracts derived from the securities market, governed by the latter cited law, insofar as it regulates the public offering of securities, which constitutes any express or implicit offering intended to issue, place, negotiate, or trade securities among the investing public (rule 2). This securities market regime escapes the strict parameters that underpin liability under Law 7472, since mandate 59, second paragraph, of the LMV, derives a fault-based liability for willful and negligent acts. Indeed, the plaintiff has always had the right to have his claims verified regarding the existence or not of bad faith and misinformation on the part of the Brokerage House (Puesto de Bolsa), which is inherent to its securities market functions. However, this duty does not derive from the provisions whose violation he alleges but from the numerous norms of the LVM that require adequately informing investors, enhancing that duty in the case of higher-risk investments. Although the plaintiff alleges that sensitive information for making a decision about his investments was not made known to him, which in his opinion was known by the defendant prior to the offer made to him, the provisions whose breach he claims are not pertinent to the specific case, hence the claims are rejected (vote 2758-F-2020).
... See more Citations of Legislation and Doctrine Res. 002758-F-S1-2020 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at fifteen hours forty minutes on the nineteenth of November of two thousand twenty.
Ordinary civil proceeding established by PEDRO GERARDO GARCÍA DELGADO, of legal age, single, businessman, resident of Pozos de Santa Ana, San José, against; DANIEL CASAFONT FLORES, of legal age, resident of San José, in his personal capacity and against, INTERBOLSA FINANZAS CORPORATIVAS IFC SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by the latter in his capacity as general unlimited power of attorney, CARLOS MELÉNDEZ MONGE, of legal age, in his personal capacity and as manager with powers of general unlimited power of attorney of the PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA, currently named SOLUCIONES INTEGRALES SOFISA SOCIEDAD ANÓNIMA, and PAUL CASTRO CÁRDENAS, of legal age, stockbroker, resident of San José. Acting as special judicial attorneys: for the plaintiff, Manuel Emilio Ramírez Castro, and for the co-defendants, Dagoberto Venegas Durán, Álvaro Emilio Castro Garnier, and Gabriela Porras Arias, all of legal age, and lawyers.
Drafted by Magistrate Vargas Vazquez
CONSIDERING
I.- Pedro García Delgado sued Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. (hereinafter IFC), Daniel Casafont Flores, Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. (PBI), Carlos Meléndez Monge and Paul Castro Cárdenas. He stated, in August 2008, as a result of the sale of a real estate property, he had financial resources of ȼ425,000.00, of which he informed Mr. Castro Cárdenas, his friend and broker of Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. He indicated, for that reason he received a call from said gentleman, offering him investment options, suggesting he invest in the development of a condominium project in Playa Langosta, Guanacaste, called "Proyecto Península", in which a company of the Interbolsa Group; -IFC-, would be the best option to invest thanks to its superior yield, where in its capacity as trustee (fiduciaria) of a trust (fideicomiso) contract, said company assumed the construction and administration of a project for which it was raising funds through the issuance of bills of exchange from INC, a company based in Panama, which transferred in trust ownership of the shares of Costa Rican corporations, in turn owners of the child properties to be developed, that is, they were the owners of child properties that constituted the entirety of the condominium. For this reason, he outlined, on August 27, 2008, he invested USD $275,000.00 in sight in the stock exchange, and USD $150,000.00 in the purchase of a security issued by IFC as trustee (fiduciaria) of the Proyecto Península Administration Trust (Fideicomiso de Administración del Proyecto Península). He recounted, said security is an unnumbered bill of exchange, signed by Mr. Carlos Luis Meléndez Monge, attorney-in-fact of the trustee (fiduciaria), maturing on March 1, 2010, in which annual interest of 13.04% is recognized, payable in expired semesters, of which only two semesters were paid to him, with great difficulty as they were always unpunctual and not very diligent in that regard, for which he estimates, at that point the project was already in financial trouble. He revealed, said security remains unpaid, owing interest since August 2009. He asserted, the trustee's (fiduciario) assets subject to seizure consist of ownership rights over corporate shares of companies owning child properties that are non-existent in reality, where one part was completed and sold, requiring a 100% agreement of the condominium owners to partially dispose of it, which makes that possibility a chimera since there is not even free disposal over it, as technically the land itself does not even exist as an immovable property in registry terms, as it would have to be "created" through the extraction of the horizontal property regime via an assembly over which there is no control, and without it being a tangible asset, which prevents it from being seized. He affirmed, he was not informed that the developers did not exist because the trustor (fideicomitente) company is themselves, for which they are responsible. He noted, on May 7, 2010, an email was sent to him by Danilo Montero Rodríguez, an official of the defendants, where it is evidenced that when offering him the investment they already knew of some drawbacks and negative circumstances for the project, namely, that the trustor (fideicomitente) was the property of the administrators, that the shares were not registered in the Shareholder Registry books in the name of the trustee (fiduciario), that there was a proceeding before the Constitutional Chamber, whose resolution could affect the suitability and provenance of the construction permits, their continuity and development, which would financially ruin it given the unestimated costs of its paralysis. He stressed, when offering him the investment, the project was already out of alignment in its schedule and with an uncertain completion date, transferring uncertainty to the recovery of his security, which, not having been informed to him, constitutes bad faith, in addition to an improper risk in the nature of the investment that had he been informed of, he would not have made. He said, barely three months after his investment, the project collapsed financially and "judicially." Additionally, he explained, it matters little if they knew or not or if they acted in bad faith or not, because given their status as offerors adjusted to the Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer (hereinafter Law 7472), they assume the risk they create with their ignorance, as they are strictly liable (responsables objetivamente). He commented, in said email he is informed with irony, that the people who pursued him to make that investment are not the ones contractually responsible for promoting the sale of commercial effects among investors, with which to procure the resources to give financial content to the complete development of the project, which they said was 80% secured. He added, in the investment offer, it is noticeable that the veiled intention of leaving a documentary trail, of having no responsibility as a brokerage house (puesto de bolsa) in the investment made, but in the intention is the evidence to the contrary, as he would never have invested had a securities corporation not been involved. However, he assessed, they did it risking 30 years of existence in the market, thinking they could abandon him to his fate. He requests in judgment that it be declared: Main Petition: 1) The companies Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. and Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. are jointly liable (corresponsables) indistinctly, and jointly and severally for the damages and losses suffered on the occasion of the non-recovery of the investment made in the real estate development called Proyecto Península, created and contained in a trust (fideicomiso) contract signed on May 15, 2008, which has the co-defendant Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A, as trustee (fiduciario), and the firm Sunvalley Inc as trustor (fideicomitente). This liability will be attributed to them for having acted as co-managers of investment in a project of common interest, violating and infringing the consumer protection norms contained in Law 7472, by inducing error by concealing and simulating information, thus creating an unforeseeable risk typical of the financial market. 2) By virtue of the contracting performed being governed by the referred Law, the following become jointly and severally liable for the obligation to compensate the damages and losses caused, also Mr. Paul Castro Cárdenas in his capacity as business factor, and Messrs. Casafont Flores and Meléndez Monge, with qualities already stated, each in their capacity as jointly and severally liable representatives at the date of the facts. 3) The co-defendants must compensate the pecuniary damage consisting of the amount of the capital invested and not recovered, that is, the sum of USD $150,000.00; plus the losses consisting of the non-enjoyment of the financial yields of that capital, represented by interest at the rate of 13.04% per annum from August 27, 2009, which at that date he settles at USD $58,680.00, which in judgment will be determined to continue running until their effective payment in execution of judgment. Subsidiarily on this point, he requests, if not granted, let it then be the legal rate. 4) The defendants are jointly and severally obliged to pay moral damages to be determined in execution of judgment. 5) All the defendants are jointly and severally liable for the obligation to pay the sums that are granted, in addition to costs. Subsidiary Petition. In case the legal regime of the negotiation under review is not that of Law 7472, he requests that the following be ordered: 1) Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. be condemned to pay the damages and losses caused by the non-recovery of the investment made in the Proyecto Península, for having induced him into error regarding the soundness of the investment by appearing to act as a brokerage house (puesto de bolsa), when in reality it acted outside the regulations authorized by the Securities Market Regulatory Law, and for the benefit of an economic interest group to which its corporate structure belongs, a condemnation that he requests extends to Paul Castro Cárdenas, of the referred qualities. 2) Likewise, Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. be condemned, jointly or not, jointly and severally or not, to the payment of the bill of exchange signed by it in its capacity as trustee (fiduciaria) and facial debtor of the document, also as compensation for damage caused to his estate as a defaulting debtor of the obligation. 3) They also be condemned to compensate the pecuniary damage consisting of the amount of the capital invested, and not recovered, that is, USD $150,000.00 plus the losses consisting of the financial yields of that capital, represented by interest at 13.04% per annum from August 1, 2009, which at that date amounted to USD $58,680.00, which shall continue running until their effective payment in execution of judgment, and which, subsidiarily, if the requested interest is not accepted, let it be the rate provided by Law. 4) The defendants are jointly and severally obliged to pay for the moral damages caused, to be determined in execution of judgment. 5) All the defendants are jointly and severally liable for the obligation to pay the sums granted herein, and costs. The co-defendants replied negatively, and raised the defenses of lack of: right, active standing (legitimación activa), and passive standing (legitimación pasiva). Regarding the main claim, the Court granted the lack of right concerning all the defendants, and also the lack of passive standing (legitimación pasiva) concerning co-defendants Meléndez Monge, Casafont Flores, and Castro Cárdenas, dismissing the lawsuit. Concerning the subsidiary claim, it admitted the lack of passive standing (legitimación pasiva) filed by Puesto de Bolsa Interbolsa Sociedad Anónima (currently: Soluciones Integrales Sofisa Sociedad Anónima), Daniel Casafont Flores, Carlos Meléndez Monge and Paul Castro Cárdenas, a decision on the other defenses raised being omitted regarding them. It partially rejected the defense of lack of right, -admitted only regarding those items not granted-, which Interbolsa Finanzas Corporativas IFC Sociedad Anónima invokes, and the defense of lack of active standing (legitimación activa) and passive standing (legitimación pasiva) formulated by this entity are rejected. Consequently, it partially granted the lawsuit against Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., which must pay, in its capacity as trustee (fiduciaria) of the Proyecto Península Administration Trust (Fideicomiso de Administración de Proyecto Península) to the plaintiff, as material damages the sum of USD $150,000.00, plus interest at 13.04% from September 27, 2009 and until its effective payment, amounts to be settled in execution of judgment, dismissing the remainder of the lawsuit. The plaintiff is condemned on the dismissal to the joint and several payment of both costs in relation to Puesto de Bolsa Interbolsa Sociedad Anónima (currently: Soluciones Integrales Sofisa S. A.), Daniel Casafont Flores, Carlos Meléndez Monge and Paul Castro Cárdenas, on the other hand, the co-defendant Interbolsa Finanzas Corporativas IFC Sociedad Anónima is condemned, in its capacity as trustee (fiduciaria), to pay the plaintiff both costs of the proceeding, setting the amount based on the condemnation. Dissatisfied, both parties appeal in cassation.
Appeal of Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A.
II.- The appellant formulates a single charge of a procedural nature. He accuses the Court of incurring incongruence. He refers, the appealed judgment in its operative part stated: "...consequently, the ordinary lawsuit of Pedro Gerardo García Delgado against Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. is partially granted, the co-defendant in her capacity as trustee (fiduciaria) of the Proyecto Península Administration Trust (Fideicomiso de Administración de Proyecto Península) must pay the plaintiff for material damages the sum of one hundred fifty thousand dollars… ". He alleges, the cited norms -articles 61.2 and 28.1 of the Civil Procedure Code - have been violated by the Court because the plaintiff, in the document filing his lawsuit (visible at folios 56 and 57) -filed on June 21, 2012- directs his action solely in the following manner: "...I file an ordinary proceeding to demand a declaration of the obligations to compensate the damages and losses caused to me, to be borne by the following natural and legal persons: the company Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., represented by its President Daniel Casafont Flores, a company contractually obligated to me, simultaneously demanding at this act and concomitantly, the joint and several liability of the Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. represented by the same Mr. Casafont Flores, as the latter is the company that acted, in light of the facts as will be seen, as a trader-offerer and supplier as defined by Law 7427 called the Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer, hereinafter LDPCYDC, ....Liability which, given its nature and the legal framework that provides for it, also jointly and severally holds its legal representatives at the date of the facts, article 35 of LPCYDC, for which reason I proceed to sue, in a passive litisconsortium, Mr. Daniel Casafont Flores, in his personal capacity having acted as President of both Corporations in August 2008, and Carlos Meléndez Monge, likewise, but as Executive Vice-President, both with qualities that appear in the attached certifications, who for all legal purposes, result as being jointly and severally liable as I already said. In addition, I sue and in accordance with the joint and several liability established in the norm that will be invoked, Paul Castro Cárdenas, identity card 2-505-719, Stock Broker." According to what was stated by the plaintiff, in this lawsuit, the following would be considered as part of the litis as defendants -or sued parties-: Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., Puesto de Bolsa Interbolsa S.A., Daniel Casafont Flores, Paul Castro Cárdenas, Carlos Meléndez and Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. He points out, in other words, the plaintiff at no time directed his lawsuit against the Trust (Fideicomiso) nor indicated the Trustee (Fiduciario) so that it could be individually considered. Now then, he says, it must be kept in mind that the trust (fideicomiso) is a typical commercial contract, by virtue of which a person transfers assets to a third party so that they may administer them according to the fiduciary engagement, contractually defined. He analyzes, numeral 633 of the Commercial Code states that, through a trust (fideicomiso), the trustor (fideicomitente) or settlor (fiduciante) transfers to the trustee (fiduciario) the property of assets or rights, who in turn is obligated to employ them for the realization of lawful ends that are predetermined in the constitutive act. He adds, the trust (fideicomiso) is exercised for the benefit of the person designated in the contract, and the assets are transferred to the beneficiary (fideicomisario) upon fulfillment of the term established in the contract. He expands his thesis on the trust (fideicomiso). He refers, mandate 634 of the Commercial Code allows all kinds of assets or rights that are legally found or placed within the commerce of men to be the object of a trust (fideicomiso), which, upon integrating fiduciary estate assets (patrimonio fideicomitido), cannot be encumbered or pledged (numeral 652 of the Commercial Code), unless there is express authorization from the trustor (fideicomitente). He outlines, these can be encumbered despite not having such consent, when it is proven before a Judge that an emergency situation exists that makes it indispensable. He states, the commercial law obliges the trustee (fiduciario) to maintain this separation in its records, so that the assets of the trust (fideicomiso) are not confused with its own. Likewise, he affirms, due to this autonomy, the law entrusts the trustee (fiduciario) with the obligation to watch over and protect this fiduciary estate (patrimonio fiduciario). He resorts to foreign doctrine in support of his thesis. Now then, he continues, the ownership over the trust (fideicomiso) estate is not full or unrestricted, because it is primarily limited to the purposes of the trust (fideicomiso) and the maximum term that the Commercial Law establishes. He asserts, in other words, although the Trustee (Fiduciario) is the owner of the fiduciary assets (bienes fideicometidos), he cannot dispose of them unlimitedly, but must respect the limits of the trust (fideicomiso) contract and the applicable laws. He assures, this autonomy of the estate is extremely important, because the assets already transferred in the name of the Trustee (Fiduciario) cannot be pursued for the obligations of the Trustor (Fideicomitente), the Beneficiary (Fideicomisario), or the Trustee (Fiduciario), but they only answer for the obligations of the Trust (Fideicomiso) itself. He recounts, in the event that a third party should attempt to disrespect this rule, it is an essential obligation of the Trustee (Fiduciario) to take the necessary actions to defend said assets from any measure requested by a third party. He reveals, in the case of assets registrable in the Registry, it used to be a complication that said entity did not always note that the ownership over certain assets was exercised precisely in that capacity, and for that reason third parties took actions against those assets, but this has already been corrected. He specifies, he has expounded on the characteristics and nature of a trust (fideicomiso), and that the plaintiff sued Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. but never in its capacity as Trustee (Fiduciario) of the Trust (Fideicomiso), therefore, even though he directed his lawsuit against the Trustee (Fiduciario), he did not do so against the Trust (Fideicomiso) in that capacity. He highlights, it is here where the incongruence arises on the part of the Court by disrespecting articles 28.1 and 61.2 of the CPC, by granting the lawsuit against Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., condemning her to pay the co-defendant in her capacity as trustee (fiduciaria) of the Proyecto Península administration trust (fideicomiso de administración de Proyecto Península). He underlines, the incongruence exists because the Court grants the plaintiff a point against a party that was not sued in its capacity as trustee (fiduciario). He cites rulings from this Chamber in support of his thesis. The incongruence of the Court is such that it introduced a procedural subject that had not been called to the litis by the plaintiff or by the other co-defendants. He explains, the party whom the plaintiff sued was Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., formulating the litis against that company but not against the trustee (fiduciario). Despite this, he assesses, the appealed judgment illegally incorporates that company into the litis as representative of the trust (fideicomiso). He comments, said error violates articles 28.1 and 61.2 of the CPC, as the trust (fideicomiso) itself has been confused with the trustee (fiduciario) that administers it, which is not juridically-legally viable.
III.- This Chamber has considered that incongruence exists when there is a disharmony between the claims of the litigants and what is resolved in the operative part of the ruling; that is, when the judge decides on matters not requested in the stages established for that purpose, grants more than what was requested, or omits to decide the claims or defenses, taking into account that, according to the procedural legislation in force, the judge may specify or clarify the claims outlined in the lawsuit. (On this matter, one can consult, among others, the judgments numbers 408 from 14 hours 30 minutes on June 28, 2006; 41 from 9 hours on January 26, 2007 and 478-2008 from 8 hours 30 minutes on July 18, 2008). Now then, in essence, the appellant argues, the Court incurs incongruence by granting the plaintiff a point against a party that was not sued in its capacity as trustee (fiduciaria), since the party he sued was Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., formulating the litis against that company, but not in its capacity as trustee (fiduciario). The foregoing, this Chamber deems, is not admissible. Indeed, from both the facts and the claims, it is extracted that the cause of action is also directed against IFC as trustee (fiduciaria) of the Trust (Fideicomiso). In particular, from what is stated in the claims, it is undeniable that the plaintiff requested IFC be condemned as trustee (fiduciaria), and the firm Sunvalley Inc as trustor (fideicomitente). Likewise, in his subsidiary claim, he expressly requested that IFC be condemned “… jointly or not, jointly and severally or not, to the payment of the bill of exchange signed by it in its capacity as trustee (fiduciaria) and facial debtor of the document…”. From what has been stated, there is no doubt that the plaintiff also brought claims against IFC, which were also brought in its capacity as trustee (fiduciaria) of the trust (fideicomiso) under review, hence by condemning her in that capacity, the Court did not exceed the cause of action, much less incur the defect of incongruence, for which reason the objection must be rejected.
Appeal of Pedro Gerardo García Delgado IV.- The appellant formulates two charges of a substantive nature. In the first, he claims an indirect violation of law, due to an error of law in the nature of the contract, consisting of the erroneous appreciation by the judges of the evidentiary elements. In this case, it is accused, said error occurred when appreciating the investment contract and subscription of the bill of exchange, offered as a financial product, contravening the rules of sound criticism contained in canon 41.5 of the Civil Procedure Code (hereinafter CPC). From this error, he explains, a "securities contract" ("contrato bursátil") was found to have been configured and not a "consumer contract" ("contrato de consumo"), and in that way, he was considered an "investor" ("inversionista"), and not a "consumer" ("consumidor"). Therefore, he adds, he was excluded from the legal regime that protects the rights that, as a consumer, protect the plaintiff in court in that type of consumer relationships, in accordance with the Law for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer (hereinafter Law 7472). He opines, in this way, the improper disapplication of those substantive norms was consummated, in its ordinals 1, 2, 31, 32, 34, 35 and 71, additionally reversing, as a product of that disapplication, the burden of proof to the detriment of the weaker party in the consumer relationship. He estimates, said reversal of the burden of proof is determinative in this specific case, for which the list of proven and unproven facts must be varied, eliminating the first fact considered as unproven, which states it was not accredited: "That he had not been informed or that information about the risks of investment in the Proyecto Península was hidden from him," incorporating in its place an additional proven fact that provides that the defendant did not prove that the plaintiff: "had been informed by the defendant, INTERBOLSA FINANZAS CORPORATIVAS IFC SOCIEDAD ANÓNIMA of the risks of investment in the Proyecto Península that were known to the plaintiff," since it was that party who had to prove it, due to the strict liability (responsabilidad objetiva) that corresponds to it. He accuses, the ruling thus incurs an error of law by pretermitting, -with violation of norm 41.5 of the CPC-, and not making an integral assessment of all the evidence that establishes there existed sensitive information for his consumer decision-making, which was known by the defendant prior to the consumer offer made to him, without it being brought to his knowledge to make that decision, with which, in this way, the substantive norms contained in numerals 1, 2, 31, 32, 34, 35 and 71 of Law 7472 are also violated, as well as precept 21 of the Civil Code, and provision 46 of the Political Constitution. By virtue of the foregoing, on the contrary, the liability sought against the defendant and its representatives must be taken as proven, for the violation of the following duties and obligations that as merchants in the consumer relationship corresponded to them, because: 1.- The plaintiff was not correctly informed that the debtor's liability was not guaranteed by the solidity of the Economic Interest Group represented by including a company that had a Position on the National Stock Exchange, on the contrary, they induced him to assume it, because as a client, which is the broad legal concept of the term consumer, he was attracted to the investment with that commercial image platform. He adds, they also did not inform him that the debtor of the security had no more equity than what the intangible of the corporate shares of companies owning unbuilt child properties could represent. He highlights, the content of the testimonial statement of Rafael Ángel Mora Badilla and the confessional statements of Paul Castro Cárdenas and the plaintiff himself Pedro García Delgado, pretermitted even though they are consistent in showing that no clarification was ever made regarding the existing liability of the companies of the INTERBOLSA GROUP, but rather it was left that he thought in the way he was induced to do so. 2.- Nor did they inform him that at the time of purchasing the security, they did not even have those shares properly endorsed in their possession, a product of a conflict with whoever sold them the project they wanted to sell and commercialize. He assesses, with this they pretermitted the evidence that appears in the letter from the defendant sent by mail on May 7, 2010, to the holders of bills of exchange. He outlines, it is clear that if that information had been provided to him timely, as was their obligation, it would have undoubtedly eliminated his will to consume the financial product.
3.- Nor were they informed at the time of purchase that, since April 26, 2007, an amparo action (recurso de amparo), case file 07-005611-0007-CO, existed against the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), which questioned that the provisions of canon 50 of the Political Constitution had been violated, to the detriment of those protected therein, since within the Las Baulas National Park and its buffer zones (zonas de amortiguamiento), the construction of several large-scale residential complexes and cabin and hotel developments was being proposed, without them having been submitted—in an integral manner—to a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by SETENA to establish their viability; and, because the development intended by the defendants was within the buffer zone (zona de amortiguamiento) of the Las Baulas National Park, it was subject to a judicial decision that would eventually render it unviable, as indeed subsequently occurred with ruling 2008-018529 of this Chamber, at 8 hours 58 minutes on December 16, 2008. It suggests reviewing documentary evidence, not challenged by the defendants, which is a copy of an email dated May 7, 2010, sent by Mr. Danilo Montero Rodríguez, an official of the defendant companies, in which it is clearly shown that the action was known. It points out that the certifications from Case File 07-005611-0007-CO that were submitted as evidence are thus omitted from assessment. 4.- Nor did they inform that, as a result of these events, the financial status of the project was precarious, so much so that on the date the title or investment was offered to him, the project was already out of alignment with its construction schedule, and had an uncertain completion date, to the extreme that for the only payments they made, which corresponded to the first semester of interest that was supposed to be produced, they were in default. 5.- He was not informed as a consumer that the trustor (fideicomitente) company was not formally owned by the same managers of its development, meaning they were not themselves the responsible parties who were to provide the financial resources for the successful achievement of the Project. It opines that this type of information was absolutely decisive for the consumption decision, given the nature of the product acquired, which the defendant offeror knows, so the failure to inform is an act that can be assumed as an absence of good faith on its part, violating mandate 21 of the Civil Code. In this manner, it opines, the information provided to him as a consumer was not truthful or adequate, as it should be in accordance with ordinales 42 of Law 7472 and 46 of the Political Constitution, therefore the Tribunal, by its judgment, violated those norms by not deriving liability against the defendant for those acts that caused economic damage to the plaintiff as a consumer. It cites a ruling of this Chamber in support of its thesis. It transcribes numeral 35 of Law 7472, in order to establish a thesis regarding strict liability (responsabilidad objetiva), according to which proof of culpability is not required, but it is sufficient to demonstrate the damage and the causal link. It states that, in this case, the liability is attributable to the defendant, since they carried out the sale of the financial product under review, omitting to provide crucial information regarding the implicit risks in the recovery, so that, as a consumer, he was unable to know, which has ultimately prevented him from realizing the value of the acquired title. Consequently, it expresses, the damage is constituted by the value of this title and the causal link is the lack of clear and truthful information on the implicit risks. This, it reveals, is because it is not a matter of consumers being able to claim ignorance, but rather that they be fully aware of all the risks, limitations, and circumstances that the soundness of the acquired product has, and that may be decisive in their consumption decision, an aspect that, as stated, was disregarded. It highlights, according to the pretermitted evidence, the reason for cassation as an additional consequence of the alleged error of law, these are consistent in showing that no clarification was ever made regarding the absence of liability of the GRUPO INTERBOLSA companies, but rather he was induced to believe that it was so. It emphasizes, thus, to affirm that from the documentary evidence referred to in proven facts two and three, it may be sufficient to prove the existence of a stock market contract, is to give an erroneous scope to what that evidence is rightly intended for, since it is even contradictory to state so, because it was clear from the received evidence—see the testimony of witness Rafael Ángel Mora Badilla—that the bill of exchange was not an "investment or acquisition" made on the stock exchange, so that fact alone ipso iure prevents the possibility of it being considered a stock market contract. Therefore, it considers, if it was not a public offering of securities, this also diminishes the effects attributed to the signed document called “Declaración de Inversionista Sofisticado”, since its effects were conceived as a requirement of the then-current regulation, precisely for cases of public investment offerings—which in this case, it was not. It asserts, furthermore, norm 70 of Law 7472 provides that: “To establish the material truth, the Commission to promote competition, the National Consumer Commission, or the corresponding jurisdictional tribunal may disregard the legal forms adopted by economic agents that do not correspond to the reality of the investigated facts (sic)”, that document is one of those forms, as it is nothing more than a note intended to circumvent the liability that, in the public interest, corresponds to it as a commercial agent. It stipulates, said provision is consistent and is also accused as unobserved by the Tribunal, with the principle “IN DUBIO PRO CONSUMPTORE”, of constitutional rank, which imposes a mandatory mode of interpretation of facts and evidence in favor of the consumer, the weaker party in the market relationship. It also accuses as an error of law the effect given in the judgment to that document, contrary to the rules of sound criticism (sana critica), provided for in mandate 41.5 of the CPC, since the fact that a person may be very knowledgeable about the products to be acquired does not exclude nor strip them of their status as a consumer, nor can it be an obstacle to releasing them from the trader's duties of information towards them, so that at the time of making the “purchase decision” they have at hand all the information that may affect that decision, thereby contravening the substantive norms provided in ordinales 1, 2, 31, 32, 34, 35, and 70 of Law 7472, and ordinal 46 of the Political Constitution. It highlights the logical contraction (sic) contained in the way of interpreting the scope of the document: “Declaración de Inversionista Sofisticado”, as it is affirmed that he is a sophisticated investor because he signed the document that says so, but at the same time it is said that he signed the document because he is a sophisticated investor. It refers, one does not know from what is stated in the judgment, whether having signed that document is what makes him a sophisticated investor, or whether he already was one before signing it. From that perspective, it details, the document under analysis cannot be valid proof of his status with respect to the business conducted; in any case, it denies that this condition attributed to him by the judgment—without rationally assessed proof—diminishes his status as a consumer. Thus, it alleges, the relationship between IFC and him is one of consumption, and therefore must be subject to the rules of Law 7472. For this reason, it asserts the joint and several liability of all the authorized individuals, according to numeral 32 of the ibidem Law. It continues, the release from this liability is a subject on which the burden of proof falls on the defendant, who is accused of omission and failure to comply with the duty to inform as traders about the risks inherent in the project to be developed.
V.- The Tribunal considered the application of the legal regime provided in Law 7472 improper, in addition to the absence of right and non-existence of joint and several liability among the co-defendants. It indicated that the plaintiff, in a somewhat “sui generis” manner, has attempted to simply transfer aspects specific to securities law into the realm of consumer law regulation, ignoring that between one and the other category, there are significant differences that deserve special attention. It cited a ruling of this Chamber in support of its thesis. It alleged that the plaintiff has attempted to equate, by way of a simile, his condition as an investor to that of a consumer; however, in strict terms and correct legal technique, such an equation is not entirely accurate, since, according to a document dated August 27, 2008 (provided as documentary evidence from the complaint itself), the plaintiff signed, under the aegis of his autonomy of will, an: "acceptance of private offering" in which he stated he was: "a sophisticated investor" and also accepted that: "the placing agent does not guarantee the soundness of the product"; subsequently, regarding this particular document, the plaintiff—concerning his material claims—did not request its nullity, since in the six claims set forth within the category of: "principal petition", an express request in that sense is not noted. From the above, it derives that the plaintiff finds himself in a position far from that of a simple consumer, as he rather declared and accepted being considered at that moment as an investor of the highest category, which would obviously lead him to aspire to a particular financial instrument, which offered attractive economic returns in his favor. Moreover, it said, logically, within the realm of securities transactions, and even more so those intended for the category known at that time as sophisticated investors—popularly described: as the "major leagues" of investors—the risk factor increases, as there is an area of greater volatility in the projected investments, which justifies the presence of more attractive returns. It stipulated, in this manner it is clear, the plaintiff cannot be lightly categorized as a "defenseless consumer" but rather by his own will he accepted being held at that moment as a: "sophisticated investor" in such a way that he concretized his express will—which cannot be ignored to the detriment of the counterparty, contradicting his own acts—to sign the acceptance document of the private offering under the terms of the then-current numeral 13 of the Reglamento de Oferta Pública de Valores, which consequently renders his legal argument lacking in viability. It accused, in that sense and in support of what has just been indicated, there is also the testimony of the witness Rafael Ángel Mora Badilla who precisely gave an account of the status that accompanies a sophisticated investor when stating: "(...) the bills of exchange that were offered were investment instruments that were not of public offering and therefore, in accordance with the Securities Market Regulatory Law, were offered only to sophisticated investors, who are those having a net worth of more than one million dollars or who have sufficient knowledge of the securities market", (Conf. Folio 1401 of the judicial file); ergo, while this Tribunal, in application of iura novit curia, has knowledge that the regulatory provision alluded to above was repealed by the Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero in article 11 of the minutes of session 1259-2016, such repeal naturally began to take effect upon its publication in La Gaceta, Alcance Digital No. 100 on Friday, June 17, 2016, for which it is more than evident that on the date of August 27, 2008, the regulation did allow the categorization of sophisticated investors and therefore, Mr. García Delgado was subject to a legal regime different from consumer regulation, as he intends here. Consequently, being considered as: "a sophisticated investor" bars the plaintiff from accessing the framework proper to a consumer relationship, since his degree of investor, profit motive, acceptance of attractive returns, and therefore: assumption of risks inherent in securities activity, prevents him from entering into such legal configuration, and it is not possible in any way to address his claims regarding an alleged bad faith and lack of information from the Brokerage House, which, besides not being proven evidentially, are disproved by the very will the plaintiff displayed in acceding to such a securities market paradigm. Thus, as things stand, it outlined—and in tune with the foregoing—, since we are not facing a consumer relationship, the objective scope of civil liability precepted in numeral 35 of Law 7472 becomes inapplicable, and, consequently, the plaintiff's principal claim must be declared without merit in all its aspects. It adds, an investor of such scale, as the plaintiff stated himself to be in the cited document, is far from being a consumer. It assesses that automatically equating such subjective conditions would lead to overflowing the theory of risk derived from the strict liability regime (régimen de responsabilidad objetiva) contained in Law 7472, since the regulations proper to Securities Law have marked rules of economic projection that are alien to the attribution factors of civil liability contemplated in that provision. It reveals that there is no consumer relationship against Puesto de Bolsa Interbolsa S.A., (currently Soluciones Integrales Sofisa S.A.) and IFC, from which a clear lack of passive standing regarding the private co-defendants is inferred, since there is no obligational framework of a joint and several nature that can be opposed to them, in the face of a relationship that, as stated, falls outside the scope of the legal regime of consumer law relationships. In the second ground, it accuses that the judgment is directly violative of substantive law, this because we affirm that it misinterprets substantive law and thereby violates with its judgment, ordinales 1, 2, 31, 32, 34, 35 and 70 of Law 7472 as well as norm 46 of the Political Constitution, canons 10 and 21 of the Civil Code, and the principle of “in dubio pro consumptore”, by concluding from the received evidence that this is not a consumer relationship and therefore subject to the proclaimed regulations. It opines that the violation of law consists in the judges having erroneously interpreted the cited norms, by ordering that they do not apply to the investment contract and subscription of the bill of exchange offered as a financial product, and, based on that erroneous application of the law, having configured a “stock market contract” holding that it is not a “consumer” contract, violating the law by excluding it from the legal regime that protects his rights as a consumer. Furthermore, it outlines that the burden of proof is inverted to the detriment of the weaker party in the consumer relationship, which is decisive in this specific case, therefore the list of proven and unproven facts must be varied, as previously indicated. It maintains that to affirm from the evidence—the documentary referred to in the list of facts held as proven 2 and 3—, it can be considered sufficient to disapply the norms that protect consumer relationships, is an improper application of the referred norms, and, in particular to precept 2 and 42 of Law 7472 by altering the scopes to which the proper interpretation of them obliges ordinal 10 of the Civil Code, which is therefore also accused as violated along with the others referred to. It states that the judgment does not legally justify why, by considering him a knowledgeable or sophisticated person in this type of consumption of goods—and without prejudice to the error of law in the interpretation of the document by which it reaches such a conclusion—, he may because of this be excluded from the protection of the consumer norms to which the norms of Law 7472 oblige, which it accuses as violated, especially in the presence of norm 70 of Law 7472 which provides that "To establish the material truth, the Commission to promote competition, the National Consumer Commission, or the corresponding jurisdictional tribunal may disregard the legal forms adopted by economic agents that do not correspond to the reality of the investigated facts". It adds, the liability is attributable to the defendant, since they carried out the sale of the financial product under study, omitting to provide crucial information regarding the implicit risks in the recovery, so that as a consumer he could not know, which has ultimately prevented him from realizing the value of the acquired title. Consequently, it points out, the damage is constituted by the value of this title and the causal link is the lack of clear and truthful information on the implicit risks. This, it points out, because it is not a matter of consumers being able to claim ignorance, but rather it must be proven that they were fully aware of all the risks, limitations, and circumstances that the soundness of the acquired product has, and that may be decisive in their consumption decision, an aspect that, as stated, was disregarded. Thus, the information given to the consumer cannot be considered truthful or adequate—due to the omissions of relevant circumstances, among them, those referred to on the occasion of the arguments in the previous ground—as it should have been in accordance with norm 46 of the Political Constitution and article 42 of the Consumer Defense Law, therefore the Tribunal, by its judgment, violated those norms.
VI.- To resolve the first and second grievances, it is of interest to transcribe the norms of Law 7472, which both the Tribunal and the appellant valued as applicable to the specific case: "ARTICLE 32.- Consumer rights. Without prejudice to the provisions of treaties, international conventions to which Costa Rica is a party, ordinary domestic legislation, regulations, general principles of law, uses and customs, the following are fundamental and inalienable rights of the consumer: a. Protection against risks that may affect their health, safety, and the environment. b. The protection of their legitimate economic and social interests. c. Access to truthful and timely information about the different goods and services, with correct specification of quantity, characteristics, composition, quality, and price. d. Education and dissemination regarding the adequate consumption of goods or services, which ensure freedom of choice and equality in contracting. e. Administrative and judicial protection against deceptive advertising, abusive practices and clauses, as well as unfair commercial methods or those that restrict free choice. f. Effective access mechanisms for the administrative and judicial protection of their rights and legitimate interests, leading to adequate prevention, sanctioning, and prompt reparation of their injury, as applicable. g. To receive support from the State to form consumer groups and organizations and the opportunity for their opinions to be heard in decision-making processes that affect them." "ARTICLE 34.- Obligations of the merchant. The obligations of the merchant and the producer to the consumer are the following: a. Respect the conditions of the contract. b. Sufficiently inform the consumer, in Spanish, in a clear and truthful manner, about the elements that directly affect their consumption decision. Must inform them of the nature, composition, content, weight, when appropriate, the characteristics of the goods and services, the cash price on the packaging, the container, the wrapper, or the product label, the shelf or rack of the commercial establishment, and any other decisive detail. In accordance with the provisions of the regulation of this law, when the product sold or service provided is paid on credit, the term, the annual interest rate on balances, the basis, commissions, and the individual or legal entity providing the financing, if it is a third party, must always be indicated in a visible manner. (As amended by article 10 of Law 7623 of September 11, 1996). c. Offer, promote, or advertise goods and services in accordance with the provisions of article 34 of this Law. d. Supply consumers with instructions for the adequate use of the articles and inform them of the risks involved in the use for which they are intended or that is normally foreseeable for their health, safety, and the environment. e. Inform the consumer if the parts or replacements used in repairs are used. If there is no warning on the matter, such goods are considered new. f. Inform when there are no technical repair services or spare parts in the country for a specific good. g. Guarantee every good or service offered to the consumer, in accordance with article 40 of this Law. h. Refrain from hoarding, speculating, conditioning the sale, and discriminating in consumption. i. Terminate the contract under their responsibility, when they have the obligation to repair the good and do not satisfy it within a reasonable time. j. Set prudential deadlines for filing claims. k. Establish, in installment sales, payment guarantees proportional to the conditions of the transaction. l. Comply with articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, and 41 bis of this law. (As reformed by article 1º, subsection a), of law No. 7854 of December 14, 1998) m. Comply with the provisions of quality standards and mandatory technical regulations. n. Keep in good working condition and duly calibrated the weights, measures, registers, scales, and other measuring instruments used in their businesses. o. Issue the invoice or proof of purchase, which clearly states the identification of the goods or services, as well as the price actually charged. In cases of mass sales, the Ministry of Economy, Industry, and Commerce is authorized to establish other systems by which the purchase is verified. p. Adhere to equity, good commercial practices, and the law, in their dealings with consumers. All information, advertising, or public offer of goods offered or services to be rendered, transmitted by any means or form of communication, binds the producer that transmits it, uses it, or orders it and forms part of the contract. Non-compliance with any of the obligations listed in this article empowers the interested party to appeal to the National Consumer Commission created in this Law, or to the competent jurisdictional bodies, and to enforce their rights, in the terms set forth in article 43 of this Law." (Its numbering thus amended by article 80 of Law N° 8343 of December 27, 2002, Fiscal Contingency Law, which moved it from 31 to 34) ARTICLE 35.- Liability regime. The producer, supplier, and merchant shall respond concurrently and independently of the existence of fault, if the consumer is harmed by reason of the good or service, inadequate or insufficient information about them, or their use and risks. Only those who prove they were not involved in the damage are released. The legal representatives of commercial establishments or, as the case may be, the managers of the business are liable for their own acts or facts or for those of their dependents or auxiliaries. Technicians, those in charge of production and control are jointly and severally liable, when applicable, for violations of this Law to the detriment of the consumer. (Its numbering thus amended by article 80 of Law N° 8343 of December 27, 2002, Fiscal Contingency Law, which moved it from 32 to 35). As observed, from the provisions whose infringement is alleged, a duty of the economic agent is extracted to provide the consumer with truthful and timely information about the different goods and services, the foregoing as part of their right to administrative and judicial protection against deceptive advertising, abusive practices and clauses, and unfair commercial methods that restrict free choice. In this manner, according to said mandates, the economic agent must sufficiently inform the consumer, in a clear and truthful manner, about the elements that directly affect their consumption decision. They must inform them of the characteristics of the goods and services, as well as the risks involved in the intended use. Likewise, all information, advertising, or public offer of goods offered or services to be rendered, transmitted by any means or form of communication, binds the producer that transmits it, uses it, or orders it and forms part of the contract. For this reason, non-compliance with any of these obligations empowers the interested party to appeal to the National Consumer Commission, or to the competent jurisdictional bodies, and to enforce their rights, in the terms set forth in article 43 of this Law 7472. Said Law creates a liability regime, according to which the producer, supplier, and merchant must respond concurrently and independently of the existence of fault, if the consumer is harmed by reason of the good or service, inadequate or insufficient information about them, or their use and risks. Only those who prove they were not involved in the damage are released. Likewise, the legal representatives of commercial establishments or, as the case may be, the managers of the business are liable for their own acts or facts or for those of their dependents or auxiliaries. Similarly, technicians, those in charge of production and control are jointly and severally liable, when applicable, for violations of this Law to the detriment of the consumer. Now, it is clear that the provisions of Law 7472 do not apply in securities matters, since the Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores, hereinafter LMV), possesses its own list of provisions that oblige delivering timely and truthful information to investors about the financial products they offer. In this manner, in both regimes there exists an obligation on the part of the economic agents to deliver adequate and reliable information, in one case to the consumer, and in another, to the investor, that is, there is no difference in both regimes regarding the obligation to adequately inform investors or consumers. This is provided in cardinal 109 of the LMV, according to which: "Market participants that receive orders, execute them, or advise clients regarding investments in securities, shall supply their clients with all available information, when it may be relevant for them to make decisions. Said information must be clear, correct, precise, sufficient, and timely; moreover, it must indicate the risks involved, especially when dealing with high-risk financial products. Likewise, market participants must inform their clients of their links, economic or of any other nature, that may compromise their impartiality. The Superintendency must issue rules to make this provision effective" (Emphasis supplied). This provision evidently has similar scopes to those contained in numerals 32 and 34 of Law 7472, as they oblige providing truthful and timely information to the consumer. In this manner, it is clear that in the case under review, we are faced with an assumption of acts and contracts derived from the securities market, governed entirely by the LMV, as it regulates the public offering of securities, which according to its precept 2, constitutes: "…any express or implicit offering intended to issue, place, negotiate, or trade securities among the investing public". Having said that, it is unquestionable, although the LMV and Law 7472 are part of a guarantee system that obliges delivering information to the investor according to rules inherent to consumer protection law, which evidently extend to financial products that may be offered by brokerage houses or agents, ordering the relationships existing between individuals or legal entities that directly or indirectly intervene in the securities markets (First Chamber, no. 120-2012, of 9 hours 15 minutes on February 9, 2012); however, it is not the provisions of Law 7472 that apply to assumptions within the securities market. It is unquestionable that the regime established by the LMV follows negotiation parameters based on truthful and adequate information, just as Law 7472 provides. Notwithstanding the foregoing, even though they are based on the obligation to provide truthful and timely information for conducting their transactions, the liability regime in securities matters escapes the objective parameters underpinning the liability derived from Law 7472, as it is extracted from the second paragraph of mandate 59 of the LMV that: "(…) Brokerage houses shall be equally liable for the fraudulent or negligent actions of their officers, employees, or brokers, during the exercise of their duties or on the occasion thereof, when their actions are contrary to the legal order or the rules of sound administration and harm the respective exchange or third parties".
That is to say, while in the securities market regime there exists an unavoidable duty to provide complete, adequate, and truthful information to investors—just as occurs in relations between economic agents and consumers—which in turn entails the burden of proof for the party having the duty to inform, the liability regime established for securities transactions does not imply the existence of strict liability (responsabilidad objetiva), given that, in accordance with canon 59 ibidem, it derives from intentional or negligent acts, characteristic of fault-based liability (responsabilidad subjetiva). Let it be clearly noted, without this obviating the evidentiary burden for the one upon whom the generic duty to inform falls. Thus, not only does the appellant err in pointing to a violation of provisions of Law 7472 (to the detriment of those of the Securities Market Law (LMV)), but so too does the Tribunal. Now then, this does not imply that there did not exist, as has been well pointed out, a duty of the brokerage house (puesto de bolsa) and its agents, administrators, and other auxiliaries to adequately inform the investor of the existing risks. Nor does it imply that, by the mere fact of the plaintiff having signed a document in which he declares himself to be a "sophisticated investor,"—with which he gained access to investments not susceptible to public offering—the offerors were exonerated from the undeniable duty they held to provide truthful and adequate information regarding everything related to said investment, for it is one thing that the regime of Law 7472 does not apply in this case, and quite another that no duty exists to adequately inform investors, since that duty, as has been indicated, derives equally from the LMV. Thus, even if the plaintiff were in a category distinct from that of consumer relations under Law 7472, also, regarding the applicable liability regime, a duty existed to inform him adequately and truthfully, an aspect on which the Tribunal's analysis errs. Indeed, he has always had the right, as the plaintiff in fact claims, to have his claims verified regarding the existence or not of bad faith and misinformation on the part of the Brokerage House, which is inherent to its securities functions, claims that, unlike what the Tribunal set forth, are not "distorted by the plaintiff's own volition exercised when acceding to such a securities paradigm." Nevertheless, such duty does not derive from the provisions whose violation the cassation appellant alleges, but from the numerous norms of the LVM that oblige the adequate informing of investors, strengthening that duty in the case of investments with greater risk. As matters stand, although the plaintiff alleges that sensitive information for making decisions about his investments was not brought to his attention, information which in his opinion was known by the defendant prior to the offer made to him, the provisions whose breach he claims are not pertinent to the specific case, hence both claims must be dismissed.
VII.- By virtue of the foregoing, both appeals shall be denied.
THEREFORE
Both appeals are denied.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez cgzamora Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, e-mail [email protected] Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit prohibited.
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Sala Primera de la Corte Clase de asunto: Proceso ordinario Analizado por: SALA PRIMERA Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Civil Tema: Incongruencia Subtemas:
Concepto y alcance.
Análisis sobre la incongruencia. Ver resoluciones 408-2006, 41-2007 y 478-2008. En el presente asunto, el actor también planteó pretensiones en contra de una de las codemandadas, las cuales fueron planteadas también en su carácter de fiduciaria del fideicomiso de examen, de ahí que al condenarle en ese carácter, el Tribunal no haya excedido la causa de pedir, ni menos aún incurrido en el vicio de incongruencia (voto 2758-F-2020).
Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Civil Tema: Responsabilidad Subtemas:
Responsabilidad objetiva. Responsabilidad bursátil.
Tema: Deber de información Subtemas:
Concepto y alcance.
Distinción entre el régimen de responsabilidad objetiva del consumidor (artículos 32, 34, 35 y 43 Ley del Consumidor) y en materia bursátil (canon 109 Ley del Mercado de Valores -LMV en adelante-), en concreto, sobre el deber de entregar a los consumidores e inversionistas, respectivamente, la información oportuna y veraz sobre los bienes y servicios que ofrecen; así como los riesgos que involucra. En la especie, se está ante un supuesto de actos y contratos derivados del mercado de valores, regidos por la última ley citada, en tanto regula la oferta pública de valores, la cual constituye todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre el público inversionista (norma 2). Este régimen bursátil escapa a los parámetros objetivos que sustentan la responsabilidad de la Ley 7472, pues del mandato 59, párrafo segundo, de la LMV, se deriva una responsabilidad subjetiva por actuaciones dolosas y culposas. En efecto, siempre ha tenido derecho el actor a que se verifique sus reclamos en cuanto a la existencia o no de mala fe y desinformación por parte del Puesto de Bolsa, lo cual es inherente a sus funciones bursátiles. No obstante, tal deber no deriva de las disposiciones cuya violación alega sino de las numerosas normas de la LVM que obligan a informar adecuadamente a los inversionistas, potenciando ese deber en el caso de las inversiones con mayor riesgo. Aunque el demandante alega no se puso en su conocimiento información sensible para la toma de decisión sobre sus inversiones, la cual en su opinión era conocida por la demandada de previo a la oferta que le hizo, las disposiciones cuyo quebranto reclama no son atinentes al caso concreto, de ahí que se rechazan los reclamos (voto 2758-F-2020).
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Res. 002758-F-S1-2020 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte.
Proceso ordinario civil establecido por PEDRO GERARDO GARCÍA DELGADO, mayor, soltero, empresario, vecino de Pozos de Santa Ana, San José, contra; DANIEL CASAFONT FLORES, mayor, vecino de San José, en su carácter personal y contra, INTERBOLSA FINANZAS CORPORATIVAS IFC SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por éste último en su carácter de apoderado generalísimo sin límite de suma, CARLOS MELÉNDEZ MONGE, mayor, en su carácter personal y como gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del PUESTO DE BOLSA INTERBOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente denominada SOLUCIONES INTEGRALES SOFISA SOCIEDAD ANÓNIMA, y PAUL CASTRO CÁRDENAS, mayor, corredor de bolsa, vecino de San José. Intervienen como apoderados especiales judiciales: de la parte actora, Manuel Emilio Ramírez Castro, y de las codemandadas, Dagoberto Venegas Durán, Álvaro Emilio Castro Garnier, y Gabriela Porras Arias, todos mayores, y abogados.
Redacta la magistrada Vargas Vazquez
CONSIDERANDO
I.- Pedro García Delgado demandó a Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A.(en adelante IFC), Daniel Casafont Flores, Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. (PBI), Carlos Meléndez Monge y Paul Castro Cárdenas. Dijo, en agosto de 2008, producto de la venta de un bien inmueble, dispuso de recursos financieros por ȼ425.000,00, de lo cual enteró al señor Castro Cárdenas, amigo suyo y corredor del Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. Señaló, por esa razón recibió una llamada de dicho señor, ofreciéndole opciones de inversión, sugiriéndole invertir en el desarrollo de un proyecto de condominios en Playa Langosta, Guanacaste, denominado “Proyecto Península”, en el cual, una sociedad del Grupo Interbolsa; -IFC-, sería la mejor opción para invertir gracias a su rendimiento superior, donde en su condición de fiduciaria, de un contrato de fideicomiso, dicha empresa asumía la construcción y administración de un proyecto para lo cual estaba captando recursos mediante la emisión de letras de INC, sociedad radicada en Panamá, que entregó en propiedad fiduciaria las acciones de sociedades anónimas costarricenses, a su vez propietarias de las fincas filiales a desarrollar, es decir, eran las propietarias de fincas filiales que constituían la totalidad del condominio. Por esa razón, esbozó, el 27 de agosto de 2008, invirtió USD $ 275.000,00 a la vista en bolsa, y, USD $ 150.000,00 en la compra de un título valor emitido por IFC como fiduciaria del Fideicomiso de Administración del Proyecto Península. Relató, dicho título es una letra de cambio sin numeración, firmada por el señor Carlos Luis Meléndez Monge, apoderado de la fiduciaria, con vencimiento al 1º de marzo de 2010, en la que se reconocen intereses anuales al 13,04%, pagaderos por semestres vencidos, de los cuales solo le fueron cancelados dos semestres, a duras penas pues siempre fueron impuntuales y poco diligentes en ese sentido, por lo que estima, a ese punto el proyecto ya estaba en problemas financieros. Reveló, dicho título se encuentra insoluto, adeudándosele intereses desde agosto de 2009. Aseguró, el patrimonio del fiduciario sujeto a apremio está constituido por derechos de propiedad sobre acciones sociales de corporaciones dueñas de fincas filiales inexistentes en la realidad, donde una parte se concluyó y se vendió, requiriéndose acuerdo del 100% de los condóminos para disponer de aquel en forma parcial, lo que hace de esa posibilidad una quimera pues, ni siquiera se tiene libre disposición sobre el, pues técnicamente ni siquiera existe la tierra como inmueble registralmente hablando, pues habría que “crearla” mediante la extracción del régimen de propiedad horizontal mediante asamblea sobre la cual no se tiene control, y, sin que sea activo tangible lo que impide sea embargado. Afirmó, no se le informó que no existían los desarrolladores pues la sociedad fideicomitente son ellos mismos, por lo que son responsables. Apuntó, el 7 de mayo de 2010 le fue remitido correo por parte de Danilo Montero Rodríguez, funcionario de las demandadas, donde se evidencia que al ofrecerle la inversión ya conocían algunos inconvenientes y circunstancias negativas para el proyecto, a saber, que la fideicomitente era propiedad de los administradores, que las acciones no se encontraban registradas en los libros del Registro de Accionistas a nombre del fiduciario, que existía un proceso ante la Sala Constitucional, cuyo resolución podía afectar la idoneidad y procedencia de los permisos constructivos, su continuidad y desarrollo, lo que daría al traste financieramente dados los costos no estimados de su paralización. Subrayó, al ofrecerle la inversión ya el proyecto estaba desajustado en su cronograma y con fecha de conclusión incierta, trasladándose incertidumbre a la recuperación de su título, que al no haberle sido informadas constituyen mala fe, además de un riesgo impropio en la naturaleza de la inversión que de haberle sido informada no habría realizado. Dijo, apenas a los tres meses de su inversión el proyecto colapsó financiera y “judicialmente”. Adicionalmente, explicó, poco importa si lo sabían o no o si actuaban o no de mala fe, porque dada su condición de oferentes ajustados a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en lo subsecuente Ley 7472), asumen el riesgo que crean con su desconocimiento, pues son responsables objetivamente. Comentó, en dicho correo se le informa con ironía, que las personas que le persiguieron para que realizara esa inversión, no son los responsables contractualmente de promover entre inversores la venta de efectos de comercio, con los cuales procurar los recursos, que den contenido financiero al desarrollo cabal del proyecto, el cual decían tener asegurado en un 80%. Agregó, en la oferta de inversión se echa de ver que la intensión velada de dejar un rastro documental, de no tener responsabilidad como puesto de bolsa en la inversión realizada, más en la intención está la evidencia de lo contrario, pues jamás habría invertido de no haber estado de por medio una corporación bursátil. No obstante, valoró, lo hicieron arriesgando 30 años de existencia en el mercado, pensando que podrían abandonarle a su suerte. Solicita en sentencia se declare: Petitoria Principal: 1) Las sociedades Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. e Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. son corresponsables indistintamente, y en forma solidaria de los daños y perjuicios sufridos en ocasión de la no recuperación de la inversión realizada en el desarrollo inmobiliario denominado Proyecto Península, creado y contenido en contrato de fideicomiso firmado el 15 de mayo de 2008, que tiene a la codemandada Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A, como fiduciario, y a la firma Sunvalley Inc como fideicomitente. Esta responsabilidad se les endilgará por haber actuado como cogestores de inversión en un proyecto de interés común, violando e infringiendo las normas de protección al consumidor contenidas en la Ley 7472, al inducir a error ocultando, y simulando información, creando así un riesgo no previsible propio del mercado financiero. 2) En virtud de estar regidos por la referida Ley la contratación realizada, devienen solidariamente responsables de la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados, también, el señor Paul Castro Cárdenas en su condición de factor del negocio, y, los señores Casafont Flores y Meléndez Monge, de calidades ya dichas, cada uno en su condición de representantes solidariamente responsables a la data de los hechos. 3) Los codemandados deberán resarcir el daño patrimonial consistente en el monto del capital invertido y no recuperado, sea la suma de USD $ 150.000,00; más los perjuicios consistentes en el no disfrute de los rendimientos financieros de ese capital, representado por los intereses al tipo del 13.04 % anual desde el 27 de agosto del 2009, que a esa data liquida en USD $ 58.680,00 que en sentencia se determinará que seguirán corriendo hasta su efectivo pago en ejecución de sentencia. Subsidiariamente en cuanto a este punto, solicita, de no ser otorgado, sea entonces el de ley. 4) Los demandados quedan solidariamente obligados al pago de daño moral a determinar en ejecución de sentencia. 5) Todos los demandados son solidariamente responsables de la obligación de pagar las sumas que se otorguen, además de las costas. Petitoria Subsidiaria. Para el caso de que el régimen jurídico, de la negociación de examen no fuese el de la Ley 7472, solicita se disponga acoger lo siguiente: 1) Se condene al Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la no recuperación de la inversión realizada en el Proyecto Península, por haberle inducido a error en la solidez de la inversión al aparentar actuar como puesto de bolsa, siendo que en realidad actuaba fuera de la normativa autorizada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, y, en beneficio de un grupo de interés económico al que pertenece su cuadro societario, condena que pide alcance a Paul Castro Cárdenas, de calidades referidas. 2) Asimismo se condene a Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., en forma conjunta o no, solidaria o no, al pago de la letra de cambio por ella suscrita en su condición de fiduciaria y deudor facial de documento, también a título de daño ocasionado a su patrimonio como deudor moroso de la obligación. 3) Se les condene además a resarcir el daño patrimonial consistente en el monto del capital invertido, y no recuperado, sea USD $ 150.000,00 más los perjuicios consistentes en los rendimientos financieros de ese capital, representado por los intereses al 13.04 % anual desde el 1 de agosto del 2009, que a esa data alcanzaban USD $ 58.680,00, los cuales seguirán corriendo hasta su efectivo pago en ejecución de sentencia, los que, subsidiariamente, de no ser de recibo el rédito pedido, sea el que al efecto dispone la Ley. 4) Los demandados quedan solidariamente obligados al pago por los daños morales causados, a determinar en ejecución de sentencia. 5) Todos los demandados son solidariamente responsables de la obligación de pagar las sumas aquí otorgadas, y, las costas. Los codemandados contestaron en forma negativa, opusieron las excepciones de falta de: derecho, legitimación activa y pasiva. Tocante a la pretensión principal, el Tribunal acogió la falta de derecho en cuanto a todos los demandados, además la falta de legitimación pasiva en cuanto a los codemandados Meléndez Monge, Casafont Flores y Castro Cárdenas, declarando sin lugar la demanda. En lo concerniente a la pretensión subsidiaria, admitió la falta de legitimación pasiva interpuesta por Puesto de Bolsa Interbolsa Sociedad Anónima (actualmente: Soluciones Integrales Sofisa Sociedad Anónima), Daniel Casafont Flores, Carlos Meléndez Monge y Paul Castro Cárdenas, omitiéndose en cuanto a ellos decisión sobre las demás defensas planteadas. Rechazó parcialmente la excepción de falta de derecho, -admitida sólo en cuanto a aquellos rubros no concedidos-, que incoa Interbolsa Finanzas Corporativas IFC Sociedad Anónima y se rechazan la de falta de legitimación activa y pasiva formulada por esta entidad. En consecuencia, declaró parcialmente con lugar la demanda contra Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., quien debe pagar en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso de Administración de Proyecto Península a la actora, por daño material la suma de USD $ 150.000,00, más intereses al 13,04% desde el 27 de setiembre de 2009 y hasta su efectivo pago, montos a liquidar en ejecución de sentencia, rechazando en lo demás la demanda. Se condena sobre la absolutoria a la actora al pago solidario de ambas costas en relación con Puesto de Bolsa Interbolsa Sociedad Anónima (actualmente: Soluciones Integrales Sofisa S. A.), Daniel Casafont Flores, Carlos Meléndez Monge y Paul Castro Cárdenas, por otro lado, se condena a la codemandada Interbolsa Finanzas Corporativas IFC Sociedad Anónima en su carácter de fiduciaria a pagar a la parte actora ambas costas del proceso, fijándose el importe sobre la condenatoria. Inconformes ambas partes acuden en casación.
Recurso de Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A.
II.- El casacionista formula un único cargo de naturaleza procesal. Acusa, el Tribunal incurre en incongruencia. Refiere, la sentencia impugnada en su parte dispositiva señaló: "...en consecuencia se declara parcialmente con lugar la demanda ordinaria de Pedro Gerardo García Delgado contra lnterbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., debe pagar la codemandada en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso de Administración de Proyecto Península a la actora por daño material la suma de ciento cincuenta mil dólares… ". Alega, las normas citadas -artículos 61.2 y 28.1 del Código Procesal Civil - han sido violentadas por el Tribunal pues el actor en el escrito de interposición de su demanda (visible a folios 56 y 57) -presentado el 21 de junio del 2012- dirige su acción únicamente de la siguiente manera: "...interpongo proceso ordinario para exigir declaratoria de las obligaciones de resarcir los daños y perjuicios a mi ocasionados a cargo de las siguientes personas físicas y jurídicas: sociedad Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., representada por su Presidente Daniel Casafont Flores sociedad contractualmente obligada conmigo, demandando al mismo tiempo en este acto y de manera concomitante, la responsabilidad solidaria del Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. representada por el mismo señor Casafont Flores, por ser ésta última la sociedad que fungió, a la luz de los hechos conforme se verán, como comerciante-oferente y proveedor según lo define la Ley 7427 que se denomina de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en adelante LDPCYDC, ....Responsabilidad que, dada su naturaleza y marco jurídico que la dispone, también tiene conjunta y solidariamente sus representantes legales a la fecha de los hechos, artículo 35 de LPCYDC, por lo que procedo a demandar en Litis consorcio pasivo, a los señores, Daniel Casafont Flores, en su carácter personal al fungir como Presidente de ambas Corporaciones en agosto del 2008, y Carlos Meléndez Monge, lo mismo, pero como Vicepresidente-Ejecutivo, los dos de calidades que constan en las certificaciones adjuntas, quienes para todos los efectos legales, resultan ser solidariamente responsables como ya dije. Además demando y de conformidad con la responsabilidad solidaria establecida en la norma que se invocará a Paul Castro Cárdenas, cédula de identidad 2-505-719, corredor de Bolsa.” De acuerdo a lo expuesto por el actor, en esta demanda se tendría como parte de la litis en condición de accionados -o demandados- a: Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., Puesto de Bolsa Interbolsa S.A., Daniel Casafont Flores, Paul Castro Cárdenas, Carlos Meléndez e Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. Apunta, en otras palabras, el actor en ningún momento dirigió su demanda contra el Fideicomiso ni indicó al Fiduciario a fin que fuera individualmente considerado. Ahora bien, dice, debe tenerse presente que el fideicomiso es un contrato típico mercantil, en virtud del cual una persona traspasa bienes a un tercero para que los administre según el encargo fiduciario, contractualmente definido. Analiza, el numeral 633 del Código de Comercio señala que, por medio de un fideicomiso, el fideicomitente o fiduciante trasmite al fiduciario la propiedad de bienes o derechos, quien queda a su vez en la obligación de emplearlos para la realización de fines lícitos y que se encuentran predeterminados en el acto constitutivo. Adiciona, el fideicomiso se ejerce en beneficio de quien se designa en el contrato, y, los bienes se trasmiten al fideicomisario al cumplirse el plazo establecido en el contrato. Amplía su tesis sobre el fideicomiso. Refiere, el mandato 634 del Código de Comercio, permite que puedan ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes o derechos que legalmente se encuentren o ubiquen dentro del comercio de los hombres, los cuales al integrar un patrimonio fideicomitido no pueden ser gravados o pignorados, (numeral 652 del Código de Comercio) salvo que exista una autorización expresa del fideicomitente. Esboza, estos pueden ser gravados pese a no contar con dicha anuencia, cuando se compruebe ante un Juez, el que existe una situación de emergencia, que lo haga indispensable. Expresa, la ley mercantil obliga al fiduciario a mantener esta separación en sus registros, de manera que no se confundan los activos del fideicomiso con los propios. Igualmente, afirma, por esta autonomía la ley encarga al fiduciario la obligación de vigilar y proteger este patrimonio fiduciario. Acude a doctrina extranjera en apoyo de su tesis. Ahora bien, continúa, la propiedad sobre el patrimonio del fideicomiso no es plena o irrestricta, porque se encuentra limitada primeramente a los propósitos del fideicomiso y al tiempo máximo que la Ley Mercantil establece. Asevera, en otras palabras, aunque el Fiduciario es propietario de los bienes fideicometidos, no puede disponer de ellos ilimitadamente, sino que respetara los límites del contrato de fideicomiso y de las leyes aplicables. Asegura, esta autonomía del patrimonio es sumamente importante, porque los bienes ya traspasados a nombre del Fiduciario, no pueden ser perseguidos por obligaciones del Fideicomitente, Fideicomisario ni del Fiduciario, sino que solo responden por las obligaciones del Fideicomiso mismo. Relata, en caso de que un tercero pretendiera irrespetar esta regla, es obligación esencial del Fiduciario tomar las acciones necesarias para defender dichos bienes, de cualquier medida solicitada por un tercero. Revela, tratándose de bienes inscribibles en el Registro, solía ser una complicación el hecho de que no siempre esa entidad consignaba que la propiedad sobre ciertos bienes era ejercida precisamente en aquella condición, y por ello terceras personas tomaban acciones contra aquellos bienes, pero esto ya ha sido corregido. Precisa, ha expuesto acerca de las características y naturaleza de un fideicomiso, y, que la parte actora demandó a Interbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A. pero nunca en su condición de Fiduciario del Fideicomiso, por tanto, aunque enderezó su demanda contra el Fiduciario no lo hizo contra el Fideicomiso en esa condición. Resalta, es aquí donde surge la incongruencia por parte del Tribunal al irrespetar los artículos 28.1 y 61.2 del CPC, al declarar con lugar la demanda contra lnterbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., condenándole a pagar a la codemandada en su carácter de fiduciaria del fideicomiso de administración de Proyecto Península. Subraya, la incongruencia existe porque el Tribunal concede al actor un extremo contra una parte que no fue demandada en su condición de fiduciario. Cita fallos de esta Sala en apoyo de su tesis. La incongruencia del Tribunal es tal que introdujo un sujeto procesal que no había sido llamado a la litis por el actor ni por los otros codemandados. Explica, el actor a quien demandó fue a lnterbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., formulando la litis contra esa empresa pero no contra el fiduciario. Pese a ello, valora, la sentencia recurrida incorpora ilegalmente a la litis a esa empresa como representante del fideicomiso. Comenta, dicho yerro violenta los artículos 28.1 y 61 .2 del CPC, pues se ha confundido el fideicomiso mismo con el fiduciario que lo administra, lo cual no es jurídico-legalmente viable.
III.- Esta Sala ha estimado que la incongruencia, se presenta cuando existe desarmonía entre las pretensiones de los litigantes y lo resuelto en la parte dispositiva del fallo; esto es, cuando el juez decide sobre cuestiones no peticionadas en las etapas dispuestas para ello, otorga más de lo pedido u omite decidir las pretensiones o excepciones, tomando en cuenta, que conforme a la legislación procesal vigente, el juzgador puede precisar o aclarar las pretensiones esbozadas en la demanda. (Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias números 408 de las 14 horas 30 minutos del 28 de junio del 2006; 41 de las 9 horas del 26 de enero de 2007 y 478- 2008 de las 8 horas 30 minutos del 18 de julio de 2008). Ahora bien, en lo medular, la recurrente arguye, el Tribunal incurre en incongruencia al conceder al actor un extremo contra una parte que no fue demandada en su condición de fiduciaria, pues a quien demandó fue a lnterbolsa Finanzas Corporativas IFC S.A., formulando la litis contra esa empresa, mas no en su carácter de fiduciario. Lo anterior, estima esta Cámara, no es de recibo. En efecto, tanto de los hechos como de las pretensiones, se extrae, la causa de pedir está también dirigida contra IFC como fiduciaria del Fideicomiso. En particular, de lo expuesto en las pretensiones resulta innegable, el actor requirió se condenara a IFC como fiduciaria, y, a la firma Sunvalley Inc como fideicomitente. Igualmente, requirió en su pretensión subsidiaria, que se condenara expresamente a IFC “…en forma conjunta o no, solidaria o no, al pago de la letra de cambio por ella suscrita en su condición de fiduciaria y deudor facial de documento…”. De lo expuesto, no existe duda, el actor también planteó pretensiones en contra de IFC, las cuales fueron planteadas también en su carácter de fiduciaria del fideicomiso de examen, de ahí que al condenarle en ese carácter, el Tribunal no haya excedido la causa de pedir, ni menos aún incurrido en el vicio de incongruencia, razón por la cual, el reparo deberá rechazarse.
Recurso de Pedro Gerardo García Delgado IV.- El casacionista formula dos cargos de naturaleza sustantiva. En el primero reclama violación indirecta de ley, por error de derecho en la naturaleza del contrato, consistente en la errónea apreciación por los jueces de los elementos de prueba. En este caso, se acusa, dicho error se dio al apreciar el contrato de inversión y suscripción de la letra de cambio, ofrecida como producto financiero, contrariando a las reglas de la sana crítica contenidas en el canon 41.5 del Código Procesal Civil (en lo que sigue CPC). A partir de ese error, explica, se tuvo por configurado un “contrato bursátil” y no un “contrato de consumo”, de ese modo, se le tuvo como “inversionista”, y no como un “consumidor. Por ende, agrega, se le excluyó del régimen jurídico que tutela los derechos que, como consumidor, protegen al actor en juicio en ese tipo de relaciones de consumo, conforme a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante Ley 7472). Opina, se consumó de esa forma la indebida desaplicación de esas normas sustantivas, en sus ordinales 1, 2, 31, 32, 34, 35 y 71, invirtiendo además como producto de esa desaplicación, la carga de la prueba en perjuicio de la parte más débil de la relación de consumo. Estima, dicha inversión de la carga probatoria resulta determinante en esta caso concreto, por lo cual, debe variarse el elenco de hechos probados y no probados, eliminando el primer hecho tenido por no probado, que afirma, no se acreditó: “Que no hubiera sido informado o se le haya ocultado información de los riesgos de inversión en el Proyecto Península” incorporando en su lugar un hecho probado adicional que disponga que la accionada no probó que el actor: “hubiese sido informado por parte de la demandada, INTERBOLSA FINANZAS CORPORATIVAS IFC SOCIEDAD ANÓNIMA de los riesgos de inversión en el Proyecto Península que le eran a la actora conocidos”, toda vez que era a esa parte a quien correspondía probarlo, en razón de la responsabilidad objetiva que le corresponde. Acusa, el fallo incurre así en error de derecho al preterir, -con violación de la norma 41.5 del CPC-, y, no hacer valoración integral de toda la prueba que establece, existía información sensible para la toma de decisión de consumo de su parte, la cual era conocida por la demandada de previo a la oferta de consumo que le hizo, sin que fuera puesta en su conocimiento para tomar esa decisión, con lo que terminan violándose de ese modo también, las normas de fondo contenidas en los numerales 1, 2, 31, 32, 34, 35 y 71 de la Ley 7472, así como el precepto 21 del Código Civil, y la disposición 46 de la Constitución Política. En virtud de lo anterior, debe por el contrario tenerse por probada la responsabilidad pretendida de la demandada y sus apoderados, por la violación de los siguientes deberes y obligaciones que como comerciantes en la relación de consumo les correspondía, pues: 1.- No se informó correctamente al actor que la responsabilidad de la deudora no estaba garantizada por la solidez del Grupo de Interés Económico que representaba el incluir una sociedad que tenía un Puesto en la Bolsa Nacional de Valores, por el contrario, le indujeron a suponerlo, pues como cliente, que es el concepto jurídico amplio del término consumidor, fue atraído a la inversión con esa plataforma de imagen comercial. Añade, tampoco le informaron que la deudora del título no tenía más patrimonio que el intangible que pudieran representar las acciones sociales de sociedades dueñas de fincas filiales sin construir. Resalta, el contenido de la declaración testimonial de Rafael Ángel Mora Badilla y declaraciones confesionales de Paul Castro Cárdenas y del propio actor Pedro García Delgado, preteridas aun y cuando son contestes e ns mostrar que nunca se hizo aclaración alguna de la responsabilidad existente de las empresas del GRUPO INTERBOLSA, sino que se dejó que pensase del modo en que se le indujo a hacerlo. 2.- Tampoco le informaron que al momento de la compra del título, ni siquiera tenían esas acciones debidamente endosadas en su poder, producto de un conflicto con quien les vendiera el proyecto que quisieron vender y comercializar. Valora, con ello pretirieron la prueba que consta en la carta de la demandada enviada por correo el 7 de mayo del 2010, a los tenedores de letras. Esboza, es claro que se se le hubiese brindado esa información oportunamente como era su obligación habría sin más, con seguridad eliminado la voluntad de consumir el producto financiero de su parte. 3.- Tampoco le informaron al momento de la compra, que desde el 26 de abril del 2007, existía un recurso de amparo, expediente 07-005611-0007-CO contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, (SETENA), que cuestionaba haberse violado, en perjuicio de los allá amparados, lo dispuesto en el canon 50 de la Constitución Política, ya que dentro del Parque Nacional Las Baulas y en sus zonas de amortiguamiento, se pretende la construcción de varios complejos residenciales y de cabinas y hoteles de grandes dimensiones, sin que hasta el momento hayan sido sometidos -en forma integral- previo a evaluación de impacto ambiental por parte de SETENA para establecer su viabilidad; y, que por estar el desarrollo pretendido por las demandadas dentro la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Las Baulas, estaba sujeto a una decisión judicial que eventualmente lo haría inviable, como efectivamente sucedió luego con sentencia de esa Sala 2008-018529 de las 8 horas 58 minutos del 16 de diciembre del 2008. Sugiere ver prueba documental, no impugnada por los demandados, que es copia de correo de 7 de mayo del 2010 enviada por el señor Danilo Montero Rodríguez, funcionario de las sociedades demandadas, en donde se muestra de manera evidente que se conocía del recurso. Apunta, se omite así valorar las certificaciones del Expediente 07-005611-0007-CO que se aportaron como prueba. 4.- Tampoco informaron que el estado financiero del proyecto a raíz de esos hechos era precario, tanto que a la fecha de ofertarle el título o la inversión, ya el proyecto se encontraba desajustado a su cronograma de construcción, y, con fecha de conclusión incierta, al extremo de que para los únicos pagos que hicieron, y que correspondían al primer semestre de intereses que debía producirse estuvieron en mora. 5.- No se le informó como consumidor que la sociedad fideicomitente no era formalmente propiedad de los mismos administradores de su desarrollo con lo cual no eran ellos mismos los responsables que debían proveer los recursos financieros para el logro exitoso del Proyecto. Opina, ese tipo de información era del todo determinante para la decisión de consumo, dada la naturaleza del producto adquirido, lo cual sabe el demandado oferente, por lo que dejar de informar es un acto que puede asumirse como ausencia de buena fe, de su parte, atentando contra el mandato 21 del Código Civil. De esa suerte, opina, la información brindada a su persona como consumidor no fue veraz ni adecuada, como debe serlo de conformidad con los ordinales 42 de la Ley 7472 y 46 de la Constitución Política, por lo que el Tribunal con su fallo conculco esas normas al no hacer derivar responsabilidad a la demanda por esos actos que produjeron daño económico al actor en tanto consumidor. Cita fallo de esta Sala en apoyo de su tesis. Transcribe el numeral 35 de la Ley 7472, a fin de establecer tesis referente a la responsabilidad objetiva, conforme al cual no se requiere la acreditación de culpabilidad, sino que basta se demuestre el daño y el nexo de causalidad. Expone, en la especie la responsabilidad es achacable a la demandada, pues, realizaron la venta del producto financiero de examen, obviando brindar información trascendente respecto a los riesgos implícitos en la recuperación, de manera que, como consumidor no pudo conocer, lo que finalmente ha impedido hacer efectivo el valor del título adquirido. Consecuentemente, expresa, el daño lo constituye el valor del este título y el nexo causal la falta de información clara y veraz en los riesgos implícitos. Esto, revela, porque no se trata de que los consumidores puedan alegar desconocimiento, sino que estén plenamente apercibidos sobre todos los riesgos, limitaciones, y circunstancias que la bondad del producto adquirido tiene, y, que puedan ser determinantes en su decisión de consumo, aspecto que como se dijo, fue desatendido. Resalta, acorde a la prueba preterida, motivo de casación como una consecuencia adicional del error de derecho acusado, éstas son contestes en mostrar que nunca se hizo aclaración alguna de la ausencia responsabilidad de las empresas del GRUPO INTERBOLSA, sino que se le indujo a creer que así lo era. Subraya, así al afirmar que de la prueba la documental referida en los hechos tenidos por probados dos y tres- pueda ser suficiente para comprobar la existencia de un contrato bursátil, es darle un alcance errado al que enderecho tiene esa prueba, pues incluso es contradictorio el afirmarlo así, pues quedó claro de la prueba recibida, -ver declaración del testigo Rafael Ángel Mora Badilla- que la letra no fue una “inversión o adquisición” hecha en bolsa, por lo que eso solo hecho impide ipso iure la posibilidad de ser considerado un contrato bursátil. Entones, considera, si no se trató de una oferta pública de valores, ello demerita también la de los efectos que se le atribuyen al documento suscrito denominado” Declaración de Inversionista Sofisticado”, toda vez que sus efectos eran concebidos como una exigencia del entonces vigente reglamento, precisamente para casos de oferta pública de inversión, -que en este caso no lo era-. Asevera, dispone además la norma 70 de la Ley 7472 que: “Para establecer la verdad real, la Comisión para promover la competencia, la Comisión nacional del consumidor o el tribunal jurisdiccional correspondiente, podrá prescindir de las formas jurídicas adoptadas por los agentes económicos que no correspondan a la realidad de los hechos investigados (sic)” , ese documento es una de esas formas, pues no es más que una nota que pretende soslayar la responsabilidad que en aras del interés público le corresponde como agente de comercio. Estipula, dicha disposición es consecuente y también se acusa inobservada por el Tribunal, con el principio “IN DUBIO PRO CONSUMPTORE”, de rango constitucional, que impone un modo de interpretación obligado de los hechos y sus pruebas en beneficio del consumidor, parte débil de la relación de mercado. También acusa como error de derecho el efecto dado en la sentencia a ese documento, contrario a las reglas de la sana critica, previstas en el mandato 41.5 del CPC, pues el hecho de que una persona pueda ser muy conocedora de los productos a adquirir, no la excluye ni despoja de su condición de consumidora, ni puede ser óbice para liberar de los deberes de información del comerciante para con él, a fin de que éste a la hora de tomar la “decisión de compra” tenga a mano toda la información que puede afectar esa decisión, contrariando en ello las normas sustantivas dispuestas en los en los ordinales 1,2, 31, 32, 34, 35 y 70 Ley 7472, y el ordinal 46 de la Constitución Política. Destaca la contracción (sic) lógica que encierra el modo de interpretar el alcance del documento:” Declaración de Inversionista Sofisticado”, pues se afirma que es un inversionista sofisticado porque firmó el documento que así lo dice, pero al mismo tiempo se dice que firmó el documento porque es un inversionista sofisticado. Refiere, no supo de lo dicho en la sentencia, si el haber firmado ese documento es lo que lo convierte en inversionista sofisticado, o ya lo era antes de firmarlo. Desde esa óptica, detalla, el documento de análisis no puede ser prueba válida de su condición respecto al negocio realizado, en todo caso, niega que esa condición que le atribuye la sentencia – sin prueba racionalmente apreciada- le demerite su condición de consumidor. Así, alega, la relación entre IFC y su persona es de consumo, por lo que debe sujetarse a las reglas de la Ley 7472. Por esa razón sostiene la responsabilidad solidaria de todas las personas físicas apoderadas, según el numeral 32 de la Ley ibidem. Continúa, el descargo de esta responsabilidad es un tema sobre el que la carga de la prueba corresponde al demandado, de quien se acusa omisión y el incumplimiento del deber de informar como comerciantes sobre los riesgos inherentes en el proyecto a desarrollarse.
V.- El Tribunal consideró improcedente la aplicación del régimen jurídico previsto en la Ley 7472, además de la ausencia de derecho e inexistencia de solidaridad entre los codemandados. Indicó, la parte actora de forma un tanto “sui generis”, ha pretendido llevar sin más, aspectos propios del derecho bursátil al ámbito de la regulación del derecho del consumidor, obviando que entre una y otra categoría, median sendas diferencias que merecen especial atención. Citó fallo de esta Sala en apoyo de su tesis. Alegó, la parte actora ha pretendido equipar a modo de símil, su condición de inversionista a consumidor, sin embargo en rigor y correcta técnica jurídica, tal equiparación no resulta del todo certera, por cuanto, según documento del 27 de agosto de 2008 (aportado como prueba documental desde la propia demanda), la parte actora firmó bajo la égida de su autonomía de voluntad, una: "aceptación de oferta privada" en el cual manifestó ser: "un inversionista sofisticado" y además aceptó que: "el colocador no garantiza la bondad del producto"; luego, de este documento en particular, la parte accionante -en lo que a sus pretensiones materiales se refiere- no solicitó su nulidad, pues en las seis pretensiones expuestas dentro de la categoría de: "petitoria principal", no se advierte una solicitud expresa en tal sentido. De lo anterior, deriva, el demandante se encuentra en una posición que dista de la de un simple consumidor, pues más bien manifestó y aceptó ser tenido en aquel momento como un inversionista de la más alta categoría, lo que obviamente le generaría aspirar a un instrumento financiero particular, que ofertaba atractivos rendimientos económicos a su favor. Además, dijo, lógicamente, dentro del ámbito de las operaciones bursátiles y más aquellas destinadas a la categoría conocida en aquel momento como inversionistas sofisticados -calificados popularmente: como las "grandes ligas" de los inversionistas- el factor riesgo se acrecienta, pues existe un ámbito de mayor volatibilidad en las inversiones proyectadas lo que justifica la presencia de rendimientos más atractivos. Estipuló, de esta manera queda claro, el actor no puede ser catalogado de forma ligera como un "indefenso consumidor" sino que por su propia voluntad aceptó ser tenido en aquel momento como un: "inversionista sofisticado" de suerte tal, que concretizó su voluntad expresa -que no pueda ser desconocida en perjuicio de la contraparte, contrariando sus propios actos- de suscribir el documento de aceptación de oferta privada al tenor de la exigencia del entonces vigente numeral 13 del Reglamento de Oferta Pública de Valores, lo cual genera consecuentemente que su planteamiento jurídico carezca de viabilidad. Acusó, en tal sentido y respaldo de lo recién indicado, se cuenta además con la ponencia del testigo Rafael Ángel Mora Badilla quién de forma precisa rindió noción del status que acompaña a un inversionista sofisticado al indicar: "(...) las letras de cambio que se ofrecieron eran instrumentos de inversión que no eran de oferta pública y por lo tanto, de acuerdo con la Ley Reguladora del Mercado de Valores, se ofrecían únicamente a inversionistas sofisticados, que son aquellos que tengan un patrimonio de más de un millón de dólares o que tengan conocimientos suficientes del mercado de valores", (Conf. Folio 1401 del expediente judicial); ergo, si bien ese Tribunal en aplicación del iura novit curia tiene conocimiento que la disposición reglamentaria aludida líneas arriba, fue derogada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 11 del acta de la sesión 1259-2016, tal derogatoria naturalmente, empezó a regir hasta su publicación en La Gaceta, el Alcance Digital No. 100 del día viernes 17 de junio del 2016, por lo cual resulta más que evidente, que para la fecha del 27 de agosto del 2008, la regulación sí permitía la categorización de inversionistas sofisticados y por ende, el señor García Delgado quedó sujeto a un régimen jurídico diverso al de una regulación de consumo, como aquí pretende. En consecuencia, el ser tenido el actor como: "inversionista sofisticado" le veda acceder al marco propio de una relación de consumo, pues su grado de inversor, afán de lucro, aceptabilidad de atractivos rendimientos y por ende: asunción de riesgos inmersos en la actividad bursátil, le impide ingresar a tal configuración jurídica, sin que sea dable en modo alguno, atender sus reclamaciones en torno a una alegada mala fe y falta de información del Puesto de Bolsa, que amén de no estar acreditadas probatoriamente, quedan desvirtuadas por la propia voluntad que el actor desplegó al acceder a tal paradigma bursátil. Así las cosas, esbozó, -y a tono con lo expuesto-, al no encontrarnos frente a una relación de consumo, el ámbito objetivo de responsabilidad civil preceptuado en el numeral 35 de la Ley 7472 deviene en inaplicable, y, en consecuencia, la pretensión principal de la actora deberá ser declarada sin lugar en todos sus extremos. Añade, un inversionista de tal dimensión, como manifestó ser el actor en el citado documento, dista mucho de ser un consumidor. Valora, equipar de forma automática tales condiciones subjetivas llevaría a desbordar la teoría del riesgo derivada del régimen de responsabilidad objetiva recogida en la Ley 7472, pues las regulaciones propias del Derecho Bursátil tienen marcadas reglas de proyección económica que resultan ajenas a los factores de atribución de la responsabilidad civil contemplados en tal disposición. Revela, no existe relación de consumo contra Puesto de Bolsa Interbolsa S.A., (actualmente Soluciones Integrales Sofisa S.A) e IFC, de donde se colige una clara falta de legitimación pasiva respecto de los codemandados privados, pues no existe marco obligacional de carácter solidario que les pueda ser opuesto, frente a una relación, que como se dijo, escapa al ámbito del régimen jurídico de las relaciones del derecho del consumidor. En el segundo motivo acusa, el fallo es violatorio en forma directa de la ley sustantiva, esto porque afirmamos que interpreta mal la ley sustantiva y con ello se conculca con el fallo, los ordinales 1, 2, 31, 32, 34, 35 y 70 de la Ley 7472 así como la norma 46 de la Constitución Política, los cánones 10 y 21 del Código Civil, y el principio de “indubio pro consumptore”, al concluir que de la prueba recibida, no se está en presencia de una relación de consumo y por ende sujeto a la normativa de predica. Opina, la violación del derecho, consiste en haber sido interpretado erradamente por los jueces las normas citadas, al disponer que éstas no se le aplican al contrato de inversión y suscripción de la letra de cambio, que se ofreciera como producto financiero, y, partir de ese errada aplicación de la ley, tener por configurado un “contrato bursátil” sosteniendo que no es un contrato de “consumo”, violando la ley al excluir del régimen jurídico que tutela sus derechos como consumidor. Además, esboza, se invierte la carga de la prueba en perjuicio de la parte más débil de la relación de consumo, lo cual resulta determinante en este caso concreto, por lo que debe variarse el elenco de hechos probados y no probados, como anteriormente se indicara. Sostiene, al afirmar que de la prueba- la documental referida en el elenco de hechos tenidos por probados 2 y 3-, se pueda tener como suficiente para desaplicar las normas que tutelan las relaciones de consumo, es una aplicación indebida de las normas referidas, y, en especial al precepto 2 y 42 de la Ley 7472 al mutarle los alcances a que la interpretación debida de las mismas obliga el ordinal 10 del Código Civil, el que por ello se acusa también entonces conculcado junto con los demás referidos. Expone, la sentencia no justifica jurídicamente el porqué, al considerarle una persona conocedora o sofisticadacom en este tipo de consumo de bienes – y sin perjuicio del error de derecho en la interpretación del documento mediante al cual arriba a tal conclusión–, pueda por ello ser excluida la tutela de las normas de consumo a que las normas de la Ley 7472 obligan, que acusa violada máxime en presencia de la norma 70 de la Ley 7472 que dispone que “Para establecer la verdad real, la Comisión para promover la competencia, la Comisión nacional del consumidor o el tribunal jurisdiccional correspondiente, podrá prescindir de las formas jurídicas adoptadas por los agentes económicos que no correspondan a la realidad de los hechos investigados”. Adiciona, la responsabilidad es achacable a la demandada, pues, realizaron la venta del producto financiero de estudio, obviando brindar información trascendente respecto a los riesgos implícitos en la recuperación, de manera que como consumidor no pudo conocer, lo que finalmente ha impedido hacer efectivo el valor del título adquirido. Consecuentemente, apunta, el daño lo constituye el valor del este título y el nexo causal la falta de información clara y veraz en los riesgos implícitos. Esto señala, porque no se trata de que los consumidores puedan alegar desconocimiento, sino que debe probarse que estaban plenamente apercibidos sobre todos los riesgos, limitaciones, y circunstancias que la bondad del producto adquirido tiene, y que puedan ser determinantes en su decisión de consumo, aspecto que como se dijo, fue desatendido.- Así, la información dada al consumidor no puede ser considerada veraz ni adecuada - por las omisiones de circunstancias relevantes, entre ellas, las referidas con ocasión a lo argüido en el motivo anterior - como debió serlo de conformidad con la norma 46 de la Constitución Política y el artículo 42 de la Ley de Defensa del Consumidor, por lo que el Tribunal con su fallo conculco esas normas.
VI.- Para resolver los agravios primero y segundo, interesa transcribir las normas de la Ley 7472, las cuales valoró, tanto el Tribunal como el recurrente, como aplicables al caso concreto: “ARTÍCULO 32.- Derechos del consumidor. Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios generales de derecho, usos y costumbres, son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes: a. La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio ambiente. b. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. c. El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio. d. La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. e. La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan la libre elección. f. Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda. g. Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les afecten.” “ARTÍCULO 34.- Obligaciones del comerciante. Son obligaciones del comerciante y el productor, con el consumidor, las siguientes: a. Respetar las condiciones de la contratación. b. Informar suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato determinante. De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la presente ley, cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, deben indicarse, siempre en forma visible, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la base, las comisiones y la persona, física o jurídica, que brinda el financiamiento, si es un tercero. (Así modificado por el artículo 10 de la Ley 7623 de 11 de setiembre de 1996). c. Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de esta Ley. d. Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente. e. Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones son usados. Si no existe advertencia sobre el particular, tales bienes se consideran nuevos. f. Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o repuestos para un bien determinado. g. Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor, de conformidad con el artículo 40 de esta Ley. h. Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el consumo. i. Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligación de reparar el bien y no la satisfaga en un tiempo razonable. j. Fijar plazos prudenciales para formular reclamos. k. Establecer, en las ventas a plazos, garantías de pago proporcionales a las condiciones de la transacción. l. Cumplir con los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 41 bis de esta ley. (Así reformado por el artículo 1º, inciso a), de la ley No.7854 de 14 de diciembre de 1998) m. Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio. n. Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibradas las pesas, las medidas, las registradoras, las básculas y los demás instrumentos de medición, que utilicen en sus negocios. o. Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma clara, la identificación de los bienes o servicios, así como el precio efectivamente cobrado. En los casos de ventas masivas, se faculta al Ministerio de Economía, Industria y Comercio para autorizar el establecimiento de otros sistemas mediante los cuales se compruebe la compra. p. Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la ley, en su trato con los consumidores. Toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la ordena y forma parte del contrato. El incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en este artículo, faculta al interesado para acudir a la Comisión nacional del consumidor creada en esta Ley, o a los órganos jurisdiccionales competentes y para hacer valer sus derechos, en los términos que señala el artículo 43 de la presente Ley”. (Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 31 al 34) ARTÍCULO 35.- Régimen de responsabilidad. El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor. (Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 32 al 35). Como se observa, de las disposiciones cuya infracción se arguye, se extrae un deber del agente económico de brindar al consumidor información veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, lo anterior como parte de su derecho a la protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, y, métodos comerciales desleales que restrinjan la libre elección. De esa suerte, acorde a dichos mandatos, el agente económico debe informar en forma suficiente al consumidor, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarle de las características de los bienes y servicios, así como de los riesgos que entrañe el uso al que se destinan. De igual modo, toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la ordena y forma parte del contrato. Por esta razón, el incumplimiento de alguna de esas obligaciones faculta al interesado para acudir a la Comisión Nacional del Consumidor, o a los órganos jurisdiccionales competentes y para hacer valer sus derechos, en los términos que señala el artículo 43 de la presente Ley 7472. Dicha Ley crea un régimen de responsabilidad, acorde al cual el productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Asimismo, los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. De igual forma, los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor. Ahora bien, es claro que las disposiciones de la Ley 7472 no aplican en materia bursátil, toda vez que la Ley del Mercado de Valores (en lo sucesivo LMV), posee su propio elenco de disposiciones que obligan a entregar a los inversionistas información oportuna y veraz sobre los productos financieros que ofrecen. De esa suerte, en ambos regímenes existe una obligación de los agentes económicos de entregar información adecuada y fidedigna, en un caso al consumidor, y, en otro, al inversionista, es decir, que no existe diferencia en ambos regímenes en cuanto a la obligación de informar adecuadamente a los inversionistas o consumidores. Así se encuentra dispuesto en el cardinal 109 de la LMV, según el cual: “Los participantes en el mercado que reciban órdenes, las ejecuten o asesoren a clientes respecto de inversiones en valores, suministrarán a sus clientes toda la información disponible, cuando pueda ser relevante para que adopten las decisiones. Dicha información deberá ser clara, correcta, precisa, suficiente y oportuna; además, deberá indicar los riesgos involucrados, especialmente cuando se trate de productos financieros de alto riesgo. Igualmente, los participantes en el mercado deberán informar a sus clientes sobre sus vinculaciones, económicas o de cualquier otra índole, que puedan comprometer su imparcialidad. La Superintendencia deberá dictarlas normas para hacer efectiva esta disposición” (Se suple el énfasis). Tal disposición, evidentemente reviste alcances similares a los contenidos en los numerales 32 y 34 de la Ley 7472, en tanto obligan a brindar información veraz y oportuna al consumidor. De esa suerte, es claro, en el caso de examen, se está ante un supuesto de actos y contratos derivados del mercado de valores, regidos en un todo por la LMV, en tanto regula, la oferta pública de valores, la cual conforme a su precepto 2, constituye: ”…todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre el público inversionista”. Dicho lo anterior, resulta incuestionable, aunque la LMV y la Ley 7472 forman parte de un sistema de garantía, que obliga a entregar información al inversionista conforme a reglas propias del derecho de protección al consumidor, que evidentemente alcanzan los productos financieros que puedan ser ofrecidos por puestos o agentes de bolsa, ordenando las relaciones existentes entre las personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente intervengan en los mercados de valores (Sala Primera, no. 120-2012, de las 9 horas 15 minutos del 9 de febrero de 2012); no son sin embargo las disposiciones de la Ley 7472 las que aplican a supuestos del mercado bursátil. Resulta incuestionable, el régimen dispuesto por la LMV sigue los parámetros de negociación basados en información veraz y adecuada, tal y como lo dispone la Ley 7472. No obstante lo anterior, aún y cuando se sustentan en la obligación de brindar información veraz y oportuna para la realización de sus transacciones, el régimen de responsabilidad en materia bursátil, escapa a los parámetros objetivos que sustentan la responsabilidad que deriva de la Ley 7472, toda vez que del párrafo segundo del mandato 59 de la LMV, se extrae que: “(…) Los puestos de bolsa serán igualmente responsables por las actuaciones dolosas o culposas, de sus funcionarios, empleados o agentes de bolsa, durante el ejercicio de sus funciones o con ocasión de él, cuando sus actuaciones sean contrarias al ordenamiento jurídico o las normas de la sana administración y perjudiquen a la respectiva bolsa o a terceros”. Es decir, que si bien en el régimen bursátil existe un deber insoslayable de brindar información completa, adecuada y veraz a los inversionistas, -tanto como ocurre en las relaciones entre agentes económicos y consumidores-, lo cual a su vez acarrea la carga de la prueba para quien tenga el deber de informar, el régimen de responsabilidad dispuesto para las negociaciones bursátiles no implica la existencia de responsabilidad objetiva, toda vez que, acorde al canon 59 ibidem, esta deriva de actuaciones dolosas o culposas, propias de la responsabilidad subjetiva. Nótese bien, sin que ello obste la carga probatoria para aquel en quien recae el deber genérico de informar. De esa suerte, no solo yerra el recurrente al apuntar la violación de disposiciones propias de la Ley 7472 (en demérito de las de la LMV), sino también el Tribunal. Ahora bien, ello no implica que no existiese, como bien se ha apuntado, un deber del puesto de bolsa y sus agentes, administradores y demás auxiliares, de informar adecuadamente al inversionista sobre los riesgos existentes. Tampoco que sea por el hecho de haber suscrito el actor documento en el cual declara ser un “inversionista sofisticado”, -con lo cual tuvo acceso a inversiones no susceptibles de oferta pública-, que se haya eximido a los oferentes del deber innegable que tenía de brindar información veraz y adecuada de todo lo relativo a dicha inversión, pues una cosa es que no aplique en el caso el régimen de la Ley 7472, y, otra muy distinta, que no exista deber de informar adecuadamente a los inversores, pues ello como se ha indicado, deriva igualmente de la LMV. Así, aún y cuando el actor se hubiese encontrado en una categoría diversa a la de las relaciones de consumo de la Ley 7472, asimismo, en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, existía un deber de informarle adecuada y verazmente, aspecto sobre el cual yerra el análisis del Tribunal. En efecto, siempre ha tenido derecho como en efecto reclama el actor, a que se verificaran sus reclamos en cuanto a la existencia o no de mala fe y desinformación por parte del Puesto de Bolsa, lo cual es inherente a sus funciones bursátiles, pretensiones que, a diferencia de lo expuesto por el Tribunal, no quedan “desvirtuadas por la propia voluntad que el actor desplegó al acceder a tal paradigma bursátil”. No obstante, tal deber no deriva de las disposiciones cuya violación alega el casacionista, sino de las numerosas normas de la LVM que obligan a informar adecuadamente a los inversionistas, potenciando ese deber en el caso de las inversiones con mayor riesgo. Así las cosas, aunque el demandante alega no se puso en su conocimiento información sensible para la toma de decisión sobre sus inversiones, la cual en su opinión era conocida por la demandada de previo a la oferta que le hizo, las disposiciones cuyo quebranto reclama no son atinentes al caso concreto, de ahí que ambos reclamos deban ser rechazados.
VII.- En mérito de lo expuesto, se denegarán ambos recursos.
POR TANTO
Se rechazan ambos recursos.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez cgzamora Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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