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Res. 02613-2020 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 12/11/2020
OutcomeResultado
The judgment of the Agrarian Court dismissing the reivindication and negatory claims is confirmed, as the dispute involves a double title situation with overlapping registered titles and no claim for the nullity of titles.Se confirma la sentencia del Tribunal Agrario que declaró sin lugar la demanda reivindicatoria y negatoria por tratarse de un conflicto de doble titulación, ante la existencia de títulos registrales superpuestos y la falta de pretensión de nulidad de títulos.
SummaryResumen
The First Chamber of the Supreme Court rejects the cassation appeal filed by the plaintiff company against the ruling that dismissed the lawsuit for lack of right and standing. The dispute concerns a 128-hectare property in Turrialba, which the plaintiff claims to have possessed for over 20 years and which is subject to a payment for environmental services contract with FONAFIFO and affected by the Forestry Law. The plaintiff sued Fabio Bravo Vargas, accusing him of entering, felling trees, and carrying out agricultural and livestock activities on the land, destroying the secondary forest and ecosystem within the Central Volcanic Range Forest Reserve. However, the defendant holds right 012 over property folio real 1645 of the Limón Registry, whose cadastral map L-383113-1980 overlaps by 50 hectares with the plaintiff's map C-745529-2001. The Chamber finds that this is a double registry problem, not a case for reivindication or negatory action, because the defendant has a registered title legitimizing his possession and the acts carried out. Since the nullity of titles or a specific restitutory claim was not requested, the court cannot rule on the prevalence of one registration over the other. The appealed judgment is confirmed.La Sala Primera de la Corte rechaza el recurso de casación interpuesto por la sociedad actora contra la sentencia que declaró sin lugar la demanda por falta de derecho y legitimación. El conflicto versa sobre un inmueble de 128 hectáreas, ubicado en Turrialba, que la actora alega poseer por más de 20 años y que se encuentra sometido a un contrato de pago de servicios ambientales con FONAFIFO y afecto a la Ley Forestal. La actora demandó a Fabio Bravo Vargas, a quien acusa de haber ingresado, talado árboles y realizado labores agrícolas y ganaderas en el predio, destruyendo el bosque secundario y el ecosistema dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. Sin embargo, el demandado es titular del derecho 012 sobre la finca matrícula 1645 del Partido de Limón, cuyo plano catastrado L-383113-1980 traslapa en 50 hectáreas con el plano C-745529-2001 de la actora. La Sala concluye que existe un problema de doble titulación, no un supuesto de reivindicación o negatoria, porque el demandado tiene un título registral que legitima su posesión y los actos que realiza. Al no haberse solicitado la nulidad de títulos ni una pretensión restitutoria específica, el tribunal no puede pronunciarse sobre la prevalencia de una inscripción sobre otra. Se confirma la sentencia recurrida.
Key excerptExtracto clave
In the present case, it is indeed established that Mr. Bravo Vargas has performed possessory acts over the area subject to this proceeding, such as keeping livestock, sowing pasture, and building fences (proven fact “ñ”), which has not been rebutted by the appellant. Nevertheless, the plaintiff labels such possession illegitimate. He claims that the defendant has not located his pro indiviso right, but this is not a relevant fact to grant the claims brought, since the defendant has sufficient right to possess the land in dispute as a co-owner, as co-ownership in our legal system—of Roman tradition—is characterized by an aliquot or ideal distribution of ownership, where all those who share it have rights over the entire property, without one co-owner being legally entitled to claim a specific and exclusive portion of the land against the others, until a legal act producing the individualization of one or more portions of the land is carried out through the corresponding localization or division (doctrine of Article 270 of the Civil Code). Furthermore, according to the consistent case law of this Chamber, disputes involving a double-title registry situation have long been distinguished, in which the title supported by the effective exercise of the attributes of ownership, especially possession, prevails, with the corresponding registry consequences, once the prevailing registered title in the specific case is judicially declared.En el sublite, efectivamente se tiene por probado que el señor Bravo Vargas ha realizado actos posesorios sobre el área objeto de este proceso, tales como mantenimiento de ganado, siembra de pasto, y construcción de cercas (hecho probado “ñ”), lo que no ha sido rebatido por el recurrente. No obstante, el actor califica tal posesión de ilegítima. Aduce, el demandado no ha localizado su derecho proindiviso, sin que ello sea un hecho relevante como para acoger las pretensiones planteadas, por cuanto el demandado cuenta con derecho suficiente para poseer el terreno en litis al ser copropietario, siendo que la copropiedad en nuestro ordenamiento jurídico – de corte romano - se caracteriza por una distribución alícuota o ideal del dominio, donde todas aquellas personas que lo compartan tienen derecho sobre la totalidad del inmueble, sin que sea jurídicamente exigible como propia y excluyente una parte del predio por parte de uno de los copropietarios frente a los demás, mientras no se realice un acto jurídico que produzca la individualización de una o más porciones del terreno, por medio de la localización o división correspondiente (doctrina del numeral 270 del Código Civil). Además, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, desde vieja data, se han diferenciado los conflictos relacionados a una situación registral de doble título, en los cuales prevalece aquel que se encuentre respaldado por el efectivo ejercicio de los atributos del dominio, y especialmente de la posesión, con las consecuencias registrales que ello implica, una vez declarada jurisdiccionalmente la titularidad registral que prevalece en el caso en concreto.
Pull quotesCitas destacadas
"Lo referente al tipo de conflicto que existe entre las partes y a la legitimación pasiva del demandado será analizado conjuntamente por su inescindible relación."
"The issue of the type of conflict between the parties and the standing of the defendant will be analyzed together due to their inextricable relationship."
Considerando XII
"Lo referente al tipo de conflicto que existe entre las partes y a la legitimación pasiva del demandado será analizado conjuntamente por su inescindible relación."
Considerando XII
"Al demandado, al ostentar el dominio, sobre el área en disputa, cuenta con título que lo legitima a poseer, sin que la demostración de actos posesorios por parte de este, ni su aceptación al respecto, permita, por ende, entender que el demandado sí cuenta con legitimación pasiva como para que proceda una reivindicación en su contra, dado que no se trata de conductas atribuibles a alguien que no posea título que lo habilite a ejercer posesión."
"The defendant, by holding title over the area in dispute, has a title that legitimizes his possession, so the demonstration of possessory acts by him, nor his acceptance thereof, allows us to conclude that the defendant has the passive standing for a reivindication against him, since this is not conduct attributable to someone who lacks a title enabling him to exercise possession."
Considerando XII
"Al demandado, al ostentar el dominio, sobre el área en disputa, cuenta con título que lo legitima a poseer, sin que la demostración de actos posesorios por parte de este, ni su aceptación al respecto, permita, por ende, entender que el demandado sí cuenta con legitimación pasiva como para que proceda una reivindicación en su contra, dado que no se trata de conductas atribuibles a alguien que no posea título que lo habilite a ejercer posesión."
Considerando XII
"El presente asunto no tuvo por objeto la determinación de cuál de las inscripciones registrales debe prevalecer, puesto que en las pretensiones planteadas no se incluyó una petición de nulidad de títulos, y ni siquiera un pedido expreso restitutorio."
"The present case had as its purpose the determination of which of the registry entries should prevail, since the claims raised did not include a request for the nullity of titles, nor even an express restitutory request."
Considerando XII
"El presente asunto no tuvo por objeto la determinación de cuál de las inscripciones registrales debe prevalecer, puesto que en las pretensiones planteadas no se incluyó una petición de nulidad de títulos, y ni siquiera un pedido expreso restitutorio."
Considerando XII
"En el presente caso, sin embargo, el objeto procesal, no ha sido la declaratoria de nulidad o cancelación del asiento registral de la finca del demandado por prevalencia del título de la actora al haber ejercido los atributos del dominio, sino la declaratoria de una posesión ilegítima y de una invasión por parte del demandado por no contar con derecho alguno de posesión o propiedad sobre el terreno."
"In the present case, however, the procedural object has not been the declaration of nullity or cancellation of the registry entry of the defendant's property due to the prevalence of the plaintiff's title by having exercised the attributes of ownership, but rather the declaration of an illegitimate possession and an invasion by the defendant for not having any right of possession or property over the land."
Considerando XII
"En el presente caso, sin embargo, el objeto procesal, no ha sido la declaratoria de nulidad o cancelación del asiento registral de la finca del demandado por prevalencia del título de la actora al haber ejercido los atributos del dominio, sino la declaratoria de una posesión ilegítima y de una invasión por parte del demandado por no contar con derecho alguno de posesión o propiedad sobre el terreno."
Considerando XII
Full documentDocumento completo
**CONSIDERING** **I.** On March 25, 2014, Mr. Enrique Jiménez Mata, representing the company Compañía Agrícola Ganadera la Laguna de Oreamuno S.A., sued Mr. Fabio Bravo Vargas. He alleged that his principal is the owner of the farm in the Partido de Cartago, registered under folio real number 190904-000, located in District 5, Santa Teresita, Canton 5, Turrialba, Province of Cartago; measuring 128 hectares 913.34 square meters, its nature being mountain and pasture land, described by cadastral plan C-745529-2001. The aforementioned property resulted from the merger of Cartago farms with registration numbers 30788-000 and 46089-000 and is subject to the limitations established by the Ley Forestal by reason of having signed a payment for environmental services (pago de servicios ambientales) contract with FONAFIFO for a forest protection project. On December 26, 2012, the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central handled a complaint filed on behalf of the plaintiff regarding a clear-cut (socola rasa) carried out illegally within its farm. He continued, by official letter MNG-oficio-387 of December 28, 2013, signed by officials of said Administration, it was determined: “…completely devastated area and also trees and shrubs ranging from five to twenty-five centimeters in diameter of different tree species (Guarumo, Cantarillo, Achotillo, Targua, tree ferns (helechos arborescentes) and other species typical of a secondary forest)” and that “in the affected area, the commencement of planting corn, grazing pasture, corn, beans, and squash is evident. It is evident that a clear-cut (tala raza) was carried out at the site to give a different use to the land within the protected wild area (Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central); there is no valid management plan permitting any alteration to the ecosystem…”. He imputed that since his principal acquired the property more than 20 years ago, it has been cared for, maintained, and protected, exercising agrarian and forestry possession (posesión agraria y forestal) in a public, peaceful, good-faith manner and as owner, in a stable and effective manner. Furthermore, the fences on various boundaries have been maintained, so it can be affirmed that no natural or legal person has claimed, in fact or in law, to have any right of possession or similar within the property. He noted that an investigation was conducted into what happened because, at the end of 2013, they were unaware that other persons had entered the farm, causing severe and substantial destruction to the ecosystem, compounded by the fact that they have a payment for environmental services contract with FONAFIFO signed several years ago, by which they are obliged to protect the fauna, forest, and vegetation existing on the farm, as well as to prevent any type of tree felling and the destruction of its vegetation. He narrated that on March 4, 2014, while visiting his property in the company of Messrs. César Gerardo Guillén Romero and Manuel Francisco Ramírez Rojas, they encountered unknown persons leaving the farm and asked them why they were there, to which Mr. Bravo Vargas replied that he owns a property there and has been working it for a few months since he is the owner and has a cadastral plan, which gives him the right to exploit it and do whatever he wants with it, regardless of whether it is forest and within the Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. He explained that after the aforementioned investigation, entrusted to Lic. Fabio Solórzano, was carried out, it was determined that the defendant and other persons entered the farm without his permission or that of MINAE, for the purpose of carrying out activities that have destroyed the forest and its ecosystem, illegally felling tree species, tree ferns, and other species typical of a secondary forest, many declared to be endangered. Likewise, it was determined that Mr. Fabio Bravo Vargas is the owner of right 012 over the farm registered under folio real number 1645 registered in the Partido de Limón, situated in District 3, Florida, Canton 3, Siquirres, Limón, with a measurement of 308 hectares 1904 square meters, its nature being pastureland and timber, as indicated by cadastral plan L-383113-1980, and belonging to 9 co-owners with rights of different measurements. The area corresponding to the defendant's right is 10 hectares 4944.80 meters. However, it has not been located, despite having registered his right since December 4, 1989. The aforementioned plan indicates a measurement of 105 hectares 3691 square meters, which is considerably smaller than the area indicated by the farm. Furthermore, it was determined, according to the investigation conducted, that the area calculated according to the description (derrotero) described in the plan is 53 hectares with 3731.57 square meters and not as erroneously described in the plan. Hence, the area indicated by said plan in no way coincides with the measurement of the referenced registered property. He added that the defendant entered his farm 24 years after having acquired the aforementioned undivided right, claiming to be the owner of part of it; regardless of the fact that for more than 20 years they (the plaintiff's representative and others) have worked and cared for his farm, under the conditions described above, to the point that they have signage indicating that the property is subject to said regime. He sought: 1. A determination that the defendant has no right of agrarian possession or ownership in his principal's farm. 2. That the undivided right owned by Mr. Bravo Vargas is not located on the plaintiff's property. 3. That the defendant has no possession in said property, that such possession is illegitimate, in bad faith, forced, abusive, and is aimed at illegitimately seizing land that does not belong to him. 4. That the defendant, without any permission from the authorities, has felled trees and associated species in order to give a different use to the land, which for many years has been subject to a forest protection project (obligation not to do). 5. That the Catastro Nacional be ordered to annul cadastral plan No. L-0383113-1980, because the area described in that plan is 105 ha 3691.30 square meters and, according to its descriptions (derroteros), is approximately 53 ha 3731.57 square meters; in addition, said cadastral instrument mostly overlaps the materiality of the plaintiff's farm. 6. That the defendant be ordered to pay the damages caused, which he liquidated in the sums of ten million colones and five million colones, respectively. 7. That he be ordered to pay the costs of both instances. In the alternative, that the claim be upheld as a negatory action (acción negatoria) and that it be determined that the plaintiff is the sole holder of a real right and that the defendant be declared to lack a right of the same nature over the real property he claims as his own and which he locates within the plaintiff's land. The defendant opposed the claim and raised the defenses of statute of limitations and lack of: right, active, and passive standing. In the judgment, the trial court upheld the defenses of lack of right, lack of active and passive standing, declaring the claim dismissed in all its aspects and ordering the plaintiff to pay the costs of both instances. The Tribunal Agrario confirmed the ruling of the first instance. Dissatisfied, the plaintiff appeals to this Chamber.
**II.** The appeal raises a series of arguments concerning the present litigation, setting forth what was alleged in the first and second instances, without, in most of them, clearly stating what error was committed in the challenged resolution. It is worth clarifying, as this Chamber has stated on repeated occasions, that although the appeal of cassation (recurso de casación) in agrarian matters is conceived as a third rogated instance, this does not exempt the cassation appellant from the duty to clearly state the grounds for their grievances. In this sense, the defect committed by the court in the judgment under cassation must be indicated in a clear and precise manner. It is not sufficient to state what was alleged in the claim, nor the grievances raised in the second instance, which in fact may create additional difficulty in understanding the objections held against the ruling. A minimum of technical-legal substantiation for the appeal must be met, sufficient to allow for the assessment of the grievances, as befits an extraordinary appeal. Article 559 of the Código de Trabajo, applicable to the agrarian cassation appeal by virtue of the express referral set forth in numeral 61 of the Ley de Jurisdicción Agraria, establishes that: "Once the case file is received, the Chamber shall summarily dismiss the appeal if it has been filed contrary to the provisions of Articles 556 and 557." In turn, ordinal 557 stipulates that the appeal must necessarily contain, as relevant, "The clear and precise reasons that warrant the proceeding of the appeal." It is not the duty of this cassation body, therefore, to interpret or seek to make sense of these reasons when they are not self-sufficient, or to extract or unify different arguments from the appeal to thereby form a clear, precise, coherent, and consistent grievance. That is the task of the parties. However, in the present case, the appellant sets forth a series of background facts and reiterations of what was alleged against the first-instance judgment, even though this is not the subject of the cassation. Regarding the minimum formalities or argumentative requirements that must be observed in agrarian cassation, see, among others, rulings 852 of 10:10 a.m. on July 21, 2011, 114 of 12:11 p.m. on February 5, 2016, 237 of 10:05 a.m. on March 15, 2018. Based on such procedural regulation, only those challenges directed against defects committed in the ruling and that meet a minimum of clarity and precision to allow their understanding and resolution will be addressed. In addition, throughout the drafting of the appeal, some objections concerning procedural steps are mixed in, so they will be addressed first, without following the order set out by the appellant, in order to ensure a comprehensible and logical reading of this ruling.
**Procedural Reasons** **III.** As a grievance of a procedural nature, the defect of inconsistency (incongruencia) is alleged. The cassation appellant affirms, on the basis of numerals 153 and 594 of the Código Procesal Civil, that the challenged judgment is inconsistent because it did not debate and address each of the claims sought by the plaintiff. He explains that judgments must resolve solely and exclusively the claims in the complaint, and the first-instance judge, in light of numeral 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, never addressed and resolved the issues under debate, i.e., evaluating "the evidence conscientiously and without strict subjection to the rules of common law, but in any case, when analyzing the result of the evidence gathered in the process, must express the principles of equity or law on which they base their criterion." **IV.** Regarding inconsistency, even though it is not a ground expressly provided for by agrarian legislation for admitting cassation in this matter, this Chamber maintains, to date, reiterated jurisprudence, according to which such defect is capable of motivating the filing of said challenge. See, among others, rulings 583-F-2004 of 11:35 a.m. on July 14, 2004, 952 of 4:20 p.m. on December 7, 2005, 503 of 10:50 a.m. on April 25, 2013. Now, it is worth clarifying that a ruling is liable to be considered inconsistent when a pronouncement on any of the petitionary aspects is omitted, more than what was requested is granted, or aspects not contemplated by the litigants are added to the operative part of the ruling, making the ruling inconsistent by incurring in infra petita, ultra petita, or extra petita, respectively, which is determined by relating its operative part to the parties' claims. Similarly, it occurs when the judgment contains contradictory provisions. See in this regard the votes of this chamber number 728 of 10:00 a.m. on October 4, 2007, and 1098 of 9:50 a.m. on October 20, 2016. In the present case, the appellant asserts, in a generic manner, that the judgment is inconsistent. However, he omits to indicate which specific claim was not resolved, or in what aspect of the operative part of the judgment a resolution exceeding the object of the proceeding was incurred. Evidently, the grievance does not meet the minimum substantiation requirement demanded by the legal system in order to be heard, pursuant to the provisions of Article 557 of the Código de Trabajo (according to its wording prior to the entry into force of the Reforma Procesal Laboral introduced by Ley N° 9343 of January 25, 2016, applicable pursuant to the provisions of Transitional Provision I, paragraph 2 of the latter legislation). Furthermore, in the present case, the claim has been dismissed, and the defenses raised were upheld for the reasons given, without the Tribunal having exceeded the limits with respect to what was requested by the parties. Without further ado, the grievance must be dismissed.
**V.** As additional objections related to the processing of the case, the appellant argues that the court resolved the appeal almost 30 months after it was filed, which violates principles such as legal certainty, due process, and effective judicial protection. He also reproached that, despite reports prepared by MINAE officials having been provided with the complaint, documenting the devastation of the forest by the defendant, no complaint or certified copy of documents (testimonio de piezas) has been ordered to be sent to the prosecutor's office, because it is clear that Mr. Bravo Vargas's intention is to convert a secondary forest into an agricultural and grazing area, which is contrary to the Ley Forestal and the prohibition on land-use change (cambio de uso del suelo), it being the obligation of the judicial instances to ensure compliance with the referenced legislation. He cites, as relevant, Official Letter MNG-oficio-387 issued by MINAE on December 28, 2013, in which it is indicated “…completely devastated area and also trees and shrubs ranging from five to twenty-five centimeters in diameter of different tree species (Guarumo, Cantarillo, Achotillo, Targua, tree ferns and other species typical of a secondary forest)” and that “in the affected area, the commencement of planting corn, grazing pasture, corn, beans, and squash is evident. It is evident that a clear-cut was carried out at the site to give a different use to the land within the protected wild area (Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central); there is no valid management plan permitting any alteration to the ecosystem…”, regarding which the statement of Mr. Eterlí must be taken into account when he stated that "I believe Fabio has a piece of land there because he keeps animals there, even at one time he gave it to me so I could put (sic) cattle there…", as well as the answer to the fifth question of the confession of Don Fabio who said that he previously had cattle there, and that it was overgrown (encharralado), so he decided to burn the pasture and sow again. In the same sense, Mr. Carlos Gutiérrez Gutiérrez noted that: "Fabio sows pasture, some time ago he had animals in this place, he already took them out, recently Fabio lent this land to Eterlí so that he could put his cows there…" **VI.** In agrarian matters, pursuant to numeral 559 of the Código de Trabajo, the reiterated jurisprudence of this Chamber has held, as a general rule, the inadmissibility of cassation for aspects of procedural steps, except for the grounds of inconsistency and amendment in prejudice (reforma en perjuicio), which are directed against the judgment, as a procedural act. See, in this regard, the rulings of this chamber, number 775 of 9:25 a.m. on July 3, 2012, 29 of 1:30 p.m. on January 16, 2015. Therefore, neither the time the court took to resolve the matter, nor the referral or non-referral of a certified copy of documents (testimonio de piezas) to the prosecutor's office for the possible commission of a crime, are aspects susceptible to review in cassation. Furthermore, the time limits provided in the Ley de Jurisdicción Agraria for the issuance of judicial rulings are directory, not peremptory, so the delay in resolving the appeal remedy is not a ground for cassation of the ruling, insofar as it does not cause its nullity. Other legally provided avenues exist for that. Evidently, the fact that a certified copy of documents against the defendant was not ordered is also not a defect attributable to the ruling as the challenged procedural act, but rather something that the appellant believes the court should have done, which makes such an argument equally inadmissible as an object of cassation review. For these reasons, these objections shall be dismissed.
**Substantive Reasons** **VII.** As indicated above, the appeal, for the most part, consists of general assertions about the case and even an exposition of what was alleged in the first and second instances, which is not admissible as argumentation proper to cassation, in which the errors committed in the judgment as a procedural act must be clearly challenged. However, from a reading of the challenge, it is gleaned that in the section of the appeal brief called "Grievances," the appellant sets forth some objections regarding the evidentiary activity and others against the court's reasoning. Thus, the objections regarding the evidence will be analyzed first, and subsequently, the remaining objections.
**VIII.** Regarding the evidentiary activity, the appellant alleges a violation of the principles of immediacy, concentration, and free evaluation of evidence. He says that both the Ad-quem (appellate court) and the Ad-quo (trial court) did not conduct a conscientious review of the body of evidence, which demonstrated that Mr. Bravo Vargas invaded the land, so the reivindicatory action (acción reivindicatoria), or alternatively the negatory action, should have been upheld. He added that the documentary and testimonial evidence is overwhelming in this regard. He reproaches that a property registry certification of an unregistered document in which Mr. Hernán Carazo sold land to the defendant was admitted as evidence for better judgment (prueba para mejor resolver), without inquiring why the Registro did not proceed with its registration and to which farm that sale refers. Furthermore, that evidence should not have been received at this procedural moment because it contributes nothing to the case file. Additionally, he argues, it is clear that Don Fabio has never located his undivided right or rights in farm 1645-000, despite his witnesses being complacent. He notes that at folio 33 of the case file, a certification from the Registro determined that for right 012 of the farm of the Partido de Limón, registered under folio real 1645-000, owned by the defendant, no recorded or registered document appears. He points out that although some of his witnesses say that the defendant has a cadastral plan and that they have seen it, as in the case of Carlos Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, this is contradictory to what Mr. Bravo Vargas himself said when he stated: "I have not registered any plan for this area of land; the plan of the mother farm is what gives me the location of this area of land, and the deed we executed before a licensed attorney." He claims that none of this was analyzed by the court or the trial judge, which is of vital importance to demonstrate the improper appropriation that the defendant has been carrying out of the plaintiff's farm since 2014. Coupled with the foregoing, he alleged, it is proven that his principal has more than 20 years of continuously exercising agrarian and forestry possession, effective and stable, in a public, peaceful, good-faith manner and as owner of the property, to the point that the forest cover (masa boscosa) has been recovered and protected, giving adequate maintenance to the fences, for the purpose of preventing the entry of both persons unrelated to the property and cattle or horses.
**IX.** The claims regarding the evidentiary activity are also not admissible. The plaintiff's representative states that the documentary and testimonial evidence is overwhelming and with it, it was demonstrated that the defendant invaded his farm. However, he does not indicate which elements of the documentary and testimonial evidence demonstrate that, or allow an understanding that a possession (posesión) exercised by the plaintiff over the property was indeed interrupted. Nevertheless, it is an undisputed fact that the defendant holds a registry title (título registral) in the area in conflict, specifically right 012 over farm registration number 1645 of the Partido de Limón (proven fact c) and that he has carried out possessory acts over it (proven fact "ñ"), such that carrying out acts in the exercise of ownership, of which possession (posesión) is one of its attributes, cannot be qualified as an invasion. The claim regarding the admission of evidence for better judgment is equally innocuous since the appellant himself states of such document that it "contributes nothing to the case file," so he does not explain any fact that was accredited or disproven as a result of such evidence, given that if the document in question has no influence on the process, there is no reason whatsoever for him to reproach its admission, if it causes him no harm. In any case, regardless of such document, the truth is that the defendant's registry title is on record, without the certification admitted for better provision being necessary to have the legal situation he enjoys over the disputed area accredited. On the other hand, regarding the contradictions that, in the appellant's opinion, existed between the witnesses offered by the defendant and himself, this is also inadmissible. First, according to the appellant's own citations, what the witness said is that the defendant showed him a plan, whereas what Mr. Bravo Vargas stated is that he had not made one, this not being contradictory, since it is clear that a person does not have to have made something in order to be able to use it or show it later. But more importantly, the contradiction alleged, or any confusion regarding whether the defendant showed the plan or not to his neighbors, does not in any way demonstrate, as the plaintiff argues, that the defendant carried out any invasion, or an improper appropriation. There is simply no logical connection between the supposed contradiction – which this chamber does not perceive – and the conclusion the appellant seeks to draw from it. Finally, and not without contradicting himself, the appellant states that a possession (posesión) exercised for more than twenty years by his principal under the conditions he describes was accredited, which has allowed the protection of the forest cover (cobertura boscosa) and prevented third parties from entering. However, he does not explain which evidence demonstrates this, and was erroneously assessed or overlooked, which is sufficient reason to dismiss the grievance. Moreover, his argument carries very little weight if attention is paid to the fact that the appellant has stated throughout the process precisely that the land was invaded and that the forest cover was affected, which is not consistent with his assertions regarding the possession supposedly exercised on behalf of his principal, which he describes as effective in the protection of the forest. Furthermore, it does not disprove or challenge proven fact ñ), consisting precisely of "That Favio Bravo Vargas has carried out various possessory acts over the area subject to this process, such as keeping cattle, sowing pasture, and building fences." Thus, by not refuting the proven fact that the defendant is the one who has exercised possession over the area in litigation, nor explaining how the ruling—which concerns double titling (doble titulación) as will be explained—would vary, his grievance leads nowhere, and it must therefore be dismissed.
**X.** We now proceed to resolve the remaining grievances of a substantive nature. In essence, the appellant reproaches the following: 1) The present conflict is not one of double titling. He argues in this regard that, despite it being true that according to the registry they are two separate farms, there are cadastral reports stating there is an overlap and only the plan for his farm, i.e., C-745529-2001, generated a title. Furthermore, "our discontent rests on the fact that the factual reality is something else, and Don Fabio Vargas, accompanied by his laborers, has entered, without (sic) any permission, my principal's property and has carried out felling of trees and associated species, for the purpose of planting agriculture and pasture." He recalls that the defendant stated he had the right to exploit and do whatever he wanted with the farm, which is ratified by official letter MNG-oficio-387 and the photographs included therein, which he cites as relevant. 2) The defendant does have passive standing (legitimación pasiva) so that the reivindicatory action can succeed against him, because he took advantage of the fact that he has an undivided right in the area to recklessly enter the property, regardless of the fact that it has an owner and that it has limitations from the Ley Forestal. He argues that the defendant, without qualms and spontaneously, accepted having built fences and put up barbed wire. He cited, as relevant, the judicial inspection (reconocimiento judicial) record. He reiterates, it is proven that the plaintiff has more than 20 years of having exercised agrarian and forestry possession, in a public, peaceful, good-faith manner and as owner of the land, in a stable and effective way, to the point that the forest cover has been recovered and protected, giving adequate maintenance to the fences, for the purpose of preventing the entry of both persons unrelated to the property and cattle or horses.
**XI.** Regarding the nature of the present conflict, the court explained that the plaintiff is wrong to classify the defendant's possession as illegitimate and to point out that he only showed he had bought 3 hectares and not the 10 under discussion, since the registry certification provided by the plaintiff himself, visible at folio 12, establishes that the defendant holds a right of 10 hectares 4944.80 square meters over the farm in the Partido de Limón, registration 1645, which has cadastral plan L-383113-1980 as its cadastral reference; a property that, according to the expert opinion rendered in the case file by engineer Adelina Arce Bogantes and by surveyor José Alberto Alpízar, overlaps, practically in its entirety, with the plaintiff's farm, described by plan C-745529-2001. Therefore, what is presented here is a problem of double registration (doble matriculación) and does not correspond to the object of the reivindicatory action or the negatory action. Thus, in the case of the reivindicatory action, it is directed against the possessor who is not an owner or holder of a right that justifies the possession, which does not occur in the present case, which is why the defendant lacks passive standing as he holds a registry title. As for the negatory action, it established that it also cannot be upheld, precisely because the defendant has a right registered in his name in the Registro over the land in litigation, given that this type of proceeding aims to have it declared that the thing is not subject to the right that another exercises over it, causing the exercise to cease, which does not occur for the reasons explained.
**XII.** The matter concerning the type of conflict existing between the parties and the passive standing (legitimación pasiva) of the defendant will be analyzed jointly due to their inextricable relationship. The so-called "reivindicatory action" corresponds to those lawsuits in which a person who is the titleholder of ownership over a specific property asserts a restitutive claim against one who exercises, de facto, possession over it, without holding a title enforceable against the former. It finds support, among other norms, in numerals 316 and 320 of the Código Civil. The jurisprudence of this Chamber has been consistent in that for its success, three prerequisites must concur: Active standing, passive standing, and identity of the thing.
See, in this regard, among many others, judgment no. 1207 of this body, issued at 10:45 a.m. on September 18, 2013. The first requirement consists of the fact that whoever seeks restitution must prove they are the holder of the property right over the thing. In the case of real property, due to its registrability, registered ownership must be demonstrated. The second element consists of the fact that the passive subject of the claim must exercise possession over the disputed property, without holding a legal situation that legitimizes their action, that is, they must be an illegitimate possessor. Finally, the identity of the thing, although, prima facie, it appears to be a logical consequence of the first two, is not really so, because it must be reliably shown that the property for which the plaintiff party proves ownership coincides with the property possessed by the defendant, a circumstance for which expert evidence is particularly useful, without prejudice to the breadth of evidence in its admission and assessment stage for the purpose of determining the real truth of the facts, in accordance with numeral 54 of the Agricultural Jurisdiction Law. In the case of the negatory action, a claim is raised, equally of a real nature, and it seeks that the jurisdictional body declare the lack of a real right on the part of the defendant over a property of the plaintiff and that the disturbances cease. This becomes relevant, not when a third party exclusively possesses another's property, for which restitutory actions such as the claim for recovery of ownership (reivindicación) and the publiciana were designed, but when they act as if they had a real right in another's property, or in iura in re aliena, to the detriment of the full ownership of the property. See, on the nature and scope of the negatory action, judgment no. 179 of this chamber, issued at 3:15 p.m. on October 16, 1991. Both actions also allow the accessory petition for the payment of damages and losses, in accordance with article 325 of the Civil Code. Now, the identification of a specific type of claim with a particular "action" has its historical origin in the identification that, in Roman Law, the action had with the right, which is why in legal systems of Roman tradition, like ours, such terminology is coined to this day, given the systematization of the institutes of Roman Law that preceded codification. However, at present, the concept of action refers, above all, to an abstract right, of constitutional rank, developed, among other norms, in numeral 41 of the Magna Carta, whose essential content consists of the legal power to demand that the authorities exercising the Judicial Power act to definitively resolve their legal conflicts and the non-contentious claims that require jurisdictional declarations of legal certainty in accordance with the functional and jurisdictional distribution established by the legislator. Hence, there exists a single right of action, notwithstanding which certain types of claims are identified in forensic language by the name of differentiated "actions". The rational utility of this is manifested in the conceptual relationship established between a specific material claim and the requirements that must be demonstrated for it to be upheld. Therefore, what is truly decisive for granting a lawsuit in a declaratory proceeding is not so much the name used to identify the claim, but its content, as well as the cause of the conflict and the Law applicable to the facts demonstrated. In this case, as indicated by the Court, and as the appellant himself admits, there is an overlap between the cadastral maps attached to both properties involved in this process. Proven fact "m" indicates: "That between cadastral maps L-383113-1980 and C-745529-2001, there exists an overlap of fifty hectares, five thousand ninety-five square meters". By reason of this, the conflict departs from the factual scenarios that can be resolved through a claim for recovery of ownership (acción reivindicatoria) or a negatory action, and the plaintiff's representative is not correct when he states that there is no double titling. The challenge does not question, in any way, the content of the expert evidence that demonstrated the existing overlap between both maps, but rather, on the contrary, it is expressly accepted by the appellant when he affirmed: "...although there is a whole discussion regarding cadastral maps L-0383113-1980 and C-745529-2001, where the Public Registry technicians refer to an overlap. (sic)..." Thus, it is evident that the defendant, by holding ownership over the disputed area, has a title that legitimizes them to possess, without the demonstration of possessory acts on their part, nor their acceptance in this regard, allowing, therefore, the understanding that the defendant does have the passive legitimacy for a claim for recovery of ownership to proceed against them, given that it does not concern conduct attributable to someone who does not possess a title that authorizes them to exercise possession. In the case at hand (sublite), it is effectively proven that Mr. Bravo Vargas has carried out possessory acts over the area subject to this process, such as maintaining cattle, planting pasture, and building fences (proven fact "ñ"), which has not been refuted by the appellant. However, the plaintiff qualifies such possession as illegitimate. It is alleged that the defendant has not located his undivided right (derecho proindiviso), without this being a relevant fact to grant the claims raised, because the defendant has sufficient right to possess the land in litigation by being a co-owner, given that co-ownership (copropiedad) in our legal system – of Roman origin – is characterized by an aliquot or ideal distribution of ownership, where all those who share it have a right over the entirety of the property, without it being legally demandable for one of the co-owners to claim a part of the property as their own and exclusive against the others, while no legal act is performed producing the individualization of one or more portions of the land, through the corresponding location or division (doctrine of numeral 270 of the Civil Code). Furthermore, according to reiterated jurisprudence of this Chamber, from long ago, conflicts related to a double-title registry situation have been differentiated, in which the one that is backed by the effective exercise of the attributes of ownership, and especially possession, prevails, with the registry consequences that this implies, once the registered ownership that prevails in the specific case is judicially declared. Consult, among others, judgments of this Chamber no. 464 of 2:00 p.m. on May 4, 2017, and 823-F-SI-2007 of 3:35 p.m. on November 16, 200. In the present case, however, the procedural object has not been the declaration of nullity or cancellation of the registry entry for the defendant's property due to the prevalence of the plaintiff's title by having exercised the attributes of ownership, but rather the declaration of an illegitimate possession and an invasion by the defendant due to lacking any right of possession or ownership over the land (as stated in the first main claim and the subsidiary one), therefore it is not proper to grant a claim for recovery of ownership lawsuit, nor subsidiarily a negatory claim, when the lawsuit is not filed against someone who possesses without a title that legitimizes them, or who exercises, de facto, a right they do not have over another's property, but rather we are faced with a double-title conflict, for which the corresponding claims must be filed and the reasons why one title must prevail over another must be alleged. The present matter did not have as its object the determination of which of the registry inscriptions must prevail, since the claims raised did not include a petition for nullity of titles, nor even an express restitutory request. In such manner, the jurisdictional bodies that have intervened, bound by the principle of party disposition (dispositivo) (without prejudice to the assistance role of jurisdictional bodies in agricultural matters), cannot pronounce on aspects not requested, and, therefore, what is resolved in this cause does not prejudge the aspects that are elucidated in a potential nullity of titles proceeding. Now, the appellant also criticizes that the defendant has contravened environmental regulations concerning forest protection. In that sense, it is clear that anti-social possessory acts, exercised to the detriment of the environmental legal system, are not protectable by the legal system. For this reason, administrative and criminal sanctions are regulated, both in the Forestry Law (v.gr., in its articles 57, 58, 59, 60, 61) and in other regulatory bodies, as well as civil liability (as stated in numeral 101 of the Organic Law of the Environment) for those persons who cause damage to the environment, natural resources, and ecosystems. However, and despite the fact that the record contains an administrative report that accounts for the possible commission of illicit acts to the detriment of forest vegetation, there is no proven fact regarding the defendant having performed acts such as logging or land-use change (cambio de uso de suelo) in the forest cover (cobertura boscosa), and the appellant has not formulated a clear and precise grievance, aimed at having this chamber establish such a circumstance as demonstrated, for which he would have had to clearly and precisely argue which elements of the evidence were subject to an illegitimate probative intellectual process, whether by disregard or erroneous assessment. Additionally, the present process is not of a sanctioning nature, and since it is not possible to grant the lawsuit due to the manner in which the claims have been raised, as the requirements for a claim for recovery of ownership nor a negatory action are not verified, the plaintiff must resort, if she deems it appropriate, to the sanctioning or declaratory channel she considers pertinent. Therefore, the grievances are not admissible.
POR TANTO
The decision of the Court is confirmed.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Roció Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez AMENAC Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 07:48:11.
Sala Primera de la Corte Analizado por: SALA PRIMERA *140000171002AG* Res. 002613-F-S1-2020 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cincuenta minutos del doce de noviembre de dos mil veinte.
Proceso Ordinario tramitado ante el Juzgado Agrario de Turrialba, establecido por la sociedad Compañía Agrícola Ganadera la Laguna de Oreamuno S.A., con cédula de persona jurídica número 3-101-50699, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Enrique Jiménez Mata, mayor, agricultor, casado en segundas nupcias, vecino de Cartago, cédula de identidad 3 – 138 - 253; contra FABIO BRAVO VARGAS, mayor, agricultor, casado, vecino de Santa Cruz de Turrialba, Guayabo, cédula de identidad 3-138-238. Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora el licenciado Fabio Solórzano Rojas, colegiado 5301; mientras que interviene en representación del demandado el letrado José Albertino Navarro López, cédula de identidad 2-218-917, colegiado 4774 en condición de apoderado especial judicial.
Redacta la magistrada Vargas Vásquez; y,
CONSIDERANDO
I.- El 25 de marzo de 2014, el señor Enrique Jiménez Mata, en representación de la sociedad Compañía Agrícola Ganadera la Laguna de Oreamuno S.A., demandó al señor Fabio Bravo Vargas. Adujo, su representada es la dueña de la finca del Partido de Cartago, matrícula de folio real 190904-000, la cual se ubica en el distrito 5, Santa Teresita, Cantón 5, Turrialba, provincia de Cartago; mide 128 hectáreas 913.34 metros cuadrados, cuya naturaleza es terreno de montañas y potrero, descrita por el plano catastrado C-745529-2001. El referido inmueble fue producto de reunión de las fincas de Cartago matrículas 30788-000 y 46089-000 y se encuentra afecto a las limitaciones establecidas por la Ley Forestal en razón de haberse suscrito con FONAFIFO contrato de pago de servicios ambientales por proyecto de protección de bosque. El 26 de diciembre de 2012 el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central atendió denuncia interpuesta a nombre de la actora ante una socola rasa que se realizó ilegalmente dentro de su finca. Continuó, mediante oficio MNG-oficio-387 del 28 de diciembre de 2013, suscrito por funcionarios de dicha Administración, se determinó: “…área devastada por completo y además árboles y arbustos que van desde cinco hasta veinticinco centímetros de diámetros en diferentes especies de árboles (Guarumo, Cantarillo, Achotillo, Targua, helechos arborescentes y otras especies propias de un bosque secundario)” y que “en el área afectada se denota el inicio de siembra de maíz, de pasto de pastoreo, maíz, frijoles y ayote. Es evidente que en el lugar se realizo tala raza para darle un uso diferente al terreno dentro del área silvestre protegida (Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central) no existe ningún plan de manejo vigente que permita alguna alteración del ecosistema…”. Endilgó, desde que su representada adquirió hace más de 20 años el inmueble se ha cuidado, mantenido y protegido, ejerciendo posesión agraria y forestal, de manera pública, pacífica, de buena fe y a título de propietaria, de manera estable y efectiva. Además, se le ha dado mantenimiento a las cercas en diferentes colindancias, por lo que puede afirmar que ninguna persona física o jurídica ha reclamado de hecho o de derecho tener derecho alguno de posesión o similar dentro del inmueble. Acotó, se procedió a realizar una investigación ante lo sucedido en razón de que a finales del año 2013 desconocían que otras personas habían ingresado a la finca, causando serios y cuantiosos destrozos al ecosistema, aunado a que cuentan con un contrato de pago de servicios ambientales con FONAFIFO suscrito desde hace varios años por lo que están obligados a proteger la fauna, foresta y vegetación existente en la finca, así como impedir cualquier tipo de tala de árboles y la destrucción de su vegetación. Narró, el 4 de marzo de 2014 cuando visitó su propiedad en compañía de los señores César Gerardo Guillén Romero y Manuel Francisco Ramírez Rojas, se encontraron a personas desconocidas saliendo de la finca a quienes preguntó por qué razón estaban en dicho lugar, a lo que respondió el señor Bravo Vargas que él tiene una propiedad ahí y que desde hace unos meses la ha estado trabajando pues él es el dueño y cuenta con plano catastrado, lo que le da derecho a explotarla y hacer lo que quiera en ella, sin importar que sea bosque y se encuentre dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. Explicó, luego de realizada la investigación antes referida, encargada al Lic. Fabio Solórzano, se determinó que el demandado y otras personas entraron sin permiso suyo ni del MINAE a la finca, con el propósito de realizar actividades que han destruido el bosque y su ecosistema, talando ilegalmente especies de árboles, helechos arborescentes y otras especies propias de un bosque secundario, muchas declaradas en vías de extinción. Igualmente, se determinó que el señor Fabio Bravo Vargas es dueño del derecho 012 sobre la finca inscrita con el folio real número 1645 inscrito en el Partido de Limón, situado en el distrito 3, Florida cantón 3, Siquirres, Limón, con una medida de 308 hectáreas 1904 metros cuadrados, cuya naturaleza es terreno de repasto y madera, la cual indica el plano catastrado L-383113-1980 y pertenece a 9 codueños con derechos de diferentes medidas. Al derecho del demandado corresponde un área de 10 hectáreas 4944.80 metros. No obstante, no ha sido localizado, pese haber inscrito su derecho desde el 4 de diciembre de 1989. El plano referido indica una medida de 105 hectáreas 3691 metros cuadrados, lo cual es bastante menor al área que indica la finca. Además, se determinó, de acuerdo a investigación realizada, que el área calculada según derrotero descrito en el plano es de 53 hectáreas con 3731.57 metros cuadrados y no como erróneamente se describe en el plano. De ahí que el área que indica dicho plano en modo alguno es coincidente con la medida del inmueble inscrito referido. Agregó, el demandado ingresó a su finca 24 años después de haber adquirido el derecho proindiviso aludido, reclamando ser dueño de parte de ella; sin importar que desde hace más de 20 años han trabajado y cuidado (el representante de la actora y otros) su finca, en las condiciones antes descritas al punto que cuentan con rotulación indicando que el predio se encuentra sometido a dicho régimen. Pretendió: 1. Se determine que el demandado no tiene ningún derecho de posesión agraria o de propiedad en la finca de su representada. 2. Que el derecho proindiviso propiedad del señor Bravo Vargas, no se encuentra ubicado en el fundo de la actora. 3. Que el demandado no tiene ninguna posesión en dicho inmueble, que ésta es ilegítima, de mala fe, forzosa, abusiva, y tiene como fin apoderarse ilegítimamente de un terreno que no le pertenece. 4. Que el demandado, sin contar con permiso alguno por parte de las autoridades, ha talado árboles y especies asociadas a fin de darle un uso diferente al terreno, el cual desde hace muchos años se encuentra sometido a un proyecto de protección de bosque (obligación de no hacer). 5. Que se ordene al Catastro Nacional anular el plano catastrado No. L-0383113-1980, por cuanto el área descrita en ese plano es de 105 ha 3691. 30 metros cuadrados y de acuerdo a sus derroteros es de aproximadamente 53 ha 3731. 57 metros cuadrados; aunado a ello, dicho instrumento catastral en su mayoría traslapa la materialidad de la finca de la actora. 6. Que se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios ocasionados, los cuales liquidó en la suma de diez millones de colones y cinco millones de colones, respectivamente. 7. Se condene al pago de ambas costas. Subsidiariamente, que la demanda sea acogida como acción negatoria y se determine que la actora es la única titular de un derecho real y se declare que el demandado carece de un derecho de la misma naturaleza sobre el bien inmueble que reclama como suyo y que lo ubica dentro del terreno de la accionante. El demandado se opuso a la demanda e interpuso las excepciones de prescripción y falta de: derecho, legitimación activa y pasiva. En sentencia, el juzgado acogió las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, declarando la demanda sin lugar en todos sus extremos y condenando a la actora al pago de ambas costas. El Tribunal Agrario confirmó lo resuelto en primera instancia. Inconforme, la actora acude ante esta Sala.
II.En el recurso se plantean una serie de argumentos referentes a la presente litis, exponiéndose lo que se adujo en primera y segunda instancia, sin que, en la mayoría de ellos, se exponga de forma clara cuál es el yerro cometido en la resolución impugnada. Conviene aclarar, tal como lo ha manifestado esta Sala en reiteradas ocasiones, si bien el recurso de casación en materia agraria se concibe como una tercera instancia rogada, ello no exime al casacionista del deber de motivar en forma clara sus agravios. En ese sentido, debe indicarse en forma diáfana y precisa en qué consiste el vicio cometido por el tribunal en la sentencia objeto de casación. No basta manifestar lo que se adujo en la demanda, y tampoco los agravios expuestos en segunda instancia, lo que más bien puede generar una dificultad adicional para que sean comprensibles las disconformidades que se tengan en contra del fallo. Debe cumplirse con un mínimo de fundamentación técnico-jurídica del recurso que permita acceder a la valoración de los agravios, propios de un recurso extraordinario. El artículo 559 del Código de Trabajo, aplicable al recurso de casación agraria en virtud de remisión expresa dispuesta en el numeral 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria, establece que: “Recibidos los autos, la Sala rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que disponen los artículos 556 y 557.” Por su parte, en el ordinal 557 se estatuye que el recurso necesariamente debe contener, en lo que interesa, “Las razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del recuso”. No corresponde a este órgano de casación, por ende, interpretar o buscar dar sentido a estos cuando no se bastan a sí mismos, extraer o unificar distintas argumentaciones del recurso para conformar así un agravio claro, preciso, coherente y consistente. Ello es tarea de las partes. No obstante, en la especie el recurrente señala una serie de antecedentes y reiteraciones sobre lo alegado en contra de la sentencia de primera instancia sin que esta sea objeto de la casación. Con referencia a las formalidades o requisitos argumentativos mínimos que deben observarse en la casación agraria, consúltese, entre otras, las sentencias 852 de las 10 horas 10 minutos del 21 de julio de 2011, 114 de las 12 horas 11 minutos del 5 de febrero de 2016, 237 de las 10 horas 5 minutos del 15 de marzo de 2018. Con base a tal regulación procesal, serán atendidas únicamente los embates que se dirijan contra vicios cometidos en el fallo y que cumplan con un mínimo de claridad y precisión que permita su comprensión y resolución. Además, a lo largo de la redacción del recurso, se mezclan algunas censuras referentes a trámites procesales, por lo que serán atendidas en un primer orden, sin seguirse el orden planteado por el recurrente, en aras de procurar una lectura comprensible y lógica del presente fallo.
Razones procesales
III.Como agravio de orden procesal se acusa el vicio de incongruencia. Afirma el casacionista, con fundamento en los numerales 153 y 594 del Código Procesal Civil, la sentencia impugnada es incongruente por cuanto no debatió y conoció cada una de las pretensiones reclamadas por la actora. Explica, las sentencias deben resolver única y exclusivamente las pretensiones en la demanda, y el juez de primera instancia, a la luz del numeral 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria nunca conoció y resolvió los puntos objeto de debate, sea apreciar “la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.”
IV.Sobre la incongruencia, aún y cuando no es un motivo previsto de manera expresa por la legislación agraria para la admisión de la casación en esta materia, esta Sala mantiene, hasta la fecha, reiterada jurisprudencia, conforme a la cual tal vicio es susceptible de motivar la presentación de dicha impugnación. Véase, entre otras, las sentencias 583-F-2004 de las 11 horas 35 minutos del 14 de julio de 2004, 952 de las 16 horas 20 minutos del 7 de diciembre de 2005, 503 de las 10 horas 50 minutos del 25 de abril de 2013. Ahora bien, conviene aclarar, un fallo es pasible de ser considerado incongruente, cuando se omite pronunciamiento sobre alguno de los extremos petitorios, se otorga más de lo pedido, o bien se agregan a la parte dispositiva del fallo extremos no contemplados por los litigantes, el fallo se torna en incongruente, al incurrir en infra petita, ultra petita o extra petita, respectivamente, lo cual se determina al relacionar su parte dispositiva con las pretensiones de las partes. De igual modo, ocurre cuando la sentencia contiene disposiciones contradictorias. Véase en ese sentido los votos de esta sala número 728 de las 10 horas del 4 de octubre de 2007 y 1098 de las 9 horas 50 minutos del 20 de octubre de 2016. En la especie el recurrente endilga, en forma genérica, que la sentencia es incongruente. Sin embargo omite indicar cuál pretensión en particular no fue resuelta, o bien, en qué aspecto de la parte dispositiva de la sentencia se incurrió en una resolución que excediera del objeto del proceso. Evidentemente, el agravio no se ajusta al mínimo de fundamentación que exige el ordenamiento jurídico a efectos de ser atendible, al tenor de lo dispuesto en el artículo 557 del Código de Trabajo (conforme a su redacción previa a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral introducida mediante la Ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, aplicable al tenor de lo dispuesto en el transitorio I párrafo 2 de esta última legislación). Más aún, en el presente caso la demanda ha sido rechazada, y se acogieron las defensas interpuestas por las razones aducidas sin que se haya incurrido en una extralimitación por parte del Tribunal con respecto a lo peticionado por las partes. Sin más, el agravio deberá rechazarse.
V.Como inconformidades adicionales relacionadas al trámite del proceso, el recurrente esgrime, el tribunal resolvió el recurso casi 30 meses después de haberse planteado la apelación, lo que transgrede principios como el de seguridad jurídica, debido proceso, y a una tutela judicial efectiva. Reprochó, además, pese a que se aportó desde la demanda informes realizados por funcionarios del MINAE donde consta la devastación por parte del demandado del bosque, no se ha ordenado alguna denuncia o testimonio de piezas ante la fiscalía, porque es claro que la intención del señor Bravo Vargas es convertir un bosque secundario en un área agrícola y de pastoreo, lo que es contrario a la Ley Forestal y a la prohibición de cambio de uso de suelo, siendo obligación de las instancias judiciales velar por el cumplimiento de la legislación referida. Cita, en lo conducente el Oficio MNG-oficio-387 emitido por el MINAE el 28 de diciembre de 2013, en el que se indica “…área devastada por completo y además árboles y arbustos que van desde cinco hasta veinticinco centímetros de diámetros en diferentes especies de árboles (Guarumo, Cantarillo, Achotillo, Targua, helechos arborescentes y otras especies propias de un bosque secundario)” y que “en el área afectada se denota el inicio de siembra de maíz, de pasto de pastoreo, maíz, frijoles y ayote. Es evidente que en el lugar se realizó tala raza para darle un uso diferente al terreno dentro del área silvestre protegida (Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central) no existe ningún plan de manejo vigente que permita alguna alteración del ecosistema…”, respecto de lo cual debe tenerse en cuenta la declaración del señor Eterlí cuando manifestó que “Yo creo que Fabio tiene un terreno ahí porque él lleva animalitos ahí, incluso en un tiempo él me dio para que yo echará (sic) ganado ahí…”, así como la respuesta a la pregunta quinta de la confesión de Don Fabio quien dijo que antes tenía ganado ahí, y que estaba encharralado, por lo que decidió quemar el pasto y sembrar de nuevo. En igual sentido, el señor Carlos Gutiérrez Gutiérrez señaló que: “Fabio siembra pasto, hace un tiempo tenía animales en este lugar, ya los sacó, hace poco Fabio le prestó este terreno a Eterlí para que él metiera las vacas ahí…”
VI.En materia agraria, conforme al numeral 559 del Código de Trabajo, en reiterada jurisprudencia de esta Sala, se ha sostenido, como regla general, la improcedencia de de la casación por aspectos de trámites procesales, salvo las causales incongruencia y reforma en perjuicio, las cuales se dirigen en contra de la sentencia, como acto procesal. Consúltese, en ese sentido, las sentencias de esta cámara, número 775 de las 9 horas 25 minutos del 3 de julio de 2012, 29 de las 13 horas 30 minutos del 16 de enero de 2015. Por ende, ni el tiempo que haya demorado el tribunal en resolver, ni la remisión o no a la fiscalía de un testimonio de piezas por la posible comisión de un delito son aspectos susceptibles de revisión en casación. Además, los plazos previstos en la Ley de Jurisdicción Agraria para la emisión de las resoluciones judiciales son ordenatorios, no perentorios, por lo que el atraso en la resolución del recurso de apelación no es un motivo de casación del fallo, en el tanto no genera su nulidad. Para ello existen otras vías legalmente previstas. Evidentemente, el hecho de que no se haya ordenado un testimonio de piezas en contra de la parte demandada tampoco consiste en un vicio endilgado al fallo como acto procesal impugnado, sino que es algo que el recurrente estima debió haber realizado el tribunal, por lo que resulta igualmente improcedente tal argumento como objeto del control casacional. Por lo cual estas inconformidades serán rechazadas.
Razones sustantivas
VII.Tal como se indicó arriba, el recurso, en su mayoría, consiste en aseveraciones generales sobre el caso e incluso en una exposición de lo que se alegó en primera y segunda instancia, lo cual no es atendible como argumentación propia de la casación, en la que se debe atacar de forma clara los yerros cometidos en la sentencia como acto procesal. Sin embargo, de la lectura de la impugnación, se extrae que en el acápite del líbelo recursivo denominado “Agravios”, el recurrente expone algunas inconformidades con respecto a la actividad probatoria y otras frente a los razonamientos del tribunal. Así, serán analizadas primero las censuras sobre la prueba y, posteriormente, las restantes inconformidades.
VIII.Respecto de la actividad probatoria, el recurrente acusa una violación a principios de inmediatez, concentración y libre valoración de la prueba. Dice tanto el Ad-quem como el Ad-quo no realizaron una revisión concienzuda del elenco probatorio, en donde se logró demostrar que el señor Bravo Vargas invadió el terreno, por lo que debió acogerse la acción reivindicatoria, o en su lugar la acción negatoria. Agregó, las pruebas documentales y testimoniales son contundentes al respecto. Reprocha el que se haya admitido como prueba para mejor resolver una certificación registral de un documento no inscrito en el que el señor Hernán Carazo vende un terreno al demandado, sin averiguar porque razón el Registro no procedió a su inscripción y a que finca se refiere esa venta. Además, dicha prueba no debió ser recibida en este momento procesal por no aportar nada a los autos. Adicionalmente, arguye, es claro que don Fabio nunca ha localizado su o sus derechos pro indivisos en la finca 1645-000, pese a que sus testigos son complacientes. Acota, a folio 33 del expediente consta certificación del Registro donde se determinó que en el derecho 012 de la finca del Partido de Limón, matrícula de folio real 1645-000, propiedad del demandado, no aparece documento anotado o inscrito. Apunta, pese a que algunos de sus testigos dicen que el demandado tiene plano catastrado y que lo han visto, como es el caso de Carlos Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, ello es contradictorio con lo dicho por el mismo señor Bravo Vargas cuando afirma que: “no he inscrito ningún plano de esta área de terreno, el plano de la finca madre, es la que me otorga la ubicación de esta área de terreno y la escritura que la hicimos ante un licenciado.” Endilga, nada de esto fue analizado por el tribunal ni por el juez de instancia, lo que es de vital importancia para demostrar la apropiación indebida que desde el año 2014 ha llevado a cabo el demandado de la finca de la actora. Aunado a lo anterior, adujo, está demostrado que su representada tiene más de 20 años de ejercer continuamente posesión agraria y forestal, efectiva y estable, de manera pública, pacífica, de buena fe y a título de propietario sobre el inmueble, al punto que se ha logrado recuperar y proteger la masa boscosa, dándole un mantenimiento adecuado a las cercas, con el propósito de evitar el ingreso tanto de personas ajenas al inmueble como ganado vacuno o caballar.
IX.Los reclamos referentes a la actividad probatoria tampoco resultan atendibles. El representante de la actora afirma que la prueba documental y testimonial es contundente y con esta se demostró que el demandado invadió su finca. Sin embargo, no indica qué elementos de la prueba documental y testimonial demuestran ello o permiten entender que efectivamente se interrumpió una posesión ejercida por la actora sobre el inmueble. No obstante, es un hecho no discutido que el demandado cuenta con título registral en el área en conflicto, específicamente el derecho 012 sobre la finca matrícula 1645 del Partido de Limón (hecho probado c) y que sobre este ha ejecutado actos posesorios (hecho probado “ñ”), por lo que no es pasible de ser calificada como una invasión la ejecución de actos en ejercicio del dominio, siendo la posesión uno de sus atributos. El reclamo referente a que se haya admitido prueba para mejor resolver es igualmente inocuo por cuanto el mismo recurrente afirma de tal documento “no aportar nada a los autos”, por lo que no explica algún hecho que se haya acreditado o desvirtuado producto de tal prueba, siendo que si el documento en cuestión no influye en el proceso, no hay motivo alguno para que reproche su admisión, si no le causa agravio alguno. En todo caso, independientemente de tal documento, lo cierto es que en autos consta el título registral del demandado, sin que fuese necesaria la certificación admitida para mejor proveer como para tener por acreditada la situación jurídica de la que goza sobre el área en disputa. Por otra parte, en lo concerniente a las contradicciones que, a criterio del recurrente, existieron entre los testigos ofrecidos por el demandado y este, tampoco resulta de recibo. Primero, según las citas del propio recurrente, el testigo lo que dijo, es que el accionado le enseñó un plano, mientras que lo que el señor Bravo Vargas afirmó que no había hecho ninguno, siendo que ello no es contradictorio, puesto que es claro que una persona no tiene que haber hecho algo como para poder usarlo o enseñarlo luego. Pero más importante aún, la contradicción que se acusa, o cualquier confusión referente a si el demandado mostró o no el plano a sus vecinos, no demuestra en modo alguno, como lo argumenta el actor, que el demandado haya realizado ninguna invasión, o una apropiación indebida. Simplemente no hay una conexión lógica entre la supuesta contradicción – la cual no aprecia esta cámara - y la conclusión que pretende obtener el recurrente a partir de ella. Finalmente, y no sin contradecirse, el recurrente afirma, que se tuvo por acreditada una posesión ejercida por más de veinte años por su representada en las condiciones que dice, lo que ha permitido proteger la cobertura boscosa y evitar que terceras personas ingresen. Sin embargo, no explica cuál prueba demuestra ello, y fue erróneamente valorada o preterida, motivo suficiente para rechazar el agravio. Por otra parte, su argumento tiene muy poco peso si se presta atención a que el recurrente ha afirmado a lo largo del proceso precisamente que el terreno fue invadido y que se afectó la cobertura boscosa, lo cual no es congruente con sus aseveraciones respecto de la posesión que supuestamente se ha ejercido en nombre de su representada, la cual califica de efectiva en la protección del bosque. Además, no desvirtúa, ni cuestiona el hecho probado ñ), consistente precisamente en “Que Favio Bravo Vargas ha realizado diferentes actos posesorios sobre el área objeto de este proceso, tales como mantenimiento de ganado, siembra de pasto, y contrucción de cercas.” Así, al no rebatir el hecho probado de que el demandado es quien ha ejercido posesión sobre el área en litis, ni explicar en qué forma variaría lo resuelto – el cual versa sobre una doble titulación como se dirá -, a nada conduce su agravio, por lo cual deberá rechazarse.
X.Se procede ahora con la resolución de los restantes agravios de naturaleza sustantiva. En lo medular, el recurrente reprocha lo siguiente: 1) El presente conflicto no es de doble titulación. Aduce al respecto, pese a que es lo cierto que registralmente son dos fincas aparte, hay informes catastrales que refieren que hay un traslape y solo el plano de su finca, sea el C-745529-2001, generó título. Además, “nuestro descontento estriba en que la realidad fáctica es otra cosa y don Fabio Vargas en compañía de sus peones, si (sic) permiso alguno ha ingresado al fundo de mi representada y ha realizado tala de árboles y de especies asociadas, con el fin de sembrar agricultura y pastoreo”. Recuerda que el demandado manifestó tener derecho a explotar y hacer lo que quisiera con la finca, lo que se ratifica con el oficio MNG-oficio-387 y las fotografías incluidas en él, el cual cita en lo conducente. 2) El demandado si cuenta con legitimación pasiva a efectos de que prospere la acción reivindicatoria en su contra por cuanto se aprovechó de que tiene un derecho proindiviso en la zona para ingresar temerariamente al inmueble, sin importar que tiene dueño y que cuenta con limitaciones de la Ley Forestal. Arguye, el demandado sin tapujos y espontáneamente aceptó haber levantado cercas y puesto alambre de púas. Citó, en lo conducente, el acta de reconocimiento judicial. Reitera, está demostrado que la actora tiene más de 20 años de haber ejercido posesión agraria y forestal, de manera pública, pacífica, de buena fe y a título de propietario del terreno, de forma estable y efectiva, al punto que se ha logrado recuperar y proteger la masa boscosa, dándole un mantenimiento adecuado a las cercas, con el propósito de evitar el ingreso tanto de personas ajenas al inmueble como ganado vacuno o caballar.
XI.Respecto de la naturaleza del presente conflicto, el tribunal explicó, el accionante carece de razón al calificar la posesión del demandado de ilegítima y al señalar que solo mostró haber comprado 3 hectáreas y no las 10 que se discuten, por cuanto la certificación registral aportada por la misma parte actora visible a folio 12 establece que el accionado es titular de un derecho de 10 hectáreas 4944.80 metros cuadrados sobre la finca del partido de Limón, matrícula 1645, el cual tiene como referencia catastral el plano L-383113-1980; inmueble que según peritaje rendido en autos por la ingeniera Adelina Arce Bogantes y por el topógrafo José Alberto Alpízar, traslapa, prácticamente en su totalidad, con la finca de la actora, descrita por el plano C-745529-2001. Por ello, el aquí planteado es un problema de doble matriculación y no corresponde al objeto de la acción reivindicatoria ni de la negatoria. Así, en el caso de la reivindicatoria se dirige en contra del poseedor no propietario ni titular de un derecho que justifique la posesión, lo que no ocurre en la especie, por lo cual el demandado carece de legitimación pasiva al tener título registral. En cuanto a la negatoria, estableció, tampoco se puede declarar con lugar, precisamente por contar el demandado con un derecho inscrito a su nombre en el Registro sobre el terreno en litis, siendo que este tipo de procesos tienen como finalidad que se declare que la cosa no está sometida al derecho que otro ejerce sobre ella, haciéndose cesar el ejercicio, lo que no ocurre por lo explicado.
XII.Lo referente al tipo de conflicto que existe entre las partes y a la legitimación pasiva del demandado será analizado conjuntamente por su inescindible relación. La denominada “acción reivindicatoria”, corresponde a aquellas demandas en las que se plantea, por parte de una persona titular del dominio sobre un bien determinado, una pretensión restitutoria en contra de quien ejerce, de facto, posesión sobre este, sin contar con un título oponible ante la primera. Encuentra sustento, entre otras normas, en los numerales 316 y 320 del Código Civil. La jurisprudencia de esta Sala ha sido conteste en que para su procedencia deben concurrir tres presupuestos: Legitimación activa, legitimación pasiva e identidad de la cosa. Véase, al respecto, entre muchas otras, la sentencia de este órgano no. 1207 de las 10 horas 45 minutos del 18 de setiembre de 2013. El primer requisito consiste en que quien pretenda la restitución debe acreditar ser titular del derecho de propiedad sobre la cosa. En tratándose de bienes inmuebles, por su registrabilidad, ha de mostrarse la titularidad registral. El segundo elemento consiste en que el sujeto pasivo de la pretensión debe ejercer posesión sobre el bien en disputa, sin ostentar una situación jurídica que legitime su actuar, es decir, que se trate de un poseedor ilegítimo. Finalmente, la identidad de la cosa, pese a que, prima facie, aparente ser consecuencia lógica de las primeras, no lo es realmente, por cuanto debe mostrarse fehacientemente que el bien respecto del cual la parte actora acredita ostentar titularidad coincida con el bien poseído por el accionado, circunstancia para la cual reviste una particular utilidad la prueba pericial, sin perjuicio de la amplitud de la prueba en su etapa de admisión y valoración a efectos de la determinación de la verdad real de los hechos, conforme al numeral 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En el caso de la acción negatoria, se plantea una pretensión, igualmente de carácter real, y se persigue que el órgano jurisdiccional declare la carencia de un derecho real por parte del demandado sobre un bien del actor y que cesen las perturbaciones. Este adquiere relevancia, no cuando un tercero posee de forma exclusiva un bien ajeno, para lo cual fueron diseñadas las acciones restitutorias como la reivindicación y la publiciana, sino cuando actúa como si tuviese un derecho real en cosa ajena, o en iura in re aliena, en detrimento del dominio pleno del dominio. Véase, sobre la naturaleza y alcances de la negatoria, la sentencia de esta cámara no. 179 de las 15 horas 15 minutos del 16 de octubre de 1991. Ambas acciones, permiten además, la petición accesoria del pago de daños y perjuicios, conforme al artículo 325 del Código Civil. Ahora bien, la identificación de un tipo determinado de pretensión con una “acción” en particular, tiene como origen histórico la identificación que en el Derecho Romano tuvo la acción con el derecho, por lo que en los ordenamientos jurídicos de tradición romanista, como el nuestro, se acuña, hasta la fecha tal terminología, dada la sistematización de los institutos del Derecho Romano que precedió a la codificación. No obstante, en la actualidad, el concepto de acción se refiere, ante todo, a un derecho abstracto, de rango constitucional, desarrollado, entre otras normas, en el numeral 41 de la Carta Magna, cuyo contenido esencial consiste en el poder jurídico de exigir a las autoridades que ejercen el Poder Judicial el actuar para resolver definitivamente sus conflictos jurídicos y las pretensiones no contenciosas que requieran declaratorias jurisdiccionales de certeza jurídica conforme a la distribución funcional y competencial dispuesta por el legislador. De ahí, que existe un solo derecho de acción, no obstante lo cual se identifiquen, en el lenguaje forense, determinados tipos de pretensiones con el nombre de “acciones” diferenciadas. La utilidad racional de ello se manifiesta en la relación conceptual que se establece entre una pretensión material en concreto y los presupuestos que deben acreditarse para que esta sea acogida. Por ello, lo verdaderamente determinante para acceder a una demanda en un proceso declarativo, no es tanto el nombre que se utilice para identificar la pretensión, sino el contenido de esta, así como la causa del conflicto y el Derecho aplicable a los hechos demostrados. En la especie, tal como lo indicó el Tribunal, y lo admite el propio casacionista, existe un traslape entre los planos adscritos a ambos predios involucrados en este proceso. En el hecho probado “m” se indica: “Que entre los planos catastrados L-383113-1980 y C-745529-2001, existe un traslape de cincuenta hectáreas cinco mil noventa y cinco metros cuadrados”. En razón de ello, se aleja el conflicto de los supuestos fácticos que pueden ser resueltos por medio de una acción reivindicatoria o una negatoria y no lleva razón el representante de la actora cuando refiere que no hay una doble titulación. En la impugnación no se cuestiona, en modo alguno, el contenido de las pruebas periciales que demostraron el traslape existente entre ambos planos, sino que, por el contrario, es aceptado expresamente por el casacionista cuando afirmó: “…aunque hay toda una discusión con respecto a los planos catastrados L-0383113-1980 y C-745529-2001, en donde los técnicos de Registro Público, refieren un traslapes. (sic)…” Así, es evidente, el demandado, al ostentar el dominio, sobre el área en disputa, cuenta con título que lo legitima a poseer, sin que la demostración de actos posesorios por parte de este, ni su aceptación al respecto, permita, por ende, entender que el demandado sí cuenta con legitimación pasiva como para que proceda una reivindicación en su contra, dado que no se trata de conductas atribuibles a alguien que no posea título que lo habilite a ejercer posesión. En el sublite, efectivamente se tiene por probado que el señor Bravo Vargas ha realizado actos posesorios sobre el área objeto de este proceso, tales como mantenimiento de ganado, siembra de pasto, y construcción de cercas (hecho probado “ñ”), lo que no ha sido rebatido por el recurrente. No obstante, el actor califica tal posesión de ilegítima. Aduce, el demandado no ha localizado su derecho proindiviso, sin que ello sea un hecho relevante como para acoger las pretensiones planteadas, por cuanto el demandado cuenta con derecho suficiente para poseer el terreno en litis al ser copropietario, siendo que la copropiedad en nuestro ordenamiento jurídico – de corte romano - se caracteriza por una distribución alícuota o ideal del dominio, donde todas aquellas personas que lo compartan tienen derecho sobre la totalidad del inmueble, sin que sea jurídicamente exigible como propia y excluyente una parte del predio por parte de uno de los copropietarios frente a los demás, mientras no se realice un acto jurídico que produzca la individualización de una o más porciones del terreno, por medio de la localización o división correspondiente (doctrina del numeral 270 del Código Civil). Además, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, desde vieja data, se han diferenciado los conflictos relacionados a una situación registral de doble título, en los cuales prevalece aquel que se encuentre respaldado por el efectivo ejercicio de los atributos del dominio, y especialmente de la posesión, con las consecuencias registrales que ello implica, una vez declarada jurisdiccionalmente la titularidad registral que prevalece en el caso en concreto. Consúltense, entre otras, las sentencias de esta Sala no. 464 de las 14 horas del 4 de mayo de 2017 y 823-F-SI-2007 de las 15 horas 35 minutos del 16 de noviembre de 200. En el presente caso, sin embargo, el objeto procesal, no ha sido la declaratoria de nulidad o cancelación del asiento registral de la finca del demandado por prevalencia del título de la actora al haber ejercido los atributos del dominio, sino la declaratoria de una posesión ilegítima y de una invasión por parte del demandado por no contar con derecho alguno de posesión o propiedad sobre el terreno (así en la pretensión primera principal y la subsidiaria), por lo que no es procedente acoger una demanda reivindicatoria, ni subsidiariamente una pretensión negatoria, cuando la demanda no se presenta contra alguien que posea sin título que lo legitime, o que ejerza, de facto, un derecho que no tiene sobre un bien ajeno, sino que se está ante un conflicto de doble titulación, para lo cual se deben entablar las pretensiones correspondientes y alegar las razones por las cuales un título debe prevalecer ante otro. El presente asunto no tuvo por objeto la determinación de cuál de las inscripciones registrales debe prevalecer, puesto que en las pretensiones planteadas no se incluyó una petición de nulidad de títulos, y ni siquiera un pedido expreso restitutorio. De tal forma los órganos jurisdiccionales que han intervenido, vinculados por el principio dispositivo (sin perjuicio del rol asistencial de los órganos jurisdiccionales en materia agraria), no pueden manifestarse respecto de aspectos no pedidos, y, por ende, lo resuelto en esta causa no prejuzga sobre los aspectos que se diluciden en un eventual proceso de nulidad de títulos. Ahora bien, el recurrente también reprocha que el demandado ha contrariado normativa ambiental atinente a la protección forestal. En ese sentido, es claro que actos posesorios antisociales, ejercidos en detrimento del ordenamiento jurídico ambiental no son tutelables por el ordenamiento jurídico. Por ello, se regulan tanto en la ley forestal (v.gr., en sus artículos 57, 58, 59, 60, 61) como en otros cuerpos normativos sanciones administrativas y penales, así como responsabilidad civil (así en el numeral 101 de la Ley Orgánica del Ambiente) a cargo de aquellas personas que produzcan daños al medio ambiente, a los recursos naturales y a los ecosistemas. Sin embargo, y pese a que consta en el expediente un informe administrativo que da cuenta de la posible comisión de hechos ilícitos en detrimento de vegetación forestal, no hay un hecho probado referente a que el demandado haya realizado actos como tala o cambio de uso de suelo en la cobertura boscosa, y no ha formulado el recurrente un agravio claro y preciso, tendiente a que se establezca por esta sala como demostrada tal circunstancia, para lo cual habría tenido que aducir en forma diáfana y precisa qué elementos de las pruebas fueron objeto de un proceso intelectivo probatorio ilegítimo, sea por preterición o errónea valoración. Además, el presente proceso no es de naturaleza sancionatoria, y al no ser posible acceder a la demanda por la forma en la que se han planteado las pretensiones, al no verificarse los supuestos de una acción reivindicatoria ni de una negatoria, deberá acudir la actora, si a bien lo tiene, a la vía sancionatoria o declarativa que estime pertinente. Por ende, no resultan atendibles los agravios.
POR TANTO
Se confirma lo resuelto por el Tribunal.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Damaris Vargas Vásquez AMENAC
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