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Res. 01132-2019 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 04/07/2019
OutcomeResultado
The cassation appeal is denied, and the judgment upholding the administrative classification of a spring is confirmed, applying the precautionary and in dubio pro natura principles in the absence of scientific certainty to the contrary.Se declara sin lugar el recurso de casación y se confirma la sentencia que avala la calificación administrativa de una naciente, aplicando los principios precautorio e in dubio pro natura ante la falta de certeza científica en contrario.
SummaryResumen
The First Division of the Supreme Court of Justice hears a cassation appeal filed by Eurocostarican Consulting S.A. and Inmobiliaria Rosenberg S.A. against a judgment of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal. The plaintiffs, owners of a property in Montes de Oca, claimed that authorities declared the existence of a spring near their property, which restricted land use. They sought annulment of the Ministry of Environment's (MINAET) determination, a declaration that no water resource existed, and compensation for damages. The trial court dismissed the claim and ordered the plaintiffs to pay costs. On appeal, the complainants challenge the evidentiary assessment, arguing that greater weight was given to the statements of MINAET officials than to a hydrogeological expert report that ruled out the existence of a spring. The Division upholds the lower court's decision. It finds that the expert report, although detailed, failed to refute with absolute certainty the administrative finding; the expert acknowledged budgetary constraints that prevented demonstrating the hydraulic connection. In the face of scientific uncertainty, the Division applies the precautionary principle and in dubio pro natura to uphold the protection of the water resource. It also rejects the request for exemption from costs, considering that the litigation was not necessary to clarify the lawfulness of the administrative action. The ruling clarifies that the Water Directorate's opinion is revisable if conclusive technical evidence is presented in a subsequent administrative procedure.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce un recurso de casación interpuesto por Eurocostarican Consulting S.A. e Inmobiliaria Rosenberg S.A. contra una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Las actoras, propietarias de un inmueble en Montes de Oca, alegaron que las autoridades declararon la existencia de una naciente cercana a su propiedad, lo que restringió el uso del suelo. Solicitaron la nulidad del dictamen del MINAET, la declaratoria de inexistencia del recurso hídrico y el resarcimiento de daños y perjuicios. El tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda y condenó en costas a las actoras. En casación, las recurrentes impugnan la valoración probatoria, señalando que se otorgó mayor valor a las afirmaciones de los funcionarios del MINAET que a un peritaje hidrogeológico que descartaba la existencia de una naciente. La Sala confirma la sentencia recurrida. Determina que el peritaje, aunque extenso, no logra desvirtuar con certeza absoluta el criterio administrativo; el experto reconoció limitaciones presupuestarias que impidieron demostrar la conexión hidráulica. Ante la incertidumbre científica, la Sala aplica los principios precautorio e in dubio pro natura para mantener la protección del recurso hídrico. También rechaza la solicitud de exoneración de costas, al considerar que el litigio no era necesario para dilucidar la validez de la conducta administrativa. La resolución aclara que el criterio de la Dirección de Aguas es revisable si se presenta prueba técnica contundente en un procedimiento administrativo posterior.
Key excerptExtracto clave
In the view of this Division, the expert, despite his specialization in hydrogeology, does not clearly refute what was said by the officials of the competent Administration on the matter. This is because, although he states that given the topographic conditions of the area, the natural conditions exist for it to be possible that the rainwater that falls and is stored in the coffee plantation is what emerges from the outflow under analysis, he indicates that it is not possible to demonstrate through an indirect technique where the water conduit runs; that is, it was not possible to determine with absolute certainty that the water emerging at coordinates 213.273N / 532.238E is indeed the rainwater stored and filtered by the terrain where the coffee plantation is located. Consequently, for this collegiate Body, the expert report fails to refute the statement of the officials, who asserted that in this case it is a spring. [...] Therefore, in the judgment of this judicial Body, in this resolution it is decided not to overturn the opinion issued by the Administration, given the lack of absolute certainty of a contrary opinion regarding the classification of the water outflow that exists, at this historical moment and with the evidence on record, that is, the existence of a spring was not disproved, and the principle of In dubio pro natura or Precautionary Principle must be applied, Principle 15 of the Rio Declaration, Article 5 of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, Article 3 of the Protocol to the London Convention, Articles 158 and 167 of the United Nations Conference on Sustainable Development. The foregoing does not prevent the matter from being reviewed through the corresponding administrative channels, given the changing conditions of nature.A juicio de esta Sala, el perito, pese a su especialización en hidrogeología, no logra desvirtuar claramente lo dicho por los funcionarios de la Administración competente en el tema de marras. Ello por cuanto, aunque señala que dadas las condiciones topográficas de la zona, existen las condiciones posibles que ocurren en la naturaleza de que el agua llovida y almacenada en el cafetal sea la que sale por el brote en análisis, indica que no se puede demostrar con una técnica indirecta por dónde transcurre el conducto de agua; es decir, no se pudo dictaminar en grado de certeza absoluta que el agua que brota en las coordenadas 213.273N /532.238E, es efectivamente el agua de lluvia almacenada y filtrada por el terreno donde se encuentra el cafetal. En consecuencia, para este Órgano colegiado, el peritaje no logra desvirtuar el dicho de los funcionarios, quienes adujeron, en la especie se trata de una naciente. [...] Por ello, a juicio de este Órgano judicial, en esta resolución se opta, por no revocar el criterio vertido por la Administración, vista la falta de certeza absoluta, de un criterio contrario en cuanto a la calificación del brote de agua que existe, en este momento histórico y con la prueba constante en autos, sea que no se desmintió la existencia de una naciente, debiendo aplicarse el principio In dubio pro natura o Precautorio, Principio 15 de la Declaración de Río, artículo 5 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, artículo 3 del Protocolo del Convenio de Londres, artículos 158 y 167 de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Lo anterior no obsta, sea seguido el procedimiento en las instancias administrativas correspondientes, para que el tema sea revisado, dadas condiciones cambiantes de la naturaleza.
Pull quotesCitas destacadas
"El perito, pese a su especialización en hidrogeología, no logra desvirtuar claramente lo dicho por los funcionarios de la Administración competente en el tema de marras."
"The expert, despite his specialization in hydrogeology, does not clearly refute what was said by the officials of the competent Administration on the matter."
Considerando VIII
"El perito, pese a su especialización en hidrogeología, no logra desvirtuar claramente lo dicho por los funcionarios de la Administración competente en el tema de marras."
Considerando VIII
"La prueba pericial ofrecida para mejor resolver no resulta oportuna en esta etapa recursiva, en virtud de que en autos consta ya un peritaje al que, en respeto del derecho de defensa, han tenido acceso todas las partes y que es, en conjunto con los demás elementos aportados, sustento probatorio amplio y suficiente."
"The expert evidence offered for a better decision is not timely at this appellate stage, given that an expert report already appears in the record to which, in respect of the right of defense, all parties have had access and which, together with the other elements provided, constitutes ample and sufficient evidentiary support."
Considerando IV
"La prueba pericial ofrecida para mejor resolver no resulta oportuna en esta etapa recursiva, en virtud de que en autos consta ya un peritaje al que, en respeto del derecho de defensa, han tenido acceso todas las partes y que es, en conjunto con los demás elementos aportados, sustento probatorio amplio y suficiente."
Considerando IV
"A juicio de este Órgano judicial, en esta resolución se opta, por no revocar el criterio vertido por la Administración, vista la falta de certeza absoluta, de un criterio contrario en cuanto a la calificación del brote de agua que existe... debiendo aplicarse el principio In dubio pro natura o Precautorio."
"In the judgment of this judicial Body, in this resolution it is decided not to overturn the opinion issued by the Administration, given the lack of absolute certainty of a contrary opinion regarding the classification of the water outflow that exists... and the principle of In dubio pro natura or Precautionary Principle must be applied."
Considerando VIII
"A juicio de este Órgano judicial, en esta resolución se opta, por no revocar el criterio vertido por la Administración, vista la falta de certeza absoluta, de un criterio contrario en cuanto a la calificación del brote de agua que existe... debiendo aplicarse el principio In dubio pro natura o Precautorio."
Considerando VIII
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**Sala Primera de la Corte** **Resolution No. 01132 - 2019** **Date of Resolution: July 4, 2019 at 16:00** **Case File: 12-005524-1027-CA** **Drafted by: Yazmín Aragón Cambronero** **Type of matter: Ordinary proceeding** **Analyzed by: SALA PRIMERA** **Related Rulings Rulings from the same case file** **Content of Interest:** **Type of content: Majority vote** **Branch of Law: Contentious-Administrative** **Topic: Cassation appeal** **Subtopics:** **Offering of evidence.** Evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) is a power of the body hearing the extraordinary appeal; that is, it is up to this Body to determine its relevance and necessity for the issuance of the final judgment (mandate 148 of the Contentious-Administrative Procedural Code, CPCA). This Chamber considers the expert opinion offered for better resolution is not appropriate at this appellate stage, given that an expert report already exists in the record, to which all parties have had access in respect of the right of defense, and which constitutes, together with the other elements provided, ample and sufficient evidentiary support. Thus, admitting an expert opinion at this time, besides potentially being contrary to the aforementioned right of defense, would constitute unnecessary surplus evidence (vote 1132-F-2019).
**... See more** Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content: Majority vote** **Branch of Law: Contentious-Administrative** **Topic: Evidence** **Subtopics:** **Expert report (Peritaje).** The purpose of the expert report (peritaje) is to assist or guide the judge in scientific knowledge that is foreign to them (norm 401 of the Civil Procedural Code). Likewise, judges shall assess the means of evidence as a whole, in accordance with the rules of sound judgment (sana crítica), unless a legal text provides otherwise (precept 330 ibidem); therefore, the conclusions of an expert report (peritaje) do not replace the assessment and decision that the judge must adopt. Furthermore, Article 28 of the Regulation to Regulate the Function of Executors and Experts of the Judicial Branch (Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores y Peritos del Poder Judicial) establishes the guidelines that the professionals appointed by the Judicial Office must comply with to issue their expert opinion on the point in dispute; among them, it is established that they must be clear, complete, and precise. From the analysis of the evidence and what is argued in the appeal, this Chamber infers that the Tribunal assesses the expert evidence, analyzes it, and confronts it with the other evidence provided to the record (vote 1132-F-2019).
**... See more** Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content: Majority vote** **Branch of Law: Contentious-Administrative** **Topic: Spring (Naciente)** **Subtopics:** **Concept and scope.** **Topic: Public domain asset (Bien demanial)** **Subtopics:** **Spring (Naciente).** **Topic: Precautionary or prudent avoidance principle (Principio precautorio o de evitación prudente)** **Subtopics:** **Concept and scope.** Analysis of the concept and protection of groundwater, aquifers, natural and artificial recharge and discharge areas. Regarding the precautionary principle (principio precautorio), the Rio Declaration states that, in the face of a threat of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures to prevent environmental degradation. The cassation appellant alleges that greater weight was given to the statements of some officials from the Ministry of Environment and Energy and Telecommunications (Ministerio de Ambiente y Energía y Telecomunicaciones) than to an expert report (peritaje), given that they are not specialists, nor did they carry out technical studies. This Chamber found dissent between both sets of evidence; in some, it was called a water birth (nacimiento de agua); but the expert report (peritaje) indicated it could not be called a spring (manantial), spring (naciente), or water eye (ojo de agua). The Tribunal properly assessed the evidence by resolving in accordance with the principles of sound judgment (sana crítica), precautionary (precautorio), or pro natura. The expert, despite his specialization in hydrogeology, does not disprove the statement of the public servants, who alleged it is a spring (naciente). However, in view that nature's conditions are changeable, even if the Dirección de Aguas issues an opinion, it is reviewable with technical evidence proving otherwise. Therefore, in the judgment of this Judicial Body, this resolution opts not to revoke the administrative criterion, given the lack of absolute certainty of a contrary criterion regarding the classification of the water outcrop that exists, at this historical moment, with the evidence contained in the record, that is, the existence of a spring (naciente) was not disproven, requiring the application of the in dubio pro natura or precautionary principle (principio precautorio), Principle 15 of the Rio Declaration, Articles 5 of the World Trade Organization Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 3 of the Protocol to the London Convention, 158 and 167 of the United Nations Conference on Sustainable Development, 4 of the Mining Code (Código de Minería), 50 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), 45 of the Political Constitution, 3.l of the Forest Law (Ley Forestal), and rulings 90-2011 of the First Chamber (Sala Primera), 1923-2004 and 6340-2017 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) (vote 1132-F-2019).
**... See more** Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings **Content of Interest:** **Type of content: Majority vote** **Branch of Law: Contentious-Administrative** **Topic: Cassation appeal** **Subtopics:** **Costs (Costas).** In contentious-administrative proceedings, their pronouncement must be made ex officio, condemning the losing party by the mere fact of being so, without this meaning that they did not have sufficient reason to litigate, nor are they considered a reckless or bad-faith litigant (canon 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code). Said numeral provides the assumptions under which they may be exempted from payment. Although it is a discretionary power, it is not immune to cassation control, since a violation of law can operate both in its exercise and in its non-application. Consequently, the mere application of the general rule (condemnation of the defeated party) does not close the doors to the cassation appeal for a potential omission defect in the application of that norm authorizing exoneration from costs (costas) (vote 1132-F-2019).
**... See more** Citations of Legislation and Doctrine **Content of Interest:** **Type of content: Majority vote** **Branch of Law: Contentious-Administrative** **Topic: Costs (Costas)** **Subtopics:** **Condemnation of the defeated party.** This Chamber conceives, contrary to what it claims, that the exoneration from costs (costas) is not enabled in case of adequate procedural conduct, but rather because the nature of the claim allows one to infer that the debate was necessary to elucidate whom the Legal System supported. Taking into account that the plaintiff did not manage to prove its allegations and that the non-existence of a spring (naciente) was not established, this Chamber does not consider that the litigation held necessity to clarify the validity of the challenged conduct (vote 1132-F-2019).
**... See more** *120055241027CA* **Exp. 12-005524-1027-CA** **Res. 001132-F-S1-2019** **FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at sixteen hours on July four, two thousand nineteen.
**Ordinary proceeding** filed before the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), by EUROCOSTARICAN CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA and INMOBILIARIA ROSENBERG SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by their special judicial attorney-in-fact Livia Meza Murillo, against the STATE, represented by the procurator Silvia Quesada Cásares. The natural persons are of legal age, married, and lawyers.
Drafted by Magistrate Aragón Cambronero **CONSIDERING (CONSIDERANDO)** **I.-** Attorney Livia Meza Murillo, in her capacity as unlimited general attorney-in-fact for the companies Eurocostarican Consulting S.A. and Inmobiliaria Rosenberg S.A., sued the State on October 5, 2012, based on the following facts. She indicated that her represented parties are co-owners in equal parts of the property with real estate registration number 592763-000-001-002, which was acquired by purchase from the company Supercalifragilístico Espidalidoso S.A. She added that this property is the result of the merging of two contiguous properties, registered in the Partido de San José, real estate registration numbers 111809-000 and 111811-000, plans no. SJ 599188-1999 and no. SJ599187-1999 respectively. She indicated that the broker Rosemary Guzmán, who was handling the property in question, had requested information from the Municipality about the Canton's restrictions for building condominiums, at which time viability was given and no spring (naciente) was mentioned. She stated that on August 12, 2008, she requested land uses (usos de suelo) for commercial activity, offices, earthworks (movimiento de tierra), and condominiums for the property in question, without indicating any restriction. However, she added, the Municipality of Montes de Oca declared this property incompatible, based on the Regulatory Plan (Plan Regulador) published in La Gaceta 165 Alcance 51 of August 29, 2006, and Directive 14 of the Municipal Mayor for the activity of condominiums, church, educational center, commercial center, condominiums, and offices respectively. She clarified that there was no compatibility for any activity granted by the Municipality, and furthermore, Mr. Gustavo Lara Barquero, from the Office of Environmental Management, stated in a note dated June 29, 2011, that according to the property's history, the affectation within the property continues because there is a creek that originates from a spring (naciente) 30 meters east of the property; and even if the spring (naciente) is not within the property, it is affected by the Forest Law (Ley Forestal), by virtue of the protection area of the creek; therefore, for the protection of water resources and the precautionary principle (principio precautorio), he did not recommend the applicant's request. She commented that on October 28, 2004, the Cordillera Volcánica Central Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (hereinafter ACCVC) of the Ministry of Environment and Energy and Telecommunications (in succession MINAET) issued Report CPI-001-005, regarding an inspection carried out, where it is indicated that the creek passing through the co-plaintiffs' property has a spring (naciente) less than 30 meters away, on the property of Migue Lizano Mena; and that the creek disappears after the wall of the house adjacent to the land on the southeast side. She explained that case file of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) –hereinafter TAA- no. 338-04-TAA, where the recently cited Report is found, arose from a complaint by Jenny Villalobos Fallas on October 24, 2004; and to date, it has no final resolution. Given the foregoing omission, she added, on August 21, 2012, she filed an amparo de legalidad appeal for violation of the principle of prompt and complete justice, as well as the right to petition, against the TAA, which, up to the date of filing the lawsuit, had not been resolved. In view of the administrative inertia, she related, the co-plaintiffs went to the property of Miguel Lizano Mena, owner of the property where the spring (naciente) supposedly is, and verified that what exists is a pipe from which rice, beans, and other items emerge, as well as a drain into which those waters fall. She added that on March 2, 2012, engineer Jesús Monge Mejía – an official of MINAET, now MINAE- and Ms. Lilliana Gómez Pacheco – an employee of the co-plaintiff companies -, appeared at Mr. Lizano Mena's house, determining that there is no spring (naciente); what exists is a pipe coming from the property of Mr. Adrián Herrera Arias, and the drain where those waters fall on Mr. Lizano Mena's property. She alleged that engineer Monge ignored the reason why a spring (naciente) is located on that property. She explained that on the following March 29, engineer Monge returned with his superior, Mr. Alvaro Porras Vega, who verified that there is no spring (naciente) on the property of Mr. Migue Lizano, but they climbed onto the wall, took photos of the adjacent land belonging to Adrián Herrera Arias, locating the supposed spring (naciente) on that property, without study or technicality. Based on the foregoing, she requested: a) the annulment of the opinion of May 14, 2012, namely AT-1642-2012, because it qualifies a body of water as a spring (naciente); b) that what enters and exits the tank qualified as a spring (naciente) on the property of Mr. Adrián Herrera Arias is not any usable water resource; c) that the water in said tank is not potable water, but contaminated water coming from residual and rainwater; d) the ditch that passes through the property is not a permanent watercourse and is contaminated water; e) if the previous points are accepted, she requested to order the State to pay damages, originating from the conduct violating the legal system by MINAET officials; f) if it were determined that a spring (naciente) indeed exists within Mr. Adrián Herrera Arias' property, the State be ordered to compensate the plaintiffs given the lack of registry publicity of the spring's (naciente) existence, since if they had known of its existence, they would not have acquired the property in question; an amount she prudentially estimated at $500,000, but the amount should be determined by an expert (perito) with both professions – civil engineer and surveyor -; g) order the State to pay both sets of costs (costas), interest, and indexation. In a brief dated November 21, 2012, she added two facts. She said that on October 19, 2012, the TAA resolved the complaint for environmental damage filed in 2004 by a neighbor, which was declared without merit; and it was from that complaint that the "spring (naciente)" came into legal existence. She added that the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA) issued her a certification stating that with the coordinates where MINAET located a "spring (naciente)" body, they do not have it registered. The State responded negatively and raised the defense of lack of right. The Tribunal dismissed the lawsuit, upheld the defense raised, and imposed costs (costas) on the co-plaintiff companies. The losing parties, dissatisfied, appear before this Chamber.
**II.-** In the cassation appeal, the representative of the co-plaintiff companies raises two grounds for breach of substantive norms and constitutional principles. In the first, she alleges lack of clear and precise determination of the proven facts, or for having been based on illegitimate evidentiary means or means illegally introduced into the process. She criticizes that it is absurd to prove the existence of a spring (naciente) with the statements of the officials, who were not duly professionally accredited nor carried out any type of study to determine if the water in question was a spring (naciente); because the classification was made "by sight". She considers the principles of rational sound judgment (sana crítica) breached and disrespect for numeral 82 subparagraph 4) of the CPCA. She adds, it was proven in the record that the study the cassation appellant requested from the head of the Department of Waters (Departamento de Aguas) was not carried out, as recorded in the recording, when he textually said: "they are protected by an article of the law that he did not remember neither the law nor the article and that with that article they do not generate more responsibility than to add that it is a public domain watercourse." Then, she deduces, since the officials have no further responsibility, they limited themselves to qualifying as a spring (naciente) something that was not, based on the pro natura principle; indicating that their responsibility ended there. In her judgment, the Tribunal violated the law because the three officials who made the study were not geologists. On the other hand, she argues that the lower court did not give value to the expert evidence because the report was not contrasted and evaluated by the Dirección de Aguas; however, she asserts, there is no norm stipulating the need to confront that Opinion with the Dirección de Aguas. She clarifies that the Tribunal did not apply canon 153 of the General Law of Public Administration (Ley General de Administración Pública) (as applicable LGAP). Additionally, she alleges that the challenged resolution accepts for better resolution a 1972 plan, where a spring (naciente) is drawn on the Herrera family's property, however, she insists that this is not a spring (naciente) – according to photos from the administrative file -. In the second attack, she alleges disrespect by omission to Articles 152, 153, 158, 199, and 225 all of the LGAP; as well as the principles of publicity and equality. She reiterates that no technical study has been carried out to make the spring (naciente) classification; on the contrary, the expert evidence determines the non-existence of that spring (naciente), for which reason she considers there is no merit to vary the expert's criterion. She says that according to the evidence from the Servicio de Aguas Subterráneas, SENARA, it is demonstrated that there is no spring (naciente) in the place. She maintains that if there were a spring (naciente), it should have been registered on the affected property; and also, the properties that have a protected area; and by not having done so, she asserts, the principle of publicity was violated. She also considers the principle of equality before the law – Article 33 of the Political Constitution – breached, because according to her criterion, she has proven there is no spring (naciente) through an expert study by an expert appointed by the Tribunal, but even so, the right to equality before the law is not granted to her, given such evidence. She also considers precept 158 of the LGAP violated, because the official with the surname Malomuzh, as well as the servants Jesús Monge Mejía and Alvaro Porras V., failed in the obligations imposed by mandate 199 of the LGAP, since it is not possible to make such classifications without a technical study. And in this case, the historical database of SENARA was also not reviewed – where it indicates there is no spring (naciente) -. She refers to when Mr. Alvaro was asked the reason why a technical study was not carried out when the co-plaintiffs requested it, he answered: "what has been legally established in the Dirección de Aguas is that they are protected by 'an article of the law he does not remember' and that they do not generate more responsibilities for them than to add that it is a public domain watercourse." She argues violation of precept 225 subparagraph 1) of the LGAP, as well as numerals 11 and 140 subparagraph 8) of the Political Constitution, since the officials accepted not having carried out any technical study, but only "expert visual". Finally, she requests this Chamber to admit as evidence for better resolution a new expert report (peritaje), to determine whether or not a spring (naciente) exists on the property in dispute.
**III.-** This Chamber considers that, although in the first objection the cassation appellant mentions a procedural ground, the truth is that she criticizes erroneous evidentiary assessment with the corresponding normative breach. Given this Chamber's power to hear the grievance according to its true nature, it will be analyzed on its merits. And although two grounds are alleged for violation of substantive norms, given how it will be resolved, they will be analyzed jointly. For greater clarity in the analysis of the case, reference will be made to what was ordered by the Tribunal. That instance indicated in the appealed judgment that it was proven that on October 28, 2004, officials from the ACCVC issued a report, namely GPI-001-005, official letter OSJ-129, regarding the inspection carried out on some properties located in Vargas Araya, district of Sabanilla, canton of Montes de Oca, province of San José, exactly 50 meters east of Súper Nápoli, cartographic sheet ABRA, coordinates 523.178, 213.239, due to a complaint filed before the TAA, identifying the properties subject to inspection under cadastral plan numbers SJ-5991188-99 and SJ-599187 corresponding to real estate registrations 1118111-000 and 111809-000 in the name of the company Supercalifragilístico Espialidoso S.A., legal identification number no. 3-101-236932. The Tribunal pointed out that the Department of Waters (Departamento de Aguas) of MINAET, through official letter IMN-DA-930-05 of April 19, 2005, reported that at the approximate flat coordinates latitude 213.260 and Longitude 532.240, cartographic sheet Moravia (3345-I-5) scale 1:10000, at the northeast end of Mr. Miguel “Lizo” Mena's property in Vargas Araya, Sabanilla district, canton of Montes de Oca, a permanent water birth (nacimiento de agua) is located. It is extracted from the judgment that the Municipality of Montes de Oca declared the land use incompatible for the construction of condominiums, a church, an educational center, and a commercial center on the property with real estate registration number 592763-000-001-002, owned by the co-plaintiffs; for which purpose, what was mentioned in official letter OGA-63-11 of June 29, 2011, from the Office of Environmental Management of the municipal entity was considered, which pertinently states: "That according to the history of the property in question since 2004, together with the various complaints for environmental damage that occurred, the file before the Environmental Administrative Tribunal No. 338-04-TAA, Report from the Urban Planning Directorate DPDU-e-990-10-2004; means that the affectations within the property continue. That as indicated by the field results of the ACCVC, San José office, CPI-001-005, there is a creek that borders the property on its southeast boundary and originates from a spring (naciente) 30 meters east of the property in question, coordinates: 532226 and 213224. That as indicated in said field visit report, taking the protection area of the spring (naciente), even if it is not located within the property in question, plus the protection area of the creek, the land is affected by the Forest Law (Ley Forestal) as the articles for the protection of water resources indicate by law, adding the principle of precaution (principio de precautoriedad), said request is not recommended." That several official letters referring to the spring (naciente) in question were issued. In official letter no. AT-1645-2012 of May 14, 2012, issued by the Dirección de Aguas of MINAET and addressed to the representatives of the co-plaintiff companies, information is provided about the location of the spring (naciente), noting that it was determined in official letter AT-1642-2012 of the same day as the previous one, and they indicate that the difference with the previous location could have been because during previous assessments they did not have geographic information systems and their tools such as GPS, which vary with a precision of 3 to 15 meters, as well as satellite coverage at the time of measurement. The lower court added that through official letter OSJ-603-12 of August 3, 2012, the ACCVC of MINAET provides information to the co-plaintiffs about the spring (naciente) in question; among other things, they are informed that part of the property is affected by the protection area of the spring (naciente); furthermore, that the land borders on its south side with an unnamed creek, so it is affected by two protection areas that must be respected, one for 10 meters and the other for approximately 2700 m2; and it is recommended to consult a surveying professional to carry out a precise study of the affected area. The trial court indicates that the evidence provided by the officials of MINAET, specifically from the Department of Waters (Departamento de Aguas), was not confronted by the expert report carried out; that although it is a detailed and prepared report, it was not homologated by the Department technically competent to do so and provide scientific certainty.
**IV.-** The appellants offer in their appeal EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION (PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER) indicating: "...I request this Honorable Chamber, for BETTER RESOLUTION, a NEW technical test IN THE COMPANY OF THE MINAET OFFICIALS that can be by the same expert (perito) or by another that this Chamber chooses...". For this Chamber, it is important to clarify that the evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) indicated in numeral 148 of the CPCA is a power of the body hearing the extraordinary appeal; that is, it is up to this Body to determine its relevance and necessity for the issuance of the final judgment. This Cassation Body considers the expert evidence offered for better resolution not appropriate at this appellate stage, given that an expert report (peritaje) already exists in the record, to which all parties have had access in respect of the right of defense, and which is, together with the other elements provided, ample and sufficient evidentiary support. Thus, admitting an expert report (peritaje) at this time, besides potentially being contrary to the aforementioned right of defense, would constitute unnecessary surplus evidence. Based on that position, the requested evidence is rejected.
**V.-** Given the issue on which the cassation appeal concerns, it is important for this Chamber to indicate that the purpose of the expert report (peritaje) is to assist or guide the judge in scientific knowledge that is foreign to them; as clearly indicated by ordinal 401 of the Civil Procedural Code (Código Procesal Civil, CPC) – of supplementary application by mandate of ordinal 220 of the CPCA, which pertinently transcribes: "expert evidence shall proceed when facts or circumstances that require special knowledge foreign to Law must be assessed...". Likewise, ordinal 330 of the CPC points out a core point in what is submitted for consideration; and that is that judges shall assess the means of evidence as a whole, in accordance with the rules of sound judgment (sana crítica), unless a legal text provides otherwise; that is, that the conclusions of an expert report (peritaje) do not replace the assessment and decision that the judge must adopt. In accordance with the foregoing, what is indicated in Article 28 of the Regulation to Regulate the Function of Executors and Experts of the Judicial Branch must also be appreciated, which establishes the guidelines that professionals appointed by the Judicial Office must comply with to issue their expert opinion on the point in dispute; among them, it is established that they must be clear, complete, and precise. From the analysis of the evidence and what is argued in the appeal, this Chamber infers that the Tribunal assesses the expert evidence, analyzes it, and confronts it with the other evidence provided to the record; that is, what was said by the officials from the Department of Waters (Departamento de Aguas) of MINAET – now MINAE -.
**VI.-** In the specific case, the cassation appellant alleges that greater weight was given to the statements of the three MINAET officials – now MINAE - than to the expert report (peritaje); given that they are not specialists in the subject on which they issued the report, nor did they carry out technical studies. Therefore, the appellant considers it absurd to prove the existence of a spring (naciente) with the statements of those servants, stripping all value from the expert report (peritaje) where the non-existence of the spring (naciente) is established. On the other hand, she argues that the lower court did not give value to the expert evidence because the report was not contrasted and evaluated by the Dirección de Aguas, given that no norm establishes this requirement. This decision-making Body considers that what was resolved in the challenged pronouncement conforms to the rules of sound judgment (sana crítica) and is analyzed jointly with the evidence in the record, for the reasons that will be stated. The official of the Dirección de Aguas of MINAE, Engineer Jesús Raúl Monge Mejía, at minute 1:07:35 of his statement, indicated that a person who disagrees with the opinions of that Administrative Department, which are many, presents a study, according to the subject matter, and they assess whether it is coherent. It is not regulated; what is done when the nature of a water outcrop is changed is to accept what the hired professional says, with the evidence that is submitted. He adds that if a contrary criterion to the one he made were presented, the study of the case is passed to another colleague, for transparency reasons, because nothing is written in stone. He says that everything depends on presenting some evidence or a study, and it is analyzed. The witness notes that he has not seen the Expert Report (Informe Pericial) provided to the process. And he continues saying that if it were presented to the Dirección de Aguas, the document is entered and the technician who will evaluate it is chosen; and if it indeed corresponds, to the extent that it is valid and conclusive, the criterion would be changed. This Chamber observes that this is a procedure that the witness misses in the case under analysis, as he alleges that in many other cases they have reversed the criterion provided the interested party presents a conclusive technical criterion. However, this Chamber conceives that the appellant companies filed various challenges where they disputed the existence and location of a water outcrop recorded by the Administration, whose existence was confirmed repeatedly, both by public officials and by the expert report (peritaje) provided to the record. It is in the denomination of that water outcrop where this decision-making Body found dissent between both sets of evidence; in some, it was called a water birth (nacimiento de agua); but the expert report (peritaje) indicated that it could not be called a spring (manantial), spring (naciente), or water eye (ojo de agua). For this reason, a recount of some principles of environmental law will be made, as well as on the protection of water resources, as the Sala Constitucional has pronounced.
**VII.-** In environmental matters, several principles govern, among which the pro natura principle and the precautionary principle (precautorio) stand out for their relevance. The Rio de Janeiro Declaration refers to the latter in the sense that, in the face of a threat of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures that prevent environmental degradation.
In that line, this Chamber, in resolution 90 of 8 hours 50 minutes of February 3, 2011, stated: “[...] with the precautionary principle and in (sic) in dubio pro natura, the State may adopt anticipatory actions, necessary to protect and conserve the environment and the health of persons, when there exists a risk of harm to those.” On the other hand, the Constitutional Chamber, in a rather detailed resolution –6340 of 9 hours 15 minutes of May 5, 2017–, has referred to the definition of water resources and their protection regime. Some excerpts from that pronouncement, pertinent to the case under study, will be set forth below: “V.- On the protection of groundwater. In judgment No. 2004-1923 of 14:55 hours of February 25, 2004, the Chamber referred to the protection of groundwater, as an essential part of our ecosystem, in the following sense: “V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, insofar as they flow over the earth’s crust and may be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwater is that which is found beneath the land surface occupying empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. […] it is an essential part of the hydrological cycle, thus of the total water of the hydrosphere, 2.4% is freshwater, of that 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. [...] the Mining Code, Law No. 6797 of October 4, 1982, and its reforms, in its numeral 4° provided the following “(...) mineral springs and waters and groundwater and surface water are reserved to the State and may only be exploited by it, by private parties in accordance with the law, or by means of a special concession granted for a limited time and subject to the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly (...)”, in this manner there occurred a publicization and nationalization of all groundwater in the country, including that which is raised by means of a well located on a private property for domestic use or ordinary needs. Subsequently, the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 13, 1995, and its reforms, in numeral 50 –whose heading is “Public domain of water”– reinforced that declaration of public ownership and prescribed that “Water is of public domain; its conservation and sustainable use are of social interest”; this legislative instrument entails an express designation of continental waters (surface water and groundwater –without distinguishing them–) to the public domain of the State and qualifies it as of social interest, whereby the path was cleared for eventual expropriations or limitations by reason of social interest (article 45 of the Political Constitution), its protection, preservation or conservation, and sustained or rational use. VIII.- AQUIFERS, RECHARGE AND DISCHARGE AREAS. [...] The natural recharge of aquifers is produced by the volume of water that penetrates them during a period of time due to the infiltration of rainfall or a watercourse (e.g., influent rivers). Recharge areas, therefore, are all zones of the land surface where rainfall filters into the soil until reaching the saturated zone, incorporating into the aquifer. The Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, in its article 3°, subsection l), defines aquifer recharge areas as “The surfaces in which the infiltration that feeds aquifers and river channels occurs (...)”. Natural discharge is the volume of water that, during a period of time, leaves the aquifer naturally through surface, subfluvial or submarine springs (manantiales), by evapotranspiration, or by vertical percolation toward lower aquifers. Artificial discharge occurs through the extraction of water by means of wells, ditches, trenches or tunnels. Groundwater discharge areas comprise all those points where the water table or phreatic level intersects the ground surface –springs (manantiales), spring (naciente), seepages– the course of a river, or marine or lake beds. [...].” .
VIII.- Pursuant to the evidence provided to the case file and what was indicated in the preceding whereas clause, this Deciding Body finds that the Trial Court properly assessed the evidence by resolving in accordance with the principle of sound criticism, in concordance with the precautionary and pro natura environmental principles. This Deciding Body observes, the expert appraisal in question, although it states: given the conditions of the zone, the water outflow cannot be called a spring (manantial), spring (naciente) or water eye because the hydraulic connection is direct with the volcanic soil located above, which is recharged through rainwater; the truth is that, pursuant to the statement given in the Oral Hearing, for this Collegiate Body, the expert appraisal does not merit absolute credence, such as to contradict the institutional criterion. This is because, at minute 2:09:18 of the recording, the expert said that, to carry out the study, he drilled the soil down to 1.5 meters in all cases, and at minute 2:13:20 he indicated that at 3 meters depth there exists a piping phenomenon –like a natural underground tube– through which the rainwater captured by the coffee plantation travels and which emerges at the water outflow under analysis. At minute 2:16:40, one of the judges asks whether there is certainty of the connection between the outflow and the coffee plantation. And the expert said, with the hydrogeological model that is being used, there should be a connection with a receiving sector. If we start from that premise, if the coffee plantation is lost, there is no reason for the piping to have water. Since it is the only sector that has remained as absorption material, the outflow should disappear. And at minute 01:16:27, the expert adds, one needed to review the hydraulic connection. Hydrogeologically there is a phenomenon called piping: where there is an impermeable material, where there are elements that alter the porosity of the soil –roots, insects, etc.– water flows through there and generates a conduit –a tube– between one sector of the surface and another. Here we have a sector like a sponge and a conduit that connects with the water outflow –subsurface water–. The rainwater is absorbed and seeks an exit. He had access to the coffee plantation and to adjoining properties. There are techniques to define this conduit and observe it, but due to budget –it is very expensive– there was a limitation; he could not observe or demonstrate with an indirect technique where the conduit runs, although it is within the possible conditions that occur in nature. –the highlighting is not from the original–. In the judgment of this Chamber, the expert, despite his specialization in hydrogeology, does not clearly refute what was stated by the officials of the competent Administration on the subject at issue. This is because, although he indicates that given the topographic conditions of the zone, the possible conditions exist in nature that the rainwater stored in the coffee plantation is what comes out through the outflow under analysis, he indicates that it cannot be demonstrated with an indirect technique where the water conduit runs; that is, it was not possible to determine with a degree of absolute certainty that the water flowing out at coordinates 213.273N /532.238E is effectively the rainwater stored and filtered by the land where the coffee plantation is located. Consequently, for this Collegiate Body, the expert appraisal does not succeed in refuting the statement of the officials, who asserted that, in this instance, it involves a spring (naciente). However, as stated by the official Jesús Monge, given that nature’s conditions are changing, although the Water Directorate issues an opinion, it is reviewable with technical evidence that demonstrates the contrary. For that reason, in the judgment of this Judicial Body, in this resolution it is decided not to revoke the opinion issued by the Administration, in view of the lack of absolute certainty of a contrary opinion regarding the classification of the water outflow that exists, at this historical moment and with the evidence on file, meaning that the existence of a spring (naciente) was not disproven, with the principle In dubio pro natura or Precautionary, Principle 15 of the Rio Declaration, article 5 of the Agreement of the World Trade Organization on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, article 3 of the Protocol of the London Convention, articles 158 and 167 of the United Nations Conference on Sustainable Development, needing to be applied. The foregoing does not preclude the procedure from being followed in the corresponding administrative instances, so that the matter may be reviewed, given the changing conditions of nature.
XI.- As for the second ground alleged regarding violation of constitutional principles in the contested judgment, the truth is that everything alleged by the cassation appellants is limited to the evidentiary assessment by the Trial Court; evidence already described and an aspect already covered by this Body, for which reason the grievance must be rejected. It being understood that there was no failure to observe, in the judgment, what was stipulated in the articles of the General Law of Public Administration pointed out by the appellants; nor the principles outlined in the appeal; given that it is, as stated, a matter of evidentiary analysis in which the Trial Court applied the rules of sound criticism in accordance with what has already been expressed, the grievances must be rejected. By virtue of the foregoing analysis, the appeal shall be declared without merit.
XII.- In a filing of July 26, 2018, the cassation appellants expanded the appeal. This Chamber admitted the objection regarding costs, which, in its essence, states that it has litigated in good faith, because prior to the purchase of the property it requested a land use (uso de suelo) permit from the Municipality of Montes de Oca, which authorized it for any activity. Nevertheless, it points out, upon updating it, it was declared that the property is not suitable for anything, because there is a spring (naciente) where a neighbor is and it is a protected zone. It considers that a harm has been caused to it by virtue of that municipal action. It estimates, with basis in canon 193 subsection b) of the CPCA, it should be exempted from the payment of both sets of costs.
XIII.- In relation to the argument of the cassation appellant regarding the cost award, it must be stated that on the matter, in contentious-administrative proceedings, this Chamber estimates, in accordance with precept 193 of the CPCA, that the pronouncement on the costs of the proceeding must be made sua sponte, condemning the losing party to pay them. Consequently, the condemnation is imposed upon the losing party by the very fact of being so, as the Trial Court proceeded in the case under examination. That is, for losing the litigation, without this meaning that it lacked sufficient reason to litigate, nor that it is considered a reckless litigant or one of bad faith. For its part, numeral 193 of the CPCA itself provides for the circumstances when it may be exempted from payment. In that regard, although it is a faculty, the truth is that it is not immune to cassational control, because both in its exercise and in its non-application, a violation of law may occur, and to that extent, the improper omission is not, nor should be, synonymous with arbitrariness, in such case, committed by the Adjudicator himself. Especially if it involves an empowerment granted to the judge with specific circumstances that limit his discretionary power in this matter. Consequently, on this point, it is estimated that the mere application of the general rule of article 193 of the CPCA (condemnation of the losing party to pay both sets of costs) does not close the door to a cassation appeal; on the contrary, the matter is admissible for its substantive examination (provided the legal requirements are met) in the face of an eventual omission defect in the application of legal provisions that authorize the exoneration of said costs (canon 193 of the CPCA). Therefore, depending on the circumstances of the case, a cassation appeal may indeed be appropriate. In this specific case, it complains against the condemnation in costs, alleging that it has litigated in good faith, with the conviction of having a legitimate right. This Chamber finds, contrary to what it claims, that good faith does not enable the exemption from costs; it is not a case of adequate procedural conduct, but rather because the nature of what was claimed allows one to infer that the debate was necessary to elucidate whom the Legal System favored. Taking into account that the plaintiff party did not succeed in substantiating its allegations and that the non-existence of the spring (naciente) was not established, this Chamber does not consider that the litigation entailed necessity to elucidate the validity of the challenged conduct. Hence, this objection must also be denied.
XIV.- By virtue of the reasoning and exposition above, it shall be appropriate to deny the appeal, and to impose the costs of this appeal upon the appellants in accordance with canon 150.3 of the Contentious-Administrative Procedure Code.
THEREFORE
The evidentiary measure for better resolution is denied. The appeal is declared without merit with costs borne by the promoting parties.
Luis Guillermo Rivas Loáciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Yazmín Aragón Cambronero KARIASM/SSOLANOA 1 Classification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.
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Sala Primera de la Corte Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: SALA PRIMERA Sentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Recurso de casación Subtemas:
Ofrecimiento de prueba.
La prueba para mejor resolver obedece a una facultad de quien conoce el recurso extraordinario; es decir, corresponde a este Órgano determinar su pertinencia y necesidad para el dictado del fallo final (mandato 148 Código Procesal Contencioso Administrativo). Estima la Sala, la pericial ofrecida para mejor resolver no resulta oportuna en esta etapa recursiva, en virtud de que en autos consta un peritaje al que, en respeto del derecho de defensa, han tenido acceso todas las partes y que es, en conjunto con los demás elementos aportados, sustento probatorio amplio y suficiente. Así, admitir un peritaje en este momento, además de que podría resultar contrario al derecho de defensa aludido, vendría a constituir en una sobre prueba innecesaria (voto 1132-F-2019).
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Prueba Subtemas:
Peritaje.
El objeto del peritaje radica en auxiliar u orientar al juez(a) en conocimientos científicos que le son ajenos (norma 401 Código Procesal Civil). Asimismo, los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal en contrario (precepto 330 ibídem); por lo que las conclusiones de un peritaje no sustituyen la valoración y decisión que debe adoptar el juzgador. Además, el artículo 28 del Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores y Peritos del Poder Judicial, establece los lineamientos que deben cumplir los profesionales designados por el Despacho judicial para emitir su experticia sobre el punto en disputa; entre ellos, se establece que deben ser claros, completos y precisos. Del análisis de la prueba y de lo argumentado en el recurso, esta Cámara desprende, el Tribunal aprecia la pericial, la analiza y confronta con las demás probanzas aportadas a los autos (voto 1132-F-2019).
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Naciente Subtemas:
Concepto y alcance.
Tema: Bien demanial Subtemas:
Naciente.
Tema: Principio precautorio o de evitación prudente Subtemas:
Concepto y alcance.
Análisis del concepto y la protección de las aguas subterráneas, mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga natural y artificial. Sobre el principio precautorio, la Declaración de Río refiere, ante un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, que impidan la degradación del ambiente. La casacionista alega se le dio mayor valor al dicho de unos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía y Telecomunicaciones que a un peritaje, siendo que ellos no son especialistas, ni realizaron estudios técnicos. Esta Sala encontró disidencia entre ambas probanzas, en unas se le llamaba nacimiento de agua; pero el peritaje señaló no podía denominarse como manantial, naciente u ojo de agua. El Tribunal apreció adecuadamente la prueba al resolver conforme a los principios de la sana crítica, precautorio o pro natura. El perito, pese a su especialización en hidrogeología, no desvirtúa el dicho de los servidores públicos, quienes adujeron, se trata de una naciente. Sin embargo, en vista de que las condiciones de la naturaleza son cambiantes; aunque la Dirección de Aguas emita un criterio, es revisable con prueba técnica que demuestre lo contrario. Por ello, a juicio de este Órgano judicial, en esta resolución se opta por no revocar el criterio administrativo, vista la falta de certeza absoluta de un criterio contrario en cuanto a la calificación del brote de agua que existe, en este momento histórico, con la prueba constante en autos, sea que no se desmintió la existencia de una naciente, debiendo aplicarse el principio in dubio pro natura o precautorio, principio 15 de la Declaración de Río, artículos 5 del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 3 del Protocolo del Convenio de Londres, 158 y 167 de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 4 Código de Minería, 50 Ley Orgánica del Ambiente, 45 Constitución Política, 3.l Ley Forestal y fallos 90-2011 de la Sala Primera, 1923-2004 y 6340-2017 de la Sala Constitucional (voto 1132-F-2019).
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Costas.
En procesos contenciosos administrativos, su pronunciamiento debe hacerse de oficio, condenando al perdidoso por el hecho de serlo, sin que ello signifique que no haya tenido motivo bastante para litigar, ni se le considere litigante temerario o de mala fe (canon 193 Código Procesal Contencioso Administrativo). Dicho numeral dispone los supuestos por los cuales podrá eximírsele de su pago. Aunque se trate de una facultad, no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley. En consecuente, la sola aplicación de la regla general (condenatoria al vencido), no cierra las puertas al recurso de casación ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de esa norma que autoriza la exoneración de las costas (voto 1132-F-2019).
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Contencioso Administrativo Tema: Costas Subtemas:
Condena al vencido.
Esta Sala concibe, contrario a lo que afirma, no habilita la exención de costas, en caso de una adecuada conducta procesal, sino porque la naturaleza de lo reclamado permita colegir que el debate era necesario para dilucidar a quién asistía el Ordenamiento Jurídico. Tomándo en cuenta que la actora no alcanzó a acreditar sus alegatos y que no se llegó a establecer la inexistencia de una naciente, no estima esta Cámara que el litigio revistiera necesidad para dilucidar la validez de las conductas impugnadas (voto 1132-F-2019).
... Ver más *120055241027CA* Res. 001132-F-S1-2019 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las dieciséis horas del cuatro de julio de dos mil diecinueve.
Proceso de conocimiento interpuesto en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por EUROCOSTARICAN CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA e INMOBILIARIA ROSENBERG SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por su apoderada especial judicial Livia Meza Murillo, contra el ESTADO, representado por la procuradora Silvia Quesada Cásares. Las personas físicas son mayores de edad, casadas y abogadas.
Redacta la magistrada Aragón Cambronero
CONSIDERANDO
I.- La abogada Livia Meza Murillo, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de las sociedades Eurocostarican Consulting S.A. e Inmobiliaria Rosenberg S.A. demandó al Estado, el 5 de octubre de 2012, con fundamento en los siguientes hechos. Señaló, sus representadas son propietarias por partes iguales, del inmueble matrícula de folio real no. 592763-000-001-002, el cual fue adquirido por compra a la sociedad Supercalifragilístico Espidalidoso S.A. Agregó, esa finca es el resultado de la reunión de dos inmuebles contiguos, inscritos en el Partido de San José, matrícula de folio real no. 111809-000 y 111811-000, planos no. SJ 599188-1999 y no. SJ599187-1999 respectivamente. Indicó, la corredora Rosemary Guzmán, quien corría el inmueble en cuestión, había solicitado a la Municipalidad información sobre las restricciones del Cantón para construir condominios, momento cuando se dio la viabilidad y no se mencionó nada de ninguna naciente. Manifestó, el 12 de agosto de 2008, solicitó para el inmueble en cuestión, usos de suelo para actividad comercial, oficinas, movimiento de tierra y condominio, sin indicar ninguna restricción. Sin embargo, agregó, la Municipalidad de Montes de Oca, declaró no compatible ese inmueble, basado en el Plan Regulador publicado en La Gaceta 165 Alcance 51 del 29 de agosto de 2006 y la directriz 14 del Alcalde Municipal para la actividad de condominios, iglesia, centro educativo, centro comercial, condominios y oficinas respectivamente. Aclaró, no había compatibilidad para ninguna actividad otorgada por el Municipio, y además, el licenciado Gustavo Lara Barquero, de la Oficina de Gestión Ambiental expuso, en nota del 29 de junio de 2011, conforme a los antecedentes del inmueble, hace que la afectación dentro de la finca continúe, porque existe una quebrada que proviene de una naciente 30 metros al este de la finca; y aunque la naciente no esté dentro del inmueble, queda afectado por la Ley Forestal, en virtud del área de protección de la quebrada; entonces, por la protección al recurso hídrico y al principio precautorio, no recomendó la solicitud de la petente. Comentó, el 28 de octubre de 2004, el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante ACCVC) del Ministerio de Ambiente y Energía y Telecomunicaciones (en lo sucesivo MINAET) rindió Informe CPI-001-005, respecto a inspección realizada, donde se indica, la quebrada que pasa por la propiedad de las co-accionantes tiene a menos de 30 metros, en propiedad de Migue Lizano Mena, una naciente; y que la quebrada desaparece después de la tapia de la casa colindante con el terreno en lado sudeste. Explicó, el expediente del Tribunal Ambiental Administrativo –en adelante TAA- no. 338-04-TAA, donde consta el Informe recién citado, surgió a raíz de una denuncia de Jenny Villalobos Fallas el 24 de octubre de 2004; y a la fecha no tiene resolución de fondo. Dada la anterior omisión, agregó, el 21 de agosto de 2012, interpuso recurso de amparo de legalidad por violación al principio de justicia pronta y cumplida; así como el derecho de petición, contra el TAA, el cual, hasta la fecha de interposición de la demanda, no había sido resuelto. Vista la inercia administrativa, refirió, las co-accionantes fueron a la propiedad de Miguel Lizano Mena, propietario del inmueble donde supuestamente está la naciente; y comprobaron que lo que hay es un tubo del cual sale arroz, frijoles y otros; así como un caño al cual caen esas aguas. Agregó, el 2 de marzo de 2012, el ingeniero Jesús Monge Mejía–funcionario del MINAET hoy MINAE- y doña Lilliana Gómez Pacheco –trabajadora de las empresas co-accionantes-, se presentaron en la casa del señor Lizano Mena, determinando que no hay ninguna naciente; lo que hay es un tubo proveniente de la propiedad del señor Adrián Herrera Arias; y el caño donde caen esas aguas en la propiedad del señor Lizano Mena. Adujo, el ingeniero Monge ignoró la razón por la cual se sitúa una naciente en esa propiedad. Explicó, el 29 de mazo siguiente, volvió el ingeniero Monge con su superior, el licenciado Alvaro Porras Vega, quienes comprobaron que no hay naciente en la propiedad de don Migue Lizano, pero se subieron a la tapia, tomaron fotos del terreno colindante, de Adrián Herrera Arias, situando la supuesta naciente en esa propiedad, sin estudio ni tecnicismo. Con fundamento en lo anterior, solicitó: a) la nulidad del dictamen del 14 de mayo de 2012 sea el AT-1642-2012 por cuanto califica de naciente a un cuerpo de agua; b) que lo que ingresa y sale del tanque calificado como naciente en la propiedad del señor Adrián Herrera Arias, no es ningún recurso hídrico utilizable; c) que el agua de dicho tanque no es agua potable, sino agua contaminada que proviene de aguas residuales y de lluvia; d) la acequia que pasa por la propiedad no es un cauce permanente y es agua contaminada; e) si se acogen los puntos anteriores, pidió condenar al Estado al pago de daños y perjuicios, originados en la conducta violatoria del ordenamiento por parte de funcionarios del MINAET; f) si se determinara que en efecto existe una naciente dentro de la propiedad del señor Adrián Herrera Arias, se condene al Estado a indemnizar a las accionantes dada la falta de publicidad registral de la existencia de la naciente, pues si hubieran sabido de su existencia, no hubieran adquirido la propiedad en cuestión; extremo que prudencialmente estimó en la suma de $500.000, pero el monto debería ser fijado por un perito con ambas profesiones –ingeniero civil y topógrafo-; g) condenar al Estado al pago de ambas costas, intereses e indexación. En escrito del 21 de noviembre de 2012, adicionó dos hechos. Dijo, el 19 de octubre de 2012, el TAA resolvió la denuncia de daño ambiental incoada en el año 2004 por una vecina; la cual fue declarada sin lugar; y de esa denuncia fue de donde salió a la vida jurídica la “naciente”. Agregó, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), le extendió una certificación, donde consta que con las coordenadas donde el MINAET localizó un cuerpo “naciente”, no lo tienen registrado. El Estado, contestó de forma negativa e interpuso la excepción de falta de derecho. El Tribunal declaró sin lugar la demanda, acogió la defensa incoada; e impuso las costas a las empresas co-actoras. Las perdidosas, inconformes, acuden a esta Sala.
II.- En el recurso de casación, la representante de las sociedades co-actoras interpone dos motivos por quebranto de normas sustantivas y principios constitucionales. En el primero, alega falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados, o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. Increpa, es absurdo acreditar la existencia de una naciente con el dicho de los funcionarios, quienes no estaban debidamente acreditados profesionalmente ni realizaron ningún tipo de estudio para determinar si el agua en cuestión, era una naciente; pues la calificación la realizaron “a simple vista”. Estima quebrantados los principios de sana crítica racional e irrespeto del numeral 82 inciso 4) del CPCA. Agrega, en autos se comprobó no se realizó el estudio que la casacionista solicitó al jefe del Departamento de Aguas, según consta en la grabación, cuando textualmente él dijo: “ellos están amparados en un artículo de la ley que no se acordó ni de la ley ni del artículo y que con ese artículo no le generen más responsabilidad que agregar que es un cauce de dominio público.” Entonces, deduce, como los funcionarios no tienen más responsabilidad, se limitaron a calificar como naciente algo que no lo era, con fundamento en el principio pro natura; indicando que hasta ahí llegaba su responsabilidad. A su juicio, el Tribunal violentó la ley, porque los tres funcionarios que hicieron el estudio, no eran geólogos. Por otro lado, argumenta, el A quo, no le dio valor a la prueba pericial porque el informe no fue contrastado y evaluado por la Dirección de Aguas; sin embargo, asevera, no existe norma alguna, donde se estipule la necesidad de confrontar con la Dirección de Aguas ese Dictamen. Aclara, el Tribunal no aplicó el canon 153 de la Ley General de Administración Pública (en lo conducente LGAP). Además de lo anterior, aduce, en la resolución cuestionada se acoge para mejor resolver un plano del año 1972, donde hay dibujada una naciente en la propiedad de la familia Herrera, sin embargo, insiste en que eso no es una naciente –según fotos del expediente administrativo-. En el segundo embate, alega irrespeto por omisión a los artículos 152, 153, 158, 199 y 225 todos de la LGAP; así como los principios de publicidad e igualdad. Reitera, no se ha realizado un estudio técnico para hacer la calificación de naciente, por el contrario, la prueba pericial determina la inexistencia de esa naciente, por lo cual estima, no hay mérito para variar el criterio del perito. Dice, conforme a la prueba del Servicio de Aguas Subterráneas, SENARA, se demuestra que en el lugar no hay ninguna naciente. Sostiene, si había una naciente, debía inscribirse en la propiedad afectada; y además, los predios que tienen área protegida; y al no haberse realizado, asevera, se violentó el principio de publicidad. También estima quebrantado el principio de igualdad ante la ley –artículo 33 de la Constitución Política-, porque según su criterio, ha comprobado que no hay naciente, mediante un estudio pericial por un experto nombrado por el Tribunal, pero aún así, no se le otorga el derecho de igualdad ante la ley, ante tal probanza. También considera quebrantado el precepto 158 de la LGAP, porque la funcionaria de apellido Malomuzh, así como los servidores Jesús Monge Mejía y Alvaro Porras V., faltaron a las obligaciones impuestas en el mandato 199 de la LGAP, pues no es posible hacer ese tipo de calificaciones sin un estudio técnico. Y en este caso, tampoco se revisó la base de datos histórica de SENARA –donde se indica que no hay naciente-. Refiere, cuando se le pregunta a don Alvaro, la razón por la cual no se realizó un estudio técnico cuando las co-accionantes lo solicitaron, contestó: “lo que legalmente se ha establecido en la Dirección de Aguas es que ellos están amparados en “un artículo de la ley que no recuerda” y que a ellos no le generan más responsabilidades que agregar que es un cauce de dominio púbico.” Argumenta violación al precepto 225 inciso 1) de la LGAP, así como a los numerales 11 y 140 inciso 8) de la Constitución Política, pues los funcionarios aceptaron no haber realizado ningún estudio técnico, sino sólo “visual experto”. Finalmente le solicita a esta Sala, admitir como prueba para mejor resolver, un nuevo peritaje, para determinar si existe o no naciente, en el predio en litis.
III.- Esta Sala estima, aunque en el primer reparo la casacionista mencione una causal procesal, lo cierto es que increpa errónea valoración probatoria con el correspondiente quebranto normativo. Dada la facultad de esta Cámara para conocer el agravio según su verdadera naturaleza, se analizará por el fondo. Y aunque se aleguen dos motivos por violación de normas sustantivas, dado cómo se resolverá, se analizarán en forma conjunta. Para mayor claridad en el análisis del caso, se hará referencia a lo dispuesto por el Tribunal. Esa instancia, indicó en la sentencia que se recurre, se logró acreditar que el 28 de octubre de 2004, funcionarios del ACCVC, rindieron un informe sea el GPI-001-005 oficio OSJ-129 respecto de la inspección realizada en unas propiedades ubicadas en Vargas Araya, distrito de Sabanilla del cantón de Montes de Oca, provincia de San José, exactamente 50 metros al este del Súper Nápoli, hoja cartográfica ABRA, coordenadas 523.178, 213.239 por denuncia interpuesta ante el TAA, identificando las propiedades objeto de inspección bajo los números de plano catastrado SJ-5991188-99 y SJ-599187 correspondientes a los folios reales 1118111-000 y 111809-000 a nombre de la sociedad Supercalifragilístico Espialidoso S.A., cédula de persona jurídica no. 3-101-236932. Señaló el Tribunal, el Departamento de Aguas del MINAET mediante oficio IMN-DA-930-05 del 19 de abril de 2005, informó, en las coordenadas planas aproximadas latitud 213.260 y Longitud 532.240 hoja cartográfica Moravia (3345-I-5) escala 1:10000, en el extremo noreste de la propiedad del señor Miguel “Lizo” Mena en Vargas Araya, distrito Sabanilla cantón de Montes de Oca se ubica un nacimiento de agua de carácter permanente. Se extrae de la sentencia, la Municipalidad de Montes de Oca declaró como no compatible el uso de suelo para construcción de condominios, iglesia, centro educativo y centro comercial en el inmueble matrícula folio real no. 592763-000-001-002, propiedad de las co-accionantes; para lo cual se consideró lo mencionado en el oficio OGA-63-11 del 29 de junio de 2011 de la Oficina de Gestión Ambiental del ente municipal, el cual en lo conducente señala:”Que según los antecedentes de la finca en cuestión desde el 2004, junto a las diferentes denuncias por los daños ambientales ocurridos, el expediente ante el Tribunal Ambiental Administrativo N. 338-04-TAA, Informe Dirección de Planificación Urbana DPDU-e-990-10-2004; hace que las afectaciones dentro de la finca continúen. Que como lo indican los resultados de campo del ACCVC, oficina de San José, CPI-001-005 existe una quebrada que colinda la propiedad de su lindero sureste y proviene de una naciente 30 metros al este de la finca en cuestión coordenadas: 532226 y 213224. Que como se indica en dicho informe de gira, tomando el área de protección de la naciente, aunque esta no se encuentre dentro de la finca en cuestión, más el área de protección de la quebrada, queda el terreno afectado por la Ley Forestal como los artículos de protección al recurso hídrico lo indica la ley, sumándole el principio de precautoriedad no se recomienda dicha solicitud”. Que se emitieron varios oficios referidos a la naciente en cuestión. En el oficio no. AT-1645-2012 del 14 de mayo de 2012, emitido por la Dirección de Aguas del MINAET; y dirigido a las representantes de las empresas co-actoras, se les brinda información acerca de la ubicación de la naciente, reseñando que ella se dictaminó en el oficio AT-1642-2012 del mismo día que el anterior, e indican que la diferencia con la ubicación anterior, pudo deberse a que durante las valoraciones previas no se contaba con los sistemas de información geográfica y sus herramientas como lo son los GPS, los cuales varían con una precisión de 3 a 15 metros, así como la cobertura de los satélites al momento de la medición. Agregó el A quo, mediante oficio OSJ-603-12 del 3 de agosto de 2012 el ACCVC del MINAET se brinda información a las co-actoras sobre la naciente en cuestión; y entre otros se les indica que una parte de la propiedad está afectada por el área de protección de la naciente; además, que el terreno limita en su parte sur con una quebrada sin nombre por lo que se encuentra afectado por dos áreas de protección que se deben respetar, una por 10 metros y la otra por aproximadamente 2700 m2; y se recomienda consultar con un profesional en topografía para que realice un estudio preciso del área afectada. Señala el Tribunal de instancia, la prueba aportada por los funcionarios del MINAET, específicamente del Departamento de Aguas, no fue confrontada por el peritaje realizado; que si bien es un informe detallado y elaborado no fue homologado por el Departamento competente técnicamente para hacerlo y dar certeza científica.
IV.- Las recurrentes ofrecen en su recurso PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER indicando: “…solicito a esta Honorable Sala, para MEJOR RESOLVER una NUEVA prueba técnica EN COMPAÑÍA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINAET que puede ser por el mismo perito o por otro que esta Sala escoja…”. Para esta Sala es importante aclarar que la prueba para mejor resolver señalada en el numeral 148 del CPCA obedece a una facultad de quien conoce el recurso extraordinario; es decir, corresponde a este Órgano determinar su pertinencia y necesidad para el dictado del fallo final. Estima este Órgano Casacional, la prueba pericial ofrecida para mejor resolver no resulta oportuna en esta etapa recursiva, en virtud de que en autos consta ya un peritaje al que, en respeto del derecho de defensa, han tenido acceso todas las partes y que es, en conjunto con los demás elementos aportados, sustento probatorio amplio y suficiente. Así, admitir un peritaje en este momento, además de que podría resultar contrario al derecho de defensa aludido, vendría a constituir en una sobre prueba innecesaria. Con base en esa tesitura, la prueba solicitada se rechaza.
V.- Visto el tema sobre el cual versa el recurso de casación, para esta Cámara resulta de importancia indicar, el objeto del peritaje radica en auxiliar u orientar al juez(a) en conocimientos científicos que le son ajenos; según lo señala claramente el ordinal 401 del Código Procesal Civil –en adelante CPC- de aplicación supletoria por mandato del ordinal 220 del CPCA, que en lo de interés se transcribe: “procederá la prueba pericial cuando haya que apreciar hechos o circunstancias que exijan conocimientos especiales extraños al Derecho…”. Asimismo el ordinal 330 del CPC, señala un punto medular en lo sometido a conocimiento; y es que los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal en contrario; es decir, que las conclusiones de un peritaje no sustituyen la valoración y decisión que debe adoptar el juzgador. En concordancia con lo anterior debe apreciarse además lo señalado en el artículo 28 del Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores y Peritos del Poder Judicial, en donde se establecen los lineamientos que deben cumplir los profesionales designados por el Despacho judicial para emitir su experticia sobre el punto en disputa; entre ellos se establece que deben ser claros, completos y precisos. Del análisis de la prueba y de lo argumentado en el recurso, esta Cámara desprende, el Tribunal aprecia la prueba pericial, la analiza y confronta con las demás probanzas aportadas a los autos; sea lo dicho por los funcionarios del Departamento de Aguas del MINAET –hoy MINAE-.
VI.- En el caso concreto, alega la casacionista, se le dio mayor valor al dicho de los tres funcionarios del MINAET –hoy MINAE- que al peritaje; siendo que ellos no son especialistas en el tema sobre el cual rindieron el informe, ni realizaron estudios técnicos. Por ello, estima la recurrente, es absurdo acreditar la existencia de una naciente con el dicho de esos servidores, restándole todo el valor al peritaje donde se establece la inexistencia de la naciente. Por otro lado, argumenta, el A quo, no le dio valor a la prueba pericial porque el informe no fue contrastado y evaluado por la Dirección de Aguas, siendo que ese requisito no lo establece norma alguna. Considera este Órgano decisor, lo resuelto en el pronunciamiento cuestionado, se ajusta a las reglas de la sana crítica y se analiza en forma conjunta con la prueba constante en autos, según las razones que se dirán. El funcionario de la Dirección de Aguas del MINAE, Ingeniero Jesús Raúl Monge Mejía, al minuto 1:07:35 de su declaración señaló, la persona que no está de acuerdo con los dictámenes de esa Dependencia Administrativa, que son bastantes, lo que hace es presentar un estudio, acorde a la materia, y ellos valoran si tiene coherencia. No está regulado, lo que se hace cuando se cambia la naturaleza de un brote de agua, es aceptar lo que dice el profesional contratado, con las pruebas que se hagan llegar. Agrega, si se presentara un criterio en contra del realizado por él, se le pasa el estudio del caso a otro compañero, por el tema de transparencia, pues nada está escrito en piedra. Dice, todo está en que presenten alguna prueba, o un estudio y se analiza. Acota el testigo, él no ha visto el Informe Pericial aportado al proceso. Y continúa diciendo, si se presentara a la Dirección de Aguas, el documento se ingresa y se escoge el técnico que lo vaya a valorar; y si efectivamente corresponde, en la medida que sea válido y contundente, se cambiaría el criterio. Esta Sala observa, este es un trámite que echa de menos el testigo en el caso de análisis, pues aduce, en muchos otros supuestos han revertido el criterio siempre y cuando la parte interesada presente un criterio técnico contundente. Sin embargo, esta Cámara concibe, las empresas recurrentes interpusieron sendas impugnaciones, donde reclamaban la existencia y ubicación de un brote de agua, consignado por la Administración, cuya existencia fue confirmada una y otra vez, tanto por los funcionarios públicos, como por el peritaje aportado a los autos. En la denominación de ese brote de agua, es donde este Órgano decisor encontró disidencia entre ambas probanzas, en unas se le llamaba nacimiento de agua; pero el peritaje señaló que no podía denominarse como manantial, naciente u ojo de agua. En razón de lo anterior, se procederá a hacer un recuento de algunos principios de derecho ambiental; así como sobre la protección del recurso hídrico, según se ha pronunciado la Sala Constitucional.
VII.- En materia ambiental, rigen varios principios dentro de los que destacan por su relevancia, el principio pro natura y el precautorio. La Declaración de Río de Janeiro, se refiera a este último, en el sentido de que, ante un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, que impidan la degradación del ambiente. En esa línea, esta Sala, en resolución 90 de las 8 horas 50 minutos del 3 de febrero de 2011, señaló: “[...] con el principio precautorio y en (sic) in dubio pro natura, el Estado puede adoptar acciones anticipadas, necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las personas, cuando exista riesgo de afectación para aquellos.” Por, otra parte, la Sala Constitucional, en una resolución bastante detallada –6340 de las 9 horas 15 minutos del 5 de mayo de 2017-, se ha referido a la definición del recurso de hídrico y su régimen de protección. Algunos extractos de ese pronunciamiento, atinentes al caso de estudio, serán expuestos de seguido: “V.- Sobre la protección de las aguas subterráneas. En sentencia No. 2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004, la Sala se refirió a la tutela de las aguas subterráneas, como parte esencial de nuestro ecosistema, en el siguiente sentido: “V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. […] son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. [...] el Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, en su numeral 4° dispuso lo siguiente “(...) las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y superficiales, se reservan para el Estado y sólo podrán ser explotados por éste, por particulares de acuerdo con la ley, o mediante una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa (...)”, de esta forma se produjo una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, incluso las que son alumbradas mediante un pozo ubicado en un predio particular para uso domésticos o necesidades ordinarias. Ulteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 13 de octubre de 1995 y sus reformas, en el numeral 50 -cuyo epígrafe es “Dominio público del agua”- reforzó esa declaratoria de demanialidad y preceptúo que “El agua es de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés social”, este instrumento legislativo supone una afectación expresa, de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas -al no distinguirlas-) al demanio público del Estado y califica de interés social, con lo que se dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés social (artículo 45 de la Constitución Política), su protección, preservación o conservación y uso sostenido o racional. VIII.- MANTOS ACUÍFEROS, ÁREAS DE RECARGA Y DESCARGA. [...] La recarga natural de los mantos acuíferos se produce por el volumen de agua que penetra en éstos durante un período de tiempo a causa de la infiltración de las precipitaciones pluviales o de un curso de agua (v. gr. los ríos influentes). Las áreas de recarga, por consiguiente, son todas las zonas de la superficie del suelo donde las precipitaciones pluviales se filtran en el suelo hasta alcanzar la zona saturada incorporándose al acuífero. La Ley Forestal No. 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo 3°, inciso l), define las áreas de recarga acuífera como “Las superficies en las cuales ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de los ríos (...)”. La descarga natural es el volumen de agua que, durante un período de tiempo, sale naturalmente del acuífero a través de los manantiales superficiales, subfluviales o submarinos, por evapotranspiración o por percolación vertical hacía acuíferos inferiores. La descarga artificial se produce a través de la extracción del agua mediante pozos, zanjas, trincheras o túneles. Las áreas de descarga de las aguas subterráneas comprenden todos aquellos puntos en los que la tabla de agua o nivel freáctico intersecta la superficie del suelo –manantiales, nacientes, filtraciones- el curso de un río o los lechos marinos o lacustres. [...].” .
VIII.- Conforme las probanzas aportadas a los autos y lo señalado en el considerando anterior, este Órgano decisor concibe, el Tribunal apreció adecuadamente la prueba al resolver conforme al principio de la sana crítica, en concordancia con los principios ambientales precautorio y pro natura. Este Órgano decisor observa, el peritaje en cuestión, si bien señala: dadas las condiciones de la zona, el brote de agua no puede denominarse manantial, naciente ni ojo de agua porque la conexión hidráulica es directa con el suelo volcánico localizado superiormente, el cual se recarga a través del agua de lluvia; lo cierto es que conforme a la declaración rendida en la Audiencia Oral, para este Órgano colegiado, el peritaje no merece fe absoluta, como para contradecir el criterio institucional. Ello por cuanto, al minuto 2:09:18 de la grabación, el perito dijo, para realizar el estudio, perforó el suelo hasta 1.5 metros en todos los casos, y al minuto 2:13:20 señaló, que a 3 metros de profundidad existe el fenómeno de tubificación, -como un tubo natural subterráneo- por el que viaja el agua de lluvia captada por el cafetal, y que aflora en el brote de agua en análisis. Al minuto 2:16:40, uno de los jueces, pregunta si hay certeza de la conexión entre el brote y el cafetal. Y el perito dijo, con el modelo hidrogeológico que se está tomando, debería haber una conexión con un sector receptor. Si se parte de esa premisa, si el cafetal se pierde, no hay razón para que la tubificación tenga agua. Como es el único sector que ha permanecido por material de absorción, el brote debería desaparecer. Y al minuto 01:16:27, agrega el perito, había que revisar la conexión hidráulica. Hidrogeológicamente existe un fenómeno que se llama tubificación: donde hay un material impermeable, donde hay elementos que alteren la porosidad del suelo –raíces, insectos..- el agua discurre por ahí y genera un conducto –tubo- entre un sector de la superficie con otro. Aquí tenemos un sector como esponja y un conducto que se conecta con el brote de agua –agua subsuperficial-. El agua que llueve, se absorbe y busca una salida. Tuvo acceso al cafetal, y a propiedades colindantes. Hay técnicas para definir este conducto y observarlo, pero por presupuesto –es muy caro-, hubo una limitante, no pudo observar o demostrar con una técnica indirecta por dónde transcurre el conducto, aunque está dentro de las condiciones posibles que ocurren en la naturaleza. –el resaltado no es del original-. A juicio de esta Sala, el perito, pese a su especialización en hidrogeología, no logra desvirtuar claramente lo dicho por los funcionarios de la Administración competente en el tema de marras. Ello por cuanto, aunque señala que dadas las condiciones topográficas de la zona, existen las condiciones posibles que ocurren en la naturaleza de que el agua llovida y almacenada en el cafetal sea la que sale por el brote en análisis, indica que no se puede demostrar con una técnica indirecta por dónde transcurre el conducto de agua; es decir, no se pudo dictaminar en grado de certeza absoluta que el agua que brota en las coordenadas 213.273N /532.238E, es efectivamente el agua de lluvia almacenada y filtrada por el terreno donde se encuentra el cafetal. En consecuencia, para este Órgano colegiado, el peritaje no logra desvirtuar el dicho de los funcionarios, quienes adujeron, en la especie se trata de una naciente. Sin embargo, tal y como lo indicó el servidor Jesús Monge, en vista de que las condiciones de la naturaleza son cambiantes; aunque la Dirección de Aguas emita un criterio, es revisable con prueba técnica que demuestre lo contrario. Por ello, a juicio de este Órgano judicial, en esta resolución se opta, por no revocar el criterio vertido por la Administración, vista la falta de certeza absoluta, de un criterio contrario en cuanto a la calificación del brote de agua que existe, en este momento histórico y con la prueba constante en autos, sea que no se desmintió la existencia de una naciente, debiendo aplicarse el principio In dubio pro natura o Precautorio, Principio 15 de la Declaración de Río, artículo 5 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, artículo 3 del Protocolo del Convenio de Londres, artículos 158 y 167 de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Lo anterior no obsta, sea seguido el procedimiento en las instancias administrativas correspondientes, para que el tema sea revisado, dadas condiciones cambiantes de la naturaleza.
XI.- En cuanto al segundo motivo alegado sobre violación de principios constitucionales en la sentencia impugnada, lo cierto es que todo lo alegado por las casacionistas se circunscribe a la valoración probatoria por parte del Tribunal; prueba ya descrita y aspecto abarcado por este Órgano, por lo que el agravio debe rechazarse. Entendiéndose que no existió en la sentencia inobservancia a lo estipulado en los ordinales de la Ley General de la Administración Pública señalados por las recurrentes; ni a los principios esbozados en el recurso; ya que se está, como se dijo, ante un análisis de prueba en donde se aplica por parte del Tribunal las reglas de la sana crítica de acuerdo a lo que ya se ha expresado, de lo expuesto los agravios deberán ser rechazados. En mérito de lo analizado se declarará sin lugar el recurso.
XII.- En escrito del 26 de julio de 2018, la parte casacionista amplió el recurso. Esta Sala admitió el reparo sobre costas, el cual, en lo medular indica, ha litigado de buena fe, porque de previo a la compra del inmueble se solicitó un uso de suelo a la Municipalidad de Montes de Oca, el cual dio para cualquier actividad. No obstante, señala, al actualizarlo, se declaró que la propiedad no es apta para nada, porque hay una naciente donde un vecino y es zona protegida. Estima, se le ha producido un daño en virtud de ese actuar municipal. Considera, con fundamento en el canon 193 inciso b) del CPCA, se le debe exonerar del pago de ambas costas.
XIII.- En relación con el alegato de la casacionista, referente a la condenatoria en costas; ha de manifestarse que sobre el tema, en procesos contenciosos administrativos, esta Sala estima, de conformidad con el precepto 193 del CPCA, que el pronunciamiento sobre las costas del proceso debe hacerse de oficio, condenando al vencido a su pago. Por consiguiente, la condenatoria se impone al perdidoso por el hecho de serlo, según procedió el Tribunal en el caso de examen. Es decir, por perder el litigio, sin que ello signifique no haya tenido motivo bastante para litigar, ni se le considere litigante temerario o de mala fe. Por su parte, el propio numeral 193 del CPCA, dispone los supuestos cuando podrá eximírsele de su pago. Al respecto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley, y en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser, sinónimo de arbitrariedad, en tal caso, cometida por el propio Juzgador. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia. En consecuencia, sobre este particular, se estima, con la sola aplicación de la regla general del artículo 193 del CPCA (condenatoria al vencido al pago de ambas costas), no se cierran las puertas al recurso de casación, pues por el contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de las disposiciones legales que autorizan la exoneración de dichas costas (canon 193 del CPCA). Entonces, según las circunstancias del caso, sí puede resultar procedente un recurso de casación. En el caso concreto, reclama contra la condena en costas, alegando que ha litigado de buena fe, con la convicción de tener un derecho legítimo. Esta Sala concibe, contrario a lo que afirma, no habilita la exención de costas; en caso de una adecuada conducta procesal, sino porque la naturaleza de lo reclamado, permita colegir que el debate era necesario para dilucidar a quién asistía el Ordenamiento Jurídico. Tomándose en cuenta que la parte actora no alcanzó a acreditar sus alegatos y que no se llegó a establecer la inexistencia de la naciente, no estima esta Cámara que el litigio revistiera necesidad para dilucidar la validez de las conductas impugnadas. Luego, el reparo también debe denegarse.
XIV.- En virtud de lo razonado y expuesto, procederá denegar el recurso, y establecer las costas de este a cargo de las recurrentes conforme al canon 150.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
POR TANTO
Se rechaza la prueba para mejor resolver. Se declara sin lugar el recurso con las costas a cargo de las promoventes.
Luis Guillermo Rivas Loáciga Román Solís Zelaya Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez Yazmín Aragón Cambronero KARIASM/SSOLANOA 1 Clasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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