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Enforcement of Open-End Mortgage: Flexible Interpretation of Civil Code Article 414 and Its Use in National Banking SystemEjecución de hipoteca abierta: interpretación flexible del artículo 414 del Código Civil y su uso en la banca del Sistema Bancario Nacional

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The cassation appeal was denied, confirming the enforceability of the open-end mortgage constituted in favor of Banco Nacional de Costa Rica, considering that its conditions were clear and in accordance with the flexible nature of this type of guarantee.Se declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto, confirmando la ejecutabilidad de la hipoteca abierta constituida a favor del Banco Nacional de Costa Rica, al considerarse que sus condiciones eran claras y acordes a la naturaleza flexible de este tipo de garantía.

SummaryResumen

The First Chamber of the Supreme Court of Justice resolved a cassation appeal against a judgment that had declared the enforceability of an open-end mortgage constituted in favor of the Banco Nacional de Costa Rica. The plaintiff and debtor argued that the mortgage lacked all necessary elements for early enforcement, claiming that the conditions of each guaranteed credit had to be registered. The Chamber upheld the appealed judgment, establishing that the open-end mortgage, regulated by Article 414 of the Civil Code, is a flexible instrument that can guarantee a plurality of future credits, whose specific conditions may be set in the commercial contracts of each operation. It highlights that the registry publicity of the lien is sufficient to warn third parties of the encumbrance on the property, and that customary banking practices legitimately supplement the legal regulation. The formalistic stance of requiring the registration of each credit was rejected, as it was deemed contrary to the nature and purpose of the open-end mortgage and the reality of the financial market.La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación interpuesto contra una sentencia que había declarado la ejecutabilidad de una hipoteca abierta constituida a favor del Banco Nacional de Costa Rica. La parte actora y deudora alegaba que la hipoteca no contenía todos los elementos necesarios para su ejecución anticipada, argumentando que las condiciones de cada crédito garantizado debían estar inscritas registralmente. La Sala confirmó la sentencia impugnada, estableciendo que la hipoteca abierta, regulada en el artículo 414 del Código Civil, es un instrumento flexible que permite garantizar una pluralidad de créditos futuros, cuyas condiciones específicas pueden fijarse en los contratos mercantiles de cada operación. Se destaca que la publicidad registral del gravamen es suficiente para advertir a terceros sobre la afectación del bien, y que las prácticas bancarias consuetudinarias complementan legítimamente la regulación legal. Se rechazó la postura formalista de exigir la inscripción de cada crédito, por considerarla contraria a la naturaleza y finalidad de la hipoteca abierta y a la realidad del mercado financiero.

Key excerptExtracto clave

Now, as can be seen, it is a particular kind of mortgage, since, in this case, the guarantee can back a plurality of 'amounts delivered at any time and for various purposes'. It is clear that the norm refers to the mortgage backing of various credits, even those subsequent to the constitution of the lien. Otherwise, the open guarantee would have no reason to exist, since it would be totally subject to a particular operation and not to an indeterminate number of financings, as the law provides, which may be granted, even, for diverse purposes. In line with the opinion expressed by the lower court, then, the Chamber considers that those elements must be determined in the documents that constitute the guaranteed operations, as happened in this case. Otherwise, it is insisted, the open-end mortgage would really lack the usefulness it has; since it would be limited to a single operation, which would have to have fixed, from the outset, unique conditions enforceable throughout the term. That is, the mortgage would not be open, but ordinary. Nor does it make sense to require new registrations as the amounts guaranteed by the mortgage are granted. Note, the registration of the lien satisfies the registry publicity required, so that the existence of the encumbrance and the relationship between the bank and its client may be of public knowledge and of interested third parties. What the appellant seeks is to make a purely formalistic thesis prevail, on the registration of the mortgage, totally independent of the context of its application, which is contrary to the exegetical and hermeneutical parameters contained in canon 10 ibid.Ahora bien, como se ve, se trata de una suerte particular de hipoteca, pues, en este caso, la garantía puede respaldar una pluralidad de 'cantidades entregadas en cualquier tiempo y para diversos fines'. Es diáfano que la norma se refiere al respaldo hipotecario de diversos créditos, incluso posteriores a la constitución del gravamen. De lo contrario, la garantía abierta no tendría razón de ser, pues quedaría totalmente sujeta a una operación en particular y no a una cantidad indeterminada de financiamientos, como lo prevé la ley, los cuales pueden ser concedidos, incluso, para fines diversos. En línea con el criterio expuesto por el a quo, entonces, considera la Sala que esos elementos deben determinarse en los documentos que constituyan las operaciones garantizadas, como aconteció en la especie. De lo contrario, se insiste, la hipoteca abierta carecería, realmente, de la utilidad que tiene; pues quedaría limitada a una única operación, la que debería tener fijas, de una vez, condiciones únicas exigibles en todo el plazo. Es decir, la hipoteca no sería abierta, sino común. Tampoco tiene sentido exigir nuevas inscripciones conforme se vayan otorgando las cantidades que garantiza la hipoteca. Adviértase, la inscripción del gravamen satisface la publicidad registral que se requiere, a efectos de que la existencia de la afectación y de la relación existente entre el banco y su cliente, pueda ser de conocimiento público y de terceros interesados. Lo que busca el casacionista es que se haga prevalecer una tesis meramente formalista, sobre la inscripción de la hipoteca, con total independencia del contexto de su aplicación, lo que es contrario a los parámetros exegéticos y hermenéuticos contenidos en el cardinal 10 ibídem.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la hipoteca abierta carecería, realmente, de la utilidad que tiene; pues quedaría limitada a una única operación, la que debería tener fijas, de una vez, condiciones únicas exigibles en todo el plazo. Es decir, la hipoteca no sería abierta, sino común."

    "the open-end mortgage would really lack the usefulness it has; since it would be limited to a single operation, which would have to have fixed, from the outset, unique conditions enforceable throughout the term. That is, the mortgage would not be open, but ordinary."

    Considerando VI

  • "la hipoteca abierta carecería, realmente, de la utilidad que tiene; pues quedaría limitada a una única operación, la que debería tener fijas, de una vez, condiciones únicas exigibles en todo el plazo. Es decir, la hipoteca no sería abierta, sino común."

    Considerando VI

  • "Lo que busca el casacionista es que se haga prevalecer una tesis meramente formalista, sobre la inscripción de la hipoteca, con total independencia del contexto de su aplicación, lo que es contrario a los parámetros exegéticos y hermenéuticos contenidos en el cardinal 10 ibídem."

    "What the appellant seeks is to make a purely formalistic thesis prevail, on the registration of the mortgage, totally independent of the context of its application, which is contrary to the exegetical and hermeneutical parameters contained in canon 10 ibid."

    Considerando VI

  • "Lo que busca el casacionista es que se haga prevalecer una tesis meramente formalista, sobre la inscripción de la hipoteca, con total independencia del contexto de su aplicación, lo que es contrario a los parámetros exegéticos y hermenéuticos contenidos en el cardinal 10 ibídem."

    Considerando VI

  • "no es cierto que el contrato de constitución de la garantía hipotecaria no cuente con regulaciones referentes a aspectos tales como la tasa de interés, condiciones del pago y vencimiento anticipado. Lo que ocurre es que estas se ajustan, precisamente, a la naturaleza de la hipoteca abierta"

    "it is not true that the mortgage guarantee constitution contract lacks regulations regarding aspects such as the interest rate, payment conditions and acceleration. What happens is that these adjust, precisely, to the nature of the open-end mortgage"

    Considerando VI

  • "no es cierto que el contrato de constitución de la garantía hipotecaria no cuente con regulaciones referentes a aspectos tales como la tasa de interés, condiciones del pago y vencimiento anticipado. Lo que ocurre es que estas se ajustan, precisamente, a la naturaleza de la hipoteca abierta"

    Considerando VI

  • "no hay ninguna razón plausible para decretar que la hipoteca abierta consentida por el accionante no vence sino hasta el año 2039. Tampoco hay vicio alguno en lo que acordaron las partes, ni se advierte una violación a la normativa invocada en el recurso"

    "there is no plausible reason to decree that the open-end mortgage consented to by the plaintiff does not mature until the year 2039. Nor is there any flaw in what the parties agreed, nor is a violation of the regulations invoked in the appeal observed"

    Considerando VII

  • "no hay ninguna razón plausible para decretar que la hipoteca abierta consentida por el accionante no vence sino hasta el año 2039. Tampoco hay vicio alguno en lo que acordaron las partes, ni se advierte una violación a la normativa invocada en el recurso"

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Sections

VI.Reference has already been made to the lower court’s (a quo) criterion. For present purposes, it is worth bearing in mind that, for the judges who comprise it, the open-ended mortgage (hipoteca abierta) under debate does not lack the elements necessary for its accelerated enforcement, because the subscribing parties to the real guarantee contract in question established that it would be enforceable, in the event of default on the payments of the secured obligations, under the terms established therein. Thus, the fact that the secured credit had a detailed description of the installments, amounts, and other credit conditions permitted the operability of the guarantee. However, the appellant disagrees with that position, as he considers that each and every element of the secured credit must be registered in order to be covered by the supporting lien (gravamen) in question. This body has already had the opportunity to address the same issue raised. As has been done on other occasions, it is essential, first, to refer to the institution of the open-ended mortgage (hipoteca abierta), understood as a special type of security interest (derecho real de garantía). In that vein, its legal regulation is found in canon 414 of the Civil Code, a rule located in Book II (“Of Property and the Extension and Modifications of Ownership”), Title VI (“Of Mortgage and Pledge”), Chapter I (“Of Mortgage”), of that normative body. Its text is as follows: “A mortgage constituted for an open-ended credit with a limitation of amount guarantees the amounts delivered at any time and for diverse purposes, provided they do not exceed the predetermined amount. Any payment made by the debtor will automatically create availability to be used in the manner agreed upon by the parties.” Now, as can be seen, it is a particular type of mortgage, because, in this case, the guarantee can support a plurality of “amounts delivered at any time and for diverse purposes.” It is clear that the rule refers to the mortgage backing of various credits, even those subsequent to the constitution of the lien (gravamen). Otherwise, the open-ended guarantee would have no reason to exist, as it would be totally subject to a particular transaction and not to an indeterminate number of financings, as provided by law, which can be granted, even for diverse purposes. Now, the reading of that mandate must be carried out with attention to the hermeneutical parameters of canon 10 of the Civil Code. This establishes that: “Rules shall be interpreted according to the proper meaning of their words, in relation to the context, the historical and legislative antecedents, and the social reality of the time in which they are to be applied, fundamentally attending to their spirit and purpose.” In that sense, regarding the plaintiff’s arguments, it is necessary to determine whether it is consistent with the purpose – ratio legis – of the regulation of the open-ended mortgage (hipoteca abierta), as well as with the social reality in which it is used, to understand that both the interest rate and the payment method of the secured credits must be determined from the time the open-ended mortgage is constituted, or else, registered at the moment each of those financial transactions intended to be backed by the lien opened on the guaranteeing property arises. To answer this question, the institution in question must be associated with its use in the national banking sphere. To this effect, Article 64 of the Organic Law of the National Banking System (or LOSBN hereinafter) expressly contemplates “…the power of each bank to operate and regulate mortgages that guarantee open-ended credits, in accordance with the provisions of Article 414 of the Civil Code.” This precept is mentioned in the appeal. However, it is clear that the appellant does not give it its correct dimension, by relating it to canons 409 and 465 of the same code. The mandate under analysis contemplates the use of that instrument as a financial tool that can be used by the banks that make up the National Banking System, such as Banco Nacional. It cannot be overlooked that financial entities manage various lines of credit, each with its own conditions and purposes, which is a notorious fact in an economic context like the current one, where a multiplicity of banking organizations offers different financing options for the very varied purposes that economic agents may pursue in the market. Thus, for example, bank customers have access to financial products for the purchase and construction of real estate, acquisition of vehicles and other movable goods, development of agricultural, industrial, commercial, tourism, or any other type of business projects (whether the borrowers are micro, small, medium, or large enterprises), consolidation of other credits, discretionary use, among many other options. Consequently and logically, there are multiple factors that, for each of the offered lines, are considered by the financial entity to determine the applicable interest rates, the financing term, the form of payment, as well as the periodicity and amount of principal and interest payments. Article 130 of the Organic Law of the National Banking System establishes the following: “The payment of principal, interest, commissions, and other charges on credits granted by the Mortgage Departments shall be agreed upon in fixed periodic installments, payable in periods not less than one month nor greater than one year, which shall comprise said payments in a proportional manner according to the mathematical tables that the departments shall calculate for those purposes. At the discretion of the Board of Directors of each bank, the installments shall be collected in advance or for expired periods. The debtor shall have the right to prepay all or part of the debt, but the departments shall not be obliged to return interest, commissions, or other charges that had been paid in advance.” Note, according to the transcribed regulations, the different mortgage credits have their own conditions. Furthermore, Article 128 of that same normative body contemplates the power of the Central Bank to fix, when it deems necessary: “(…) 1) The maximum rates of interest, commission, and other charges that they may collect from their debtors.” Likewise, the interest rates that banks recognize to their investors are, equally, variable over time (e.g., numerals 497 of the Commercial Code and 1163 of the Civil Code). Thus, it is evident that the interpretation of the financial system’s regulations cannot be carried out without considering the inherent dynamism of the market and credit relationships. Therefore, the Court finds no reason in the plaintiff’s arguments, insofar as she intends that the open-ended mortgage be conceived as a rigid and inflexible institution, which must be modified, at the registry level, every time it is used as security for a different credit, despite it having been established as a tool that allows the financing of various financings and for equally varied purposes, by the banks of the National Banking System. In line with the criterion expressed by the lower court (a quo), then, the Chamber considers that those elements must be determined in the documents that constitute the guaranteed transactions, as occurred in this case. Otherwise, one insists, the open-ended mortgage would truly lack the utility it has; because it would be limited to a single transaction, which would have to have fixed, once and for all, unique conditions demandable throughout the entire term. That is, the mortgage would not be open-ended, but rather a common one. Nor does it make sense to require new registrations as the amounts guaranteed by the mortgage are granted. Note, the registration of the lien (gravamen) satisfies the registry publicity required, so that the existence of the encumbrance and the existing relationship between the bank and its client can be known publicly and by interested third parties. What the appellant proposes would be exactly the same as modifying a common mortgage every time a new credit is granted. Evidently, the logic of the open-ended mortgage facilitates the economic and legal relationship that the bank establishes with its clients, allowing them to have access to new loans, without having to grant a new guarantee, since it is sufficient, for those purposes, to associate the credit with the one that was already constituted and consented to for that purpose. It should be remembered that registry publicity is essential for a legal act to have effect against third parties; but not so between the parties (numeral 455 of the Civil Code). In such a way, if bank and consumer agree to associate one of their transactions with an open-ended guarantee, there is no obstacle whatsoever for it to be used. Nor are the interests of third parties harmed, since the registry publicity warns them, precisely, that a preferential lien (gravamen) exists, which covers up to a determined amount, in the constitutive deed. In this case, for seven hundred thousand dollars (first proven fact). In that vein, anyone with an interest in acquiring any right over the property knows of the existence of a guarantee of that nature. For that same reason, the argument put forth by the plaintiff is also not acceptable, when saying that a higher value has been granted to custom than to law, because the practice of backing, with the same open-ended mortgage, credits set forth in separate documents, in which their various specific conditions are fixed, in aspects such as interest rates, amount, and frequency of partial payments, is in no way contrary to law. On the contrary, customary banking practice constitutes a legitimate source of commercial and banking law, which complements the regulation under discussion. The above, pursuant to the provisions of Article 4 of the Commercial Code, which provides the following in this regard: “Commercial customs shall serve not only to fill the silence of the law, but also as a rule to assess the meaning of the technical words or terms of commerce used in commercial acts or contracts.” It is worth noting that, although the appellant tries to deny the relationship of this matter with the rules of the Commercial Code, it is evident that he is mistaken. Banking activity is, above all, commercial. In fact, Article 4 of the Organic Law of the National Banking System refers to the “state commercial banks.” Thus, it is impossible to dissociate, as the appellant wishes, the rules, principles, and sources of Commercial Law from the operability of the open-ended mortgage, even if it is regulated in the Civil Code. What the cassation appellant seeks is to make a merely formalistic thesis prevail regarding the mortgage registration, completely independent of the context of its application, which is contrary to the exegetical and hermeneutical parameters contained in cardinal 10 ibidem. Incidentally, the Commercial Code itself allows the application of the Civil Code's regulations, insofar as it is necessary to address issues not expressly regulated by the Commercial Code (numeral 2 ibidem), such as the use of the mortgage to guarantee commercial transactions, coupled with the express provision of ordinal 64 of the LOSBN. Finally, it must be said, it is not true that the contract constituting the mortgage guarantee lacks regulations referring to aspects such as the interest rate, payment conditions, and acceleration clause. What occurs is that these are adjusted, precisely, to the nature of the open-ended mortgage because, although they contain a schedule in this regard, it does not definitively determine the conditions of each transaction, but rather provides that, in each case, they must be defined in the corresponding documents. In this regard, it is appropriate to transcribe some of the contractual stipulations. According to the second proven fact, not disproven, the contract reads, for present purposes, as follows: “B) REPAYMENT: The debtor accepts that for each transaction constituted under the protection of this Open-Ended Mortgage, the repayment shall be made according to the form agreed with the client, depending on the activity to be financed and the Investment plan, whether monthly, bimonthly, quarterly, semiannually, or annually, likewise the term. The amortizations create immediate availability to be used again, in the manner agreed between the parties. The non-payment of the loans guaranteed by this open-ended mortgage or of the interest in the originally agreed form of one or more transactions shall render the mortgage guarantee covering the Open-Ended Mortgage due and demandable. THE DEBTOR has been informed and warned and consequently accepts, that the disbursements of this credit shall be made according to the availability of funds of the Creditor (...) C) INVESTMENT PLAN: OPENING OF OPEN-ENDED MORTGAGE. All activities and investment plans established in the credit regulations of the National Bank may be financed, to meet the applicant’s need for resources as agreed in each loan guaranteed with this open-ended mortgage. D) LOAN DISBURSEMENT: The disbursement shall be for each derived transaction according to the activity to be financed, the investment plan, and in accordance with the Bank's usual practice. (...) INTEREST RATE: The debtor accepts that the current interest shall be that which governs for each type of loan, in force on the date of formalization for the activity being financed and according to the type of currency. It shall be reviewed and adjustable monthly, payable in advance or in the manner stipulated by the credit product. (...) G) LATE PAYMENT INTEREST: The debtor recognizes late payment interest at the same rate as the current interest of each derived credit, plus two percentage points, calculated on the amount of the delayed payment, in accordance with the provisions of article seventy of the Organic Law of the National Banking System. (...) L) GUARANTEE: (...) that as a guarantee of payment of the loans that are approved and formalized for each case, their current and late payment interest at the indicated rates, care expenses, policy expenses, expenses corresponding to the collection management, both sets of costs of the eventual execution and all other expenses incurred by the creditor for the collection of the Credit and the fulfillment of all obligations arising from any transaction granted under the protection of this credit, a FIRST-DEGREE OPEN-ENDED MORTGAGE is constituted in favor of the BANCO NACIONAL DE COSTA RICA during the agreed term over the following properties of the Partido de Puntarenas: I) real folio registration number SEVENTY-FIVE THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-THREE- ZERO ZERO ZERO (...) With a legal liability to be registered of THREE HUNDRED THOUSAND DOLLARS. II) Real Folio Registration number ONE HUNDRED FIFTY-FOUR THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY-TWO- ZERO ZERO ZERO (...) With a legal liability to be registered of FOUR HUNDRED THOUSAND DOLLARS. I (…) Q) ACCELERATION CLAUSE: In addition to the situations mentioned in this deed, the Creditor may have the entirety of the debt mature and be demandable in advance; which the debtor accepts expressly and irrevocably; in the cases: (...) d) If the debtor fails to pay a credit or the interest or any sum that must be paid under the protection of the respective documents (...) the Creditor, by its sole declaration, may have the obligation mature and executively demandable and demand its total and immediate cancellation in accordance with the provisions of articles four hundred twenty of the Commercial Code and seventy of the Organic Law of the National Banking System, through the means it deems convenient, without the need for requirements or other prior requisites. T) OTHER GENERAL OBLIGATIONS: (...) b) For each sub-loan derived from the Credit, a commercial contract must be executed with the credit conditions of the product in force at the time of formalization, such as the amount of the sub-loan, term, payment method, delivery method, investment plan, interest, commissions, among others, commercial contracts that shall be deemed incorporated into this mortgage document for all legal purposes. c) The debtor undertakes to unconditionally comply with all the clauses and terms specified for each loan and in the event of breach of any of them, the entirety of the transactions covered by this open-ended mortgage shall be deemed due and their total cancellation shall be demanded. d) The failure to pay any installment of one of all the loans covered by this open-ended mortgage or of the interest, commissions, or any other amounts that the debtor must pay shall make the entirety of the Credit demandable by the creditor. e) This Open-Ended Credit is granted under the modality of Open-Ended Mortgage, it being the case that the debtor may make use of it by adjusting to the respective investment project approved in each case at the sole discretion of the creditor institutions.” Note, it is evident that the mortgage title does contain clear stipulations, in accordance with its nature, regarding interest, payment conditions, and grounds for acceleration. The schedule was completely clear. It would be, in each transaction linked to the mortgage, that those particular characteristics would be fixed. For this, it was established, with complete clarity, that the respective commercial contracts must be granted, which would be considered incorporated into the open-ended mortgage. Note, furthermore, that the parties agreed that, upon the debtor's default, the creditor could accelerate the term and demand the total cancellation of the credit, “in accordance with the provisions of articles four hundred twenty of the Commercial Code and seventy of the Organic Law of the National Banking System.” These latter precepts, precisely, contemplate the acceleration of this type of obligations (payable in installments) upon the non-payment of one or more installments of the credit, in the commercial and financial spheres. Therefore, any lack of provision or illegitimacy, concerning the acceleration of the mortgage in case of non-payment of the secured transactions, is equally discarded.

VII.It is also necessary to address the appellant’s argument that the mortgage has a privileged enforcement path that unregistered commercial contracts do not enjoy. Nor is he correct in that. It must be recognized that numeral 166 of the Civil Procedure Code establishes the propriety of the mortgage and pledge enforcement process, in the following terms: “Common and certificated mortgages, as well as the duly registered pledge, constitute enforcement titles with waiver of procedures to make effective the privilege over the encumbered property or, where applicable, over the insurance sum, as well as to make effective all personal guarantees, which shall be understood as limited to the uncovered balance.” On the other hand, the order for payment procedure (proceso monitorio) is the legally provided path for the collection of a negotiable instrument such as a promissory note, insofar as it contains a monetary, liquid, and demandable obligation, supported by documentation. Article 110.1 of the Civil Procedure Code regulates this. Now, Article 68 of the Organic Law of the National Banking System provides for the existence of “principal or additional” guarantees. Consequently, there is no legal impediment whatsoever for the same transaction to have guarantees of a different nature, such as a promissory note and a mortgage. Therefore, once the default of the obligation secured by a real guarantee is verified, there is no reason to ignore its enforceability through the corresponding legal path. From that perspective, the fact that, on the occasion of the credits backed by the mortgage, a document identified as a “promissory note” is also signed, in no way detracts from the relationship of the obligation with the open-ended mortgage, nor does it impede its operability, as long as the consumer has freely and in an informed manner consented to the backing of the debt with the security interest in question. All in accordance with the fundamental right to information and security of consumers of financial products, established in numeral 46 of the Magna Carta, as well as in Article 32, subsection c, of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense. Eventually, it could be discussed whether the so-called promissory note, as such, contains or does not contain an unconditional, pure, and simple promise to pay, under the terms of Articles 799 and 800 of the Commercial Code. However, what is relevant for this litigation is that both parties agreed to the granting of a credit transaction backed by the open-ended mortgage, with its specific conditions duly established, in accordance with its nature, as already explained, which the plaintiff has not managed to disprove in this litigation. From that standpoint, there is no plausible reason to decree that the open-ended mortgage consented to by the plaintiff does not mature until the year 2039. Nor is there any defect in what the parties agreed upon, nor is a violation of the regulations invoked in the appeal evident, as it is clear that what was agreed fully corresponds with the nature of the open-ended mortgage, for which clear and explicit stipulations were established in the constitutive act of the guarantee, the content and scope of which the plaintiff and debtor cannot now ignore. In doing so, it is clear that she assumes a stance contrary to the duties of contractual good faith. At bottom, what is perceived is an attempt to evade the legal consequences of a contractual breach, which constitutes an abusive stance that the legal operator cannot foster (canons 20 and 22 of the Civil Code). In the same sense, consult decision of the First Chamber of the Court no. 948-F-S1-2022 of 08 hours 12 minutes of May 5, 2022.

"VI. Ya antes se hizo referencia al criterio del a quo. En lo que ahora interesa, cabe tener en cuenta que, para las personas juzgadoras que lo integran, la hipoteca abierta objeto de debate no carece de los elementos necesarios para su ejecución anticipada, pues las partes suscriptoras del contrato de garantía real aludido, establecieron que la misma sería ejecutable, en caso de que se incumplieran los pagos de las obligaciones garantizadas, en los términos que se establecieran en estos. Así, el hecho de que el crédito garantizado contara con una detallada descripción de las cuotas, montos y demás condiciones crediticias, permitía la operatividad de la garantía. No obstante, el recurrente discrepa de esa postura, pues estima que todos y cada uno de los elementos del crédito garantizado deben estar inscritos, para que queden cubiertos por el gravamen de respaldo en mención. Ya este órgano ha tenido oportunidad de referirse sobre el mismo tema traído a colación. Tal como se ha hecho en otras ocasiones, resulta imprescindible, en primer término, realizar una referencia al instituto de la hipoteca abierta, entendida esta como un tipo especial de derecho real de garantía. En ese orden de ideas, su regulación legal se encuentra en el canon 414 del Código Civil, norma que se ubica en el Libro II (“De los Bienes y de la Extensión y Modificaciones de la Propiedad”), Título VI (“De la Hipoteca y de la Prenda”), Capítulo I (“De la Hipoteca”), de ese cuerpo normativo. Su texto es el siguiente: “Constituida hipoteca por un crédito abierto con limitación de suma, garantiza las cantidades entregadas en cualquier tiempo y para diversos fines, siempre que no excedan de la suma prefijada. Cualquier pago que efectúe el deudor, automáticamente creará disponibilidad para ser utilizada de la forma que lo convengan las partes”. Ahora bien, como se ve, se trata de una suerte particular de hipoteca, pues, en este caso, la garantía puede respaldar una pluralidad de “cantidades entregadas en cualquier tiempo y para diversos fines”. Es diáfano que la norma se refiere al respaldo hipotecario de diversos créditos, incluso posteriores a la constitución del gravamen. De lo contrario, la garantía abierta no tendría razón de ser, pues quedaría totalmente sujeta a una operación en particular y no a una cantidad indeterminada de financiamientos, como lo prevé la ley, los cuales pueden ser concedidos, incluso, para fines diversos. Ahora bien, la lectura de ese mandato debe realizarse con atención a los parámetros hermenéuticos del canon 10 del Código Civil. Este, establece que: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”. En ese sentido, de cara a los planteamientos de la parte actora, resulta necesario determinar si es acorde con la finalidad - ratio legis - de la regulación de la hipoteca abierta, así como con la realidad social en la que esta es utilizada, entender que tanto la tasa de interés, como la modalidad de pago de los créditos garantizados, deben determinarse desde que se constituye la hipoteca abierta, o bien, inscribirse en el momento en que surge cada una de esas operaciones financieras que se pretenden respaldar con el gravamen aperturado sobre la finca garante. Para dar respuesta a tal interrogante, debe asociarse el instituto en cuestión a su utilización en el ámbito bancario nacional. Al efecto, el artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (o LOSBN en adelante), contempla, expresamente, “…la potestad de cada banco para operar y reglamentar las hipotecas que garanticen créditos abiertos, conforme a lo estipulado en el artículo 414 del Código Civil”. Este precepto es mencionado en el recurso. Sin embargo, es claro que el recurrente no le da su dimensión correcta, al relacionarlo a los cánones 409 y 465 del mismo código. El mandato bajo análisis, contempla la utilización de ese instrumento como una herramienta financiera que puede ser utilizada por los bancos que integran el Sistema Bancario Nacional, como lo es el Banco Nacional. No puede dejar de considerarse que las entidades financieras manejan diversas líneas de crédito, cada una de ellas con sus propias condiciones y finalidades, lo que constituye un hecho notorio en un contexto económico como el actual, donde una multiplicidad de organizaciones bancarias ofrece diferentes opciones de financiamiento para los muy variados propósitos que los agentes económicos pueden perseguir en el mercado. Así, por ejemplo, la clientela bancaria tiene acceso a productos financieros para compra y construcción de bienes inmobiliarios, adquisición de vehículos y otros bienes muebles, desarrollo de proyectos empresariales agrícolas, industriales, comerciales, turísticos o de cualquier otro giro (sean las prestatarias, micro, pequeñas, medianas o grandes empresas), refundición de otros créditos, uso discrecional, entre muchas otras opciones. Consecuente y lógicamente, son múltiples los factores que, de cara a cada una de las líneas ofertadas, son consideradas por la entidad financiera para determinar las tasas de interés aplicables, el plazo del financiamiento, la forma de pago, así como la periodicidad y monto de los abonos a capital e intereses. El artículo 130 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, establece lo siguiente: “El pago del principal, intereses, comisiones y otras cargas de los créditos concedidos por los Departamentos Hipotecarios, se pactará por cuotas fijas periódicas, pagaderas en períodos no inferiores a un mes ni mayores de un año, que comprenderán dichos pagos en forma proporcional conforme a las tablas matemáticas que para esos efectos calcularán los departamentos. A juicio de la Junta Directiva de cada banco, las cuotas se cobrarán por anticipado o bien por períodos vencidos. El deudor tendrá derecho a pagar anticipadamente el todo o parte de su deuda, pero los departamentos no estarán obligados a devolverle intereses, comisiones ni otras cargas que hubieren sido pagadas por anticipado”. Nótese, conforme a la normativa transcrita, los diferentes créditos hipotecarios cuentan con sus propias condiciones. Además, el artículo 128 de ese mismo cuerpo normativo contempla la potestad del Banco Central para fijar, cuando lo considere necesario: “(…) 1) Las tasas máximas de interés, comisión y otras cargas que pueden cobrar a sus deudores”. Del mismo modo, las tasas de interés que los bancos reconocen a sus inversionistas son, igualmente, variables en el tiempo (v.g., numerales 497 del Código de Comercio y 1163 del Código Civil). Así las cosas, es evidente que la interpretación de las regulaciones del sistema financiero, no puede llevarse a cabo sin tomar en cuenta el dinamismo propio del mercado y de las relaciones crediticias. Por ende, no encuentra el Tribunal razón alguna en los argumentos de la actora, en el tanto pretende que la hipoteca abierta sea concebida como un instituto rígido e inflexible, que deba ser modificada, a nivel registral, cada vez que sea utilizada como garantía de un crédito diverso, a pesar de que la misma ha sido estatuida como una herramienta que permite el financiamiento de diversos financiamientos y para fines igualmente variados, por parte de los bancos del Sistema Bancario Nacional. En línea con el criterio expuesto por el a quo, entonces, considera la Sala que esos elementos deben determinarse en los documentos que constituyan las operaciones garantizadas, como aconteció en la especie. De lo contrario, se insiste, la hipoteca abierta carecería, realmente, de la utilidad que tiene; pues quedaría limitada a una única operación, la que debería tener fijas, de una vez, condiciones únicas exigibles en todo el plazo. Es decir, la hipoteca no sería abierta, sino común. Tampoco tiene sentido exigir nuevas inscripciones conforme se vayan otorgando las cantidades que garantiza la hipoteca. Adviértase, la inscripción del gravamen satisface la publicidad registral que se requiere, a efectos de que la existencia de la afectación y de la relación existente entre el banco y su cliente, pueda ser de conocimiento público y de terceros interesados. Lo que propone el recurrente sería exactamente igual a que, cada vez que se otorgue un nuevo crédito, se modificara una hipoteca común. Evidentemente, la lógica de la hipoteca abierta facilita la relación económica y jurídica que establece el banco con su clientela, permitiendo a esta tener acceso a nuevos préstamos, sin tener que otorgar una nueva garantía, pues basta, a esos efectos, asociar el crédito a la que fue ya constituida y consentida para tal fin. Recuérdese que la publicidad registral es imprescindible para que un acto jurídico surta efectos frente a terceros; mas no así entre las partes (numeral 455 del Código Civil). De tal manera, si banco y consumidor acuerdan asociar alguna de sus operaciones a una garantía abierta, no hay óbice alguno para que esta sea utilizada. Tampoco se lesionan los intereses de terceros, pues la publicidad registral les avisa, precisamente, que existe un gravamen preferente, el que responde hasta por un monto determinado, en la escritura constitutiva. En este caso, por setecientos mil dólares (hecho probado primero). En ese orden de ideas, quien tuviese interés en adquirir algún derecho sobre el bien, sabe de la existencia de una garantía de esa índole. Por esa misma razón, no resulta tampoco de recibo el argumento expuesto por el actor, al decir que se ha concedido a la costumbre un valor superior a la ley, pues la práctica de respaldar, con una misma hipoteca abierta, créditos que se plasmen en documentos aparte, en los que se fijan sus diversas condiciones específicas, en aspectos tales como las tasas de interés, monto y frecuencia de los pagos parciales, no es, en modo alguno, contraria a la ley. Por el contrario, la práctica consuetudinaria bancaria constituye una fuente legítima del derecho mercantil y bancario, que complementa la regulación comentada. Lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Código de Comercio, en el que se dispone lo siguiente al respecto: “Las costumbres mercantiles servirán no sólo para suplir el silencio de la ley, sino también como regla para apreciar el sentido de las palabras o términos técnicos del comercio usados en los actos o contratos mercantiles”. Vale acotar que, aunque el recurrente intenta desconocer la relación de este asunto con las normas del Código de Comercio, es evidente que se equivoca. La actividad bancaria es, ante todo, mercantil. De hecho, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, se refiere a los “bancos comerciales del Estado”. De tal manera, resulta imposible disociar, como lo quiere el recurrente, las normas, principios y fuentes del Derecho Mercantil, con la operatividad de la hipoteca abierta, aún y cuando esta se regula en el Código Civil. Lo que busca el casacionista es que se haga prevalecer una tesis meramente formalista, sobre la inscripción de la hipoteca, con total independencia del contexto de su aplicación, lo que es contrario a los parámetros exegéticos y hermenéuticos contenidos en el cardinal 10 ibídem. Dicho sea de paso, el propio Código de Comercio permite la aplicación de las regulaciones del Código Civil, en el tanto sea necesario para dar respuesta a las cuestiones que no regule expresamente el Código Mercantil (numeral 2 ibidem), como lo es la utilización de la hipoteca para garantizar operaciones mercantiles, aunado a la previsión expresa del ordinal 64 de la LOSBN. Finalmente, debe decirse, no es cierto que el contrato de constitución de la garantía hipotecaria no cuente con regulaciones referentes a aspectos tales como la tasa de interés, condiciones del pago y vencimiento anticipado. Lo que ocurre es que estas se ajustan, precisamente, a la naturaleza de la hipoteca abierta pues, si bien contienen una programación al respecto, esta no determina, definitivamente, las condiciones de cada operación, sino que prevé que, en cada caso, deberán definirse, en los documentos correspondientes. Al respecto, resulta oportuno transcribir algunas de las estipulaciones contractuales. Conforme al hecho probado segundo, no desmentido, en el contrato se lee, en lo que ahora interesa, lo siguiente: “B) REINTEGRO: El deudor acepta que para cada operación que se constituya a amparo de la presente Hipoteca Abierta, el reintegro se realizará de acuerdo a la forma pactada con el cliente, en función de la actividad a financiar y el plan de Inversión, ya sea mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, de igual manera el plazo. Las amortizaciones crean disponibilidad inmediata para ser nuevamente utilizado, en la forma convenida entre las partes. El no pago de los préstamos garantizados con esta hipoteca abierta o de los intereses en la forma originalmente pactada de una o varias operaciones darán por vencida y exigible la garantía hipotecaria que cubre la Hipoteca Abierta. EL DEUDOR ha sido informado y advertido y por consiguiente acepta, que los desembolsos de este crédito se realizarán conforme a la disponibilidad de fondos del Acreedor (...) C) PLAN DE INVERSIÓN: APERTURA DE HIPOTECA ABIERTA. Se podrán financiar todas las actividades y planes de inversión establecidos en la normativa crediticia del Banco Nacional, para solventar la necesidad de recursos del solicitante según se pacta en cada préstamo garantizado con esta hipoteca abierta. D) DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO: El desembolso será para cada operación derivada de acuerdo con la actividad a financiar, el plan de inversión y conforme a la práctica usual del Banco. (...) TASA DE INTERÉS: El deudor acepta que los intereses corrientes serán los que rijan para cada tipo de préstamo, vigente a la fecha de formalización para la actividad que se está financiando y de acuerdo con el tipo de moneda. Será revisada y ajustable mensualmente, pagadera en forma anticipada o en la forma que lo estipule el producto crediticio. (...) G) INTERESES MORATORIOS: El deudor reconoce intereses moratorios al mismo tipo de los intereses corrientes de cada crédito derivado, más dos puntos porcentuales, calculados sobre el monto del abono retrasado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo setenta de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.(...) L) GARANTÍA: (...) que en garantía de pago de los préstamos que se aprueben y formalicen para cada caso, sus intereses corrientes y moratorios a los tipos indicados, gastos de cuido, gastos por concepto de pólizas, gastos correspondientes a la gestión cobratoria, ambas costas de la eventual ejecución y todos los otros gastos en los que incurra el acreedor para el cobro del Crédito (sic) y el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven de cualquier operación otorgada al amparo de este crédito se constituye a favor del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA HIPOTECA ABIERTA DE PRIMER GRADO durante el plazo convenido sobre los siguientes inmuebles del Partido de Puntarenas: I) matrícula de folio real número SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES- CERO CERO CERO (...) Con una responsabilidad legal a inscribir de TRESCIENTOS MIL DÓLARES. II) Matrícula de Folio Real número CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS- CERO CERO CERO (...) Con una responsabilidad legal a inscribir de CUATROCIENTOS MIL DÓLARES. I (…) Q) VENCIMIENTO ANTICIPADO: Además de las situaciones que se mencionan en esta escritura, el Acreedor podrá tener por vencida y exigible anticipadamente la totalidad de la deuda; lo cual el deudor acepta de manera expresa e irrevocable; en los casos: (...) d) Si el deudor deja de pagar un crédito o los intereses o cualquier suma que debiere pagar al amparo de los respectivos documentos (...) el Acreedor con su solo dicho, podrá tener por vencida y exigible ejecutivamente la obligación y exigir su total e inmediata cancelación de conformidad con lo establecido en los artículos cuatrocientos veinte del Código de Comercio y setenta de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, por la vía que considere conveniente, sin que sean necesarios requerimientos ni otros requisitos previos. T) OTRAS OBLIGACIONES GENERALES: (...) b) Para cada subpréstamo derivado del Crédito, se deberá realizar un contrato mercantil con las condiciones crediticias del producto vigente al momento de la formalización, como son, el monto del subpréstamo, plazo, forma de pago, forma de entrega, plan de inversión intereses, comisiones, entre otros, contratos mercantiles que se tendrán por incorporados al presente documento hipotecario para todos los efectos legales. c) El deudor se compromete a cumplir incondicionalmente todas las cláusulas y términos especificados para cada préstamo y en caso de incumplimiento de cualquiera de ellas, se dará por vencida la totalidad de las operaciones amparadas con esta hipoteca abierta y se exigirá la cancelación total de las mismas. d) La falta de pago de cualquier cuota de uno de todos los préstamos amparados en esta hipoteca abierta o de los intereses, comisiones o cualquiera otros montos que deban cancelar el deudor hará exigible la totalidad del Crédito por parte del acreedor. e) Este Crédito Abierto se otorga bajo la modalidad de Hipoteca Abierta, siendo el caso que el deudor podrá hacer uso del mismo ajustándose al respectivo proyecto de inversión aprobado en cada caso a simple criterio de las instituciones acreedoras". Nótese, es evidente que el título hipotecario sí cuenta con estipulaciones claras, acordes a su naturaleza, sobre los intereses, condiciones de los pagos y causales de vencimiento anticipado. La programación fue totalmente clara. Sería, en cada operación ligada a la hipoteca, que se fijarían esas características particulares. Para ello, se estableció, con total claridad, que deberían otorgarse los contratos mercantiles respectivos, mismos que se tendrían por incorporados a la hipoteca abierta. Nótese, además, que las partes acordaron que, ante el incumplimiento del deudor, el acreedor podría dar por vencido anticipadamente el plazo y exigir la cancelación total del crédito, “de conformidad con lo establecido en los artículos cuatrocientos veinte del Código de Comercio y setenta de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional”. Estos últimos preceptos, precisamente, contemplan el vencimiento anticipado de este tipo de obligaciones (pagaderas a tractos) ante el impago de una o más cuotas del crédito, en los ámbitos mercantil y financiero. Por ende, se descarta, igualmente, cualquier falta de previsión o ilegitimidad, en lo concerniente al vencimiento anticipado de la hipoteca en caso de impago de las operaciones garantizadas.

VII.También es menester dar respuesta a lo expuesto por el casacionista, al argüir que la hipoteca tiene una vía privilegiada de ejecución, de la que no gozan los contratos mercantiles no inscritos. Tampoco lleva razón en ello. Cabe reconocer que el numeral 166 del Código Procesal Civil, establece la procedencia del proceso de ejecución hipotecaria y prendaria, en los siguientes términos: “Las hipotecas comunes y de cédula, así como la prenda debidamente inscritas, constituyen títulos de ejecución con renuncia de trámites para hacer efectivo el privilegio sobre lo gravado o, en su caso, sobre la suma del seguro, así como para hacer efectivas todas las garantías personales, las cuales se entenderán limitadas al saldo en descubierto”. Por otra parte, el proceso monitorio es la vía prevista legalmente para el cobro de un título valor como lo es un pagaré, en el tanto contiene una obligación dineraria, líquida y exigible, respaldada documentalmente. Así lo regula el artículo 110.1 del Código Procesal Civil. Ahora bien, el artículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, prevé la existencia de garantías “principales o adicionales”. Consecuentemente, no hay impedimento legal alguno para que una misma operación cuente con garantías de diferente naturaleza, como lo es un pagaré y una hipoteca. Por ende, verificado el incumplimiento de la obligación garantizada con garantía real, no hay razón alguna para desconocer la exigibilidad de esta, por la vía legal correspondiente. Desde esa óptica, el hecho de que, con ocasión de los créditos respaldados por la hipoteca, se suscriba, además, un documento identificado como “pagaré”, en nada desvirtúa la relación de la obligación con la hipoteca abierta, ni impide la operatividad de esta, mientras la persona consumidora haya consentido libremente y de manera informada, del respaldo de su deuda, con la garantía real de interés. Todo de conformidad con el derecho fundamental de información y seguridad de las personas consumidoras de productos financieros, establecido en el numeral 46 de la Carta Magna, así como en el artículo 32, inciso c, de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Eventualmente, podría discutirse si el denominado pagaré, como tal, contiene o no una promesa incondicional, pura y simple de pago, o no, en los términos de los artículos 799 y 800 del Código de Comercio. Empero, lo que es relevante, para esta lite, es que ambas partes hayan convenido en el otorgamiento de una operación crediticia respaldada por la hipoteca abierta, con sus condiciones específicas debidamente establecidas, de conformidad con su naturaleza, según ya se explicó, lo que no ha conseguido la parte actora desmentir en esta lite. Desde ese punto de vista, no hay ninguna razón plausible para decretar que la hipoteca abierta consentida por el accionante no vence sino hasta el año 2039. Tampoco hay vicio alguno en lo que acordaron las partes, ni se advierte una violación a la normativa invocada en el recurso, pues es claro que lo acordado guarda plena correspondencia con la naturaleza de la hipoteca abierta, para lo cual se establecieron estipulaciones claras y explícitas en el acto constitutivo de la garantía, cuyo contenido y alcances no puede desconocer ahora la parte actora y deudora. Al hacerlo, es claro, asume una postura contraria a los deberes de buena fe contractual. En el fondo, lo que se percibe es un intento de evadir las consecuencias legales de un incumplimiento contractual, lo que constituye una postura abusiva que el operador del Derecho no puede prohijar (cánones 20 y 22 del Código Civil). En idéntico sentido, consúltese la sentencia de la Sala Primera de la Corte no. 948-F-S1-2022 de las 08 horas 12 minutos del 05 de mayo de 2022.

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    • Código Civil Art. 414
    • Código Civil Art. 10
    • Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional Art. 64
    • Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional Art. 130
    • Código de Comercio Art. 4
    • Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional Art. 70
    • Código Procesal Civil Art. 166
    • Código de Comercio Art. 420

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