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Res. 00304-2006 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 29/03/2006
OutcomeResultado
The Agrarian Court affirms the lower court's judgment that rejected the plaintiff's claim to a better right of possession over a parcel within the Cabécar-Talamanca Indigenous Reserve, since the property is of a collective nature and governed by indigenous customary law.El Tribunal Agrario confirma la sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión del actor de un mejor derecho de posesión sobre un inmueble dentro de la Reserva Indígena Cabécar-Talamanca, al ser la propiedad de carácter colectivo y regirse por el derecho consuetudinario indígena.
SummaryResumen
The Agrarian Court resolves a possessory conflict between indigenous persons within the Cabécar-Talamanca Reserve. The plaintiff, Nicomedes Hidalgo Villanueva, claimed a superior right of possession over a parcel of land which, according to his complaint, was located outside the reserve, invoking rights acquired since 1972 and civil-law provisions on usucapion. The defendants and the Indigenous Development Association demonstrated that the parcel lies within the reserve. The Court characterizes the action as one for a better right of possession and develops an extensive analysis of the nature of indigenous agrarian property: an original, supraconstitutional, collective, and communal character governed by customary law, foreign to the liberal positive law. It emphasizes that indigenous possession is not measured by registered title but by communal possession according to family needs, and that the Association is the sole authority competent to distribute the land. Based on Indigenous Law 6172, ILO Convention 107, ILO Convention 169, and the jurisprudence of the Inter-American Court, the Court rejects all the appellant's grievances and affirms the lower court's judgment, denying his individual possessory claim over the communal land.El Tribunal Agrario resuelve un conflicto posesorio entre indígenas dentro de la Reserva Cabécar-Talamanca. El actor, Nicomedes Hidalgo Villanueva, reclamaba un mejor derecho de posesión sobre un inmueble que, según su demanda, estaba fuera de la reserva, invocando derechos adquiridos desde 1972 y normas civiles sobre usucapión. Los demandados y la Asociación de Desarrollo Indígena demostraron que el inmueble se halla dentro de la reserva. El Tribunal califica la acción como de mejor derecho de posesión y desarrolla un análisis extenso sobre la naturaleza de la propiedad agraria indígena: un carácter originario, supraconstitucional, colectivo y comunitario, regido por el derecho consuetudinario y ajeno al derecho positivo liberal. Se enfatiza que la posesión indígena no se mide por títulos registrales sino por la posesión comunitaria según las necesidades familiares, y que la Asociación es la única competente para distribuir la tierra. Con base en la Ley Indígena 6172, el Convenio 107 de la OIT, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el Tribunal rechaza todos los agravios del apelante y confirma la sentencia de primera instancia, negando su pretensión posesoria individual sobre el terreno comunal.
Key excerptExtracto clave
From all of the above, it is concluded that indigenous property and possession are governed by customary norms, and that the characteristics of this special type of agrarian property must be highlighted: First, the institution must be recognized as having an original character that is supra-legal and supra-constitutional, since it is recognized in International Human Rights Treaties, a character conferred by the Inter-American Court of Human Rights itself. Second, indigenous property is of a collective or communal nature; its ownership does not belong to an individual, but to a group. Third, it exists and is the fundamental basis of their culture, their spiritual life, and their economic subsistence. Fourth, the sense of belonging in indigenous property is not measured by a title—registered or not—but by possession of the land in a communal sense, with the community attending to the needs of each indigenous family, regardless of mere registry inscription. Fifth, the communal character of property makes conflicts and the disposition of indigenous communal property the competence of the community itself, in our case, through the Development Association, as the 'communal structure,' it being the competent authority to dispose of the possession of the land in order to guarantee access to it for all indigenous inhabitants, attending to the needs of each family unit. Sixth, in conflicts over indigenous property and possession, indigenous custom prevails, and in this case, that of enjoying collective agrarian property, over the positive law which is incompatible with that tradition, rendering the norms on individual rights enshrined in the positive legal system for the protection of individual property and possession inapplicable, since between indigenous persons the collective and distributive interest in property, according to the needs of each one, must prevail over purely individual interest.De todo lo anterior, se concluye, que la propiedad y la posesión indígena, se rige por las normas consuetudinarias, siendo que deben resaltarse las características de este tipo especial de propiedad agraria: En primer lugar, debe reconocerse en el instituto un carácter originario supralegal y supraconstitucional, pues es reconocido en los Tratados Internacionales de derechos humanos, y es un carácter que le otorga la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, la propiedad indígena es de carácter colectivo o comunitaria, la pertenencia de ésta no es de un individuo, sino de un grupo. En tercer lugar, ella existe y es la base fundamental, de su cultura, de su vida espiritual y de su subsistencia económica. En cuarto lugar, el sentido de pertenencia de la propiedad indígena no se mide por un título –inscrito o no-, sino por la posesión de la tierra en sentido comunitario, atendiendo la comunidad a las necesidades de cada familia indígena, independientemente de su mera inscripción registral. En quinto lugar, el carácter comunitario de la propiedad hace que los conflictos y la disposición de la propiedad comunitaria indígena sea competencia de la misma comunidad, en nuestro caso, a través de la Asociación de Desarrollo, como “estructura comunitaria”, siendo ella la competente para disponer de la posesión de la tierra a fin de garantizar el acceso a ella a todos los pobladores indígenas, atendiendo a las necesidades de cada núcleo familiar. En sexto lugar, en los conflictos de propiedad y posesión indígena, prevalece la costumbre indígena, y en este caso, la de gozar de una propiedad agraria colectiva, sobre el derecho positivo que es incompatible con dicha tradición, siendo inaplicables las normas sobre derechos individuales consagradas en el ordenamiento jurídico positivo para la tutela de la propiedad y la posesión individuales, pues entre indígenas deberá prevalecer el interés colectivo y distributivo de la propiedad, de acuerdo a las necesidades de cada uno, sobre el interés puramente individual.
Pull quotesCitas destacadas
"Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica."
"Indigenous people, by the fact of their very existence, have the right to live freely in their own territories; the close relationship that indigenous people maintain with the land must be recognized and understood as the fundamental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic survival."
Considerando IX, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica."
Considerando IX, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad."
"The customary law of indigenous peoples must be especially taken into account for the purposes at hand. As a product of custom, possession of the land should suffice for indigenous communities that lack a real title to the land to obtain official recognition of that property."
Considerando IX, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad."
Considerando IX, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"Entre indígenas deberá prevalecer el interés colectivo y distributivo de la propiedad, de acuerdo a las necesidades de cada uno, sobre el interés puramente individual."
"Between indigenous persons, the collective and distributive interest in property, according to the needs of each one, must prevail over purely individual interest."
Considerando X
"Entre indígenas deberá prevalecer el interés colectivo y distributivo de la propiedad, de acuerdo a las necesidades de cada uno, sobre el interés puramente individual."
Considerando X
"Los Tribunales agrarios no pueden negar protección jurisdiccional a los problemas de posesión indígena. Al contrario, deben tener una especial sensibilidad hacia dicho tipo de conflictos, he incluso conocer sus costumbres, para lograr de esa forma imponer el respeto que merecen los acuerdos pactados en sede administrativa."
"Agrarian courts cannot deny judicial protection to indigenous possession problems. On the contrary, they must have a special sensitivity toward this type of conflict, and even know their customs, in order to thus impose the respect that agreements reached at the administrative level deserve."
Considerando VIII
"Los Tribunales agrarios no pueden negar protección jurisdiccional a los problemas de posesión indígena. Al contrario, deben tener una especial sensibilidad hacia dicho tipo de conflictos, he incluso conocer sus costumbres, para lograr de esa forma imponer el respeto que merecen los acuerdos pactados en sede administrativa."
Considerando VIII
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III.The plaintiff's special judicial attorney (apoderado especial judicial), Licenciado Alvaro Montero Vega, filed an appeal arguing the following: 1.- His principal seeks to vindicate his right of possession (derecho de posesión), acquired on October 14, 1972, which was not registered at that time, and whose previous owner had held it for six years. 2.- When the indigenous territorial reserves were created, the plaintiff already had vested rights (derechos adquiridos) as a possessor (poseedor); therefore, those rights could not be taken from him by giving the Law retroactive effect, since the boundaries of the Reserve were established several years after its creation in 1977. 3.- The Ley Indígena No. 6172 established a procedure to resolve the problems of indigenous and non-indigenous possessors who had been left within the reserves; their improvements (mejoras) should be recognized and they should be relocated to areas outside the reserves — a solution that was never proposed to the plaintiff, who is himself an indigenous person, together with his family.
He argues that it is erroneous to ask him to prove his indigenous status, given that the Association itself affirms he is indigenous, as he appears with a recognized right as such to Lot No. 7, for which a sketch was attached to the answer to the complaint; furthermore, he finds it strange that, his aboriginal status never having been debated during the proceedings, it is raised at the time of sentencing. 4.- It is of paramount importance, he states, to determine whether a possessor of more than ten years who acquired the land when it was not registered has the right to defend his possession and bring a revindicatory action (acción reivindicatoria) before the courts, given that the Civil Code incorporated and enshrined principles from Roman doctrine on usucaption (usucapión) and French jurisprudence. He invokes Articles 316, 317, 318, 320, and 322 of the Code to support his revindicatory action as a possessor, arguing that to deny him the right to defend his claim through a revindicatory action would be to deny him the ability to exercise a right granted to him by the Civil Code and agrarian doctrine. 5.- The evidence submitted in the case file, he states, is clear and conclusive and demonstrates his right of possession prior to the creation of the Reserva Indígena; thus he has standing (personería activa) to bring suit, as he exercises peaceful, continuous, personal, and good-faith possession, and accordingly should be relieved of liability for court costs. 6.- He finds it strange that the a-quo "threw overboard" the judgment and the evidentiary assessment of an earlier ruling that was subsequently annulled; he therefore requests that the Tribunal take into account the proven and unproven facts of that prior decision, and in particular the assessment of the evidence. […]
V.The present action could be characterized as one of "better right of possession" (mejor derecho de posesión), as it involves a dispute between indigenous persons over the possession of a parcel located within the Reserva Indígena Cabécar de Talamanca. Although the complaint filed by Nicomedes Hidalgo Villanueva is styled as an "ordinary agrarian revindicatory action" (ordinario agrario de reivindicación), the complaint itself indicates that the property is unregistered, located outside the indigenous reserve, and bordering it to the North and West (see folios 8 and 9). The defendants, however, when filing their answer, indicate that said property forms part of the indigenous reserve and is registered in the name of the Association (see answer at folios 20 to 26), contending that the asset has not been properly identified. Accordingly, this is a matter in which indigenous possession (posesión indígena) is at issue — not title over the property, which by law belongs to the Association.
In that sense, it is not possible to determine to whom title over that parcel belongs; rather, the question is who holds legitimate possession over the disputed parcel (fundo), which is entirely proper in this ordinary proceeding, provided that the indigenous regulations enacted by our legislature are respected, as well as Customary Law (Derecho Consuetudinario), which, as will be seen, governs indigenous agrarian property (propiedad agraria indígena) as collective property (propiedad colectiva). In the following considerandos, an analysis of the jurisprudence on this subject will be undertaken in order to resolve the controversy at the heart of this litigation with more solid arguments and ones more closely grounded in Customary Law.
VI.Regarding the subject of indigenous property, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ruled as follows: "XII. The foregoing assertion has a strong historical and legal foundation — well known — which resulted in the registration in the Registro Público de la Propiedad of the Reserva Indígena Boruca-Térraba, a fact which, being of public interest, this Tribunal cannot in any way overlook. The Bruncas are located in the Southern Pacific zone, in what is known as Boruca Curré, in the same area as the Térrabas, who until the eighteenth century were settled in the Atlantic zone. The first regulation to address this situation is found in the Ley de Terrenos Baldíos number 13 of January 10, 1939, which provided in its Article 8 that '...there is hereby declared inalienable (inalienable) and the exclusive property of the indigenous peoples a prudential zone, at the discretion of the Executive Branch, in places where Tribes of such peoples exist, in order to preserve our autochthonous race and to free them from future injustices.' This provision, which could be understood as programmatic, was expanded by Decree number 45 of December 3, 1945, which created the Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación, whose primary function aimed at the protection of the lands of the indigenous peoples.
Shortly thereafter, by Executive Decree number 34 of November 15, 1956, the indigenous reserves of Boruca Térraba, Salitre Cabagra, and China Kichá were declared. By virtue of this regulatory framework, the Reserva Indígena Boruca Térraba was declared inalienable and the exclusive property of the indigenous peoples within the terms of the Ley de Terrenos Baldíos. These provisions acquired a rank even superior to ordinary statute law, pursuant to Article 7 of the Constitución Política, inasmuch as the Asamblea Legislativa, by Law number 2330 of April 9, 1959 (La Gaceta number 84 of April 17, 1959), ratified Convention number 107 of the International Labour Organization (Organización Internacional del Trabajo) concerning the 'Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations,' which, among other things, recognizes their legitimate right to hold under their dominion the lands of their property, whether individually or collectively, and provides that succession shall be governed by the customary principles of the peoples.
The Ley de Tierras y Colonización number 2825 of October 14, 1961 also incorporated a chapter on this subject with the aim of protecting those lands and the indigenous races. It was on the basis of this regulatory framework that, by Executive Decrees of 1996 — number 11 of April 2 and number 26 of November 12 — it was ordered that the three indigenous reserves created in 1956, one of them being Boruca Térraba, be registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, today the Instituto de Desarrollo Agrario. This means that this reserve is registered and enjoys legal protection with respect to the inalienability of its lands, even before the Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas number 5251 of July 11, 1973. The transitional provision of that latter law established that the Instituto de Tierras y Colonización would transfer the lands through the possessory information proceeding (información posesoria) to the indigenous peoples; this provision was later amended by Law number 5651 of December 13, 1974 to revert to the concepts of inalienability.
This also means that the Reserva Indígena Boruca Térraba had a special legal regime well before the State's action to legalize the situation of the indigenous reserves through Executive Decree number 5904-G of March 11, 1976 (applicable to those of Chirripó, Guaymí de Coto Brus, Estrella, Guatuso, and Talamanca) or Executive Decree number 6037-G of March 26, 1976 itself. The reserves acquired statutory rank under Article 1 of the Ley Indígena number 6712 of November 29, 1977, which expressly cited the constituent decrees, and received more detailed treatment through the Reglamento de la Ley Indígena, Executive Decree number 8487-G of April 26, 1978. The analysis of all of that regulatory framework goes beyond what is necessary to resolve the appeal in this case, but it does allow for a broader understanding of the property rights and rights of possession asserted..." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No. 223 of 15:30 hours of July 6, 1990. — Underlining not in the original —).
VII.This Tribunal, in a ruling on possessory disputes among indigenous persons, stated the following: "The Ley Indígena number six thousand one hundred seventy-two, published on December twentieth, nineteen hundred seventy-seven, establishes in its Articles 3, 4, and 5, among other things, the inalienable and imprescriptible (imprescriptible) character of the Indigenous Reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons, and they are expressly protected from invasions carried out by non-indigenous third parties within the reserves, as the competent authorities must immediately proceed to their eviction without payment of any compensation (Article 5, second paragraph). Furthermore, the Reglamento a la Ley Indígena, Executive Decree Number eight thousand four hundred eighty-seven-G of April twenty-sixth, nineteen hundred seventy-eight, in its Article 10 provides that 'In order to guarantee the rights regulated under Articles 3 and 5 of the Law, the President of the Asociación de Desarrollo Integral shall appear, either personally or through an attorney or delegate, as expeditiously as possible after the infringement has occurred, accompanied by the certification showing the registration of the Reserve, to bring, before the competent official, the corresponding legal action.' As we can see, neither the Law nor the Reglamento establishes protection of the reserves or of indigenous possessions against invasions carried out by indigenous persons themselves; conflicts among indigenous persons are normally resolved administratively through the relevant Association, which is responsible for granting 'concessions' (concesiones) or rights of possession to each indigenous person or family group according to their needs.
The Association, in cases of dispute, summons the parties to an oral hearing and endeavors to resolve the conflict internally, imposing warnings on the offender; however, said body does not have coercive measures with which to suppress offenses by repeat indigenous offenders, and for that reason such matters must ultimately be brought before ordinary jurisdictional bodies for resolution... It is evident that in our country, the majority of indigenous populations have reached a fairly advanced level of cultural development, and their current organizational structure through Asociaciones de Desarrollo seeks to resolve conflicts internally, with recourse to the repressive mechanism of the courts — which in any case are bound to comply with the provisions of the aforementioned international conventions — reserved only for extreme cases, such as, we repeat, the present one." (Tribunal Agrario, No. 107 of 10 hours 20 minutes of February 16, 1994).
VIII.With regard to the validity of agreements reached by indigenous communities on matters of agrarian possession (posesión agraria), it has also been stated: "The Tribunales Agrarios cannot deny jurisdictional protection to indigenous possession disputes. On the contrary, they must exercise particular sensitivity toward such conflicts, and even come to know the communities' customs, so as to impose respect for the agreements reached through administrative proceedings (sede administrativa). Although the regime governing indigenous agrarian property (propiedad agraria indígena) is an exception in terms of collective property (propiedad colectiva), it is not possible to ignore the legitimate possession exercised in our country by each indigenous family. Therefore, if an administrative solution has not been reached through the Asociación or through the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, or if, having been reached, the agreements are disregarded, the Tribunales Agrarios shall ultimately be obligated to restore the corresponding rights, in order to provide the indigenous community with protection suited to its cultural forms.
In the present case, it is clearly established that the plaintiff Roselía Rojas Morales and her husband exercised legitimate possession over the disputed land, which they had dedicated to forest reserves. (Tribunal Agrario, Voto No. 429 de las 15:30 horas del 24 de julio de 1997). This interpretation by the Tribunal Agrario regarding the substantive rules governing indigenous agrarian property, as a special form of property, finds full support in constitutional jurisprudence that recognizes the administrative powers of local indigenous governments, in the form of Asociaciones, to make the decisions necessary for the defense of their rights. Otherwise, "…the fundamental right of indigenous peoples to have their own representative bodies and to act autonomously in the defense of their rights would be disregarded…" (Sala Constitucional, No. 2005-06856, de las 10:02 horas del 1 de junio del 2005).
Our constitutional jurisprudence thereby recognizes a superior hierarchy for international conventions, such as ILO Convention No. 169 (Ley 7316 del 3 de noviembre de 1992), which confer an even higher degree of protection on indigenous persons—that is, an "elevated level of protection" with respect to those human rights set forth in the Constitution itself—and which therefore demand that ordinary courts respect the decisions derived from the communities themselves and their representatives through custom and the self-determination of those indigenous peoples.
IX.In addition to the foregoing, it is appropriate to analyze the domestic legal framework in light of the human rights jurisprudence on indigenous peoples issued by the Inter-American Court of Human Rights. In the judgment of August 31, 2001 (Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingny Community v. Nicaragua), the following was stated, insofar as it is relevant to this case: "146. The terms of an international human rights treaty have an autonomous meaning and therefore cannot be equated with the meaning attributed to them in domestic law. Moreover, such human rights treaties are living instruments whose interpretation must be adapted to the evolution of the times and, in particular, to current living conditions. 147. In turn, Article 29(b) of the Convention provides that no provision may be interpreted so as to 'limit the enjoyment and exercise of any right or freedom that may be recognized in accordance with the laws of any of the States Parties or in accordance with another convention to which one of said States is a party.' 148.
Through an evolutive interpretation of international human rights protection instruments, taking into account the applicable rules of interpretation and in accordance with Article 29(b) of the Convention—which prohibits a restrictive interpretation of rights—this Court considers that Article 21 of the Convention protects the right to property in a sense that encompasses, among others, the rights of members of indigenous communities within the framework of communal property (propiedad comunal), which is also recognized in the Political Constitution of Nicaragua. 149. Given the characteristics of the present case, it is necessary to make certain clarifications regarding the concept of property within indigenous communities. Among indigenous peoples there is a communal tradition concerning a collective communal form of land ownership, in the sense that belonging to the land is not centered on the individual but on the group and its community.
Indigenous peoples, by virtue of their very existence, have the right to live freely on their own territories; the close relationship that indigenous peoples maintain with the land must be recognized and understood as the fundamental basis of their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic survival. For indigenous communities the relationship with the land is not merely a matter of possession and production but a material and spiritual element of which they must fully partake, including in order to preserve their cultural heritage and transmit it to future generations…151. The customary law (derecho consuetudinario) of indigenous peoples must be given special consideration for these purposes. As a product of custom, possession of land should suffice for indigenous communities that lack a formal title (título real) over land to obtain official recognition of that property and the consequent registration…" (Underlining not in the original).
X.From all of the foregoing, it is concluded that indigenous property and possession are governed by customary rules, and that the characteristics of this special form of indigenous agrarian property must be highlighted: First, the institution must be recognized as having an original supra-legal and supra-constitutional (supralegal y supraconstitucional) character, since it is recognized in international human rights treaties and has been accorded that character by the Inter-American Court of Human Rights itself. Second, indigenous property is collective or communal in nature; ownership does not vest in an individual but in a group. Third, it exists and constitutes the fundamental basis of the community's culture, spiritual life, and economic subsistence. Fourth, the sense of belonging inherent in indigenous property is not measured by a title—whether registered or not—but by possession of the land in the communal sense, with the community attending to the needs of each indigenous family regardless of formal registration.
Fifth, the communal character of the property means that disputes over, and the disposition of, communal indigenous property fall within the competence of the community itself—in our case, through the Asociación de Desarrollo, as the "community structure"—which has authority to determine possession of the land in order to guarantee access to it for all indigenous inhabitants, attending to the needs of each family unit. Sixth, in disputes over indigenous property and possession, indigenous custom prevails—in this case, the custom of enjoying collective agrarian property—over positive law (derecho positivo) that is incompatible with that tradition; the rules on individual rights enshrined in the positive legal order (ordenamiento jurídico positivo) for the protection of individual property and possession are inapplicable, because among indigenous peoples the collective and distributive interest in property, according to the needs of each member, must prevail over purely individual interests.
Therefore, since the essential core of collective indigenous property is group or communal ownership (titularidad grupal o comunitaria) of the land, the right to possess, occupy, and use the land is inherent to the self-conception of indigenous peoples, and it is the local community, the tribe, the nation, or the group of indigenous people to whom that right is conferred.
XI.In countries where indigenous communities and peoples with their own identity exist, as in ours, it is necessary to establish which systems of authority, norms, and procedures govern their social life and resolve their conflicts, since as a general rule these differ from the state order regulated by positive law. Customary law is normally characterized by the following elements: a) the existence of norms, usages, and customs; b) the authorities and collective bodies entrusted with administering justice; and c) the existence of its own methods of conflict resolution. In other words, it constitutes an entire legal system that enables the collectivity to resolve conflicts internally, within the sphere in which it operates and where the authority's influence reaches in relation to the individual's membership in the social group. That is to say, customary law is based on a long tradition of practices validated within a specific cultural context, with a holistic vision, and it is administered by authorities appointed by the community itself.
Indigenous community justice (justicia comunitaria indígena) normally has more local and direct mechanisms, an oral and flexible procedure that is not necessarily equitable, with internal conflicts being resolved through arrangements aimed at maintaining community peace. In short, the main actor in customary law is the community, which, through its collective and consensual sentiment, prevails over individual authority.
XII.The grounds of appeal (agravios) of the appellant (recurrente) are thus examined in light of what has been set forth above. As to the first ground of appeal, since indigenous agrarian property (propiedad agraria indígena) is communal in character, any acquisition by non-indigenous persons, or among indigenous persons without authorization from the community itself through a private sale (compraventa privada), is null and void and illegal, as it runs contrary to the very nature of the right, it being a communal asset (bien comunitario); for it is entirely possible that through an individual transaction the collective interests of the community may be harmed. By the year 1972, even though indigenous property is, as stated, originary to ancestral peoples, a large number of laws and decrees had already been enacted in Costa Rica, as well as ILO Convention 107, all of which recognized indigenous property as communal property (propiedad comunitaria).
The Ley Indígena 6172 did nothing other than ratify all of the foregoing, expressly stating in its Article 3: "Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer (traspaso) or negotiation of lands or improvements (mejoras) thereon within the indigenous reserves (reservas indígenas), between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null and void…The reserves shall be governed by indigenous persons through their traditional community structures…" In the case at hand, the plaintiff (actor) maintained in his complaint (demanda) that the real property (inmueble) subject to restitution (restitución) was located outside the indigenous reserve, stating that it bordered it to the north and to the west, which proved to be neither true nor demonstrated. On the contrary, it was determined that the real property in the possession of the defendants and of the Association (Asociación) is located within the Reserva Cabécar-Talamanca; accordingly, given that there is no identity of the asset and that it is situated within an indigenous reserve, it may be concluded that this is a case involving originary indigenous agrarian property of a collective character, over which no individual right of ownership or possession may be claimed to the detriment of the community to which it belongs.
Second, as stated, the plaintiff could not invoke "prior" rights acquired before the Ley Indígena or before the creation of the reserves themselves, since what such legislation produced was a mere "legal recognition," given that the title to property (título de propiedad) is originary and corresponds to the demands, cultural lifestyle, spiritual life, and economic subsistence needs of the indigenous population.
Third, in this ground of appeal the appellant raises a matter of fundamental importance to customary law (derecho consuetudinario), namely that the law established a procedure for resolving the problems of indigenous and non-indigenous occupants (poseedores), and that their improvements should be recognized. The ground of appeal is contradictory, for on the one hand the appellant claims to be indigenous, and on the other he claims compensation (to which he might be entitled as a non-indigenous person). Note that the Law excludes, and omitted any reference to, compensation for improvements in favor of an indigenous person, and this is precisely due to the very essence and characteristic nature of indigenous agrarian property as property of the entire community; moreover, the appellant acknowledges that the Association has granted or awarded him lote No. 7, so that even if his argument were valid, the truth is that the Association—the community—has also taken steps to address his territorial needs. In light of the foregoing, the discussion regarding the plaintiff's indigenous status becomes moot, since both the Association itself and the plaintiff acknowledge such status.
Fourth, it is absolutely inconceivable to pit against this a purported individual "right of possession," exclusive and absolute in character, which corresponds instead to a liberal positive-law conception derived from the French Civil Code (Código Civil francés), and to attempt to derive from it a possible individual "adverse possession (usucapión)," since, as has been stated, this is entirely foreign to the institutions and customs of indigenous agrarian property law as collective property, wherein the doctrine of individual adverse possession to the detriment of collective property could not be recognized. This would amount to placing positive law above customary law, in open violation of the International Treaties recognized by Costa Rica.
Fifth, while it is true that the plaintiff submitted a title by which he acquired possession of a parcel of more than two hundred hectares, as stated, the identity of the asset has not been demonstrated, for, as explained, the lands in dispute are located within the Reserva Indígena (see folios 27 to 30 and the judicial inspection (reconocimiento judicial) at folios 81 and 82), and therefore belong to the Community, the Association being the sole body responsible, as the community's representative, for carrying out the distribution of land for its use and enjoyment; consequently, there is no basis for exempting the plaintiff from costs (costas), given that he sought to claim title to a communal asset (Article 55 of the Ley de Jurisdicción Agraria). Finally, as to the sixth ground of appeal, it must be noted that the court a quo (a-quo), by virtue of the principle of judicial independence, was free to assess the evidence and render its own judgment in the specific case; its reasoning, while adhering solely to positive law, is correct insofar as it holds that the asset in question is communal property.
XIII.For all the reasons set forth above, the appellant having no merit in his grounds of appeal, the appealed judgment is hereby confirmed.
"III.- El apoderado especial judicial del actor, licenciado Alvaro Montero Vega interpuso recurso de apelación argumentando lo siguiente: 1.- Su poderdante pretende reivindicar su derecho de posesión, adquirido el 14 de octubre de 1972 y el cual no estaba inscrito para esa fecha, siendo que su anterior dueña lo poseyó por seis años. 2.- Cuando se crearon las reservas territoriales indígenas, ya el actor tenía derechos adquiridos como poseedor, por lo cual no se podría arrebatar dando efectos retroactivos a la Ley, siendo que los linderos de la Reserva fueron establecidos varios años después de su creación en 1977. 3.- La Ley Indígena No. 6172 estableció un procedimiento para resolver los problemas de los poseedores indígenas y no indígenas que hubieren quedado dentro de las reservas, y se deberían reconocer sus mejoras y reubicarlos en zonas fuera de ellas, siendo que al actor nunca se le propuso esa solución, siendo él y su familia indígena.
Aduce es erróneo se le pida demostrar su condición de tal, en cuanto la misma Asociación afirma es indígena, pues aparece con un derecho como tal al lote No. 7, del cual se adjuntó un croquis en la contestación; además, dice, le resulta extraño que no habiéndose debatido su condición aborigen, se traiga al dictar sentencia. 4.- Es de sumo interés, dice, definir si un poseedor de más de diez años, que adquirió esos terrenos cuando no se encontraban inscritos, tiene derecho a defender su posesión y recurrir a los tribunales a plantear una acción reivindicatoria, siendo que el Código Civil recogió y plasmó preceptos de la doctrina romana sobre la usucapión y la jurisprudencia francesa. Invoca los artículos 316, 317, 318, 320 y 322 del Código, para sostener su acción reivindicatoria como poseedor, pues negarle a defender su derecho a la acción reivindicatoria sería negarle la posibilidad de ejercitar un derecho que el Código Civil y la doctrina agraria le otorgan. 5.- La prueba aportada a los autos, dice, es clara y contundente y demuestra su derecho de posesión anterior a la creación de la Reserva Indígena, de ahí que tenga personería activa para demandar, al ejercer una posesión pacífica, continua, personal, de buena fe, siendo que debería absolverse del pago de costas del proceso. 6.- Le resulta extraño que el a-quo haya “echado por la borda” la sentencia y la apreciación de la prueba de la misma dictada con antelación y que fue anulada, por lo cual se pide al Tribunal tome en cuenta los hechos probados y no probados de dicho fallo, en particular la apreciación de la prueba. […]
V.La presente acción podría calificarse como “de mejor derecho de posesión”, pues se trata de un conflicto entre indígenas que disputan la posesión de una parcela ubicada dentro de la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca. Si bien es cierto, la demanda de Nicomedes Hidalgo Villanueva se titula como “ordinario agrario de reivindicación”, en la misma demanda se indica el inmueble está sin inscribir, ubicado fuera de la reserva indígena y colindante con ésta por el Norte y por el Oeste (ver folios 8 y 9). Los demandados, sin embargo, al contestar, indican que dicho inmueble, forma parte de la reserva indígena, y está inscrito a nombre de la Asociación (ver contestación de folios 20 a 26), reclamando la falta de identidad del bien. En consecuencia, es un problema en el cual se discute la posesión indígena, y no la titularidad sobre el bien, que por ley le corresponde a la Asociación. En ese sentido, no es posible entrar a discutir a quien corresponde la titularidad sobre esa parcela, sino a quien le corresponde la posesión legítima sobre el fundo en conflicto, lo cual es perfectamente posible en esta vía ordinaria, siempre y cuando se respete la normativa indígena dictada por nuestro legislador, así como el Derecho Consuetudinario que, como se verá, rige la propiedad agraria indígena como propiedad colectiva.
En los próximos considerandos se hará un análisis de la Jurisprudencia vertida sobre el tema a fin de resolver la controversia objeto de esta litis con argumentos más sólidos y cercanos al Derecho Consuetudinario
VI.En relación con el tema de la propiedad indígena la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió: “XII. La afirmación anterior tiene un fuerte raigambre histórico y jurídico, muy conocido que dio como consecuencia la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la Reserva Indígena Boruca- Térraba, lo cual por ser de interés público, no puede en modo alguno soslayar este Tribunal. Los Bruncas, están ubicados en la zona del Pacífico Sur, en lo que se conoce como Boruca Curré en la misma zona que se hayan los térrabas que hasta el siglo XVIII estuvieron asentados en la zona atlántica. La primera normativa que hace referencia a esta situación se encuentra en la Ley de Terrenos Baldíos número 13 de 10 de enero de 1939 al establecer en su artículo 8 que "....se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde exista Tribus de éstos, a fin de que conserven nuestra raza autóctona y de liberarlos de futuras injusticias".
Esta norma, que pudiera entenderse, como prográmatica, fue ampliada por el Decreto número 45 de 3 de diciembre de 1945, al crear la Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación, cuya función básica tendía a la protección de las tierras de los aborígenes. Poco tiempo después, por Decreto Ejecutivo número 34 de 15 de noviembre de 1956 se declararon las reservas indígenas Boruca Térraba, Salitre Cabagra y China Kichá. En virtud de esta normativa la Reserva Indígena Boruca Terrába fue declarada inalienable, propiedad exclusiva de los indígenas en los términos de la Ley de Terrenos Baldíos. Estas disposiciones adquirieron rango superior incluso a la Ley, al tenor del artículo 7 de la Constitución Política, en cuanto la Asamblea Legislativa por Ley número 2330 del 9 de abril de 1959 ( La Gaceta número 84 de 17 de abril de 1959) aprobó el convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la "Protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales", el cual, entre otras cosas, les reconoce su legítimo derecho a tener bajo su dominio las tierras de su propiedad, sea ello en forma individual y colectiva y que la sucesión se regirá por los principios de las costumbres de los pueblos.
La Ley de Tierras y Colonización número 2825 de 14 de octubre de 1961 también incorporó un capítulo referido al tema con el objeto de proteger esas tierras y a las razas autóctonas. Fue a partir de esta normativa que por Decretos ejecutivos de 1996, número 11 del 2 de abril y número 26 de 12 de noviembre, se ordenó inscribir a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Agrario las tres reservas indígenas creadas en 1956, siendo una de ellas la Boruca Térraba. Lo anterior significa que esta reserva se encuentra inscrita y con protección legal en cuanto a la inalienabilidad de sus tierras, aún antes de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas número 5251 de 11 de julio de 1973. En esta última su transitorio estableció que el Instituto de Tierras y Colonización entregaría las tierras por medio del trámite de información posesoria a los indígenas, siendo luego reformado por la Ley número 5651 de 13 de diciembre de 1974 para regresar a los conceptos de la inalienalidad.
Esto quiere decir, también, que la Reserva Indígena Boruca Térraba tuvo un régimen especial mucho antes de la acción del Estado por legalizar la situación de las reservas indígenas a través del Decreto ejecutivo número 5904-G del 11 de marzo de 1976 ( para las del Chirripó, Guaymí de Coto Brus, Estrella, Guatuso y Talamanca) o el mismo Decreto ejecutivo número 6037-G del 26 de marzo de 1976. Las reservas adquieron rango legal por el artículo 1 de la Ley Indígena número 6712 del 29 de noviembre de 1977, al citarse expresamente los decretos constitutivos de ellas, para tener un tratamiento más detallado a través del Reglamento de la Ley Indígena, Decreto ejecutivo número 8487-G del 26 de abril de 1978. El análisis de toda esa normativa rebasa las necesidades requeridas por el caso para resolver el recurso, pero sí permite tener una visión más amplia en torno a los derechos de propiedad y posesión alegados.."(Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No.223 de las 15:30 horas del 6 de julio de 1990. – Lo subrayado no es original-).
VII.Este Tribunal, en un fallo sobre conflictos posesorios entre indígenas, señaló lo siguiente: "La Ley Indígena número seis mil ciento setenta y dos publicada el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y siete, establece en sus artículos 3, 4, y 5, entre otras cosas, el carácter inalienable e imprescriptible de las Reservas Indígenas. Los indígenas solo pueden negociar sus tierras con otros indígenas, y están protegidos expresamente de las invasiones que ejecuten terceros no indígenas sobre las reservas, pues de inmediato las autoridades competentes deben proceder a su desalojo sin pago de indemnización alguna (artículo 5 párrafo segundo). Además el Reglamento a la Ley Indígena Decreto Ejecutivo Número ocho mil cuatrocientos ochenta y siete-G de veintiséis de abril de mil novecientos setenta y ocho, en su artículo 10 dispone que "Para garantizar los derechos regulados en los artículos 3 y 5 de la Ley, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral comparecerá por sí o a través de su apoderado o delegado, a la mayor brevedad posible, después de producida la infracción, acompañando la certificación donde aparezca la inscripción de la Reserva, para incoar, ante el funcionario competente, la acción legal correspondiente." Como vemos, ni la Ley ni el Reglamento establecen la protección de las reservas o posesiones de los indígenas, por invasiones ejecutadas por ellos mismos; normalmente los conflictos entre indígenas, son solucionados administrativamente, a través de la Asociación respectiva, que es la encargada de otorgar "concesiones" o derechos de posesión a cada indígena o grupo familiar de acuerdo a sus necesidades.
La Asociación, en caso de discordia cita a las partes a una comparecencia oral y se procura solucionar internamente el conflicto, imponiéndosele advertencias al infractor, sin embargo, dicho Ente no goza de medidas coactivas con los cuales reprimir delitos de indígenas reincidentes; de ahí que en última instancia deban acudir a instancias Jurisdiccionales comunes para dar solución a los mismos...Es evidente que en nuestro país, la mayor parte de poblaciones indígenas, tienen un grado de evolución cultural bastante avanzado, y por su forma de organización actual, a través de Asociaciones de Desarrollo, se busca la solución de conflictos internamente, y solo en casos extremos -como, repetimos es el presente-, se acude a la vía represiva de los Tribunales, que en todo caso están obligados a acatar las disposiciones de los citados convenios internacionales."(Tribunal Agrario, No. 107 de las 10 horas 20 minutos del 16 de febrero de 1994).
VIII.En relación con la eficacia de los acuerdos tomados por las comunidades indígenas, sobre los temas de posesión agraria, también se ha indicado: “Los Tribunales agrarios no pueden negar protección jurisdiccional a los problemas de posesión indígena. Al contrario, deben tener una especial sensibilidad hacia dicho tipo de conflictos, he incluso conocer sus costumbres, para lograr de esa forma imponer el respeto que merecen los acuerdos pactados en sede administrativa. Si bien es cierto, el régimen de la propiedad agraria indígena es una excepción, en cuanto a la propiedad colectiva, no es posible desconocer la posesión legítima que ejercita en nuestro país cada familia indígena. Por ello si no se ha alcanzado una solución administrativa, a través de la Asociación o de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, o si habiéndose alcanzado, se irrespetan los acuerdos, los Tribunales Agrarios en última instancia deberán restablecer los derechos que correspondan, a fin de brindar a la Comunidad Indígena, una tutela adecuada a sus formas culturales.
En el presente caso, está claramente demostrada la posesión legítima que ejercía la actora Roselía Rojas Morales, y su esposo, sobre el terreno en conflicto, el cual lo tenían dedicado a reservas forestales. (Tribunal Agrario, Voto No. 429 de las 15:30 horas del 24 de julio de 1997). Esta interpretación del Tribunal Agrario referida a las normas sustantivas de la propiedad agraria indígena, como propiedad especial, encuentra perfecto respaldo en la jurisprudencia constitucional que reconoce las potestades administrativas de los gobiernos locales indígenas, bajo las figuras de las Asociaciones, a tomar las decisiones necesarias para la defensa de sus derechos. De lo contrario, “…se estaría desconociendo el derecho fundamental de los Indígenas a tener sus propios organismos representativos y a poder actuar en forma autónoma en la defensa de sus derechos…” (Sala Constitucional, No. 2005-06856, de las 10:02 horas del 1 de junio del 2005).
Reconoce de esa forma, nuestra jurisprudencia constitucional, una jerarquía superior a los Convenios Internacionales, tales como el de la OIT, No. 169 (Ley 7316 del 3 de noviembre de 1992), que otorgan inclusive un grado de tutela superior a las personas indígenas, es decir, un “nivel elevado de protección” respecto de aquellos derechos humanos contemplados en la propia Constitución Política, y que por ende exigen el respeto, en los Tribunales ordinarios, de las decisiones que por la vía de la costumbre y la autodeterminación de dichos pueblos indígenas se deriven de las propias comunidades y sus representantes.
IX.Aunado a lo anterior, conviene realizar un análisis de la normativa nacional, a la luz de la jurisprudencia sobre derechos humanos de los indígenas, emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la sentencia del 31 de agosto del 2001 (Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingny VS. Nicaragua), se señaló en lo que interesa para este caso lo siguiente: “146. Los términos de un tratado internacional de derechos humanos tienen sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se les atribuye en el derecho interno. Además, dichos tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos, y, en particular, a las condiciones de vida actuales. 147. A u vez, el artículo 29.b de la Convención establece que ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”. 148.
Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la Convención- que prohibe una interpretación restrictiva de los derechos-, esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua. 149. Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones respecto del concepto de propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad.
Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras…151. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro…” (Lo subrayado no es del original).
X.De todo lo anterior, se concluye, que la propiedad y la posesión indígena, se rige por las normas consuetudinarias, siendo que deben resaltarse las características de este tipo especial de propiedad agraria: En primer lugar, debe reconocerse en el instituto un carácter originario supralegal y supraconstitucional, pues es reconocido en los Tratados Internacionales de derechos humanos, y es un carácter que le otorga la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, la propiedad indígena es de carácter colectivo o comunitaria, la pertenencia de ésta no es de un individuo, sino de un grupo. En tercer lugar, ella existe y es la base fundamental, de su cultura, de su vida espiritual y de su subsistencia económica. En cuarto lugar, el sentido de pertenencia de la propiedad indígena no se mide por un título –inscrito o no-, sino por la posesión de la tierra en sentido comunitario, atendiendo la comunidad a las necesidades de cada familia indígena, independientemente de su mera inscripción registral.
En quinto lugar, el carácter comunitario de la propiedad hace que los conflictos y la disposición de la propiedad comunitaria indígena sea competencia de la misma comunidad, en nuestro caso, a través de la Asociación de Desarrollo, como “estructura comunitaria”, siendo ella la competente para disponer de la posesión de la tierra a fin de garantizar el acceso a ella a todos los pobladores indígenas, atendiendo a las necesidades de cada núcleo familiar. En sexto lugar, en los conflictos de propiedad y posesión indígena, prevalece la costumbre indígena, y en este caso, la de gozar de una propiedad agraria colectiva, sobre el derecho positivo que es incompatible con dicha tradición, siendo inaplicables las normas sobre derechos individuales consagradas en el ordenamiento jurídico positivo para la tutela de la propiedad y la posesión individuales, pues entre indígenas deberá prevalecer el interés colectivo y distributivo de la propiedad, de acuerdo a las necesidades de cada uno, sobre el interés puramente individual.
Por lo anterior, si el núcleo esencial de la propiedad colectiva indígena es la titularidad grupal o comunitaria sobre la tierra, ello hace que el derecho a poseer, ocupar y utilizar la tierra sea inherente a la idea de sí mismos que tienen los pueblos indígenas, siendo a la comunidad local, la tribu, la nación o el grupo de indígenas a quien se confiere ese derecho.
XI.En los países donde existen comunidades y pueblos indígenas con identidad propia, como el nuestro, se debe establecer cuáles sistemas de autoridades, normas y procedimientos regulan su vida social y resuelven sus conflictos, pues en principio son diferentes del orden estatal regulado por el Derecho positivo. El derecho consuetudinario normalmente se caracteriza por los siguientes elementos: a) la existencia de normas, usos y costumbres; b) las autoridades y órganos colectivos encargados de impartir justicia y, c) la existencia de propios métodos de solución de conflictos. Es decir, se trata de todo un sistema jurídico que permite a la colectividad resolver los conflictos internamente, dentro del ámbito en el que actúa y donde alcanza la influencia de la autoridad en relación con la pertenencia del individuo al grupo social. Es decir, el derecho consuetudinario se basa en una larga tradición de prácticas aprobadas en un contexto cultural determinado, con una visión global, y donde es administrado por las autoridades nombradas por la misma comunidad.
Normalmente, la justicia comunitaria indígena tiene mecanismos más locales y directos, un procedimiento oral y flexible que no necesariamente es equitativo, siendo que los conflictos de carácter interno se resuelve mediante arreglos tendientes a mantener la paz en comunidad. En síntesis, el actor principal del Derecho consuetudinario es la comunidad que con su sentir colectivo y consensuado se impone a la autoridad individual.
XII.Se ve, en consecuencia, los agravios del recurrente, a la luz de lo agraria indígena, de carácter comunitario, cualquier adquisición, de no indígenas o entre indígenas no autorizada por la propia comunidad mediante compraventa privada es nula e ilegal, pues está en contraposición de la propia naturaleza del derecho, al ser un bien comunitario, pues perfectamente puede ocurrir que mediante un negocio individual se afecten los intereses colectivos de la comunidad. Para el año 1972, aún cuando la propiedad indígena es como se expuso, originaria de los pueblos ancestrales, ya en Costa Rica se habían aprobado una gran cantidad de leyes y decretos, así como el Convenio 107 de la OIT, que reconocían la propiedad indígena como propiedad comunitaria. La Ley Indígena 6172 no hizo otra cosa que ratificar todo lo anterior, estableciendo expresamente en su artículo tercero: “Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas.
Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo…Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales…”. En el caso que nos ocupa, el actor sostuvo en su demanda, que el inmueble objeto de la restitución estaba ubicado fuera de la reserva indígena, indicando que colindaba con ella por el norte y por el oeste, lo cual no resultó real, ni demostrado. Por el contrario, se determinó que el inmueble poseído por los demandados, y por la Asociación, se encuentra ubicado dentro de la Reserva Cabécar-Talamanca, de ahí que al no existir identidad del bien, y estar el mismo ubicado en una reserva indígena, puede concluirse que se está en presencia de una propiedad agraria originaria y de carácter colectivo, no pudiendo reclamarse sobre ella ningún derecho de propiedad o de posesión individual en perjuicio de la comunidad de pertenencia.
En segundo lugar, como se ha indicado, el actor no podría invocar derechos “anteriores” adquiridos antes de la Ley Indígena, o la creación de las mismas reservas, pues lo que se produce con esto es un mero “reconocimiento legal”, siendo que el título de propiedad es originario y responde a la exigencia y estilo de cultura, vida espiritual y necesidades de subsistencia económica de la población indígena. En tercer lugar, en este agravio el recurrente plantea un aspecto de medular importancia para el derecho consuetudinario, cual es que la ley estableció un procedimiento para resolver los problemas de los poseedores indígenas y no indígenas, debiendo reconocerse sus mejoras. Es contradictorio el agravio, pues por un lado alega ser indígena, y por otro reclama una indemnización (a la cual podría tener derecho como no indígena). Véase que la Ley excluye, y omitió toda referencia a una indemnización de mejoras a favor de un indígena, y ello obedece justamente a la propia esencia y característica de la propiedad agraria indígena como propiedad de la entera comunidad; pero por otro lado, acepta que la Asociación le ha otorgado o adjudicado el lote No. 7, con lo cual aunque su argumento fuese válido, lo cierto es que la Asociación –comunidad- se ha preocupado también por solventar sus necesidades de territorio.
De lo anterior resulta inocua la discusión sobre el carácter indígena del actor, siendo que la misma Asociación y él mismo reconoce dicho carácter. En cuarto lugar, es absolutamente inconcebible contraponer un supuesto “derecho de posesión” individual, de carácter exclusivo y absoluto, que responde más bien a una concepción del derecho positivo liberal, derivado del Código Civil francés, y pretender derivar de él una eventual “usucapión” a título individual, pues como se ha indicado, ello es totalmente ajeno a las instituciones y costumbres del derecho de propiedad agraria indígena como propiedad colectiva, en donde no podría admitirse la figura de la usucapión a título individual en perjuicio de la propiedad colectiva. Ello sería sobreponer el derecho positivo, al derecho consuetudinario, en violación abierta de los Tratados Internacionales reconocidos por Costa Rica. En quinto lugar, si bien es cierto el actor aportó un título en el cual adquirió la posesión sobre un terreno de más de doscientas hectáreas, como se ha indicado, no se ha demostrado la identidad del bien, pues como se expuso, los terrenos objeto de discordia están ubicados dentro de la Reserva Indígena (ver folios 27 a 30 y reconocimiento judicial de folio 81 y 82), y por ende pertenecientes a la Comunidad, siendo la Asociación el único ente encargado, como representante de la comunidad, de realizar la distribución para el uso y goce de la tierra, de ahí que no exista motivo para eximir en costas al actor, cuando pretendía ser titular de un bien comunal (artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria).
Finalmente, en cuanto al sexto agravio, debe indicarse que el a-quo, en virtud del principio de independencia judicial, podría valorar libremente la prueba y verter su propio criterio en el caso concreto, cuyos argumentos, si bien apegados solamente al derecho positivo, resultan correctos en cuanto dispone se trata de un bien o propiedad comunitaria.
XIII.Por todas las razones anteriormente expuestas, no llevando razón el recurrente en sus agravios, procede confirmar la sentencia apelada."
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