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OutcomeResultado
The request to extend the cassation appeal's effects to benefit a civil co-defendant who did not appeal is denied, reaffirming the principle of personal recourse in civil matters.Se rechaza la solicitud de efecto extensivo del recurso de casación para beneficiar a un codemandado civil que no impugnó la sentencia, reafirmando el principio de personalidad de la impugnación en materia civil.
SummaryResumen
The Criminal Cassation Court analyzes the extensive effect of appeals in civil matters, concluding that the principle of personal recourse governs, meaning partial annulment only benefits the appealing party. The court rejects extending effects to co-defendants who did not appeal, as their interests are purely financial and subject to party disposition. While recognizing an exception for cases of indivisible subject matter or solidarity, the court finds those conditions absent here, since there is no necessary joinder. It clarifies that Civil Code Article 645 addresses substantive extrajudicial acts, not procedural steps.El Tribunal de Casación Penal analiza el efecto extensivo de los recursos en materia civil, concluyendo que rige el principio de personalidad de la impugnación, según el cual la anulación parcial de una sentencia solo beneficia al recurrente. Se rechaza la aplicación del efecto extensivo respecto de codemandados civiles que no impugnaron, dado que los intereses son estrictamente patrimoniales y disponibles. Aunque se reconoce una excepción en casos de indivisibilidad material de la cosa litigiosa o solidaridad, el tribunal determina que en este asunto no concurre tal supuesto, pues no existe litisconsorcio necesario y cada demandado actuó con representación independiente. Se aclara que el artículo 645 del Código Civil no se refiere a actuaciones procesales sino a actos sustantivos extraprocesales.
Key excerptExtracto clave
In accordance with the foregoing, it must be understood that as a general rule the effects of an appeal in civil matters are personal; therefore, unlike Roman law, there is no common or objective benefit for all parties in the same procedural situation as the appellant, but rather a unilateral or subjective advantage. This is so because it must be interpreted that whoever consented to the first-instance judgment (by not appealing despite having full power to do so) considered it fair, and that decision completely binds the appellate court. ... Thus, for substantive reasons, the general principle of personal recourse is broken, so that as an exception to the rule, in those cases where the legal issue under litigation is indivisible or inseparable, the ruling cannot stand, even if it benefits a party who did not appeal. ... However, despite this solidarity, in the case of the registered owner there is no material indivisibility of the res litigiosa (as proposed by [Nombre9]), because there is no necessary joinder, as noted and required by [Nombre14] for applying the extensive effect of appeals. ... Finally, although Article 645 of the Civil Code provides: 'The acts or omissions of any solidary debtor benefit or harm the co-debtors in the legal consequences that such acts or omissions have with respect to the debt, without prejudice to the right of indemnity against the debtor who through fault or fraud harms the others,' it must be interpreted that this provision refers not to procedural acts of solidary co-debtors (such as the filing of a cassation appeal in this case), but rather to substantive acts carried out outside the proceedings, which is not the case here.Conforme con lo anterior, debe entenderse que por principio general los efectos del recurso en materia civil son personales, por lo que no existe, como en el derecho romano, un beneficio común u objetivo para todos los sujetos que se hallen en la misma situación procesal del recurrente, sino una ventaja unilateral o de tipo subjetivo. Ello es así debido a que debe interpretarse que quien consintió la sentencia de primera instancia (no recurriéndola a pesar de que tenía toda la facultad de hacerlo) es porque la consideraba justa, siendo que su decisión en tal sentido condiciona por completo al Tribunal de segunda instancia. ... Es así cómo, por una razón de índole sustancial, se quiebra el principio general de personalidad del recurso, de tal modo que como excepción a la regla debe entenderse que en aquellos supuestos donde resulte inescindible o inseparable la cuestión jurídica objeto del proceso, no podría mantenerse lo resuelto, aún y cuando ello implique que se esté beneficiando al sujeto que no ejerció recurso alguno. ... No obstante este carácter solidario, en el caso del propietario registral no se está frente a una indivisibilidad material de la cosa litigiosa (en los términos que propone [Nombre9]), pues no se trata de un litis consorcio necesario, según lo apunta y exige [Nombre14] a efectos de aplicar el efecto extensivo de los recursos. ... Por último, si bien el artículo 645 del Código Civil establece: 'Los hechos u omisiones de cualquiera de los deudores solidarios aprovechan o perjudican a sus codeudores en las consecuencias legales que tales hechos o omisiones tengan respecto de la deuda, salvo derecho de indemnización contra el deudor que por culpa o dolo perjudique a los demás', debe interpretarse que esta norma se refiere no a actuaciones procesales de los codeudores solidarios (como sería en este caso la formulación de un recurso de casación), sino más bien a actuaciones sustantivas verificadas extraproceso, lo que no ocurre en la especie.
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"Debe entenderse que por principio general los efectos del recurso en materia civil son personales, por lo que no existe, como en el derecho romano, un beneficio común u objetivo para todos los sujetos que se hallen en la misma situación procesal del recurrente, sino una ventaja unilateral o de tipo subjetivo."
"It must be understood that as a general rule the effects of an appeal in civil matters are personal; therefore, unlike Roman law, there is no common or objective benefit for all parties in the same procedural situation as the appellant, but rather a unilateral or subjective advantage."
Considerando IV
"Debe entenderse que por principio general los efectos del recurso en materia civil son personales, por lo que no existe, como en el derecho romano, un beneficio común u objetivo para todos los sujetos que se hallen en la misma situación procesal del recurrente, sino una ventaja unilateral o de tipo subjetivo."
Considerando IV
"Es así cómo, por una razón de índole sustancial, se quiebra el principio general de personalidad del recurso, de tal modo que como excepción a la regla debe entenderse que en aquellos supuestos donde resulte inescindible o inseparable la cuestión jurídica objeto del proceso, no podría mantenerse lo resuelto, aún y cuando ello implique que se esté beneficiando al sujeto que no ejerció recurso alguno."
"Thus, for substantive reasons, the general principle of personal recourse is broken, so that as an exception to the rule, in those cases where the legal issue under litigation is indivisible or inseparable, the ruling cannot stand, even if it benefits a party who did not appeal."
Considerando IV
"Es así cómo, por una razón de índole sustancial, se quiebra el principio general de personalidad del recurso, de tal modo que como excepción a la regla debe entenderse que en aquellos supuestos donde resulte inescindible o inseparable la cuestión jurídica objeto del proceso, no podría mantenerse lo resuelto, aún y cuando ello implique que se esté beneficiando al sujeto que no ejerció recurso alguno."
Considerando IV
"Si los otros codemandados civiles no recurrieron, debe entenderse que se conformaron con lo resuelto y no pueden beneficiarse de la gestión individual del otro codemandado, pues sería conceder gratuitamente un beneficio patrimonial adicional a quien no lo ha pedido y a cargo de la parte a quien el fallo benefició sin que mediara reclamo del interesado."
"If the other civil co-defendants did not appeal, it must be understood that they acquiesced to the decision and cannot benefit from the individual action of another co-defendant, as that would be granting an additional financial benefit gratuitously to one who did not request it, at the expense of the party favored by the judgment without any claim from the interested party."
Considerando IV
"Si los otros codemandados civiles no recurrieron, debe entenderse que se conformaron con lo resuelto y no pueden beneficiarse de la gestión individual del otro codemandado, pues sería conceder gratuitamente un beneficio patrimonial adicional a quien no lo ha pedido y a cargo de la parte a quien el fallo benefició sin que mediara reclamo del interesado."
Considerando IV
"El artículo 645 del Código Civil establece: 'Los hechos u omisiones de cualquiera de los deudores solidarios aprovechan o perjudican a sus codeudores en las consecuencias legales que tales hechos o omisiones tengan respecto de la deuda...'. Debe interpretarse que esta norma se refiere no a actuaciones procesales de los codeudores solidarios (como sería en este caso la formulación de un recurso de casación), sino más bien a actuaciones sustantivas verificadas extraproceso."
"Article 645 of the Civil Code provides: 'The acts or omissions of any solidary debtor benefit or harm the co-debtors in the legal consequences that such acts or omissions have with respect to the debt...'. It must be interpreted that this provision refers not to procedural acts of solidary co-debtors (such as the filing of a cassation appeal in this case), but rather to substantive acts carried out outside the proceedings."
Considerando IV
"El artículo 645 del Código Civil establece: 'Los hechos u omisiones de cualquiera de los deudores solidarios aprovechan o perjudican a sus codeudores en las consecuencias legales que tales hechos o omisiones tengan respecto de la deuda...'. Debe interpretarse que esta norma se refiere no a actuaciones procesales de los codeudores solidarios (como sería en este caso la formulación de un recurso de casación), sino más bien a actuaciones sustantivas verificadas extraproceso."
Considerando IV
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**IV.- REGARDING THE EXTENSIVE EFFECT OF APPEALS IN CIVIL MATTERS.** As indicated in the preceding recital, the partial annulment of the judgment and the corresponding retrial that were ordered operate only in relation to the civil judgment entered against the co-defendant [Name1], who was the only one to challenge the trial court's ruling. The situation of the other defendant (Enoc [Name2]) is different, since by not filing any challenge against the ruling that ordered him to financially compensate the plaintiff, he acquiesced to that decision which was adverse to him, which would prevent this Court from officially benefiting him with the effects derived from [Name3]'s appeal, this being a civil matter (of a patrimonial nature) in which the principle of party disposition governs. This has been the solution adopted in previous cases by the jurisprudence of this Court of Cassation: "... In this matter, an extensive effect of the annulment of the judgment is not applied in favor of the civil plaintiff [Name4] regarding the civil action filed on behalf of [Name5], since in matters of appeals by the civil plaintiff, such extensive effect is not provided for by the Code of Criminal Procedure (Art. 428 of the Code of Criminal Procedure). Added to this is that civil procedural law itself does not allow an extensive effect to operate with respect to an appeal filed by another, and article 608 of the Code of Civil Procedure, concerning the cassation appeal, further provides that the cassation judgment cannot encompass points other than those that were the object of the appeal. Particular account must be taken of what civil procedural doctrine has called the principle of personality of the challenge. In this regard, [Name6] states: 'As for the so-called principle of personality of the appeal, it is but another particular form of the same general rules that have already been set forth. The situation giving rise to the application of this principle is the following: A and [Name7], heirs of C, sue D for reparation of an unlawful act that caused the death of the plaintiffs' father; the judgment absolves D; A does not appeal the judgment and [Name7] does so in a timely and proper manner; the second-instance judgment revokes the first-instance judgment and orders compensation to [Name7] for the damage suffered. Does the ruling issued in favor of [Name7] benefit A, who has consented to the absolutory judgment? Doctrine and jurisprudence pronounce in the negative: the judgment obtained by [Name7] does not benefit A because the effects of the appeal are personal. There does not exist, as in Roman law, a common benefit, but rather a unilateral advantage. The solution of the real or objective nature of the appeal was rejected by [Name8] and by the authors of the French Code, which later thought in this matter has followed without any effort. The prestige of this solution is not diminished by the circumstance that two contradictory things judged may appear: that while for [Name7] there is a right to compensation, A is deprived of it. The reason is not so much of a logical character as it is systematic. Its foundations are scattered throughout all the principles of civil procedural law. In the first place, the principle that will creates and extinguishes rights. He who consented to the first-instance judgment did so because he considered it just; the aggrieved party had two paths: to consent or to appeal; if he chose the first, his will definitively binds him to that consent. A second reason emanates from the very principle of res judicata. Nothing in law excludes the possibility of two contradictory judgments; the very evolutions of jurisprudence demonstrate that this risk is connatural with the concept of res judicata. A third reason flows from the very principle of the appeal. The higher court has no more powers than those assigned to it by the appeal filed; nothing authorizes it to change the part of the judgment that dismisses the claim with regard to A if no appeal has been filed in this respect. A different solution from this one is reserved, however, in cases of joint and several liability or material indivisibility of the litigious matter, since in these cases the judgment benefits or harms the joint and several debtor or the co-owner. But this circumstance imposed by the very force of things does not alter the scope of the principle of personality of the appeal' ([Name9], [Name10], op cit., pp. 369-370). This has been the criterion maintained in various rulings by the Court of Cassation, for example ruling 865-2003 of August 29, 2003, reiterated in other subsequent rulings, for example ruling 1222-2003 of November 27, 2003 ...”, Court of Criminal Cassation, ruling No. [Telf1] of 11:08 a.m. on March 11, 2004. In accordance with the foregoing, it must be understood that, as a general principle, the effects of an appeal in civil matters are personal, such that there does not exist, as in Roman law, a common or objective benefit for all subjects who find themselves in the same procedural situation as the appellant, but rather a unilateral or subjective advantage. This is so because it must be interpreted that he who consented to the first-instance judgment (by not appealing it despite having every faculty to do so) did so because he considered it just, and his decision in that sense completely binds the second-instance Court. In this same sense, the same Court of Cassation resolved the following: "... Such reasoning is insufficient, as it does not clearly and convincingly explain what specifically are the reasons why it can be considered that Mr. [Name11] had plausible reason to litigate, for the purpose of exempting him from costs. Note that the lower court omitted to describe the concrete content of the series of circumstances that could well not have been taken into consideration at the time of filing the civil action in this matter, which it evaluated to base the acquittal. Due to this defect in the reasoning, this claim must be granted, ordering the partial annulment of the judgment and ordering a retrial, solely regarding the fixing of costs, between the complainant [Name12] and the defendant [Name13]. The rest of the judgment remains intact, including the fixing of costs ordered concerning the other defendants, since none of them challenged what was resolved by the lower court judge on this issue, which, being of an essentially civil nature, is left to the disposition of the parties, by application of the principle of party disposition, according to which '...in those matters in which only a private interest is elucidated, the organs of public power should not go beyond what the private parties themselves desire' (COUTURE, [Name10]: Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1978, p. 186) ..." Court of Criminal Cassation, ruling No. [Telf2] of 11:00 a.m. on October 31, 2002. As can be deduced from the foregoing transcription, the jurist [Name9] defends the principle of personality in appeal matters, for which he argues that, as a general rule, the so-called principle of personality of the appeal governs in civil procedural matters, so that the subject who did not challenge the lower court's ruling could not benefit from what was resolved by the appellate court. However, and according to the transcribed bibliographic citation, it is noted that said author makes an exception for the case of material indivisibility of the litigious matter, indicating that: "... A different solution from this one is reserved, however, in cases of joint and several liability or material indivisibility of the litigious matter, since in these cases the judgment benefits or harms the joint and several debtor or the co-owner. But this circumstance imposed by the very force of things does not alter the scope of the principle of personality of the appeal" ([Name9], [Name10], op cit., pp. 369-370). It is thus how, for a reason of a substantive nature, the general principle of personality of the appeal is broken, such that, as an exception to the rule, it must be understood that in those cases where the legal issue that is the object of the proceeding is indivisible or inseparable, what was resolved cannot be maintained, even if this implies benefiting the subject who did not file any appeal. This position is even clearer in [Name14], who points out the following: "... This principle (extensive or communicating effect of the challenge), also called the principle of reality, is opposed to that of the personality of the challenge act. The phenomenon occurs both in civil proceedings, where, as we have said, the challenge by a necessary joint litigant benefits the others, as in criminal proceedings... The issue becomes more debatable when such an express rule does not exist, with the most modern doctrine concluding that such an extensive effect can be admitted when the substantive relationship, the object of the proceeding, is indivisible, in cases of a plurality of holders of that relationship who have been parties to the proceeding... the favorable arguments of the cited authors seem to carry more weight, regarding the very essence of the reasons of procedural economy and, above all, the essential principle of avoiding contradictory decisions, for which several institutions are created by the proceeding (lis pendens, joinder of actions and proceedings, res judicata, etc.) ..." [Name15]), "LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS impugnativos en Iberoamérica", ediciones De Palma, Buenos Aires. 1st edition, 1988. Pages 58 and 59. In accordance with the foregoing, it is clear that in cases where such indivisibility of the legal issue that is the object of the proceeding is not present, as occurs in the present case (as will be analyzed), the application of the extensive effect would not be appropriate, as there would not be the difficulty of falling into judicial decisions that are contradictory in their essence. In this regard, it must be taken into account that, pursuant to article 187 of the Transit Law (Ley de Tránsito), the civil liability of the registered owner is of a joint and several nature, as even the jurisprudence of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice has understood it: "... The legislator, in articles 187 subsection b of the Transit Law (Ley de Tránsito), 106 of the Penal Code (Código Penal), and 1048 paragraph 5 of the Civil Code, has considered that in the mere driving of vehicles, and even more so of vehicles of large size and weight, a situation of risk exists. An analysis of subjective aspects of the vehicle's driver (intent or negligence) is thus dispensed with for the determination of the civil liability of the company or person operating the transport activity, and an objective, indirect, and joint and several liability for the act of another is generated for the latter, in order to guarantee better protection in favor of third parties, against the damages caused by an activity considered, as already stated, inherently dangerous. Unlike the subjective civil liability contemplated in article 1045 of the Civil Code, objective liability is generated for the company or person operating a vehicle when the transport activity it carries out, legally considered a source of danger or risk, results in damage to a person; this without the activity generating such damages needing to constitute a criminal offense. Thus, even when the existence or authorship of a punishable act has not been demonstrated, in cases such as that contemplated in paragraph 5 of article 1048 of the Civil Code, a declaration of civil liability can exist... In support of this thesis, it is pertinent to cite ruling of the First Chamber #578-F-03 of ten forty-five a.m. on September seventeenth, two thousand three, in which it was indicated: 'Article 187 of the Public and Land Transit Law (Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres), No. 7331, establishes: "The following shall be jointly and severally liable with the driver: ... b) The natural or legal persons who, by any title, operate vehicles for commercial or industrial purposes, including public transportation". This rule prescribes what doctrine has called objective liability or liability for created risk. In it, "... the element of negligence as a criterion of imputation is dispensed with, focusing on a conduct or activity of a natural or legal subject, characterized by the setting in motion of a dangerous activity, or the mere possession of a dangerous object. The element of imputation of that liability is the created risk, or the risk-creating conduct. Therefore, it is affirmed, the notion of risk replaces the concepts of negligence and unlawfulness ..." (CED1, First Chamber of the Supreme Court of Justice, San José, at 2:40 p.m. on July 9, 1999) ...", Third Chamber of the Supreme Court of Justice, ruling No. 383-05 of 8:40 a.m. on May 13, 2005. Notwithstanding this joint and several character, in the case of the registered owner, this is not a situation of material indivisibility of the litigious matter (in the terms proposed by [Name9]), for it is not a case of a necessary joinder of parties, as pointed out and required by [Name14] for purposes of applying the extensive effect of appeals. In this regard, it is held that in cases like the one at hand, the civil plaintiff (direct victim) could well choose to direct his claim only against the direct author of the negligent conduct causing the damage, or only against the registered owner (civilly liable third party), without necessarily having to sue both or join them in his action, since—it is insisted—this is not a case of a necessary passive joinder of parties. This is so true that in this proceeding, the two civil co-defendants have acted with independent representation, which makes sense if one considers that, in certain situations, opposing interests could even exist between the two procedural subjects. From this it follows, then, that just as occurs in the instant case, in the cited cases the jurisprudence of this Court of Cassation has seen no impediment to denying the extensive effect of the cassation appeal regarding the civil issue, since in those matters it was not faced with the hypothesis analyzed by the doctrine. The same solution has been adopted by the Third Chamber, also in a case where the substantial indivisibility of the legal issue that is the object of the proceeding was not compromised: "... Mr. [Name16], in his capacity as defense counsel and representative of the accused and civil defendant [Name17], within the term of three days, requests that the Chamber, based on article 428 of the Code of Criminal Procedure, '[...]grant—with extensive effect—the benefits derived from the cassation appeal, to Engineer [Name18] and Mrs. [Name19], who appeared as accused in this case[...]'. He refers to resolution 1058-03 of 10:50 a.m. on November 21 of the previous year, in which this Chamber granted the cassation appeal filed by the petitioner in association with Mr. [Name20], in their capacity as representatives of [Name17], civil defendant, for whom they also acted as defense counsel in the criminal aspect. The appeal only questioned the judgment regarding the civil aspect and in relation to the exoneration from the payment of the corresponding costs, which was made in favor of the civil plaintiff and complainant, because the judgment did not adequately reason why it exempted her from that obligation. As can be deduced from the transcription, in the first place, it concerns a matter outside the strictly criminal sphere and relates to the civil action for damages filed by the complainant, as civil plaintiff within the criminal proceeding. Within the criminal case, besides Mr. [Name21], [Name18] and [Name22] also appeared as accused, who were also civilly sued. Of these three parties, who were represented independently—[Name23] was represented, in his dual capacity as accused and civil defendant, by Mr. [Name24] and [Name25] was represented by Mr. [Name26]—only [Name21] appealed in cassation. While it is true that this Chamber's resolution does not expressly state that the judgment is annulled regarding the exemption from costs only in relation to the appellant, it must be so understood, and for such purposes, the resolution is officially clarified in that sense, for despite the error referring to that issue and the exoneration affecting the three civil defendants, we are faced with interests of a strictly patrimonial nature, where the principle of party disposition fully governs, such that if the other civil co-defendants did not appeal, it must be understood that they acquiesced to what was resolved and cannot benefit from the individual action of the other co-defendant, since it would be to gratuitously grant an additional patrimonial benefit to someone who has not requested it and at the expense of the party whom the judgment benefited without a claim from the interested party having been made. As an initial reason to deny the request, it is held that the person promoting it lacks standing, as he does not act as representative of the parties in whose favor he is petitioning. As indicated, the other civil co-defendants had their own representative and did not act in cassation, and there is no record that a special judicial power of attorney was granted in favor of Mr. [Name27] or that they appointed him as their representative, such that he is not legitimized to act in their name. Despite the above, it is pertinent to point out that the extensive effect contemplated in article 428 of the Code of Criminal Procedure is legally structured, as also in the doctrine that informs it, to benefit the other co-accused in a criminal case, in whom the affectation is of the same nature as that presented in relation to the person who has claimed. This is so because we are faced with matters restrictive of fundamental rights, as is criminal law, such that for those same reasons and by virtue of the principles of reasonableness, proportionality, legality, and equality, it would be untenable in a State governed by the Rule of Law that the benefits derived from the verification of defects or flaws in a judgment could be denied to other co-accused, with the argument that they were not claimed on their behalf, even though they are in the same situation as the one who did exercise the right to challenge. There are, of course, fundamental values at stake that would make inequality intolerable in the face of the reliable verification of a procedural error with such serious consequences for a person's rights. Additionally, it is also provided that the appeal of the civil defendant benefits—by extensive effect—the accused, when it impacts the criminal liability. As can be seen, the entire philosophy that inspires the extensive effect originates in the constitutional principles and fundamental rights already mentioned and is aimed at protecting the subject upon whom the State's repressive power has been exercised. The extensive effect is, for those reasons, of an exceptional nature, precisely to the principle of personality and autonomy of the appeal, since in this matter the rule is the non-communicability of the challenge, such that it proceeds only when the law expressly grants it. '[...]The law only authorizes the communication of the appeal of one accused in favor of the co-accused [...] and of the civil defendant in favor of the accused [...] In both cases, the situation of the accused is favored in protection of the interest that he asserts in the proceeding, seeking—as we have seen—to avoid the existence of diverse situations faced with the same procedural object. Other cases of extension cannot be presented, with which the subjective scope of the effect is duly delimited[...]' (Ayán, [Name28]. Recursos en materia penal. Principios generales. Marcos Lerner Editora Córdoba. p.186). The civil defendant within the criminal proceeding enjoys ample possibilities of defense but obviously—in the civil aspect and regardless of the identity between the accused and the civil defendant—his interests are those proper to the action filed against him—patrimonial—and therefore, entirely subject to party disposition. Therefore, if the party harmed by a resolution that is adverse to him in this matter does not complain, it is understood that he waived his right to do so or simply acquiesced, such that the State cannot exercise a protective function over his patrimony, above his own diligence, by extending to him benefits recognized to the party who did claim them. Article 428 on which the petitioner relies is not useful to his claim, and as for the co-defendants [Name23] and [Name25], the principle of party disposition operated, and the resolution does not cover them, for having acquiesced to the decision by not having challenged it in due time ...”, Third Chamber of the Supreme Court of Justice, ruling No. 218-04, of 10:15 a.m. on March 12, 2004. In this same sense, this Court of Cassation indicated: "... It must be borne in mind that article 428 of the Code of Criminal Procedure regulates the extensive effect of appeals, mentioning in this regard the extensive effect of the appeal of one accused with respect to another accused who is in the same circumstances, but it does not refer to an extensive effect of the Public Prosecutor's Office's appeals in relation to the civil plaintiff. This is important since the independence that exists between the criminal action and the civil action must be taken into account ..." Ruling No. [Telf3] of 09:55 a.m. on November 27, 2003. Finally, even though article 645 of the Civil Code establishes: "The acts or omissions of any of the joint and several debtors benefit or harm their co-debtors in the legal consequences that such acts or omissions have with respect to the debt, without prejudice to the right of indemnification against the debtor who, through fault or intent, harms the others", it must be interpreted that this rule refers not to procedural actions of the joint and several co-debtors (as would be, in this case, the filing of a cassation appeal), but rather to substantive actions verified outside the proceeding, which does not occur in the instant case.
"IV.- ACERCA DEL EFECTO EXTENSIVO DE LOS RECURSOS EN MATERIAL CIVIL. Tal y como se indicó en el anterior considerando, la anulación parcial del fallo y el correspondiente juicio de reenvío que se ordenaron, operan sólo con relación a la condenatoria civil que se dictó contra el codemandado [Nombre1], quien fue el único que impugnó la sentencia de instancia. La situación del otro demandado (Enoc [Nombre2]) resulta diversa, pues al no plantear ninguna impugnación contra el fallo que le condenó a resarcir económicamente al actor, vino a conformarse con tal decisión que le resultaba adversa, lo que impediría que oficiosamente este Tribunal pudiera beneficiarlo con los efectos derivados del recurso de [Nombre3], ello por estar ante la cuestión civil (de naturaleza patrimonial) en la cual rige el principio dispositivo. Esta ha sido la solución por la que en casos precedentes ha optado la jurisprudencia de este Tribunal de Casación: “… En este asunto no se aplica a favor del actor civil [Nombre4]. un efecto extensivo de la anulación de la sentencia en lo correspondiente a la acción civil presentada a favor de [Nombre5]., ya que en materia de recursos de la parte actora civil no se prevé ese efecto extensivo por el Código Procesal Penal (Art. 428 del Código Procesal Penal). Se agrega a ello que la misma legislación procesal civil no permite que funcione un efecto extensivo con respecto al recurso presentado por otro, disponiéndose además en el artículo 608 del Código Procesal Civil, referente al recurso de casación, que la sentencia de casación no puede abrazar otros puntos que no sean los que hubieran sido objeto del recurso. Debe tenerse en cuenta en particular lo que la doctrina procesalista civil ha llamado el principio de personalidad de la impugnación. Al respecto indica [Nombre6]: “En cuanto al principio llamado de personalidad de la apelación, no es sino otra forma particular de las mismas normas generales que ya han sido expuestas. La situación que da motivo a la aplicación de este principio es el siguiente: A y [Nombre7], herederos de C, demandan a D por reparación de un acto ilícito que ha causado la muerte del padre de los actores; la sentencia absuelve a D; A no apela de la sentencia y [Nombre7] lo hace en tiempo y forma; la sentencia de segunda instancia revoca la sentencia de primera instancia y condena a indemnizar a [Nombre7] el daño sufrido ¿Aprovecha a A, que ha consentido la sentencia absolutoria, el fallo dictado a favor de [Nombre7]? La doctrina y la jurisprudencia se pronuncian por la negativa: la condena obtenida por [Nombre7] no beneficia a A porque los efectos de la apelación son personales. No existe, como en el derecho romano, beneficio común, sino ventaja unilateral. La solución del carácter real u objetivo de la apelación fue rechazada por [Nombre8] y por los autores del Código francés, al que en esta materia ha seguido el pensamiento posterior sin esfuerzo alguno. No disminuye el prestigio de esta solución la circunstancia de que aparezcan dos cosas juzgadas contradictorias: que mientras para [Nombre7] haya derecho a indemnización, A se ve privado de él. La razón no es tanto de carácter lógico como sistemático. Sus fundamentos se hallan esparcidos a lo largo de todos los principios del derecho procesal civil. En primer término, el principio de que la voluntad crea y extingue derechos. Quien consintió la sentencia de primera instancia es porque la consideraba justa; el agraviado tenía dos caminos: consentir o apelar; si optó por el primero su voluntad lo liga definitivamente a ese consentimiento. Una segunda razón emana del principio mismo de la cosa juzgada. Nada excluye en derecho la posibilidad de dos sentencias contradictorias; las propias evoluciones de la jurisprudencia demuestran que este riesgo es connatural con el concepto de cosa juzgada. Una tercera razón fluye del principio mismo de la apelación. El tribunal superior no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso introducido, nada le autoriza a cambiar la parte de la sentencia que desecha la demanda en lo que se refiere a A si no ha mediado recurso a este respecto. Se reserva, sin embargo, una solución distinta de ésta, en los casos de solidaridad o de indivisibilidad material de la cosa litigiosa, ya que en estos casos la sentencia beneficia o perjudica al deudor solidario o al comunero. Pero esta circunstancia impuesta por la fuerza misma de las cosas, no altera el alcance del principio de personalidad de la apelación” ([Nombre9], [Nombre10], op cit., pp. 369-370). Este ha sido el criterio que ha mantenido en diversos votos el Tribunal de Casación, por ejemplo el 865-2003 del 29 de agosto del 2003, reiterado en otros votos posteriores, por ejemplo el voto 1222-2003 del 27 de noviembre del 2003 …”, Tribunal de Casación Penal, voto Nº [Telf1] de las 11:08 horas del 11 de marzo de 2004. Conforme con lo anterior, debe entenderse que por principio general los efectos del recurso en materia civil son personales, por lo que no existe, como en el derecho romano, un beneficio común u objetivo para todos los sujetos que se hallen en la misma situación procesal del recurrente, sino una ventaja unilateral o de tipo subjetivo. Ello es así debido a que debe interpretarse que quien consintió la sentencia de primera instancia (no recurriéndola a pesar de que tenía toda la facultad de hacerlo) es porque la consideraba justa, siendo que su decisión en tal sentido condiciona por completo al Tribunal de segunda instancia. En este mismo sentido el mismo Tribunal de Casación resolvió lo siguiente: “… Tal motivación es insuficiente, pues en realidad no se explica de manera clara y convincente cuáles son específicamente los motivos por los que cabe estimar que el señor [Nombre11] tuvo razón plausible para litigar, a efecto de eximirlo de las costas. Nótese que el a quo omite describir el contenido concreto de la serie de circunstancias que bien podían no haberse tomado en consideración para el momento de plantear la acción civil en este asunto, que evaluó para fundamentar la absolutoria. Por ese defecto en la fundamentación se debe declarar con lugar este reclamo, disponiendo la anulación parcial de la sentencia y ordenando el reenvío, únicamente en cuanto a la fijación de las costas, entre el querellante [Nombre12] y la querellada [Nombre13]. El resto de la sentencia se mantiene incólume, incluyendo la fijación de costas dispuesta en lo que concierne a los demás querellados, ya que ninguno de ellos impugnó lo resuelto por el juez a quo, en punto a esta cuestión, que por ser de índole esencialmente civil, queda librada a la disposición de las partes, por aplicación del principio dispositivo, conforme al cual «...en aquellos asuntos en los cuales sólo se dilucida un interés privado, los órganos del poder público no deben ir más allá de lo que desean los propios particulares» (COUTURE, [Nombre10]: Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1978, pág. 186) …” Tribunal de Casación Penal, voto Nº [Telf2] de las 11:00 horas del 31 de octubre de 2002. Como se deduce de lo antes transcrito, el tratadista [Nombre9] defiende el principio de personalidad en materia de recursos, para lo cual sostiene que por regla general en material procesal civil rige el principio llamado de personalidad de la apelación, de tal modo que no podría beneficiarse de lo resuelto por el ad-quem aquel sujeto que no impugnó la sentencia del ad-quo. No obstante, y de acuerdo a la cita bibliográfica transcrita, se advierte que dicho autor excepciona el caso de la indivisibilidad material de la cosa litigiosa, al indicar que: “… Se reserva, sin embargo, una solución distinta de ésta, en los casos de solidaridad o de indivisibilidad material de la cosa litigiosa, ya que en estos casos la sentencia beneficia o perjudica al deudor solidario o al comunero. Pero esta circunstancia impuesta por la fuerza misma de las cosas, no altera el alcance del principio de personalidad de la apelación” ([Nombre9], [Nombre10], op cit., pp. 369-370). Es así cómo, por una razón de índole sustancial, se quiebra el principio general de personalidad del recurso, de tal modo que como excepción a la regla debe entenderse que en aquellos supuestos donde resulte inescindible o inseparable la cuestión jurídica objeto del proceso, no podría mantenerse lo resuelto, aún y cuando ello implique que se esté beneficiando al sujeto que no ejerció recurso alguno. Esta posición resulta aún más clara en [Nombre14], quien señala lo siguiente: “… Este principio (efecto extensivo o comunicante de la impugnación), llamado también de la realidad, se opone al de la personalidad del acto impugnativo. El fenómeno se da tanto en el proceso civil, donde, como hemos dicho, la impugnación de un listisconsorcio necesario favorece a los demás, como en el proceso penal … La cuestión se hace más discutible cuando no existe tal norma expresa, concluyendo la doctrina más moderna que cabe admitir dicho efecto extensivo cuando la relación sustancial, objeto del proceso, resulta inescindible, en los casos de pluralidad de titulares de ella que han sido partes en el proceso … parecen de mayor peso los argumentos favorables de los autores citados, en cuanto dice a la propia esencia de las razones de economía procesal y sobre todo al principio esencial de evitar decisiones contradictorias, para lo cual varios institutos crea el proceso (lispendencia, acumulación de acciones y proceso, cosa juzgada, etc.) …” [Nombre15]), “LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS impugnativos en Iberoamérica”, ediciones De Palma, Buenos Aires. 1ª edición, 1988. Páginas 58 y 59. De acuerdo con lo anterior, es claro que en casos donde no se presente esa indivisibilidad de la cuestión jurídica objeto del proceso, como ocurre en el presente caso (según se analizará), no resultaría procedente la aplicación del efecto extensivo, pues no se estaría ante la dificultad de caer en decisiones judiciales contradictorias en su esencia. Al respecto debe tomarse en cuenta que, conforme al artículo 187 de la Ley de Tránsito, la responsabilidad civil del propietario registral es de tipo solidario, según así lo ha entendido incluso la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: “… El legislador en los artículos 187 inciso b de la Ley de Tránsito, 106 del Código Penal y 1048 párrafo 5º del Código Civil ha considerado que en la sola conducción de vehículos, y más aun de vehículos de gran tamaño y peso, existe una situación de riesgo. Se prescinde así de un análisis de aspectos subjetivos del conductor del vehículo (dolo o culpa), para la determinación de la responsabilidad civil de la empresa o persona que explota la actividad de transporte, y se genera para ésta última una responsabilidad objetiva, indirecta y solidaria por un hecho ajeno, con el fin de garantizar una mejor tutela en favor de terceros, contra los daños ocasionados por una actividad, considerada, como ya se dijo, en sí misma peligrosa. A diferencia de la responsabilidad civil subjetiva contemplada en el artículo 1045 del Código Civil, la responsabilidad objetiva se genera para la empresa o persona explotadora de un vehículo, cuando la actividad de transporte que desarrolla, considerada legalmente como fuente de peligro o riesgo, se verifica en un daño a alguna persona; esto sin necesidad de que la actividad generadora de esos daños configure un ilícito en sentido penal. De manera que, aun cuando no se haya demostrado la existencia o autoría de un hecho punible, en supuestos como el contemplado en el párrafo 5º del artículo 1048 del Código Civil, puede existir una declaratoria de responsabilidad civil … En apoyo de esta tesis conviene citar el voto de la Sala Primera #578-F-03. de las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de setiembre del dos mil tres, en el cual se indicó: “Establece el artículo 187 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres, N° 7331: “Responderán solidariamente con el conductor: ... b) Las personas físicas o jurídicas que, por cualquier título, norma preceptúa lo que la doctrina ha denominado responsabilidad objetiva o por riesgo creado. En ella “... se prescinde del elemento culpa como criterio de imputación, enfocándose en una conducta o actividad de un sujeto físico o jurídico, caracterizada por la puesta en marcha de una actividad peligrosa, o la mera tenencia de un objeto de peligro. El elemento de imputación de esa responsabilidad es el riesgo creado, o la conducta creadora de riesgo. Por ello, se afirma, la noción de riesgo sustituye los conceptos de culpa y antijuricidad ...” (CED1, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las 14 horas 40 minutos del 9 de julio de 1999) …”, Sala 3ª de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 383-05 de las 8:40 horas del 13 de mayo de 2005. No obstante este carácter solidario, en el caso del propietario registral no se está frente a una indivisibilidad material de la cosa litigiosa (en los términos que propone [Nombre9]), pues no se trata de un litis consorcio necesario, según lo apunta y exige [Nombre14] a efectos de aplicar el efecto extensivo de los recursos. Al respecto se tiene que en casos como el que nos ocupa el actor civil (ofendido directo) bien podría optar por enderezar su demanda sólo contra el autor directo de la conducta culposa generadora del daño, o bien sólo contra el propietario registral (tercero civilmente responsable), sin que necesariamente tenga que accionar contra ambos o integrarlos en su acción, pues -se insiste- no se está frente a un litis consorcio pasivo necesario. Tan cierto es lo anterior que en este proceso los dos codemandados civiles han actuado con una representación independiente, lo que encuentra sentido si se piensa que en determinados supuestos hasta podrían llegar a existir interesas contrapuestos entre ambos sujetos procesales. De ello se tiene, entonces, que tal y como ocurre en la especie, en los casos que se han citado la jurisprudencia de este Tribunal de Casación no han visto impedimento alguno para negar el efecto extensivo del recurso de casación en cuanto a la cuestión civil, pues en dichos asuntos no se estaba frente a la hipótesis que analiza la doctrina. Igual solución ha adoptado la Sala Tercera, también en un caso donde no se estaba viendo comprometida la indivisibilidad sustancial de la cuestión jurídica objeto del proceso: “… El licenciado [Nombre16]., en su condición de defensor y representante del imputado y demandado civil [Nombre17]., dentro del término de tres días solicita a la Sala que, con fundamento en el numeral 428 del Código Procesal Penal “[...]se concedan ‑con carácter extensivo- los beneficios derivados del recurso de casación, al Ingeniero [Nombre18]. y a la señora [Nombre19]., quienes figuraron como imputados en esta causa[...]”. Se refiere a la resolución 1058-03 de las 10:50 horas del 21 de noviembre del año anterior, en la cual esta Sala declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por el gestionante en asocio del licenciado [Nombre20]., en su condición de representantes de [Nombre17]., demandado civil, del que además fungían como defensores en lo penal. El recurso cuestionaba la sentencia únicamente en cuanto al aspecto civil y con relación a la exoneración que del pago de las costas correspondientes, se hizo en favor de la actora civil y querellante, pues la sentencia no razonaba en forma adecuada por qué se eximía de dicha obligación. Como se desprende de lo transcrito, en primer lugar se trata de materia ajena a la penal propiamente y se relaciona con la acción civil resarcitoria instaurada por la querellante, como actora civil dentro del proceso penal. Dentro de la causa penal además del señor [Nombre21]., también figuraron como acusados [Nombre18]. y [Nombre22]., quienes también fueron civilmente demandados. De estas tres partes, que fueron representadas a su vez en forma independiente –[Nombre23]. fue representado, en su doble condición de imputado y demandado civil por el licenciado [Nombre24]. y [Nombre25]. lo fue por el licenciado [Nombre26]. -, solamente recurrió en casación [Nombre21].. Si bien es cierto en la resolución de esta Sala no se dice expresamente que se anula la sentencia en cuanto a la exención de costas únicamente con relación al impugnante, así debe entenderse y para tales efectos de oficio se aclara la resolución en tal sentido, pues pese a que el yerro se refiere a ese tema y la exoneración afectó a los tres demandados civiles, estamos frente a intereses de índole estrictamente patrimonial, donde rige a plenitud el principio dispositivo, de modo tal que si los otros codemandados civiles no recurrieron, debe entenderse que se conformaron con lo resuelto y no pueden beneficiarse de la gestión individual del otro codemandado, pues sería conceder gratuitamente un beneficio patrimonial adicional a quien no lo ha pedido y a cargo de la parte a quien el fallo benefició sin que mediara reclamo del interesado. Como razón inicial para denegar la gestión se tiene que quien la promueve carece de legitimación pues no funge como representante de las partes en cuyo favor gestiona. Según se indicó los otros codemandados civiles tenían su propio representante y no accionaron en casación, sin que conste que se haya otorgado poder especial judicial a favor del licenciado [Nombre27]. o que le hayan nombrado su representante, de manera tal que no está legitimado para accionar en su nombre. Pese a lo dicho, conviene señalar que el efecto extensivo que contempla el artículo 428 del Código Procesal Penal está estructurado legalmente, como también en la doctrina que lo informa, para beneficiar a los otros co imputados en una causa penal, en quienes se da la afectación de la misma naturaleza de la que se presenta con relación a quien ha reclamado. Esto es así porque estamos frente a materia restrictiva de derechos fundamentales como es la penal, de modo que por esas mismas razones y en virtud de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad e igualdad, sería insostenible en un Estado de Derecho que pudieran negarse a otros coimputados, los beneficios derivados de la constatación de vicios o defectos en una sentencia, con el argumento de que en su favor no fueron reclamados, pese a que se encuentra en la misma situación del que sí ejerció el derecho a impugnar. Hay, por supuesto, valores fundamentales de por medio que harían intolerable la desigualdad frente a la constatación fehaciente de un error procesal con consecuencias tan graves para los derechos de una persona. Adicionalmente, también está previsto que el recurso del demandado civil beneficie –por efecto extensivo- al acusado, cuando incida sobre la responsabilidad penal. Como se ve, toda la filosofía que inspira al efecto extensivo, tiene origen en los principios constitucionales y derechos fundamentales ya señalados y se dirigen a tutelar al sujeto sobre el que se ha ejercido la potestad represiva del Estado. El efecto extensivo es por esas razones, de naturaleza excepcional, precisamente al principio de personalidad y autonomía del recurso, pues en esta materia la regla es la no comunicabilidad de la impugnación, de modo que procede sólo cuando la ley expresamente lo acuerda. “[...]La ley sólo autoriza la comunicación del recurso de un imputado a favor de los coimputados [...] y del demandado civil a favor del imputado [...] En ambos casos, se favorece la situación del imputado en resguardo del interés que éste hace valer en el proceso, procurando evitar –como hemos visto- la existencia de situaciones diversas frente a un mismo objeto procesal. No pueden presentarse otros casos de extensión, con lo cual queda debidamente delimitado el ámbito subjetivo del efecto[...]” (Ayán, [Nombre28]. Recursos en materia penal. Principios generales. Marcos Lerner Editora Córdoba. p.186). El demandado civil dentro del proceso penal goza de amplias posibilidades de defensa pero obviamente ‑en el aspecto civil y con independencia de la identidad entre acusado y demandado civil- sus intereses son de los propios de la acción que en su contra se instaura ‑patrimonial- y por ende, enteramente dispositivos. Por ello, si la parte perjudicada con una resolución que le es adversa en esta materia no reclama, se comprende que renunció a su derecho de hacerlo o simplemente se conformó, sin que pueda el Estado ejercer una función tutelar de su patrimonio, por encima de su propia diligencia, extendiéndole beneficios reconocidos a la parte que sí los reclamó. El articulo 428 en que se apoya el gestionante no es útil a su pretensión y en cuanto a los codemandados [Nombre23]. y [Nombre25]., operó el principio dispositivo y lo resuelto no los cobija, por haberse conformado con la decisión al no haber sido impugnada en su oportunidad …”, Sala 3ª de la Corte Suprema de Justicia, voto Nº 218-04, de las 10:15 horas del 12 de marzo de 2004. En este mismo sentido indicó este Tribunal de Casación: “… Debe tenerse en cuenta que el artículo 428 del Código Procesal Penal regula el efecto extensivo de los recursos, mencionando al respecto el efecto extensivo del recurso de un imputado con respecto a otro imputado que esté en las mismas circunstancias, pero no hace referencia a un efecto extensivo de los recursos del Ministerio Público con relación a la parte actora civil. Ello es importante ya que debe tenerse en cuenta la independencia que existe entre la acción penal y la civil …” Voto Nº [Telf3] de las 09:55 horas del 27 de noviembre de 2003. Por último, si bien el artículo 645 del Código Civil establece: "Los hechos u omisiones de cualquiera de los deudores solidarios aprovechan o perjudican a sus codeudores en las consecuencias legales que tales hechos o omisiones tengan respecto de la deuda, salvo derecho de indemnización contra el deudor que por culpa o dolo perjudique a los demás", debe interpretarse que esta norma se refiere no a actuaciones procesales de los codeudores solidarios (como sería en este caso la formulación de un recurso de casación), sino más bien a actuaciones sustantivas verificadas extraproceso, lo que no ocurre en la especie."
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