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Res. 00481-2003 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II · Tribunal Contencioso Administrativo Sección II · 08/10/2003
OutcomeResultado
The act setting the bond is declared absolutely null due to total lack of reasoning, but the order for direct registration and the claim for damages are dismissed for lack of evidence.Se declara la nulidad absoluta del acto que fijó la caución por falta total de motivación, pero se rechaza la orden de inscripción directa y la condena por daños y perjuicios por falta de prueba.
SummaryResumen
The appealed judgment partially upheld the nullity of an administrative act that required the plaintiff company to post a bond of 50 million colones to register its installment sales plans, but it omitted a ruling on the issue of competence and lack of reasoning in that act. The Court analyzes that the obligation to provide reasons for prejudicial acts stems from Article 136 of the General Law on Public Administration, and the absence of reasoning leads to absolute nullity. In this specific case, the Administration failed to explain why it considered the company to be insolvent, what parameters it used to set the bond amount, or where the economic-financial study it claims to have carried out is located. The lack of reasoning renders the act arbitrary and violates the principle of legality. Nevertheless, the Court refuses to order the direct registration of the company and instead refers the matter back to the Administration to conduct a new analysis with proper justification. It also denies the claimed damages because the plaintiff did not prove their existence during the proceedings.La sentencia impugnada confirmó parcialmente la nulidad de un acto administrativo que exigió a la empresa actora rendir una garantía de 50 millones de colones para inscribir sus planes de venta a plazo, pero omitió una valoración sobre la competencia y la ausencia de motivación del acto. El Tribunal analiza que la exigencia de motivación de los actos lesivos deriva del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, y su omisión provoca la nulidad absoluta. En el caso concreto, la Administración no explicó por qué consideró insolvente a la empresa, cuáles parámetros usó para fijar el monto de la caución ni dónde consta el estudio económico-financiero que afirma haber realizado. Al carecer de motivación, el acto es arbitrario y viola el principio de legalidad. No obstante, el Tribunal rechaza ordenar la inscripción directa de la empresa y remite a la Administración para que realice un nuevo análisis con la debida fundamentación. Además, niega los daños y perjuicios reclamados porque la parte actora no demostró su existencia en el proceso.
Key excerptExtracto clave
Relevant to the specific case, the ACAC requested from the plaintiff a series of information to verify its financial solvency. In the statement of defense, the State affirms that “it is clear from the administrative file that the company did not demonstrate sufficient economic solvency to continue with this type of regular trade, for which the Area of Commerce and Consumer Support chose to request it to post a bond which, in order to protect consumer interests and guarantee that the service for which they are paying in installments will ultimately be provided by the company, it set it in the reasonable and proportional sum of fifty million colones” (folio 81). However, this Court asks: why is the plaintiff deemed not to be solvent?, what were the parameters used to set a bond of fifty million colones?, why not twenty million, thirty million or forty million colones?, what did Dacasa's financial statements show?. The challenged act says nothing about this, and merely states that from the review of the documentation submitted, a guarantee of fifty million was set, without providing any explanation or reasoning whatsoever. In the decision that heard the administrative appeal, no argument is added that could serve as grounds, because it simply states that 'the Commerce Area conducted an extensive economic-financial study of the documentation provided by the company,' but where is that study?; in the administrative file there are no worksheets or technical reports, not even annotations.En lo que interesa al caso concreto, la ACAC solicitó a la actora una serie de información para verificar su solvencia económica. En el escrito de contestación de la demanda, el Estado afirma que “del expediente administrativo se desprende que la empresa no demostró la solvencia económica apta para continuar con este tipo de comercio habitual, por lo que el Area de Comercio y Apoyo al Consumidor optó por solicitarle que rindieran una caución que, en aras de proteger los intereses del consumidor y garantizarle que el servicio por el cual está pagando a plazos al final va a ser cubierto por la empresa, la fijó en la suma razonable y proporcionada de cincuenta millones de colones” (folio 81). Sin embargo, este Tribunal se pregunta: ¿por qué se considera que la aquí accionante no es solvente?, ¿cuáles fueron los parámetros utilizados para fijar una caución de cincuenta millones de colones?, ¿por qué no veinte millones, treinta millones o cuarenta millones de colones?, ¿qué mostraban los estados financieros de Dacasa?. El acto impugnado nada dice al respecto, y se limita a asegurar que de la revisión de la documentación presentada se le fija una garantía de cincuenta millones, sin dar ninguna explicación o fundamentación al respecto. En la resolución que conoció de la apelación en vía administrativa, no se agrega tampoco ningún argumento que pueda servir de fundamento, pues se limita a indicar que “el Área de Comercio hizo un amplio estudio económico financiero de la documentación aportada por la sociedad”, pero ¿dónde está ese estudio?; en el expediente administrativo no hay hojas de trabajo o informes técnicos, ni siquiera anotaciones.
Pull quotesCitas destacadas
"La motivación, cuando así lo exige la ley, no constituye en consecuencia, una mera formalidad, sino un requisito sustancial, cuya finalidad es que la Administración no sólo se ajuste al principio de legalidad y sea objetiva al tomar un decisión particular, alejándose de la arbitrariedad, sino también que el interesado conozca las razones de tal proceder."
"The reasoning, when required by law, does not constitute a mere formality, but rather a substantive requirement, the purpose of which is to ensure that the Administration not only complies with the principle of legality and is objective in making a particular decision, avoiding arbitrariness, but also that the interested party knows the reasons for such action."
Considerando V
"La motivación, cuando así lo exige la ley, no constituye en consecuencia, una mera formalidad, sino un requisito sustancial, cuya finalidad es que la Administración no sólo se ajuste al principio de legalidad y sea objetiva al tomar un decisión particular, alejándose de la arbitrariedad, sino también que el interesado conozca las razones de tal proceder."
Considerando V
"La falta de motivación, es un vicio del acto administrativo y si además atenta contra un derecho constitucional, así debe declararse a efecto de restituirlo, lo que es objeto de esta vía."
"The lack of reasoning is a defect of the administrative act and if it also violates a constitutional right, it must be so declared in order to restore it, which is the purpose of this avenue."
Voto 454-91 citado en Considerando V
"La falta de motivación, es un vicio del acto administrativo y si además atenta contra un derecho constitucional, así debe declararse a efecto de restituirlo, lo que es objeto de esta vía."
Voto 454-91 citado en Considerando V
"No es sino hasta que se contesta la demanda, que la representación estatal intenta explicar el procedimiento empleado manifestando que “se utiliza la fórmula o procedimiento determinado por la Oficina citada, que consiste en calcular el activo entre el pasivo... pero semejante argumentación ni siquiera se extrae del expediente administrativo y mucho menos de los actos impugnados, que son absolutamente escuetos y faltos de fundamentación."
"It is only when answering the lawsuit that the state representation attempts to explain the procedure used, stating that 'the formula or procedure determined by the aforementioned Office is used, which consists of calculating the asset to liability ratio...' but such reasoning cannot even be extracted from the administrative file, much less from the challenged acts, which are absolutely laconic and lacking in justification."
Considerando VI
"No es sino hasta que se contesta la demanda, que la representación estatal intenta explicar el procedimiento empleado manifestando que “se utiliza la fórmula o procedimiento determinado por la Oficina citada, que consiste en calcular el activo entre el pasivo... pero semejante argumentación ni siquiera se extrae del expediente administrativo y mucho menos de los actos impugnados, que son absolutamente escuetos y faltos de fundamentación."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
IV.In the brief of summary conclusions, the plaintiff argued the lack of competence of the Area of Commerce and Consumer Support (Área de Comercio y Apoyo al Consumidor, ACAC), as well as of the Minister of Economy and Commerce to issue the challenged acts, considering that this authority belongs to the Consumer Commission, which is a deconcentrated body, an argument not addressed in the judgment appealed here. This issue was resolved by the Constitutional Chamber within the amparo appeal filed on behalf of DACASA, by resolution at sixteen twenty-one hours on February twenty-fourth, nineteen hundred ninety-nine, a copy of which appears at folios 98 to 104 of the main file and which constitutes binding jurisprudence pursuant to article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction. On that occasion, the Constitutional Court stated: “For this specific case, the competent entity turns out to be the Area of Commerce and Consumer Support of the Ministry of Economy, Industry and Commerce, to which, by legal imperative, corresponds the authorization of, among others, installment sale plans, the interested parties must first comply with each and every one of the requirements established in this article, which must be understood as concurrent requirements, including providing a surety bond (garantía de caución) when, in the judgment of the ACAC, the applicant company does not demonstrate sufficient solvency to respond in the event of non-performance, all in pursuit of protecting the rights and interests of consumers (see ruling number 2161-98)...” V.- Article 136, subsections a and b) of the General Law of Public Administration, establishes that administrative acts that impose obligations, or that limit, suppress, or deny subjective rights, and likewise, those that resolve appeals, must be reasoned with at least a brief mention of their grounds.
Reasoning, when required by law, does not constitute, consequently, a mere formality, but rather a substantial requirement, whose purpose is that the Administration not only conforms to the principle of legality and is objective when making a particular decision, moving away from arbitrariness, but also that the interested party knows the reasons for such proceeding, that is, what is the basis and justification for its content; the contrary leads to the administrative act appearing externally as illogical and arbitrary. But the topic of reasoning is not only important for the administered recipient of the act, because in its absence, they cannot know the basis of the decision, which in turn prevents them from adequately exercising the remedies granted by law, but it also constitutes an obstacle for the body that must hear the administrative appeal and the Judge of the administrative litigation jurisdiction, because it deprives the superior and the Judge of the elements of knowledge necessary to analyze the legality of the administrative act.
On the topic, the Constitutional Chamber has indicated: “In effect, the Council's agreement of November 8, 1990, denies the permit to the plaintiff firm to work in that Canton, but the same lacks the essential reasoning, a requirement for its validity in light of what is provided in article 133 of the General Law of Public Administration. The lack of proportionality of that act, with its content, causes it to, in itself, injure the principle of equality and the freedom of commerce. That is, any restriction on fundamental rights must be unequivocally stated in a reasoned act, in which the justifying reasons for adopting it are indicated. - The lack of reasoning is a defect of the administrative act and if it further violates a constitutional right, it must be so declared in order to restore it, which is the object of this avenue.” (Voto 454-91 of February 27, 1991). "...II.- In folios 12 and 13 of the file, the plaintiff himself accepts the facts, before which ignorance or lack of knowledge cannot be alleged, since he had seven years of exercising that type of function and he himself accepts that he had received circulars and instructions from the Board, notwithstanding the above the appeal must be partially granted, since none of the resolutions ordering the cancellation of the concession, nor those communicating it, are reasoned.
These are only limited to stating that the provision to cancel the concession was taken, none has any reasoning whatsoever. The only reason for which the Chamber could reach the conclusion that the plaintiff had committed a fault that gave basis to the sanction, was the reasoning provided in its report by the head of the appealed body, reasoning that the harmful act being challenged should have contained. On this point, the Chamber's jurisprudence has been very clear in affirming that there exists a constitutional principle that mandates the reasoning of acts, especially those that are harmful to the interests or rights of individuals, a principle that is intimately linked with that of defense, also of constitutional rank. The lack of reasoning of an act, especially if it is harmful, even when there has been a process giving rise to it, is equivalent to, in a civil or criminal proceeding, the Judge, after the proceeding has been instructed, only issuing the operative part (por tanto) of the judgment, without explaining what were the elements of judgment and the evidence that allow them to support their conclusion.
The same principles that require judgments to be duly founded are valid and mandatory for cases such as the one discussed here, and it is for the reasons indicated that the Chamber considers that on this point the appeal must be granted..." (Italics not in the original) (Voto No. 226-91 of 15:32 hours on February 1, 1991). VI.- Article 41 of the Law on Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer, establishes the following: “Article 41.- Installment sales of goods such as real estate, apartments and houses, the future provision of services, such as sales of travel clubs, shares, titles and rights that give consumers participation as owners, partners or associates, and future development projects, such as social and tourism centers, housing developments (urbanizaciones), exploitation of industrial, agricultural and commercial activities, must comply with the provisions of this article provided that the following conditions concur:
"IV.- En el escrito de conclusiones suscintas, la parte actora argumentó la incompetencia del Área de Comercio y Apoyo al Consumidor (ACAC), así como del Ministro de la Cartera de Economía y Comercio para dictar los actos impugnados, por considerar que ello corresponde a la Comisión del Consumidor, que es un órgano desconcentrado, argumento al que no se refirió la sentencia aquí apelada. Este tema fue resuelto por la Sala Constitucional dentro del recurso de amparo interpuesto a favor de DACASA, por resolución de las dieciséis horas veintiún minutos del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, cuya copia consta a los folios 98 a 104 del expediente principal y que constituye jurisprudencia obligatoria a tenor del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En esa ocasión el Tribunal Constitucional expresó: “Para este caso concreto, la entidad competente resulta ser el Área de Comercio y Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a la que por imperio legal le corresponde autorizar entre otros los planes de venta a plazo, debiendo los interesados previamente cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en este artículo, los que deben entenderse requisitos concurrentes y entre ellos rendir garantía de caución cuando a criterio de la ACAC, la empresa solicitante no demuestre la solvencia suficiente para responder en caso de incumplimiento, todo ello en procura de proteger los derechos e intereses de los consumidores (ver sentencia número 2161-98)...” V.- El artículo 136, incisos a y b) de la Ley General de la Administración Pública, establece que deberán ser motivados con mención, al menos suscinta de sus fundamentos, los actos administrativos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos e igualmente, los que resuelvan recursos.
La motivación, cuando así lo exige la ley, no constituye en consecuencia, una mera formalidad, sino un requisito sustancial, cuya finalidad es que la Administración no sólo se ajuste al principio de legalidad y sea objetiva al tomar un decisión particular, alejándose de la arbitrariedad, sino también que el interesado conozca las razones de tal proceder, es decir, cuál es el fundamento y justificación de su contenido; lo contrario, lleva a que el acto administrativo se presente externamente como ilógico y arbitrario. Pero el tema de la motivación, no sólo es importante para el administrado destinatario del acto, porque en su ausencia, no puede saber la base de la decisión, lo que impide a su vez ejercer adecuadamente los recursos otorgados por la ley, sino que también se constituye en un escollo para el órgano que ha de conocer la alzada administrativa y el Juez de la jurisdicción contencioso administrativa, porque priva al superior y al Juzgador de los elementos de conocimiento necesarios para analizar la legalidad del acto administrativo.
Sobre el tema, la Sala Constitucional ha señalado: “En efecto, el acuerdo del Concejo del 8 de noviembre de 1990, niega el permiso a la firma accionante para trabajar en ese Cantón, pero el mismo carece de la esencial motivación, requisito de su validez a la luz de lo que dispone el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública. La falta de proporcionalidad de ese acto, con el contenido del mismo, hace que en sí mismo se lesione el principio de igualdad y la libertad de comercio. Es decir, cualquier restricción a los derechos fundamentales, debe constar en forma inequívoca en un acto fundamentado, en el que se señalen las razones justificantes para adoptarlo.- La falta de motivación, es un vicio del acto administrativo y si además atenta contra un derecho constitucional, así debe declararse a efecto de restituirlo, lo que es objeto de esta vía.” (Voto 454-91 de 27 de febrero de 1991).
"...II.-En los folios 12 y 13 del expediente, el mismo accionante acepta los hechos, ante los cuales no se puede alegar ignorancia o falta de conocimiento, pues éste tenía siete años de ejercer ese tipo de funciones y él mismo acepta que había recibido circulares e instrucciones de parte de la Junta, no obstante lo anterior el recurso debe declararse parcialmente con lugar, pues ninguna de las resoluciones que ordenan la cancelación de la concesión, ni las que la comunican, se encuentran fundamentadas. Estas solo se limitan a establecer que se tomó la disposición de cancelar la concesión, ninguna tiene motivación alguna. La única razón por la cual la Sala pudo llegar a la conclusión de que el accionante había cometido una falta que dio base a la sanción, fue por la fundamentación que hace en su informe el titular del órgano recurrido, fundamentación que debió contener el acto lesivo que se impugna.
Sobre este punto, la jurisprudencia de la Sala ha sido muy clara en afirmar que existe un principio constitucional que obliga a la motivación de los actos, sobre todo aquellos que son lesivos de los intereses o derechos de los individuos, principio que está íntimamente ligado con el de defensa, también de rango constitucional. La no motivación de un acto, sobre todo si este es lesivo, aún cuando haya existido un proceso que le dé lugar es equivalente a que en un proceso civil o penal, el Juez, luego de instruido el proceso, sólo dicte el por tanto de la sentencia, sin explicar cuáles fueron los elementos de juicio y las pruebas que le permiten sustentar su conclusión. Los mismos principios que exigen que las sentencias estén debidamente fundadas, son válidos y obligatorios para casos como el que aquí se discute y es por las razones indicadas, que la Sala estima que en cuanto a este extremo debe declararse con lugar el recurso..." (La cursiva no es del original) (Voto No. 226-91 de las 15:32 horas del 1 de febrero de 1991).
VI.- El artículo 41 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, establece lo siguiente: “Artículo 41.- Las ventas a plazo de bienes tales como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la prestación futura de servicios, tales como las ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y derechos que den participación a los consumidores como dueños, socios o asociados y los proyectos futuros de desarrollo, como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, explotación de actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben cumplir con lo establecido en este artículo siempre que concurran las siguientes condiciones:
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