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Applicability of Article 140 of the Fisheries Law over the Sea Turtle LawAplicabilidad del artículo 140 de la Ley de Pesca frente a la Ley de Tortugas Marinas

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The appeal is denied, upholding the conviction for violation of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, which is deemed the applicable special norm.Se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la condena por infracción al artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, al considerarse la norma especial aplicable.

SummaryResumen

This ruling decides an appeal against a conviction for violating Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, which punishes the hunting and capture of endangered chelonians. The appellant argued that the applicable statute was the Sea Turtle Protection Law and that the absence of INCOPESCA as a party invalidated the proceedings. The court rejects both claims. First, it clarifies that neither procedural law nor INCOPESCA's organic law requires summoning that institution as a party; criminal prosecution is validly exercised by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office. Second, it conducts an analysis of apparent concurrence of offenses between the two laws. It concludes that Article 140 of the Fisheries Law contains special elements –protection of species declared endangered by international conventions and occurrence within the territorial sea– that make it more specific for the present case, where green sea turtles (Chelonia mydas) were captured in Tortuguero National Park. Applying the principle of specialty, it upholds the legal classification, noting additionally that both laws carry the same penalty, so no actual prejudice results for the defendants.La sentencia resuelve un recurso de apelación contra una condena por infracción al artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que sanciona la caza y captura de quelonios en peligro de extinción. El recurrente alegaba que la norma aplicable era la Ley de Protección de Tortugas Marinas y que la falta de participación de INCOPESCA viciaba el proceso. El tribunal rechaza ambos argumentos. Primero, aclara que ni la ley procesal ni la ley orgánica de INCOPESCA obligan a convocar a esa institución como parte, y que la acción penal la ejercen válidamente el Ministerio Público y la Procuraduría. Segundo, realiza un análisis de concurso aparente de normas entre ambas leyes. Concluye que el artículo 140 de la Ley de Pesca contiene elementos especializantes —protección de especies declaradas en peligro de extinción por convenios internacionales y ocurrencia en el mar territorial— que lo hacen más específico para el caso concreto, donde se capturaron tortugas verdes (Chelonia mydas) en el Parque Nacional Tortuguero. Aplica el principio de especialidad y confirma la calificación jurídica, señalando además que ambas normas imponen la misma pena, por lo que no hay perjuicio real para los imputados.

Key excerptExtracto clave

It is clear that said criminal type contemplates two situations, the first relating to turtles that are killed, hunted, captured, butchered, processed, or traded, and the other referring to the retention of sea turtles for commercial purposes, or the trade of products or by-products of these species; the first situation is the one that must be analyzed according to the charged facts, since the hunting and capture of sea turtles was proven. This Court of Appeals considers that, according to the facts deemed proven –the defendants wounded, hunted, and captured green sea turtles (Chelonia mydas), an endangered species, in the marine area located within Tortuguero National Park, specifically at coordinates [Placa1] [Dirección1] and [Placa2] [Dirección2], directly in front of the beach in the sector known as [Dirección3]–, such conduct fits the normative provisions of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, No. 8436, as classified by the lower court. Given that the Chelonia mydas turtle is an endangered species, pursuant to the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, Law 7906, published in La Gaceta 186 of September 24, 1999 –Article I(1) in relation to IV(2)(A), Annex I–, and that the defendants hunted and captured them in territorial waters, specifically in the marine area within Tortuguero National Park, at coordinates [Placa3] and [Placa4], the conduct fits the typical provisions of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, because according to the principle of specialty, the latter has specific elements that allow its application, making it the applicable norm to the particularities of this case. It is worth adding that the determination of the applicable criminal norm has no impact on the type and quantum of the criminal sanction, since both norms establish the same penalty, from one to three years of imprisonment, so the discussion about the nomen iuris causes no prejudice to the defendants from the standpoint of the sanction to be imposed, since in both criminal types the amount of the sanction, in its minimum and maximum extremes, is the same, and therefore the quantum that was imposed –which was also not appealed– would not be affected.Es claro que, dicho tipo penal contempla dos supuestos, el primero relativo a las tortugas que se maten, cacen, capturen, destacen, trasieguen o comercien y, el otro, referido a la retención con fines comerciales de tortugas marinas, o el comercio de productos o subproductos de estas especies; siendo el primer supuesto el que corresponde analizar conforme a los hechos acusados, al haberse acreditado la caza y captura de tortugas marinas. Estima este Tribunal de Apelación que, conforme a los hechos tenidos por probados -los imputados hirieron, cazaron y capturaron tortugas marinas verdes (Chelonia Mydas), especie en peligro de extinción, en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, específicamente en las coordenadas [Placa1] [Dirección1] y [Placa2] [Dirección2], propiamente frente a la playa en el sector conocido como [Dirección3] -, dicha conducta se adecúa a las previsiones normativas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 8436, tal como lo calificó el a quo. Al ser la tortuga Chelonia Mydas una especie en peligro de extinción, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ley 7906, publicada en La Gaceta 186, del 24 de setiembre de 1999 –artículo I inciso 1 en relación al iv inciso 2. A), anexo I-, que los imputados cazaron y capturaron en aguas del mar territorial, concretamente en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, en las coordenadas [Placa3] y [Placa4] , la conducta se ajusta a las previsiones típicas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, porque conforme al criterio de especialidad, esta última tiene elementos específicos que permiten su adecuación, por lo cual esa es la norma aplicable a las particularidades de esta caso. Valga agregar que, la determinación de la norma penal aplicable no tiene un impacto en el tipo y quantum de la sanción penal desde que, ambas normas establecen la misma pena, de uno a tres años de prisión, por lo cual la discusión sobre el nomen iuris no le causa un perjuicio a los imputados, desde el punto de vista de la sanción a imponer ya que, en ambos tipos penales el monto de la sanción, en sus extremos mínimo como máximo, es la misma, por lo cual el quantum que le fue impuesto –el que además no fue objeto de impugnación, no se vería afectado.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La herramienta jurídica existente para resolver los casos en los que, los hechos demostrados parecen contenerse en dos tipos penales de diversas leyes, es a través del artículo 23 del Código Penal, el cual establece que: “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general…"

    "The existing legal tool to resolve cases where proven facts appear to be covered by two criminal types from different laws is through Article 23 of the Penal Code, which states: 'When the same conduct is described in several legal provisions that are mutually exclusive, only one of them shall be applied, as follows: the special norm prevails over the general…"

    Considerando III

  • "La herramienta jurídica existente para resolver los casos en los que, los hechos demostrados parecen contenerse en dos tipos penales de diversas leyes, es a través del artículo 23 del Código Penal, el cual establece que: “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general…"

    Considerando III

  • "La conducta se ajusta a las previsiones típicas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, porque conforme al criterio de especialidad, esta última tiene elementos específicos que permiten su adecuación, por lo cual esa es la norma aplicable a las particularidades de esta caso."

    "The conduct fits the typical provisions of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, because according to the principle of specialty, the latter has specific elements that allow its application, making it the applicable norm to the particularities of this case."

    Considerando III

  • "La conducta se ajusta a las previsiones típicas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, porque conforme al criterio de especialidad, esta última tiene elementos específicos que permiten su adecuación, por lo cual esa es la norma aplicable a las particularidades de esta caso."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

III.—As a second ground, the appellant alleges disagreement with the legal classification given to the facts, as well as the violation of the principles of restrictive interpretation and legality. He points out that his defendants were convicted of the Infraction of the Fisheries and Aquaculture Law, for which the participation of Incopesca is mandatory; however, both the prosecution and the Attorney General's Office charged the infraction under the Law for the Recovery of Marine Turtles (sic), where the participation of the latter entity is indeed possible. Since the conviction was under a law that required the intervention of Incopesca, the debate should have been suspended to incorporate that institution as a party, by operation of law, and by not doing so, the principle of legality was violated. He considers that in this case, the special rule was the applicable one, with the Fisheries and Agriculture Law (sic) being the general one, and that an error of law existed on the part of the Trial Court. For all the foregoing reasons, he requests that the appealed judgment be declared null and void and, for reasons of procedural economy, that his defendants be acquitted of all penalty and responsibility or, failing that, that a retrial be ordered. The ground is dismissed: As for the absence of the participation of the Costa Rican Institute of Fisheries and Agriculture—known as INCOPESCA—in this proceeding, the party failed to demonstrate any real grievance or harm caused thereby, nor does it provide the legal and regulatory basis to claim that the Trial Court should have suspended the debate and summoned INCOPESCA to be incorporated into the proceeding. It is imperative to note that the participation of the Public Prosecutor’s Office, as well as the Attorney General’s Office (Procuraduría General de la República), has legal support under the provisions of Article 16 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), which provides that the exercise of public criminal action lies with the former, without prejudice to the fact that, in cases of crimes committed against the environment, among other offenses, the latter—as the attorney for the State—may also directly exercise the action, without being subordinated to the actions and decisions of the former. The foregoing demonstrates the legitimacy of the criminal actors in exercising criminal action, and it is evident that the procedural rules do not regulate or obligate the trial court (a quo) to bring the Costa Rican Institute of Fisheries and Agriculture—INCOPESCA—into the proceedings as a party; this entity is a state public body with legal personality and its own assets, subject to the National Development Plan issued by the Executive Branch, created by Law 7384, effective as of March 29, 1994. From a reading of its law, it does not follow that its powers or faculties include the exercise of criminal action within criminal proceedings—pursuant to Articles 5, 17, and 14 of the Fisheries and Aquaculture Law—and its founding statute, in its second article, establishes that its ordinary activities are as follows: “a) To coordinate the fisheries and aquaculture sector, promote and manage the development of fishing, maritime hunting, aquaculture, and research; likewise, to promote, based on technical and scientific criteria, the conservation, exploitation, and sustainable use of the biological resources of the sea and aquaculture. b) To regulate the rational exploitation of fishery resources, tending to achieve greater economic returns, the protection of marine species, and aquaculture. c) To prepare, monitor, and follow up on the application of legislation, to regulate and prevent the contamination of maritime and aquaculture resources, as a result of fishing, aquaculture*, and activities that generate contamination threatening said resources.” Thus, the party’s claim has no legal basis; there is no rule obligating the judge to suspend the trial to summon said institution, much less when, in the judgment, the facts are classified as typifying an infraction of the Fisheries and Aquaculture Law. Therefore, this objection must be dismissed, as the actions of the Trial Court were in accordance with the law. On the other hand, the possible existence of an apparent conflict of laws (concurso aparente de normas) between Article 6 of the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations and Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law is alleged, asserting the commission of an error in the applied criminal statute. Upon reviewing the record, it is evident that the Trial Court considered the proven facts to be typical of the crime provided for in Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, which punishes with: “imprisonment of one to three years anyone who pursues, captures, wounds, kills, traffics, or commercializes chelonians, marine mammals, or aquatic species declared in danger of extinction protected by international conventions applicable to Costa Rica, in the territorial sea. If the conduct is committed in the exclusive economic zone by national or foreign vessels, the offender shall be subject to a fine of forty to sixty base salaries, in accordance with Article 2 of Law No. 7337, without prejudice to the provisions of Article 6 of Law No. 8325. The penalty shall be from three months to two years of imprisonment for anyone who retains, for commercial purposes, the species indicated in the preceding paragraph, or commercializes their products or by-products.” The trial court justified its decision by asserting that its typical description is more specific, having a specializing element, with respect to Article 6 cited above, by protecting chelonians declared in danger of extinction, protected by international conventions applicable to Costa Rica, and since the sea turtle is a species declared at risk of disappearance, said rule better regulated the conduct that was charged and was held to be proven. The court further added that the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations came into effect on November 28, 2002, while the Fisheries and Aquaculture Law came into effect on April 25, 2005, the latter being a later law that repeals the former—sequence 01:33 to 08:45, of the audio and video file identified as 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--1.wmv. The existing legal tool to resolve cases in which the proven facts appear to be contained within two criminal types from different laws is through Article 23 of the Penal Code, which establishes that: “When the same conduct is described in several legal provisions that mutually exclude each other, only one of them shall be applied, as follows: the special rule prevails over the general rule, the rule that entirely contains another is preferred over the latter, and the rule that the law has not expressly or tacitly subordinated to another is applied in place of the accessory one.” Regarding the apparent conflict of laws, the following has been jurisprudentially indicated: “[…] The central element for determining the existence of an apparent conflict of laws is the legal interest (bien jurídico). The Penal Code, along with certain special laws, establishes a catalog of punishable conduct, which are precisely punishable because they affect (injure or endanger) a legal interest. Given that this catalog is broad, it is possible for a single conduct to constitute several criminal types that protect the same legal interest, but which are mutually exclusive. The figure of the apparent conflict of laws precisely seeks to avoid the punitive overprotection of that conduct which appears to constitute several crimes but in reality only constitutes one injury to or endangerment of the legal interest. The plurality of legal interests is usually an indication of an ideal concurrence of offenses; based on this criterion, this case does not constitute an apparent conflict of laws because we are faced with conduct that violates three criminal types protecting distinct legal interests: thus, homicide protects the fundamental legal interest, life; while violation of domicile protects privacy; and non-compliance with protection measures for violence against women protects public authority.” (The emphasis does not correspond to the original.) (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution number [Telf1], of 12:09 p.m., April 15, 2011). […] For these purposes, it is relevant to mention the principles governing the apparent conflict of laws; thus, in the ruling just cited, a simple exposition of them is provided, stating: “Now then, in addition to the determination of the protected legal interest, given the complexity that cases of apparent conflict of laws can reach, doctrine has developed the principles of specialty, subsidiarity, and consumption (consunción) to resolve them. The principle of specialty, then, assumes that the action or the fact must be subsumed under the criminal types that best fit it, taking into account special or additional elements that best adjust to the conduct. ‘According to the dominant doctrine, the principle of specialty exists when a criminal provision, which is the type that is applied, contains within itself all the elements of the criminal provision of the general type, plus one or more specializing elements, through which the legislator considers the action from different viewpoints than those taken into account when constructing the general type. Some affirm that in such a case, the special type displaces the general type for reasons of logic, since every action that fulfills the special criminal type necessarily fulfills the general type.’ (Castillo [Nombre1], ibid., pp. 37-38). For its part, the principle of subsidiarity is based on the existence of two criminal types, but it is only feasible to apply one if the other cannot be applied; that is, they are mutually exclusive because they are incompatible. ‘As has been stated, the principle of tacit subsidiarity allows the application of one criminal type to the extent that another does not find application. Consequently, that relationship exists when there are several independent criminal types, one alongside the other, which have no common element. It is, therefore, the opposite of what occurs in specialty.’ (Castillo [Nombre1], ibid., p. 47). Finally, regarding the principle of consumption, it is stated: ‘The action constituting a crime that assumes a principal role consumes or absorbs that of another, which is part of or integrates its execution, since the former necessarily or frequently implies the carrying out of the other, previously, simultaneously, or subsequently, so that the penalty for the former takes the latter into account, also covering its specific content of injustice and culpability.’ (Caramutti, [Nombre2], ibid., pp. 211-212)” (Third Chamber, Resolution No. 872-2018, of 4:32 p.m., November 28, 2018). By virtue of the foregoing, according to the criterion of specialty, one rule prevails over another when it contains all the elements, plus an additional one; the criterion of consumption refers to a crime committed before, during, or after another, more serious one, the first being displaced because it contains the injustice and culpability of the latter; and finally, according to the criterion of subsidiarity, one rule is applied in place of another, which may be express—defined in the rule itself—or tacit. In the specific case, this Chamber of Appeals has analyzed the various environmental laws existing in the matter, and it can be ruled out that the Wildlife Conservation Law, No. 7317, could be applied, since Article 122 expressly stipulates that the provisions of said law shall not apply to the exercise of fishing at sea, and since it was held as proven that the events occurred within the territorial waters, at mile 16, off Tortuguero National Park, consequently that legal framework could not be applied to the present case. Therefore, the discussion focuses, then, between Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law and Article 6 of the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations, No. 8325. The latter law punishes: “Anyone who kills, hunts, captures, butchers, traffics, or commercializes marine turtles shall be punished with imprisonment of one to three years. The penalty shall be three months to two years of imprisonment for anyone who retains marine turtles for commercial purposes, or commercializes products or by-products of these species. The collection of olive ridley turtle eggs at the Ostional Wildlife Refuge shall not be punishable, provided it is carried out in compliance with the regulatory provisions issued by MINAE.” It is clear that this criminal type contemplates two scenarios: the first relates to turtles that are killed, hunted, captured, butchered, trafficked, or commercialized, and the other refers to the retention of marine turtles for commercial purposes, or the trade of products or by-products of these species; the first scenario is the one that must be analyzed according to the charged facts, since the hunting and capture of marine turtles were proven. This Chamber of Appeals considers that, according to the facts held as proven—the accused wounded, hunted, and captured green sea turtles (Chelonia Mydas), an endangered species, in the marine area located within Tortuguero National Park, specifically at coordinates [Placa1] [Dirección1] and [Placa2] [Dirección2], directly off the beach in the sector known as [Dirección3]—said conduct fits the regulatory provisions of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, No. 8436, as the trial court classified it. As a matter of order, it should be stated that the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations, No. 8325, has been in force since November 28, 2002, and since April 25, 2005, the Fisheries and Aquaculture Law, No. 8436, has been in force, the latter being a later law that, moreover, did not provide for the express or tacit repeal of Law 8325, from which it can be concluded that both laws are in force and do not present a regulatory contradiction between them. Now then, Law 8436 was enacted to regulate “fishing and aquaculture activity in its different stages, corresponding to the capture, extraction, processing, transportation, commercialization, and sustainable use of aquatic species”—Article One—while CED1, according to its Article One, was enacted for the purpose of: “adopting the necessary measures to guarantee the purposes of this Law and the commitments acquired by the country in ratified international instruments on the matter,” declaring “scientific research related to marine turtles and their habitat to be of public interest”; thus, there is a general-special rule relationship between them, without it being possible to deduce that, strictly based on a criterion of specialty, when the special law does not contain all the objective elements that are present in the general law, the latter cannot be applied. After reviewing both rules, it is evident that both Article 140 of Law 8436 and Article 6 of Law 8325 punish the typical verbs “kill, capture, traffic, and commercialize,” but the former broadens the spectrum of punishable conduct to those who pursue and wound, but does not cover the actions of hunting and butchering that are indeed contained in the latter. Regarding the passive subject, it is clear that Law 8325 protects only marine turtles, while Law 8436 does so with respect to mammals, aquatic species, or chelonians, but it adds a series of specializing elements, establishing that those must have been declared in danger of extinction, protected by international conventions applicable to Costa Rica, and, as a second element, it punishes this when it occurs in the territorial sea. Undoubtedly, the two are not identical, because the elements of the typical description are not precise and exact, which requires that, in each particular case, the Court must carry out a highly rigorous analysis of the verbs and the conditions of the site where the act took place, because the final classification given to the events depends on this, clearly, in accordance with the charge that was formulated. This position is in absolute conformity with the precedent of the Third Chamber on this issue, contained in resolution number [Telf2], of 9:00 a.m., September 13, 2013, when the following was stated: “Consequently, in accordance with the characteristics of the case under study, the cited Article 6 of Law 8325 is the special law with respect to Article 95 of Law 7317, provided that the charged conduct is fully contained within the description of the criminal type set forth in said rule. By reason of the foregoing, it is worth clarifying that this is not strictly a tacit repeal of Article 95 of the Wildlife Law, but rather that, being in the presence of an apparent conflict of laws, it is resolved based on the principle of specialty, taking into consideration the factual framework that was held as proven. (…) The consulted jurisprudential criterion is unified, in the sense that when there is an apparent conflict of laws in matters related to the protection and guardianship of marine turtles, the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations, No. 8325, shall be applied—by virtue of the principle of specialty. In matters not provided for in this special law, it shall be understood that those current rules related to the issue in question must apply.” (The underlining does not belong to the original.) Given that the Chelonia Mydas turtle is an endangered species, in accordance with the provisions of the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, Law 7906, published in La Gaceta No. 186, of September 24, 1999—Article I, paragraph 1, in relation to Article IV, paragraph 2, Annex I—and that the defendants hunted and captured them in the waters of the territorial sea, specifically in the marine area located within Tortuguero National Park, at coordinates [Placa3] and [Placa4], the conduct conforms to the typical provisions of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, because according to the criterion of specialty, the latter has specific elements that allow its application, and therefore, that is the applicable rule to the particularities of this case. It is worth adding that the determination of the applicable criminal statute has no impact on the type and quantum of the criminal sanction, since both rules establish the same penalty, from one to three years of imprisonment, so the discussion regarding the legal classification (nomen iuris) does not cause prejudice to the defendants from the standpoint of the sanction to be imposed, since in both criminal types the amount of the sanction, in both its minimum and maximum extremes, is the same, and therefore, the quantum imposed upon them—which, moreover, was not challenged—would not be affected. For all the foregoing reasons, this ground of the appeal is dismissed, as the facts under examination were appropriately classified.

III.- Como segundo motivo alega inconformidad con la calificación jurídica otorgada a los hechos, como el quebranto de los principios de interpretación restrictiva y legalidad. Puntualiza que sus defendidos fueron condenados por la Infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura, para la cual es obligatoria la participación de Incopesca, sin embargo la fiscalía como la Procuraduría imputaron la infracción a la Ley de Recuperación de la Tortuga Marina (sic), donde sí es posible que esta última entidad participe. Al condenarse por una ley que requería la intervención de lncopesca, se debió suspender el debate para incorporar como parte a dicha institución, por imperio de ley y, al no hacerlo se transgredió el principio de legalidad. Considera que en este caso, la norma especial era la aplicable, siendo la de Pesca y Agricultura (sic) la general, existiendo un error de derecho por parte del Tribunal. Por todo lo anterior, pide se declare la nulidad del fallo venido en alzada y por razones de economía procesal, se les absuelva de toda pena y responsabilidad o, en su defecto, se disponga el reenvío. El motivo se declara sin lugar: En cuanto se echa de menos la participación de Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura –conocido como INCOPESCA- en este proceso, la parte no logró demostrar un agravio o perjuicio real que se le hubiere causado por ello, sin que además brinde la base jurídico normativa para pretender que, el Tribunal suspendiera el debate y se le convocara para que se incorporara al proceso. Es imperioso hacer ver que la participación del Ministerio Público, como de la Procuraduría General de la República encuentra sustento legal, conforme a lo previsto en el artículo 16 del Código Procesal Penal que, prevé que el ejercicio de la acción penal pública recae en el primero, sin perjuicio de que, en los casos de delitos cometidos contra el ambiente, entre otras delincuencias, la segunda –como abogado del Estado- también puede ejercer directamente la acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones de aquel. Lo anterior evidencia la legitimidad de los actores penales para el ejercicio de la acción penal, siendo evidente que la normativa procesal no regula ni obliga al a quo apersonar al sumario, como parte, al Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura –INCOPESCA- el cual es un ente público estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo que dicte el Poder Ejecutivo, creada mediante ley 7384, vigente a partir del 29 de marzo del 1994. De la lectura de su ley no se deriva que, dentro de sus atribuciones o facultades se encuentre el ejercicio de la acción penal dentro de los procesos penales –conforme a los artículos cinco y diecisiete, como del catorce de la Ley de Pesca y Acuicultura-, estableciéndose en el ordinal segundo de su ley constitutiva que sus actividades ordinarias son las siguientes: “a) Coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura. b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la acuicultura. c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de acuicultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuicultura* y de las actividades que generen contaminación, la cual amenace dichos recursos.” Así las cosas, la pretensión de la parte no tiene sustento jurídico, no existiendo norma que obligue al juez a suspender el juicio para convocar a dicha institución, ni mucho menos al calificar en sentencia los hechos como típicos de una infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura, por lo cual debe desestimarse ese reproche, porque lo actuado por el Tribunal se ajusta a derecho. Por otra parte, se acusa la posible existencia de un concurso aparente de normas entre el artículo 6 de la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas y el ordinal 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, alegándose la comisión de un error en la norma penal aplicada. Revisados los autos se extrae que, el Tribunal consideró que los hechos tenidos por demostrados eran típicos del delito previsto en el artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, el cual sanciona con: “prisión de uno a tres años a quien persiga, capture, hiera, mate, trasiegue o comercie quelonios, mamíferos marinos o especies acuáticas declaradas en peligro de extinción protegidas por convenios internacionales aplicables a Costa Rica, en el mar territorial. Si la conducta es cometida en la zona económica exclusiva por embarcaciones nacionales o extranjeras, al infractor se le impondrá una multa de cuarenta a sesenta salarios base, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº 7337, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de la Ley Nº 8325. La pena será de tres meses a dos años de prisión para quien retenga, con fines comerciales, las especies señaladas en el párrafo anterior, o comercie sus productos o subproductos.” El a quo justificó su decisión aduciendo que, su descripción típica es más específica, al tener un elemento especializante, respecto al ordinal 6 supra citado, al proteger los quelonios declarados en peligro de extinción, protegidos por convenios internacionales aplicables a Costa Rica y, al ser la tortuga marina una especie declarada en riesgo de desaparición, dicha norma regulaba de mejor manera la conducta que se acusó y se tuvo por demostrada. Agregó además que la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, entró en vigencia el 28 de noviembre del 2002, mientras la Ley de Pesca y Acuicultura lo hizo el 25 de abril del 2005, siendo esta última ley posterior que deroga a la anterior –secuencia 01:33 al 08:45, del archivo de audio y video identificado como190002321263PE-10092019093820-2_Multi--1.wmv-. La herramienta jurídica existente para resolver los casos en los que, los hechos demostrados parecen contenerse en dos tipos penales de diversas leyes, es a través del artículo 23 del Código Penal, el cual establece que: “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria”. En relación al concurso aparente de normas, jurisprudencialmente se ha indicado lo siguiente: “[…] El elemento central para determinar la existencia de un concurso aparente de normas es el bien jurídico. El Código Penal, junto a ciertas leyes especiales, establece un catálogo de conductas punibles, que lo son precisamente porque afectan (lesionan o ponen en peligro) un bien jurídico. Dado que este catálogo es amplio, es posible que una conducta configure varios tipos penales que tutelan el mismo bien jurídico, pero que son excluyentes entre sí. La figura del concurso aparente busca, precisamente, evitar la sobreprotección punitiva de esas conductas que parecen configurar varios delitos, pero que en realidad sólo constituyen una lesión o puesta en peligro al bien jurídico. La pluralidad de bienes jurídicos suele ser un indicio de que se trata de un concurso ideal, partiendo este criterio, este caso no constituye un concurso aparente, pues estamos ante una conducta que transgrede tres tipos penales que tutelan bienes jurídicos distintos: así, el homicidio protege el bien jurídico fundamental, la vida; mientras la violación de domicilio tutela la intimidad; y el incumplimiento de medidas de protección por violencia contra la mujer, resguarda la autoridad pública”. (El destacado no corresponde al original). (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número [Telf1], de las 12:09 horas, del 15 de abril de 2011). […] Para dichos efectos, es relevante mencionar los principios que rigen el concurso aparente de normas; así en el fallo que recién se ha citado, se hace una exposición sencilla de los mismos y se indica: “Ahora bien, además de la determinación del bien jurídico protegido, dada la complejidad que pueden alcanzar los casos de concurso aparente de normas, para resolverlos la doctrina ha elaborado los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción. El principio de especialidad entonces supone que la acción o el hecho debe subsumirse en los tipos penales que mejor se adapten a la misma, tomando en consideración elementos especiales o adicionales que de mejor manera se ajuste a la conducta. “Según la doctrina dominante, el principio de especialidad existe cuando una disposición penal, que es la del tipo que se aplica, contiene en sí todos los elementos de la disposición penal del tipo general, más uno o más elementos especializantes, por medio de los cuales el legislador considera la acción bajo puntos de vista distintos de aquellos tomados en cuenta a la hora de construir el tipo general. Algunos afirman que en tal caso el tipo especial desplaza al tipo general por razones de lógica, pues cada acción que realiza el tipo penal especial, realiza necesariamente el tipo general”. (Castillo [Nombre1] , , ibídem, pp. 37-38). Por su parte, en el principio de subsidiariedad se parte de que existen dos tipos penales, pero solamente es factible aplicar uno de ellos, si el otro no puede ser aplicado, es decir, son excluyentes porque son incompatibles. “Como se ha dicho, el principio de subsidiariedad tácita permite aplicar un tipo penal en la medida en que otro no encuentre aplicación. Por consiguiente, esa relación existe cuando hay varios tipos penales independientes, uno al lado del otro, que no tienen ningún elemento en común. Se trata, por consiguiente, de lo contrario a lo que ocurre en la especialidad”. (Castillo [Nombre1] , , ibídem, pág. 47). Finalmente, en relación con el principio de consunción, se señala: “La acción constitutiva de un delito que asume un rol principal consume o absorbe a la de otro, que forma parte o integra su ejecución, pues aquella implica necesaria o frecuentemente la realización de la otra, en forma previa, coetánea o posterior, de modo que la sanción de la primera tiene en cuenta a la segunda, abarcando también su específico contenido de injusto y de culpabilidad”. (Caramutti, [Nombre2], ibídem, pp. 211-212)” (Sala Tercera, resolución Nº 872-2018, de las 16:32 horas, del 28 de noviembre del 2018). En virtud de lo anterior, de acuerdo al criterio de especialidad, una norma prevalece sobre la otra cuando contiene todos los elementos, más uno adicional; el criterio de consunción está referido a un delito que se comete antes, durante o después de otro, más grave, desplazándose al primero por contener el injusto y la culpabilidad de aquel y; finalmente conforme al criterio de subsidiariedad, se aplica una norma en lugar de la otra, pudiendo ser expresa –definida en la propia norma- o bien, tácita. En el caso en concreto, esta Cámara de Apelación ha analizado las diversas normas ambientales existentes en la materia, pudiendo descartar que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, número 7317 pueda aplicarse toda vez que, el numeral 122 de forma expresa estipula que, las disposiciones de dicha ley, no serán aplicables al ejercicio de la pesca en el mar y, habiéndose tenido por demostrado que los hechos ocurrieron dentro de las aguas territoriales, en la milla 16, frente al Parque Nacional Tortuguero, consecuentemente dicho marco jurídico no podría ser aplicado al presente caso. Por ende, la discusión se centra entonces, entre el ordinal 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura y el ordinal 6 de la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, número 8325. Esta última norma sanciona a: “Quien mate, cace, capture, destace, trasiegue o comercie tortugas marinas, será penado con prisión de uno a tres años. La pena será de tres meses a dos años de prisión para quien retenga con fines comerciales tortugas marinas, o comercie productos o subproductos de estas especies. No será punible la recolección de huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre de Ostional, siempre que se realice con apego a las disposiciones reglamentarias que emita el MINAE.” Es claro que, dicho tipo penal contempla dos supuestos, el primero relativo a las tortugas que se maten, cacen, capturen, destacen, trasieguen o comercien y, el otro, referido a la retención con fines comerciales de tortugas marinas, o el comercio de productos o subproductos de estas especies; siendo el primer supuesto el que corresponde analizar conforme a los hechos acusados, al haberse acreditado la caza y captura de tortugas marinas. Estima este Tribunal de Apelación que, conforme a los hechos tenidos por probados -los imputados hirieron, cazaron y capturaron tortugas marinas verdes (Chelonia Mydas), especie en peligro de extinción, en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, específicamente en las coordenadas [Placa1] [Dirección1] y [Placa2] [Dirección2], propiamente frente a la playa en el sector conocido como [Dirección3] -, dicha conducta se adecúa a las previsiones normativas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 8436, tal como lo calificó el a quo. Como aspecto de orden debe enunciarse que la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, Nº8325, se encuentra vigente desde el 28 de noviembre del 2002 y, desde el día 25 de abril del 2005, rige la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº8436, siendo esta última, norma posterior que, además no dispuso la derogatoria expresa ni tácita de la Ley 8325, por lo cual se puede concluir que, ambas leyes están vigentes y no presentan contradicción normativa entre sí. Ahora bien, la ley 8436 se dictó para regular “la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas” –numeral primero-, mientras la CED1, conforme al ordinal primero se extrae que se dictó con el propósito de: “adoptar las medidas necesarias para garantizar los fines de esta Ley y los compromisos adquiridos por el país en los instrumentos internacionales ratificados sobre la materia”, declarándose “de interés público la investigación científica relacionada con las tortugas marinas y su hábitat”; por lo cual hay una relación de norma general-especial entre ellas, sin que pueda derivarse que, basados estrictamente en un criterio de especialidad, cuando la ley especial no contiene todos los elementos objetivos que sí se encuentran presentes en la general, no pueda aplicarse esta última. Luego de la revisión de ambas normas es evidente que, tanto el ordinal 140 de la ley 8436 como el 6 de la ley 8325 sancionan los verbos típicos “matar, capturar, trasegar y comerciar” pero, la primera amplía el espectro de la conducta punible a quien persiga e hiera, pero no cubre las acciones de cazar y destazar que sí están contenidas en la segunda. En cuanto al sujeto pasivo es claro que, la ley 8325 protege solo a las tortugas marinas, mientras la 8436 lo hace respecto de los mamíferos, especies acuáticas o quelonios pero, le incluye una serie de elementos especializantes, estableciendo que aquellos deben ser declarados en peligro de extinción, protegidos por convenios internacionales aplicables a Costa Rica y, como un segundo elemento, lo sanciona cuando ello se verifique en el mar territorial. Indudablemente los dos no son idénticos, porque los elementos de la descripción típica no son precisos y exactos, lo cual obliga a que, en cada caso en particular el Tribunal deba hacer un análisis sumamente riguroso de los verbos y las condiciones del sitio dónde se verificó el hecho, porque de ello depende la calificación final que se le brinden a los sucesos, claro está, conforme a la imputación que fue formulada. Esta posición guarda absoluta postura con el precedente de la Sala Tercera sobre este tema, contenido en la resolución número [Telf2], de las 09:00 horas, del 13 de setiembre de 2013, cuando se dijo lo que sigue: “En consecuencia, de acuerdo con las características del caso en estudio, el citado artículo 6 de la Ley 8325 es la ley especial respecto del artículo 95 de la Ley 7317, siempre y cuando la conducta que se acuse se encuentre contenida íntegramente en la descripción del tipo penal contemplada en dicha norma. En razón de lo anterior, valga aclarar que no se trata propiamente de una derogatoria tácita del ordinal 95 de la Ley de Vida Silvestre, sino que al estarse en presencia de un concurso aparente de normas, se resuelve con fundamento en el principio de especialidad, tomando en consideración el marco fáctico que se tuvo por probado. (…) Se unifica el criterio jurisprudencial consultado, en el sentido de que cuando se trate de un concurso aparente de normas en asuntos relacionados con la protección y tutela de tortugas marinas, deberá aplicarse la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de Poblaciones de de Tortugas Marinas, No. 8325 –en virtud del principio de especialidad. En lo no previsto en esta ley especial, se entenderá que deben aplicarse aquellas normas vigentes relacionadas con el tema en cuestión”. (El subrayado no pertenece al original). Al ser la tortuga Chelonia Mydas una especie en peligro de extinción, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ley 7906, publicada en La Gaceta 186, del 24 de setiembre de 1999 –artículo I inciso 1 en relación al iv inciso 2. A), anexo I-, que los imputados cazaron y capturaron en aguas del mar territorial, concretamente en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, en las coordenadas [Placa3] y [Placa4] , la conducta se ajusta a las previsiones típicas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, porque conforme al criterio de especialidad, esta última tiene elementos específicos que permiten su adecuación, por lo cual esa es la norma aplicable a las particularidades de esta caso. Valga agregar que, la determinación de la norma penal aplicable no tiene un impacto en el tipo y quantum de la sanción penal desde que, ambas normas establecen la misma pena, de uno a tres años de prisión, por lo cual la discusión sobre el nomen iuris no le causa un perjuicio a los imputados, desde el punto de vista de la sanción a imponer ya que, en ambos tipos penales el monto de la sanción, en sus extremos mínimo como máximo, es la misma, por lo cual el quantum que le fue impuesto –el que además no fue objeto de impugnación, no se vería afectado. Por todo lo antes expuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso de apelación, al estar adecuadamente calificados los hechos bajo examen.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Wildlife Conservation Law 7317Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 8436 Art. 140
    • Ley 8325 Art. 6
    • Ley 7384 Art. 2
    • Código Procesal Penal Art. 16
    • Código Penal Art. 23

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