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Obligation to pay municipal fees for communal and cleaning servicesObligación de pago de tasas municipales por servicios comunales y de limpieza

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The Mayor's resolution denying exemption from payment of fees for road cleaning, park and green area maintenance services is confirmed, declaring the obligation to pay them.Se confirma la resolución del Alcalde que denegó la exoneración del pago de tasas por servicios de limpieza de vías, mantenimiento de parques y zonas verdes, declarando la obligación de pago de las mismas.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Tribunal upholds the legality of municipal fees for road cleaning, park maintenance, and green areas charged to a company owning property in the Osa canton. The appellant sought exemption claiming the services were not provided on its properties, but the Tribunal rules that fees are based on the effective or potential provision of public services essential to community life, making the payment obligation mandatory and legally based. The argument of bad faith or illegality in the municipality's separate response to each company is rejected, reaffirming the individuality of legal entities. The ruling emphasizes that the taxable event is the availability of the service, not individual interest or use, and that the fee collection stems from a principle of cantonal solidarity, distributing costs among all users based on property value, with no possibility of exemption due to dissatisfaction with service quality.El Tribunal Contencioso Administrativo confirma la legalidad del cobro de tasas municipales por servicios de limpieza de vías, mantenimiento de parques y zonas verdes a una sociedad propietaria de un inmueble en el cantón de Osa. La apelante pretendía la exoneración del pago alegando que dichos servicios no se prestaban en sus fincas, pero el Tribunal determina que las tasas se sustentan en la prestación efectiva o potencial de servicios públicos imprescindibles para la vida en comunidad, cuya obligación de pago es irrenunciable y de base legal. Se rechaza el argumento de mala fe o ilegalidad en la respuesta municipal separada para cada sociedad, reafirmando la individualidad de las personas jurídicas. La sentencia subraya que el hecho generador de la tasa es la disponibilidad del servicio, no el interés o uso particular, y que su cobro responde a un principio de solidaridad cantonal distribuyendo los costos entre todos los usuarios según el valor de la propiedad, sin posibilidad de eximirse por descontento con la calidad del servicio.

Key excerptExtracto clave

In view of the above, it is important to emphasize that the payment of fees responds to the existence of state services that are indispensable for private and social life and, consequently, they are coercively imposed, so that when the State organizes a service and makes it available to the citizen, even if the citizen has no interest or does not use it, they cannot refuse to pay it, because the purpose of establishing it is to serve the general interest. Based on this assertion, two aspects of vital importance must be highlighted in this analysis: on the one hand, clearly identifying that the taxable event of the fees corresponds to the effective or potential provision of a public service by the Municipality, and on the other hand, that the taxpayer is the 'user' who receives the effective or potential provision of the same, as this Court has repeatedly indicated. Now, in a systematic application of articles 83 and 84 of the Municipal Code, Law 7797, in relation to articles 64 of the General Law on Urban and Suburban Leases, Law 7527, and 6 of the Law on Real Estate Tax, Law 7509, it must be specified that the determination of the user, for the purposes of collecting such fees, is given by the possession of the real estate property - on this aspect, it must be taken into account that article 83 expressly provides that the amount to be charged as a fee is defined based on the value of the property, so it is expressly delimited that such action is exercised on this type of property. Thus, the user of public services is the person who exercises the right of possession of a specific real estate property - insofar as they would be receiving directly, effectively or potentially, the service - and only as an exception, when it is not possible to identify them, would the levy of the fee fall on the holder of the bare property right of the real estate, because the service must be understood as provided to the latter, always remembering that the repeatedly cited article 83 provides that what is regulated is the availability of the provision of the service and not the interest or use that the user decides to make of it.En atención a lo expuesto, es importante resaltar que el pago de las tasas responde a la existencia de servicios estatales imprescindibles para la vida privada y en sociedad y, por consiguiente, son coactivamente impuestas, de modo que cuando el Estado organiza un servicio y lo pone a disposición del ciudadano, éste aunque no tenga interés ni haga uso de aquél, no puede negarse a pagarlo, debido a que lo que se tiene en mira al establecerse es la atención del interés general. A partir de esta afirmación, se deben resaltar dos aspectos de vital importancia en el presente análisis, por un lado, tener claramente identificado que el hecho generador de las tasas corresponde a la prestación efectiva o potencial de un servicio público por parte de la Municipalidad, y por otro lado, que el sujeto pasivo es el 'usuario' que recibe la prestación efectiva o potencial del mismo, tal y como así lo ha señalado reiteradamente este Tribunal. Ahora bien, en una aplicación sistemática de los artículos 83 y 84 el Código Municipal, Ley 7797, en relación con los artículos 64 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley 7527 y 6 de la Ley de Impuesto sobre bienes inmuebles, Ley 7509, se debe precisar que la determinación del usuario, para efectos del cobro de dichas tasas, viene dada por la posesión del bien inmueble -sobre este aspecto debe tomarse en consideración que el artículo 83 citado expresamente dispone que el monto a cobrar por concepto de tasa se encuentra definido en virtud del valor de la propiedad, de allí que se delimite expresamente que dicha acción se ejerce sobre este tipo de bienes-. Así las cosas, el usuario de los servicios públicos, es la persona que ejerce el derecho de posesión de un determinado bien inmueble -en el tanto estaría recibiendo en forma directa, efectiva o potencialmente, el servicio- y, únicamente a modo de excepción, cuando no sea posible identificarla, el cobro de la tasa recaería sobre el el titular del derecho de la nuda propiedad del bien inmueble, por cuanto, el servicio deberá entenderse suministrado a este, siempre recordando que el artículo 83 de repetida cita dispone que lo regulado es la disponibilidad de la prestación del servicio mas no el interés o uso que el usuario decida realizar del mismo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El pago de las tasas responde a la existencia de servicios estatales imprescindibles para la vida privada y en sociedad, por lo que se constituyen como obligaciones ex lege, de Derecho Público, son prestaciones coactivamente impuestas."

    "The payment of fees responds to the existence of state services essential for private and social life, which is why they constitute ex lege obligations of Public Law, being coercively imposed benefits."

    Considerando II

  • "El pago de las tasas responde a la existencia de servicios estatales imprescindibles para la vida privada y en sociedad, por lo que se constituyen como obligaciones ex lege, de Derecho Público, son prestaciones coactivamente impuestas."

    Considerando II

  • "Cuando el Estado organiza un servicio y lo pone a disposición del ciudadano, éste aunque no tenga interés ni haga uso de aquél, no puede negarse a pagarlo, debido a que lo que se tiene en mira al establecerse es la atención del interés general."

    "When the State organizes a service and makes it available to the citizen, even if the citizen has no interest or does not use it, they cannot refuse to pay it, because the purpose of establishing it is to serve the general interest."

    Considerando II

  • "Cuando el Estado organiza un servicio y lo pone a disposición del ciudadano, éste aunque no tenga interés ni haga uso de aquél, no puede negarse a pagarlo, debido a que lo que se tiene en mira al establecerse es la atención del interés general."

    Considerando II

  • "El establecimiento de las tasas responde a un principio de solidaridad cantonal de las cargas públicas, en donde existe la obligación de todos los usuarios de contribuir económicamente a su financiamiento."

    "The establishment of fees responds to a principle of cantonal solidarity of public burdens, where there is an obligation for all users to contribute financially to their funding."

    Considerando II

  • "El establecimiento de las tasas responde a un principio de solidaridad cantonal de las cargas públicas, en donde existe la obligación de todos los usuarios de contribuir económicamente a su financiamiento."

    Considerando II

Full documentDocumento completo

II.- Regarding the specific case: In summary, Mr. Lavesque objects that he filed a single remedy on behalf of 412 companies, but considers that the municipality resolved in bad faith and illegally in a separate manner, solely with respect to 14 companies. The appellant does not indicate what defect of illegality arises from the manner in which the Municipality resolved the matter, nor the reasons why he believes that what occurred violates good faith. In any event, given that each company is a distinct legal entity, this Chamber finds no grounds on which the individual response given by the local government to each of them could affect the validity of the proceedings, and this grievance is therefore rejected. It goes without saying that in this venue the individuality recognized by the municipal authority is maintained, with the issuance of independent acts for each user, as stated in the header of this resolution, which, far from generating any defenselessness (indefensión), facilitates understanding of the scope of what was resolved for each challenger.

Regarding the merits of the matter, it claims that the Mayor interprets that the original request concerned the elimination of the services for cleaning roads, green zones, and parks, when in reality the petition was aimed at suppressing the charge for these services. From a comprehensive reading of the case file, it is clear that from the outset, the appellant company's action tended toward not being charged these rates, which was rejected by both the Department of Communal Services and the Mayor, who indicated that given the condition of owner of a property within the canton, the company is obligated to pay for the services provided, meaning the claim was clearly understood by said local authority and rejected. Therefore, this Chamber also disagrees with the grievance objecting to the lack of response from the local authority and to the absence of reasoning of the appealed act, which is ample and explanatory regarding the reasons giving rise to the charging of the cited rates.

The appellant holds the position that it has the right to request that the amounts of these indicated rates not be charged to it, since the municipal service is not provided on its properties, which it seeks to demonstrate through notarial certificates (actas notariales) drawn up before Notary Public José Alberto Campos Arias. From the reading of the first document, the following, among other details, is evident: "the Municipality has sent crews of laborers, starting from May 5, two thousand seventeen, to clear the roadsides of the streets, and I verify that these laborers have cleared and are clearing only the roadsides of those streets, leaving the plant residue in some of the ditches that exist on those streets, or directly on them; furthermore, they also recently cut small shrubs and left them in the ditches. Since the rainy season began, I also verify that the clearing work has been done hastily, that is, superficially, and since the plant debris, product of the clearing, is not collected, problems are noted in the evacuation of stormwater ...". In the second, it is indicated that on certain streets no road cleaning work is performed, there are no parks, curbs, or gutters, and therefore the service is not provided. The first document cited shows that there indeed are municipal works in the area, clearing services that support the charging of the respective rates. Now then, if the users are dissatisfied with the deficiency of the service, the claim filed is not what resolves their disagreement, since it is not possible to exempt them from paying the rate. Other legal avenues exist through which they can demand the optimization of the resources collected through these rates in order to obtain quality service provision from the municipal corporation, this avenue being useless for such purposes, because the action has always tended toward obtaining an exemption (exoneración) that would be illegal. On this particular point, this Court has repeatedly stated, regarding the provision of garbage collection, street and gutter cleaning, park and green zone maintenance services, that: "This class of local services is regulated in two normative bodies, namely, the Code of Tax Rules and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios), article 4, and the Municipal Code, in article 74. It is clear from both rules that said services are charged through rates (tasas), which are taxes whose purpose is destined for the maintenance and continuity of the service itself. The third paragraph of article 4 of the Code of Tax Rules and Procedures provides the following: 'Rate is the tax whose obligation has as its taxable event (hecho generador) the effective or potential provision of a public service individualized to the taxpayer; and whose proceeds must not have a destination foreign to the service that constitutes the reason for the obligation. The compensation received from the user in payment for services not inherent to the State is not a rate.' Under that same understanding, the Municipal Code provides the following:

| --- | --- | | “Article 74. — For the services it provides, the municipality shall charge rates (tasas) and prices that shall be fixed considering their cost plus a ten percent (10%) profit for their development. Once fixed, they shall come into effect thirty days after their publication in La Gaceta. / Users must pay for public lighting services, public road cleaning, separated collection, transportation, valorization, treatment, and adequate final disposal of ordinary waste, park and green zone maintenance, municipal police service, and any other urban or non-urban municipal service established by law, insofar as they are provided, even if they show no interest in such services. (...) In addition, rates shall be charged for the services and maintenance of parks, green zones, and their respective services. The amounts shall be fixed considering the effective cost of what was invested by the municipality to maintain each of the urban services. Said amount shall be increased by a ten percent (10%) profit for its development; such sum shall be charged proportionally among the taxpayers of the district, according to the value of the property. The municipality shall calculate each rate annually and shall charge them in quarterly installments on the outstanding balance. The municipality is hereby authorized to issue the corresponding regulation, which shall govern the manner in which each rate shall be organized and charged.” | The comprehensive reading of the cited articles is relevant, since the elements of relevance necessary to resolve this case can be deduced from it. In the first place, it must be indicated that everything concerning the charging and management of local services is regulated by the tax system, such that the passive subject is defined in the second paragraph of article 74 of the Municipal Code, which provides that it is the 'user' who assumes the obligation. The payment of rates responds to the existence of state services essential for private and community life, for which reason they are constituted as ex lege obligations, of Public Law; they are coercively imposed levies, that is, they do not have their cause in a contract, and therefore do not arise from the conjunction of the will of the parties, and are legally structured through the charging of an amount that allows covering the economic cost plus a percentage for their development (first paragraph of article 74 of the Municipal Code). Their origin comes from the law and, as such, it is an obligation inherent to the State -in this case, to the local government- and, correlatively, the user must honor their obligation with due payment. Both the active subject and the passive subject hold legal obligations that, by their nature, are inalienable, insofar as the services are essential or indispensable". (The underlining is not from the original) (Contentious-Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo), Third Section, decision 573-2015 at fourteen hundred hours on November thirty, two thousand fifteen).

In light of the foregoing, it is important to highlight that the payment of rates responds to the existence of state services essential for private and community life and, consequently, they are coercively imposed, such that when the State organizes a service and makes it available to the citizen, the latter, even if they have no interest in it nor make use of it, cannot refuse to pay for it, because what is aimed at when establishing it is attending to the general interest. Based on this assertion, two aspects of vital importance in the present analysis must be highlighted: on one hand, having clearly identified that the taxable event (hecho generador) of the rates corresponds to the effective or potential provision of a public service by the Municipality, and on the other hand, that the passive subject is the 'user' who receives the effective or potential provision thereof, just as this Court has repeatedly indicated.

Now then, in a systematic application of articles 83 and 84 of the Municipal Code, Law 7797, in relation to articles 64 of the General Law of Urban and Suburban Leases, Law 7527, and 6 of the Law of Real Property Tax, Law 7509, it must be specified that the determination of the user, for purposes of charging said rates, is given by the possession of the real property (bien inmueble) -on this aspect, it must be taken into consideration that the cited article 83 expressly provides that the amount to be charged for the rate concept is defined by virtue of the value of the property, hence it is expressly delimited that said action is exercised over this type of asset-. Thus, the user of public services is the person who exercises the right of possession of a given real property -insofar as they would be receiving the service directly, effectively or potentially- and, only by way of exception, when it is not possible to identify them, the charging of the rate would fall on the holder of the bare ownership right (nuda propiedad) of the real property, inasmuch as the service must be understood to be supplied to the latter, always remembering that the repeatedly cited article 83 provides that what is regulated is the availability of the service provision and not the interest or use that the user decides to make of it. From the foregoing, it can be affirmed that the establishment of rates responds to a principle of cantonal solidarity of public burdens, where there exists the obligation of all users to contribute economically to its financing, in accordance with the pertinent legal and regulatory provisions. The foregoing implies that the service must be provided to attend to the needs of the canton; consequently, its determination and charging falls on the entire community, and, although it may be individualized for purposes of provision and charging, it cannot be overlooked that it responds to a local public interest service inherent to municipal corporations, regarding which there exists the duty to contribute even if no interest in them is shown. In this sense, what is essential is that it is provided in the community, at least in the sectors where it must or can be, such that the contribution of all the residents is required to cover the effective cost of what was invested by the municipality in its provision, and which must be distributed among the users of the respective canton, in compliance with the provisions of the final paragraph of article 74 of the Municipal Code, regarding that the determination of the amounts for the concept of rates for the services and maintenance of parks, green zones, and their respective services, must be obtained proportionally among the taxpayers of the district, according to the value of the property. It must be borne in mind that article 4 of the Code of Tax Rules and Procedures recognizes that the rate is the tax whose obligation has as its taxable event the effective or potential provision of a public service, which demonstrates that the requirement falls on the provision of the service to the community as such, and not to particular cases or subjects. Pursuant to the foregoing, the appropriateness of paying the tax operates even under the hypothesis that the taxpayer is not interested in making use of them, such that it suffices that it is provided or maintained for there to be an obligation to pay for it. In this sense, note that the effective cost of what was invested by the municipality in said provision must be distributed among the users of the respective canton and, consequently, the amount collected from the rates is proportional to the service provided -in its generality and not individuality-, hence if the municipal corporations extend the provision of services to a greater capacity than possible within their resources, the variation in costs will directly influence the determination of the amount of the rate to be charged to each user.

In any event, the local corporation, upon hearing challenges in its internal appeals phase (doctrinally called “Reduplicative Self-Protection (Autotutela Reduplicativa)” or “Self-Protection to the second power (Autotutela a la segunda potencia)”), expressly states that said service is indeed provided in the canton of Osa, such that even if it does not cover the entirety of the canton, it is imperative for the residents to honor said obligation. Thus, there is a duty of the users to pay quarterly the corresponding amount for the rate for the concept of road and public site maintenance services and parks and green zones, inasmuch as, it is reiterated, said taxes must be paid insofar as they respond to general public interests that fall on the entire canton and not on the individualization of the users who receive it.

By virtue of the foregoing, the grievances presented must be rejected, it being correct to uphold the challenged resolution, and, lacking further recourse, the administrative channel shall be deemed exhausted.

"II.- Del caso concreto: En resumen, el señor Lavesque objeta que planteó un mismo recurso en representación de 412 sociedades, mas considera que la municipalidad resolvió de mala fe y de forma ilegal de manera separada, únicamente respecto de 14 sociedades. El apelante no indica cuál es el vicio de ilegalidad que desprende de la forma en que resolvió la Municipalidad, ni las razones por las cuales estima que lo ocurrido transgrede la buena fe. En todo caso, siendo que cada sociedad es una persona jurídica distinta, no encuentra esta Cámara motivos por los cuales la respuesta individual que diera el ayuntamiento a cada una de ellas pueda afectar la validez de las actuaciones, resultando por ello de rechazo este agravio. Por demás está indicar que en esta sede se mantiene la individualidad reconocida por la autoridad municipal, con la emisión de actos independientes para cada usuario, tal y como se consigna en el encabezado de la presente resolución, lo cual lejos de generar alguna indefensión, facilita la comprensión de los alcances sobre lo resuelto para cada impugnante. En cuanto al fondo del asunto, reclama que el Alcalde interpreta que la solicitud original versó sobre la eliminación de los servicios de limpieza de vías, zonas verdes y parques, cuando en realidad la petición iba dirigida a suprimir el cobro de éstos. De la lectura integral de los autos se desprende que desde un inicio, la gestión de la sociedad apelante tendió a que no se le cobraran estas tasas, la cual fue rechazada tanto por el el Departamento de Servicios Comunales como por el Alcalde, quienes indicaron que dada la condición de propietaria de una finca dentro del cantón, la sociedad se encuentra en la obligación de efectuar el pago de los servicios brindados, con lo que la pretensión fue claramente comprendida por dicha autoridad local y rechazada. Por ello tampoco concuerda esta Cámara con el agravio que objeta la falta de respuesta de la autoridad local y con la ausencia de fundamentación del acto apelado, el cual es amplio y la posición que tiene derecho a pedir que no se le cobren los importes de esas tasas indicadas, pues en las fincas de su propiedad no se presta el servicio municipal, lo cual pretende demostrar mediante actas notariales levantadas ante el Notario Público José Alberto Campos Arias. De la lectura del primer documento se desprende, entre otros detalles, lo siguiente: "la Municipalidad ha mandado cuadrillas de peones, a partir del cinco de mayo del dos mil diecisiete, para chapear las rondas de las calles, y verifico que esos peones han chapeado y están chapeando únicamente las rondas de esas calles, dejando el residuo vegetal en algunas de las cunetas que existen en esas calles, o directamente en las mismas, además también cortaron recientemente arbustos pequeños y los dejaron en las cunetas. Como la temporada lluviosa empezó, verifico también que el trabajo de chapea, se ha hecho a la carrera, o sea, en forma superficial y como no se recolecta el escombro vegetal, producto de la chapea, se notan problemas en la evacuación de las aguas pluviales ...". En el segundo se indica que en ciertas calles no se realiza trabajos de limpiezas de vías, no hay parques, cordón ni caños, por lo que el servicio no se presta. El primer documento de cita evidencia que sí existen trabajos municipales en la zona, servicios de chapea que sustentan el cobro de las tasas respectivas. Ahora bien, si los usuarios están descontentos por la deficiencia del servicio, el reclamo planteado no es el que soluciona su inconformidad, pues del pago de la tasa no le es posible eximírsele. Existen otras vías legales mediante las cuales puede exigir la optimización de los recursos recaudados mediante estas tasas a efecto de obtener una prestación de servicios de calidad por parte de la corporación municipal, resultando esta vía inútil para tales efectos, en razón de que la gestión ha tendido siempre a obtener una exoneración que resultaría ilegal. Sobre este particular, este Tribunal en reiteradas ocasiones ha señalado, en atención a la prestación de servicios de recolección de basura, limpieza de calles y caños, mantenimiento de parques y zonas verdes, que: "Esta clase de servicios locales se regula en dos cuerpos normativos, a saber, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 4, y el Código Municipal, en el numeral 74. De ambas normas se desprende que dichos servicios se cobran mediante tasas, las cuales son tributos cuya finalidad está destinada al mantenimiento y continuidad del mismo servicio. Dispone el párrafo tercero del artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios lo siguiente: "Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado." Bajo esa misma inteligencia, el Código Municipal dispone lo siguiente: “Artículo 74. — Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. / Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. (...) Además, se cobrarán tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. La municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa.” La lectura integral de los artículos de cita, es relevante, pues de ella se puede desprender los elementos de relevancia necesarios para resolver esta causa. En primer lugar, debe indicarse que todo lo concerniente al cobro y gestión de los servicios locales, se encuentra regulado por el ordenamiento tributario, de modo tal que el sujeto pasivo está definido en el artículo 74 párrafo segundo del Código Municipal, que dispone que es el "usuario" el que asume la obligación. El pago de las tasas responde a la existencia de servicios estatales imprescindibles para la vida privada y en sociedad, por lo que se constituyen como obligaciones ex lege, de Derecho Público, son prestaciones coactivamente impuestas, o sea, no tienen su causa en un contrato, por lo que no proviene de la conjunción de la voluntad de las partes, y se estructuran legalmente mediante el cobro de un importe que permite cubrir el costo económico más un porcentaje para su desarrollo (artículo 74, párrafo primero del Código Municipal). Su origen proviene de la ley y, como tal, es una obligación inherente al Estado -en este caso, al gobierno local- y, correlativamente, del usuario, honrar su obligación con el debido pago. Tanto sujeto activo como sujeto pasivo ostentan obligaciones de ley que, por su naturaleza, son irrenunciables, en el tanto los servicios son imprescindibles o indispensables". (El subrayado no es del original) (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, voto 573-2015 de las catorce horas del treinta de noviembre del dos mil quince). En atención a lo expuesto, es importante resaltar que el pago de las tasas responde a la existencia de servicios estatales imprescindibles para la vida privada y en sociedad y, por consiguiente, son coactivamente impuestas, de modo que cuando el Estado organiza un servicio y lo pone a disposición del ciudadano, éste aunque no tenga interés ni haga uso de aquél, no puede negarse a pagarlo, debido a que lo que se tiene en mira al establecerse es la atención del interés general. A partir de esta afirmación, se deben resaltar dos aspectos de vital importancia en el presente análisis, por un lado, tener claramente identificado que el hecho generador de las tasas corresponde a la prestación efectiva o potencial de un servicio público por parte de la Municipalidad, y por otro lado, que el sujeto pasivo es el "usuario" que recibe la prestación efectiva o potencial del mismo, tal y como así lo ha señalado reiteradamente este Tribunal. Ahora bien, en una aplicación sistemática de los artículos 83 y 84 el Código Municipal, Ley 7797, en relación con los artículos 64 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley 7527 y 6 de la Ley de Impuesto sobre bienes inmuebles, Ley 7509, se debe precisar que la determinación del usuario, para efectos del cobro de dichas tasas, viene dada por la posesión del bien inmueble -sobre este aspecto debe tomarse en consideración que el artículo 83 citado expresamente dispone que el monto a cobrar por concepto de tasa se encuentra definido en virtud del valor de la propiedad, de allí que se delimite expresamente que dicha acción se ejerce sobre este tipo de bienes-. Así las cosas, el usuario de los servicios públicos, es la persona que ejerce el derecho de posesión de un determinado bien inmueble -en el tanto estaría recibiendo en forma directa, efectiva o potencialmente, el servicio- y, únicamente a modo de excepción, cuando no sea posible identificarla, el cobro de la tasa recaería sobre el el titular del derecho de la nuda propiedad del bien inmueble, por cuanto, el servicio deberá entenderse suministrado a este, siempre recordando que el artículo 83 de repetida cita dispone que lo regulado es la disponibilidad de la prestación del servicio mas no el interés o uso que el usuario decida realizar del mismo. A partir de lo anterior, se puede afirmar que el establecimiento de las tasas responde a un principio de solidaridad cantonal de las cargas públicas, en donde existe la obligación de todos los usuarios de contribuir económicamente a su financiamiento, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Lo anterior, implica que el servicio debe ser brindado para atender las necesidades del cantón, por consiguiente, su determinación y cobro recae sobre toda la colectividad y, aunque el mismo pueda individualizarse para efectos de prestación y cobro, no puede obviarse que responde a un servicio de interés público local inherente a las corporaciones municipales, sobre el cual, existe el deber de contribuir aunque no se demuestre interés en los mismos. En este sentido, lo indispensable es que el mismo se brinde en la comunidad, al menos en los sectores en donde se deba o pueda, de forma que se requiere del aporte de todos los munícipes para cubrir el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad en su prestación, y que deberá ser distribuido entre los usuario del respectivo cantón, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 74 del Código Municipal, respecto a que la determinación de los montos por concepto de tasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios, debe obtenerse proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. Debe tenerse presente que el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios reconoce que la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público, lo que demuestra que la exigencia recae sobre la prestación del servicio a la comunidad como tal, y no a casos o sujetos particulares. A tenor de lo expuesto, la procedencia del pago del tributo opera aún bajo la hipótesis que al contribuyente no le interese hacer uso de estos, de toda suerte que basta con que éste se preste o se mantenga para que exista obligación de pagarlo. En este sentido, véase que el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad en dicha prestación debe ser distribuido entre los usuarios del respectivo cantón y, por consiguiente, el monto de la recaudación de las tasas es proporcional al servicio brindado -en su generalidad y no individualidad-, de allí que si, las corporaciones municipales extienden la prestación de los servicios a una mayor capacidad de lo posible en sus recursos, la variación de los costos influirá directamente en la determinación del monto de la tasa a cobrar a cada usuario. En todo caso, la corporación local, al conocer de las impugnaciones en la fase recursiva interna de ésta (doctrinalmente denominada “Autotutela Reduplicativa” o “Autotutela a la segunda potencia”), expresamente señala que dicho servicio sí se brinda en el cantón de Osa, de modo que aún y cuando no abarque la totalidad del cantón, es imperativo a los munícipes, honrar dicha obligación. Así las cosas, existe el deber de los usuarios de cancelar trimestralmente el monto correspondiente a la tasa por concepto de servicios de mantenimiento de vías y sitios públicos y de parques y zonas verdes, por cuanto, se reitera, dichos tributos deben ser cancelados en el tanto responden a intereses públicos generales que recaen sobre todo el cantón y no sobre la individualización de los usuarios que lo reciben. En virtud de lo anterior, los agravios expuestos deben ser rechazados, siendo lo correcto confirmar la resolución impugnada y, al carecer de ulterior recurso, deberá darse por agotada la vía administrativa".

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Código Municipal Art. 74
    • Código de Normas y Procedimientos Tributarios Art. 4
    • Código Municipal Art. 83
    • Código Municipal Art. 84
    • Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos Art. 64
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