Constitutional Chamber Vote 01002-2025 SETENA Annex 1Voto 01002-2025 Sala Constitucional sobre Anexo 1 de SETENA

OutcomeResultado

The unconstitutionality action is upheld and the modification of Annex 1 of Executive Decree 32967-MINAE introduced by Decree 43659-MINAE-S-MOPT is annulled.Se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad y se anula la modificación del Anexo 1 del Decreto Ejecutivo 32967-MINAE introducida por el Decreto 43659-MINAE-S-MOPT.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber of Costa Rica, through resolution 2025-01002, upheld an unconstitutionality action against Executive Decree No. 43659-MINAE-S-MOPT, specifically regarding the modification of Annex 1 of Executive Decree No. 32967-MINAE, which governs Environmental Impact Assessment (EIA). The action was filed by environmental organizations and advocates, arguing that the reform introduced by the challenged decree significantly weakened the EIA process by reducing technical requirements and public participation, in violation of Article 50 of the Constitution and the principle of non-regression in environmental matters. The Chamber accepted the arguments, stating that the challenged norm contravenes the right to a healthy and ecologically balanced environment by unduly relaxing the criteria for project categorization, omitting cumulative impact scenarios, and restricting citizen consultation mechanisms, which constitutes an unjustified setback in environmental protection.La Sala Constitucional de Costa Rica, mediante la resolución 2025-01002, declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N° 43659-MINAE-S-MOPT, específicamente en lo que respecta a la modificación del Anexo 1 del Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE, rector en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La acción fue interpuesta por organizaciones y personas defensoras del ambiente, argumentando que la reforma introducida por el decreto impugnado debilitaba significativamente el proceso de EIA al reducir los requisitos técnicos y la participación pública, en violación del artículo 50 constitucional y del principio de no regresividad en materia ambiental. La Sala acogió los argumentos, señalando que la norma impugnada contraviene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al flexibilizar indebidamente los criterios de categorización de proyectos, omitir escenarios de impacto acumulativo y restringir los mecanismos de consulta ciudadana, lo cual constituye un retroceso injustificado en la protección ambiental.

Key excerptExtracto clave

A reading of the challenged provision reveals a clear relaxation of the technical criteria originally incorporated in Annex 1 of Executive Decree No. 32967-MINAE, regarding the mandatory nature of environmental impact assessment for high-impact activities. Indeed, the reform introduces exceptions and thresholds that, in this Court's view, distort the protection that Article 50 of the Constitution grants to the environment, by allowing potentially harmful projects to be exempt from the preventive control required by the precautionary principle. Moreover, the elimination of cumulative impact scenarios and references to binding public participation constitutes a regression incompatible with the mandate of progressivity in fundamental environmental rights, recognized by the case law of this Chamber and by Article 1 of the Organic Environmental Law.De la lectura del precepto impugnado se desprende una evidente flexibilización de los criterios técnicos que originalmente incorporaba el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo N.° 32967-MINAE, en cuanto a la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental para actividades de alto impacto. En efecto, la reforma introduce excepciones y umbrales que, en criterio de este Tribunal, desnaturalizan la protección que el artículo 50 constitucional otorga al ambiente, al permitir que proyectos potencialmente lesivos queden exentos del control preventivo que exige el principio precautorio. Al suprimirse, además, los escenarios de impacto acumulativo y las referencias a la participación pública vinculante, se configura un retroceso incompatible con el mandato de progresividad en materia de derechos fundamentales ambientales, reconocido por la jurisprudencia de esta Sala y por el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ambiente.

Pull quotesCitas destacadas

"Al suprimirse los escenarios de impacto acumulativo y las referencias a la participación pública vinculante, se configura un retroceso incompatible con el mandato de progresividad en materia de derechos fundamentales ambientales."

"By eliminating cumulative impact scenarios and references to binding public participation, a regression incompatible with the mandate of progressivity in fundamental environmental rights is configured."

Considerando V

"Al suprimirse los escenarios de impacto acumulativo y las referencias a la participación pública vinculante, se configura un retroceso incompatible con el mandato de progresividad en materia de derechos fundamentales ambientales."

Considerando V

"La reforma introduce excepciones y umbrales que desnaturalizan la protección que el artículo 50 constitucional otorga al ambiente, al permitir que proyectos potencialmente lesivos queden exentos del control preventivo que exige el principio precautorio."

"The reform introduces exceptions and thresholds that distort the protection that Article 50 of the Constitution grants to the environment, by allowing potentially harmful projects to be exempt from the preventive control required by the precautionary principle."

Considerando IV

"La reforma introduce excepciones y umbrales que desnaturalizan la protección que el artículo 50 constitucional otorga al ambiente, al permitir que proyectos potencialmente lesivos queden exentos del control preventivo que exige el principio precautorio."

Considerando IV

"Esta Sala reitera que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un derecho humano fundamental y un bien jurídico de tutela reforzada, cuya protección no admite medidas que impliquen un retroceso injustificado."

"This Chamber reiterates that a healthy and ecologically balanced environment constitutes a fundamental human right and a legal good of reinforced protection, whose protection does not admit measures that imply an unjustified regression."

Por tanto

"Esta Sala reitera que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado constituye un derecho humano fundamental y un bien jurídico de tutela reforzada, cuya protección no admite medidas que impliquen un retroceso injustificado."

Por tanto

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