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Res. 00632-2017 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 07/08/2017

Titling of property in forest reserve based on decennial possession prior to its creationTitulación de inmueble en reserva forestal por posesión decenal anterior a su creación

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OutcomeResultado

UpheldConfirmada

The judgment granting the possessory information is upheld, as decennial possession since 1950 and forest conservation were proven, satisfying Article 7 of the Possessory Information Law.Se confirma la sentencia que aprobó la información posesoria, al acreditarse posesión decenal desde 1950 y conservación del bosque, cumpliendo el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias.

SummaryResumen

The Agrarian Tribunal upholds the lower court's decision granting a possessory information claim over a property located within the Río Macho Forest Reserve and the two-kilometer strip along the Pan-American Highway. The Attorney General's Office appealed, arguing that possession could not predate the oak forest conservation restriction (1939 Baldíos Law and subsequent amendments) and that the testimonial evidence was insufficient. The Tribunal rejects both arguments. It reiterates that agrarian procedure follows the principle of free evaluation of evidence (Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law), allowing judges to assess evidence according to sound criticism. The testimonial evidence was properly evaluated and demonstrates decennial possession since approximately 1950, prior to the creation of the Reserve by decree in 1964. Regarding the oak forest restriction, the Tribunal holds that the invoked legislation is repealed and that Article 7 of the Possessory Information Law permits titling if decennial possession prior to the protected area is proven, as was done here. It also notes that the Constitutional Chamber already dismissed a constitutional challenge against this jurisprudential line. Finally, it conditions enforcement of the judgment on compliance with INTA's recommendations for forest conservation and water resource protection.El Tribunal Agrario confirma la sentencia que aprobó una información posesoria sobre un inmueble ubicado dentro de la Reserva Forestal Río Macho y en la franja de dos kilómetros de la carretera interamericana. La Procuraduría General de la República apeló argumentando que la posesión no podía ser anterior a la afectación por robledales (Ley de Terrenos Baldíos de 1939 y reformas posteriores) y que la prueba testimonial era insuficiente. El Tribunal rechaza ambos agravios. Reitera que en materia agraria rige el principio de libre apreciación probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), que permite al juez valorar la prueba según la sana crítica. Considera que la prueba testimonial fue bien apreciada y demuestra una posesión decenal desde aproximadamente 1950, anterior al Decreto de creación de la Reserva (1964). Sobre la afectación por robledales, el Tribunal sostiene que la normativa alegada está derogada y que el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias permite la titulación si se prueba posesión decenal previa al área protegida, como ocurrió en este caso. Además, señala que la Sala Constitucional ya declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra esta línea jurisprudencial. Finalmente, condiciona la ejecutoria de la sentencia al cumplimiento de las recomendaciones del INTA sobre conservación del bosque y protección de recursos hídricos.

Key excerptExtracto clave

The grievance concerning the oak forest restriction is also not admissible because the Attorney General's Office seeks to apply a Law or regulation repealed since 1973. The appellant does not consider, as the lower court rightly points out, that the 1996 Forestry Law permits the titling of protected wild areas, provided that decennial possession prior to the respective Law or Decree of creation is demonstrated. In this case, consequently, the criterion of decennial possession prior to the creation of the Río Macho Forest Reserve, created by Decree in 1964, must prevail, and if that possession since 1950 is proven, that is sufficient to authorize titling. With the entry into force of Article 7 of the Possessory Information Law, which permits the titling of forested properties located within protected areas, there was a disaffectation of public domain, requiring proof of decennial possession prior to the effective date of the law or decree that created the protected area. By virtue of the foregoing, it is appropriate to confirm the appealed judgment; however, it is important to add that in the future, for purposes of enforceability of the judgment, the title holder must comply with all INTA recommendations, according to the soil study, in the sense that they must "Maintain the primary forest areas, not carry out any commercial forest exploitation activity, conserve the river protection zone and maintain the forest cover along the stream."El agravio relativo a la afectación de los robledales, tampoco es de recibo porque pretende la Procuradora aplicar una Ley o norma derogada desde 1973. La apelante no considera, como bien lo hacer ver la a-quo, que la Ley Forestal de 1996, permite la titulación de las áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se demuestre una posesión decenal anterior a su respectiva Ley o Decreto de creación. En este caso, en consecuencia, debe prevalecer el criterio de la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal de Río Macho creada por Decreto en 1964 y si está demostrada esa posesión desde 1950, ello es suficiente para autorizar la titulación. Al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. En virtud de lo expuesto, lo procedente es confirmar, en lo apelado, la sentencia recurrida, sin embargo, es importante adicionar que en el futuro, (para efectos de la ejecutoria de la sentencia), debe adicionarse que el titulante debe acatar todas las recomendaciones del INTA, según el estudio de suelos, en el sentido de que debe "Mantener las zonas de bosque primario no realizar ninguna actividad de explotación forestal comercial, conservar la zona de protección del río y a la quebrada mantener la cobertura forestal."

Pull quotesCitas destacadas

  • "Al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida."

    "With the entry into force of Article 7 of the Possessory Information Law, which permits the titling of forested properties located within protected areas, a disaffectation of public domain occurred, requiring proof of decennial possession prior to the effective date of the law or decree that created the protected area."

    Considerando V

  • "Al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida."

    Considerando V

  • "El Juez debe tener amplios poderes para apreciar y valorar la prueba recibida. [...] Es un sistema completamente apegado a las reglas del ordenamiento jurídico, que garantizan la posibilidad al juzgador de fundamentar sus sentencias en principios de derecho y de equidad."

    "The judge must have broad powers to appreciate and evaluate the evidence received. [...] It is a system fully compliant with the rules of the legal system, guaranteeing the possibility for the judge to base their judgments on principles of law and equity."

    Considerando III

  • "El Juez debe tener amplios poderes para apreciar y valorar la prueba recibida. [...] Es un sistema completamente apegado a las reglas del ordenamiento jurídico, que garantizan la posibilidad al juzgador de fundamentar sus sentencias en principios de derecho y de equidad."

    Considerando III

  • "La Procuraduría General de la República, impugnó mediante acción de inconstitucionalidad [...] la linea jurisprudencial de este Tribunal que interpreta que con la prueba de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, es posible autorizar la titulación del bien. Dicha acción fue declarada SIN LUGAR."

    "The Attorney General's Office challenged, through an unconstitutionality action, this Tribunal's jurisprudential line interpreting that with proof of decennial possession prior to the creation of the respective protected area, in accordance with Article 7 of the Possessory Information Law, it is possible to authorize titling. Said action was DISMISSED."

    Considerando VI

  • "La Procuraduría General de la República, impugnó mediante acción de inconstitucionalidad [...] la linea jurisprudencial de este Tribunal que interpreta que con la prueba de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, es posible autorizar la titulación del bien. Dicha acción fue declarada SIN LUGAR."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Sections

“II.- The State’s representative, Susana Fallas Cubero, disagrees with the judgment approving the possessory title proceeding (información posesoria), because she considers that the property lies within the two-kilometer strip adjoining the Inter-American Highway, whose designation she considers to predate the Río Macho Forest Reserve. 1) In her view, the testimonial evidence is insufficient to prove the exercise of ten-year possession before the General Law on Public Wastelands, No. 13 of January 10, 1939, took effect. Article six of that law established that public wastelands (baldíos) located within a zone 2000 meters wide on each side of the route of the Pan-American Highway could not be conveyed, and then, in 1945, it included the remainder of the route containing oak trees. Although the provision was repealed on November 9, 1973, by Law No. 5385 of October 30, 1973, the Río Macho Forest Reserve had been created years before that repeal (Decree No. 1-A of January 23, 1964, effective as of February 4, 1964).

She emphasizes that the Sala Constitucional, in decisions 98-2015, considering VI, and 18836-2014, indicated that the property had been designated as part of the public domain under Law No. 2528. She further considers this to have been the position adopted by the Tribunal Agrario in certain decisions, including Nos. 533-F.-13, 623-F-11, and 649-F-12. She also contends that repealed law continues to govern events or situations that occurred while it was in force (Sala Constitucional No. 18840-2014, among others). The judgment recognizes ten-year possession predating that Reserve, beginning in the years 1948, 1949, and 1950-1953, a period during which the land, covered by oak groves, had already been designated as a National Park (Parque Nacional) between 1945 and 1973. She further contends that the witnesses’ statements do not coincide with the contents of deed transcript No. 3751, according to which [[Nombre1]] acquired the property from [[Nombre2]], and that they did not state the duration of the possession, although their accounts should be consistent. She requests that the decision be reversed and the application for title be denied.

III.First, the appellant must be reminded that agrarian matters are governed by the principle of free assessment of evidence (libre apreciación probatoria) (article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law), which permits judges to set forth reasons based on logic, experience, and common sense when assessing testimonial evidence. Regarding that system of assessment, this Tribunal has repeatedly stated: The Judge must have broad powers to examine and assess the evidence received. The free judicial assessment of evidence reflects the ex officio principle, which grants the judge broad initiative in evidentiary matters. In both labor proceedings and “agrarian” proceedings, which were modeled on the former, our legislature established a system of free assessment of evidence. This is neither arbitrary assessment nor assessment “according to conscience.” It is a system fully consistent with the rules of the legal system, which allow judges to base their judgments on principles of law and equity.

An agrarian judge is not subject or constrained by the predetermined weight that ordinary procedural law (CPC) assigns to a particular type of evidence. For example, a confession constitutes conclusive evidence against the person making it, or oral contracts may be proven only up to a certain monetary limit. Those criteria, which are characteristic of civil proceedings, would limit the powers of the agrarian judge and would significantly hinder the proper administration of agrarian justice. The authority to assess evidence freely is expressly granted by article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law, whose second paragraph provides: “When ruling on the merits of the dispute, the judge shall assess the evidence according to conscience and without strict adherence to the rules of ordinary law; however, when analyzing the evidence gathered in the proceeding, the judge shall, in all cases, state the principles of equity or law on which the judge’s opinion is based.” This authority is exercised by the Agrarian Judge when issuing judgment (Tribunal Agrario No. 31 at 9:40 a.m. on January 21, 1999, and No. 1018 at 1:00 p.m. on December 7, 2005).

Because of its importance, a recent judgment of the Sala Constitucional concerning this principle, a cornerstone of Costa Rican agrarian procedural law, is reproduced below: “I.- Regarding the assessment of evidence ‘according to conscience.’ The petitioner challenges the constitutionality of the second paragraph of article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law insofar as it permits a judge to assess evidence according to conscience and without strict adherence to the rules of ordinary law, which the petitioner considers a violation of the principles of legality, equality, due process, and prompt justice (arts. 11, 33, 39, and 41 of the Constitución Política), as well as art. 154 of the Constitución Política. …Thus, far from impairing a constitutional right, it establishes a formal procedural prerequisite precisely to guarantee due process: the requirement to provide reasons for the assessment of evidence, which enables a potentially aggrieved party to defend itself with respect to the matter causing it harm and enables the higher body to conduct a fair review of the case file submitted to it.

It should also be noted that this principle is a manifestation of the protective principle governing labor jurisdiction, embodied in the principle ‘in dubio pro operario,’ which is justified by the fundamental inequality between the parties—employer/employee—not only because of the relationship of subordination in which the employee is placed, but primarily because of the employer’s natural access to the means of evidence, which contrasts sharply with the employee’s difficulty in this respect. It must be cautioned that what is indeed contrary to the constitutional order is ruling according to conscience while entirely disregarding the other elements supporting a finding, as this Sala stated in constitutional judgment number 5546-95, issued at six minutes past three in the afternoon on October eleventh, nineteen ninety-four. On the foregoing basis, the provision at issue must be interpreted to mean that the authority of labor judges to assess evidence according to conscience is not unconstitutional, provided that a reasoned decision is issued through the application of the rules of sound judgment (sana crítica) and reasonableness.

Por tanto: The action is dismissed.”:. (judgment No. 4448-96 at 9:00 a.m. on August 30, 1996). Consistent with the case law reproduced above, the power granted to an agrarian judge to assess evidence according to conscience and without strict adherence to the rules of ordinary law, as provided in the challenged second paragraph of article 54, is not unconstitutional, provided that the judge issues a reasoned decision; that is, that the judge analyzes the evidence gathered in the proceeding and states the principles of equity or law on which the judge’s opinion is based, thereby respecting the minimum requirements of the right of defense. The action must therefore be dismissed on the merits as to this claim….” “The principle of equality, set forth in Article 33 of the Constitución Política, does not mean that equal treatment must be afforded in every case while disregarding any legally relevant differentiating factors that may exist; stated differently, not every inequality necessarily constitutes discrimination.

Equality, as this Sala has held, is violated only when unequal treatment lacks objective and reasonable justification. Moreover, the justification for the act considered unequal must be evaluated in relation to its purpose and effects, such that there must necessarily be a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the intended purpose. In other words, equality must be understood in light of the circumstances present in each specific situation in which it is invoked, so that its universal application does not prohibit different solutions for different situations, with differing treatment. All of this means that equality before the law cannot entail material equality or actual and effective economic equality.” (Judgment number 1770-94, and, to the same effect, number 1045-94.)” Consistent with the constitutional case law reproduced above, and given the particular characteristics of agrarian procedural law, implementation of the method of assessing evidence according to conscience is entirely valid in cases governed by the challenged second paragraph of article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law; therefore, no violation of the principle of equality is evident.

Each type of judicial proceeding—civil, criminal, labor, agrarian, etc.—has, by reason of its specific nature, different characteristics that require the legislature to create rules and procedures suited to that particular nature while also guaranteeing and protecting the fundamental rights of the various parties to the proceeding. Consequently, matters such as the assessment of evidence may vary from one proceeding to another without violating the principles of due process. For the foregoing reasons, the action must be dismissed as to this claim, and this Sala finds no grounds for departing from its position and no public-interest reasons that would justify reconsidering the matter; the action must therefore be dismissed on the merits.” (Sala Constitucional, Voto No. 3657 del 7 de mayo del 2003)

IV.Furthermore, regarding the criteria for assessing testimonial evidence, the agrarian jurisdiction’s system of free assessment of evidence itself requires each specific case to be analyzed according to its circumstances. Accordingly, the same rule or solution cannot be applied to every case, as the representative of the Procuraduría General de la República seeks to do. In this particular case, the full Tribunal considers that the testimonial evidence concerning the duration of the applicant’s possession and that of the applicant’s prior transferor was properly assessed, as reflected in the reasoning provided by the court below in the fourth recital (considerando), where it analyzes, one by one, the witnesses offered to prove ten-year possession predating the creation of the [Dirección1] Macho reserve (Decree No. 1-A of January 23, 1964, effective as of February 4, 1964), because the witnesses testified to possession predating 1950. In this case, it is important not only to consider the witnesses’ testimony but also to examine other circumstances in order to determine whether the property does or does not show evidence of longstanding possession.

V.Regarding the first ground of appeal (agravio), related to the oak forests (robledales), this Court has repeatedly stated as follows: The ground of appeal concerning the impact on the [[Nombre3]] is likewise unfounded because the Procuradora seeks to apply a law or provision repealed since 1973. The appellant does not consider, as the court below correctly points out, that the Ley Forestal of 1996 permits the registration of title (titulación) to protected wildlife areas (áreas silvestres protegidas), provided that ten years’ possession predating the respective law or decree establishing them is proven. In this case, therefore, the criterion of ten years’ possession predating the establishment of the Reserva Forestal de Río Macho, created by decree in 1964, must prevail, and if such possession since 1950 has been proven, that is sufficient to authorize registration of title; the first possessor was [[Nombre4]], who then transferred it to his son [[Nombre1]], and thereafter to [[Nombre5]], who has reforested the property (see, in particular, the witness statements in the document entered into the record on 11/08/2016 at 08:12:25 a.m.); [[Nombre6]] attests to sustainable agro-environmental activity and stated that he had known the property since 1948 and had known its successive possessors.

The witness [[Nombre7]] states that he has known the property for 50 years; he was born in 1941 and came to know it around the year 54 (he clarifies that he has known it since he was 9 years old and is currently 73 years old), when it belonged to [[Nombre4]], then to [[Nombre1]], who was his son, and who later sold it to Mr. [[Nombre5]]; he indicated that the latter raises trout and a few cows “for household needs,” and has preserved the forest. The witness [[Nombre8]], who stated that he was 69 years old and had known the property all his life, testified that it belonged to [[Nombre4]], who then transferred it to [[Nombre1]], and the latter to [[Nombre5]]. As can be seen, all the testimony is consistent regarding the chain of title (tracto sucesivo) to the property since approximately the year 1950. In addition, the witnesses attest to the preservation of the forest, thereby complying with Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias.

The Court has so ruled on numerous occasions: “...In this case, both the testimonial and documentary evidence refer to a time before the year 1965. Nevertheless, the State’s representative alleges that the property became subject to the public domain (afectación al dominio público) before that date, since it is a property containing oak trees and is located within a zone of [[Dirección2]] on both sides of the route of the [[Dirección3]], as provided in subsection a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on 9 de noviembre de 1973 by Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973; however, she notes that two years later the Reserva Forestal Los Santos was established by Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. She even cites earlier provisions that imposed restrictions on that area. In this regard, the Court finds that when Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias entered into force, permitting the registration of title to forested properties located within protected areas, the properties were released from the public domain (desafectación al dominio público), and ten years’ possession predating the entry into force of the law or decree that established the protected area had to be proven.

That possession evidently had to be exercised under a claim of ownership (a título de dueño), a circumstance which, in the appellant’s view, did not occur because, pursuant to Articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939—now repealed—possession of that area could have been exercised only under a lease agreement (contrato de arrendamiento). Those provisions stated: ‘Public lands (baldíos) located in a zone ... 2000 meters wide on each side of the route of the [[Dirección4]] may not be conveyed.’; and: ‘The Poder Ejecutivo may lease by contract, for a term of four years renewable at the parties’ discretion, the strips of land referred to in Article 6, in an area not exceeding two hundred fifty hectares if devoted to raising or fattening livestock, and not exceeding one hundred twenty-five hectares if devoted to agricultural crops....’ She adds that Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 amended the Ley General de Terrenos Baldíos by adding the element of oak trees, declaring as a National Park (Parque Nacional) the lands within the zone extending two thousand meters on both sides of the [[Dirección5]] along the remainder of the route to be built that contained oak trees.

Based on the cited provisions, possession as a lessee could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which took place on 29 de agosto de 1945. In other words, after that date, possession of those lands could indeed have been taken under a claim of ownership. However, on that date, the lands within the zone of [[Dirección6]] on both sides of the [[Dirección7]] along the remainder of the route to be built that contained oak trees were declared a National Park. The National Park designation remained in effect until the Ley de Tierras y Colonización entered into force, under which lands located in that area and containing oak trees were declared to be in the public domain. This means that during the period in which that area, encompassing the property for which title is sought, constituted a national park, its absolute protection precluded acts of agrarian possession (actos posesorios agrarios) until the Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961 entered into force.

After that date, the national park designation changed, and those lands could be possessed for a ten-year period until the Reserva Forestal Los Santos was established by Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, a circumstance that occurred in this case, according to the analysis of the testimonial and documentary evidence submitted in the proceeding. The Ley de Tierras y Colonización did indeed declare those areas to be in the public domain, excepting those that were privately owned, as is the case here; moreover, that declaration was made in a subsection that has since been repealed. Consequently, the Court does not agree with the reasoning of the State’s representative.” (Tribunal Agrario, No. 306-F-10 de las 8:40 del 13 de abril del 2010, among others. See also 774-F-13, 533-F-13, 1015-F-12, 804-F-13). In a case similar to the one now before us, this Court, in a recent decision, stated the following regarding the Procuraduría’s objections: “In this case, both the testimonial and documentary evidence refer to a time before the year 1965.

Nevertheless, the State’s representative alleges that the property became subject to the public domain before that date, since it is a property containing oak trees and is located within a zone of [[Dirección6]] on both sides of the route of the [[Dirección3]], as provided in subsection a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on 9 de noviembre de 1973 by Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973; however, she notes that two years later the Reserva Forestal Los Santos was established by Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. She even cites earlier provisions that imposed restrictions on that area. In this regard, the Court finds that when Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias entered into force, permitting the registration of title to forested properties located within protected areas, the properties were released from the public domain, and ten years’ possession predating the entry into force of the law or decree that established the protected area had to be proven.

That possession evidently had to be exercised under a claim of ownership, a circumstance which, in the appellant’s view, did not occur because, pursuant to Articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939—now repealed—possession of that area could have been exercised only under a lease agreement. Those provisions stated: ‘Public lands located in a zone ... 2000 meters wide on each side of the route of the [[Dirección4]] may not be conveyed.’; and: ‘The Poder Ejecutivo may lease by contract, for a term of four years renewable at the parties’ discretion, the strips of land referred to in Article 6, in an area not exceeding two hundred fifty hectares if devoted to raising or fattening livestock, and not exceeding one hundred twenty-five hectares if devoted to agricultural crops....’ She adds that Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 amended the Ley General de Terrenos Baldíos by adding the element of oak trees, declaring as a National Park the lands within the zone extending two thousand meters on both sides of the [[Dirección5]] along the remainder of the route to be built that contained oak trees.

Based on the cited provisions, possession as a lessee could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which took place on 29 de agosto de 1945. In other words, after that date, possession of those lands could indeed have been taken under a claim of ownership. However, on that date, the lands within the zone extending two thousand meters on both sides of the [[Dirección7]] along the remainder of the route to be built that contained oak trees were declared a National Park. The National Park designation remained in effect until the Ley de Tierras y Colonización entered into force, under which lands located in that area and containing oak trees were declared to be in the public domain. This means that during the period in which that area, encompassing the property for which title is sought, constituted a national park, its absolute protection precluded acts of agrarian possession until the Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961 entered into force.

After that date, the national park designation changed, and those lands could be possessed for a ten-year period until the Reserva Forestal Los Santos was established by Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, a circumstance that occurred in this case, according to the analysis of the testimonial and documentary evidence submitted in the proceeding. The Ley de Tierras y Colonización did indeed declare those areas to be in the public domain, excepting those that were privately owned, as is the case here; moreover, that declaration was made in a subsection that has since been repealed. Consequently, the Court does not agree with the reasoning of the State’s representative.” (Tribunal Agrario, No. 306-F-10, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010). In another decision (voto), the following was stated: “V.- In this proceeding, likewise, the witnesses [[Nombre9]] (folio 189), [[Nombre10]] (folio 190), and [[Nombre1]] (folio 192) attest not only to the chain of transferors (cadena de transmitentes), but also to ten years’ possession predating 1964; indeed, the witnesses state that they have known the property since the years 1950 and 1951, respectively.

This satisfies Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, because ten years’ possession predating the establishment of the Reserva Forestal Río Macho has been proven and the forest resource has been protected. Consequently, the judgment must be affirmed.” (Tribunal Agrario, No. 1054-F-10 de las 13:46 del 3 de noviembre del 2010).

VI.In addition to the foregoing, this Court must note that the Office of the Attorney General of the Republic challenged, through an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) (Expediente No. EXPN1- ), this Court’s line of precedent holding that proof of ten years’ possession prior to the creation of the respective protected area, pursuant to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, may support authorization to obtain title to the property. That action was declared WITHOUT MERIT, by majority decision number 001142/2017, issued at once horas veinte minutos del veinticinco de enero del dos mil diecisiete (see, in particular, the additional reasons provided by Justice Fernando Castillo Víquez in support of the majority decision, in which he identifies the technical and social criteria that led the legislature to remove those areas from protected status). Furthermore, the State’s representative, the Deputy Attorney General, had the opportunity to object in this non-contentious jurisdiction proceeding (proceso de jurisdicción no contenciosa), under the terms established in Article 5 of the Law (within the month following the date of notification); however, by failing to object, she afforded the applicant for title the opportunity to prove ten years’ possession (prior to the creation of the protected area) through non-contentious proceedings.

Conversely, had she objected in a timely manner, the interested party would have been required to bring an action against the State through the appropriate proceeding in defense of that party’s right. It should also be noted that, in the brief dated 10 de abril del 2013 (document associated on 22 de octubre del 2015), she stated as follows: “In that proceeding, I request verification of the preservation of forest cover (cobertura forestal) in the area adjoining the spring (naciente), the [[Dirección8]] stream (Article 33, subsections a) and b) of the Ley Forestal, and Sections 148, 149, and 151 of the Ley de Aguas), in order to establish the exercise of possession protective of natural resources (posesión protectora de los recursos naturales), as required within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) (Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias).” This was in fact verified, as shown by the facts found proven in the judgment under appeal (judicial inspection of 10 de setiembre del 2013), during the judicial inspection of the property, which confirmed the preservation of the forest.

VII.In light of the foregoing, the judgment appealed from must be affirmed as to the matters challenged on appeal. Nevertheless, it is important to add that, in the future (for purposes of issuing the certified final judgment (ejecutoria de la sentencia)), it must be specified that the applicant for title shall comply with all INTA recommendations contained in the soil study, to the effect that the applicant must: “Maintain the primary forest areas and refrain from conducting any commercial forestry operations; preserve the river protection zone and maintain forest cover along the stream. In the reforested area protecting the spring, maintain the trees (clearing, ring-weeding, fertilizing) and, if any die, replant them and preserve the area. The area of natural pasture is suitable for that activity, but a low stocking rate must be maintained; and in the area used for tourism, the soil must be kept under vegetative cover in order to preserve it properly.”

Secciones

“II.- La representante del Estado, Susana Fallas Cubero, se muestra inconforme con la sentencia de aprobación de la información posesoria., al considerar que el inmueble está en la franja de dos kilómetros contigua a la carretera interamericana, cuya afectación considera previa a la Reserva Forestal Río Macho. 1) A su juicio, la testimonial resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal con anterioridad a la vigencia de Ley General de Terrenos Baldíos, No. 13 del 10 de enero de 1939, que estableció en su artículo seis que no pueden enajenarse baldíos situados en una zona de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la carretera panamericana, y luego en 1945, incluyó el resto del trazado que contuvieran robles. Si bien es cierto, la norma fue derogada el 9 de noviembre de 1973, mediante Ley No. 5385 del 30 de octubre de 1973, años antes de esa derogatoria había sido creada la Reserva Forestal Río Macho (Decreto No. 1-A-del 23 de enero de 1964, vigente desde el 4 de febrero de 1964).

Subraya que la Sala Constitucional en votos 98-2015, considerando VI y 18836-2014, ha indicado una afectación al dominio público a partir de la Ley No. 2528. Lo cual, además considera ha sido el criterio el Tribunal Agrario en algunos votos, entre otros el No. 533-F.-13, 623-F-11 y 649-F-12. Además considera que el Derecho derogado supervive para hechos o situaciones acontecidos bajo su vigencia (Sala Constitucional No. 18840-2014, entre otras). La sentencia reconoce una posesión decenal previa a dicha Reserva desde los años 1948, 1949 y 1950-1953, período para el cual el terreno con cobertura de robledales, ya estaba afecto como Parque Nacional entre 1945 y 1973. Además, considera que los deponentes no coinciden con lo indicado en el testimonio de escritura No. 3751, según el cual [[Nombre1]] adquirió de [[Nombre2]] y no indicaron el tiempo de posesión, debiendo existir coherencia entre los mismos. Solicita se revoque el fallo y se rechace la titulación.

III.En primer lugar, debe recordarse a la recurrente que en materia agraria rige el principio de libre apreciación probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), lo que permite a los juzgadores dar las razones de lógica, experiencia y sentido común, en lo referente a la apreciación de la prueba testimonial. Sobre dicho sistema de valoración, este Tribunal ha indicado reiteradamente: El Juez debe tener amplios poderes para apreciar y valorar la prueba recibida. La libre apreciación judicial de la prueba responde al principio oficioso, que le otorga amplia iniciativa al juzgador en materia de pruebas. Tanto en el proceso laboral, como en el “agrario”, inspirado en aquél, nuestro legislador previó el sistema de libre valoración probatoria. No se trata de valoración arbitraria, y tampoco valoración “en conciencia”. Es un sistema completamente apegado a las reglas del ordenamiento jurídico, que garantizan la posibilidad al juzgador de fundamentar sus sentencias en principios de derecho y de equidad.

El Juez agrario no está sujeto o constreñido al valor pre-determinado que le confiere la ley procesal común (CPC) a determinado tipo de prueba. Por ejemplo la confesión es plena prueba contra quien la dice; o la demostración de contratos verbales hasta cierto límite económico. Esos criterios, propios del proceso civil, vendrían a limitar las facultades del juez agrario, e impedirían, notablemente, una correcta administración de justicia agraria. La facultad de libre apreciación probatoria, está expresamente concedida por la Ley de Jurisdicción Agraria, en su artículo 54, al indicar en su segundo párrafo: “Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.” Es una facultad que desarrolla el Juez Agrario al momento de dictar la sentencia (Tribunal Agrario No. 31 de las 9:40 horas del 21 de enero de 1999 y No. 1018 de las 13 horas del 7 de diciembre del 2005).

Por su importancia, se transcribe una sentencia reciente de la Sala Constitucional sobre este principio, pilar del derecho procesal agrario costarricense: “ I.- En relación con la valoración “a conciencia” de la prueba. El accionante cuestiona la constitucionalidad del párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, en el tanto permite al juez valorar la prueba en conciencia y sin sujeción estricta a normas del derecho común, lo que considera violatorio de los principios de legalidad, igualdad, debido proceso, justicia pronta (arts. 11, 33, 39 y 41 de la Constitución Política ) y el art. 154 de la Constitución Política. …De esta manera, lejos de afectar un derecho constitucional, establece un presupuesto procesal formal para garantizar precisamente el debido proceso: el de fundamentar la apreciación de la prueba que permitirá al eventual agraviado su defensa en relación con lo que es objeto de su perjuicio y al órgano superior hacer un examen justo de los autos que sean elevados a su conocimiento.

Asimismo, cabe señalar que este principio es una manifestación de la aplicación del principio protector que rige la jurisdicción laboral, y que se concreta en el principio “in dubio pro operario”, que se justifica en virtud de la desigualdad básica que se da entre las partes -patrono/trabajador-, no sólo por la relación de subordinación en que se halla el trabajador, sino, fundamentalmente por las natural disponibilidad de los medios de prueba que tiene el empleador, la cual contrasta sensiblemente con la dificultad del empleado en este aspecto. Debe hacerse la advertencia que lo que sí resulta contrario al orden constitucional es el fallar en conciencia y con total prescindencia de los demás elementos de convicción, tal y como lo señaló esta Sala en sentencia de constitucionalidad número 5546-95, de las quince horas seis minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo fundamentado, en aplicación de las regias de la sana crítica y razonabilidad.

Por tanto: Se declara sin lugar la acción".:. (sentencia No. 4448-96 de las 9:00 horas del 30 de agosto de 1996). Consecuente con la jurisprudencia transcrita, no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa . De ahí que procede rechazar por el fondo la acción en cuanto a este extremo…."El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, implica que en todos los casos, se deba dar un trato igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica, que pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación.

La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la igualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que ocurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva." (Sentencia número 1770-94, y en igual sentido, la número 1045-94.)” Consecuente con la jurisprudencia constitucional transcrita y dadas las características propias del derecho procesal agrario, resulta plenamente válido la implementación del método de valoración de la prueba en conciencia para los casos que regula el artículo 54 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Agraria cuestionado, por lo que no se evidencia violación alguna al principio de igualdad.

Cada clase de proceso judicial –civil, penal, laboral, agrario, etc.- tiene, en razón de su naturaleza específica, características diferentes que obligan al legislador a crear normas y procedimientos que se ajusten a esa especial naturaleza y que al mismo tiempo, garanticen y protejan los derechos fundamentales de las distintas partes procesales. De ahí que aspectos como la valoración de la prueba, pueden variar de uno a otro proceso, sin que ello resulte lesivo a los principios del debido proceso. En razón de lo anterior debe desestimarse la acción en este sentido, y esta Sala no encuentra motivos para variar de criterio, ni razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión, por lo que la acción debe ser rechazada por el fondo.”(Sala Constitucional, Voto No. 3657 del 7 de mayo del 2003)

IV.Por otra parte, en relación a los criterios de valoración de la prueba testimonial, el mismo sistema de libre apreciación probatoria de la jurisdicción agraria, implica que debe analizarse cada caso concreto de acuerdo a las circunstancias. Por ende, no puede aplicarse una misma regla o solución a todos los casos, como lo pretende la representante de la Procuraduría General de la República. En este caso concreto, el Tribunal en pleno considera que la prueba testimonial, en cuanto al tiempo de la posesión del titulante y su anterior transmitente, ha sido bien apreciada, y así se plasma en el razonamiento vertido por el a-quo en el considerando cuarto, donde analiza, uno a uno los testigos propuestos para demostrar la posesión decenal anterior a la creación de la reserva de [Dirección1] Macho (Decreto No. 1-A-del 23 de enero de 1964, vigente desde el 4 de febrero de 1964), pues los testigos declararon una posesión anterior a 1950. En la especie, es importante considerar no solamente la declaración de los testigos, sino también verificar otras circunstancias para determinar si el inmueble acusa o no una larga posesión.

V.En cuanto al primer agravio, relacionado con los robledales, este Tribunal ha indicado en forma reiterada lo siguiente: El agravio relativo a la afectación de los [[Nombre3]] , tampoco es de recibo porque pretende la Procuradora aplicar una Ley o norma derogada desde 1973. La apelante no considera, como bien lo hacer ver la a-quo, que la Ley Forestal de 1996, permite la titulación de las áreas silvestres protegidas, siempre y cuando se demuestre una posesión decenal anterior a su respectiva Ley o Decreto de creación. En este caso, en consecuencia, debe prevalecer el criterio de la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal de Río Macho creada por Decreto en 1964 y si está demostrada esa posesión desde 1950, ello es suficiente para autorizar la titulación, el primer poseedor fue [[Nombre4]] , luego la pasó a su hijo [[Nombre1]] , luego de [[Nombre5]] , quien ha reforestado, (escuchar declaraciones testimoniales documento incorporado el 11/08/2016 a las 08:12:25 a.m., en particular), [[Nombre6]] quienes dan fe de una actividad agroambiental sostenible y manifestó conocer la finca desde 1948 y los sucesivos poseedores.

El testigo [[Nombre7]] , dice conocer la finca hacía 50 años, nació en 1941 y la conoció como en el año 54 (aclara que desde que tenía 9 años la conoce y actualmente tiene 73 años), cuando era de [[Nombre4]] , luego de [[Nombre1]] , quien era el hijo, luego se la vendió a don [[Nombre5]] , indicó que trabaja en trucha, algunas vaquitas "para el gasto", y ha conservado el bosque. El testigo [[Nombre8]] , quien manifestó tener 69 años de edad y conocer la finca toda la vida, le pertenecía a [[Nombre4]] , luego se la pasó a [[Nombre1]] y éste a [[Nombre5]] . Como puede verse, todos los testimonios son coincidentes con el tracto sucesivo respecto al inmueble, desde aproximadamente el año 1950. Además, dan fe de la conservación del bosque, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. Así lo ha resuelto el Tribunal en reiteradas ocasiones: "...En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965.

No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [[Dirección2]] a ambos lados del trazado de la [[Dirección3]] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dió una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida.

Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [[Dirección4]] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [[Dirección5]] del resto del trazado por construir que tengan robles.

De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [[Dirección6]] a ambos lados de la [[Dirección7]] del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961.

Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­ (Tribunal Agrario, No. 306-F-10 de las 8:40 del 13 de abril del 2010, entre otros. Además, 774-F-13, 533-F-13, 1015-F-12, 804-F-13). En un caso similar al que ahora nos ocupa, este Tribunal, en una resolución reciente, señaló respecto de los reparos de la Procuraduría, lo siguiente: "En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965.

No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [[Dirección6]] a ambos lados del trazado de la [[Dirección3]] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dio una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida.

Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [[Dirección4]] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [[Dirección5]] del resto del trazado por construir que tengan robles.

De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [[Dirección7]] del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961.

Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­" (Tribunal Agrario, No. 306-F-10, de las 8:40 horas del 9 de abril del 2010). En otro voto, se señaló lo siguiente: "V.- En este proceso, de igual manera, los testigos [[Nombre9]] (folio 189), [[Nombre10]] (folio 190) e [[Nombre1]] (folio 192), dan fe, no solamente de la cadena de transmitentes, sino también de la posesión decenal anterior a 1964, incluso los testigos se refieren a que conocen la finca desde los años 1950 y 1951, respectivamente.

Con ello se cumple lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, al demostrarse una posesión decenal anterior a la creación de la Reserva Forestal Río Macho, y haberse protegido el recurso forestal. En consecuencia, deberá confirmarse el fallo". (Tribunal Agrario, No. 1054-F-10 de las 13:46 del 3 de noviembre del 2010).

VI.Aunado a lo anterior, debe indicarse por parte de este Tribunal, que la Procuraduría General de la República, impugnó mediante acción de inconstitucionalidad (Expediente No. EXPN1- ), la linea jurisprudencial de este Tribunal que interpreta que con la prueba de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias), es posible autorizar la titulación del bien. Dicha acción fue declarada SIN LUGAR, por voto de mayoría, número 001142/2017 de las once horas veinte minutos del veinticinco de enero del dos mil diecisiete (véase en particular las razones adicionales del Magistrado Fernando Castillo Víquez, al voto de mayoría, en donde indica los criterios técnicos y sociales que privaron en el legislador, para desafectar esas áreas). Por otra parte, la representante del Estado, Procuradora Adjunta, tenía la posibilidad de oponerse en este proceso de jurisdicción no contenciosa, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley (dentro del mes siguiente a la fecha de notificación), sin embargo, al no oponerse le abre la posibilidad al titulante el hecho de poder demostrar la posesión decenal (anterior a la creación del área protegida), en la vía no contenciosa.

Por el contrario, si se hubiera opuesto en tiempo, sería la parte interesada la que deba demandar al Estado, en la vía correspondiente, en defensa de su derecho. Véase incluso, que en el memorial del 10 de abril del 2013 (documento asociado el 22 de octubre del 2015), señaló lo siguiente: "En esa diligencia solicito corroborar la conservación de la cobertura forestal en el área contigua a la naciente, el [[Dirección8]] quebrada (artículo 33, incisos a) y b) de la Ley Forestal, y numerales 148, 149 y 151 de la Ley de Aguas), para acreditar el ejercicio de la posesión protectora de los recursos naturales que debe realizarse en las áreas silvestres protegidas (artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias). Lo cual fue efectivamente corroborado, según se desprende de los hechos probados de la sentencia vendida en alzada (reconocimiento judicial del 10 de setiembre del 2013), en la Inspección judicial del inmueble donde se constata la conservación del bosque.

VII.En virtud de lo expuesto, lo procedente es confirmar, en lo apelado, la sentencia recurrida, sin embargo, es importante adicionar que en el futuro, (para efectos de la ejecutoria de la sentencia), debe adicionarse que el titulante debe acatar todas las recomendaciones del INTA, según el estudio de suelos, en el sentido de que debe "Mantener las zonas de bosque primario no realizar ninguna actividad de explotación forestal comercial, conservar la zona de protección del río y a la quebrada mantener la cobertura forestal. El sector reforestado de protección de la naciente dar mantenimiento a los árboles (chapea, rodajea, abono) y en caso de muerte replantar y conservar la zona. En caso del sector en pasto natural es adecuado para la actividad, pero mantener una baja carga animal y en caso del sector utilizado para turismo mantener el suelo con cobertura vegetal para conservarlo adecuadamente".”

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    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras

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      • Ley 139 Possessory Information Law
      • Ley 276 Water Law
      • Ley 6734 Agrarian Jurisdiction Law
      • Ley 7575 Forestry Law

      Este documento cita

      • Ley 139 Ley de Informaciones Posesorias
      • Ley 276 Ley de Aguas
      • Ley 6734 Ley de Jurisdicción Agraria
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