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Prescription of disciplinary power in the police regimePrescripción de la potestad disciplinaria en el régimen policial

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Court denied the claim and upheld the legality of the officer's dismissal, finding that the disciplinary power had not prescribed, applying the special two-year period for serious misconduct under the police regime.El Tribunal declaró sin lugar la demanda y confirmó la legalidad del despido del funcionario, al considerar que no operó la prescripción de la potestad disciplinaria, aplicándose el plazo especial de dos años para faltas graves del régimen policial.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Tribunal examines whether the disciplinary power to sanction an officer of the Directorate of Intelligence and National Security (DIS) for unjustified absences had expired. It determines that the plaintiff, as a member of a police force, is subject to the special two-year limitation period for serious misconduct established in Article 83 of the General Police Law (LGP), in conjunction with Article 81(ñ) of that law and Article 81(g) of the Labor Code (unjustified absences as grounds for termination). The plaintiff's arguments for a generic one-month period under the Labor Code are dismissed. The court holds that the limitation period is interrupted by the notification of charges, not merely by the opening of the file, and begins to run from when the superior objectively learns of the facts. It finds the overall duration of the proceedings (less than six months) reasonable and upholds the role of the Personnel Council. Consequently, the lawsuit is dismissed and the dismissal is confirmed as lawful.El Tribunal Contencioso Administrativo analiza si prescribió la potestad disciplinaria para sancionar a un funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) por ausencias injustificadas. Determina que al actor, en su condición de miembro de un cuerpo policial, le es aplicable el plazo especial de prescripción de dos años para faltas graves establecido en el artículo 83 de la Ley General de Policía (LGP), en relación con el artículo 81 inciso ñ) de esa misma ley y el artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo (ausencias injustificadas como causal de despido). Rechaza los alegatos del actor sobre un plazo genérico de un mes del Código de Trabajo. Establece que el plazo de prescripción se interrumpe con la notificación del traslado de cargos, no con la mera apertura del expediente, y que el cómputo inicia desde que el jerarca conoce objetivamente de los hechos. Considera razonable la duración total del procedimiento (menos de seis meses) y valida la actuación del Consejo de Personal. En consecuencia, declara sin lugar la demanda y confirma la legalidad del despido.

Key excerptExtracto clave

The prerequisites for this provision to apply, regarding the two-year period, are two: (i) that disciplinary action is sought against a person subject to the special regime established in the LGP, that is, a person who is part of a police force; and (ii) that the acts for which the person is to be sanctioned constitute serious misconduct. The concurrence of both prerequisites determines that the prescription period in the case under analysis is two years, thereby rejecting the plaintiff's thesis on this point. [...] In the specific case, the unjustified absences attributed to the plaintiff occurred between 28 May 2013 and 13 June 2013, but the body competent to initiate proceedings to establish disciplinary responsibility, the Personnel Council of the Ministry of the Presidency, learned of the alleged misconduct on 18 June 2013, through a communication from the Vice Minister of the Presidency and Director General of the DIS. The resolution that opened the proceedings against the plaintiff and appointed the directing body was issued by the Personnel Council of the Ministry of the Presidency on 30 August 2013, and on 30 September 2013, Mr. Jara Hidalgo was notified of the corresponding charges. In accordance with the generally accepted criterion on the interruption of the prescription of disciplinary power, as developed above, the action that allows the proceedings to be considered initiated is precisely the notification of the charges brought against the plaintiff, and only this has the interruptive effect on the prescription of the disciplinary power. In the case under analysis, this occurred exactly three months and twelve days after the body authorized to initiate disciplinary proceedings was informed of the facts constituting a possible offense. Therefore, the process does not begin, as alleged by the plaintiff, based on an expired ground that would render the various acts null and void.Los presupuestos para que esta disposición sea aplicable, en cuanto al plazo de dos años, son dos: (i) que se pretenda disciplinar la conducta en que ha incurrido una persona sometida al régimen especial establecido en la LGP, es decir, una persona que forme parte de un cuerpo policial; y (ii) que los hechos por los cuales se pretenda sancionar a la persona constituyan una falta grave. La concurrencia de ambos presupuestos determinará que el plazo de prescripción en el caso que se analiza sea de dos años, y por ende, que se descarte la tesis de la parte actora sobre el punto. [...] En el caso concreto, las ausencias injustificadas que se le imputaron al autor transcurrieron entre el 28 de mayo de 2013 y el 13 de junio de 2013, pero el órgano competente para iniciar el procedimiento tendiente al establecimiento de la responsabilidad disciplinaria, el Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia, conoció de la presunta falta cometida por el actor el 18 de junio de 2013, en virtud de comunicación del Viceministro de la Presidencia y Director General de la DIS. La resolución que estableció la apertura del procedimiento en contra del demandante y designó órgano director fue emitida por el Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia el día 30 de agosto de 2013 y el 30 de setiembre de 2013 se le notificó al señor Jara Hidalgo el traslado de cargos atinente a los hechos que se han mencionado. Acorde con el criterio general aceptado sobre la interrupción de la prescripción de la potestad disciplinaria, antes desarrollado, la actuación que permite tener como iniciado el procedimiento es, precisamente, la notificación de la intimación de faltas que se le dirigió al actor, y únicamente ella tiene el efecto interruptivo de la prescripción de la potestad disciplinaria, en el caso que se analiza ese hecho ocurre exactamente tres meses y doce días después de que el órgano que puede incoar el procedimiento sancionatorio fue informado de los hechos que constituían una posible falta. Razón por la cual, el proceso no se inicia, como aduce la parte demandante, con base en una causal prescrita que vicie de nulidad los diversos actos dictados.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los presupuestos para que esta disposición sea aplicable, en cuanto al plazo de dos años, son dos: (i) que se pretenda disciplinar la conducta en que ha incurrido una persona sometida al régimen especial establecido en la LGP, es decir, una persona que forme parte de un cuerpo policial; y (ii) que los hechos por los cuales se pretenda sancionar a la persona constituyan una falta grave."

    "The prerequisites for this provision to apply, regarding the two-year period, are two: (i) that disciplinary action is sought against a person subject to the special regime established in the LGP, that is, a person who is part of a police force; and (ii) that the acts for which the person is to be sanctioned constitute serious misconduct."

    Considerando V

  • "Los presupuestos para que esta disposición sea aplicable, en cuanto al plazo de dos años, son dos: (i) que se pretenda disciplinar la conducta en que ha incurrido una persona sometida al régimen especial establecido en la LGP, es decir, una persona que forme parte de un cuerpo policial; y (ii) que los hechos por los cuales se pretenda sancionar a la persona constituyan una falta grave."

    Considerando V

  • "Acorde con el criterio general aceptado sobre la interrupción de la prescripción de la potestad disciplinaria, antes desarrollado, la actuación que permite tener como iniciado el procedimiento es, precisamente, la notificación de la intimación de faltas que se le dirigió al actor, y únicamente ella tiene el efecto interruptivo de la prescripción de la potestad disciplinaria."

    "In accordance with the generally accepted criterion on the interruption of the prescription of disciplinary power, as developed above, the action that allows the proceedings to be considered initiated is precisely the notification of the charges brought against the plaintiff, and only this has the interruptive effect on the prescription of the disciplinary power."

    Considerando V

  • "Acorde con el criterio general aceptado sobre la interrupción de la prescripción de la potestad disciplinaria, antes desarrollado, la actuación que permite tener como iniciado el procedimiento es, precisamente, la notificación de la intimación de faltas que se le dirigió al actor, y únicamente ella tiene el efecto interruptivo de la prescripción de la potestad disciplinaria."

    Considerando V

  • "Consecuentemente, tanto la decisión de abrir el proceso, como la notificación del traslado de cargos al demandado (acto que interrumpió la prescripción), se dan dentro del plazo de dos años que prevé el artículo 83 de la LGP para las faltas graves."

    "Consequently, both the decision to open the proceedings and the notification of charges to the defendant (the act that interrupted the prescription) occurred within the two-year period provided for in Article 83 of the LGP for serious misconduct."

    Considerando V

  • "Consecuentemente, tanto la decisión de abrir el proceso, como la notificación del traslado de cargos al demandado (acto que interrumpió la prescripción), se dan dentro del plazo de dos años que prevé el artículo 83 de la LGP para las faltas graves."

    Considerando V

Full documentDocumento completo

**IV. ON THE ALLEGATIONS OF PRESCRIPTION OF DISCIPLINARY POWER.** Within a first order of arguments, the claimant challenges the preclusion of the disciplinary power, on one hand, due to the date on which the procedure was initiated, which would mean that both the recommendations and their removal occurred because of a fault that, in their opinion, had prescribed, and on the other, because the Personnel Council issued its opinion more than one month after having received the results of the investigation. In contrast to what was argued by the plaintiff regarding the applicability of the one-month prescriptive period under numeral 603 of the Labor Code (Código de Trabajo), the defendant invokes the two-year period, applicable to serious faults, in accordance with the General Police Law (Ley General de Policía). Furthermore, it is noted that the various phases of the administrative procedure were respected, despite which its processing, counted from the issuance of the opening act, lasted approximately six months. In public service relationships, the exercise of the corrective power of the hierarchical superior over officials who have committed punishable faults is subject to a temporality factor, after which, such exercise may not be undertaken. This temporal limit, as will be analyzed, varies according to the regulated matter and the existence of a special legal regime that configures particular rules for specific types of public employment relationships. Consequently, this disciplinary power (which is based on the doctrine of ordinal 102 of the LGAP) is not unrestricted in time. Unlike other public powers that, due to finalistic aspects, are considered imprescriptible—e.g., protection of public domain assets (tutela de bienes demaniales)—those referring to the internal sanctioning exercise—such as that examined in this case—are subject to temporality rules by virtue of which they may expire due to the passage of time established by the legal system without having been exercised. Therefore, in this type of relationship, the holder of the corrective power is the administrative hierarchical superior and the passive subject is the public official, who, to that extent, is subject to the internal corrective power only for the period expressly established by the applicable regulations, upon expiry of which their power to request recognition of the loss of the hierarchical power emerges. This is a matter left to the discretion of the legislator, who determines in each case whether it involves a prescription or an expiration of the potential exercise of those powers. From this perspective, in liberatory prescription, the concurrence of three fundamental factors is required, namely: a) inertia of the holder of a right in its exercise, or where applicable, of the exercise of the assigned competence, b) passage of time established by the legal system, and; c) allegation or exception by the passive subject of the legal relationship to invoke the prescription. However, in matters of public employment, negative prescription may well be alleged as grounds for nullity of the final sanctioning act, even if that defense had not been exercised prior to the issuance of the public will. Thus, the corrective power cannot be considered imprescriptible, trying to justify that deduction in the rule of numeral 66.1 of the LGAP, but rather it is one subject to preclusion rules due to temporal factors, as visualized in subsection 3) of numeral 66 itself of the LGAP. In the case of actions by the Public Administration in sanctioning administrative procedures, what is stipulated by ordinal 329.3 of the LGAP is fundamental, which states: "3. The final act issued outside the deadline shall be valid for all legal purposes, unless otherwise provided by law." So that when a legal provision establishes the loss or preclusion of competence, the act issued in exercise of that already-expired power could not be considered valid. Now, it is necessary to discriminate between various scenarios that occur in this type of disciplinary procedure, in all of which rules of temporal exercise of faculties or powers apply, but with different nuances. This involves the necessary establishment, for purposes of clarity, of demarcation criteria that allow the issues discussed to be addressed, according to the scenario in question. In order to analyze the temporal element of the procedure, the temporal succession of various stages must be taken into consideration: 1) Prescription (or expiration) of the exercise of disciplinary power: this refers to the period established by the legal system for the holder of the internal corrective power to adopt the appropriate procedural measures to issue the final decision. At this level, it refers to the maximum period established by the legal system for the administrative hierarchical superior to order the opening of the pertinent procedure, aimed at establishing the relevance or not of imposing a sanction. In this case, it is clear that the notification of the opening of the procedure seeking the establishment of the facts (material truth) that serve as the basis for the reason for the act, generates an interrupting effect on that temporal margin, to the extent that it is an express act and a measure that directly and unequivocally promotes the exercise of that power. It could not be considered that the aforementioned period for the exercise of the power is interrupted by the issuance of the final act because, as a derivation of the principle of due process, it is necessary for the Administration to order the opening of an administrative case, it is insisted, to establish if the sanction is appropriate, as a derivation of what is established in ordinals 214, 221, 297, 308 of the LGAP. In this analyzed hypothesis, the disciplinary power of the administrative hierarchical superior is subject to a prescriptive period generically regulated by mandate 603 of the Labor Code (Código de Trabajo) (applicable by express referral of canon 51 of the Civil Service Statute (Estatuto de Servicio Civil)), a norm that establishes a period of one month for the exercise of that repressive power in the face of disciplinary faults by servants, which, it is insisted, is interrupted by the communication of the statement of charges (traslado de cargos). However, despite the generic application of that mandate, in the public employment regime there is a special regulation in the specific field of the internal control regime, probity in public function, and management of public finances. Indeed, in these matters, in accordance with what is regulated by the General Internal Control Law (Ley General de Control Interno), No. 8292 (art. 43), the Law against Corruption and Illicit Enrichment in the Public Function (Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la función pública), No. 8422 (art. 44), the Financial Administration and Public Budgets Law (Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos) (No. 8131) and article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), No. 7428, a special period of five years operates (according to the scenarios and from the moments those norms establish). The same occurs with the police regime, which, according to what is established by the General Police Law (Ley General de Policía), No. 7410, the prescriptive period is two years for serious faults and one month for minor faults, according to ordinal 83 of the aforementioned Law. In such cases, the special period prevails and not the monthly one stipulated by the Labor Code (Código de Trabajo), it is insisted, being a special and later norm that prevails over the general labor regime established as the generic regulation. Now, the starting point for calculating that prescriptive period is decisive. On this point, numeral 603 of the Labor Code (Código de Trabajo) indicates that the period runs from when the cause for separation arose or, failing that, from when the facts giving rise to the disciplinary correction were known. In this sense, the period is calculated from the moment in which the holder of the corrective power has the objective possibility of knowing the fault and, therefore, of undertaking the exercise of their power. Consequently, when the particularities of the case require a prior stage of preliminary investigation, the aforementioned period runs from the moment the results of that exercise are brought to the attention of the hierarchical superior. This is also the case for faults that are evidenced in Internal Audit reports, but whose pursuit for sanctioning purposes must be submitted to the respective hierarchical superior. In such a scenario, the indicated period is calculated from the moment of receipt or effective communication to the hierarchical superior of said report, since it is only at that moment that said holder can validly adopt decisions regarding the opening or not of disciplinary proceedings. However, the necessity or not of that phase (preliminary investigation) must be discriminated in each case, since otherwise, it could be used as a strategy to evade prescription, given that said investigation would not be necessary in all scenarios, but only in those where, due to the particularities of the case, that phase is indispensable to determine the relevance or not of opening the sanctioning procedure, or to gather evidence that helps clarify its necessity or not. 2) Prescription of the power to adopt the sanction within the procedure: this refers to the maximum time limit available to the holder of the corrective power to adopt the sanction once the case file has been submitted for their consideration by the directing body (órgano director), in which case, what remains is the issuance of the final act. In this hypothesis, the hierarchical superior or holder has a maximum period of one month to decide the applicable sanction, from the moment the directing body of the case formally informs them of its recommendation. In this case, without prejudice to what is regulated by numeral 319 of the LGAP, the holder of the power would have a maximum (prescriptive) period of one month to adopt that final act, upon expiry of which, the prescription of that power would inevitably occur and, therefore, the final act would be null due to violation of the competence element, conditioned in that case by preclusion factors. Such a scenario, in the specific dynamics of disciplinary sanctioning procedures, given the content of ordinal 603 of the Labor Code (Código de Trabajo), constitutes special treatment that overrides what is stipulated by canon 329.3 of the LGAP. This point does not concern the two-month period imposed by ordinal 261 of the LGAP to complete the ordinary procedure, a period that is in any case directory and not peremptory, but rather the specific power to issue the final act once the holder of the repressive competence has the objective possibility to do so. However, this section has established that the unjustified and disproportionate delay of the procedure, even that directory connotation of the temporal element, may lead to the nullity of that iter, due to violation of the principle of prompt and complete administrative justice. Nonetheless, on this point, the period commented on above refers to that which the hierarchical superior has so that, once the report of the directing body (órgano director) is rendered, the final decision is imposed. 3) Prescription of the power to execute the imposed sanction: This refers to the period available to the administrative hierarchical superior to order the application of the ordered sanction. It therefore consists of the material execution of the act whose content is a disciplinary sanction. On this point, there are no allegations raised by the plaintiff, so it will not be subject to analysis. 4) Another element that is subject to temporality rules is that referring to the processing of the procedure. It refers to the maximum time the administrative procedure established to determine the facts allowing the final decision to be adopted by the holder of the public repressive power can last. This matter, unless a special norm applies, is regulated by ordinal 261, in relation to 319 and 340, all of the LGAP, norms that establish a two-month period of a directory nature. However, since it is not a matter raised by the plaintiff, a detailed reference to the topic will not be carried out either.

V.ANALYSIS OF THE STATUTE OF LIMITATIONS IN THE CASE BEFORE THE COURT. In order to determine whether the statute of limitations (prescripción) of the disciplinary power could have occurred in the case under analysis, the first aspect to be determined is the applicable time limit, since, as indicated, there is a general one (one month) and other special ones. In the context of the litigation, the plaintiff argues that the general time limit applies, and the defendant indicates that the special time limit indicated in Article 83 of the LGP should be considered, which establishes: "Minor offenses (faltas leves) shall prescribe in one month and serious offenses (faltas graves) in two years. The statute of limitations shall be interrupted when the disciplinary proceeding is initiated." The requirements for this provision to be applicable, regarding the two-year time limit, are two: (i) that it is intended to discipline the conduct incurred by a person subject to the special regime established in the LGP, that is, a person who is part of a police force (cuerpo policial); and (ii) that the acts for which the person is to be sanctioned constitute a serious offense. The concurrence of both requirements will determine that the statute of limitations period in the case under analysis is two years, and therefore, that the plaintiff's thesis on this point is discarded. For the purposes of applying the specific civil service regime, prescribed in the LGP, it must be taken into account that an administrative proceeding was brought against the plaintiff in his capacity as an official of the Directorate of Intelligence and National Security (Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional), an agency that, in accordance with the provisions of the cited normative body (Title II, Chapter II, Section I), is a police force that forms part of the police forces of the Costa Rican State. In this regard, section 13 of the LGP establishes: "The Directorate of Intelligence and National Security is created, as an informative body of the President of the Republic, in matters of national security. It shall function under the exclusive command of the President of the Republic, who may delegate, to the Ministry of the Presidency, the supervision of compliance with the functions of this police force." It must also be taken into consideration that it was proven that in the aforementioned unit (proven fact number 1) the plaintiff held a position of "Officer 1" (Oficial 1) and that his salary included, among other items, those for "police career" (carrera policial) and "police risk" (riesgo policial). The two aspects set forth prove the existence of the first requirement referred to; consequently, that the plaintiff is covered by the Police Statute established in Title III of the LGP, which, within its provisions, indicates specific rules on disciplinary matters for officials governed by those articles, including the statute of limitations periods established in section 83 transcribed above. Regarding the categorization of the acts that allow for deciding whether the applicable time limit should be one month or two years, the latter reserved for "serious" offenses, recourse must be made to Article 81 of the LGP: "ARTICLE 81.- SERIOUS OFFENSES (FALTAS GRAVES). For the purposes of this regime, the following shall be considered serious offenses: a) Violation of the oath of loyalty to the Political Constitution, international treaties, and the laws of the Republic. b) Any conduct classified in criminal laws as an intentional crime. c) Repeated violation of procedures, time limits, or other procedural requirements demanded by the legal system for the protection of citizens' rights. d) Arbitrary, discriminatory actions, or actions clearly inspired by partisan political positions, that affect citizen freedoms, the dignity of persons, or human rights. e) The indiscriminate, unnecessary, or excessive use of force in the performance of their duties. f) The violation of due discretion and professional secrecy in confidential matters. g) Any abuse of authority or mistreatment of persons, even if it does not constitute a crime. h) The refusal to provide urgent assistance in serious events and circumstances where their action is mandatory. i) Unjustified abandonment of service (abandono injustificado del servicio). j) The exercise of public or private activities incompatible with the performance of their functions. k) The manifest lack of collaboration with the Judicial Investigation Agency or other police forces. l) Habitual drunkenness or the use of unauthorized drugs during service. m) Carrying a non-regulation weapon. n) The acceptance or receipt of any promise of benefit or benefit susceptible to pecuniary assessment, other than those legally and regulatorily corresponding to them from the State, coming from natural or legal persons, national or foreign, official or private. ñ) Any other conduct sanctioned with dismissal in the Labor Code (Código de Trabajo)" (the underline is not from the cited text). The various acts of the disciplinary proceeding brought against the plaintiff, which at this point are analyzed solely from the perspective of their reasoning, exclusively in relation to the indication of the offense that Mr. Jara Hidalgo would have committed, agree in pointing out the existence of alleged "unjustified absences" (ausencias injustificadas) during the period between May 28, 2013, and June 13, 2013 (both dates inclusive). It is worth citing as an example, first of all, the resolution containing the statement of charges (hecho probado number 6), issued by the Directing Body on September 27, 2013, in whose Recital (Considerando) I, in addition to citing the period of absenteeism imputed to the plaintiff, the pertinent provisions of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Presidency of the Republic and the Ministry of the Presidency were transcribed: "As is evident from memorandum DRHMEAD1272013, dated June 17, 2013, signed by Mrs. Karen Blando Ortiz, Acting Head of the Human Resources Division, the official JUAN CARLOS JARA HIDALGO was absent without justification from May 28, 2013, to June 13 inclusive. / In this manner, if it is demonstrated in the corresponding proceeding that the official did not timely justify his absences, the following rules would be breached: Article 12.- In addition to the provisions of Article 39 of the Civil Service Statute and 50 of its Regulations, the General Law of Public Administration, and the provisions of this Regulation, the obligations of the servants are: a) (...) n) Report on the same day to their immediate superior, whether verbally or in writing, their non-attendance at the workplace, as well as explain the cause that prevents them from doing so. Subsequently, they must justify their absence in accordance with the provisions of Chapter XI of this Regulation. / Article 58.- Absence is considered the non-attendance to a full day of work (...) / Article 59.- Justified and unjustified absences, apart from the disciplinary sanctions they entail for the servant, imply the non-perception of salary during the corresponding period. / Article 60.- Every servant must communicate in the first hours of the corresponding workday, by the means they consider most suitable to their immediate superior, that they will be absent from their work during that workday, without prejudice to the provisions of the previous article. / Article 61.- In very qualified cases, not contemplated in the Civil Service Statute and its Regulations, nor in this Regulation, immediate superiors may justify absences for up to two days, which are not due to illness of the servant, in order to avoid disciplinary sanction, without such justification implying the payment of salaries. The justification of absences greater than two days that are not due to proven illness of the servant shall require the approval of the Vice Minister or the Director General, without prejudice to the provisions of the previous article. / Article 62.- Justified absences that do not imply payment of salary or subsidy, according to this Regulation and other legal texts, may be assimilated to vacations, at the request of the interested servant and with the approval of the immediate superior or respective Director, as applicable. / In this case, the salary must be paid and the number of vacation days to which the servant in question is entitled must be reduced. The procedure corresponding to the provisions indicated in this article must be completed within five business days following the absence. / Article 63.- Absences from work due to illness exceeding four days must be justified by the incapacitated servant with a certification issued by the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) or the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros). If the illness affected them only for up to four days, they may justify said absence by an incapacity certificate issued by the insuring entity or, failing that, by a private physician's opinion." For its part, the termination agreement issued by the President of the Republic and the Minister of the Presidency on April 8, 2014 (proven fact number 20), took into consideration that: "...having analyzed the file prepared for this purpose, it is deemed true that the accused incurred in irregular conduct as a police officer, by being absent from May 28, 2013, to June 13, 2013, without due justification." Section 81, subsection g), of the Labor Code establishes: "The following are just causes that empower the employer to terminate the employment contract (...) g) When the worker fails to attend work without the employer's permission, without just cause, for two consecutive days or for more than two alternate days within the same calendar month." Therefore, and clarifying that the analysis of the existence of the imputed offense has not yet been entered into, it is evident that a disciplinary proceeding was initiated against the plaintiff based on an alleged "serious offense" called "unjustified absences," qualified as such by virtue of the provisions of Article 81, subsection g), of the Labor Code, in relation to the provisions of section 81, subsection ñ), of the LGP. As a consequence of the foregoing, the second requirement is met so that, in accordance with the provision contained in Article 83 of the LGP, it is considered that in the case under examination, the applicable statute of limitations period is two years. In relation to the plaintiff's specific objections regarding the statute of limitations which were referred to, untimely initiation of the proceeding, and late ruling by the Personnel Council (Consejo de Personal), both must be rejected. As for the fact that the proceeding was initiated after the period established to sanction the alleged offense committed by the plaintiff had elapsed, the foregoing lacks support, firstly, because as previously stated, the applicable time limit in the hypothesis is two years, in accordance with the provisions of sections 83 and 81, subsection ñ) of the LGP and 81, subsection g), of the Labor Code, and not the one month stipulated in Article 603 ejusdem. In the specific case, the unjustified absences imputed to the plaintiff occurred between May 28, 2013, and June 13, 2013, but the body competent to initiate the proceeding aimed at establishing disciplinary responsibility, the Personnel Council of the Ministry of the Presidency, learned of the alleged offense committed by the plaintiff on June 18, 2013, by virtue of a communication from the Vice Minister of the Presidency and Director General of the DIS (proven fact number 4). The resolution that established the opening of the proceeding against the plaintiff and designated the directing body was issued by the Personnel Council of the Ministry of the Presidency on August 30, 2013 (proven fact number 5), and on September 30, 2013, Mr. Jara Hidalgo was notified of the statement of charges pertaining to the facts that have been mentioned (proven fact number 6). In accordance with the generally accepted criterion on the interruption of the statute of limitations of the disciplinary power, previously developed, the action that allows the proceeding to be considered as initiated is, precisely, the notification of the accusation of offenses directed at the plaintiff, and only it has the interruptive effect on the statute of limitations of the disciplinary power. In the case under analysis, that event occurs exactly three months and twelve days after the body that can initiate the sanctioning proceeding was informed of the facts constituting a possible offense. For this reason, the process is not initiated, as the plaintiff alleges, based on a prescribed cause that nullifies the various acts issued. Said statute of limitations would not be sustainable in light of the facts and the applicable legal period, not even based on the plaintiff's theory, which considers that the statute of limitations period should have begun to run even before his reinstatement to the position, when he reached the number of days that, in his opinion, could no longer be justified without a medical opinion, which he estimates happened on June 3, 2013. Consequently, both the decision to open the process and the notification of the statement of charges to the defendant (an act that interrupted the statute of limitations) occur within the two-year period provided for in Article 83 of the LGP for serious offenses. It should also not be overlooked that, although they do not affect the interruption of the prescriptive period, in the intermediate period between the beginning of the absences imputed to the plaintiff and the decision to initiate a proceeding against him, various actions necessary for its prosecution took place, including the official notification from the human resources office of the DIS to the hierarchical superior of Mr. Jara Hidalgo (proven fact number 3) and the referral of the case by the Vice Minister of the Presidency and Director General of the DIS to the Personnel Council of the Ministry of the Presidency (proven fact number 4). Nor is the plaintiff's thesis in any way acceptable, that the power to sanction him prescribed because: "There is no personnel action issuing a warning or any sanction for this conduct (referring to absences from work during the period between May 28 and June 13, both dates in 2013), neither previously nor subsequently to its occurrence, which reaffirms the strength of the statute of limitations regarding the forms and the time limit, as a cause to annul the actions taken by the Executive Branch." The foregoing is equivalent to stating that to avoid the statute of limitations of the sanctioning power, public authorities should sanction first and investigate later, which is totally incompatible not only with the provisions of the public employment regime but with the fundamental postulate of Prior Due Process derived, among other constitutional provisions, from section 39 of the Political Constitution, as well as from the applicable International Human Rights Instruments in the Republic (Article 48 of the Constitution). As for the other grievance formulated in relation to the statute of limitations of the sanctioning power, referring to the fact that the Personnel Council of the Ministry of the Presidency ruled more than a month after having received the file with the proceedings carried out by the designated Directing Body, the argument put forward must be rejected. Beforehand, it is pertinent to review in general terms the process (iter) that the dismissal procedure for police officials must follow, which was summarized in Recital IV of the resolution issued by Section I of this Court, at ten o'clock in the morning on October thirtieth, two thousand fourteen, Judgment No. 74-2014-I: "...The General Police Law #7410 establishes that the joint powers of the President of the Republic and the Minister of the respective branch are (...) To appoint and remove members of the police forces, subject to the minimum principles established in this law and its regulations (Article 53), that it corresponds to the Legal Department of the Ministry through a police inspection, to prepare disciplinary files for serious offenses and to forward the report with the recommendation of the case to the Personnel Council (Article 57), a Personnel Council is created whose fundamental competence is public security (Article 54), and grants it the following powers; to hear original claims regarding provisions emanating from any head of police force dependencies, to determine the general policies of the respective Personnel Department, and 'to hear and resolve, in first instance, dismissal recommendations and temporary suspensions, when applying the disciplinary regime, as well as to elevate the matter to the respective minister, whether or not the resolution in question is appealed (italics and underline do not belong to the original text) (Article 55). For its part, Chapter VII refers to the disciplinary regime specifically regarding the type of offenses and applicable sanctions, classifying them as minor and serious, the former sanctioned with warnings and the latter with suspension without salary or dismissal without employer liability (section 78), which are duly described, further indicating that any other conduct sanctioned with dismissal in the Labor Code shall be considered serious (Article 81). With regard to the statute of limitations, one month is established for minor offenses and two years for serious ones, providing that the statute of limitations is interrupted when the disciplinary proceeding begins (Article 83). Specifically, the procedure establishes that 'The legal department of the respective ministry shall be in charge of preliminary investigation of every accusation involving the temporary suspension or dismissal of the servant protected by this Statute. Once the corresponding report is prepared, the cited department shall recommend some measure and transfer the matter to the Personnel Council for it to resolve in first instance. The person affected by a disciplinary measure of this type shall have the right to appeal to the respective minister, within the three days following notification. If no appeal is filed, the matter shall be referred to the minister who will resolve definitively and consider the administrative channel exhausted' - the underline does not belong to the original text- (Article 84)." LGP section 84 constitutes a special provision with respect to the provisions of Book II of the LGAP, which, it must be highlighted, does not indicate a peremptory time limit to rule on the results of the proceeding brought to the attention of the Personnel Council. On the other hand, Article 83 of the LGP, previously analyzed, establishes statute of limitations periods of one month and two years, as corresponds to the classification of the alleged disciplinary offense, but this period, as has been said, is for the initiation of the administrative proceeding; thus it does not contain a peremptory time limit for the ruling of the Personnel Council in what pertains to it, which in any case is not the body in charge of issuing the final act of the proceeding in this type of matters, insofar as it adopts a mere recommendation; that is, it involves an intermediate act, prior to the adoption of the final act, in charge of the Executive Branch (President of the Republic and Minister of the respective branch). Consequently, this Court in no way condones the arbitrariness and unjustified and indefinite prolongation of proceedings, which would be contrary to a proper interpretation of the public law system, particularly the constitutional and legal provisions that tend to guarantee prompt administrative justice. But in the specific case, it is deemed that the time taken by the Personnel Council of the Ministry of the Presidency was reasonable and also does not exceed six months, for which it must be taken into account that it is a collegiate body integrated in accordance with the provisions of Article 54 of the LGP, whereby for its actions it must comply with aspects such as a legally proper convocation, formulation of the agenda, and others, and that, furthermore, its functions and those of the persons who comprise it cover the entire ministerial portfolio and not only the DIS. In this regard, that the referred body concluded the procedure under its charge in one month and fourteen days is not disproportionate or unreasonable, especially considering that it is proven that one day after the receipt of the file and the analysis prepared by the Directing Body, which occurred on November 4, 2012 (proven fact number 12), the Director General of the Ministry of the Presidency referred it to the Legal Director for inclusion on the agenda of the Personnel Council (proven fact number 13). As previously indicated, it is one month and fourteen days after the receipt of the records, namely December 18, 2013 (proven fact number 14), that the Personnel Council composed of the Director General of the Ministry of the Presidency, the Legal Director of that ministry, the Deputy Director General of the DIS, and the Director of Human Resources of the Ministry of the Presidency, rules in accordance with the provisions of Article 84 of the LGP, and the preparatory act under its charge leads to the continuation of the disciplinary procedure. In the specific case, the plaintiff used the means of challenge (proven fact number 15), and even filed a motion called addition and clarification (adición y aclaración) with respect to the resolution of the Minister of the Presidency ruling on his appeal (proven fact number 18). Despite this, it is observed: (i) That from the notification to the plaintiff of the statement of charges against him to which reference has been made, on August 30 of September 2013 (proven fact number 6), and until the ruling of the Minister of the Presidency established in Article 84 of the LGP, which occurred in this case by virtue of the appeal filed by the plaintiff, a resolution issued on February 17, 2014, and notified to the plaintiff on the 27th of the same month and year (proven fact number 17), less than six months elapsed, including the time it took to resolve the motion to revoke against the ruling of the Personnel Council, resolved by ruling of January 17, 2014 (proven fact number 16); and (ii) That between the ruling on the so-called motion for addition and clarification filed by the plaintiff, the ruling of the Minister of the Presidency, which occurred on March 24, 2014 (proven fact number 19), and the agreement of the Executive Branch dismissing the plaintiff with just cause and without liability for the State, adopted on April 8, 2014 (proven fact number 20), fifteen calendar days elapsed. By virtue of all the foregoing, it is concluded that the plaintiff's thesis regarding the statute of limitations (prescripción) of the disciplinary power to sanction the unjustified absences from work for which he was accused and which corresponded to the period between May 28, 2013, and June 13, 2013, has no legal basis. On the contrary, it is considered that the proceeding brought against the plaintiff conforms to the specific temporal parameters established to avoid the expiry (perención) of the sanctioning power of the Public Administration over its officials, and that even the total duration of the proceeding is reasonable and proportionate in relation to the necessary procedure and the incidents that occurred during its processing.

“IV.- SOBRE LOS ALEGATOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA. Dentro de un primer orden de argumentos, el accionante reprocha la preclusión de la potestad disciplinaria, por una parte, debido a la fecha en que se inició el procedimiento, lo que daría lugar a que tanto las recomendaciones como su remoción se den en virtud de una falta que en su criterio prescribió, y por otra, porque el Consejo de Personal se pronunció más de un mes después de haber recibido los resultados de la investigación. En contraposición a lo sostenido por la parte actora sobre la aplicabilidad del plazo prescriptivo de un mes al amparo del numeral 603 del Código de Trabajo, la parte demandada invoca el plazo de dos años, aplicable para faltas graves, de conformidad con la Ley General de Policía. Además se señala que se respetaron la diversas fases del procedimiento administrativo, pese a lo cual su sustanciación, contada desde la emisión del acto de apertura, es de aproximadamente seis meses. En las relaciones de s ervicio público, el ejercicio de la potestad correctiva del jerarca frente a los funcionarios que han cometido faltas sancionables, se encuentra sujeto a un factor de temporalidad, luego del cual, tal ejercicio no podrá ser emprendido. Este límite temporal, tal y como se analizará, varía según sea la materia regulada y la existencia de un régimen jurídico especial que configure reglas particulares para tipos específicos de relaciones de empleo público. En consecuencia, esa potestad disciplinaria (que se basa en la doctrina del ordinal 102 de la LGAP) no es irrestricta en el tiempo. A diferencia de otras potestades públicas que por aspectos finalistas, se consideran imprescriptibles -v.gr., tutela de bienes demaniales-, las que se refieren al ejercicio sancionatorio interno -como el que se examina en este caso- están sujetas a reglas de temporalidad en virtud de lo cual, puede fenecer por el transcurso del tiempo establecido por el ordenamiento jurídico sin haber sido ejercidas. Por ende, en este tipo de relaciones, el titular del poder correctivo es el jerarca administrativo y el sujeto pasivo el funcionario público, quien en esa medida, se encuentra sujeto a la potestad correctiva interna solo por el plazo que expresamente fije la normativa aplicable, vencido el cual, emerge su facultad de requerir el reconocimiento de la pérdida de la potestad jerárquica. Se trata de un asunto librado a la discrecionalidad del legislador, quien determina en cada caso si se trata de una prescripción o una caducidad del eventual ejercicio de esas potestades. Desde este plano, en la prescripción liberatoria, se impone la concurrencia de tres factores fundamentales, a saber: a) inercia del titular de un derecho en su ejercicio, o cuando se aplique, del ejercicio de la competencia asignada, b) transcurso del tiempo fijado por el ordenamiento jurídico, y; c) alegación o excepción del sujeto pasivo de la relación jurídica de hacer valer la prescripción. Con todo, en materia de empleo público, la prescripción negativa bien puede ser alegada como causal de nulidad del acto final sancionatorio, aún y cuando esa defensa no hubiere sido ejercitada de previo a la emisión de la voluntad pública. Así, la potestad correctiva no puede considerarse como una imprescriptible, tratando de justificar esa deducción en la regla del numeral 66.1 de la LGAP, sino que se trata de una sujeta a reglas de preclusión por factores temporales, según se visualiza en el inciso 3) del propio numeral 66 de la LGAP. Tratándose de actuaciones de la Administración Pública en procedimientos administrativos sancionatorios, resulta fundamental lo estatuido por el ordinal 329.3 de la LGAP que señala: "3. El acto final recaído fuera del plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposición en contrario de la ley." De suerte que cuando una disposición legal fije la pérdida o preclusión de competencia, el acto dictado en ejercicio de esa potestad ya fenecida, no podría ser tenido como válido. Ahora bien, es necesario discriminar entre diversos supuestos que se producen en este tipo de procedimientos disciplinarios, todos en los cuales, aplican reglas de ejercicio temporal de facultades o potestades, pero con matices diversos. Se trata del establecimiento necesario, para fines de claridad, de criterios de demarcación que permitan el abordaje de los temas discutidos, según el supuesto de que se trate. De cara a analizar el elemento temporal del procedimiento, debe ser tomada en consideración la sucesión temporal de etapas diversas: 1) Prescripción (o caducidad) del ejercicio de la potestad disciplinaria: se refiere al plazo que fija el ordenamiento jurídico para que el titular de la potestad correctiva interna adopte las medidas procedimentales del caso que le permitan emitir la decisión final. En este plano, se trata del plazo máximo establecido por el ordenamiento jurídico para que el jerarca administrativo disponga la apertura del procedimiento pertinente, direccionado a establecer la pertinencia o no de la imposición de una sanción. En este caso, es claro que la notificación de la apertura del procedimiento que busca el establecimiento de los hechos (verdad real) que sirven de base al motivo del acto, genera un efecto interruptor de ese margen de temporalidad, en la medida que se trata de un acto expreso y una medida que directa y unívocamente propende al ejercicio de esa potestad. No podría considerarse que el citado plazo del ejercicio de la potestad se interrumpe con el dictado del acto final pues como derivación del principio del debido proceso, es menester que la Administración disponga la apertura de una causa administrativa, se insiste, para establecer si corresponde la sanción, como derivación de lo establecido en los ordinales 214, 221, 297, 308 de la LGAP. En esta hipótesis analizada, la potestad disciplinaria del jerarca administrativo se encuentra sujeta a plazo prescriptivo genéricamente regulado por el mandato 603 del Código de Trabajo (aplicable por remisión expresa del canon 51 del Estatuto de Servicio Civil), norma que fija un plazo de un mes para el ejercicio de esa potestad represiva ante las faltas disciplinarias de los servidores, el que se insiste, se interrumpe con la comunicación del traslado de cargos. No obstante, pese a la aplicación genérica de ese mandato, en el régimen de empleo público existe una regulación especial en el campo propio de la materia del régimen de control interno, probidad en la función pública y gestión de la hacienda pública. En efecto, en estas materias, acorde con lo regulado por la Ley General de Control Interno, No. 8292 (art. 43), Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la función pública, No. 8422 (art. 44), Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (No. 8131) y el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, opera un plazo especial de cinco años (según los supuestos y desde los momentos en que esas normas disponen). Lo mismo ocurre con el régimen policial, el cual, según lo establecido por la Ley General de Policía, No. 7410, el plazo de prescripción es de dos años, tratándose de faltas graves y de un mes, en el caso de las leves, según ordinal 83 de la Ley aludida. En tales casos, se impone el plazo especial y no el mensual estatuido por el Código de Trabajo, se insiste, al ser una normativa especial y posterior que prevalece sobre el régimen general laboral establecido como la regulación genérica. Ahora bien, resulta determinante el punto de partida del cómputo de ese plazo prescriptivo. Sobre el particular, el numeral 603 del Código de Trabajo señala que el plazo corre desde que se dio la causa para la separación o en su defecto, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. En este sentido, el plazo se computa desde el momento en que el titular de la potestad correctiva se encuentra en posibilidad objetiva de conocer la falta y por ende, emprender el ejercicio de su potestad. Por ende, cuando las particularidades del caso exijan la realización de una etapa previa de investigación preliminar, el plazo aludido corre desde el momento en que se ponga en conocimiento del jerarca, los resultados de ese ejercicio. Es el caso además de faltas que sean evidenciadas en informes de Auditoria Interna, pero cuya prosecución para efectos de sancionar, deban ser sometidas al jerarca respectivo. En tal escenario, el plazo señalado se computa desde el momento de la recepción o comunicación efectiva al jerarca de dicho informe, pues es hasta ese momento que ese titular puede válidamente adoptar las decisiones respecto de la apertura o no de disposiciones disciplinarias. Con todo, debe discriminarse en cada caso la necesidad o no de esa fase (investigación preliminar), pues de otro modo, podría utilizarse como estrategia para evadir la prescripción, siendo que no en todos los escenarios, esa investigación sería necesaria, sino solo aquellos en que por las particularidades del caso, esa fase sea indispensable para determinar la pertinencia o no de la apertura del procedimiento sancionatorio, o bien, para recabar indicios que propendan a clarificar su necesidad o no. 2) Prescripción de la potestad de adoptar la sanción dentro del procedimiento: se refiere al límite máximo temporal con que cuenta el titular de la potestad correctiva para adoptar la sanción una vez que el expediente ha sido sometido a su conocimiento por el órgano director, en cuyo caso, lo que resta es la emisión del acto final. En esta hipótesis, el jerarca o titular cuenta con un plazo máximo de un mes para decidir la sanción aplicable, desde el momento en que el órgano director de la causa le ponga formalmente en conocimiento de su recomendación. En este caso, sin perjuicio de lo regulado por el numeral 319 de la LGAP, el titular de la potestad contaría con un plazo máximo (de prescripción) de un mes para adoptar ese acto final, vencido el cual, ocurriría indefectiblemente la prescripción de esa potestad y por ende, el acto final sería nulo por lesión al elemento competencial, condicionado en ese caso por factores de preclusión. Tal supuesto, en la dinámica concreta de los procedimientos de corte sancionatorio disciplinario, dado el contenido del ordinal 603 del Código de Trabajo, constituye un tratamiento especial que se sobrepone a lo estatuido por el canon 329.3 de la LGAP. No se trata en este punto del plazo bimensual que impone el ordinal 261 LGAP para culminar el procedimiento ordinario, plazo que en todo caso es ordenatorio y no perentorio, sino del poder específico de emitir el acto final una vez que el titular de la competencia represiva cuenta con la posibilidad objetiva para ello. Con todo, esta sección ha establecido que la dilación injustificada y desproporcionada del procedimiento, aún esa connotación ordenatoria del elemento temporal, puede llevar a la nulidad de ese iter, por lesión al principio de justicia administrativa pronta y cumplida. Empero, en este punto, el plazo arriba comentado se refiere al que ostenta el jerarca para que una vez rendido el informe del órgano director, se imponga la decisión final. 3) Prescripción de la potestad de ejecutar la sanción impuesta: Se refiere al plazo con que cuenta el jerarca administrativo para disponer la aplicación de la sanción dictada. Consiste por ende en la ejecución material del acto que dispone como contenido una sanción disciplinaria. Sobre este punto no existen alegatos planteados por la parte accionante, de modo que no será objeto de análisis. 4) Otro elemento que se encuentra sujeto a reglas de temporalidad es el referente a la tramitación del procedimiento. Se refiere al tiempo máximo que puede durar el procedimiento administrativo instaurado para establecer los hechos que permitan adoptar la decisión final del titular de la potestad represiva pública. Este tema, salvo norma especial, se encuentra regulado por el ordinal 261, en relación con el 319 y el 340, todos de la LGAP, normas que establecen un plazo bimensual de carácter ordenatorio. Sin embargo, por no tratarse de un tema planteado por la parte actora, tampoco se llevará a cabo una referencia pormenorizada del tema.

V.- ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL CASO SOMETIDO A CONOCIMIENTO. A fin de determinar si en el caso que se analiza pudo haber acaecido la prescripción de la potestad disciplinaria, el primer aspecto que debe ser determinado es el plazo aplicable, por cuanto como se ha indicado, existe uno general (un mes) y otros especiales. En el contexto del litigio, la parte actora aduce que aplica el plazo general, y la parte demandada indica que corresponde considerar el plazo especial que indica el artículo 83 de la LGP, en el cual se establece: " Las faltas leves prescribirán en un mes y las graves, a los dos años. La prescripción se interrumpirá cuando se inicie el procedimiento disciplinario." Los presupuestos para que esta disposición sea aplicable, en cuanto al plazo de dos años, son dos: (i) que se pretenda disciplinar la conducta en que ha incurrido una persona sometida al régimen especial establecido en la LGP, es decir, una persona que forme parte de un cuerpo policial; y (ii) que los hechos por los cuales se pretenda sancionar a la persona constituyan una falta grave. La concurrencia de ambos presupuestos determinará que el plazo de prescripción en el caso que se analiza sea de dos años, y por ende, que se descarte la tesis de la parte actora sobre el punto. Para efectos de la aplicación del régimen funcionarial específico, preceptuado en la LGP, debe tenerse en cuenta que al actor se le siguió un procedimiento administrativo en su condición de funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, órgano que de conformidad con lo establecido en el citado cuerpo normativo (Título II, Capítulo II, Sección I) es un cuerpo policial que forma de las fuerzas de policía del Estado costarricense, en tal sentido el numeral 13 de la LGP establece: " Créase la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, como órgano informativo del Presidente de la República, en materia de seguridad nacional. Funcionará bajo el mando exclusivo del Presidente de la República, quien podrá delegar, en el Ministerio de la Presidencia, la supervisión del cumplimiento de las funciones de este cuerpo policial". También debe tomarse en consideración que se comprobó que en la citada dependencia (hecho probado número 1) el actor ocupaba una plaza de "Oficial 1" y que su salario comprendía, entre otros rubros, los de " carrera policial" y "riesgo policial". Los dos aspectos expuestos comprueban la existencia del primer presupuesto referido, consecuentemente, que el actor se encuentra cubierto por el Estatuto Policial establecido en el Título III de la LGP, el cual, dentro de sus disposiciones, señala normas específicas en materia disciplinaria para los funcionarios que se rigen por ese articulado, dentro de ellas los plazos de prescripción establecidos en el numeral 83 transcrito líneas arriba. En cuanto a la categorización de los hechos que permiten dirimir si el plazo aplicable debe ser el de un mes o el dos años, reservado este último para las faltas "graves", se debe recurrir al artículo 81 de la LGP: "ARTICULO 81.- FALTAS GRAVES. Para los efectos de este régimen, se considerarán faltas graves: a) La violación del juramento de lealtad a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes de la República. b) Cualquier conducta tipificada en las leyes penales como delito doloso. c) La violación reiterada de los trámites, los plazos o los demás requisitos procedimentales, exigidos por el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos ciudadanos. d) Las actuaciones arbitrarias, discriminatorias o claramente inspiradas en posiciones político-partidistas, que afecten las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas o los derechos humanos. e) El uso indiscriminado, innecesario o excesivo de la fuerza en el desempeño de sus labores. f) La violación de la discreción debida y del secreto profesional en asuntos confidenciales. g) Cualquier abuso de autoridad o maltrato de personas, aunque no constituya delito. h) La renuencia a prestar auxilio urgente, en los hechos y las circunstancias graves en que sea obligatoria su actuación. i) El abandono injustificado del servicio. j) El ejercicio de actividades públicas o privadas, incompatibles con el desempeño de sus funciones. k) La falta manifiesta de colaboración con el Organismo de Investigación Judicial o las otras fuerzas de policía. l) La embriaguez habitual o el uso de drogas no autorizadas durante el servicio. m) La portación de un arma antirreglamentaria. n) La aceptación o el recibo de cualquier promesa de beneficio o el beneficio susceptible de apreciación pecuniaria diferentes de los que, legal y reglamentariamente, les correspondan por parte del Estado, provenientes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, oficiales o privadas. ñ) Cualquier otra conducta sancionada con despido en el Código de Trabajo" (el subrayado no es del texto citado). Los diversos actos del procedimiento disciplinario seguido al actor, los cuales en este punto se analizan únicamente desde la perspectiva de su motivación, en relación exclusivamente a la indicación de la falta que el señor Jara Hidalgo habría cometido, concuerdan en señalar la existencia de presuntas "ausencias injustificadas" durante el período comprendido entre los días 28 de mayo de 2013 y 13 de junio de 2013 (ambas fechas inclusive). Valga citar como ejemplo, en primer lugar, la resolución que contiene el traslado de cargos (hecho probado número 6), emitida por el Órgano Director el 27 de setiembre de 2013, en cuyo Considerando I, además de haberse citado el período de ausentismo que se le imputó al actor, se transcribieron las disposiciones pertinentes del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia: "Conforme se desprende del memorando DRHMEAD1272013, fechado 17 de junio de 2013, suscrito por la señora Karen Blando Ortiz, Encaragada a.i. de la División de Recursos Humanos, el funcionario JUAN CARLOS JARA HIDALGO se ausentó injustificadamente dese el 28 de mayo de 2013 hasta el 13 de junio inclusive. / De esta manera, si se demuestra en el correspondiente procedimiento que el funcionario no justificó oportunamente sus ausencias, se estaría en quebranto de las siguientes normas: Artículo 12.- Además de lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de Servicio Civil y 50 de su Reglamento, en la Ley General de la Administración Pública, y en las disposiciones del presente Reglamento, son obligaciones de los servidores: a) (...) n) Informar en el mismo día a su superior inmediato, sea verbal o por escrito, su inasistencia al centro de trabajo, así como explicar la causa que se lo impide. Posteriormente deberá justificar su ausencia de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XI de este Reglamento. / Artículo 58.- Se considera ausencia, la inasistencia a un día completo de labores (...) / Artículo 59.- Las ausencias justificadas e injustificadas aparte de las sanciones disciplinarias, que conllevan para el servidor, implican la no percepción del salario durante el período correspondiente. / Artículo 60.- Todo servidor deberá comunicar en las primeras horas de la jornada correspondiente, por el medio que considere más idóneo a su superior inmediato, que durante esa jornada va a estar ausente de sus labores, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo anterior. / Artículo 61.- En casos muy calificados, no contemplados en el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, ni en el presente Reglamento, los superiores inmediatos podrán justificar las ausencias hasta por dos días, que no sean por enfermedad del servidor, a fin de evitar la sanción disciplinaria, sin que tal justificación signifique el pago de salarios. La justificación de ausencias mayores de dos días que no sean por enfermedad comprobada del servidor, requerirá la aprobación del Viceministro o del Director General, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. / Artículo 62.- Las ausencias justificadas que no implican pago de salario o de subsidio, según este Reglamento y demás textos legales, podrán asimilarse a vacaciones, a solicitud del servidor interesado y con la aprobación del superior inmediato o Director respectivo, según corresponda / En este caso debe pagarse el salario y disminuirse el número de días de vacaciones a que tiene derecho el servidor que se trate. El trámite correspondiente a las disposiciones indicadas en este artículo deberá hacerse dentro del término de los cinco días hábiles siguientes a la ausencia. / Artículo 63.- Las ausencias al trabajo por enfermedad que excedan de cuatro días, deberá justificarlas el servidor incapacitado con certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros. Si la enfermedad lo afectara solamente hasta por cuatro días, podrá justificar dicha ausencia por incapacidad que extienda el ente asegurador o en su defecto, dictamen de un médico particular". Por su parte, el acuerdo de cese dictado por la Presidenta de la República y el Ministro de la Presidencia el 8 de abril de 2014 (hecho probado número 20), tomó en consideración que: "...analizado el expediente levantado al efecto, se tiene por cierto que el encartado incurrió en actuación irregular como funcionario policial, al ausentarse desde el 28 de mayo de 2013 hasta el 13 de junio de 2013 sin la debida justificación". El numeral 81, inciso g), del Código de Trabajo establece: " Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo (...) g) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, sin justa causa justificada durante dos días consecutivos o durante más de dos días alternos dentro del mismo mes calendario". Por ende, y aclarando que aún no se entra al análisis de la existencia de la falta imputada, es patente que al actor se le inició un procedimiento disciplinario con fundamento en una presunta "falta grave" que se denomina "ausencias injustificadas", calificada como tal en virtud de lo dispuesto en el artículo 81, inciso g), del Código de Trabajo, en relación con lo establecido en el numeral 81, inciso ñ), de la LGP. Como consecuencia de lo señalado se cumple el segundo presupuesto para que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 83 de la LGP se estime que en el caso que se examina el plazo de prescripción que aplica es el de dos años. En relación con los reparos concretos del actor referidos a la prescripción a los cuales se hizo referencia, inicio extemporáneo del procedimiento y pronunciamiento tardío del Consejo de Personal, ambos deben ser rechazados. En cuanto a que el procedimiento se inició con posterioridad a que transcurrió el plazo establecido para sancionar la presunta falta cometida por el actor, lo indicado carece de sustento, en primer lugar, porque como fue señalado previamente, el plazo aplicable en la hipótesis es el de dos años, conforme a lo establecido en los numerales 83 y 81, inciso ñ) de la LGP y 81, inciso g), del Código de Trabajo, y no el de un mes que se estipula en el artículo 603 ejusdem. En el caso concreto, las ausencias injustificadas que se le imputaron al autor transcurrieron entre el 28 de mayo de 2013 y el 13 de junio de 2013, pero el órgano competente para iniciar el procedimiento tendiente al establecimiento de la responsabilidad disciplinaria, el Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia, conoció de la presunta falta cometida por el actor el 18 de junio de 2013, en virtud de comunicación del Viceministro de la Presidencia y Director General de la DIS (hecho probado número 4). La resolución que estableció la apertura del procedimiento en contra del demandante y designó órgano director fue emitida por el Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia el día 30 de agosto de 2013 (hecho probado número 5) y el 30 de setiembre de 2013 se le notificó al señor Jara Hidalgo el traslado de cargos atinente a los hechos que se han mencionado (hecho probado número 6). Acorde con el criterio general aceptado sobre la interrupción de la prescripción de la potestad disciplinaria, antes desarrollado, la actuación que permite tener como iniciado el procedimiento es, precisamente, la notificación de la intimación de faltas que se le dirigió al actor, y únicamente ella tiene el efecto interruptivo de la prescripción de la potestad disciplinaria, en el caso que se analiza ese hecho ocurre exactamente tres meses y doce días después de que el órgano que puede incoar el procedimiento sancionatorio fue informado de los hechos que constituían una posible falta. Razón por la cual, el proceso no se inicia, como aduce la parte demandante, con base en una causal prescrita que vicie de nulidad los diversos actos dictados. Dicha prescripción no sería sustentable a la luz de los hechos y del plazo legal aplicable, ni siquiera con base en la tesis del actor, que considera que el plazo de prescripción debió empezar a correr inclusive antes de su reincorporación al puesto, cuando alcanzó el número de días que en su criterio, ya no podían justificarse sin un criterio médico, lo cual estima que sucedió el día 3 de junio de 2013. Consecuentemente, tanto la decisión de abrir el proceso, como la notificación del traslado de cargos al demandado (acto que interrumpió la prescripción), se dan dentro del plazo de dos años que prevé el artículo 83 de la LGP para las faltas graves. Tampoco se debe dejar de destacar, que aunque no inciden en la interrupción del plazo prescriptivo, que en el lapso intermedio entre el inicio de las ausencias imputadas al actor y la decisión de incoar un procedimiento en su contra se dieron diversas actuaciones necesarias para su prosecución, dentro de ellas, la notificación oficial de la oficina de recursos humanos de la DIS a la superiora jerárquica del señor Jara Hidalgo (hecho probado número 3) y la remisión del caso por parte del Viceministro de la Presidencia y Director General de la DIS al Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia (hecho probado número 4). Tampoco es, de ninguna forma, atendible la tesis del actor, en cuanto a que la potestad de sancionarlo prescribió porque: "No existe ninguna acción de personal que emita apercibimiento o sanción alguna por esta conducta (se refiere a las ausencias al trabajo durante el período comprendido entre el 28 de mayo y 13 de junio, ambas fechas del 2013), ni previamente ni posteriormente a que esta ocurre, lo cual reafirma la fortaleza de la prescripción en cuanto a las formas y el plazo, como causa para anular lo actuado por el Poder Ejecutivo". Lo señalado equivale a señalar que para evitar la prescripción de la potestad sancionatoria, las autoridades públicas deberían sancionar primero e investigar después, lo cual es totalmente incompatible, no sólo con las disposiciones del régimen de empleo público, sino con el postulado fundamental del Debido Proceso previo que se deriva, entre otras disposiciones constitucionales, del numeral 39 de la Constitución Política, así como de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la República (artículo 48 constitucional). En cuanto al otro agravio formulado en relación con la prescripción de la potestad sancionatoria, referente a que el Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia se pronunció más de un mes después de haber recibido el expediente con el trámite realizado por el Órgano Director designado, debe rechazarse el argumento que se esgrime. Antes es pertinente repasar en términos generales el iter que debe seguir el procedimiento de despido de los funcionarios policiales, el cual fue resumido en el Considerando IV de la resolución dictada por la Sección I de este Tribuna,l a las diez horas del treinta de octubre de dos mil catorce, Sentencia No. 74-2014-I: "...La Ley General de Policía #7410 establece que son atribuciones conjuntas del Presidente de la República y del Ministro del ramo (...) Nombrar y remover los miembros de las fuerzas de policía, con sujeción a los principios mínimos establecidos en ésta ley y sus reglamentos (ordinal 53), que corresponde al Departamento Legal del Ministerio por medio de una inspección policial, instruir los Consejo de Personal (artículo 57), se crea un Consejo de Personal cuya competencia fundamental es la seguridad pública (ordinal 54), y le otorga como atribuciones; conocer de los reclamos originales en disposiciones emanadas de cualquier jerarca de las dependencias de las fuerzas de policía, determinar las políticas generales del Departamento de Personal respectivo, y "conocer y resolver, en primera instancia, las recomendaciones de despido y las suspensiones temporales, al aplicar el régimen disciplinario, así como elevar el asunto ante el ministro respectivo, se apele o no la resolución de que se trate (la cursiva y el subrayado no pertenece al texto original) (artículo 55). Por su parte el Capítulo VII refiere al régimen disciplinario en concreto sobre el tipo de faltas y sanciones aplicables, clasificándolas como leves y graves, las primeras sancionadas con apercibimientos y las segundas con suspensión, sin goce de salario o el despido sin responsabilidad patronal (numeral 78), las cuales se encuentran debidamente descritas señalándose además que se considerará grave cualquier otra conducta sancionada con despido en el Código de Trabajo (ordinal 81). En lo que respecta a la prescripción se establece un mes para las faltas leves y para las graves dos años, disponiendo que la prescripción se interrumpe cuando se inicie el procedimiento disciplinario (artículo 83). En concreto, el procedimiento establece que "El departamento legal del ministerio respectivo se encargará de investigar preliminarmente toda acusación que implique la suspensión temporal o el despido del servidor amparado por este Estatuto. Preparado el informe correspondiente, el departamento citado recomendará alguna medida y trasladará el asunto al Consejo de Personal para que lo resuelva en primera instancia. El afectado por una medida disciplinaria de este tipo tendrá derecho a recurrir al ministro del ramo, dentro de los tres días siguientes al de la notificación. Si no se apela, el asunto se remitirá al ministro quien resolverá definitivamente y dará por agotada la vía administrativa" - el subrayado no pertenece al texto original- (ordinal 84)". El numeral 84 LGP se constituye en una disposición especial con respecto de las disposiciones del Libro II de la LGAP, la cual, debe resaltarse, no indica un plazo perentorio para pronunciarse sobre los resultados del procedimiento que se pongan en conocimiento del Consejo de Personal. Por otra parte, el artículo 83 de la LGP, antes analizado, establece plazos de prescripción, de un mes y dos años según corresponda a la calificación de la presunta falta disciplinaria, pero este plazo, para el inicio del procedimiento administrativo, según se ha dicho; así no contiene un plazo perentorio para el pronunciamiento del Consejo de Personal en lo que a éste compete, que en todo caso, no es el órgano encargado del dictado del acto final del procedimiento en este tipo de asuntos, en tanto lo que adopta es una mera recomendación; es decir, se trata de un acto intermedio, previo a la adopción del acto final, a cargo del Poder Ejecutivo (Presidente de la República y Ministro del ramo). Consecuentemente, de ninguna forma este Tribunal prohija la arbitrariedad y prolongación injustificada e indefinida de los procedimientos, lo cual sería contrario a una adecuada interpretación del ordenamiento iuspublicista, particularmente de las disposiciones constitucionales y legales que propenden a garantizar una justicia administrativa pronta. Pero en el caso concreto se estima que el plazo que le tomó al Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia fue razonable y tampoco supera el de seis meses, para lo cual se debe de tener en cuenta que se trata de un órgano colegiado que se integra de conformidad con lo que establecido el artículo 54 de la LGP, por lo cual para su accionar debe cumplir con aspectos como una convocatoria ajustada a derecho, formulación del orden del día y otros, y que además, sus funciones y la de las personas que lo integran abarcan a toda la cartera ministerial y no sólo a la DIS. En tal sentido, que el referido órgano haya concluido el trámite a su cargo en un mes y catorce días no resulta desproporcionado o irrazonable, máxime si se considera que está probado que un día después de la recepción del expediente y el análisis elaborado por el Órgano Director, lo cual sucede el 4 de de noviembre de 2012 (hecho probado número 12), la Directora General del Ministerio de la Presidencia se lo remite a la Directora Jurídica para su inclusión en la agenda del Consejo de Personal (hecho probado número 13). Como antes se señaló, es un mes y catorce días después de la recepción de los atestados, a saber el 18 de diciembre de 2013 (hecho probado número 14), que el Consejo de Personal integrado por la Directora General del Ministerio de la Presidencia, la Directora Jurídica de esa cartera, el Subdirector General de la DIS, y el Director de Recursos Humanos del Ministerio de la Presidencia, se pronuncia según lo establece el artículo 84 de la LGP y el acto preparatorio a su cargo da lugar a la continuación del trámite disciplinario. En el caso concreto el actor utilizó los medios impugnativos (hecho probado número 15), e inclusive presentó una gestión denominada de adición y aclaración con respecto de la resolución del Ministro de la Presidencia que se pronuncia sobre su apelación (hecho probado número 18), pese a ello se observa: (i) Que desde la notificación al actor del traslado de cargos en su contra al cual se ha venido haciendo referencia el día 30 de agosto de setiembre de 2013 (hecho probado número 6) y hasta el pronunciamiento del Ministro de la Presidencia establecido en el artículo 84 de la LGP, ocurrido en este caso en virtud de la apelación interpuesta por el demandante, resolución que se dicta el 17 de febrero de 2014 y notificado al demandante el día 27 del mismo mes y año (hecho probado número 17), transcurrieron menos de seis meses, incluido el plazo que tardó resolver la revocatoria contra el pronunciamiento del Consejo de Personal, resuelta mediante pronunciamiento del 17 de enero de 2014 (hecho probado número 16); y (ii) Que entre el pronunciamiento sobre la denominada gestión de adición y aclaración que planteó el actor el pronunciamiento del Ministro de la Presidencia, el cual se produce el 24 de marzo de 2014 (hecho probado número 19) y el acuerdo del Poder Ejecutivo que despide al actor con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, tomado el 8 de abril de 2014 (hecho probado número 20), transcurrieron quince días naturales. En virtud de todo lo expuesto, se concluye que no tiene sustento jurídico la tesis de la parte actora respecto de la prescripción de la potestad disciplinaria para sancionar las ausencias injustificadas al trabajo que le fueron intimadas y correspondían al período comprendido entre el 28 de mayo de 2013 y el 13 de junio de 2013. Por el contrario, se considera que el procedimiento seguido al demandante se ajusta a los parámetros temporales puntualmente establecidos que permiten evitar la perención de la potestad sancionatoria de la Administración Pública sobre sus funcionarios, y que inclusive la duración total del procedimiento es razonable y proporcionada en relación con el trámite necesario y las incidencias que se presentaron durante su tramitación.”

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    • Ley General de Policía Art. 83
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