← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00413-2015 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 09/04/2015
OutcomeResultado
The First Chamber dismisses the cassation appeal, upholds the appealed ruling and exonerates the State, the National Registry and the registrar due to lack of causal link because of victim fault and third-party act.La Sala Primera declara sin lugar el recurso de casación, confirma la sentencia impugnada y exonera al Estado, al Registro Nacional y a la registradora por inexistencia de nexo causal debido a culpa de la víctima y hecho de un tercero.
SummaryResumen
The First Chamber of the Costa Rican Supreme Court denies the cassation appeal filed by two corporate plaintiffs who claimed the State’s objective liability for an error in the registry publicity of a first-degree chattel mortgage. The plaintiffs alleged they relied on on-screen information from the National Registry showing the mortgage amount as $548.00 instead of $30,000.00 (which was the monthly installment, not the total capital). The Chamber found that the on-screen figure raised a reasonable doubt about its accuracy, so the plaintiffs, as diligent purchasers, should have consulted other means of registry publicity (bound volumes, entry, scanned document) and fulfilled the verification duty imposed by the Notarial Code on the professionals involved. It further found fault of the victim and a fraudulent third-party act—the representative of the original debtor—who took advantage of the inaccuracy to obtain credit and sell the vehicle. Both circumstances broke the causal link between the registry error and the damage suffered. Consequently, the appeal was dismissed and the lower court’s ruling was upheld, exonerating the State, the National Registry, and the registrar.La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica rechaza el recurso de casación interpuesto por dos sociedades demandantes que alegaban responsabilidad objetiva del Estado por un error en la publicidad registral de una prenda vehicular de primer grado. La demandante afirmó haberse basado en la información mostrada en pantalla del Registro Nacional, donde el monto de la prenda aparecía como $548.00 en lugar de $30,000.00 (que era la mensualidad y no el capital total de la obligación). La Sala consideró que existió duda razonable sobre la veracidad del dato en pantalla, por lo que las actoras, como compradoras diligentes, debieron acudir a otros medios de publicidad registral (tomo, asiento, documento escaneado) y ejercer el deber de verificación que impone el Código Notarial a los profesionales intervinientes. Además, encontró culpa de la víctima y hecho doloso de un tercero –el representante de la deudora original– quien aprovechó la inexactitud para obtener crédito y vender el vehículo. Ambas circunstancias rompieron el nexo causal entre el error registral y el daño sufrido. En consecuencia, se declaró sin lugar el recurso y se confirmó la sentencia que eximió de responsabilidad al Estado, al Registro Nacional y a la registradora.
Key excerptExtracto clave
Consequently, resorting to the State’s objective liability regime and its exemptions, set forth in article 190 of the LGAP, which establishes: 'The Administration shall be liable for all damage caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation, except in cases of force majeure, fault of the victim, or act of a third party.' [...] It is observed that the liability exemption for fault of the victim applies here, due to the lack of diligence with which the plaintiff companies acted, failing in their duty to verify the true legal situation of the asset they were each pledging and purchasing. Furthermore, in this Chamber’s view, the exemption for 'act of a third party' also applies [...] Given these exemptions, the causal link between the conduct imputed to the co-defendants and the damage suffered by the plaintiffs is broken, which leads to the rejection of the grievance and therefore the appeal must be dismissed.En consecuencia, acudiendo al régimen de responsabilidad objetiva del Estado y sus eximentes, plasmadas en el canon 190 de la LGAP el cual establece: 'La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.' [...] Se aprecia, se está en presencia de la eximente de responsabilidad de culpa de la victima, en razón de la falta de diligencia con que han procedido las compañías actoras, faltando al deber de verificar la situación jurídica real del bien que estaban pignorando y comprando cada una. También, en criterio de esta Cámara resulta aplicable, la eximente de 'hecho de un tercero' [...] Estando en presencia de las eximentes indicadas, se rompe el nexo de causalidad entre la conducta reprochada a los codemandados y el daño sufrido por las actoras, lo cual hace el rechazo del agravio y por ende se deberá declarar sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"El tercero, que funde su negocio jurídico partiendo de la presunción de la veracidad de la información de un asiento del Registro, cuenta con seguridad registral, válida y conforme a derecho, habida cuenta, el mismo ordenamiento jurídico ha depositado la confianza en la información de los sistemas y bases de datos del Registro Público de la Propiedad."
"A third party who bases their legal transaction on the presumed truthfulness of a Registry entry enjoys registry security, valid and in accordance with the law, given that the legal system itself has placed its trust in the information contained in the systems and databases of the Public Property Registry."
Considerando V
"El tercero, que funde su negocio jurídico partiendo de la presunción de la veracidad de la información de un asiento del Registro, cuenta con seguridad registral, válida y conforme a derecho, habida cuenta, el mismo ordenamiento jurídico ha depositado la confianza en la información de los sistemas y bases de datos del Registro Público de la Propiedad."
Considerando V
"La verificación de la información registral esta dentro de la función y las obligaciones de los notarios conforme al canon 34 g) del Código Notarial y esta no se limita únicamente al informe registral desplegado informáticamente, sino también a microfilm y tomos de ser necesario, cuando —como en el caso en estudio— surge alguna duda de la información contenida en el primero."
"The verification of registry information falls within the duties and obligations of notaries according to article 34(g) of the Notarial Code and it is not limited solely to the registry report displayed electronically, but also extends to microfilm and bound volumes when necessary, when—as in the case under study—a doubt arises regarding the information contained in the first."
Considerando VII
"La verificación de la información registral esta dentro de la función y las obligaciones de los notarios conforme al canon 34 g) del Código Notarial y esta no se limita únicamente al informe registral desplegado informáticamente, sino también a microfilm y tomos de ser necesario, cuando —como en el caso en estudio— surge alguna duda de la información contenida en el primero."
Considerando VII
"Es evidente que una correcta y cuidadosa confrontación de los datos a través de los distintos instrumentos registrales puestos a su disposición de los usuarios, habrían evitado realizar el negocio, y con ello se hubiese prevenido la situación acaecida a las actoras. Por lo tanto, el daño acusado es producto de su propia desidia o falta de diligencia."
"It is evident that a correct and careful cross-checking of the data through the different registry instruments made available to users would have avoided the transaction, and thereby the situation that occurred to the plaintiffs would have been prevented. Therefore, the alleged damage is the product of their own negligence or lack of diligence."
Considerando VII
"Es evidente que una correcta y cuidadosa confrontación de los datos a través de los distintos instrumentos registrales puestos a su disposición de los usuarios, habrían evitado realizar el negocio, y con ello se hubiese prevenido la situación acaecida a las actoras. Por lo tanto, el daño acusado es producto de su propia desidia o falta de diligencia."
Considerando VII
"Se aprecia, se está en presencia de la eximente de responsabilidad de culpa de la victima, en razón de la falta de diligencia con que han procedido las compañías actoras, faltando al deber de verificar la situación jurídica real del bien que estaban pignorando y comprando cada una. También, en criterio de esta Cámara resulta aplicable, la eximente de 'hecho de un tercero' [...] Estando en presencia de las eximentes indicadas, se rompe el nexo de causalidad entre la conducta reprochada a los codemandados y el daño sufrido por las actoras."
"It is observed that the liability exemption for fault of the victim applies here, due to the lack of diligence with which the plaintiff companies acted, failing in their duty to verify the true legal situation of the asset they were each pledging and purchasing. Furthermore, in this Chamber's view, the exemption for 'act of a third party' also applies [...] Given these exemptions, the causal link between the conduct imputed to the co-defendants and the damage suffered by the plaintiffs is broken."
Considerando VIII
"Se aprecia, se está en presencia de la eximente de responsabilidad de culpa de la victima, en razón de la falta de diligencia con que han procedido las compañías actoras, faltando al deber de verificar la situación jurídica real del bien que estaban pignorando y comprando cada una. También, en criterio de esta Cámara resulta aplicable, la eximente de 'hecho de un tercero' [...] Estando en presencia de las eximentes indicadas, se rompe el nexo de causalidad entre la conducta reprochada a los codemandados y el daño sufrido por las actoras."
Considerando VIII
Full documentDocumento completo
“V. It should be noted that, in general terms, the core point of the first substantive defect concerns the failure of the Tribunal to recognize the alleged error in the registry entry (asiento registral), despite the clarity of the evidence and the acceptance of the fact by the co-defendants. Prior to the analysis of the evidence, and what was indicated by the parties and the Tribunal in this process, it is appropriate to analyze some topics related to the object of the process. Regarding the registry function: With respect to the functioning of the Public Administration in registry matters, it must first be emphasized that the legal system governing the matter is based on the principles of publicity and registry security (seguridad registral) and, consequently, is characterized by providing legal protection to the assets and rights that are duly noted and registered in the Public Registry.
In this vein, registry publicity (publicidad registral) and security are fundamental pillars of national economic development, as they provide third parties with the precise and necessary information about the ownership of movable and immovable property, and give users confidence regarding their rights and duties, protecting the underlying legal situations in the transactions that have given rise to the various annotations and registry entries. Article 1 of Law 3883 defines the objective of the service it provides in the following manner: “ARTICLE 1.- The purpose of the National Registry is to guarantee the security of registered assets or rights with respect to third parties. The foregoing shall be achieved through the publicity of these assets or rights. Regarding the processing of documents, its objective is to register them. It is of public convenience to simplify and expedite the procedures for the receipt and registration of documents, without detriment to registry security (seguridad registral).
Provisions or procedures that hinder these procedures or that, when applied, cause such an effect are contrary to public interest.” Thus, the data recorded therein acquire special relevance for the purpose of proving registered ownership (titularidad registral) and good faith at the time of transferring or acquiring an asset. In that sense, one may consult votes (votos) no. 37 at 14:45 on April 10, 1996, no. 78 at 14:15 on September 12, 1997, and no. 162 at 8:15 on February 16, 2001, all from this Chamber. The third party who bases their legal transaction on the presumption of the truthfulness of the information in a Registry entry has valid and legally compliant registry security (seguridad registral), given that the same legal system has placed its trust in the information from the systems and databases of the Public Registry of Property. Therefore, a third-party acquirer in good faith is protected in their rights, even if their title was based on a registry inaccuracy (inexactitud registral), that is, when there has been a discrepancy between the data emanating from the Registry and the legal reality, provided they were unaware of the registry inaccuracy, error, or omission at the time of acquisition.
For its part, canon 32 of the cited Law is consistent with these considerations, stating the following regarding the legal effects of registry entries: “ARTICLE 32.- The National Registry, through the technical and technological procedures it deems secure and agile, shall establish the manner of processing and publicizing registry information. The registry entries (asientos registrales) made through these means shall produce the legal effects derived from registry publicity, with respect to third parties, and shall have the validity and authenticity that the law grants to public documents.” This norm is complemented by precept 66 of the Public Registry Regulation – Executive Decree No. 26771-J, insofar as it establishes what the so-called registry publicity (publicidad registral) consists of: “Registry publicity (publicidad registral) is constituted by the information contained in the volumes, electronic data processing systems, digitization, and microfilming.
A close relationship must exist between these systems, both being reciprocal and complementary auxiliaries, in order to guarantee the unity, security, and congruence of the registry information.” That is, registry publicity is achieved through all these means, which is nothing more than the written confirmation of a title, act, fact, or circumstance in the books of the Public Registry. In accordance with the foregoing, a perfect sequence of the titleholder of dominion and of the registered rights must result from the existing entries, as well as the correlation between the registrations and their modifications, cancellations, or terminations. Now, there are different ways to obtain the information from the entries, whether directly from the Registry, in a certified document, or from its website through on-screen information, the data being absolutely concordant; the contrary would undermine the registry publicity and the service offered through this other medium.
From the foregoing, the scope of the service provided in the country and the consequent obligations and manifestations of administrative conduct are evident. In accordance with what has been said, it would be appropriate to determine whether, in the specific case, the registry action conformed as a whole to the norms and principles that should apply to the case under study, or whether, on the contrary, we are in the presence of conduct contrary to law that could entail liability for the co-defendants.
VI.We proceed to the analysis of what was stated by the parties. First. In relation to the subject, the State representation expressed that although a principle of registry publicity (publicidad registral) exists, this does not inhibit the plaintiffs from conducting a prior investigation into the conditions of the asset and its creditors, especially when they have agreed upon senior-degree credits. It questions why the plaintiffs, prior to approving and signing the second-degree pledge credit and acquiring the vehicle, did not also investigate at the offices of Banca Promérica the real conditions of the capital owed, or why they did not perform a detailed registry study (estudio registral) of the first-degree pledge, which demonstrates a total lack of diligence on their part, not attributable to the State. Second. In a similar vein, the representative of the Public Registry answers the complaint, acknowledges that there was an inaccuracy in the registry publicity (publicidad registral) of the first-degree pledge, but adds that the parties are obligated to carry out the pertinent studies and corroborate everything necessary to conduct a reliable negotiation.
He states that, although a first-degree pledge contract was presented to the Registry in which the company Trasadvaro constituted itself as debtor to Banca Promérica for $30,000.00, an error was made when entering into the database the amount of the monthly payment to be made by the debtor, instead of the total sum of the obligation, thus providing erroneous registry publicity (publicidad registral). He admits that, while it is true there was an error at the time of registering the mentioned document, there is also a lack of diligence on the part of:
VII.It is necessary to analyze the evidence that the appellants claim was wrongly evaluated:
VIII.Consequently, resorting to the regime of objective liability of the State and its exonerating circumstances, embodied in canon 190 of the LGAP, which establishes: “1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. 2. The Administration shall be liable in accordance with this article, even when it cannot be so by virtue of the following sections of this Chapter, but liability for a lawful act or normal functioning shall arise only according to the terms of the following Third Section.” And considering that said regulation contemplates three cases of total or partial exemption from liability, namely: force majeure as an unforeseeable, unavoidable event of nature, alien and external; act of a third party, insofar as it is produced by the action or omission of a subject entirely alien to the triangular relationship between Administration-official-affected party; and fault of the victim, to the extent that it is the passive subject of the damage (victim) themselves who produces —through inexcusable negligence or imprudence— the injury, or places themselves in a position conducive to it.
It is observed that we are in the presence of the exonerating circumstance of fault of the victim, due to the lack of diligence with which the plaintiff companies have proceeded, failing in their duty to verify the true legal situation of the asset that they were each pledging and buying. Also, in this Chamber’s opinion, the exonerating circumstance of “act of a third party” is applicable, consisting of the fact that Mr. Adrián Vargas Obando, in his capacity as president of the company Transadvaro, managed to obtain a credit for $11,000.00 and the sale of the vehicle for $24,000.00, knowing the real situation of the vehicle. It is clear that he took advantage of the situation, achieving these transactions, such that the plaintiff party could well have brought the company Transdavaro and Mr. Vargas Obando as its representative into the process; however, when the failure to join them in the proceeding was raised, the plaintiffs opposed their joinder, which indeed happened.
Being in the presence of the indicated exonerating circumstances, the causal link between the conduct reproached to the co-defendants and the damage suffered by the plaintiffs is broken, which leads to the rejection of the grievance and, therefore, the appeal must be declared without merit.”
Note that, in general terms, the core point of the first substantive defect concerns the Court's failure to recognize the error alleged in the registration entry (asiento registral), despite the clarity of the evidence and the co-defendants' acceptance of the fact. Before analyzing the evidence and what was stated by the parties and the Court in this proceeding, it is appropriate to analyze some issues related to the object of the proceeding. On the registration (registral) function: Regarding the functioning of the Public Administration in registration matters, it is first necessary to emphasize that the legal system governing the matter is founded on the principles of publicity and registration security (seguridad registral) and, consequently, characterized by providing legal protection to goods and rights that are duly noted and inscribed in the Public Registry. In this vein, registration publicity and security are fundamental pillars of national economic development, as they provide third parties with the precise and necessary information on the ownership of movable and immovable property, and give confidence to users regarding their rights and duties, protecting the underlying legal situations in the transactions that have given rise to the various notations and registration entries.
Article 1 of Law 3883 defines the objective of the service it provides as follows: "*ARTICULO 1º.- The purpose of the National Registry is to guarantee the security of inscribed goods or rights with respect to third parties. This shall be achieved through the publicity of these goods or rights. Regarding document processing, its objective is to inscribe them. It is of public convenience to simplify and expedite the procedures for receiving and inscribing documents, without undermining registration security. Provisions or procedures that hinder these procedures, or that, when applied, cause such an effect, are contrary to the public interest*". It is in this way that the data recorded therein acquire special relevance, for the purpose of demonstrating registration title (titularidad registral) and good faith at the time of disposing of or acquiring a property. In this sense, one may consult rulings (votos) no. 37 of 14 hours 45 minutes on April 10, 1996, no. 78 of 14 hours 15 minutes on September 12, 1997, and no. 162 of 8 hours 15 minutes on February 16, 2001, all from this Chamber.
A third party who bases their legal transaction on the presumption of the veracity of the information in a Registry entry has valid and legal registration security, given that the same legal system has placed its trust in the information from the systems and databases of the Public Property Registry. Therefore, a third-party acquirer in good faith is protected in their rights, even if their title was founded on a registration inaccuracy, that is, when a discrepancy has arisen between the data emanating from the Registry and the legal reality, provided that the acquirer was unaware of the inaccuracy, error, or registration omission at the time of acquisition. For its part, canon 32 of the cited Law is consistent with these considerations, by indicating the following regarding the legal effects of registration entries: "*ARTÍCULO 32.- The National Registry, through the technical and technological procedures it deems safe and agile, shall establish the manner of processing and publicizing registration information.
The registration entries made through these means shall produce the legal effects derived from registration publicity with respect to third parties, and shall have the validity and authenticity that the law grants to public documents*". This rule is complemented by precept 66 of the Regulation of the Public Registry – Decreto Ejecutivo N° 26771-J, insofar as it establishes what so-called registration publicity consists of: "*Registration publicity consists of the information contained in the volumes, electronic data processing systems, digitization, and microfilming. There must be a close relationship between these systems, both being reciprocal and complementary auxiliaries, in order to guarantee the unity, security, and congruence of the registration information*". That is, registration publicity is achieved through all these means, which is nothing more than the written verification of a title, act, fact, or circumstance in the books of the Public Registry.
In accordance with the foregoing, from the existing entries, a perfect sequence of the titleholder of the domain and the registered rights must result, as well as the correlation between the inscriptions and their modifications, cancellations, or extinctions. Now, there are different ways to obtain information from the entries, whether directly from the Registry, in a certified document, or from its website through screen information, and the data must be absolutely concordant; the contrary would defeat the registration publicity and the service offered through this other means. From the foregoing, the scope of the service provided in the country, and the consequent obligations and manifestations of administrative conduct, are evident. In accordance with what has been said, it would be appropriate to determine whether, in the specific case, the registration action conformed, as a whole, to the rules and principles that should apply to the case under study, or whether, on the contrary, there is conduct contrary to law that may entail liability for the co-defendants.
VI.An analysis of what was stated by the parties is undertaken. First. Regarding the matter, the State representation stated that although there is a principle of registration publicity, this does not prohibit the plaintiffs from making a prior inquiry into the conditions of the property and its creditors, especially when they have agreed to senior credits. It questions why the plaintiffs, prior to approving and signing the second-priority pledge credit and acquiring the vehicle, did not also investigate at the offices of Banca Promérica the real conditions of the owed capital, or why they did not conduct a detailed registration study of the first-priority pledge, which demonstrates a total negligence on their part, not attributable to the State. Second. In a similar vein, the representative of the Public Registry answers the complaint, acknowledging that there was an inaccuracy in the registration publicity of the first-priority pledge, but adding that the parties are obligated to conduct pertinent studies and corroborate everything necessary to carry out a reliable transaction.
He states that, although a first-priority pledge contract was filed in the Registry in which the company Trasadvaro became the debtor of Banca Promérica for $30,000.00, an error was made when including in the database the amount of the monthly payment to be made by the debtor, instead of the total sum of the obligation, thus providing erroneous registration publicity. He admits that, while it is true there was an error when inscribing the mentioned document, there is also a lack of diligence on the part of:
VII.It is necessary to analyze the evidence that the appellants maintain was poorly evaluated:
VIII.Consequently, resorting to the strict liability regime of the State and its defenses, embodied in canon 190 of the LGAP, which establishes: "*1. The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, contributory negligence of the victim (culpa de la víctima), or act of a third party. 2. The Administration shall be liable in accordance with this article, even when it cannot be found liable under the following sections of this Chapter, but liability for lawful acts or normal functioning shall occur only under the terms of the following Section Three*".
And considering that said regulation provides for three scenarios of total or partial exemption from liability, namely: force majeure (fuerza mayor) as an unforeseeable, inevitable, natural event, alien and external; act of a third party (hecho de un tercero), insofar as it is produced by the action or omission of a subject completely outside the triangular relationship between Administration-official-affected party; and fault of the victim (culpa de la víctima), to the extent that it is the passive subject of the damage (victim) who produces—through inexcusable negligence or recklessness—the injury, or places themselves in a position conducive to it. It is observed that we are in the presence of the exemption from liability of fault of the victim (culpa de la victima), due to the lack of diligence with which the plaintiff companies have proceeded, failing in their duty to verify the true legal situation of the property that each was pledging and buying.
Also, in the opinion of this Chamber, the exemption of “act of a third party (hecho de un tercero)” is applicable, consisting of the fact that Mr. Adrián Vargas Obando, in his capacity as president of the company Transadvaro, managed to obtain a loan for $11,000.00 and the sale of the vehicle for $24,000.00 knowing the real situation of the motor vehicle. It is clear that he took advantage of the situation, achieving those deals, for which the plaintiff could well have brought into the process the company Transdavaro and Mr. Vargas Obando as its representative; however, when the failure to join them in the litis was raised, the plaintiffs opposed it so that they would not be joined, as indeed happened. Being in the presence of the indicated exemptions, the causal link between the conduct attributed to the co-defendants and the damage suffered by the plaintiffs is broken, which results in the rejection of the grievance and therefore the appeal must be declared without merit.” It is our opinion, furthermore, that Article 32 of the Law of Registration of Documents already cited does not affect the validity of that information, visible on screen, nor does it imply that false information is being given the value of a certification, since it has already been indicated that the information displayed is true, but that the information field used as a publicity mechanism for the duly registered document does not contain one piece of data, because a capital sum is not indicated.
Neither do we believe that Article 454, paragraph 2 of the Civil Code is violated, since it is not a matter of an omission in the registration, given that the document is duly registered, for which it suffices to refer to the volume and the respective entry (asiento), which has not been alleged to be false. At most, the information is not complete on screen, as the capital sum for which the property given as guarantee is liable is not indicated, leaving only record of the monthly sum corresponding to the installments due, which is why the publicity mechanism is not infringed, and it is necessary to corroborate the document to obtain all the data derived from the registered right, by referring to the volume and the entry (asiento) to which the computer system directs…” Interpretation shared by this Chamber as will be set forth below.
VII.It is necessary to analyze the evidence that the appellants maintain was wrongly assessed:
VIII.Consequently, resorting to the regime of strict liability of the State and its exemptions, embodied in canon 190 of the LGAP which establishes: “*1. The Administration (La Administración) shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. 2. The Administration shall be liable in accordance with this article, even when it cannot be so under the following sections of this Chapter, but liability for lawful act or normal functioning shall only occur according to the terms of the following Third Section*”. And considering that said regulation contemplates three assumptions of total or partial exemption from liability, namely: force majeure as an unforeseeable, inevitable, natural, extraneous, and external event; act of a third party, insofar as it is produced by the action or omission of a subject totally alien to the triangular relationship between Administration-official-affected party; and fault of the victim, to the extent that it is the passive subject of the damage (victim) who produces—through inexcusable negligence or recklessness—the injury, or places themselves in a position conducive to it.
It is observed that we are in the presence of the exemption from liability of fault of the victim, due to the lack of diligence with which the plaintiff companies have proceeded, failing in the duty to verify the real legal situation of the property that each was pledging (pignorando) and purchasing. Also, in this Chamber's opinion, the exemption of “*act of a third party*” is applicable, consisting of the fact that Mr. Adrián Vargas Obando, in his capacity as president of the company Transadvaro, managed to obtain a loan for $11,000.00 and the sale of the vehicle for $24,000.00, knowing the real situation of the automobile. It is clear that he took advantage of the situation, achieving those businesses, so the plaintiff party could well have brought the company Transdavaro and Mr. Vargas Obando as its representative into the process; however, when the lack of joinder of the dispute against them was raised, the plaintiffs opposed it so that they were not joined, which is what happened.
Being in the presence of the indicated exemptions, the causal link between the conduct reproached to the co-defendants and the damages suffered by the plaintiffs is broken, which leads to the rejection of the grievance and therefore the appeal must be declared without merit.”
“V. Obsérvese que en términos generales, el punto medular del primer vicio sustantivo versa sobre la falta de reconocimiento por parte del Tribunal, del error acusado en el asiento registral, lo anterior, pese a la claridad de la prueba y la aceptación del hecho por parte de los codemandados. Previamente al análisis de las probanzas, y lo indicado por las partes y el Tribunal en este proceso, conviene analizar algunos temas relacionados con el objeto del proceso. Sobre la función registral: Con respecto al funcionamiento de la Administración Pública en materia registral, en primer término es menester destacar que el ordenamiento jurídico que rige la materia, se funda en los principios de publicidad y seguridad registral y por consiguiente, caracterizado en dar tutela jurídica a los bienes y derechos que se encuentran debidamente anotados e inscritos en el Registro Público. En este orden de ideas, la publicidad y seguridad registrales son pilares fundamentales del desarrollo económico nacional, en tanto brindan a terceros, la información precisa y necesaria sobre la propiedad de bienes muebles e inmuebles, y da confianza a los usuarios respecto de sus derechos y deberes, tutelando las situaciones jurídicas subyacentes en los negocios que han dado origen a los diversas anotaciones y asientos registrales.
El artículo 1 de la Ley 3883, define el objetivo del servicio que éste presta de la siguiente manera: "ARTICULO 1º.- El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto". Es así como los datos que ahí se consignan, adquieren especial relevancia, a efecto de demostrar la titularidad registral y la buena fe en el momento de enajenación o adquisición de un bien. En ese sentido pueden consultarse los votos no. 37 de las 14 horas 45 minutos del 10 de abril de 1996, el no. 78 de las 14 horas 15 minutos del 12 de setiembre de 1997 y el no. 162 de las 8 horas 15 minutos del 16 de febrero del 2001, todos de esta Sala.
El tercero, que funde su negocio jurídico partiendo de la presunción de la veracidad de la información de un asiento del Registro, cuenta con seguridad registral, válida y conforme a derecho, habida cuenta, el mismo ordenamiento jurídico ha depositado la confianza en la información de los sistemas y bases de datos del Registro Público de la Propiedad. Por lo anterior, un tercero adquirente de buena fe se encuentra protegido en sus derechos, aún y cuando su título se haya fundado en una inexactitud registral, sea, cuando se haya presentado una discrepancia entre los datos emanados del Registro, y la realidad jurídica, siempre y cuando éste desconozca en el momento de la adquisición, la inexactitud, error u omisión registral. Por su parte, el canon 32 de la Ley de cita, es conteste con estas consideraciones, al indicar lo siguiente con respecto a los efectos jurídicos de los asientos registrales: "ARTÍCULO 32.- El Registro Nacional, mediante los procedimientos técnicos y tecnológicos que considere seguros y ágiles, establecerá la forma de tramitar y publicitar la información registral.
Los asientos registrales efectuados con estos medios surtirán los efectos jurídicos derivados de la publicidad registral, respecto de terceros y tendrán la validez y autenticidad que la ley otorga a los documentos públicos". Esta norma se complementa con el precepto 66 del Reglamento del Registro Público – Decreto Ejecutivo n° 26771-J, en tanto establece en qué consiste la denominada publicidad registral: “La publicidad registral está constituida por la información contenida en los tomos, sistemas de procesamiento electrónico de datos, digitalización y la microfilmación. Debe existir entre esos sistemas una estrecha relación, siendo ambos auxiliares recíprocos y complementarios, a fin de garantizar la unidad, seguridad y congruencia de la información registral”. Es decir, la publicidad registral se logra, a través de todos esos medios, lo cual no es más que la constatación escrita de un título, acto, hecho o circunstancia en los libros del Registro Público.
Conforme a lo anterior, de los asientos existentes, deberá resultar una perfecta secuencia del titular del dominio y de los derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones. Ahora bien, existen diferentes maneras de obtener la información de los asientos, ya sea directamente del Registro, en documento certificado, o de su página web a través de la información de pantalla, debiendo ser los datos absolutamente concordantes, lo contrario daría al traste con la publicidad registral y del servicio que ofrece por este otro medio. De lo expuesto, se evidencian los alcances del servicio que brinda en el país y las consecuentes obligaciones y manifestaciones de la conducta administrativa. De conformidad con lo dicho, procedería determinar si en el caso concreto, la actuación registral se adecuó como un todo a las normas y principios que se deberían aplicar al caso de estudio o si por el contrario, se está en presencia de una conducta adversa a derecho, que pueda acarrear responsabilidad a las codemandadas.
VI.Se procede al análisis de lo expuesto por las partes. Primero. En relación al tema, la representación estatal expresó que si bien existe un principio de publicidad registral, esto no inhibe a las actoras a realizar una averiguación previa de las condiciones del bien y de sus acreedores, sobre todo, cuando han pactado los créditos de grado superior. Se cuestiona por qué las demandantes, previo a aprobar y suscribir el crédito prendario en segundo grado y adquirir el vehículo, no investigaron también en las oficinas de Banca Promérica, las condiciones reales del capital adeudado, o por qué no hicieron un estudio registral pormenorizado de la prenda en primer grado, lo cual demuestra una total desidia de estas, no achacable al Estado. Segundo. En sentido similar el representante del Registro Público contesta la demanda, reconoce que hubo una inexactitud en la publicidad registral de la prenda en primer grado, pero agrega, las partes se encuentran en la obligación de realizar los estudios pertinentes y corroborar todo lo necesario para llevar a cabo una negociación confiable.
Manifiesta, no obstante se presentó en el Registro un contrato prendario de primer grado en el que la sociedad Trasadvaro se constituía deudora de Banca Promérica por $30.000,00, se cometió un yerro al momento de incluir en la base de datos el monto de la mensualidad a pagar por el deudor, en lugar de la suma total de la obligación, brindándose así una errónea publicidad registral. Admite, si bien es cierto hubo un error al momento de inscribir el mencionado documento, también hay una falta de diligencia de:
VII.Precisa analizar las pruebas que los recurrentes sostienen mal valoradas:
VIII.En consecuencia, acudiendo al régimen de responsabilidad objetiva del Estado y sus eximentes, plasmadas en el canon 190 de la LGAP el cual establece: “1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente”. Y considerando que dicha normativa, contempla tres supuestos de exención total o parcial de responsabilidad, a saber: fuerza mayor como hecho imprevisible, inevitable, de la naturaleza, extraño y exterior; hecho de un tercero, en tanto es producido por la acción u omisión de un sujeto totalmente ajeno a la relación triangular entre Administración-funcionario-afectado y culpa de la víctima, en la medida en que es el propio sujeto pasivo del daño (víctima), quien produce –por negligencia o imprudencia inexcusable- la lesión, o se coloca en posición propicia para ello.
Se aprecia, se está en presencia de la eximente de responsabilidad de culpa de la victima, en razón de la falta de diligencia con que han procedido las compañías actoras, faltando al deber de verificar la situación jurídica real del bien que estaban pignorando y comprando cada una. También, en criterio de esta Cámara resulta aplicable, la eximente de “hecho de un tercero” consistente en que el señor Adrián Vargas Obando, en su carácter de presidente de la sociedad Transadvaro, logró obtener un crédito por $11.000,00 y la venta del vehículo por $24.000,00 conociendo la situación real del automotor. Es claro que se aprovechó de la situación logrando esos negocios, por lo que bien pudo la parte accionante traer al proceso a la sociedad Transdavaro y la señor Vargas Obando como su representante, sin embargo, cuando fue interpuesta la falta de integración de la litis contra ellos, las actoras se opusieron a efecto de que no se integrara tal y como sucedió.
Estando en presencia de las eximentes indicadas, se rompe el nexo de causalidad entre la conducta reprochada a los codemandados y el daño sufrido por las actoras, lo cual hace el rechazo del agravio y por ende se deberá declarar sin lugar el recurso.”
Document not found. Documento no encontrado.