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OutcomeResultado
The court denied the claim to annul the disciplinary dismissal of the police officer, upholding the legality of the administrative act due to serious misconduct resulting from negligent access control.Se rechaza la demanda de nulidad contra el despido disciplinario del oficial de policía, confirmando la legalidad del acto administrativo por falta grave derivada de negligencia en el control de acceso.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court reviews the legality of the no-fault dismissal of a police officer based on his failure to verify the identity of a person who entered the police station and stole weapons. The plaintiff argued that identity verification was the sentry's duty and that there was no clear regulation. The Court held that, as the officer on duty, he had a functional duty to control access, which he negligently breached, constituting a serious offense and a violation of the duty of probity. The principle of relative specificity in disciplinary matters applies: no specific legal description of the conduct is required, but the sanction must be pre-established. The ruling confirms the validity of the dismissal, emphasizing that the public interest and the special responsibility of police forces justify the sanction, and rejects the plaintiff's arguments for lack of evidence to overturn the administrative act.El Tribunal Contencioso Administrativo examina la legalidad del despido sin responsabilidad patronal de un oficial de policía, basado en su omisión de verificar la identidad de una persona que ingresó a la delegación y sustrajo armas. El actor alegó que la verificación correspondía al centinela y que no existía regulación clara. El Tribunal considera que, como oficial de guardia, tenía el deber funcional de controlar el ingreso, deber incumplido negligentemente, lo que constituyó falta grave y violación al deber de probidad. Se aplica el principio de tipificación relativa en materia disciplinaria: no se requiere una tipificación legal específica de la conducta, pero la sanción sí debe estar preestablecida. La sentencia confirma la validez del despido, enfatizando que el interés público y la especial responsabilidad de los cuerpos policiales justifican la sanción, y rechaza los argumentos del actor por falta de prueba que desvirtúe la legalidad del acto administrativo.
Key excerptExtracto clave
At the core of the matter, the plaintiff claims in his complaint that verifying the identity of individuals entering the post where he worked was not his responsibility, given the presence of a sentry assigned to that function. He further asserts the absence of internal regulations regarding this obligation and consequently rejects the grounds for the disciplinary liability attributed to him, which formed the basis for his dismissal without employer liability. In its response, the State maintains the legality of the administrative action and indicates that the plaintiff was responsible for verifying the entry of any person, as he was at the guard post, and his labor obligations in that capacity were sufficiently clear and defined. (...) The Court considers, based on the existing evidence and the very nature of the function performed by the plaintiff, that it is evident that, as the officer on duty, he should have at least requested the identity card of the person entering the unit under his charge and verified their proper provenance, determining the reason for their presence, especially when they intended to withdraw weaponry from the premises. The control activity expected of an officer occupying the plaintiff's position was the average diligence that could be presumed of a person entrusted with verifying the entry of personnel and outsiders into the facilities under their charge. This activity necessarily involved reliably verifying that the person accessing the premises did not pose a security risk, the initial prerequisite of which is the requirement of identification to ascertain the veracity of the reasons alleged for entering.En lo medular la parte actora en su demanda invoca que la verificación de la identidad de las personas que ingresaban al puesto en donde él laboraba, no era su responsabilidad, habida cuenta que en dicho lugar había un centinela, encargado de dicha función. De manera adicional indica la inexistencia de regulación interna con respecto de dicha obligación y por consiguiente rechaza el motivo de la responsabilidad disciplinaria que le fue imputada y que dio como base su despido sin responsabilidad patronal. El Estado en su respuesta, mantiene la legalidad de la conducta administrativa e indica que el actor era responsable de verificar el ingreso de cualquier persona, dado que estaba en el puesto de guardia, siendo así que sus obligaciones laborales como tal, eran suficientemente claras y definidas. (...) Estima este Tribunal que de la prueba existente y de la naturaleza misma de la función realizada por el actor, es evidente que él como oficial de guardia, debió de haber al menos, solicitado la cédula de identidad de la persona que ingresaba a la unidad a su cargo y constatado su debida procedencia, determinando la razón de su presencia y máxime si ésta pretendía retirar armamento del lugar. La actividad de control esperada en un oficial que ocupaba el puesto del actor, era la diligencia media que podría presumirse de una persona que es la encargada de verificar el ingreso de propios y extraños a las instalaciones a su cargo. Esa actividad implicaba necesariamente constatar fehacientemente que la persona que accedía a dicho lugar no implicara un riesgo a la seguridad, lo cual tiene como presupuesto inicial, el requerimiento de una identificación para la constatación de la efectividad de los motivos alegados para ingresar al lugar.
Pull quotesCitas destacadas
"El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad que exige por un lado, la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción, y por otro lado, la delimitación concreta de las posibles sanciones a aplicar, pudiendo afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria."
"The principle of specificity is an application of the principle of legality that requires, on one hand, the concrete definition of conduct deemed punishable for purposes of sanction, and on the other, the concrete definition of the possible sanctions to be applied, which makes it possible to assert that the principle of specificity constitutes a fundamental principle in disciplinary liability."
IV.II.I.- Consideraciones sobre el empleo público
"El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad que exige por un lado, la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción, y por otro lado, la delimitación concreta de las posibles sanciones a aplicar, pudiendo afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria."
IV.II.I.- Consideraciones sobre el empleo público
"En resumen, aunque se infiere que los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables -pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos- y que los principios 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, siempre es necesario en materia disciplinaria, en atención al principio de tipicidad, que la conducta se infiera del texto normativo y que la sanción esté –está si- claramente preestablecida."
"In summary, although it is inferred that the determining facts of disciplinary offenses are innumerable—as they depend on the nature of the behaviors or conduct of the subjects—and that the principles 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' do not have the rigidity and exactingness that characterizes them in substantive criminal law, it is always necessary in disciplinary matters, in light of the principle of specificity, that the conduct be inferred from the normative text and that the sanction be—and indeed must be—clearly pre-established."
IV.II.I.- Consideraciones sobre el empleo público
"En resumen, aunque se infiere que los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables -pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos- y que los principios 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, siempre es necesario en materia disciplinaria, en atención al principio de tipicidad, que la conducta se infiera del texto normativo y que la sanción esté –está si- claramente preestablecida."
IV.II.I.- Consideraciones sobre el empleo público
"El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto."
"The public servant shall perform their duties in a manner that primarily satisfies the public interest, which shall be considered as the expression of the coinciding individual interests of the governed. The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when there may be a conflict."
IV.II.I.- Consideraciones sobre el empleo público
"El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto."
IV.II.I.- Consideraciones sobre el empleo público
"La infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal."
"The violation of the duty of probity, duly proven and after a defense, shall constitute just cause for separation from public office without employer liability."
IV.II.II.- Consideraciones sobre el fondo del presente proceso
"La infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal."
IV.II.II.- Consideraciones sobre el fondo del presente proceso
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IV.II.I.- Considerations regarding public employment: In Costa Rica, the public servant is subject to a particular regime, differentiated from the private worker, from which a series of specific rights and obligations emanate. Articles 191 and 192 of the Political Constitution are the fundamental basis for establishing such a distinction, by establishing the following: "Article 191.- A civil service statute shall regulate the relations between the State and public servants, for the purpose of guaranteeing the efficiency of the administration" and "Article 192.- With the exceptions that this Constitution and the civil service statute determine, public servants shall be appointed based on proven suitability and may only be removed for the causes of justified dismissal expressed in labor legislation, or in the case of forced reduction of services, whether due to lack of funds or to achieve a better organization thereof." In accordance with the indicated norms of constitutional rank, it is evident that the servant of the State and its Institutions enjoys the rights of its own normative regulation, employment stability - limiting the regime of free removal characteristic of private labor regulation - and an administrative career, along with the other existing guarantees for persons covered by a subordination regime, such as the payment of a salary, vacations, maximum working hours, strike, etc. (making the exception of the right to collective bargaining, excluded by votes 4453-2000 and 9690-2000 of the Constitutional Chamber). Correlative to the foregoing rights, the public servant possesses a series of functional obligations, inherent to the public purposes sought with his activity and which must always guide his management, in order not to incur a personal fault generating disciplinary liability. Without pretending to be exhaustive, some of the duties proper to the public employment regime are: a) duty of probity (art. 3 Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Administration), b) duty of compliance with the principles of public service - continuity, efficiency, adaptation to change in the legal regime and equality of treatment- (art. 4 General Law of Public Administration), c) duty of ensuring an adequate internal control environment (art. 39 of the General Law of Internal Control) d) duty to protect the best interests of children (art. 4 and 5 of the Childhood and Adolescence Code) e) duty to comply with the legal order (art. 13 and concordant articles of the General Law of Public Administration, art. 39.a of the Civil Service Statute), f) duty to provide prompt response and information to the user (art. 5 and 10 of the Law for the Protection of Citizens from Excess Requirements and Administrative Procedures), g) duty of obedience (art. 108 of the General Law of Public Administration), h) duty to act with effectiveness (art. 5 of the Law of Financial Administration and Public Budgets) i) duty to maintain decorum and provide due attention to the user (art. 114 of the General Law of Public Administration and art. 39. d) and e) of the Civil Service Statute) j) duty to respond in case of having acted with willful misconduct or gross negligence (art. 199 and 211 General Law of Public Administration) k) duty to abide by the Political Constitution (art. 11 of said normative body). Additionally, in a supplementary manner, based on article 9 of the General Law of Public Administration and 51 of the indicated Statute, the provisions of the Labor Code and other provisions related to the employment relationship are applicable to said public employment relationship, such as the Law on Sexual Harassment in Employment and Teaching, the Law for the Regulation of Smoking, the Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities, among others. In this order of ideas, although in matters of public employment we cannot speak of a full integration of the legal order and principles in labor matters given the existence of a statutory and not contractual relationship, (article 111 of the General Law of Public Administration), the existence of general lines of orientation of the relationship that are common cannot be ignored, such as, for example, the application of the principle of good faith between both parties, contemplated in article 19 of the Labor Code. Regarding the disciplinary regime to be applied in case of breach of said duties, in accordance with various votes of the Constitutional Chamber, the principle of specificity becomes more lax, so that a specific legal classification of the conduct is not required, given the very nature of the legal situation of the servants. In this sense, vote 2007-013903 of fifteen hours and twenty-five minutes of October third, two thousand seven of the Constitutional Chamber, indicates the following: "V.- On the principle of specificity in the disciplinary regime.- The principle of specificity is an application of the principle of legality that requires, on one hand, the concrete delimitation of the conducts that are made reprehensible for the purposes of their sanction, and on the other hand, the concrete delimitation of the possible sanctions to be applied, being able to affirm that the principle of specificity constitutes a fundamental principle in disciplinary liability. Regarding the concrete delimitation of the reprehensible conduct, this Chamber has held on previous occasions (see in this regard resolution 2005-06616 of twenty hours and fifty-eight minutes of May thirty-first, two thousand five and 94-5594 of fifteen hours forty-eight minutes of September twenty-seventh, nineteen ninety-four) that although certainly this principle in this matter does not have the same form as in the criminal-legal sphere - since faults not literally provided for may be sanctioned discretionarily - it must always be understood that these faults are included in the text. That is, faults not literally provided for, but which are understood to be included in the text, may be sanctioned discretionarily, provided they result from the verification of the disciplinary fault, through a procedure created for that purpose. Now, regarding the concrete delimitation of the sanction, unlike what has just been said, this must be clear and previously established, without the Administration being able to create new sanctions that are not contemplated in the applicable norms. In summary, although it is inferred that the determining facts of disciplinary faults are innumerable - since they depend on the nature of the behaviors or conducts of the subjects - and that the principles "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" do not have the rigidity and requirement that characterizes them in substantive criminal law, it is always necessary in disciplinary matters, in attention to the principle of specificity, that the conduct be inferred from the normative text and that the sanction be - it is - clearly pre-established". The foregoing generates what in doctrine is known as the principle of relative classification in the understanding that the fault must be provided for in the disciplinary order, but without the level of rigor characteristic of criminal matters insofar as it derives from the specific service relationship. By reason of the foregoing, both the breach of general functional duties, legally classified conducts (at the level of the Civil Service Statute, statutory norms proper to the regime or Labor Code, for example), and those found contemplated in norms of a lower rank, such as those contained in autonomous service regulations or in cases in which the classification is given with respect to the sanction to be imposed, are sanctionable. This relative classification makes more flexible the need for positive norms in the character of formal law, it being possible for their regulation to be generated by a positive norm of lower rank. The foregoing considerations, without prejudice to the fact that there are a series of principles of sanctioning law derived from criminal law, which must necessarily be complied with in all cases, e.g., proportionality, non bis in idem, innocence, due process, due reasoning of the respective resolution. In this order of ideas, it is to be noted that in matters of defining conducts that may be considered as part of the duties proper to public officials or subject to sanction in case of breach, our country possesses a diffuse system, given that they are not detailed in a single normative body, but rather dispersed among different norms of different rank, with greater specificity prevailing in the regulatory norms that each entity chooses to dictate, according to article 27 of the Regulation of the Civil Service Statute. The foregoing, in accordance with the self-normative powers of the Public Administration, and given the impossibility that by legal means all and each one of the concrete conducts incurred by public servants can be regulated, and in the understanding that the exercise of regulatory power is limited by the general framework of the supra-legal order. As a cross-cutting element to this set of principles and norms of different rank, in this matter we find the public interest as a constant reference in the adoption of any decision or formal or informal conduct of the Administration with respect to its servants. Said interest understood in accordance with article 113 of the General Law of Public Administration, provides: "1. The public servant must perform his functions in such a way that they primarily satisfy the public interest, which shall be considered as the expression of the coinciding individual interests of the administered parties. 2. The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict. 3. In the appreciation of the public interest, the values of legal certainty and justice for the community and the individual shall be taken into account, in the first place, to which mere convenience cannot in any case be placed before". By reason of the foregoing, any analysis in matters of public employment must not obviate the analysis of compliance with the public interest in the adoption of the respective administrative decision, as a fundamental reference of its underlying motivation.
IV.II.II.- Considerations on the merits of the present process: At its core, the plaintiff in his claim invokes that the verification of the identity of the persons entering the post where he worked was not his responsibility, given that in said place there was a sentinel, charged with that function. Additionally, he indicates the non-existence of internal regulation with respect to said obligation and consequently rejects the reason for the disciplinary liability that was imputed to him and that gave basis for his dismissal without employer liability. The State in its response, maintains the legality of the administrative conduct and indicates that the plaintiff was responsible for verifying the entry of any person, given that he was at the guard post, such that his labor obligations as such were sufficiently clear and defined. In this regard, and specifically, on the facts giving rise to the present claim, this Tribunal has held as proven that at 19:50 hours on June 15, 2011, a subject entered the First Region Hatillo Directorate of the Ministry of Public Security, saying his name was Oscar Mora Mora and wearing a Public Force uniform. It is recorded in the case file that said person was accompanied in his entry by the sentinel on service, Officer Alex Fallas Fonseca, such that once he passed the respective guard post, he went to the armory of the place and withdrew from the hands of the armorer, Franklin Ramírez Fonseca, a regulation Jerichó weapon, 9mm asset 175374, series 96306150 with one magazine and 15 projectiles, an UZI sub-machine gun series 952712, asset 174925 with one magazine and 25 unpercuted projectiles and a bulletproof vest, subsequently withdrawing from the First Region Hatillo Directorate of the Ministry of Public Security. It is recorded and is not disputed, that the indicated person was not an officer of the public force, for which the indicated weaponry was carried away antijuridically. With respect to the responsibilities imputed in the ordinary disciplinary administrative procedure, it has been proven that the foregoing facts occurred when the plaintiff in the present process was performing functions as guard officer, such that at the moment the subject named Oscar Mora Mora entered, the plaintiff did not request any identification from him, limiting himself to consigning only his first and last names in the respective book. In accordance with the foregoing and from a review of the documentary and testimonial evidence admitted and requested, this Tribunal estimates that the plaintiff is not correct. The foregoing insofar as it is recorded in the case file that Mr. Brenes Martínez possessed a series of clearly defined obligations as guard officer, which were clearly breached at the moment of the facts. In this sense, there is evidence that as part of the plaintiff's functions, it was incumbent upon him to carry out the control and annotation of the entry of third parties and officials. In this order of ideas, the plaintiff himself in an interview conducted on June 16, 2011, indicated the following: "... I have to keep control of the entries to certain posts, part of my functions is to note down the entry of these officials...." and also ".... I did not request identification from this gentleman....". Additionally, the General guidelines for the management, use, safeguarding and archiving of police control and registry books, indicate regarding said obligation, the following: "The Personnel Entry and Exit Book is a tool that is used exclusively to keep control of the entry and exit of personnel from the police unit. It shall be the responsibility of the guard officer to record the entry and exit of the officials, focusing on the parameters established in this protocol..." On the other hand, the Manual of the incident and registry book, indicates in this regard, the following: "The Guard Officer must record all daily events... Likewise, he must note down the time of entry and exit to the Police Station of any person and their position, even if the stay time is minimal and regardless of whether the reason for the individual's stay is in the nature of a visit, or whether it concerns a colleague who is on their free time...." In the same sense, folios 14 and 15 of the Guard Book Manual indicate a similar provision, as well as the testimonial statements of Messrs. Juan Carlos Cárdenas Camareno and Milton Grijalba Valverde. As can be seen, the plaintiff did not fully comply with his obligations, given that he limited himself to noting down the name of the person who said his name was Oscar Mora Mora, but without fully carrying out the control imposed by his position. On the other hand, article 8 of the General Police Law, provides, in this regard, the following: "The general attributions of all police forces are: .... l) Keep the necessary registry books, in which shall be recorded: police operations, those responsible for these activities, the complete list of personnel intervening in each operation, patrol or police action, personal data, the hours of entry and exit of detainees, as well as other data that serve for the adequate control of these operations...". The foregoing is reinforced if we consider that the plaintiff consulted the originating post of the alleged Mr. Mora Mora and alerted that he did not work there, when he had already withdrawn from the First Region Hatillo Directorate. This Tribunal estimates that from the existing evidence and from the very nature of the function performed by the plaintiff, it is evident that he, as guard officer, should have at least requested the identity card of the person entering the unit under his charge and verified his due provenance, determining the reason for his presence and especially if he intended to withdraw weaponry from the place. The control activity expected of an officer who occupied the plaintiff's post was the average diligence that could be presumed of a person who is charged with verifying the entry of persons affiliated and strangers to the facilities under his charge. That activity necessarily implied reliably verifying that the person accessing said place did not imply a risk to security, which has as its initial presupposition, the requirement of an identification to verify the effectiveness of the reasons alleged for entering the place. In this order of ideas, it must be noted that the plaintiff is not imputed with willful misconduct or connivance with the person who stole the weapons, but rather a negligent action, based on his omitted or negligent action in failing to fulfill basic duties of care in accordance with his functions. The administrative resolution object of the present process, indicates in this regard the following: ".. the reproach of the conducts deployed in the case at hand, is objectively aggravated because with his negligence - understood as the omission of the diligence or care that the worker must have in the performance of the assigned position- in the specific case as head of the Guard Officer post, on the day of the facts, he allowed the entry of an individual who was wearing the police uniform, who said his name was Oscar Mora Mora, and who was heading to withdraw work equipment because he was going to be a relief at the Police Station of Hospital, in this regard, the conduct deployed is objectively aggravated, because his function was precisely the security of the Guard Officer post, that is, the entry to the facilities of the Regional Directorate, such that without any justification and departing totally from the most elementary procedures dictated by reason and logic, he did not demand or request any element of identification to ascertain what was related by the subject...". In this sense, the plaintiff has not proven that his actions adhered to a minimum of diligence in the specific fact, given that had he correctly carried out the control activity inherent to his functions, he could have detected that the person who said his name was Oscar Mora Mora did not come from the police unit from which he invoked his origin and thus could have avoided the theft of the mentioned weapons. As has been indicated, every public servant possesses a series of functional duties inherent to his position, which imply acting in accordance with the public interest and the fulfillment of the purposes sought in the exercise of the administrative conducts assigned to him. In the specific case of police forces, such obligations are of special intensity, given that they are charged with guaranteeing public order and security. Therefore, a person who belongs to the police forces has implicit with their appointment, the duty to adequately ensure that neither through their action nor omission, serious damage is caused to the interest of the community in the matter of safeguarding their protection against third parties who choose to carry out antijuridical conducts. In the case of the plaintiff, it is evident from the case file that on the day of the facts he was performing a specific function, which was of singular importance in terms of the place where he worked, given that he performed a filter function for the entry and exit of persons in the police unit where he works and where weaponry was guarded. If, as has been proven in the case file, on the date the facts occurred there were signs of a special threat to security due to the eventuality of an attempt to free a person held in custody nearby, the plaintiff's duty was to be especially prudent in his control functions, given that a weakening thereof could contribute to serious consequences to the detriment of public order and security. It is necessary to indicate that the provisions of article 3 and 4 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment are also applicable to the plaintiff, insofar as they provide: "Article 3.— Duty of probity. The public official shall be obliged to orient their management towards the satisfaction of the public interest. This duty shall manifest, fundamentally, by identifying and attending to the priority collective needs, in a planned, regular, efficient, continuous manner and in conditions of equality for the inhabitants of the Republic; likewise, by demonstrating rectitude and good faith in the exercise of the powers conferred by law; ensuring that the decisions adopted in fulfillment of their attributions conform to impartiality and the institution's own objectives in which they serve and, finally, by administering public resources adhering to the principles of legality, effectiveness, economy and efficiency, rendering accounts satisfactorily". "Article 4.— Violation of the duty of probity. Without prejudice to the civil and criminal liabilities that may apply, the infraction of the duty of probity, duly proven and after prior defense, shall constitute just cause for the separation from the public position without employer liability". In the case under examination, it has been held as proven that the serious fault that was held as proven translates into a serious and proven violation of the plaintiff's duty of probity, because he, through his actions, did not act in accordance with the public interest and did not perform conduct that could be deemed in accordance with legality and effectiveness, being unable to render accounts satisfactorily in the face of the trust placed in him by reason of the investiture as a public servant, in an activity as delicate and relevant as security and entry control to a place where weaponry was guarded. It is for this reason that through the plaintiff's conduct, the public interest was put at risk of being affected and consequently, the loss of trust that this signifies is evident as a title that legitimately serves for his dismissal without employer liability. On the other hand, it is necessary to indicate that there is no evidence in the case file that demonstrates that the control responsibility fell on the so-called sentinel, who from the testimonial evidence taken was designated as a mere custodian of the access door to the place, but without it being understood thereby that the plaintiff was relieved of his basic obligations as guard officer. On the contrary, the existence of manuals and regulations with internal efficacy on the obligations of said function has indeed been proven in the case file. It must be indicated that the fact that the stolen goods were subsequently recovered does not relieve the plaintiff of his functional duties, given that the breach of the duty of care he incurred was committed by the mere occurrence of the fact, regardless of whether subsequently the effects thereof are diminished by timely police action. On the other hand, there are no evidentiary elements contributed by the plaintiff that have demonstrated in the jurisdictional venue the existence of any defect of nullity in the instituted procedure and the commission of a violation of his legal or constitutional rights. Nor is it evidenced that the imposed sanction is due to a media situation and that there is liability on the part of the high police commands for the lack of controls, such that what is indicated is merely a simple affirmation by the plaintiff, but devoid of any proof in this regard. By reason of the foregoing, in the case under examination, one must begin from the considerations made regarding the presuppositions of the damage as such for it to be compensable. In this sense, article 317 of the Civil Procedure Code applies, insofar as it provides: "The burden of proof is incumbent upon: 1) Whoever formulates a claim, regarding the affirmations of the constitutive facts of their right. 2) Whoever opposes a claim, regarding the affirmations of impeding, modifying or extinguishing facts of the plaintiff's right". Regarding the burden of proof, it has been said on some other occasion, that: "…, in order to the provisions of article 317 of the Civil Procedure Code: "(…) The burden of proof does not suppose, then, any right of the adversary, but rather an imperative of the own interest of each litigant; it is a circumstance of risk consisting of the fact that whoever does not prove the facts they must prove, loses the case. One can shed this burden by proving, that is, by accrediting the truth of the facts that the Law indicates. And this does not create, evidently, a right in the adversary, as if a personal legal situation pertaining to each party; the burden of not lending credence to the affirmations that were necessary to prove and were not proven... it is the same not to prove as not to exist (…)". (Vote number 262 of nine hours forty minutes of June seventeen, nineteen ninety-four, of the Second Superior Civil Tribunal, First Section). On the other hand, it is considered that the imposed sanction cannot be considered either abusive, unjustified or disproportionate, given that the discretionary content of the objected conduct, that is the scope of the sanction, adjusts to the facts taken as true in the objected administrative resolution and to the norms applied for sanctioning effects. In accordance with the foregoing, the mere invocation by the party is not sufficient, if there does not exist a solid evidentiary foundation that serves as a demonstration of the facts alleged. By reason of the foregoing, it is appropriate to reject the indicated arguments.
IV.II.III.- In accordance with the reasoning given, this Tribunal estimates that no defect of nullity is observed in resolution 2012-1993 DM of 10:00 hours of May 14, 2012, confirmed by 2012-3665 DM of thirteen hours of October thirty, two thousand twelve, and consequently the claim must be rejected in all its aspects, given that the declaratory pretensions made are accessory to the determination of the legitimacy of the objected conduct.
“IV.II.I.- Consideraciones sobre el empleo público: En Costa Rica el servidor público se encuentra sometido a un régimen particular, diferenciado del trabajador privado, y del cual dimanan una serie de derechos y obligaciones específicas. Los artículos 191 y 192 de la Constitución Política es la base fundamental para establecer tal distinción, al establecer lo siguiente: “Artículo 191.- Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración” y “Artículo 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos”. De conformidad con las indicadas normas de rango constitucional se evidencia que el servidor del Estado y sus Instituciones, goza de los derechos de una regulación normativa propia, estabilidad en el empleo - limitando el régimen de libre remoción propio de la regulación laboral privada- y de una carrera administrativa, junto con los demás garantías existentes para las personas amparadas a un régimen de subordinación, como son el pago de un salario, vacaciones, jornadas máximas, huelga, etc. (haciendo la salvedad del derecho a la negociación colectiva, excluida por votos 4453-2000 y 9690-2000 de la Sala Constitucional). Correlativo con las anteriores derechos, el servidor público posee una serie de obligaciones de carácter funcionarial, inherentes a los fines públicos buscados con su actividad y que deben orientar siempre su gestión, a fin de no incurrir en una falta personal generadora de responsabilidad disciplinaria. Sin pretender ser exhaustivos, algunos de los deberes propios del régimen de empleo público, son: a) deber de probidad (art. 3 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Administración Pública), b) deber de cumplimiento de los principios del servicio público - continuidad, eficiencia, adaptación al cambio en el régimen legal e igualdad de trato- (art. 4 Ley General de la Administración Pública), c) deber de cautelar un adecuado ambiente de control interno (art. 39 de la Ley General de Control Interno) d) deber de proteger el interés superior de los niños y las niñas (art. 4 y 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia) e) deber de cumplir el ordenamiento jurídico (art. 13 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, art. 39.a del Estatuto de Servicio Civil), f) deber de dar pronta respuesta e información al usuario (art. 5 y 10 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), g) deber de obediencia (art. 108 de la Ley General de la Administración Pública), h) deber de actuar con eficacia (art. 5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos) i) deber de guardar decoro y de brindar debida atención al usuario (art. 114 de la Ley General de la Administración Pública y art. 39. d) y e) del Estatuto de Servicio Civil) j) deber de responder en caso de haber actuado con dolo o culpa grave (art. 199 y 211 Ley General de la Administración Pública) k) deber de acatar la Constitución Política (art. 11 de dicho cuerpo normativo). Adicionalmente, de manera supletoria, con base en el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública y 51 del indicado Estatuto, le son aplicables a dicha relación de empleo público, las disposiciones propias del Código de Trabajo y demás disposiciones relacionadas con la relación de trabajo, como por empleo la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley de Regulación del Fumado, Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, entre otras. En este orden de ideas, si bien en materia de empleo público no podemos hablar de una plena integración del ordenamiento jurídico y principios en materia laboral habida cuenta de la existencia de una relación estatutaria y no contractual, (artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública), no puede obviarse la existencia de líneas generales de orientación de la relación que son comunes, como por ejemplo, la aplicación del principio de buena fe entre ambas partes, contemplado en el artículo 19 del Código de Trabajo. Con relación al régimen disciplinario a aplicar en caso de incumplimiento de dichos deberes, de conformidad con sendos votos de la Sala Constitucional, el principio de tipicidad se torna más laxo, por lo que no se requiere una específica tipificación legal de la conducta, dada la naturaleza misma de la situación jurídica de los servidores. En este sentido, el voto 2007-013903 de las quince horas y veinticinco minutos del tres de octubre del dos mil siete de la Sala Constitucional, indica lo siguiente: "V.- Sobre el principio de tipicidad en el régimen disciplinario.- El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad que exige por un lado, la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción, y por otro lado, la delimitación concreta de las posibles sanciones a aplicar, pudiendo afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria. En cuanto a la delimitación concreta de la conducta reprochable, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades (ver al respecto la resolución 2005-06616 de las veinte horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de mayo del dos mil cinco y 94-5594 de las quince horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro) que aunque ciertamente este principio en esta materia no tiene la misma forma que en el ámbito jurídico- penal -ya que puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas literalmente- siempre debe entenderse que estas faltas están incluidas en el texto. Es decir, puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas literalmente, pero que se entienden incluidas en el texto y siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. Ahora bien, en cuanto a la delimitación concreta de la sanción, a diferencia de lo que se viene de decir, ésta sí debe estar clara y previamente establecida, sin que pueda la Administración crear sanciones nuevas que no estén contempladas en las normas aplicables. En resumen, aunque se infiere que los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables -pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos- y que los principios "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, siempre es necesario en materia disciplinaria, en atención al principio de tipicidad, que la conducta se infiera del texto normativo y que la sanción esté –está si- claramente preestablecida". Lo anterior genera lo que en doctrina es conocido como el principio de tipificación relativa en el entendido que la falta debe estar prevista en el ordenamiento disciplinario, pero sin el nivel de rigurosidad propio de la materia penal en cuanto se derive de la relación de servicio en concreto. En razón de lo anterior, son sancionables, tanto el incumplimiento de los deberes funcionales generales, como las conductas tipificadas legalmente (a nivel de Estatuto de Servicio Civil, normas estatutarias propias del régimen o Código de Trabajo, por ejemplo), y aquellas que se encuentren contempladas en normas de carácter inferior, como las contenidas en los reglamentos autónomos de servicio o en los casos en los cuales la tipificación se de con respecto a la sanción a imponer. Esta tipificación relativa flexibiliza la necesidad de normas positiva en carácter de ley formal, siendo posible que su regulación se genere por norma positiva de menor rango. Las anteriores consideraciones, sin perjuicio de que existen una serie de principios del derecho sancionatorio derivados del derecho penal, de necesario cumplimiento en todos los casos, v.g. proporcionalidad, non bis in idem, inocencia, debido proceso, debida fundamentación de la resolución respectiva. En este orden de ideas, es de advertir que en materia de definición de conductas que pueden ser consideradas como parte de los deberes propios de los funcionarios públicos u objeto de sanción en caso de incumplimiento, nuestro país posee un sistema difuso, habida cuenta que las mismas no se encuentran detalladas en un solo cuerpo normativo, sino dispersas entre diferentes normas de distinto rango, privando mayor especificidad en las normas reglamentarias que cada ente opte por dictar, según el artículo 27 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Lo anterior, de conformidad con las potestades auto normativas de la Administración Pública, y habida cuenta de la imposibilidad de que por la vía legal se puedan normar todas y cada una de las conductas concretas en que incurren los servidores públicos, y en el entendido de que el ejercicio de la potestad reglamentaria se encuentra limitado por el marco general del ordenamiento supra legal. De manera transversal a este conjunto de principios y normas de diferente rango, en esta materia encontramos el interés público como un referente constante en la adopción de cualquier decisión o conducta formal o informal de la Administración con respecto a sus servidores. Dicho interés entendido de conformidad con el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, dispone: "1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia". En razón de lo anterior, todo análisis en materia de empleo público no debe obviar el análisis del cumplimiento del interés público en la adopción de la respectiva decisión administrativa, como fundamental referente de su motivación subyacente.
IV.II.II.- Consideraciones sobre el fondo del presente proceso: En lo medular la parte actora en su demanda invoca que la verificación de la identidad de las personas que ingresaban al puesto en donde él laboraba, no era su responsabilidad, habida cuenta que en dicho lugar había un centinela, encargado de dicha función. De manera adicional indica la inexistencia de regulación interna con respecto de dicha obligación y por consiguiente rechaza el motivo de la responsabilidad disciplinaria que le fue imputada y que dio como base su despido sin responsabilidad patronal. El Estado en su respuesta, mantiene la legalidad de la conducta administrativa e indica que el actor era responsable de verificar el ingreso de cualquier persona, dado que estaba en el puesto de guardia, siendo así que sus obligaciones laborales como tal, eran suficientemente claras y definidas. Al respecto, y en concreto, sobre los hechos que dan origen a la presente demanda, este Tribunal ha tenido por demostrado que a las 19:50 minutos del día 15 de junio de 2011, hizo ingreso a la Dirección Primera Región Hatillo del Ministerio de Seguridad Pública, un sujeto, diciendo llamarse Oscar Mora Mora y portando uniforme de la Fuerza Pública. Consta en autos que dicha persona fue acompañado en su ingreso por el centinela en servicio, oficial Alex Fallas Fonseca, siendo así que una vez que pasó por el puesto de guardia respectivo, se dirigió a la armería del lugar y retiró de manos del armero, Franklin Ramírez Fonseca un arma de reglamento Jerichó, 9mm patrimonio 175374, serie 96306150 con un cargador y 15 proyectiles, una sub ametralladora UZI serie 952712, patrimonio 174925 con un cargador y 25 proyectiles sin percutir y un chaleco antibalas, retirándose con posterioridad de la Dirección Primera Región Hatillo del Ministerio de Seguridad Pública. Consta y no es controvertido, que la indicada persona no era oficial de la fuerza pública, por lo que se llevó de manera antijurídica el indicado armamento. Con respecto a las responsabilidades imputadas en el procedimiento administrativo disciplinario ordinario, se ha demostrado que los anteriores hechos ocurrieron, cuando la parte actora en el presente proceso se encontraba realizando funciones de oficial de guardia,siendo así que en el momento de ingresar el sujeto denominado Oscar Mora Mora, el actor no le solicitó identificación alguna, limitándose a consignar únicamente su nombre y apellidos en el libro respectivo. De conformidad con lo anterior y de una revisión de la prueba documental y testimonial admitida y solicitada, estima este Tribunal que no lleva razón la parte actora. Lo anterior en tanto que consta en autos que el señor Brenes Martínez, poseía unas serie de obligaciones claramente definidas como oficial de guardia, que fueron claramente incumplidas al momento de los hechos. En este sentido, existe prueba que como parte de las funciones del actor, le correspondía a él llevar el control y anotación de ingreso de terceros y funcionarios. En este orden de ideas, el propio actor en entrevista realizada el 16 de junio de 2011, indicó lo siguiente: "... yo tengo que llevar un control de los ingresos a ciertos puestos, parte de mis funciones es anotar el ingreso de estos funcionarios...." y además ".... yo no le solicité la identificación a este señor....". De manera adicional, los Lineamientos generales para el manejo, uso, resguardo y archivo de los libros de control y registro policial, indican sobre dicha obligación, lo siguiente: "El Libro de Entrada y Salida del Personal es una herramienta que se utiliza de forma exclusiva para llevar el control de ingreso y salida del personal de la dependencia policial. Corresponderá al oficial de guardia realizar la entrada y salida de los funcionarios, abocándose a los parámetros establecidos en este protocolo..." Por otra parte, el Manual del libro de novedades y registros, indica al respecto, lo siguiente: "El Oficial de Guardia deberá consignar todos los acontecimientos diarios... De igual manera deberá anotar, la hora de ingreso y salida a la Delegación Policial de cualquier persona y su cargo, aún si el tiempo de estadía es mínimo y sin importar que el motivo de la estancia del particular sea en carácter de visita, o bien que se trate de un compañero que está en su tiempo libre...." En el mismo sentido, los folios 14 y 15 del Manual del Libro de Guardia indican similar disposición, así como las declaraciones testimoniales de los señores Juan Carlos Cárdenas Camareno y Milton Grijalba Valverde. Como se advierte, la parte actora no cumplió a cabalidad con sus obligaciones, habida cuenta que se limitó a anotar el nombre de la persona que decía llamarse Oscar Mora Mora, mas sin llevar a plenitud el control impuesto por su cargo. Por otra parte, el articulo 8 de la Ley General de Policía, dispone, al respecto lo siguiente: "Son atribuciones generales de todas las fuerzas de policía: .... l) Llevar los libros de registro necesarios, en los que constarán: las operaciones policiales, los responsables de esas actividades, la nómina completa del personal que intervenga en cada operativo, patrullaje o acción policial, los datos personales, las horas de ingreso y egreso de los detenidos, así como otr os datos que sirvan para el adecuado control de esas operaciones...". Lo anterior se ve reforzado si atendemos a que el actor consultó al puesto de procedencia del supuesto señor Mora Mora y alertó con respecto a que el mismo no laboraba allí, cuando éste ya se había retirado de la Dirección Primera Región Hatillo. Estima este Tribunal que de la prueba existente y de la naturaleza misma de la función realizada por el actor, es evidente que él como oficial de guardia, debió de haber al menos, solicitado la cédula de identidad de la persona que ingresaba a la unidad a su cargo y constatado su debida procedencia, determinando la razón de su presencia y máxime si ésta pretendía retirar armamento del lugar. La actividad de control esperada en un oficial que ocupaba el puesto del actor, era la diligencia media que podría presumirse de una persona que es la encargada de verificar el ingreso de propios y extraños a las instalaciones a su cargo. Esa actividad implicaba necesariamente constatar fehacientemente que la persona que accedía a dicho lugar no implicara un riesgo a la seguridad, lo cual tiene como presupuesto inicial, el requerimiento de una identificación par la constatación de la efectividad de los motivos alegados para ingresar al lugar. En este orden de ideas, debe advertirse que al actor no se le imputa una conducta dolosa o connivencia con la persona que sustrajo las armas, sino una actuación culposa, fundada en su actuación omisa o negligente al no cumplir deberes de cuidado básicos y acordes con sus funciones. La resolución administrativa objeto del presente proceso, indica al respecto lo siguiente: ".. el reproche de las conductas desplegadas en el caso de marras, se agrava objetivamente por cuanto con su negligencia - entendida esta como la omisión de la diligencia o cuidado que debe tener el trabajador en el desempeño del cargo asignado- en el caso concreto como encargado de la Oficialía de Guardia, el día de los hechos, permitió el ingreso de un individuo que portaba el uniforme policial, el cual dijo llamarse Oscar Mora Mora, y que se dirijía a retirar el equipo de trabajo porque iba ser un relevo en la Delegación Policial de Hospital, sobre el particular, la conducta desplegada se agrava objetivamente, por cuanto su función lo era precisamente la seguridad de la Oficialía de Guardia, es decir, el ingreso a las instalaciones de la Dirección Regional, siendo que sin justificación alguna y apartándose totalmente de los procedimientos más elementales que dicta la razón la lógica, no exigió ni solicitó ningún elemento de identificación para cerciorarse de lo relatado por el sujeto..." . En este sentido, la parte actora no ha demostrado que su actuar se haya apegado a un mínimo de diligencia en el hecho en concreto, dado que de haber realizado de manera correcta la actividad de control inherente a sus funciones, habría podido detectar que la persona que decía llamarse Oscar Mora Mora, no provenía de la unidad policial, de la cual, él invocaba su procedencia y así pudo haber evitado la sustracción de las armas mencionadas. Como se ha indicado, todo servidor público posee una serie de deberes funcionariales inherentes a su cargo, que implican un actuar acorde con el interés público y el cumplimiento de los fines buscados en el ejercicio de las conductas administrativas que le son asignadas. En el caso concreto de las fuerzas policiales, tales obligaciones revisten especial intensidad, habida que son las encargadas de garantizar el orden y seguridad públicos. Por lo anterior, una persona que pertenezca a los cuerpos de policía tiene implícito con su nombramiento, el cautelar adecuadamente que no se produzca ni con su actuación ni con su omisión, un grave daño al interés de la colectividad en el tema del resguardo de su protección frente a terceros que opten por realizar conductas antijurídicas. En el caso del actor, de los autos se evidencia que el día de los hechos realizaba una función específica, que revestía de una trascendencia singular en cuanto al lugar en donde laboraba, habida cuenta que realizaba función de filtro para el ingreso y salida de personas en la unidad policial en donde labora y donde se custodiaba armamento. Si como se ha demostrado en autos, para la fecha en que sucedieron los hechos había señales de una especial amenaza a la seguridad por la eventualidad de un intento de liberación de una persona custodiada en las cercanías, el deber del actor era ser especialmente prudente en sus funciones de control, dado que un debilitamiento del mismo, podría contribuir a consecuencias serias en perjuicio del orden y seguridad pública. Es menester indicar que también le es aplicable al actor lo dispuesto en el artículo 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, en tanto disponen: "Artículo 3º— Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente". "Artículo 4º— Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal". En el caso en examen, se ha tenido por demostrado que la falta grave que tuvo por demostrada, se traduce en una seria y comprobada violación del deber de probidad del actor, por cuanto éste, con su actuar no actúo conforme al interés público y no realizó, una conducta que pudiere estimarse acorde con la legalidad y eficacia, no pudiendo rendir cuentas de manera satisfactoria ante la confianza depositada en él con el motivo de la investidura como servidor público, en una actividad tan delicada y relevante como es la seguridad y control de ingreso a un lugar en donde se custodiaba armamento. Es por esta razón que con la conducta del actor se puso en riesgo de afectación al interés público y por consiguiente, resulta evidente la pérdida de confianza que ello significa como título legítimamente para su despido sin responsabilidad patronal. Por otra parte es menester indicar que no hay prueba en autos que demuestre que la responsabilidad de control haya recaído en el denominado centinela, el cual de la prueba testimonial evacuada fue designado como un mero custodio de la puerta de acceso al lugar, mas sin que por ello se entienda que se relevó al actor de sus obligaciones básicas como oficial de guardia. Por el contrario, sí se ha demostrado en autos la existencia de manuales y regulaciones con eficacia interna sobre las obligaciones de dicha función. Debe indicarse que el hecho de que con posterioridad se hayan recuperado los bienes sustraídos, no releva al actor de sus deberes funcionariales, habida cuenta que la falta al deber de cuidado en que incurrió se comete con el mero acaecimiento del hecho, indistintamente de si con posterioridad los efectos del mismo se ven menoscabados por la oportuna acción policial. Por otra parte, tampoco hay elementos probatorios aportados por el actor que hayan demostrado en sede jurisdiccional la existencia de vicio alguno de nulidad en el procedimiento instaurado y la comisión de violación a sus derechos legales o constitucionales. Tampoco se evidencia que la sanción impuesta obedezca a una situación mediática y que haya responsabilidad de los altos mandos policiales por la falta de controles, siendo así que lo indicado obedece a una simple afirmación de la parte actora, mas ayuna de toda prueba al respecto. En razón de lo anterior, en el caso en examen debe partirse de las consideraciones realizadas respecto a los presupuestos del daño como tal para que sea resarcible. En este sentido, se aplica el artículo 317 del Código Procesal Civil, en tanto dispone: " La carga de la prueba incumbe: 1) A quien formule una pretensión, respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho. 2) A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a las afirmaciones de hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor". Sobre la carga de la prueba se ha dicho en alguna otra oportunidad, que: “…, en orden a lo dispuesto en el artículo 317 del Código Procesal Civil: “(…) La carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito. Puede quitarse esta carga de encima, probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la Ley señala. Y esto no crea, evidentemente, un derecho en el adversario, como si una situación jurídica personal atinente a cada parte; el gravamen de no restar creencia a las afirmaciones que era menester probar y no se probaron... es lo mismo no probar que no existir (…)” . (Voto número 262 de las nueve horas cuarenta minutos del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera). Por otra parte, se considera que la sanción impuesta, no puede ser considerada ni como abusiva, ni injustificada ni desproporcionada, habida cuenta que el contenido discrecional de la conducta objetada, sea el alcance de la sanción, se ajusta a los hechos tomados como ciertos en la resolución administrativa objetada y a las normas aplicadas para los efectos sancionatorios. De conformidad con lo anterior, la mera invocación de la parte no es suficiente, si no existe un sólido fundamento probatorio que sirva de demostración de los hechos que se alegan. En razón de lo anterior, procede rechazar los indicados argumentos.
IV.II.III.- De conformidad con los razonamientos hechos, estima este Tribunal que no se advierte vicio alguno de nulidad de la resolución 2012-1993 DM de 10:00 horas de 14 de mayo de 2012, confirmada por la 2012-3665 DM de trece horas del treinta de octubre del dos mil doce, y por consiguiente debe rechazarse la demanda en todos sus extremos, dado que las pretensiones declarativas hechas son accesorias a la determinación de legitimación de la conducta objetada.”
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