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29/10/2013
OutcomeResultado
The State is ordered to include in the budget the 100 million colones provided in Article 5 of the Indigenous Law, INDER to demarcate the reserve within six months, and CONAI to conduct population censuses, in coordination with the indigenous community.Se condena al Estado a incluir en el presupuesto los 100 millones de colones previstos en el artículo 5 de la Ley Indígena, al INDER a demarcar la reserva en seis meses, y a la CONAI a realizar los censos poblacionales, en coordinación con la comunidad indígena.
SummaryResumen
The Administrative Court partially granted a lawsuit by the Integral Development Association of the Cabécar de Talamanca Indigenous Reserve against the State, INDER, and CONAI, for omission in enforcing Article 5 of the Indigenous Law. The ruling thoroughly analyzes the legal framework protecting indigenous territories since 1939, emphasizing their inalienable, imprescriptible, and exclusive nature, and the State's duty to evict or expropriate non-indigenous occupants. It found that the State never included the 100 million colones foreseen since 1979 in the budget to finance such expropriations, that INDER has not formally demarcated the reserve or conducted the necessary cadastral studies, and that CONAI failed to carry out population censuses to identify non-indigenous occupants. The judgment orders the State to include those funds in the national budget, INDER to demarcate the reserve within six months, and CONAI to conduct the censuses, all in coordination with the indigenous community.El Tribunal Contencioso Administrativo declaró parcialmente procedente una demanda de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca contra el Estado, el INDER y la CONAI, por incumplir de forma omisiva el artículo 5 de la Ley Indígena. La sentencia analiza exhaustivamente el régimen jurídico de protección de los territorios indígenas desde 1939, destacando su carácter inalienable, imprescriptible y exclusivo, y la obligación estatal de desalojar o expropiar a ocupantes no indígenas. Se determinó que el Estado nunca incluyó en el presupuesto los 100 millones de colones previstos desde 1979 para financiar esas expropiaciones, y que el INDER no ha demarcado formalmente la reserva ni realizado los estudios registrales necesarios. La CONAI, por su parte, no efectuó los censos para identificar a los no indígenas. El fallo ordena al Estado incluir esos fondos en el presupuesto nacional, al INDER demarcar la reserva en seis meses, y a la CONAI realizar los censos poblacionales, todo en coordinación con la comunidad indígena.
Key excerptExtracto clave
Article 5.- In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO shall relocate them to other similar lands, if they so wish; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it shall expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law. / The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. / If there is subsequently an invasion of the reserves by non-indigenous persons, the competent authorities shall immediately proceed to evict them, without any compensation. / The expropriations and compensations shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, to be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Comptroller General of the Republic.Artículo 5º.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. / Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.
Pull quotesCitas destacadas
"Las reservas indígenas son propiedad de esas comunidades y que se habrían de encontrar todas inscritas en el Registro Nacional a su nombre... los límites de esos territorios una vez reconocidos por el Estado, no podrán ser variados en disminución en su cabida si no lo es mediante ley de la República."
"Indigenous reserves are the property of those communities and all of them should be registered in the National Registry in their name... once recognized by the State, the boundaries of those territories may not be reduced except by law of the Republic."
Considerando X.1
"Las reservas indígenas son propiedad de esas comunidades y que se habrían de encontrar todas inscritas en el Registro Nacional a su nombre... los límites de esos territorios una vez reconocidos por el Estado, no podrán ser variados en disminución en su cabida si no lo es mediante ley de la República."
Considerando X.1
"El control de convencionalidad importa que el Poder Judicial de cada Estado y los órganos que componen su estructura... deban aplicar, interpretar y/o resolver los asuntos propios de sus competencias como operadores jurídicos, haciendo prevalecer el parámetro convencional de control, constituyéndose así el derecho internacional en lo que regule derechos humanos, en lo que realmente es, sea, garantía del respeto a los derechos humanos en lo que corresponde."
"Conventionality control implies that the Judicial Power of each State and the bodies that make up its structure... must apply, interpret and/or resolve matters under their jurisdiction as legal operators, giving prevalence to the conventional control parameter, thus making international law regulating human rights what it truly is: a guarantee of respect for human rights as appropriate."
Considerando XIII.1.1
"El control de convencionalidad importa que el Poder Judicial de cada Estado y los órganos que componen su estructura... deban aplicar, interpretar y/o resolver los asuntos propios de sus competencias como operadores jurídicos, haciendo prevalecer el parámetro convencional de control, constituyéndose así el derecho internacional en lo que regule derechos humanos, en lo que realmente es, sea, garantía del respeto a los derechos humanos en lo que corresponde."
Considerando XIII.1.1
"El Estado no solamente ha incumplido con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5 de la Ley Indígena, sino que además, se trata de un incumplimiento calificado y reforzado en el tiempo desde que el ordenamiento le impuso la específica obligación de dotar de contenido presupuestario a la CONAI..."
"The State has not only failed to comply with the provisions of the last paragraph of Article 5 of the Indigenous Law, but it is also a qualified and time-reinforced non-compliance since the legal system imposed on it the specific obligation to provide budgetary content to CONAI..."
Considerando XIII.1.2
"El Estado no solamente ha incumplido con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5 de la Ley Indígena, sino que además, se trata de un incumplimiento calificado y reforzado en el tiempo desde que el ordenamiento le impuso la específica obligación de dotar de contenido presupuestario a la CONAI..."
Considerando XIII.1.2
"Resulta inaceptable que una sentencia quede en letra muerta sin que posea la virtud de afectar la realidad, es tarea del juzgador el ser garante de que el fallo que dicte se pueda efectivamente ejecutar, plena y eficazmente, lo que es consustancial al servicio de administración de justicia."
"It is unacceptable for a judgment to remain a dead letter without the capacity to affect reality; it is the judge's task to guarantee that the ruling issued can be effectively enforced, fully and efficiently, which is inherent to the administration of justice."
Considerando XIII.4
"Resulta inaceptable que una sentencia quede en letra muerta sin que posea la virtud de afectar la realidad, es tarea del juzgador el ser garante de que el fallo que dicte se pueda efectivamente ejecutar, plena y eficazmente, lo que es consustancial al servicio de administración de justicia."
Considerando XIII.4
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X.On the legal regime for the protection of indigenous territories and the identity of the person belonging to the Cabécar Indigenous Community of Talamanca. The following being rigorously relevant for the purposes of the analysis to be carried out in order to resolve this matter, we proceed to address the legal regime of protection for indigenous reserves (reservas indígenas), particularly as it pertains to Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), as well as the regulation that defines the location of the indigenous reserve owned by the petitioners.
Article 5 states that governments: "In applying the provisions of this Convention:
XI.On the claim aimed at declaring that the plaintiff association is the registry owner, and the Cabécar people of Talamanca the owner, of the Property described in Executive Decree number 29448-G of March twenty-first, two thousand one. It merits a separate point to address this petitory extreme in the terms that will be stated. Regarding the claim aimed at declaring that the plaintiff association is the registry owner, and the Cabécar people of Talamanca the owner of the Property described in Executive Decree number 29448-G of March twenty-first, two thousand one, a lack of current interest clearly mediates, rendering this extreme improper, as is indeed ordered. On this particular and given that as an exception none of the defendant parties invoked such a defense, it must be noted that the jurisprudence emanating from the First Chamber of the Supreme Court of Justice, within which, as an example, is found judgment number 2008-000317 of nine hours ten minutes on May second, two thousand eight, has characterized this exception as one aimed at verifying a material prerequisite of the jurisdictional action.
Thus, for a lawsuit to prosper, independently of other aspects, such as procedural capacity, jurisdiction, and compliance with the respective requirements in the written complaint, it must also be reviewed ex officio whether material prerequisites such as right, standing, and, of course, current interest, are present. If any of these prerequisites –or all– are not present, the lawsuit could not find a positive response. In the case of lack of current interest, it is an exception, a resource for analysis at the time of issuing judgment, which supposes that, independently of the merits of what is claimed, the claim is not susceptible to being granted for the reason that there is a diverse but legally relevant motive that so imposes it. Current interest is closely related to the possibility that the ruling acts upon reality, whether by innovating or preserving a determined legal situation, which is closely related to the object of the process understood as the claims.
To say that there is current interest in ruling on the substantive right is nothing other than speaking of the need to provide jurisdictional protection –in this case according to Article 49 of the Constitution– to the person claiming to be affected in their subjective rights and/or legitimate interests, regarding an administrative conduct against which they request the intervention of the respective jurisdictional body. The purpose of that intervention is to resolve the legal conflict of which one is a part (right to action) when the judgment proves useful for the holder of that subjective right or legitimate interest. The foregoing implies that the judge bears the duty to make a judgment of “utility” in view of the formulated claim and the factual circumstances under which the action is erected (cause of action), comparing the effects of the requested jurisdictional resolution, precisely with the framework of the utility that such a pronouncement would provide in favor of the plaintiff.
It is an analysis of projection that weighs whether a favorable or unfavorable judgment would produce any effect on the person who requested the protection of their legal situation. Thus, there is no current interest if, even upon granting the petition, the judgment does not have the virtue of causing such an effect on the legal situation of the plaintiff, thereby rendering the ruling sterile. (See also the related Judgment of the First Chamber, number 465-2009 of ten hours forty-five minutes on May seventh, two thousand nine). Hence, an exercise of objective control of legality for legality's sake lacks all relevant benefit or utility. (See doctrine derived from Article 10 of the Contentious Administrative Procedure Code). Having said the foregoing in different terms, if it is taken into account that the exercise of the action for review of the legality of administrative conduct is subjective in nature, to the extent that it supposes the existence of a person with standing by virtue of being the holder of a relevant interest in obtaining a pronouncement beneficial to their legal sphere –without an objective review of legality for legality's sake regarding administrative acts being possible, it is insisted– an absence of that current interest exists when the effect of the judgment would in no way –for the purposes of an effect-driven phenomenon– change the state of things.
For the case at hand, the representation of the plaintiff association must bear in mind that the judgment that might grant the claim under analysis, insofar as it is aimed at declaring that it is the owner of the Cabécar Indigenous Reserve of Talamanca, becomes in all lights sterile and unnecessary, to the extent that, according to the same factual framework outlined in its action, nothing leads one to think that there is any conflict between it and the defendant public authorities, as well as in relation to the association that was joined to the litis –despite the fact that in the cause of action, at no level is any fact described that indicates the contrary– regarding the better right to domain over the territories that make up said reserve, when, quite to the contrary, it is a peaceful issue between the parties, that according to the particular legal regime applicable to these particular goods, it is by executive decree that the location of the reserves is recognized, and that for the particular case, it has been so at present by the Executive Branch according to the cartographic sheets of the National Geographic Institute–, under the terms of the information comprised in Executive Decree number 29448 dated March twenty-first, two thousand one, published in Official Gazette “La Gaceta” number 93 of May sixteenth, two thousand one.
On the other hand, if it is regarding the participation exclusively of the Bribrí Indigenous Community of Talamanca, it is possible to say that it was according to the same Executive Decree number 29448 dated March twenty-first, two thousand one, published in Official Gazette “La Gaceta” number 93 of May sixteenth, two thousand one, that any matter related to the former right it held was elucidated peacefully between both communities, without then requiring any pronouncement to innovate where the reality of things is that no act or conduct of that community has since then at least affected the better right of the plaintiff indigenous community, as will be seen.-
XII.Regarding the complaint, insofar as the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bribrí de Talamanca was joined to the litis based on it. The parties must refer to the content of what was stated in the preceding considerando, in relation to what is indicated in section IX of this judgment; the Reserva Indígena de Talamanca is currently legally constituted in accordance with Executive Decree No. 29448 of March twenty-first, two thousand one, an instrument by which the overlap that at some historical moment existed between the land areas comprising the plaintiff’s indigenous reserve and that which was formerly recognized as property to the population of the Bribrí de Talamanca community was eliminated, as can be extracted from the plaintiff’s own statements in its complaint filings, according to which it is clear that it has never been its intention to sue that community—as no property conflict exists against it.
Thus, it has been established that through Executive Decree No. 29448 of March twenty-first, two thousand one, published in the Official Gazette “La Gaceta” No. 93 of May sixteenth, two thousand one, the Executive Branch ordered, on the occasion of a partial overlap between the Cabécar de Talamanca reserve and what was called Sibujú Norte, granted in its time to the Bribrí de Talamanca community, to merge both reserves into a single delimitation, considering in turn the areas decreed as indigenous reserves, thereby forming as a whole the Cabécar de Talamanca Indigenous Reserve. Apparently, the problem arises for strictly registry purposes, which are of no type of interest in this case and are a matter outside of it, where at no level does this circumstance constitute the cause of action formulated by the plaintiff. This being so, there is likewise a clear lack of interest in what the complaint was understood to be by Section Six of this Court in its opportunity; therefore, the complaint is consequently declared inadmissible insofar as it was understood to be directed against the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Talamanca.—
Regarding the admissibility or not of the claims numbered 2 through 4, related to an omissive conduct in which the sued public authorities allegedly incurred, regarding compliance with the provisions of Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena). That which is sought in this regard turns out to be the core object for purposes of the action, as this Court has so understood. The plaintiff, in what is relevant, has accused in this respect the non-observance of numeral 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) which provides: “Article 5.—In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them on other similar lands, should they so desire; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it must expropriate them and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law (Ley de Expropiaciones). / The expropriation and compensation studies and procedures shall be carried out by the ITCO in coordination with CONAI. / If there is subsequently an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities shall immediately proceed to their eviction, without payment of any compensation whatsoever. / The expropriations and compensations shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, which shall be deposited by means of four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981 and 1982.
The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Contraloría General de la República.” Thus and then, the failure to comply with said rule would correspond to the omission accused in the case. In support of its action, the plaintiff states that despite having been recognized ownership of its territory, which according to its statement is described in cadastral map number L-118495-1993, those lands are invaded in more than one thousand hectares without the defendant institutions having yet carried out the studies and procedures established in Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), in order to conclude with the expropriation, compensation and/or eviction of the non-indigenous occupants who are within its territory. Regarding the State, it accused that it has not provided a budget to the corresponding institutions, nor have they made the necessary efforts to proceed in accordance with the studies of occupants, expropriations and evictions within those territories (observe particularly the claim identified as number 3).
Thus, as the claims of the complaint were adjusted, the plaintiff aspires that, on the grounds of an omissive conduct adopted in disharmony with the legal system, the judgment orders the following: “…2. Order the Instituto de Desarrollo Agrario and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas to carry out the studies and appraisals on the lands occupied by non-indigenous persons within that indigenous territory:
1.1.—) Regarding the principle of conventionality control (control de la convencionalidad). According to the Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted internationally on April thirtieth, nineteen eighty-two, today Law of the Republic No. 7615 of July twenty-fourth, nineteen ninety-six, published in the Official Gazette “La Gaceta” No. 164 of August twenty-ninth, nineteen ninety-six, it was provided in what interests us: “Article 26.— "Pacta Sunt Servanda". Every treaty in force is binding upon the parties and must be performed by them in good faith.” The foregoing entails the obligation of states to act in accordance with the obligations they assume before the international community and, of course, in cases such as those included in Convention No. 107 of the International Labour Organization in relation to Convention No. 169, “concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,” with indigenous communities, particularly regarding guarantees for the exercise, which must be guaranteed as full, of fundamental rights.
Of course, both Article 7 and the doctrine that the Sala Constitucional has forged based on the scope it has given to numeral 48, both of the Political Constitution (Constitución Política), are observable in this matter. At another level, for purposes of the operational or application aspects of these rules, Article 27 of this normative body of international law provides, in relation to domestic law and the observance of treaties, referring to the signatory States: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule shall be understood without prejudice to the provisions of Article 46.” This Article 46 referred to the effectiveness of the treaty once consented to (signed) by the respective delegation, which is related to Article 11, on the means of expressing consent to be bound by a treaty, insofar as it provides that the signature thereof suffices.
In view of this, the Costa Rican delegation interpreted and expressed that the provision would apply in the case of the Costa Rican State with respect to secondary law, but not to the provisions of the Political Constitution (Constitución Política). All the above is relevant on the occasion of the development of the principle of conventionality control (control de la convencionalidad) and what could also be termed the principle of intangibility of treaties in the face of the law. From the foregoing, it also follows, under the coverage of the aspiration of any legal system to provide certainty and security, the obligation to make direct application of the norms contained in international treaties already ratified and in force in the domestic order, which may certainly be invoked by its beneficiary, regardless of whether it involves another State and in demand of loyalty to the commitments assumed in the framework of relations between the linked nations, without prejudice to the coverage that has also often been invoked for the principle in the matter of such instruments when they regulate human rights.
The Sala Constitucional has indicated in this regard as follows: “II.—It is obvious that the petitioner starts from the provisions of Article seven of the Political Constitution (Constitución Política) in the sense that international treaties and conventions “have authority superior to the laws” (…). But it must be said that the international human rights instruments in force in the Republic, in accordance with the reform of Article 48 of the Constitution (Law No.7128, of August 18, 1989), upon being integrated into the legal system at the highest level, that is, at the constitutional level, complement it insofar as they benefit the person.” Thus, in summary, the recognition of the validity of international norms as a direct source of domestic law and in recognition of their place in the hierarchy of sources is imposed. The principle of conventionality control (control de la convencionalidad) resides in the already mentioned Article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, in relation to Articles 1.1 and 2 of the American Convention on Human Rights, without prejudice to the content of the Universal Declaration of Human Rights, the latter which, like many other declarations arising within the United Nations and the Organization of American States, are not subject to ratification by the Member or signatory States because it is unnecessary.
It could not be said otherwise, then, that the content of these bodies in the matter of human rights has enormous interpretative value for all courts and authorities responsible for applying the norms that make up the legality framework (bloque de legalidad), and in that sense also domestic law. It is appropriate to note, in what is relevant to the case before us, that as follows from Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights, which refers to the right to property, as is the case for every other right recognized in that instrument, States are committed to ensuring the universal and effective respect of the fundamental rights and freedoms of man, which means that the State has the obligation not only to respect those rights and freedoms, but also the obligation to ensure them. This implies that it is the State as a whole, without its internal organization allowing it to assert that it has divested itself of its duties, that is called upon to adopt actions tending toward the effective realization of the objectives pursued by conventions of this type in the matter of human rights, without domestic law serving as an excuse for failing to perform what has been agreed.
On the importance of keeping in mind what has been said to this point, regarding what is linked to the defense of the rights of a population group that is in a situation of vulnerability, such as indigenous communities since time immemorial, the Sala Constitucional in its judgment No. 2253-96 of 15:39 hours on May 14, 1996, stated: “... There are various legal instruments aimed at promoting that real equality among individuals; among them can be placed the particular situation of the aborigines, who have traditionally been marginalized, for historical, social, economic and cultural reasons. They suffer the consequences of a society that does not understand or respect their differences; and that sometimes tends to see them as beings incapable of directing their own lives and destinies. Faced with that situation, the international community felt the need to adopt measures in favor of indigenous people.
Thus, Convention 169 of the International Labour Organization—ILO—, called “Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries,” incorporated into our legal system through Law No. 7316 of November 3, 1992, established the special protection of indigenous people and their culture." Conventionality control (control de convencionalidad) means that the Judicial Branch of each State and the bodies that make up its structure (and any authority exercising materially jurisdictional functions, particularly the Jurisdicción Contencioso Administrativa, based on the provisions of Article 49 of the Constitution) must apply, interpret and/or resolve the matters within their competence as legal operators, giving prevalence to the conventional parameter of control, thereby making international law, in what it regulates regarding human rights, into what it really is, that is, a guarantee of respect for human rights insofar as it corresponds.
Moreover, it suffices to indicate that according to our Civil Code in its Article 5, these normative bodies of international nature are directly applicable by the legal operator as they form part of the positive domestic law of the nation, from the moment their incorporation into the legality framework (bloque de legalidad) occurs by virtue of their approval by the Asamblea Legislativa and their full publication in the Official Gazette “La Gaceta”; therefore, forming part of the legality framework (bloque de legalidad), this is a parameter of control of this jurisdiction. (Article 6 of the General Law of the Public Administration (Ley General de la Administración Pública)).— 1.2.-) Regarding the omissive conduct in which the State has incurred. Having said all the foregoing, it is held by the majority of the members of this Court that the State has not only failed to comply with the provisions of the last paragraph of Article 5 of the Ley Indígena, but also that it is a qualified and reinforced failure over time since the legal system imposed on it the specific obligation to provide budgetary content to CONAI so that such resources would be available in accordance with the procedures to be carried out by what is now INDER, for the exclusive purpose of expropriating and indemnifying, where appropriate, the non-indigenous persons who are occupying or are titleholders, in both cases in good faith, of the lands identified as part of the indigenous reserves.
In this case, it has been established as proven at a first level, and without prejudice to the fact that the reserve owned by the plaintiff indigenous community dates back decades in its current dimensions, that the indigenous community represented here is the titleholder of dominion over the described reserve upon the adoption by the Executive Branch of Decreto Ejecutivo number 29448 dated the twenty-first of March, two thousand one, published in the Official Gazette “La Gaceta,” number 93 of the sixteenth of May, two thousand one, regardless of whether or not it is registered in the name of the plaintiff association representing the Cabécar community of Talamanca (which can be consulted on the Website of the Judiciary Branch, by accessing the Costa Rican System of Legal Information), as well as that since its creation for the first time, according to Decreto Ejecutivo number 5904 of the eleventh of March, nineteen seventy-six, as the Executive Branch itself acknowledged that circumstance since then, there are non-indigenous persons occupying areas within those comprising its surface.
On this particular matter, of relevance were also the statements given at trial by witness José Manuel Paniagua Vargas, a geographer by profession and an official of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas with twenty-five years of experience that has related him, among others, to the plaintiff indigenous community, as well as Mr. Hermógenes Morales Morales, a member of the Cabécar indigenous community of Talamanca, who indicated that he has lived in the indigenous territory of interest since his birth, at least fifty-four years ago. Both witnesses indicated knowing of the existence of non-indigenous persons who are occupying areas of the reserve that concerns us, without any reason that would induce this Court to consider their statements lack credibility. Then, and in any case, the existence of non-indigenous persons on these lands and under the conditions stated, seems to result from the very acknowledgement of the Executive Branch and the legislator according to the Ley Indígena itself, as well as, particularly, what was expressed by the Executive Branch in Decreto Ejecutivo number 5904 of the eleventh of March, nineteen seventy-six.
Of core relevance is the fact that according to the evidence ordered by this judicial authority for better resolution, visible on folios 795 to 198 of the main file, which is a document signed by who is identified therein as Marjorie Morera González in her capacity as Director of the Dirección General de Presupuesto Nacional of the Ministerio de Hacienda, it is reported that at no historical moment after the entry into force of the Ley Indígena number 6172 and according to its Article 5, has the Executive Branch included in the General Budget of the Republic the contribution of one hundred million colones in cash that it should have remitted through four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first with its inclusion in the National Budget Project of the Republic of 1979, to continue in the budgets of 1980, 1981, and 1982 respectively. From this it follows, according to the majority opinion of the members of this Court, that for the purposes of the Ley Indígena, as well as those of the international conventions signed on the matter, the State unlawfully failed, by omission, to comply with its duty to take effective actions—in this case, a specific and concrete one established by the indicated normative instruments—for the protection of indigenous property over the land.
This is an administrative conduct subject, by virtue of the provisions of Article 49 of the Constitution, to the legality control residing in this jurisdiction, which, moreover, does not grant or confer any margin of discretion to the Administration obligated to act. At a second level, and despite this having been in accordance with the understanding of the lawsuit filed against it, the State also did not bother to prove that, after the entry into force of the Ley Indígena number 6172, it deployed, within what it is legally empowered to do, any act directed at directing, coordinating, and/or supervising, in an orderly and systematic manner, the tasks that, having been imposed by international and domestic law regarding the right of indigenous populations to the integrity of their territories, should have been exercised as appropriate, whether with INDER, with CONAI, or any other indirectly linked organization.
See the content of the provisions of Article 26, subsection b), in relation to Article 27, first subsection, both of the Ley General de la Administración Pública, regarding the duty of whoever exercises the Presidency of the Republic, autonomously or, as the case may be, jointly with the relevant Minister, to direct and coordinate the tasks of the government and the Central Public Administration as a whole, as well as the same with the Decentralized Public Administration. This, in what would have been expected, moreover, could have been proven at least regarding the management, in what concerns us, of what is now called the Instituto de Desarrollo Rural, as well as of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas in relation to the Cabécar Indigenous Reserve of Talamanca. Nor was any evidence brought to the proceeding that demonstrates that the State has undertaken or effectively, in a coordinated and/or systematic manner, procured efforts that could be understood as joint ones with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas and the Instituto de Desarrollo Rural aimed at protecting and guaranteeing the Cabécar Indigenous Community of Talamanca regarding the integrity of the territories to which it holds title.
(All the foregoing according to the case file due to the absence of evidentiary material indicating the contrary). These factual circumstances make the omission in which the State has incurred unlawful, as it constitutes a failure to comply with Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, in relation with Convention number 107 of the International Labour Organization and Convention number 169, “Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries” in what they regulate regarding the duties that the Government of the Republic of Costa Rica must fulfill, which must be associated with the provisions of Article 140, subsection 8) of the Political Constitution. In what corresponds to the last paragraph of Article 5 of the Ley Indígena, which provides that “…The expropriations and indemnifications shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, which shall be remitted through four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982.
The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Contraloría General de la República,” the administration of the funds with which CONAI should have been endowed by the Executive Branch was for the purpose of having the necessary resources to proceed with the expropriations and indemnifications whose processing corresponds to INDER. This being a prerequisite for that, nothing could be indemnified if it were not through means other than those unconditionally provided by the legal system to the Executive Branch, which cannot be protected by the jurisdictional authority in this venue according to Article 49 of the Constitution. This leads to declaring that the State has indeed incurred in an unlawful omissive conduct, contrary to what is provided and ordered by the legal system. Note that without prejudice to the fact that it was estimated that a sum of money like that at the end of the seventies could serve the purposes provided in the law, it is the duty of the Executive Branch to provide the resources that are required to comply with the regulations cited herein.
Thus, even facing the possibility that this economic provision proves insufficient, that circumstance does not vitiate the original obligation, solely attributable to the State, to provide the necessary resources to fully comply with the provisions of the Ley Indígena and international law. At the moment when there are no non-indigenous persons to indemnify in the reserves, it is clear to this Court that the norm contained in the numeral—a norm of a programmatic nature—shall lose force by virtue of the fact that the purpose it pursues in that regard has already been fulfilled. In that eventual state of affairs, it could be affirmed that the effective exercise by the indigenous communities of the exclusive and excluding right of property to which they hold title has been materialized, without prejudice to future vigilance regarding its integrity. As long as it is not so, it would undoubtedly be a right of property that is not full, as it is not being protected by the State, in clear violation of the right that assists these communities. This being the case, it is reiterated, it is imperative to declare the lawsuit admissible in what was directed against the State, but on the terms that will be set forth below.
XIV.On the impropriety of the claim aimed at ordering the payment of the compensation ordered in another judicial process. As indicated above, the representation of the Cabécar de Talamanca indigenous community requested that the judgment declare that: “In the case of the Sibujú Norte Indigenous Reserve (which is the aforementioned Cabécar de Talamanca indigenous territory), if placing my represented party in possession requires paying the compensation ordered in the process being processed in the Administrative Litigation and Civil Treasury Court (Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), in case file 86-000826-0178-CA, order the State to proceed with its payment no more than one month after the judgment becomes final.” It suffices to indicate in this regard that there is clearly a lack of active legal standing on the part of the party suing in this present case, without prejudice to the possible standing that could potentially be recognized by the competent judicial authority in the execution phase of the judgment issued pursuant to the rules of the Law Regulating the Administrative Litigation Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), in the ordinary process processed under judicial case file number 86-000826-0178-CA, judgments of the Second Administrative Litigation and Civil Treasury Court (Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) of eleven thirty hours on December twenty-four, nineteen ninety-two, in relation to number 276-94, of eight fifteen hours on August thirty-one, nineteen ninety-four, of the First Section of the Superior Administrative Litigation Chamber (Sección Primera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo).
(Folios 172 through 228 of the main case file). In this sense, it must be indicated to the plaintiff that clearly, what was decided in that process became res judicata, and a judgment of that nature cannot, by mandate of the rules that inform procedural law, be executed in another case, which is clearly what is intended based on what was requested. It must be stated, however, that due to the dual nature of the right it entails, it is tangentially being protected by having ordered the payment of compensation in that process, it is clear that the right of the plaintiff indigenous community to demand from those authorities that were convicted that they proceed with the respective payment is embedded, but not in the present case, in the opinion of this Chamber. This being so, and given that standing is a procedural prerequisite susceptible to being analyzed ex officio, it is declared that there is a lack of active legal standing to grant what is requested, so to that extent, the inadmissibility of the claim must be declared.-
XV.Corollary. In conclusion of everything stated up to this point, having demonstrated the illegitimate omission in which the State, as well as the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) and the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), have incurred at various levels, the claim shall be successful, however, in a manner different from that in which the claims were formulated, based on the relevant public interest that an adequate execution of the tasks assigned by the legal system to the institutions it linked to the protection of the rights of indigenous communities entails, pursuant to Article 122, subsections c), d), g) and k) of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), it is appropriate to declare the claim partially granted, in the terms to be indicated in the operative part of this judgment.-
XVI.Regarding the defenses interposed. The representations of the State and the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) interposed the defense of lack of passive legal standing, while the representation of the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) interposed those of lack of right and material res judicata, the latter of which was resolved by rejecting it with the issuance of order number 33-2013, issued within the single hearing held on June twenty-fourth, two thousand thirteen, at ten hours fifty-five minutes, so regarding what was thus decided, the parties must abide by what was ordered at that time. Regarding the defense of lack of passive legal standing, its rejection must be imposed for what was alleged in this case for the following reasons. Standing is a substantive prerequisite of every jurisdictional process and, as such, its analysis is mandatory for Judges, even ex officio if the respective defense (of lack of active and/or passive standing) is not raised.
The institute refers to the "... specific material legal situation in which a subject, or plurality of subjects, finds themselves in relation to what constitutes the litigious object of a specific process; standing, ultimately, will indicate to us in each case who the true holders of the material relationship are that is intended to be elucidated within the scope of the process; who the subjects whose procedural participation is necessary for the Judgment to be 'effective' are." (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José and González-Cuellar Serrano, Nicolás. Costa Rican Administrative Procedural Law (Derecho Procesal Administrativo Costarricense). Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.). It concerns the aptitude of the intervening subjects to be a party in a process of this nature; which derives or originates from the relationship existing between the sphere of interests and rights of the same in direct relation to the challenged administrative conduct.
Thus, "...a subject is granted standing in a procedure or in a specific process by virtue of the prior affectation suffered in their qualified interests or rights" (Jiménez Meza, Manrique. The New Administrative Litigation Process (El nuevo proceso contencioso administrativo). Collective Work. Judicial Branch. Judicial School (Escuela Judicial). San José. Costa Rica. p. 79.) If the intervening parties lack standing, it can be concluded that the development of the entire process will not serve to solve the specific inter-subjective conflict raised in court, because that lack will determine the nonexistence of the legal relationship between them. In this administrative-litigation jurisdiction, the "legal situations of every person" are tutelable, as clarified by subsection 1) of numeral one of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), in relation to the various manifestations of administrative conduct, so that in order to obtain effective judicial protection on the merits in a litigation process, it is required to be the holder of a subjective right or at least a "legitimate interest" (Article 49 of the Political Constitution (Constitución Política)) of the administered party, derived from or originating in an administrative legal relationship.
Furthermore, standing is divided into an active dimension, relating to who or those who appear as plaintiffs and, precisely, to the supposed ownership of the alleged subjective right or legitimate interest, which is conceived as the suitability to carry out acts exercising the power of action that empowers them to demand satisfaction of a specific provision or object; and a passive dimension, in relation to the defendant party, which manifests as the aptitude to bear the exercise of said power. Thus, a subjective right or legitimate interest is confronted with public powers or competencies. In the present case, according to the majority opinion of this chamber, it is clear that there is standing to sue the State to the extent that, among the omissions that were reproached, it is the legal system that is responsible for having been designated as the direct responsible party, while it was demonstrated that, in relation to said legal obligations, it incurred in non-compliance.
On the part of what is today called the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural), the same occurs—now unanimously by this Chamber—to the extent that the duties and powers that the legal system imposed on it regarding the identification of indigenous lands, their demarcation, have constituted, together with the inactivity of the State, the cause why, to date, Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) has not been applied effectively. Added to the foregoing, and given the substantive analysis that has been carried out in the terms of this judgment, with the claim being partially granted against INDER, the rejection of the defense of lack of right interposed by it is appropriate. Finally, ex officio, it is noted that with respect to the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), duties were assigned that are directed at the protection of indigenous peoples, particularly those of coordination and liaison, which have not been exercised, even remotely, in an adequate and effective manner, both vis-à-vis the State and INDER, and in relation to the indigenous communities themselves.-
“X.- Sobre el régimen jurídico de protección a los territorios indígenas y la identidad del perteneciente a la comunidad indígena Cabécar de Talamanca. Resultando de rigor lo que sigue a los efectos del análisis que habrá de efectuarse a fin de resolver el presente asunto, procedemos a abordar el régimen jurídico de protección a las reservas indígenas, particularmente en lo que toca al artículo 5 de la Ley Indígena, así como a la regulación que define el emplazamiento de la reserva indígena propiedad de los accionantes.
XI.Sobre la pretensión dirigida a que se declare que la asociación actora es la propietaria registral, y el pueblo Cabécar de Talamanca el dueño, de la Finca descrita en el Decreto Ejecutivo número 29448-G del veintiuno de Marzo de dos mil uno. Punto aparte merece darse a este extremo petitorio en los términos que se dirán. En torno a la pretensión dirigida a que se declare que la asociación actora es la propietaria registral, y el pueblo Cabécar de Talamanca el dueño de la Finca descrita en el Decreto Ejecutivo número 29448-G del veintiuno de marzo de dos mil uno, con claridad media una falta de interés actual que torna en improcedente dicho extremo, como en efecto se dispone. Sobre el particular y siendo que como excepción ninguna de las partes accionadas invocó tal defensa, debe tomarse nota de que la jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dentro de la que como ejemplo, se encuentra la sentencia número 2008-000317 de las nueve horas diez minutos del dos de mayo de dos mil ocho, ha caracterizado esta excepción como una de las dirigidas a la verificación de un presupuesto material de la acción jurisdiccional.
Así, para que una demanda pueda prosperar con independencia de otros aspectos, como lo son la capacidad procesal, la competencia y el cumplimiento de los requisitos respectivos en el escrito de demanda, también debe revisarse oficiosamente si concurren presupuestos materiales como lo son el derecho, la legitimación y claro está, el interés actual. Si alguno de estos presupuestos -o todos- no se encuentran presentes, la demanda no podría encontrar respuesta positiva. Para el caso de la falta de interés actual, se trata de una excepción, resorte de análisis a la hora del dictado de la sentencia, que supone que con independencia del fondo de lo planteado, la pretensión no sea susceptible de ser acogida con causa en que existe un motivo diverso, pero jurídicamente relevante que así lo impone. El interés actual está relacionado estrechamente con la posibilidad de que el fallo actúe en la realidad, ya sea innovando o conservando una situación jurídica determinada, lo que se encuentra estrechamente relacionado con el objeto del proceso entendido como las pretensiones.
Decir que existe interés actual en pronunciarse sobre el derecho de fondo, no es otra cosa que hablar de la necesidad de proveer de tutela jurisdiccional -en este caso conforme el artículo 49 constitucional-, a la persona que alega estar siendo afectada en sus derechos subjetivos y/o intereses legítimos, respecto de una conducta administrativa frente a la que solicita la intervención del respectivo órgano jurisdiccional. La finalidad de esa intervención lo es resolver el conflicto jurídico del que se es parte (derecho de accionar) cuando la sentencia resulte de utilidad para el titular de ese derecho subjetivo o interés legítimo. Implica lo anterior que en el juzgador se encuentra residenciado el deber de efectuar un juicio de “utilidad” vista la pretensión formulada y las circunstancias fácticas bajo las que se erige la acción (causa de pedir) cotejando los efectos de la resolución jurisdiccional solicitada, justamente con el marco de la utilidad que tal pronunciamiento habría de proveer a favor de quien demanda.
Se trata de un análisis de proyección que pondera si la sentencia positiva o no, habría de producir algún efecto en quien solicitó la tutela de su situación jurídica. Así, no hay interés actual, si con todo y acceder a lo peticionado, la sentencia no tiene la virtud de ocasionar tal efecto en la situación jurídica del accionante, deviniendo en ese tanto estéril el fallo. (Puede verse también la Sentencia de la Sala Primera relacionada, número 465-2009 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil nueve). De ahí que un ejercicio de control objetivo de legalidad por la legalidad misma, carece de todo provecho o utilidad relevante. (Ver doctrina derivada del artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Dicho lo anterior en términos diversos, si se toma en cuenta que el ejercicio de la acción de revisión de la legalidad de la conducta administrativa es de carácter subjetivo, en la medida que supone la existencia de una persona legitimada con ocasión de resultar titular de un interés relevante para obtener un pronunciamiento que le aproveche en su esfera jurídica -sin que sea posible una revisión objetiva de la legalidad por la legalidad misma respecto de los actos administrativos, se insiste-, media ausencia de ese interés actual, cuando el efecto de la sentencia en nada -a los propósitos de un fenómeno efectista-, habría de mutar el estado de las cosas.
Para el caso que nos ocupa, debe tener presente la representación de la asociación accionante, que la sentencia que pudiese acoger la pretensión en análisis en tanto se dirige declarar que es propietaria de la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca deviene a todas luces en estéril e innecesaria, en la medida de que conforme el mismo cuadro fáctico que esboza en su acción, nada induce pensar que existe algún conflicto entre ésta, y las autoridades públicas accionadas, tanto como en relación con la asociación que fue integrada a la litis, -pese a que en la causa de pedir, en ningún nivel se describe hecho alguno que indique lo contrario- en torno al mejor derecho del dominio sobre los territorios que conforman dicha reserva, cuando muy al contrario, resulta un tema pacífico entre las partes, que conforme el particular régimen jurídico aplicable a estos particulares bienes, es por decreto ejecutivo que se reconoce la ubicación de las reservas y que para el caso particular, lo ha sido en la actualidad por parte del Poder Ejecutivo según las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional-, en los términos de la información comprendida en el Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno.
De otra parte, si lo es a propósito de la participación exclusivamente de la comunidad indígena Bribrí de Talamanca, es dable decir que fue conforme el mismo el Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno, que cualquier asunto relacionado con el otrora derecho que ostentaba quedó dilucidado de forma pacífica entre ambas comunidades, sin que se requiera entonces de pronunciamiento alguno que venga a innovar en donde la realidad de las cosas es que ningún acto o conducta de esa comunidad se encuentra desde entonces al menos afectando al mejor derecho de la comunidad indígena actora, como se verá.-
XII.Sobre la demanda, en lo que en función de la misma fue integrada a la litis la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bribrí de Talamanca. Debiéndose remitir las partes al contenido de la expresado en el considerando anterior, en relación con lo indicado en el IX de la presente sentencia, la Reserva Indígena de Talamanca se encuentra conformada jurídicamente en la actualidad conforme el Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, instrumento mediante el cual, fue eliminado el traslape que en algún momento histórico existió entre las áreas de terreno que comprenden la reserva indígena de la parte actora y la que otrora, fue reconocida como propiedad a la población de la comunidad Bribrí de Talamanca, tal y como así se logra extraer de las propias manifestaciones de la parte accionante en sus escritos de demanda, conforme los que es claro, nunca ha sido su intención demandar a esa comunidad -al no existir conflicto de propiedad alguna frente a ella-.
Así, se ha tenido por acreditado que mediante el Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno, el Poder eEjecutivo dispuso con ocasión de que existía un traslape parcial entre la reserva Cabécar de Talamanca y la que se denominó Sibujú Norte, dada en su oportunidad a la comunidad Bribrí de Talamanca, fusionar ambas reservas en una sola delimitación, considerándose a su vez las áreas decretadas reservas indígenas pasando a constituir en su conjunto la reserva Indígena Cabécar de Talamanca. Al parecer, el problema se suscita a propósitos estrictamente registrales, que no son de ningún tipo de interés en la presente causa y que son resorte de asunto ajeno a éste, en donde en ningún nivel constituye esta circunstancia causa de pedir formulada por la parte actora. Siendo así, media igualmente una clara falta de interés en lo que la demanda fue entendida por la Sección Sexta de este Tribunal en su oportunidad, por lo que en consecuencia se declara improcedente la demanda en tanto se entendió dirigida en contra de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribrí de Talamanca.-
Sobre la procedencia o no de las pretensiones enumeradas de la 2 a la 4, relacionadas con una conducta omisiva en que habrían incurrido las autoridades públicas accionadas, en torno al cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Indígena. Lo pretendido en este tanto, resulta ser el objeto medular a los efectos de la acción conforme así lo ha comprendido este Tribunal. La parte actora en lo que interesa, ha acusado al respecto la inobservancia con el numeral 5 de la Ley Indígena que dispone: “Artículo 5º.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. / Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982.
El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.”. Así y entonces, la omisión de cumplimiento con dicha norma habría de corresponder con la omisión acusada en la causa. En soporte de su acción, la actora afirma que pese habérsele reconocido la titularidad de su territorio, que según su dicho se encuentra descrita en el plano catastrado número L-118495-1993, esas tierras se encuentran invadidas en más de mil hectáreas sin que las instituciones demandadas hayan efectuado aún los estudios y trámites que se establecen en el artículo 5 de la Ley Indígena, a fin de que se concluya con la expropiación, indemnización y/o desalojo de los ocupantes no indígenas que se encuentran dentro de su territorio. En lo que corresponde con el Estado, acusó que éste no ha dotado de presupuesto a las instituciones correspondientes, ni éstas han hecho las gestiones necesarias para que se proceda de conformidad con los estudios de ocupantes, expropiaciones y desalojos dentro de esos territorios (obsérvese particularmente el extremo petitorio identificado como número 3).
Así, conforme fueron ajustadas las pretensiones de la demanda, se tiene que aspira la accionante a que con causa en una conducta omisiva adoptada en desajuste con el ordenamiento jurídico, en sentencia, se disponga lo siguiente: “…2. Se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas realizar los estudios y avalúos sobre los terrenos ocupados por personas no indígenas dentro de ese territorio indígena:
1.1.-) Sobre el principio de control de la convencionalidad. Conforme la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado internacionalmente el treinta de abril de mil novecientos ochenta y dos, hoy ley de la República número 7615 del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 164 del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, se dispuso en lo que nos interesa: “Articulo 26.- "Pacta Sunt Servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Lo anterior importa la obligación de los estados de ser consecuentes con las obligaciones que asumen frente a la comunidad internacional y claro está, en casos como los comprendidos en el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo en relación con el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, con las comunidades indígenas, particularmente en materia de garantías respecto del ejercicio, que debe ser garantizado como pleno, de derechos fundamentales.
Por supuesto que son observables en esta materia tanto el artículo 7, como la doctrina que ha forjado la Sala Constitucional a partir de los alcances que ha dado al numeral 48, ambos de la Constitución Política. En otro nivel, a efecto de los aspectos operativos o de aplicación de estas reglas, el artículo 27 de este cuerpo normativo de derecho internacional dispone en relación con el derecho interno y la observancia de los tratados, refiriéndose a los Estado suscribientes, que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado . Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. Este artículo 46, refería a la eficacia del tratado una vez consentido (firmado) por la delegación respectiva, lo que tiene relación con el artículo 11, sobre las formas de manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado, en lo que dispone que basta con la firma del mismo.
Ante ello, la delegación de Costa Rica interpretó y expresó que la disposición aplicaría para el caso del Estado Costarricense en lo que se refiere al derecho secundario, no así a las disposiciones de la Constitución Política. Todo lo anterior es relevante con ocasión del desarrollo del principio de control de la convencionalidad y de lo que se podría denominar además, el principio de intangibilidad de los tratados frente a la ley. De lo anterior se desprende además, bajo la cobertura de la aspiración de todo ordenamiento jurídico de proveer certeza y seguridad, la obligación de hacer aplicación directa de las normas contenidas en tratados internacionales ya ratificados y vigentes en el orden interno, pudiendo claro está, ser normativa invocada por su beneficiario, independientemente de que se trate de otro Estado y en exigencia de lealtad a los compromisos asumidos en el marco de las relaciones entre las naciones vinculadas, sin perjuicio de la cobertura que también se ha solido invocar al principio en materia de instrumentos de este tipo cuando regulan materia de derechos humanos.
La Sala Constitucional al respecto ha indicado como sigue: “II.- Es obvio que el gestionante parte de lo que dispone el artículo siete de la Constitución Política en el sentido de que los tratados y convenios internacionales "estén con autoridad superior a las leyes" (…). Mas debe decirse que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en la República, conforme a la reforma del artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, de 18 de agosto de 1989), al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel constitucional, lo complementan en lo que favorezcan a la persona”. Así, se impone en síntesis el reconocimiento de la validez de las normas internacionales como fuente directa del derecho interno y en reconocimiento de su ubicación en materia de la jerarquía de las fuentes. El principio de control de la convencionalidad se encuentra residenciado en el ya mencionado artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin perjuicio del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta última que al igual que múltiples otras declaraciones surgidas en el seno de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, no son objeto de ratificación por los Estados miembros o signatarios por innecesario.
No podría decirse otra cosa entonces, que el contenido de estos cuerpos en materia de derechos humanos tiene un enorme valor interpretativo para todas las instancias encargadas de aplicar las normas que componen el bloque de legalidad, y en ese sentido también el derecho interno. No está demás indicar en lo relevante para el caso que nos ocupa, que como se desprende del artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que refiere al derecho de propiedad, como lo es para todo otro derecho reconocido en ese instrumento, los Estado encuentran comprometidos a asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, lo que significa que el Estado tiene la obligación no sólo de respetar esos derechos y libertades, si no además, la obligación de asegurarlos. Esto lo que implica que es al Estado en su conjunto sin que su organización interna permita afirmar que se ha desprendido de sus deberes, a quien se le demanda la adopción de actuaciones que tiendan a la realización efectiva de los cometidos que persiguen los convenios de este tipo en materia de derechos humanos, sin que el derecho interno sirva de excusa para incumplir lo convenido.
Sobre la importancia de tener presente lo dicho a este punto en lo que se vincula con la defensa de los derechos de un grupo de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad como lo son las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales, la Sala Constitucional en su sentencia N° 2253-96 de las 15:39 horas de 14 de mayo de 1996, indicó: “... Existen diversos instrumentos jurídicos tendientes a fomentar esa igualdad real entre los sujetos; entre ellos puede ubicarse la situación particular de los aborígenes, quienes tradicionalmente han sido marginados, por razones históricas, sociales, económicas y culturales. Ellos sufren las consecuencias de una sociedad que no comprende ni respeta sus diferencias; y que en ocasiones, tiende a verlos como seres incapaces de dirigir sus propias vidas y destinos. Ante esa situación, la comunidad internacional sintió la necesidad de adoptar medidas a favor de los indígenas.
Así, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, denominado “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley Nº 7316 de 3 de noviembre de 1992, estableció la especial protección de los indígenas y de su cultura." El control de convencionalidad importa que el Poder Judicial de cada Estado y los órganos que componen su estructura (y toda autoridad que ejerza funciones materialmente jurisdiccionales, en particular la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en función de lo dispuesto en el artículo 49 constitucional) deban aplicar, interpretar y/o resolver los asuntos propios de sus competencias como operadores jurídicos, haciendo prevalecer el parámetro convencional de control, constituyéndose así el derecho internacional en lo que regule derechos humanos, en lo que realmente es, sea, garantía del respeto a los derechos humanos en lo que corresponde.
Por lo demás, baste con indicar que según nuestro Código Civil en su artículo 5, estos cuerpos normativos de corte internacional son de aplicación directa por el operador jurídico al formar parte del derecho positivo interno de la nación, desde el momento en que su incorporación al bloque de legalidad se produce por virtud de la aprobación de la Asamblea Legislativa y su publicación integral en el Diario Oficial “La Gaceta”, por lo que formando parte del bloque de legalidad, esto es parámetro de control de esta jurisdicción. (Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública).- 1.2.-) Sobre la conducta omisiva en que ha incurrido el Estado. Dicho todo lo anterior, se estima por la mayoría de los miembros de este Tribunal, que el Estado no solamente ha incumplido con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5 de la Ley Indígena, si no que además, se trata de un incumplimiento calificado y reforzado en el tiempo desde que el ordenamiento le impuso la específica obligación de dotar de contenido presupuestario a la CONAI a fin de que tales recursos se dispusieren conforme los trámites a efectuar por el hoy INDER, a efecto exclusivamente de expropiar e indemnizar cuando proceda a los no indígenas, que se encuentren ocupando o sean titulares, en ambos casos de buena fe de los terrenos identificados como parte de las reservas indígenas.
En la presente causa se ha tenido como probado en un primer nivel y sin perjuicio de que la reserva propiedad de la comunidad indígena actora data de décadas atrás, en sus actuales dimensiones, que la comunidad indígena aquí representada es titular del dominio sobre la reserva descrita a partir de la adopción por parte del Poder Ejecutivo, del Decreto Ejecutivo número 29448 de fecha veintiuno de marzo del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, número 93 del dieciséis de mayo del dos mil uno, con independencia de que se encuentre inscrita o no a nombre de la asociación accionante en representación de la comunidad Cabécar de Talamanca (lo que puede ser consultado en la Página Web del Poder Judicial, accediendo al Sistema Costarricense de Información Jurídica), tanto como que desde su creación por primera vez, conforme el Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis, según dio cuenta de esa circunstancia el propio Poder Ejecutivo desde entonces, existen personas no indígenas ocupando áreas, de aquellas que comprenden su superficie.
Sobre este particular, de relevancia lo fueron además las declaraciones que fueron rendidas en juicio por parte del testigo José Manuel Paniagua Vargas, geógrafo de profesión y funcionario de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con veinticinco años de experiencia que le ha relacionado entre otras, con la comunidad indígena accionante, así como el señor Hermógenes Morales Morales, miembro de la comunidad indígena Cabécar de Talamanca, quien indicó vivir en el territorio indígena de interés desde su nacimiento, hace cincuenta y cuatro años al menos. Ambos testigos indicaron conocer de la existencia de no indígenas que se encuentran ocupando áreas de la reserva que nos ocupa, sin que exista motivo alguno que induzca a este Tribunal estimar que carezcan de credibilidad sus manifestaciones. Luego y de todos modos, la existencia de no indígenas en estas tierras y en las condiciones dichas, parece devenir del propio reconocimiento del Poder Ejecutivo y el legislador conforme la propia Ley Indígena, así como particularmente, lo expresado por el Poder Ejecutivo en el Decreto Ejecutivo número 5904 del once de marzo de mil novecientos setenta y seis.
Medular relevancia tiene el hecho de que conforme la prueba ordenada por esta autoridad judicial para mejor resolver, visible a folios del 795 al 198 del expediente principal, que es documento suscrito por quien en él se identifica como Marjorie Morera González en su condición de Directora de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, se da cuenta de que en ningún momento histórico a partir de la vigencia de la Ley Indígena número 6172 y conforme su artículo 5, el Poder Ejecutivo ha incluido en el Presupuesto General de la República, el aporte de cien millones de colones en efectivo que debió haber consignado mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera con su inclusión en el Proyecto de Presupuesto Nacional de la República de 1979, para continuar en los presupuestos de 1980, 1981 y 1982 respectivamente. De ello se sigue según el criterio de mayoría de los integrantes de este Tribunal, que a los propósitos de la Ley Indígena, tanto como de los de los convenios internacionales suscritos en la materia, el Estado incumplió ilegítimamente por omisión, con su deber de tomar acciones efectivas -en este caso, una específica y concreta fijada por los instrumentos normativos indicados- para la protección de la propiedad indígena sobre la tierra.
Se trata de una conducta administrativa sometida por virtud de lo dispuesto en el artículo 49 constitucional al control de legalidad residenciado en esta jurisdicción, que por otro lado, no otorga o confiere margen de discrecionalidad en la Administración obligada a actuar. En un segundo nivel y pese a haber resultado ello acorde con la inteligencia de la demanda presentada en su contra, tampoco se ocupó el Estado de probar, que a partir de la vigencia de la Ley Indígena número 6172, haya desplegado en lo que jurídicamente se encuentra habilitado, acto alguno dirigido a dirigir, coordinar y/o vigilar, de forma ordenada y sistemática las tareas que habiéndole sido impuestas por el derecho internacional y el interno en materia del derecho de las poblaciones indígenas a la integridad de sus territorios, debían de ser ejercidas en lo conducente, ya con el INDER ya con la CONAI o cualquier otra organización indirectamente vinculada.
Véase el contenido de lo dispuesto en el artículo 26, inciso b), en relación con el 27, inciso primero, ambos de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto al deber de quien ejerza la Presidencia de la República, de forma autónoma o en su caso, conjunta con el Ministro del ramo, de dirigir y coordinar las tareas de gobierno y de la Administración Pública Central en su total conjunto, así como lo propio con la Administración Pública descentralizada, esto, en lo que se habría esperado además, hubiese podido acreditar al menos respecto de la gestión en lo que nos interesa del hoy denominado Instituto de Desarrollo Rural, tanto como de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en relación con la Reserva Indígena Cabécar de Talamanca. Tampoco se trajo al proceso prueba alguna que de muestre de que el Estado haya emprendido o procurado de forma efectiva, coordinada y/o sistemática, esfuerzos que se pudiesen entender conjuntos con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto de Desarrollo Rural dirigida a proteger y garantizar a la Comunidad Indígena Cabécar de Talamanca en cuanto a la integridad de los territorios de los que es su titular.
(Todo lo anterior conforme los autos por inexistencia de material probatorio que indique lo contrario). Estas circunstancias fácticas hacen de la omisión en que ha incurrido el Estado, en ilegítima en tanto importa incumplimiento con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en relación con el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” en lo que regulan los deberes a los que debe dar cumplimiento el Gobierno de la República de Costa Rica, lo que debe asociarse a lo dispuesto en el artículo 140, inciso 8) de la Constitución Política. En lo que corresponde con el último párrafo del artículo 5 de la Ley Indígena que dispone que “…Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982.
El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República”, si la administración de los fondos con que debió de ser dotada la CONAI por parte del Poder Ejecutivo, lo era a fin de contar con los recursos necesarios, a efecto de proceder con las expropiaciones e indemnizaciones cuya tramitación corresponde al INDER, siendo presupuesto para ello, nada habría de poder ser indemnizado, si no no lo es por otras vías que las dispuestas incondicionalmente por el ordenamiento jurídico al Poder Ejecutivo, lo que no puede ser amparado por la autoridad jurisdiccional en esta sede conforme el artículo 49 constitucional. Esto conlleva a declarar que efectivamente el Estado ha incurrido en una ilegitima conducta omisiva, contraria a lo dispuesto y ordenado por el ordenamiento jurídico. Nótese que sin perjuicio de que se haya estimado que una suma de dinero semejante a finales de los años setenta, podría servir para los propósitos previstos en la ley, es deber del Poder Ejecutivo proveer de los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la normativa de cita, así inclusive, ante la posibilidad de que no resulte suficiente esa previsión económica, no enerva esa circunstancia la obligación originaria únicamente endosable al Estado, de dotar de los recursos que resulten necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Indígena y el derecho internacional.
En el momento en que no existan no indígenas que indemnizar en las reservas, queda claro para este Tribunal que la norma comprendida en el numeral -norma de corte programático- habrá de perder vigencia en función de haberse ya cumplido el fin que persigue la misma en ese tanto. En ese eventual estado de las cosas, habría de poderse afirmar que se encuentra materializado de forma efectiva el ejercicio por parte de las comunidades indígenas del derecho exclusivo y excluyente de propiedad del que son titulares, sin perjuicio de la vigilancia futura en torno a su integridad. En tanto no lo sea, sin duda se trataría de un derecho de propiedad que no es pleno al no encontrarse siendo protegido por el Estado en franca violación del derecho que asiste a estas comunidades. Siendo así se reitera, se impone declarar procedente en lo que se dirigió en contra del estado, mas, en los términos que se dirán adelante.-
XIV.Sobre la improcedencia de la pretensión dirigida a que se ordene proceder al pago de la indemnización ordenada en otro proceso judicial. Tal y como se ha indicado líneas atrás, la representación de la comunidad indígena Cabécar de Talamanca, requirió que en sentencia se declare que: “En el caso de la Reserva Indígena Sibujú Norte (que es territorio indígena Cabécar de Talamanca antes citado), si la puesta en posesión de mi representada requiere que se pague la indemnización ordenada en el proceso que se tramita en (sic) Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en expediente 86-000826-0178-CA, ordénesele al estado proceder a su pago no más de un mes después de que quede firme la sentencia”. Baste con indicar al respecto, que media con claridad una falta de legitimación activa en quien así demanda en la presente causa, sin perjuicio de la posible legitimación que potencialmente se le pudiese reconocer por la autoridad judicial competente, en la fase de ejecución de la sentencia dictada en aplicación de las reglas de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en proceso ordinario tramitado bajo el expediente judicial número 86-000826-0178-CA, sentencias del Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de las once horas treinta minutos del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en relación con la número 276-94, de las ocho horas quince minutos del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Sección Primera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.
(Folios del 172 al 228 del expediente principal). En este sentido debe indicarse a quien acciona que con claridad, lo resuelto en aquel proceso produjo estado, sin que pueda por imperativo de las reglas que informan el derecho procesal, ser ejecutada una sentencia de esa índole, en otra causa, lo que es claro pretende a partir de lo peticionado. Debe indicarse no obstante, que por la naturaleza dual del derecho que supone, tangencialmente se encuentra siendo tutelado al haberse ordenado el pago de una indemnización en aquel proceso, claro está que inmerso se encuentra al derecho de la comunidad indígena actora de exigir por parte de aquellas autoridades que resultaron condenadas, proceder con el pago respectivo, más no en la presente causa, esto en criterio de este Tribunal. Siendo así, y dado que la legitimación es presupuesto procesal susceptible de ser analizado de oficio, se declara que media falta de legitimación activa para acceder a lo peticionado, por lo que en ese tanto se impone declarar la inadmisibilidad de la demanda.-
XV.Corolario. En conclusión de todo lo hasta este punto expuesto, demostrada la ilegítima conducta omisiva en que en diversos niveles han incurrido tanto el Estado, como el Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la demanda habrá de tener éxito, no obstante, de forma diversa a aquella en que fueron formuladas las pretensiones, con causa en el relevante interés público que reviste una adecuada ejecución de las tareas asignadas por el ordenamiento jurídico a las instituciones que vinculó con la protección de los derechos de las comunidades indígenas conforme el artículo 122, incisos c), d), g) y k) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se impone declarar procedente la demanda de forma parcial, en los términos a indicar en la parte dispositiva de la presente sentencia.-
XVI.Sobre las excepciones interpuestas. Las representaciones del Estado y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas interpusieron la excepción de falta de legitimación pasiva, mientras que la representación del Instituto de Desarrollo Rural, la de falta de derecho y cosa juzgada material, esta última que fue resuelta en rechazo de la misma con el dictado del auto número 33-2013, dictado dentro de la audiencia única celebrada el día veinticuatro de junio del dos mil trece, al ser las diez horas cincuenta cinco minutos, por lo que en cuanto a lo así resuelto, habrán de atenerse las partes a lo dispuesto en esa oportunidad. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva se impone su rechazo en lo que fue alegada en esta causa por las siguientes razones. La legitimación es un presupuesto de fondo de todo proceso jurisdiccional y como tal, su análisis resulta obligado para los Juzgadores incluso de oficio si no se opone la respectiva excepción (de falta de legitimación activa y/o pasiva).
Atiende el instituto a la "... específica situación jurídica material en la que se encuentra un sujeto, o pluralidad de sujetos, en relación con lo que se constituye el objeto litigioso de un determinado proceso; la legitimación, en definitiva, nos va a indicar en cada caso quiénes son los verdaderos titulares de la relación material que se intenta dilucidar en el ámbito del proceso; quiénes los sujetos cuya participación procesal es necesaria para que la Sentencia resulte "eficaz"." (Gimeno Sendra, Vicente; Saborío Valverde, Rodolfo; Garberí Llobregat, José y González-Cuellar Serrano, Nicolás. Derecho Procesal Administrativo Costarricense . Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. p.162.). Se trata de la aptitud de los sujetos intervinientes para ser parte en un proceso de esta naturaleza; la que deriva o se origina de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de los mismos en relación directa con la conducta administrativa impugnada.
Así, "...un sujeto queda legitimado en un procedimiento o en un determinado proceso por virtud de la afectación previa sufrida en sus intereses o derechos cualificados" (Jiménez Meza, Manrique. El nuevo proceso contencioso administrativo. Obra Colectiva. Poder Judicial. Escuela Judicial. San José. Costa Rica. p. 79.) Si las partes intervinientes carecen de legitimación, se puede concluir que el desarrollo de todo el proceso no servirá para solucionar el conflicto intersubjetivo en concreto planteado en estrados judiciales, porque esa falta determinará la inexistencia de la relación jurídica entre éstas. En esta jurisdicción contencioso-administrativa son tulelables las "situaciones jurídicas de toda persona", clarifica el inciso 1) del numeral primero del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con las diversas manifestaciones de la conducta administrativa, de manera que para obtener una tutela judicial efectiva y de fondo en un proceso contencioso, se requiere ser titular de un derecho subjetivo o de al menos "un interés legítimo" (artículo 49 de la Constitución Política) del administrado, derivado u originado en una relación jurídico administrativa.
Por otro lado, la legitimación se desdobla en una dimensión activa, relativa a quien o quienes figuran como actores y cabalmente, a la supuesta titularidad del derecho subjetivo o interés legítimo alegado, que se concibe como la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción que le faculta exigir la satisfacción de una determinada prestación u objeto; y pasiva, en relación a la parte demandada, que se manifiesta como la aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder. Se enfrenta así, un derecho subjetivo o interés legítimo frente a potestades o competencias públicas. En la presente causa según criterio de mayoría de esta cámara es claro que existe legitimación para demandar al Estado en la medida que de entre las conductas omisivas que fueron reprochadas, es el ordenamiento jurídico al encargado de haberse designado domo directo responsable, al tiempo que fue demostrado que en relación con dichas obligaciones legales incurrió en incumplimiento.
Por parte del hoy denominado Instituto de Desarrollo Rural ocurre lo mismo, -ahora por unanimidad de esta Cámara- en la medida en que las potestades deberes que el ordenamiento jurídico le impuso en materia de identificación de los terrenos indígenas, la demarcación de los mismos, ha constituido en conjunto con la inactividad del Estado, causa de que a la fecha el artículo 5 de la Ley Indígena no haya sido aplicado de manera efectiva. Sumado a lo anterior y dado el análisis de fondo que se ha realizado en los términos de la presente sentencia, resultando con lugar parcial la demanda en contra del INDER, se impone rechazar la excepción de falta de derecho interpuesta por esta. Finalmente, oficiosamente se pasa a indicar que en lo que respecta a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, fueron residenciados deberes que se dirigen a la protección de los pueblos indígenas, particularmente los de coordinación y enlace, que no han sido ejercidos, siquiera cercanamente de forma adecuada y efectiva, tanto frente al Estado y el INDER, como en relación con las propias comunidades indígenas.-”
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