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Improper Stability of Interim Public Servant and Lax Disciplinary SpecificityEstabilidad impropia del funcionario interino y tipicidad disciplinaria laxa

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The claim for reinstatement of the dismissed interim employee is denied, as there is no generic right to be appointed to a different position, and the prior disciplinary sanction is confirmed as final.Se rechaza la demanda de reinstalación de la funcionaria interina cesada, al no existir un derecho genérico a ser nombrada en otra plaza distinta a la que ocupaba, y se confirma la firmeza de la sanción disciplinaria previa.

SummaryResumen

The ruling analyzes Costa Rican public employment law, distinguishing public servants from private workers and outlining their duties and rights. In the case at hand, a dismissed interim physician sought reinstatement to any vacant position within the Ministry of Justice. The court rejects the claim, holding that interim public servants enjoy only 'improper' job stability, limited to the specific position they held and contingent upon the return of the permanent holder, the opening of a competitive process, or the elimination of the position. Since the position had been filled by its permanent holder, the plaintiff had no right to be reassigned to another interim post. The ruling also develops the principle of relative specificity in disciplinary matters: infractions need not be specified with the same rigor as in criminal law, but may be inferred from the normative text, whereas sanctions must be clearly pre-established. The public interest must prevail in all administrative decisions.La sentencia analiza el régimen del empleo público en Costa Rica, destacando la distinción entre servidores públicos y trabajadores privados, y los deberes y derechos inherentes a la función pública. En el caso concreto, se rechaza la pretensión de una médica interina cesada de ser restituida en cualquier plaza vacante del Ministerio de Justicia. El tribunal concluye que el funcionario interino goza de una estabilidad laboral 'impropia', limitada a la plaza que ocupa y sujeta al retorno del titular, la convocatoria a concurso o la reestructuración de la plaza. Al haber sido ocupada su plaza por el titular en propiedad, la actora no posee un derecho a ser reubicada en otro puesto interino. Adicionalmente, la sentencia desarrolla el principio de tipicidad relativa en materia disciplinaria, conforme al cual las faltas no requieren una tipificación legal específica y rígida, sino que pueden inferirse del texto normativo, aunque las sanciones sí deben estar preestablecidas. Se enfatiza que el interés público debe prevalecer en toda decisión administrativa.

Key excerptExtracto clave

VII.- On the merits: As a second claim, the plaintiff requests that, if the resolution of 3:00 p.m. on October 19, 2010, by the Minister of Justice and Grace is not final, she be reinstated to the position of general practitioner G1 in any interim post. In this regard, first, it must be considered that the resolution is final and was not challenged by the plaintiff in court. [...] On the other hand, this Court considers that there is no generic right of the interim official to be appointed to any position that holds such condition, but rather that his improper stability is limited to remaining in the one he occupies, until his permanent holder arrives or the position is put out to competition for permanent appointment...VII.- Sobre el fondo: Como segunda pretensión la parte actora solicita que en caso de que no se encuentre firme la resolución de 15:00 horas de 19 de octubre de 2010 del Ministro de Justicia y Gracia, se le restituya en el puesto de médico general G1 en cualquier plaza como interino. Al respecto, en primer término, debe tomarse en consideración que lo resuelto se encuentra firme y no fue objetado en sede jurisdiccional por la parte actora. En este orden de ideas, como se advierte la suspensión de tres días sin goce de salario a la actora, aquella fue resuelta mediante un acto administrativo formal por parte de la Administración, sobre el cual, la representación de la Señora Campos Vallejos no realizó ningún alegato de vicio de nulidad en su contra como parte de sus pretensiones. Más bien, debe tomarse en consideración que en audiencia preliminar, su representación indicó que no tenía una petición de regresar al cargo que ocupaba (por tal motivo se excluyó como demandado al titular del mismo, Dr. Carlos Calderón Rojas), dado que lo pedido es la reinstalación en cualquier plaza existente en el Ministerio. Por lo anterior, ni de manera explícita ni implícita, la parte objetó el indicado acto como tal y por consiguiente, debe entenderse la conformidad de la Señora Campos Vallejos con su validez y eficacia. Por otra parte, estima este Tribunal que no existe un derecho genérico del funcionario interino a ser nombrado en cualquier plaza que ostente tal condición, sino que su estabilidad impropia se limita a mantenerse en aquella que ocupe, hasta tanto no llegue su titular o se saque la misma a concurso para su nombramiento en propiedad...

Pull quotesCitas destacadas

  • "Por otra parte, estima este Tribunal que no existe un derecho genérico del funcionario interino a ser nombrado en cualquier plaza que ostente tal condición, sino que su estabilidad impropia se limita a mantenerse en aquella que ocupe, hasta tanto no llegue su titular o se saque la misma a concurso para su nombramiento en propiedad."

    "On the other hand, this Court considers that there is no generic right of the interim official to be appointed to any position that holds such condition, but rather that his improper stability is limited to remaining in the one he occupies, until his permanent holder arrives or the position is put out to competition for permanent appointment."

    Considerando VII

  • "Por otra parte, estima este Tribunal que no existe un derecho genérico del funcionario interino a ser nombrado en cualquier plaza que ostente tal condición, sino que su estabilidad impropia se limita a mantenerse en aquella que ocupe, hasta tanto no llegue su titular o se saque la misma a concurso para su nombramiento en propiedad."

    Considerando VII

  • "Así las cosas, desaparecida la condición que originalmente otorgaba la estabilidad impropia, desaparece la posibilidad del interino a reclamar la permanencia en la respectiva administración pública."

    "Thus, once the condition that originally granted improper stability disappears, the possibility of the interim employee to claim permanence in the respective public administration disappears."

    Considerando VII

  • "Así las cosas, desaparecida la condición que originalmente otorgaba la estabilidad impropia, desaparece la posibilidad del interino a reclamar la permanencia en la respectiva administración pública."

    Considerando VII

  • "En resumen, aunque se infiere que los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables -pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos- y que los principios 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, siempre es necesario en materia disciplinaria, en atención al principio de tipicidad, que la conducta se infiera del texto normativo y que la sanción esté –está si- claramente preestablecida."

    "In summary, although it is inferred that the determining facts of disciplinary infractions are innumerable - since they depend on the nature of the subjects' behaviors or conduct - and that the principles 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' do not have the rigidity and demands that characterize them in substantive criminal law, it is always necessary in disciplinary matters, in view of the principle of specificity, that the conduct be inferred from the normative text and that the sanction be - and this one must be - clearly pre-established."

    Considerando VI

  • "En resumen, aunque se infiere que los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables -pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos- y que los principios 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, siempre es necesario en materia disciplinaria, en atención al principio de tipicidad, que la conducta se infiera del texto normativo y que la sanción esté –está si- claramente preestablecida."

    Considerando VI

  • "De manera transversal a este conjunto de principios y normas de diferente rango, en esta materia encontramos el interés público como un referente constante en la adopción de cualquier decisión o conducta formal o informal de la Administración con respecto a sus servidores."

    "Transversally to this set of principles and norms of different rank, in this matter we find the public interest as a constant reference in the adoption of any formal or informal decision or conduct of the Administration regarding its servants."

    Considerando VI

  • "De manera transversal a este conjunto de principios y normas de diferente rango, en esta materia encontramos el interés público como un referente constante en la adopción de cualquier decisión o conducta formal o informal de la Administración con respecto a sus servidores."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

IV.- Regarding the Object of the Process: From what has been expressed by the parties, both in their claims and arguments, the object of this process is to determine whether liability has arisen due to the plaintiff's dismissal from the position she held at the Ministry of Justice and Grace, as well as the appropriateness of her reinstatement to that same position. [...] VI.- In Costa Rica, the public servant is subject to a particular regime, differentiated from that of the private worker, from which a series of specific rights and obligations emanate. Articles 191 and 192 of the Political Constitution are the fundamental basis for establishing such a distinction, stating the following: "Article 191.- A civil service statute shall regulate the relations between the State and public servants, for the purpose of guaranteeing the efficiency of the administration" and "Article 192.- With the exceptions that this Constitution and the civil service statute determine, public servants shall be appointed based on proven suitability and may only be removed for the causes of justified dismissal expressed in labor legislation, or in the case of forced reduction of services, whether due to lack of funds or to achieve a better organization thereof." In accordance with the indicated constitutional norms, it is evident that the servant of the State and its Institutions enjoys the rights of its own regulatory framework, stability in employment - limiting the free removal regime characteristic of private labor regulation - and of an administrative career, along with the other guarantees existing for persons protected under a subordination regime, such as the payment of a salary, vacations, maximum working hours, strike, etc. (with the exception of the right to collective bargaining, excluded by rulings 4453-2000 and 9690-2000 of the Constitutional Chamber). Correlative to the aforementioned rights, the public servant possesses a series of official duties, inherent to the public purposes sought through their activity and which must always guide their management, in order not to incur a personal fault that generates disciplinary liability. Without intending to be exhaustive, some of the duties specific to the public employment regime are: a) duty of probity (Art. 3 Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Administration), b) duty to comply with the principles of public service - continuity, efficiency, adaptation to change in the legal regime, and equal treatment - (Art. 4 General Law of Public Administration), c) duty to safeguard an adequate internal control environment (Art. 39 of the General Law of Internal Control), d) duty to protect the best interests of children (Art. 4 and 5 of the Childhood and Adolescence Code), e) duty to comply with the legal system (Art. 13 and related articles of the General Law of Public Administration, Art. 39.a of the Civil Service Statute), f) duty to provide prompt response and information to the user (Art. 5 and 10 of the Law for the Protection of Citizens from the Excess of Requirements and Administrative Procedures), g) duty of obedience (Art. 108 of the General Law of Public Administration), h) duty to act with effectiveness (Art. 5 of the Law of Financial Administration and Public Budgets), i) duty to maintain decorum and provide due attention to the user (Art. 114 of the General Law of Public Administration and Art. 39. d) and e) of the Civil Service Statute), j) duty to respond in case of having acted with intent or gross negligence (Art. 199 and 211 General Law of Public Administration), k) duty to abide by the Political Constitution (Art. 11 of said normative body). Additionally, on a supplementary basis, based on Article 9 of the General Law of Public Administration and 51 of the indicated Statute, the provisions of the Labor Code and other provisions related to the employment relationship are applicable to said public employment relationship, such as, for example, the Law on Sexual Harassment in Employment and Education, the Law for the Regulation of Smoking, the Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities, among others. In this vein, although in matters of public employment we cannot speak of a full integration of the legal system and labor law principles, given the existence of a statutory and not contractual relationship (Article 111 of the General Law of Public Administration), the existence of general guidelines for the relationship that are common cannot be ignored, such as, for example, the application of the principle of good faith between both parties, contemplated in Article 19 of the Labor Code. Regarding the disciplinary regime to be applied in case of non-compliance with said duties, in accordance with various rulings of the Constitutional Chamber, the principle of typicality becomes more lax, such that a specific legal classification of the conduct is not required, given the very nature of the legal situation of the servants. In this sense, ruling 2007-013903 of fifteen hours and twenty-five minutes of October third, two thousand seven, of the Constitutional Chamber, indicates the following: "V.- Regarding the principle of typicality in the disciplinary regime.- The principle of typicality is an application of the principle of legality that requires, on one hand, the concrete delimitation of the conducts that are made reprehensible for the purposes of their sanction, and on the other hand, the concrete delimitation of the possible sanctions to be applied, it being possible to affirm that the principle of typicality constitutes a fundamental principle in disciplinary liability. Regarding the concrete delimitation of the reprehensible conduct, this Chamber has held on previous occasions (see in this regard resolution 2005-06616 of twenty hours and fifty-eight minutes of May thirty-first, two thousand five, and 94-5594 of fifteen hours forty-eight minutes of September twenty-seventh, nineteen hundred and ninety-four) that although certainly this principle in this matter does not have the same form as in the criminal-legal sphere - since faults not literally foreseen can be sanctioned discretionally - it must always be understood that these faults are included in the text. That is, faults not literally foreseen can be sanctioned discretionally, but which are understood to be included in the text and as long as they result from the verification of the disciplinary fault, through a procedure created for that purpose. However, regarding the concrete delimitation of the sanction, unlike what has just been said, this must be clearly and previously established, without the Administration being able to create new sanctions that are not contemplated in the applicable norms. In summary, although it is inferred that the determining facts of disciplinary faults are innumerable - since they depend on the nature of the behaviors or conduct of the subjects - and that the principles "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" do not have the rigidity and demand that characterizes them in substantive criminal law, it is always necessary in disciplinary matters, in attention to the principle of typicality, that the conduct be inferred from the normative text and that the sanction be – this yes – clearly pre-established." The foregoing generates what in doctrine is known as the principle of relative classification, in the understanding that the fault must be foreseen in the disciplinary system, but without the level of rigor characteristic of criminal matters insofar as it derives from the specific service relationship. For this reason, both the non-compliance with general functional duties, and conducts legally classified (at the level of the Civil Service Statute, statutory norms specific to the regime or Labor Code, for example), and those that are contemplated in norms of a lower rank, such as those contained in autonomous service regulations or in cases where the classification is given with respect to the sanction to be imposed, are sanctionable. This relative classification makes the need for positive norms in the form of a formal law more flexible, it being possible that its regulation is generated by a positive norm of lower rank. The foregoing considerations, without prejudice to the existence of a series of principles of sanctioning law derived from criminal law, of necessary compliance in all cases, e.g., proportionality, non bis in idem, innocence, due process, due substantiation of the respective resolution. In this vein, it should be noted that in terms of the definition of conduct that can be considered as part of the duties specific to public officials or subject to sanction in case of non-compliance, our country has a diffuse system, given that these are not detailed in a single normative body, but rather dispersed among different norms of different ranks, with greater specificity prevailing in the regulatory norms that each entity chooses to issue, according to Article 27 of the Regulations to the Civil Service Statute. The foregoing, in accordance with the self-regulatory powers of the Public Administration, and given the impossibility that all and each of the specific conducts incurred by public servants can be regulated by legal means, and in the understanding that the exercise of regulatory power is limited by the general framework of the supra-legal system. Cross-cutting to this set of principles and norms of different ranks, in this matter we find the public interest as a constant reference in the adoption of any decision or formal or informal conduct of the Administration with respect to its servants. Said interest understood in accordance with Article 113 of the General Law of Public Administration, provides: "1. The public servant must perform their functions in a way that primarily satisfies the public interest, which shall be considered as the expression of the coinciding individual interests of the administered parties. 2. The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict. 3. In the appreciation of the public interest, the values of legal certainty and justice for the community and the individual shall be taken into account, first and foremost, to which mere convenience cannot in any case be given priority." For this reason, any analysis in matters of public employment must not ignore the analysis of compliance with the public interest in the adoption of the respective administrative decision, as a fundamental reference for its underlying motivation.

VII.- On the Merits: As a second claim, the plaintiff requests that if the resolution of 15:00 hours of October 19, 2010, of the Minister of Justice and Grace is not final, she be reinstated in the position of general physician G1 in any position as an interim. In this regard, in the first place, it must be taken into consideration that what was resolved is final and was not objected to in a jurisdictional venue by the plaintiff. In this vein, as is noted, the suspension of three days without pay to the plaintiff was resolved by means of a formal administrative act by the Administration, regarding which the representation of Mrs. Campos Vallejos did not make any allegation of a nullity defect against it as part of her claims. Rather, it must be taken into consideration that in the preliminary hearing, her representation indicated that she did not have a request to return to the position she held (for that reason, the holder thereof, Dr. Carlos Calderón Rojas, was excluded as a defendant), given that what is requested is reinstatement in any existing position in the Ministry. Therefore, neither explicitly nor implicitly did the party object to the indicated act as such, and consequently, the conformity of Mrs. Campos Vallejos with its validity and effectiveness must be understood. On the other hand, this Court considers that there is no generic right of the interim official to be appointed to any position that holds such a condition, but rather that her improper stability is limited to remaining in the one she occupies, until its holder arrives or it is opened up for a competitive examination for a permanent appointment (in that sense, see, among others, judgments No. 8544-2002 of 15 hours 24 minutes of September 3, 2002, No. 9755-2011, issued at 16 hours 22 minutes of July 16, 2011, and No. 10288-2011, issued at 10 hours 41 minutes of August 5, 2011, all from the Constitutional Chamber). In this sense, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated: "An interim official is understood to be one who is appointed to a position or assigned to a service due to the temporary or definitive absence of the holder. The interim worker is aware that the employment stability they enjoy is momentary (improper), as this is reduced to the period covered by their appointment. Thus - strictly speaking - there is no conceptual legal affinity between the interim servant and the principle of employment stability, as understood for the case of a public official vested with tenure. Although both this Chamber and the Constitutional Chamber have affirmed that an interim appointment is not a legitimate mechanism to access tenure of a position, both tribunals have been emphatic in recognizing for officials appointed in that precarious condition, the right to a relative stability which they have also called 'improper'." Ruling 00385-2013 of April 12, 2013. In the same sense, ruling no. 9462-2002 of 14:48 hours of October 1, 2002, of the Constitutional Chamber stated: "Regarding the right to employment stability, contained in the same numeral, this Chamber has recognized an improper stability for interim officials, such that although it is true that they do not have a subjective right to have their appointment extended indefinitely, they do have the right not to be replaced by another official under the same circumstances, that is, in an interim capacity, until the Administration appoints - through the corresponding legal procedure - an official with tenure or, in its case, the position is once again occupied by its holder. It must be kept in mind that the interim servant can assert their right against another interim servant who seeks to be appointed in their substitution, but this does not imply that the Administration must appoint them indefinitely, since once their appointment term expires, the State can dispense with their services as long as it does not appoint another interim official under their same conditions in the position and specialty." As noted, the rights of the interim are intimately and permanently linked to the very fate of the vacant position in which they were appointed and do not transcend beyond it. Therefore, if the position is occupied again, is put up for a competitive examination, or disappears (due to restructuring), upon the expiration of its holder vacancy, all right to improper stability of the interim per se expires. Thus, once the condition that originally granted the improper stability disappears, the possibility for the interim to claim permanence in the respective public administration disappears, and if they wish to continue therein, a new legal relationship of interimship or tenure, different and independent from the previous one, must be configured. To consider the contrary would be violative of the principle of equal treatment (Art. 4 LGAP) towards other subjects who, in equal condition as interims, are opting to be appointed to any alternative position that may eventually open up. In the case under analysis, it is noted that at this moment, the position that the plaintiff occupied is occupied by its holder with tenure, Dr. Carlos Calderón Rojas, as general attending physician G-1, as of March 16, 2010, therefore Mrs. María Jimena Campos Vallejos does not possess any right to be appointed to any interim position that exists in the Ministry of Justice and Grace. In fact, it is noteworthy that the plaintiff has not even bothered to demonstrate the existence of potential vacant positions under such conditions that could give rise to the possibility of accepting her request, had she demonstrated that she possessed a right in that sense. On the other hand, although the plaintiff alleges that Dr. Calderón Rojas did not voluntarily return to his position, but was called to it by the Administration itself, and this is recorded in the case file, there is no proof whatsoever that said situation corresponds to a persecutory intent against her or that the exercise of the employer's powers was carried out in the exercise of a misuse of power, by seeking purposes with said conduct other than the public ones that should guide the legitimate exercise of the ius variandi in an administrative venue. The mere word of the plaintiff in her party statement is not sufficient proof and in no way substantiates a claim for generic reinstatement like the one made. This Court considers that the plaintiff, in what is requested, overlooks her interim condition and the limited rights it entails. In this vein, the doctrine has indicated regarding the interim official that such a figure "...arises when there is no servant who automatically occupies the vacant position or provides the service, upon the occurrence of the regular servant's absence. Given the origin of the interim, the same is a necessarily temporary servant and subject to a term, upon the expiration of which they automatically cease in their position or become regular" (Eduardo Ortiz, Ortiz, Administrative Law Thesis II, First Edition, Editorial Stradtmann, San José, Costa Rica, 2000, pages 121 and 122). In the previous order of reasoning, ruling 00318-2013 of 9:50 of March 22, 2013, of the Second Chamber indicates the following: "Within the statutory regime, the appointment of an interim official is only permitted when there is no substitute, or a promotion is possible, and it is necessary to cover the absence of the holder. The interim worker is aware that the employment stability they enjoy is momentary (improper), as this is reduced to the period covered by their appointment. Thus - strictly speaking - there is no conceptual legal affinity between the interim worker and the principle of employment stability, as understood for the case of a public official appointed with tenure. .... The Constitutional Chamber held that in matters of interimship, officials enjoy improper employment stability, which is not the same as that held by a worker with tenure (on the subject, see resolution number 2329 of that Chamber, of 9:57 hours of April 25, 1997). If a public official is appointed on an interim basis to perform a certain position and for a prolonged time, it does not imply for the Administration the obligation to appoint them with tenure, although it is logical and reasonable that if they have demonstrated suitability and meet the requirements of the position, they be taken into account for the appointment; the competent appointing body being responsible for making the choice that best guarantees the public service, in accordance with the provisions of numeral 192 of the Political Constitution." In accordance with the foregoing, just as the interim does not possess an acquired right to obtain an automatic tenure appointment, neither can they expect to continue being appointed to other positions different from the one that gave rise to their relationship. In the same vein as what is resolved in this resolution, ruling 00353-2010 of March 17, 2010, of the Second Chamber of the Supreme Court of Justice, in the face of similar claims, resolved: "From the evidence gathered, it is clear that the plaintiff had always been working on an interim basis at the University of Costa Rica, since the year nineteen hundred and eighty-five. However, this does not give her the right to be considered as a servant for an indefinite time; because she continues to be an interim, and she has not acquired the rights of stability, of immovability, and the administrative career. The Constitutional Chamber in ruling 1119-90 of 14 hours of September 18, 1990, in this regard stated: '...It should be remembered that the immediate effect of the transformation of the nature of the contract (it refers to a fixed-term to an indefinite-term contract), is not the acquisition of the rights of stability, immovability, and the administrative career, but only the mere payment of the severance items of notice, dismissal, and unemployment assistance, once the cessation of functions is agreed upon...'. (Also see on this same subject judgments nos. 1696-92 and 1490-96 of fifteen hours thirty minutes of August twenty-third, nineteen hundred and ninety-two, and of ten hours twenty-four minutes of November first, nineteen hundred and ninety-six, respectively, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice and No. 40-1996 of ten hours of February two, 1996, of the Second Chamber of the Supreme Court of Justice). Thus, the rights of an interim official are equated to those of career officials, or as they have been called in our country, officials with tenure, excluding the right to the position, or also called that of stability and immovability; but the mere passage of time occupying a public position, without the legal procedures foreseen for it, does not give them the right to remain in it..." The limits of the nature of said appointment do not constrain the administrative discretion in the matter nor impose an objective and temporal indeterminacy of their right. In the order of the above, it has been indicated that "there are no acquired rights against the organizing power of the Administration... there are no acquired rights against the norms regulating the internal regime of the Administration." (PALOMAR OLMEDA, Alberto. Public Function Law. Legal Regime of Public Officials, Madrid, second edition, Editorial DYKINSON, S.L., 1992, p. 38). Once the cause for the original appointment expires, the right expires, without prejudice to the right to opt again under new conditions for another position. There is no right to be appointed in the Public Administration that can be considered abstract and intangible and that is disconnected from a specific position in which the existence of a right in their favor is alleged and demonstrated. Thus, this part of the claim must be rejected."

“ IV.- Del objeto del proceso: De lo expresado por las partes, tanto en sus pretensiones como argumentos, el objeto del presente proceso estriba en determinar si se ha generado responsabilidad con motivo del cese de la actora en la plaza que ocupaba en el Ministerio de Justicia y Gracia, así como la procedencia de su restitución a la misma. […] VI.- En Costa Rica el servidor público se encuentra sometido a un régimen particular, diferenciado del trabajador privado, y del cual dimanan una serie de derechos y obligaciones específicas. Los artículos 191 y 192 de la Constitución Política es la base fundamental para establecer tal distinción, al establecer lo siguiente: “Artículo 191.- Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración” y “Artículo 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos”. De conformidad con las indicadas normas de rango constitucional se evidencia que el servidor del Estado y sus Instituciones, goza de los derechos de una regulación normativa propia, estabilidad en el empleo - limitando el régimen de libre remoción propio de la regulación laboral privada- y de una carrera administrativa, junto con los demás garantías existentes para las personas amparadas a un régimen de subordinación, como son el pago de un salario, vacaciones, jornadas máximas, huelga, etc. (haciendo la salvedad del derecho a la negociación colectiva, exclu ida por votos 4453-2000 y 9690-2000 de la Sala Constitucional). Correlativo con las anteriores derechos, el servidor público posee una serie de obligaciones de carácter funcionarial, inherentes a los fines públicos buscados con su actividad y que deben orientar siempre su gestión, a fin de no incurrir en una falta personal generadora de responsabilidad disciplinaria. Sin pretender ser exhaustivos, algunos de los deberes propios del régimen de empleo público, son: a) deber de probidad (art. 3 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Administración Pública), b) deber de cumplimiento de los principios del servicio público - continuidad, eficiencia, adaptación al cambio en el régimen legal e igualdad de trato- (art. 4 Ley General de la Administración Pública), c) deber de cautelar un adecuado ambiente de control interno (art. 39 de la Ley General de Control Interno) d) deber de proteger el interés superior de los niños y las niñas (art. 4 y 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia) e) deber de cumplir el ordenamiento jurídico (art. 13 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, art. 39.a del Estatuto de Servicio Civil), f) deber de dar pronta respuesta e información al usuario (art. 5 y 10 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), g) deber de obediencia (art. 108 de la Ley General de la Administración Pública), h) deber de actuar con eficacia (art. 5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos) i) deber de guardar decoro y de brindar debida atención al usuario (art. 114 de la Ley General de la Administración Pública y art. 39. d) y e) del Estatuto de Servicio Civil) j) deber de responder en caso de haber actuado con dolo o culpa grave (art. 199 y 211 Ley General de la Administración Pública) k) deber de acatar la Constitución Política (art. 11 de dicho cuerpo normativo). Adicionalmente, de manera supletoria, con base en el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública y 51 del indicado Estatuto, le son aplicables a dicha relación de empleo público, las disposiciones propias del Código de Trabajo y demás disposiciones relacionadas con la relación de trabajo, como por empleo la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley de Regulación del Fumado, Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, entre otras. En este orden de ideas, si bien en materia de empleo público no podemos hablar de una plena integración del ordenamiento jurídico y principios en materia laboral habida cuenta de la existencia de una relación estatutaria y no contractual, (artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública), no puede obviarse la existencia de líneas generales de orientación de la relación que son comunes, como por ejemplo, la aplicación del principio de buena fe entre ambas partes, contemplado en el artículo 19 del Código de Trabajo. Con relación al régimen disciplinario a aplicar en caso de incumplimiento de dichos deberes, de conformidad con sendos votos de la Sala Constitucional, el principio de tipicidad se torna más laxo, por lo que no se requiere una específica tipificación legal de la conducta, dada la naturaleza misma de la situación jurídica de los servidores. En este sentido, el voto 2007-013903 de las quince horas y veinticinco minutos del tres de octubre del dos mil siete de la Sala Constitucional, indica lo siguiente: "V.- Sobre el principio de tipicidad en el régimen disciplinario.- El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad que exige por un lado, la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción, y por otro lado, la delimitación concreta de las posibles sanciones a aplicar, pudiendo afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria. En cuanto a la delimitación concreta de la conducta reprochable, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades (ver al respecto la resolución 2005-06616 de las veinte horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de mayo del dos mil cinco y 94-5594 de las quince horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro) que aunque ciertamente este principio en esta materia no tiene la misma forma que en el ámbito jurídico- penal -ya que puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas literalmente- siempre debe entenderse que estas faltas están incluidas en el texto. Es decir, puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas literalmente, pero que se entienden incluidas en el texto y siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto . Ahora bien, en cuanto a la delimitación concreta de la sanción, a diferencia de lo que se viene de decir, ésta sí debe estar clara y previamente establecida, sin que pueda la Administración crear sanciones nuevas que no estén contempladas en las normas aplicables. En resumen, aunque se infiere que los hechos determinantes de las faltas disciplinarias son innumerables -pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de los sujetos- y que los principios "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, siempre es necesario en materia disciplinaria, en atención al principio de tipicidad, que la conducta se infiera del texto normativo y que la sanción esté –está si- claramente preestablecida". Lo anterior genera lo que en doctrina es conocido como el principio de tipificación relativa en el entendido que la falta debe estar prevista en el ordenamiento disciplinario, pero sin el nivel de rigurosidad propio de la materia penal en cuanto se derive de la relación de servicio en concreto. En razón de lo anterior, son sancionables, tanto el incumplimiento de los deberes funcionales generales, como las conductas tipificadas legalmente (a nivel de Estatuto de Servicio Civil, normas estatutarias propias del régimen o Código de Trabajo, por ejemplo), y aquellas que se encuentren contempladas en normas de carácter inferior, como las contenidas en los reglamentos autónomos de servicio o en los casos en los cuales la tipificación se de con respecto a la sanción a imponer. Esta tipificación relativa flexibiliza la necesidad de normas positiva en carácter de ley formal, siendo posible que su regulación se genere por norma positiva de menor rango. Las anteriores consideraciones, sin perjuicio de que existen una serie de principios del derecho sancionatorio derivados del derecho penal, de necesario cumplimiento en todos los casos, v.g. proporcionalidad, non bis in idem, inocencia, debido proceso, debida fundamentación de la resolución respectiva. En este orden de ideas, es de advertir que en materia de definición de conductas que pueden ser consideradas como parte de los deberes propios de los funcionarios públicos u objeto de sanción en caso de incumplimiento, nuestro país posee un sistema difuso, habida cuenta que las mismas no se encuentran detalladas en un solo cuerpo normativo, sino dispersas entre diferentes normas de distinto rango, privando mayor especificidad en las normas reglamentarias que cada ente opte por dictar, según el artículo 27 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Lo anterior, de conformidad con las potestades auto normativas de la Administración Pública, y habida cuenta de la imposibilidad de que por la vía legal se puedan normar todas y cada una de las conductas concretas en que incurren los servidores públicos, y en el entendido de que el ejercicio de la potestad reglamentaria se encuentra limitado por el marco general del ordenamiento supra legal. De manera transversal a este conjunto de principios y normas de diferente rango, en esta materia encontramos el interés público como un referente constante en la adopción de cualquier decisión o conducta formal o informal de la Administración con respecto a sus servidores. Dicho interés entendido de conformidad con el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, dispone: "1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia". En razón de lo anterior, todo análisis en materia de empleo público no debe obviar el análisis del cumplimiento del interés público en la adopción de la respectiva decisión administrativa, como fundamental referente de su motivación subyacente.

VII.- Sobre el fondo: Como segunda pretensión la parte actora solicita que e n caso de que no se encuentre firme la resolución de 15:00 horas de 19 de octubre de 2010 del Ministro de Justicia y Gracia, se le restituya en el puesto de médico general G1 en cualquier plaza como interino. Al respecto, en primer término, debe tomarse en consideración que lo resuelto se encuentra firme y no fue objetado en sede jurisdiccional por la parte actora. En este orden de ideas, como se advierte la suspensión de tres días sin goce de salario a la actora, aquella fue resuelta mediante un acto administrativo formal por parte de la Administración, sobre el cual, la representación de la Señora Campos Vallejos no realizó ningún alegato de vicio de nulidad en su contra como parte de sus pretensiones. Más bien, debe tomarse en consideración que en audiencia preliminar, su representación indicó que no tenía una petición de regresar al cargo que ocupaba (por tal motivo se excluyó como demandado al titular del mismo, Dr. Carlos Calderón Rojas), dado que lo pedido es la reinstalación en cualquier plaza existente en el Ministerio. Por lo anterior, ni de manera entenderse la conformidad de la Señora Campos Vallejos con su validez y eficacia. Por otra parte, estima este Tribunal que no existe un derecho genérico del funcionario interino a ser nombrado en cualquier plaza que ostente tal condición, sino que su estabilidad impropia se limita a mantenerse en aquella que ocupe, hasta tanto no llegue su titular o se saque la misma a concurso para su nombramiento en propiedad (en ese sentido pueden verse, entre otras, las sentencias No. 8544-2002 de las 15 horas 24 minutos del 3 de setiembre de 2002, No. 9755-2011, dictada a las 16 horas 22 minutos del 16 de julio de 2011 y la No. 10288-2011, dictada a las 10 horas 41 minutos del 5 de agosto de 2011, todas de la Sala Constitucional). En este sentido, ha indicado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: "Se entiende por funcionario interino aquel que se nombra en un cargo o es asignado a un servicio por la ausencia temporal o definitiva del titular. El trabajador interino tiene conocimiento de que la estabilidad laboral de que goza es momentánea (impropia), pues esta se reduce al período que abarca su nombramiento. De manera que -en sentido estricto- no existe afinidad jurídica conceptual entre el servidor interino y el principio de estabilidad laboral, como se entiende para el caso de un funcionario público investido en propiedad. Si bien, tanto esta Sala como la Constitucional, han afirmado que el nombramiento interino no es un mecanismo legítimo para acceder a la propiedad de un puesto, ambos tribunales han sido enfáticos en reconocerle a los funcionarios y funcionarias nombradas en esa precaria condición, el derecho a una estabilidad relativa a la que también han denominado “impropia”". Voto 00385-2013 de 12 de abril de 2013. En el mismo sentido, el voto n° 9462-2002 de 14:48 horas de 1° de octubre de 2002 de la Sala Constitucional dijo:“En cuanto al derecho a la estabilidad laboral, contenido en el mismo numeral, esta Sala ha reconocido una estabilidad impropia a los funcionarios interinos, de manera que si bien es cierto que éstos no tienen un derecho subjetivo a que se les prorrogue el nombramiento en forma indefinida, si tienen derecho a que no se nombre en su lugar a otro funcionario en las mismas circunstancias, sea, en forma interina, hasta tanto la Administración no nombre -a través del procedimiento legal correspondiente- a un funcionario en propiedad o, en su caso, la plaza sea nuevamente ocupada por su titular. Debe tenerse presente que el servidor interino puede oponer su derecho frente a otro servidor interino que se pretenda nombrar en su sustitución, pero ello no implica que la Administración deba nombrarlo indefinidamente, pues vencido su plazo de nombramiento, el Estado puede prescindir de sus servicios siempre y cuando no nombre a otro funcionario interino bajo sus mismas condiciones en el puesto y especialidad”. Como se advierte, los derechos del interino están ligados de manera íntima y permanente con el destino propio de la plaza vacante en la que fue nombrado y no trascienden más allá de la misma. Por lo anterior, si la plaza vuelve a ser ocupada, sale a concurso o desaparece (por reestructuración), al fenecer la vacancia titular de la misma, fenece todo derecho de estabilidad impropia del interino per se. Así las cosas, desaparecida la condición que originalmente otorgaba la estabilidad impropia, desaparece la posibilidad del interino a reclamar la permanencia en la respectiva administración pública y si desea por continuar en la misma, deberá configurarse una nueva relación jurídica de interinazgo o propiedad diferente e independiente a la anterior. Considerar lo contrario, sería atentatorio del principio de igualdad de trato (art. 4 LGAP) para con otros sujetos que en igualdad condición de interinos estén optando por ser nombrados en cualquier alternativa de plaza que se llegue eventualmente a abrir. En el caso de análisis, se advierte que a este momento, la plaza que ocupaba la actora se encuentra ocupada por su titular en propiedad, Dr. Carlos Calderón Rojas como médico asistente general G-1, a partir del 16 de marzo del 2010, por lo que no posee ningún derecho la Señora María Jimena Campos Vallejos a que se le nombre en alguna plaza de manera interina que exista en el Ministerio de Justicia y Gracia. Inclusive es de advertir que la parte actora ni siquiera se ha preocupado en demostrar la existencia de eventuales plazas vacantes en tales condiciones y que pudieran dar lugar a la posibilidad de acoger su petición, de haber demostrado que poseía un derecho en tal sentido. Por otra parte, si bien la actora alega que el Dr. Calderón Rojas no regresó voluntariamente a su plaza, sino que fue llamado a la misma por la propia Administración y así consta en autos, no hay prueba alguna de que dicha situación obedezca a un ánimo persecutorio en su contra o que el ejercicio de las potestades patronales se haya realizado en ejercicio de una desviación de poder, al buscar fines distintos con dicha conducta a los públicos que deben orientar el legítimo ejercicio del ius variandi en sede administrativa. El mero dicho de la actora en su declaración de parte no es prueba suficiente ni fundamenta de modo alguno una pretensión de reintalación genérica como la realizada. Este Tribunal estima que la actora en lo pedido obvia su condición de interina y los derechos limitados que la misma conlleva. En este orden de ideas, la doctrina ha indicado con respecto al funcionario interino que tal figura "…surge cuando no hay servidor que automáticamente ocupe el cargo vacante ni preste el servicio, al ocurrir la ausencia del servidor regular. Dado el origen del interino, el mismo es servidor necesariamente temporal y sujeto a plazo, expirado el cual cesa automáticamente en su cargo o se convierte en regular” (Eduardo Ortiz, Ortiz, Tesis de Derecho Administrativo II Primera Edición, Editorial Stradtmann, San José, Costa Rica, 2000, páginas 121 y 122). En el anterior orden de razonamientos, el voto 00318-2013 de 9:50 de 22 de marzo de 2013 de la Sala Segunda indica lo siguiente: "Dentro del régimen estatutario el nombramiento de un funcionario interino solo es permitido cuando no existe suplente, o es posible un ascenso, y es necesario cubrir la falta del titular. El trabajador o trabajadora interina tiene conocimiento de que la estabilidad laboral que goza es momentánea (impropia), pues esta se reduce al períodoque cubre su nombramiento. De manera que -en sentido estricto- no existe afinidad jurídica conceptual entre el trabajador interino y el principio de estabilidad laboral, como se entiende para el caso de un funcionario público nombrado en propiedad. .... La Sala Constitucional dispuso que en materia de interinidad los funcionarios o funcionarias gozan de estabilidad laboral impropia, que no es la misma que ostenta un trabajador o trabajadora en propiedad (sobre el tema puede consultarse la resolución número 2329, de esa Sala, de las 9:57 horas del 25 de abril de 1997). Si a un funcionario o funcionaria pública se le nombra interinamentepara desempeñar un determinado cargo y por tiempo prolongado, no implica para la Administración la obligación de nombrarlo o nombrarla en propiedad, aunque es lógico y razonable que si ha demostrado idoneidad y cumple con los requisitos del puesto, sea tomado o tomada en cuenta para el nombramiento; siendo responsable el órgano competente para nombrar de hacer la escogencia que mejor garantice el servicio público, al tenor de lo dispuesto en el numeral 192 de la Constitución Política". De conformidad con lo anterior, así como el interino no posee un derecho adquirido a obtener un nombramiento automático en propiedad, tampoco puede pretender a continuar siendo nombrado en otras plazas diferentes a las cuales se originó su relación. En el mismo orden de ideas a lo resuelto en la presente resolución, el voto 00353-2010 de 17 de marzo de 2010 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ante pretensiones similares, resolvió: "De la prueba recabada, se desprende, que la actora había estado siempre laborando en forma interina en la Universidad de Costa Rica, desde el año mil novecientos ochenta y cinco. Sin embargo, esto no le da derecho a ser considerada como una servidora por tiempo indefinido; pues continúa siendo interina, y no ha adquirió los derechos de estabilidad, de inamovibilidad, y la carrera administrativa. La Sala Constitucional en el voto 1119-90 de las 14 horas del 18 de septiembre de 1990 al respecto dijo: “...Cabe recordar que el efecto inmediato de la transformación de la naturaleza del contrato, (se refiere de fijo a plazo indeterminado), no es la adquisición de los derechos de estabilidad, de inamovibilidad y la carrera administrativa, sino únicamente, el mero pago de los extremos de preaviso, de despido y auxilio de cesantía, una vez que se acuerde el cese de funciones...”. (Ver también sobre este mismo tema las sentencias n°s 1696-92 y 1490-96 de las quince horas treinta minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y dos y de las diez horas veinticuatro minutos del primero de noviembre de mil novecientos noventa y seis respectivamente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la No 40-1996 de las diez horas del dos de febrero de 1996 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). Así las cosas, los derechos de una funcionario/a interino/a, se equiparan a los/as funcionarios/as de carrera, o como se han llamado en nuestro país en propiedad, con exclusión del derecho al cargo, o llamado también al de la estabilidad e inamovilidad; pero por el sólo transcurso del tiempo ocupando un cargo público, sin los trámites legales previstos para ello, no le da derecho a permanecer en él..." Los lìmites de la naturaleza de dicho nombramiento no constriñen la discrecionalidad administrativa en la materia ni imponen indeterminación objetiva y temporal de su derecho. En orden da lo anterior se ha indicado que “no existen derechos adquiridos frente al poder organizatorio de la Administración... no existen derechos adquiridos frente a las normas reguladoras del régimen interno de la Administración.” (PALOMAR OLMEDA, Alberto. Derecho de la Función Pública. Régimen Jurídico de los Funcionarios Públicos, Madrid, segunda edición, Editorial DYKINSON, S.L., 1.992, p. 38). Fenecida la causa de nombramiento original, fenece el derecho, sin perjuicio del derecho a volver a optar en nuevas condiciones a otra plaza. No existe un derecho a ser nombrado en la Administración Publica que pueda ser considerado abstracto e intangible y que sea desvinculado de una plaza en concreto en la cual se alegue y demuestre la existencia de un derecho en su favor. Así las cosas, debe rechazarse este extremo de la demanda.”

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