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OutcomeResultado
The Court denies the lawsuit seeking nullity of the dismissal of a maritime-terrestrial zone concession application, upholding the municipality's action due to failure to meet substantive legal requirements.El Tribunal declara sin lugar la demanda de nulidad contra el archivo de la solicitud de concesión en zona marítimo terrestre, confirmando la legalidad del actuar municipal por incumplimiento de requisitos sustanciales.
SummaryResumen
The Administrative Court upholds the Parrita Municipality's decision to dismiss an application for a concession in the maritime-terrestrial zone. The applicant claimed a right of occupation, but the Court affirms that the maritime-terrestrial zone has been public domain since 1828, inalienable and imprescriptible, where no possessory rights exist—only mere occupation. Occupation is not transferable to third parties. The application was correctly rejected for failure to meet essential substantive requirements: lack of a State natural heritage inventory properly demarcated with IGN milestones, no cadastral map or valid sketch, no tourism aptitude declaration by the ICT, and absence of a coastal regulatory plan. These legal prerequisites justified immediate archiving; formal compliance cannot substitute for missing substantive elements. With no further appeal, the administrative remedy is deemed exhausted.El Tribunal Contencioso Administrativo confirma el archivo decretado por la Municipalidad de Parrita de una solicitud de concesión en la zona marítimo terrestre. La solicitante alegaba un derecho de ocupación, pero el Tribunal establece que la zona marítimo terrestre es un bien de dominio público desde 1828, inalienable e imprescriptible, donde no existen derechos posesorios sino mera ocupación. Destaca que la ocupación no es transmisible a terceros. La solicitud fue correctamente rechazada porque no se cumplían requisitos sustanciales indispensables: ausencia de un inventario del patrimonio natural del Estado debidamente demarcado con mojones por el IGN, falta de plano catastrado o croquis válido, inexistencia de declaratoria de aptitud turística por el ICT, y carencia de plan regulador costero. Estos presupuestos legales habilitan el archivo inmediato de la gestión, no siendo subsanable con el mero cumplimiento de formalidades. Al carecer de vía recursiva, se declara agotada la vía administrativa.
Key excerptExtracto clave
It is precisely due to the failure to meet the prerequisites and requirements established by the legal framework governing this matter for granting concessions in the maritime-terrestrial zone that this Court considers the Parrita Municipal Council acted correctly in dismissing the concession application filed by Luz Elena Gatgens Ávila. The following omissions are observed: 1. There is no clarity in the inventory of the State's natural heritage in the area; consequently, the public zone of the maritime-terrestrial zone is not adequately demarcated [...] and the milestones serving as reference for the lot's demarcation are incomplete [...] 2. The concession application is not accompanied by the corresponding cadastral map or sketch of the lot requested for concession, indicating not only the identification of the land but also its location, as required by Article 30(b) of the Regulation to the Maritime-Terrestrial Zone Law [...] The demarcation of the State's natural heritage in the area where the concession is sought and its demarcation through milestones placed by the National Geographic Institute are sine qua non requirements for processing such applications, pursuant to Article 38 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, which is consistent with Article 41 of the same law, providing that concessions shall only be for the use and enjoyment of areas defined in the restricted zone, i.e., areas previously defined in said plan.Es precisamente al tenor del incumplimiento de los presupuestos y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico -que regula la materia- para el otorgamiento de las concesiones en la zona marítimo terrestre, que este Tribunal estima que hizo bien el Concejo de la Municipalidad de Parrita de denegarle el trámite a la solicitud de la concesión que formulara Luz Elena Gatgens Ávila. En efecto, se constatan las siguientes omisiones: 1.- No hay claridad en el inventario del patrimonio natural del Estado en la zona; y consecuentemente, no está demarcada adecuadamente la zona pública de la zona marítimo terrestre [...] y además, no están completos los mojones que sirven de referencia a la demarcación del lote [...] 2.- No se acompaña la solicitud de concesión con el respectivo plano catastrado o croquis del lote requerido en concesión, en el que se indique, no sólo la identificación del terreno sino su ubicación, en los términos requeridos por el inciso b) del artículo 30 del Reglamento de la Ley de la zona marítimo terrestre [...] La demarcación del patrimonio natural del Estado, en la zona en que se pretende obtener la concesión y su demarcación mediante mojones colocados por el Instituto Geográfico Nacional son requisitos sine qua non para el trámite de este tipo de solicitudes, de conformidad con el artículo 38 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, lo que resulta conteste con el numeral 41 ídem, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir de aquellas áreas determinadas previamente en dicho plan.
Pull quotesCitas destacadas
"[...] al constituir la zona marítimo terrestre parte del patrimonio nacional perteneciente al Estado, inalienable e imprescriptible, [...] implica la imposibilidad jurídica de derivar derechos posesorios sobre dicha zona. En consecuencia, la terminología utilizada por el artículo 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es la adecuada, es decir, se refiere al mero ocupante y no al poseedor. Además, dicha condición de ocupante no puede ser transmitida a terceros [...] por consiguiente, todo acto jurídico tendiente a traspasarla deviene en absolutamente nulo."
"[...] since the maritime-terrestrial zone forms part of the national heritage belonging to the State, inalienable and imprescriptible, [...] it implies the legal impossibility of deriving possessory rights over said zone. Consequently, the terminology used in Article 44 of the Maritime-Terrestrial Zone Law is appropriate, i.e., it refers to the mere occupant and not the possessor. Moreover, said occupant status cannot be transferred to third parties [...] therefore, any legal act intended to transfer it is absolutely null and void."
Considerando VIII
"[...] al constituir la zona marítimo terrestre parte del patrimonio nacional perteneciente al Estado, inalienable e imprescriptible, [...] implica la imposibilidad jurídica de derivar derechos posesorios sobre dicha zona. En consecuencia, la terminología utilizada por el artículo 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es la adecuada, es decir, se refiere al mero ocupante y no al poseedor. Además, dicha condición de ocupante no puede ser transmitida a terceros [...] por consiguiente, todo acto jurídico tendiente a traspasarla deviene en absolutamente nulo."
Considerando VIII
"La demarcación del patrimonio natural del Estado, en la zona en que se pretende obtener la concesión y su demarcación mediante mojones colocados por el Instituto Geográfico Nacional son requisitos sine qua non para el trámite de este tipo de solicitudes, de conformidad con el artículo 38 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre [...]"
"The demarcation of the State's natural heritage in the area where the concession is sought and its demarcation through milestones placed by the National Geographic Institute are sine qua non requirements for processing such applications, pursuant to Article 38 of the Maritime-Terrestrial Zone Law [...]"
Considerando X
"La demarcación del patrimonio natural del Estado, en la zona en que se pretende obtener la concesión y su demarcación mediante mojones colocados por el Instituto Geográfico Nacional son requisitos sine qua non para el trámite de este tipo de solicitudes, de conformidad con el artículo 38 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre [...]"
Considerando X
"[...] no es posible tramitar gestión alguna de los particulares Con lo cual, este órgano colegiado estima oportuno señalar, que la falta de presupuestos mínimos para dar trámite a una solicitud de concesión, como lo son el plan regulador, la demarcación forestal, el amojonamiento y la declaratoria de aptitud turística, que precisamente habilitan a las entidades locales para ordenar el archivo inmediato de esas diligencias, pues se trata de elementos sustanciales de orden legal, cuya inexistencia torna inadmisible la gestión."
"[...] no private individual's application may be processed. Hence, this collegiate body deems it appropriate to note that the absence of minimum prerequisites for admitting a concession application — such as the regulatory plan, forest demarcation, milestone placement, and tourism aptitude declaration — precisely authorizes local entities to order the immediate archiving of such proceedings, since these are substantive legal elements whose absence renders the application inadmissible."
Considerando X
"[...] no es posible tramitar gestión alguna de los particulares Con lo cual, este órgano colegiado estima oportuno señalar, que la falta de presupuestos mínimos para dar trámite a una solicitud de concesión, como lo son el plan regulador, la demarcación forestal, el amojonamiento y la declaratoria de aptitud turística, que precisamente habilitan a las entidades locales para ordenar el archivo inmediato de esas diligencias, pues se trata de elementos sustanciales de orden legal, cuya inexistencia torna inadmisible la gestión."
Considerando X
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V.- THE PUBLIC DOMAIN NATURE OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE AND ITS LEGAL REGIME.- Throughout history, the great economic, commercial, and also security importance —with respect to national defense— that the coast holds for any country or state organization has been noted. Thus, with respect to our country, since the colonial era, the coastline has remained destined for public use. Initially, the reserved area was one mile wide, which is why it was known —and still is in our time— as the “maritime mile.” The most relevant regulations governing the Costa Rican coastal zone begin with Ley 162, of June twenty-eighth, eighteen twenty-eight, recently declared independence from the Spanish Crown, and in the stage of formation of the Costa Rican State, in which a previous precept from the colonial era was collected (Real Cédula, of October fifteenth, seventeen fifty-four), by establishing the reserve of one maritime mile on the coasts of both seas, which was maintained throughout all legislation issued in the 19th century. This same public-domain condition was recognized in the Código General of eighteen forty-one, which considered the ebb and flow of the sea and its banks as public domain; in Ley 7, of August thirty-first, eighteen sixty-eight, in which the “indenunciabilidad” of the lands of the maritime mile was ratified; in the Ley de Aguas, number 8, of May twenty-sixth, eighteen eighty-four, which named that strip of land with the appellation “zona marítimo terrestre,” which was expressly designated as a public domain asset, and consequently, incorporated into the national heritage; and finally, in the Código Fiscal of eighteen eighty-five, the prohibition against alienating lands comprised within one mile of latitude along the coast of both seas was established. Already in the 20th century, the first regulation referring to the zona marítimo terrestre was Ley 75, of August thirtieth, nineteen twenty-four, which reaffirmed the public-domain character of these lands, as well as the impossibility of exploiting and utilizing them. Likewise, Ley 11, of October 22, nineteen twenty-two, precisely specified its extension, delimiting it at one thousand seven hundred sixty-two meters —the exact measure of one mile— from the ordinary high tide line, and five hundred meters along both banks of rivers. This measure was maintained until nineteen forty-two, when, starting with Leyes 19, of November twelfth, and Ley 201, of January twenty-sixth, nineteen forty-three, its extension was reduced to two hundred meters for both coasts; thus causing the first deaffectations of this asset, concerning all those lands beyond the determination made, and their consequent private appropriation; that is, starting from these two provisions, and with the exception of the two hundred meters counted from the ordinary high tide line, the remaining one thousand six hundred seventy-two meters ceased to be public domain from the moment they could be reduced to private ownership. However, the lands contained within the two hundred meters excepted by the two aforementioned laws continued to be public domain assets, not reducible to private ownership because they are inalienable and imprescriptible. This measure of the zona marítimo terrestre, together with the public-domain character of the lands comprised therein, was reaffirmed in the then-current Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, number 2825, of October fourteenth, nineteen sixty-one, and was repeated in the Ley Forestal, number 4465, of November twenty-fifth, nineteen sixty-nine, and in the Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre, number 4558, of April twenty-second, nineteen seventy. It must be noted that, with Ley 4558, of April twenty-second, nineteen seventy, in its Transitory Provision III, one hundred fifty meters of the two hundred meters were deaffected, after the first fifty meters counted from the high tide line, by authorizing private individuals who had possessed, for more than thirty years, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner, lots or estates in that sector, to register them through the procedure of possessory information proceedings before jurisdictional —not administrative— authorities. Given the large number of abuses committed under the validity of this provision, that is, from May twelfth, nineteen seventy, it was repealed by Ley 5602, of November fourth, nineteen seventy-one, which came into effect upon its publication in La Gaceta number 206, of October fourteenth of that year; that is, it was in effect for seventeen months and two days. Finally, on March second, nineteen seventy-seven, the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, number 6043, currently in force, was enacted, which maintained the public-domain nature of the two hundred meters along the country's coastline.
By reason of the foregoing historical account of the regulatory framework of the maritime-terrestrial zone, it must necessarily be concluded that it has always been given the designation and treatment of a public domain asset (dominical, demanio, or de dominio público), which makes it deserving of all the characteristics of public domain nature, that is, its inalienability, imprescriptibility, immunity from seizure (inembargabilidad), as well as subjection to police power regarding its use and exploitation, as indicated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment number 7, of fifteen hours five minutes of January twentieth, nineteen ninety-three:
“It is clear then, without detriment to the colonial-era antecedent mentioned, that since the birth of Costa Rica as an independent State, the reserve of land along both coastlines has not been part of the baldíos —the realengas (sic) lands of the Colony— but has always been subject to a distinct legal regime, that proper to public domain assets and, therefore, not reducible to private property. In the legislation on the matter enacted throughout the 20th century —culminating in the current Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043 of March 2, 1977— the designation of public domain assets was, obviously, maintained for the lands comprised within said zone. As a result of the legislative evolution of the 19th century, the zona marítimo terrestre comprised the part of the coasts of both seas bathed by the ebb and flow, extending to a distance of one mile inland. It also comprised the riverbanks up to the point where they were navigable or affected by the tides. The legislation of this century progressively specified the extension of the zone as well as the elements that formed part of it, but at no time negated its character as a public domain asset, and consequently, its imprescriptibility and inalienability; [...] From this brief study of the legislation concerning the zona marítimo terrestre, it is easy to reach the conclusion that the strip of 200 meters from the ordinary high tide line along both coasts defined as part of the zona marítimo terrestre by Article 9 of the current Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, has been public domain —and the lands comprised within it, public domain assets— since 1828, at the very least. The variations that the legislation of the last century and the present one have introduced on the matter have never deaffected these 200 meters in a generalized manner, rather, the legislation prior to 1942 and 1943 established a strip greater in extension —the so-called maritime mile— but never smaller.” (Considerando II. The highlighting is not from the original.)
By virtue of the foregoing, and in accordance with the provisions of Article 6 of the Constitución Política, the zona marítimo terrestre acquires the condition of a public domain asset of the Nation, a consideration reinforced by Article 3.1 of the Ley de Aguas, “Article 3.- The following are equally national property:
I.- The beaches and maritime zones”; and Article 1 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, insofar as it textually provides:
“The zona marítimo terrestre constitutes part of the national heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all the country’s inhabitants. Its use and exploitation are subject to the provisions of this Law.” In the same sense, the Constitutional Chamber ruled in judgments number 2000-10466 and 2002-3821; as did the Third Section of the Contencioso-Administrativo Court, acting as an administrative authority, in resolution number 128-2001, of eight hours of February sixteenth, two thousand one:
“VI.- Correlatively to what has been said, the zona marítimo terrestre constitutes part of the national heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection is an obligation of the State and its institutions —including, of course, the corresponding Municipalities— and even of all the country’s inhabitants. Its use and exploitation are subject to the provisions of Ley No. 6043 on the Zona Marítimo Terrestre.” VI.- Having determined the special designation (afectación) of the maritime-terrestrial zone, it is of interest now to know precisely what assets or areas this special regime of legal protection comprises. And it is Ley 6043 itself, in its Article 9, that tells us:
“[...] the strip of two hundred meters wide along the entire length of the Atlantic and Pacific coastlines of the Republic, whatever its nature, measured horizontally from the ordinary high tide line and the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide.
For legal purposes, the zona marítimo terrestre comprises the maritime islands, islets, and rocks (peñascos marítimos), as well as any land or natural formation that protrudes from the ocean level within the territorial sea of the Republic. The Isla del Coco is excepted, which will be under the direct domain and possession of the State, and those other islands whose domain or administration is determined in this law or special laws.” Likewise, according to Article 4 of the Regulation to this Law, Decreto Ejecutivo 7841-P, of December sixteenth, nineteen seventy-seven, it encompasses:
“[...] the mangroves or saltwater forests that exist on the continental or insular coastlines and estuaries (esteros) of the maritime-terrestrial territory, constitute Forest Reserve and are subject to the Ley Forestal and all provisions of that decree [number 7210-A, of July nineteenth, nineteen seventy-seven]. Starting from the vegetation line at the edge of the estuaries and the limit of the mangroves or saltwater forests when these extend more than fifty meters from the ordinary high tide line, the restricted zone begins.” The zona marítimo terrestre is divided into two zones: the public zone, which comprises the strip of fifty meters wide, counted from the ordinary high tide line, composed of the littoral, shore, or sea coast that extends along the rías and permanent estuaries, up to where these are sensibly affected by the tides and present defined marine characteristics (Article 2, subsection h) of the Regulation to the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo 7841-P); and the restricted zone, constituted by the remaining one hundred fifty meters. By virtue of the foregoing, the following are part of the public zone of the maritime-terrestrial zone: the ría, defined as the part of the river close to its entrance into the sea, and up to where the tides reach (subsection f) of Article 2 of the cited Decreto Ejecutivo 7841-P); so that in relation to the provisions of Article 9 of the Law governing this matter, the strip of two hundred meters contiguous to the rías is also zona marítimo terrestre; “the islets, rocks (peñascos), and other small areas and natural formations that protrude from the sea” (final paragraph of Article 10 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre); the mangroves, in accordance with the provisions of Article 11 of the cited Law, are also part of the zone “The public zone is also, whatever its extension, that occupied by all the mangroves of the continental and insular coastlines and estuaries of the national territory”; whose incorporation into the public domain dates from nineteen forty-two, with the Ley de Aguas, a circumstance that prevents their titling by private individuals. It is noted that Article 4 of the Regulation stipulates that the restricted zone in these cases starts from the vegetation line at the edge of the estuaries and the limit of the mangroves or saltwater forests, when these extend more than fifty meters from the ordinary high tide line; which is of great importance, insofar as it extends the concept of zona marítimo terrestre to portions of the national territory that may be located kilometers from the coast, so that lands adjacent to the mangrove cannot be subject to legitimate possession. In view of the ecological importance of the mangroves, Article 44 of the Ley Forestal, in concordance with Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, requires the Ministry of Environment and Energy to carry out the respective environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) prior to granting any permit for their exploitation; and, the maritime islands, islets, and rocks (peñascos marítimos) and the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide, according to the provisions of the second paragraph of Article 9 of Ley 6043), a condition that had already been granted since the Ley de Aguas, number 276, of August twenty-seventh, nineteen forty-two, in its Article 75, upon stating “Islands already formed or that may form in the zona marítimo terrestre or in the navigable part of rivers and in the rías and river mouths are property of the State”; and which was maintained by Decreto-Ley 11, of July twenty-seventh, nineteen forty-eight, reformed by number 803, of November second of the following year, in the following terms:
“[...] confirms and proclaims the National Sovereignty over the entire submarine platform or continental and insular shelf adjacent to the continental and insular coasts of the national territory, whatever the depth at which it is found, reaffirming the inalienable right of the Nation over all natural riches existing on, in, or under said shelf or platform”; and subsection c) of Article 7) of the Ley de Tierras y Colonización, number 2825, of October fourteenth, nineteen sixty-one. It must be clarified that in the case of rocks (peñascos), the concept of public zone is applied to the entire natural formation, and in the case of islands, to the fifty meters contiguous to the high tide line, with the remaining lands considered a restricted zone (Article 10 of Ley 6042), unless a mangrove exists, in which case it is considered a public zone, as previously indicated.
VII.- OF THE USE AND EXPLOITATION OF THE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.- It is worth recalling that the public zone has been destined for the free use, access, and transit of all; such that any permit or concession, as well as the collection of the respective fee, located in the public zone of the zona marítimo terrestre is null (in this sense, resolution number 6424-97, of nine hours of April seventeenth, nineteen ninety-seven, of the Third Section of the Contencioso Administrativo Court can be consulted), except for those having a public purpose, such as “[...] the construction of industrial plants, sport or artisanal fishing installations, port works, mariculture programs, or other similar establishments or installations, ...” (Article 18 of Ley 6043); whose location near the sea is indispensable for their proper functioning. In any case, they must have the appropriate authorizations from the Ministry of Public Works and Transport, the National Institute of Housing and Urbanism, the Costa Rican Tourism Institute, and the respective municipality, attending, in any case and at all times, “[...] to the public use to which they are destined, or that it concerns the establishment and operation of state tourism installations of notorious convenience for the country” (first paragraph of Article 22 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre).
Likewise, concerning natural resources contained in the public zone, it is noted that flora and fauna also cannot be exploited, nor trees cut or products extracted from the coast, except with the appropriate authorization —permit or concession—, in this case, from the Dirección de Vida Silvestre of the Ministry of Environment and Energy, prior to an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), in accordance with the provisions of Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente. Furthermore, the respective municipalities are responsible for facilitating beach access for the enjoyment and transit of persons, so that local government must prevent any limiting action that impedes this free access to the beaches. This oversight function also concerns the eviction of invaders, and even the destruction or demolition of constructions, installations, or works carried out, whether they are simple fences, shacks, sales stands, or dwelling houses, without any liability (as considered by the Contencioso Administrativo Court, Third Section, in resolution number 7900-98). Thus, according to Article 39 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, it is only possible to grant concessions in the restricted zone of the zona marítimo terrestre, under the charge of the municipalities (Article 40 of the cited Law); except in cases where a protected wilderness area (área silvestre protegida) exists —forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, natural monuments— which, according to Articles 32 of the Ley Orgánica del Ambiente and 73 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, are under the administration of the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications.
VIII.- OF OCCUPATION IN THE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.- From what has been said, it is clear that, since the zona marítimo terrestre is a public domain asset, it is not possible to exercise the right of possession, and thereby, its titling by private individuals (administrated parties) is prohibited; and therefore, any act of transfer or sale concerning them is legally unviable, whereupon any action in that sense would be absolutely null, in the terms already indicated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in judgment number 317-F-2008, of nine hours ten minutes of May second, two thousand eight, which with respect to the matter at hand states:
“[...] On the other hand, since the zona marítimo terrestre constitutes part of the national heritage belonging to the State, inalienable and imprescriptible, which is set out in numeral 7 of the law, indicating that lands located in the zona marítimo terrestre ‘ ... may not be the object of possessory information proceedings and private individuals may not appropriate them nor legalize them in their name, by this or any other means.’; it implies the legal impossibility of deriving possessory rights over said zone. Consequently, the terminology used by Article 44 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre is appropriate, that is, it refers to the mere occupant and not to the possessor. Moreover, said condition of occupant cannot be transmitted to third parties, since it possesses special conditions that only those persons —the occupants— have; consequently, any legal act tending to transfer it becomes absolutely null. Accepting the contrary would imply breaching the provisions of the aforementioned articles of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre and its regulation.” The foregoing considerations are pertinent on the occasion of public deed number two hundred sixty-nine, of the notary public Andrea Rojas Rodríguez, visible at folio 6 of the case file, in which she records the transfer made by Jorge Luis Chacón Suárez of the “right of occupation” of the lot for which the lady Luz Elena Gatgens Ávila seeks a concession to be granted.
IX.- OF THE REQUIREMENTS FOR THE CONCESSION PROCESSING OF THE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.- According to the Law that regulates the matter —number 6043, of February seventeenth, nineteen ninety-seven— and its Regulation —Decreto 7841-P, the requirements and preconditions for the granting of permits and concessions in the zona marítimo terrestre are established, subjecting them to the following requirements: 1.- the declaration of a tourist zone by the Concessions Department of the Costa Rican Tourism Institute, considering that in cases where a non-tourist declaration is made, only the granting of permits for agricultural use is appropriate, which are unilateral acts, on a precarious basis, and which exclude the possibility of erecting permanent buildings on the site; 2.- the demarcation of the public zone of the zona marítimo terrestre with the respective boundary markers (mojones), failing which, the National Geographic Institute must be asked to carry it out; 3.- the existence of coastal territorial planning (ordenamiento territorial costero) or a coastal regulatory plan in the case of a tourist zone, determining the use of the zone; and a use plan in the non-tourist zone; 4.- the appraisal of the lot by the Dirección General de Tributación Directa; 5.- the inspection of the land, conducted by municipal officials; the cost of which is borne by the interested party; 6.- the publication of the edict, also at the expense of the interested party, so that affected third parties or interested neighbors may appear before the municipality to object, within the following thirty days, and in case there is opposition, the respective hearing must be verified; and, 7.- a draft construction project (anteproyecto de construcción) consulted and approved by the National Institute of Housing and Urbanism, and the Costa Rican Tourism Institute or the Institute of Agrarian Development, as applicable; according to the relevant regulations (Ley de Planificación Urbana, Reglamento de Construcciones, regulations of the Ministry of Health, environmental regulations); and finally. Additionally, said regulations contain special provisions (Article 70 and Transitory Provision VII of the indicated Law) in the case of pobladores (settlers) or arrendantes (lessees), taking as such those persons who already had a lot in the maritime mile before the entry into force of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, that is, before March sixteenth, nineteen seventy-seven; who pay the rent for that strip of land; establishing for them, a right of priority for the granting of future concessions, if possible according to the declaration made by the Costa Rican Tourism Institute regarding the site (tourist or non-tourist); and the occupants (ocupantes), who are those persons who, without meeting the condition of settlers (pobladores), have occupied the zona marítimo terrestre, even if unauthorized, prior to the entry into force of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre; who, by tolerance of the municipality, live in the restricted zone of the zona marítimo terrestre, but have no papers for their lot; authorizing, on a transitory basis, the charging of a fee (canon), which does not generate any right. Finally, it must be noted that the condition of settler (poblador) and occupant (ocupante) cannot be transferred, according to the same regulations and as was precisely considered by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment number 317-F-S1-2008, of nine hours ten minutes of May second, two thousand eight.
X.- OF THE LEGALITY OF THE REJECTION OF THE CONCESSION APPLICATION MADE BY MRS. GATGENS ÁVILA.- It is precisely according to the non-compliance with the preconditions and requirements established by the legal system —which regulates the matter— for the granting of concessions in the zona marítimo terrestre, that this Tribunal considers that the Council of the Municipality of Parrita acted correctly in denying processing to the concession application formulated by Luz Elena Gatgens Ávila. Indeed, the following omissions are verified:
1.- There is no clarity in the inventory of the State’s natural heritage in the zone; and consequently, the public zone of the zona marítimo terrestre is not adequately demarcated, because, as observed from the report issued by officials of the National System of Conservation Areas (in that sense, see official communications ACOPAC-D-1210-10, of September twenty-seventh, two thousand ten, and ACOPAC-OT-050-10, of October twenty-fifth, two thousand ten, at folios 77 and 78, respectively), the inventory of the zone is being updated, a task that is not concluded, as stated; and furthermore, the boundary markers (mojones) that serve as a reference for the lot’s demarcation are not complete, as marker number 501 is missing, as appears from the report of the inspection carried out on October twenty-seventh last, by Róger Delgado Jiménez, head of the Visas Unit of the National System of Conservation Areas, Central Pacific Area; and, 2.- The concession application is not accompanied by the respective cadastral plan or sketch of the lot requested in concession, indicating not only the identification of the land but also its location, in the terms required by subsection b) of Article 30 of the Regulation to the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, because, as indicated in official communication ACOPAC-D-1210-10, the application made is accompanied by a sketch of the requested lot, but with the indication that it is located in Playa Bejuco, Parrita district, Aguirre canton, Province of Puntarenas, when the truth is that it is rather in the canton of Aguirre, a circumstance that depreciates the sketch, which cannot be considered a cadastral plan, for being a “very important error,” as indicated, making it evident that it cannot serve as a basis or support for the application.
The demarcation of the State’s natural heritage in the zone where the concession is sought and its demarcation by means of boundary markers (mojones) placed by the National Geographic Institute are sine qua non requirements for the processing of this type of application, in accordance with Article 38 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, which is consistent with numeral 41 of the same law, which provides that concessions will be solely for the use and enjoyment of determined areas in the restricted zone, that is, of those areas previously determined in said plan. It is understood that if the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications has not yet carried out the forest demarcation of that territorial portion, it is therefore not possible to know if said areas are of forest aptitude and should be administered by that Ministerial Department or if they can be granted in concession by the Municipalities; especially because according to the contributed sketch (visible at folio 2) and the application itself (at folio 7), the lot borders a mangrove on all four cardinal points, an aspect in itself relevant that without a doubt must be considered in due course, at the time of carrying out the respective demarcation. It should be noted that it is indispensable that the zone has been marked with boundary markers (amojonada) by the National Geographic Institute and that it has a declaration of tourist aptitude from the Costa Rican Tourism Institute, in the terms of numerals 27 and 42 of Ley 6043, cited above; and it is observed that the sketch visible at folio 2 of this case file does not even certify the boundary marking (amojonamiento), nor is there proof that the Tourism Institute has made the corresponding declaration, which is yet another reason to consider the decision of the Municipality of Aguirre to archive the petition filed by the interested party here as correct. It should be noted that these are, in these two cases, essential preconditions for the presentation of an application such as the one known here, without which it is not possible to process any proceeding by private individuals. With this, this collegial body deems it appropriate to point out that the lack of minimum preconditions for processing a concession application, such as the regulatory plan, the forest demarcation, the boundary marking (amojonamiento), and the declaration of tourist aptitude, which precisely enable the local entities to order the immediate archiving of these proceedings, as they constitute substantial elements of a legal nature, the non-existence of which renders the proceeding inadmissible. On the other hand, what has been said so far must be maintained, even under the assumption that the interested person had complied, at the time of making the application, with the formal requirements and the presentation of documents that each municipality demands —which, as has been seen, does not occur in this case— since it is not simply a matter of complying with the formal aspects of the proceeding, but rather and foremost, with those of a substantial nature —such as those found lacking in this matter— without which the respective local corporation cannot issue a decision on the merits. As there is no further appeal against this decision, the administrative channel must be considered exhausted.”
“V.- DE LA DEMANIALIDAD DE LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE Y SU RÉGIMEN JURÍDICO.- A lo largo de la historia, se ha denotado la gran importancia económica, comercial y también de seguridad -en lo atinente a la defensa nacional- que tiene la costa para cualquier país u organización estatal. Así, en lo que respecta a nuestro país, desde la época colonial, el litoral ha permanecido destinado al uso público. En un principio, el área reservada era de una milla de ancho, por lo que se le conocía -y aún en nuestra época- como la "milla marítima". La normativa de mayor relevancia en la regulación de la zona litoral costarricense inicia con la Ley número 162, de veintiocho de junio de mil ochocientos veintiocho, recién declarada la independencia de la Corona Española, y en la etapa de formación del Estado costarricense, en la que se recogió un precepto anterior, de la época colonial (Real Cédula, del quince de octubre de mil setecientos cincuenta y cuatro), al establecerse la reserva de una milla marítima en las costas de ambos mares, que se mantuvo a lo largo de toda la legislación emitida en el siglo XIX. Esa misma condición de demanialidad se reconoció en el Código General de mil ochocientos cuarenta y uno, que consideró el flujo y reflujo del mar y sus riberas de dominio público; en la Ley número 7, de treinta y uno de agosto de mil ochocientos sesenta y ocho, en que se ratificó la "indenunciabilidad" de los terrenos de la milla marítima; en la Ley de Aguas, número 8, de veintiséis de mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, que denominó esa franja de tierra con la advocación de "zona marítimo terrestre", la cual, patrimonio nacional; y por último, en el Código Fiscal de mil ochocientos ochenta y cinco se dispuso la prohibición de enajenar los terrenos comprendidos en una milla de latitud a lo largo de la costa de ambos mares. Ya en el siglo XX., la primera normativa a que hizo referencia la zona marítimo terrestre fue la Ley número 75, de treinta de agosto de mil novecientos veinticuatro, que reafirmó el carácter demanial de estas tierras, así como la imposibilidad de explotar y usufructar de ellos. Asimismo, la Ley número 11, de 22 de octubre de mil novecientos veintidós, precisó, con exactitud, su extensión, al delimitarla en mil setecientos sesenta y dos metros -medida exacta de una milla-, a partir de la pleamar ordinaria, y de quinientos metros a lo largo de ambos márgenes de los ríos. Esta medida se mantuvo hasta mil novecientos cuarenta y dos, en que a partir de las Leyes número 19, de doce de noviembre, y la Ley número 201, de veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta y tres, se redujo su extensión, a doscientos metros para ambas costas; provocando así, las primeras desafectaciones de este bien, en relación a todos aquellos terrenos más allá de la determinación hecha, y su consecuente apropiación particular; es decir, a partir de estas dos disposiciones, y a excepción de los doscientos metros contados a partir de la pleamar ordinaria, el resto de los mil seiscientos setenta y dos metros dejaron de ser de dominio público desde el momento en que pudieron se reducidos a dominio privado. Sin embargo, los terrenos contenidos en los doscientos metros exceptuados por las dos leyes precitados, continuaron siendo bienes de dominio público, no reducibles a dominio privado por ser inalienables e imprescriptibles. Esta medida de la zona marítimo terrestre, junto con el carácter demanial de los terrenos allí comprendidos, se reafirmó en el entonces vigente artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, de catorce de octubre de mil novecientos sesenta y uno, y se repitió en la Ley Forestal, número 4465, de veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y en la Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre, número 4558, de veintidós de abril de mil novecientos setenta. Sí debe hacerse la advertencia que, con la Ley número 4558, de veintidós de abril de mil novecientos setenta, en su Transitorio III, se desafectaron ciento cincuenta metros de los doscientos metros, después de los primeros cincuenta metros, contados a partir de la pleamar, al autorizarse a los particulares que hubiesen poseído por más de treinta años, en forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción, lotes o fincas en ese sector, a inscribirlos por medio del trámite de informaciones posesorias ante las autoridades jurisdiccionales -no administrativas-. Ante la gran cantidad de abusos que se cometieron al tenor de la vigencia de esta disposición, sea, desde el doce de mayo de mil novecientos setenta, es que se deroga mediante la Ley número 5602, de cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y uno, la cual entra en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta número 206, del catorce de octubre de ese año; sea que tuvo una vigencia de diecisiete meses y dos días. Finalmente, el dos de marzo de mil novecientos setenta y siete, se promulgó la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, número 6043, vigente hasta la fecha, que mantuvo la demanialidad de los doscientos metros a lo largo del litoral del país. En razón del anterior recuento histórico de la regulación normativa de la zona marítimo-terrestre, necesariamente debe concluirse que siempre se le dio el calificativo y trato de bien demanial (dominical, demanio o de dominio público), lo cual le hace acreedora de todas las características de la demanialidad, sea, su inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad, así como la sujeción al poder de policía en lo relativo a su uso y aprovechamiento, como lo señaló la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 7, de las quince horas cinco minutos del veinte de enero de mil novecientos noventa y tres:
"Resulta claro entonces, sin demérito del antecedente de la época colonial señalado, que desde el nacimiento de Costa Rica como Estado independiente, la reserva de terreno a los largo de ambos litorales no ha sido parte de los baldíos -las tierras realengas (sic) de la Colonia- sino que siempre ha estado sometido a un régimen jurídico distinto, el propio de los bienes de dominio público y, por lo tanto, no reducibles a propiedad privada. En la legislación sobre la materia promulgada a lo largo del siglo XX -hasta culminar con la actual Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No.6043 de 2 de marzo de 1977- se mantuvo, obviamente, el calificativo de bienes de dominio público de los terrenos comprendidos en dicha zona. Como resultado de la evolución legislativa del siglo XIX, la zona marítimo terrestre comprendía la parte de las costas de ambos mares bañadas por el flujo y reflujo, extendiéndose hasta la distancia de una milla tierra adentro. Comprendía, además, las márgenes de los ríos hasta el sitio en que fueran navegables o fueran afectados por las mareas. La legislación de este siglo fue precisando la extensión de la zona así como los elementos que formaban parte de ella, pero en ningún momento negó su carácter de bien demanial y, en consecuencia, su imprescriptibilidad e inalienabilidad; [...] De este somero estudio sobre la legislación acerca de la zona marítimo terrestre, es fácil llegar a la conclusión de que la franja de 200 metros a partir de la pleamar ordinaria a lo largo de ambas costas definida como parte de la zona marítimo terrestre por el artículo 9 de la actual Ley sobre la Zona marítimo terrestre, ha sido de dominio público -y los terrenos en ella comprendidos, bienes demaniales- desde 1828, por lo menos. Las variaciones que la legislación del siglo pasado y del presente han introducido sobre la materia nunca han desafectado en forma generalizada estos 200 metros, siendo más bien que la legislación anterior a 1942 y 1943, establecía una franja mayor en extensión -la llamada milla marítima- pero nunca menor." (Considerando II. El resaltado no es del original.)
En virtud de lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política, la zona marítimo terrestre adquiere la condición de bien demanial de la Nación, consideración que es reforzada por el artículo 3.1 de la Ley de Aguas, "Artículo 3.- Son igualmente de propiedad nacional:
I.- Las playas y zonas marítimas"; y el artículo 1° de la Ley de la Zona marítimo terrestre, en tanto dispone textualmente:
"La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta Ley." En igual sentido, se pronunció la Sala Constitucional en sentencia número 2000-10466 y 2002-3821; así como la Sección Tercera del Tribunal Contencioso, en funciones de jerarca administrativo, en resolución número 128-2001, de las ocho horas del dieciséis de febrero del dos mil uno:
"VI.- Correlativamente a lo dicho, la zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección es obligación del Estado y sus instituciones –incluidas por supuesto las Municipalidades correspondientes- e incluso de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de la Ley No. 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre." VI.- Determinada la especial afectación de la zona marítimo-terrestre, interesa ahora saber con precisión, qué bienes o áreas comprende este régimen especial de tutela jurídica. Y es la misma Ley número 6043, la que en su artículo 9 nos lo indica:
"[...] la franja de los doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar al descubierto en la marea baja.
Para los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas cuyo dominio o administración se determinen en la presente ley o leyes especiales." Asimismo, conforme al artículo 4 del Reglamento de esta Ley, Decreto Ejecutivo número 7841-P, del dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y siete, abarca:
"[...] los manglares o bosques salados que existen en los litorales continentales o insulares y esteros del territorio marítimo terrestre, constituyen Reserva Forestal y están afectados a la Ley Forestal y a todas las disposiciones ese decreto [número 7210-A, del diecinueve de julio de mil novecientos setenta y siete]. Partiendo de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de cincuenta metros de la pleamar ordinaria, comienza la zona restringida." La zona marítimo terrestre está divida en dos zonas: la pública, que comprende la faja de cincuenta metros de ancho, contados de la pleamar ordinaria, compuesta por la litoral, orilla o costa del mar que se extiende por las rías y esteros permanentes , hasta donde éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas, y presenten características marinas definidas (artículo 2 inciso h) del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo número 7841-P); y la restringida, constituida por los restantes ciento cincuenta metros. En virtud de lo anterior, son parte de la zona pública de la zona marítimo-terrestre: la ría, definida como la parte del río próxima a su entrada en el mar, y hasta donde llegan las mareas (inciso f) del artículo 2 del citado Decreto Ejecutivo número 7841-P); de manera que en relación con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley que rige esta materia, también es zona marítimo terrestre, la franja de los doscientos metros contígua a las rías; "los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar" (párrafo final del artículo 10 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre); los manglares, al tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Ley "Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional"; cuya incorporación al demanio data de mil novecientos cuarenta y dos, con la Ley de Aguas, circunstancia que impide su titulación por particulares. Se advierte que el artículo 4 del Reglamento estatuye que la zona restringida en estos casos, parte de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados, cuando éstos se extiendan por más de cincuenta metros de pleamar ordinaria; lo cual es de gran importancia, por cuanto extiende el concepto de zona marítimo terrestre a porciones del territorio nacional que puede encontrarse a kilómetros de la costa, de manera que los terrenos aledaños al manglar no pueden ser objeto de posesión legítima. En atención a la importancia ecológica de los manglares, es que el artículo 44 de la Ley Forestal, en concordancia con el 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, exigen al Ministerio de Ambiente y Energía la realización del respectivo estudio de impacto ambiental, previo al otorgamiento de cualquier permiso para su aprovechamiento; y, las islas, islotes y peñascos marítimos y los terrenos y rocas que el mar deje al descubierto en la marea baja, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley número 6043), condición que ya había sido otorgada desde en la Ley de Aguas, número 276, de veintisiete de agosto de mil novecientos cuarenta y dos en su articulo 75, al consignar "Son propiedad del Estado las islas ya formadas o que se formen en la zona marítimo terrestre o en la parte navegable de los ríos y en las rías y desembocadura"; y que mantuvo el Decreto-Ley número 11, de veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, reformado por el número 803, de dos de noviembre del siguiente año en los siguientes términos:
"[...] confirma y proclama la Soberanía Nacional sobre toda la plataforma submarina o zócalo continental e insular adyacente a las costas continentales e insulares del territorio nacional, cualquiera que sea la profundidad a que éste se encuentre, reafirmando el derecho inalienable de la Nación en todas las riquezas naturales que existen sobre, en o bajo dicho zócalo o plataforma"; y el inciso c) del artículo 7) de la Ley de Tierras y Colonización, número 2825, de catorce de octubre de mil novecientos sesenta y uno. Debe aclararse que en el caso de los peñascos, se aplica el concepto de zona pública a toda la formación natural, y en el de las islas, a los cincuenta metros contiguos a la línea de pleamar, considerándose zona restringida a los demás terrenos (artículo 10 de la Ley número 6042), salvo que exista manglar, en cuyo caso, se considera como zona pública, según lo indicado anteriormente.
VII.- DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.- Conviene recordar que la zona pública ha sido destinada para el libre uso, acceso y tránsito de todos; de manera que es nula todo permiso o concesión, así como el cobro del canon respectivo que se ubique en la zona pública de la zona marítimo terrestre (en este sentido, se puede consultar la resolución número 6424-97, de las nueve horas del diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, de la Sección Tercera de Tribunal Contencioso Administrativo), salvo aquellas que tengan un fin público, tales como "[...] la construcción de plantas industriales, instalaciones de pesca deportiva o artesanales, de obras portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o instalaciones similares, ..." (artículo 18 de la Ley 6043); cuya ubicación cerca del mar es indispensable para su debido funcionamiento. En todo caso, deben contar con las debidas autorizaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Costarricense de Turismo y la respectiva municipalidad, atendiendo, en todo caso y en todo momento, "[...] al uso público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país" (párrafo primero del artículo 22 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre).
Asimismo, tratándose del recurso natural contenido en la zona pública, se advierte que tampoco se puede explotar la flora y la fauna, cortar árboles o extraer productos de la costa, si no es con la debida autorización -permiso o concesión-, en este caso, de la Dirección de Vida Silvestre, del Ministerio de Ambiente y Energía, previo estudio de impacto ambiental, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Además, corresponde a las respectivas municipalidades el facilitamiento del acceso de las playas para el disfrute y tránsito de las personas, de manera que el gobierno local debe impedir cualquier acción limitativa que impida este libre acceso a las playas. Esta labor de fiscalización también concierne al desalojo de los invasores, e incluso, de destruir o demoler las construcciones, instalaciones u obras realizadas, ya sea que se trate de simples cercas, tugurios, puestos de venta, o casas de habitación, sin responsabilidad alguna (como lo consideró el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en resolución número 7900-98). Así, conforme al artículo 39 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, sólo es posible otorgarse concesiones en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, a cargo de las municipalidades (artículo 40 de la citada Ley); salvo en los supuestos en que exista un área silvestre protegida -reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, monumentos naturales- que conforme a los artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y 73 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, están bajo la administración del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
VIII.- DE LA OCUPACIÓN EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.- De lo dicho, queda claro que, tratándose la zona marítimo terrestre de un bien de dominio público, no resulta posible ejercer el derecho de posesión, y con ello, está vedada su titulación por parte de los particulares (administrados); y por ello, resulta jurídicamente inviable cualquier acto de traspaso o venta sobre los mismos, de donde cualquier actuación en tal sentido, sería absolutamente nula, en los términos ya señalados por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número numero 317-F-2008, de las nueve horas diez minutos del dos de mayo de dos mil ocho, que en lo que interesa manifiesta:
"[...] Por otro lado, al constituir la zona marítimo terrestre parte del patrimonio nacional perteneciente al Estado, inalienable e imprescriptible, lo cual es recogido por el numeral 7 de la ley, al indicar que los terrenos ubicados en la zona marítimo terrestre “ ... no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizarlos a su nombre, por éste u otro medio. ”; implica la imposibilidad jurídica de derivar derechos posesorios sobre dicha zona. En consecuencia, la terminología utilizada por el artículo 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es la adecuada, es decir, se refiere al mero ocupante y no al poseedor. Además, dicha condición de ocupante no puede ser transmitida a terceros, por cuanto reviste especiales condiciones que sólo esas personas –los ocupantes- tienen; por consiguiente, todo acto jurídico tendiente a traspasarla deviene en absolutamente nulo. Aceptar lo contrario implicaría quebrantar lo dispuesto por los artículos antes indicados de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su reglamento." Las anteriores consideraciones resultan pertinentes con ocasión de la la escritura número doscientos sesenta y nueve, de la notaria pública Andrea Rojas Rodríguez, visible a folio 6 del ocupación" del lote que pretende se le de en concesión la señora Luz Elena Gatgens Ávila.
IX.- DE LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE.- Conforme a la Ley que regula la materia -número 6043, del diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete- y su Reglamento -Decreto número 7841-P, se establecen los requisitos y presupuestos para el otorgamiento de permisos y concesiones en la zona marítimo terrestre, sujetándolas a los siguientes requisitos: 1.- la declaratoria o de zona turística de parte del Departamento de Concesiones del Instituto Costarricense de Turismo, siendo que en los supuestos en que se hace declaratoria no turística, únicamente procede el otorgamiento de permisos para uso agrario, que son actos unilaterales, a título precario, y que excluye la posibilidad de levantar edificaciones permanentes en el sitio; 2.- la demarcación de la zona pública de la zona marítimo terrestre con los respectivos mojones, caso contrario, debe solicitarse al Instituto Geográfico Nacional su realización; 3.- la existencia de un ordenamiento territorial costero o de plan regulador costero en caso de zona turística, que determine el uso de la zona; y un plan de uso en la zona no turística; 4.- el avalúo del lote a cargo de la Dirección General de Tributación Directa; 5.- la inspección del terreno, a cargo de personeros de la municipalidad; cuyo costo corre por cuenta del interesado; 6.- la publicación del edicto, también a cargo del interesado, a efecto de que terceros afectados o vecinos interesados puedan apersonarse ante la municipalidad para oponerse, dentro de los treinta días siguientes, y en caso de que haya oposición, debe verificarse la respectiva audiencia; y, 7.- anteproyecto de construcción consultado y aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y el Instituto Costarricense de Turismo o Instituto de Desarrollo Agrario, según corresponda; conforme a la normativa pertinente (Ley de Planificación Urbana, Reglamento de Construcciones, regulaciones del Ministerio de Salud, regulaciones ambientales); y finalmente. Además dicha normativa contiene disposiciones especiales (artículo 70 y Transitorio VII de la indicada Ley) tratándose de los pobladores pobladores o arrendantes, teniendo por tales aquellas personas que ya tenían un lote en la milla marítima antes de la vigencia de la Ley de la zona marítimo terrestre, sea, antes del dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y siete; que pagan el arriendo de esa faja de terreno; estableciendo respecto de ellos, un derecho de prioridad para el otorgamiento de futuras concesiones, de ser posible conforme a la declaratoria que haga el Instituto Costarricense de Turismo respecto del sitio (turístico o no turístico); y los ocupantes, que son aquellas personas que, sin reunir la condición de pobladores, hayan ocupado la zona marítimo terrestre, aún de forma no autorizada, con antelación a la vigencia de la Ley de la zona marítimo terrestre; que por tolerancia de la municipalidad, viven en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, pero no tienen papeles de su lote; autorizándose, de manera transitoria, el cobro de un canon, que no genera derecho alguno. Finalmente cabe advertir que la condición de poblador y ocupante no puede ser cedida, conforme a la misma normativa y según lo consideró de manera precisa la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 317-F-S1-2008, de las nueve horas diez minutos del dos de mayo de dos mil ocho.
X.- DE LA LEGALIDAD DEL RECHAZO DE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN QUE HACE LA SEÑORA GATGENS ÁVILA.- Es precisamente al tenor del incumplimiento de los presupuestos y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico -que regula la materia- para el otorgamiento de las concesiones en la zona marítimo terrestre, que este Tribunal estima que hizo bien el Concejo de la Municipalidad de Parrita de denegarle el trámite a la solicitud de la concesión que formulara Luz Elena Gatgens Ávila. En efecto, se constatan las siguientes omisiones:
1.- No hay claridad en el inventario del patrimonio natural del Estado en la zona; y consecuentemente, no está demarcada adecuadamente la zona pública de la zona marítimo terrestre, por cuanto, como se observa del informe rendido por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en tal sentido, ver oficios ACOPAC-D-1210-10, del veintisiete de setiembre del dos mil diez, y ACOPAC-OT-050-10, del veinticinco de octubre del dos mil diez, a folios 77 y 78, respectivamente), se está actualizando el inventario de la zona, labor que no está concluida, según se refiere; y además, no están completos los mojones que sirven de referencia a la demarcación del lote, al faltar el número 501, según se desprende del reporte de la inspección realizada el veintisiete de octubre último, por Róger Delgado Jiménez, encargado de la Unidad de visados de Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Área del Pacífico Central; y, 2.- No se acompaña la solicitud de concesión con el respectivo plano catastrado o croquis del lote requerido en concesión, en el que se indique, no sólo la identificación del terreno sino su ubicación, en los términos requeridos por el inciso b) del artículo 30 del Reglamento de la Ley de la zona marítimo terrestre, por cuanto, como se indica en el oficio ACOPAC-D-1210-10, la solicitud que se hace se acompaña de un croquis del lote requerido, pero con la indicación de que se ubica en playa Bejuco, distrito Parrita, cantón de Aguirre, Provincia de Puntarenas, cuando es lo cierto que más bien está en el cantón de Aguirre, circunstancia que hace desmerecer el croquis, no pudiendo tenerse como plano catastrado, por ser un "error muy importante", según se indica, que hace evidente, que no pueda tenerse como base o sustento de la solicitud.
La demarcación del patrimonio natural del Estado, en la zona en que se pretende obtener la concesión y su demarcación mediante mojones colocados por el Instituto Geográfico Nacional son requisitos sine qua non para el trámite de este tipo de solicitudes, de conformidad con el artículo 38 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, lo que resulta conteste con el numeral 41 ídem, que prevé que las concesiones serán únicamente para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, es decir de aquellas áreas determinadas previamente en dicho plan. Cabe entender que si el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones aún no ha realizado la demarcación forestal de esa porción territorial, no es posible entonces saber si dichas áreas son de aptitud forestal y deberán ser administradas por esa Dependencia Ministerial o si pueden ser dadas en concesión por las Municipalidades; sobre todo porque de acuerdo con el croquis aportado (visible a folio 2) y la misma solicitud (a folio 7), el lote colinda con un manglar en los cuatro puntos cardinales, aspecto de suyo relevante que a no dudarlo habrá de ser considerado en su oportunidad, al momento de hacerse la demarcación respectiva. Cabe indicar que resulta indispensable que la zona haya sido amojonada por el Instituto Geográfico Nacional y que cuente con declaratoria de aptitud turística, por parte del Instituto Costarricense de Turismo, en los términos de los numerales 27 y 42 de la Ley 6043, antes citada; y se observa que el croquis visible a folio 2 de este expediente, ni siquiera acredita el amojonamiento, ni hay constancia de que el Instituto de Turismo haya hecho la declaratoria correspondiente, razón demás para tener como acertada la decisión de la Municipalidad de Aguirre, de archivar la petición planteada por la aquí interesada. Nótese que se trata en estos dos casos, de presupuestos esenciales para la presentación de una solicitud como la que aquí se conoce, sin los cuales, no es posible tramitar gestión alguna de los particulares Con lo cual, este órgano colegiado estima oportuno señalar, que la falta de presupuestos mínimos para dar trámite a una solicitud de concesión, como lo son el plan regulador, la demarcación forestal, el amojonamiento y la declaratoria de aptitud turística, que precisamente habilitan a las entidades locales para ordenar el archivo inmediato de esas diligencias, pues se trata de elementos sustanciales de orden legal, cuya inexistencia torna inadmisible la gestión. Por otro lado, lo dicho hasta ahora ha de mantenerse, aún en el supuesto de que la persona interesada haya cumplido al momento de hacer la solicitud, con los requerimientos formales y con la presentación de documentos que cada municipalidad exige -lo que se ha visto que no sucede en este caso-, pues no se trata simplemente de cumplir con los aspectos formales de la gestión, sino más bien y ante todo, con los de orden sustancial -como los que se echan de menos en este asunto-, sin los cuales no puede la corporación local respectiva, emitir un pronunciamiento de fondo. Al no haber ulterior recurso contra esta decisión, debe tenerse por agotada la vía administrativa.”
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