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OutcomeResultado
The family court granted the appeal, decreed the divorce on the grounds of psychological cruelty, declared the defendant the guilty spouse, and released the plaintiff from the obligation to provide spousal support.El tribunal de familia declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la actora, decretó el divorcio por sevicia psicológica, declaró al demandado cónyuge culpable y exoneró a la actora de la obligación de prestar alimentos.
SummaryResumen
This family court ruling analyzes whether divorce based on psychological cruelty is appropriate in a context of gender-based violence. The court holds that in domestic violence cases, a redistribution of the burden of proof applies due to the structural inequality between the parties and the hidden nature of such conduct. The victim need only prove the relationship and provide some evidence of violence, while the aggressor must rebut the accusation. The concept of cruelty is redefined, moving away from requiring excessive cruelty or specific intent, instead focusing on the aggression itself as a violation of human dignity and the right to live free from violence, consistent with the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women. The court also recognizes the fundamental right to freedom of civil status and the availability of the marriage bond, criticizing the idea that civil status cannot be waived as a remnant of canonical indissolubility incompatible with a democratic state. Divorce is granted, and the plaintiff is relieved of any spousal support obligation toward the guilty spouse.Este voto de un tribunal de familia analiza la procedencia del divorcio por sevicia psicológica en un contexto de violencia de género. El tribunal establece que, en casos de violencia doméstica, opera una redistribución de la carga de la prueba debido a la desigualdad estructural entre las partes y la naturaleza oculta de estas conductas. La víctima solo debe acreditar el vínculo y un indicio de violencia, mientras que el agresor debe desvirtuar la acusación. Se redefine el concepto de sevicia, apartándose de la exigencia de crueldad excesiva o dolo específico, para centrarlo en la agresión misma contra la dignidad humana y el derecho a vivir libre de violencia, conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El tribunal también reconoce el derecho fundamental a la libertad de estado y la disponibilidad del vínculo matrimonial, criticando la idea de indisponibilidad del estado civil como un resabio de la indisolubilidad canónica incompatible con un Estado democrático. Se declara el divorcio y se exonera a la actora de la obligación alimentaria hacia el cónyuge culpable.
Key excerptExtracto clave
IX.- CRUELTY AS A GROUND FOR DIVORCE. As the basis for her claim, the plaintiff alleged cruelty, provided for in subparagraph 4 of Article 48 of the Family Code. This requires the classification of the proven facts, for which it is necessary to first define the scope of that indeterminate legal concept. Both in doctrine [see, among others, TREJOS, Gerardo (1982). Costa Rican Family Law. San José: Editorial Juricentro, S. A., pp. 271-273] and in national case law [see, among others, Second Chamber rulings No. 131 of 9:30 a.m. on June 27; 143 of 4:10 p.m. on July 4; 213 of 10:00 a.m. on September 24, all from 1997; 2001-119 of 9:00 a.m. on February 16, 2001; 2005-324 of 9:08 a.m. on May 11, 2005; 2006-1160 of 9:50 a.m. on December 22, 2006; and 2007-769 of 9:05 a.m. on October 12, 2007] references to cruel treatment and the intention or purpose of causing suffering are common as key elements of that notion. The emphasis on those aspects undoubtedly reflects a certain conception of marriage and the social roles assigned to married women. [...] The objective and subjective evolution of human rights law makes it imperative to require full and complete respect between both spouses as an essential element of marital life and stability, and to redefine cruelty as linked, on the one hand, to the right of every woman—and, more broadly, of every person—to live free from any form of violence, recognized, in the case of women, in the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women, which is part of our legal system and, due to its human rights content, forms part of the constitutional parameters that judges must apply as a priority (Article 48 of the Political Constitution), and, on the other hand, to the construct of "violence against women," whose development has occupied various disciplines in recent times. [...] As a consequence, today it is necessary to center the concept of cruelty on the aggression itself and, above all, on the principle that nothing justifies engaging in such reprehensible conduct, rather than emphasizing the conscious intention ("intent") of the perpetrator or the extent of the damage caused ("excessive cruelty").IX.- LA SEVICIA COMO CAUSAL DE DIVORCIO. Como fundamento de su demanda, la actora alegó la causal de sevicia, prevista en el inciso cuarto del artículo 48 del Código de Familia. Eso hace necesaria la calificación de los hechos probados, para lo cual es preciso delimitar, en primer término, los alcances de ese concepto jurídico indeterminado. Tanto en la doctrina [ver, por todos, TREJOS, Gerardo (1982). Derecho de Familia costarricense. San José: Editorial Juricentro, S. A., pp. 271-273] como en la jurisprudencia nacionales [ver, entre otros, los votos de la Sala Segunda N.os 131, de las 9:30 horas del 27 de junio; 143, de las 16:10 horas del 4 de julio; 213, de las 10 horas del 24 de setiembre, los tres de 1997; 2001-119, de las 9 horas del 16 de febrero de 2001; 2005-324, de las 9:08 horas del 11 de mayo de 2005; 2006-1160, de las 9:50 horas del 22 de diciembre de 2006 y 2007-769, de las 9:05 horas del 12 de octubre de 2007] es habitual encontrar referencias a la crueldad del trato y a la intención o propósito de hacer sufrir como elementos clave de esa noción. El énfasis en esos aspectos refleja, sin duda, una determinada concepción sobre el matrimonio y los roles sociales atribuidos a las mujeres casadas. [...] La evolución objetiva y subjetiva que ha experimentado el derecho de los derechos humanos hace impostergable exigir el pleno y cabal respeto entre ambos cónyuges como elemento esencial de la vida y de la estabilidad conyugal y redefinir la sevicia para entenderla vinculada, por un lado, con el derecho de toda mujer y, en forma más amplia, de toda persona a vivir libre de cualquier forma de violencia, reconocido, en el caso de la primera, en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por su contenido en materia de derechos humanos, integra el parámetro de constitucionalidad que los jueces y las juezas debemos aplicar prioritariamente (artículo 48 de la Constitución Política) y, por el otro, con el constructo "violencia contra la mujer", cuyo desarrollo en los últimos tiempos ha ocupado a distintas disciplinas. [...] Como consecuencia de todo ello, en la actualidad es preciso centrar el concepto de sevicia en la agresión misma y, sobre todo, en el principio de que nada justifica incurrir en esa reprochable conducta, en lugar de enfatizar en la intención conciente ("dolo") de su autor o en la cuantía del daño producido ("excesiva crueldad").
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"Redistribuir es atribuir de modo diverso y hacer recaer el peso de la prueba de modo diferente al tradicional, considerando la disparidad en la que se encuentran quienes conforman una relación de pareja cuando media una dinámica de violencia en perjuicio de uno de sus miembros."
"Redistribution means to attribute in a different manner and to place the weight of proof in a way different from the traditional one, considering the disparity in which those forming a couple relationship find themselves when there is a dynamic of violence to the detriment of one of its members."
Considerando VII
"Redistribuir es atribuir de modo diverso y hacer recaer el peso de la prueba de modo diferente al tradicional, considerando la disparidad en la que se encuentran quienes conforman una relación de pareja cuando media una dinámica de violencia en perjuicio de uno de sus miembros."
Considerando VII
"Es preciso centrar el concepto de sevicia en la agresión misma y, sobre todo, en el principio de que nada justifica incurrir en esa reprochable conducta, en lugar de enfatizar en la intención conciente ('dolo') de su autor o en la cuantía del daño producido ('excesiva crueldad')."
"It is necessary to center the concept of cruelty on the aggression itself and, above all, on the principle that nothing justifies engaging in such reprehensible conduct, rather than emphasizing the conscious intention ('intent') of the perpetrator or the extent of the damage caused ('excessive cruelty')."
Considerando IX
"Es preciso centrar el concepto de sevicia en la agresión misma y, sobre todo, en el principio de que nada justifica incurrir en esa reprochable conducta, en lugar de enfatizar en la intención conciente ('dolo') de su autor o en la cuantía del daño producido ('excesiva crueldad')."
Considerando IX
"La lectura que se ha hecho sobre la prueba de las causales de divorcio, además de contraria a un derecho fundamental, no responde a ningún parámetro de razonabilidad que pueda justificar su limitación."
"The interpretation that has been made regarding the proof of grounds for divorce, in addition to being contrary to a fundamental right, does not meet any standard of reasonableness that could justify its limitation."
Considerando XIII
"La lectura que se ha hecho sobre la prueba de las causales de divorcio, además de contraria a un derecho fundamental, no responde a ningún parámetro de razonabilidad que pueda justificar su limitación."
Considerando XIII
"La indisponibilidad del estado civil en un Estado democrático de derecho [...] se trata de un resabio de la indisolubilidad matrimonial, elevada a la categoría de dogma por el derecho canónico en la tardía Edad Media y defendida, aún hoy, por la iglesia católica."
"The inalienability of civil status in a democratic rule-of-law state [...] is a remnant of the indissolubility of marriage, elevated to the level of dogma by canon law in the late Middle Ages and defended, even today, by the Catholic Church."
Considerando XIII
"La indisponibilidad del estado civil en un Estado democrático de derecho [...] se trata de un resabio de la indisolubilidad matrimonial, elevada a la categoría de dogma por el derecho canónico en la tardía Edad Media y defendida, aún hoy, por la iglesia católica."
Considerando XIII
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VII.- BURDEN OF PROOF (ONUS PROBANDI) AND GENDER-BASED VIOLENCE. In the prohibition of discrimination and gender-based violence, the question of its proof occupies a strategic place, especially if one takes into account that, in general terms, we are in the presence of illegitimate behaviors that are socially invisibilized and naturalized and that the person who engages in them usually takes a series of precautions to leave no evidence of their occurrence or, simply, to distort them and downplay their significance. Hence, in order to sanction and eradicate them, it is necessary to confront, in particular, the concealment strategies of their author, which cannot be placed on the victim because that would mean perpetuating the violation of her fundamental rights. For this reason, specialized doctrine and States have developed a series of rules and principles in relation to the burden of proof (onus probandi), which starts from the evident social inequality between the parties that mediates in such cases. In the European Union sphere, for example, Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC establish that, in civil matters, the person who considers herself a victim of discrimination must only prove those facts that allow its existence to be presumed, while the defendant has the burden of demonstrating that she has not infringed the principle of equal treatment. In our judgment, these rules are applicable in matters such as this one, not only because they can be considered a development of what is provided for by numeral 317 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), but also because a correct exegesis of the applicable international regulations in Costa Rica so requires. Consequently, and since this involves, as indeed it does, the most severe violation of human rights recorded in the country, one must start from the presumption of the truthfulness of the complaint and apply here the redistribution of the burden of proof. To redistribute is to attribute in a diverse manner and to place the weight of the proof differently from the traditional way, considering the disparity in which those who form a couple relationship find themselves when a dynamic of violence to the detriment of one of its members mediates. The victim's social position of inferiority is notorious and, for that reason, this imbalance must be corrected by attributing a greater evidentiary burden to the aggressor. As a consequence of this, the transfer of the complaint translates into a warning that its content will be taken as true if the sued person does not answer it and, in the event that no specific response is given to each of its points, that lack of express contradiction implies a tacit acknowledgment on her part. The person who brings the action has only the burden of proving the existence of the bond and some indicative element of the alleged violence, without this implying, of course, an impediment or absolute exoneration from proving, in a complementary manner, the various facts she claims. The sued person has the responsibility of discrediting the credibility or the account of the plaintiff and, in case of doubt, what is most favorable to the victim's thesis must be chosen. As the Third Chamber (Sala Tercera) has accurately pointed out, in a matter as restrictive as criminal law, “(…) domestic violence (violencia intrafamiliar) is a first-order problem in our country, which constitutes a whole challenge for the jurisdictional work that intervenes in said problem. This means nothing more than that each episode must be assessed in light of the rules of experience and psychology, which in this field have special rules, which have been built thanks to studies and the contribution of victims and people who have dedicated themselves to addressing this problem. What has been said means that there must be a special reading of the events that is precisely that which comes from the very context in which it occurs, namely, domestic violence, the relations of power and domination, the socio-cultural component that exists behind each episode and that allows visualizing a pattern of control, of domination – which contributes to understanding and assessing the conduct of the aggressor – and a role of recipient of the aggression – which contributes to understanding and assessing the conduct of the victims. Unquestionably behind each event of aggression there are social, cultural, political factors, which are present and which must be visualized and taken into consideration by the judges. With what has been said (…) the need is noted to take into account the situation of violence itself and to see beyond, to search for the background of the facts, what their antecedents are, what type of relationship exists and preceded the event being analyzed, how the power relations between those involved have manifested themselves, and how all these factors are useful for correctly judging the case, as a product of a context determined by the actors themselves and the relationship that mediates between them. Of course, an episode of domestic aggression cannot be assessed with the same criteria as those of a street fight, occurring between strangers or unknowns, and this is what the Chamber [and this Court] wants to highlight, regarding the claim being heard.” (Vote No. 2003-982, of 10:05 a.m. on October 31, 2003).-[…]
IX.- CRUELTY (SEVICIA) AS A GROUND FOR DIVORCE. As a basis for her complaint, the plaintiff alleged the ground of cruelty (sevicia), provided for in subsection four of Article 48 of the Family Code (Código de Familia). This necessitates the qualification of the proven facts, for which it is necessary to delimit, in the first place, the scope of that undefined legal concept. Both in national doctrine [see, for all, TREJOS, Gerardo (1982). Derecho de Familia costarricense. San José: Editorial Juricentro, S. A., pp. 271-273] and in jurisprudence [see, among others, the votes of the Second Chamber (Sala Segunda) Nos. 131, of 9:30 a.m. on June 27; 143, of 4:10 p.m. on July 4; 213, of 10:00 a.m. on September 24, all three from 1997; 2001-119, of 9:00 a.m. on February 16, 2001; 2005-324, of 9:08 a.m. on May 11, 2005; 2006-1160, of 9:50 a.m. on December 22, 2006 and 2007-769, of 9:05 a.m. on October 12, 2007] it is usual to find references to the cruelty of the treatment and to the intention or purpose to cause suffering as key elements of that notion. The emphasis on these aspects reflects, without a doubt, a certain conception of marriage and the social roles attributed to married women. As Gerard COLL-PLANAS, Gloria GARCÍA-ROMERAL MORENO, Carmen MAÑAS RODRÍGUEZ, and Carmen NAVARRO-VARAS well indicate [Cuestiones sin resolver en la Ley integral de medidas contra la violencia de género: las distinciones entre sexo y género, y entre violencia y agresión. Papers: Revista de Sociología, Barcelona: 87, I four-month period, 2008, 187-204], "This approach [of extreme cases] contributes to the consolidation and reproduction of the position of men and women, because it individualizes the problem, hiding its structural root, and reifies it, by presenting them as insurmountable, as if it were explained by the 'nature' of men and women instead of by a determined configuration of the relations between the sexes that it is possible to change." Hence, it is imperative to overcome it because, without a doubt, it is tributary to an idea of the marital relationship and, in general, of the couple relationship that, instead of having the fundamental rights of those who participate in it as its basic ethical referent, places the accent on the depositing, generally in women, of the responsibility to preserve affective bonds even at the cost of their own integrity and dignity. The objective and subjective evolution that human rights law has undergone makes it urgent to demand full and complete respect between both spouses as an essential element of life and conjugal stability and to redefine cruelty (sevicia) to understand it linked, on the one hand, with the right of every woman and, more broadly, of every person to live free from any form of violence, recognized, in the case of the former, in the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), which forms part of our legal system and, due to its content on human rights matters, integrates the parameter of constitutionality that judges must apply preferentially (Article 48 of the Political Constitution (Constitución Política)) and, on the other hand, with the construct "violence against women," whose development in recent times has occupied different disciplines. In its Article 3, that international instrument textually provides that "Every woman has the right to a life free from violence, both in the public and in the private sphere.” In this way, a fundamental right is established in favor of women, which obliges the State to provide them with immediate and effective protection against any act of violence committed against them and prevents, on the one hand, justifying it under any hypothesis and, on the other, failing to grant it its indisputable social and legal significance under the pretext, for example, that it is insignificant. Article 4 thereof establishes that “Every woman has the right to the recognition, enjoyment, exercise, and protection of all human rights and the freedoms enshrined by regional and international instruments on human rights. These rights include, among others: a. the right to have her life respected; b. the right to have her physical, mental, and moral integrity respected; c. the right to personal liberty and security; d. the right not to be subjected to torture; e. the right to have the inherent dignity of her person respected and her family protected; f. the right to equal protection before the law and of the law; g. the right to a simple and prompt recourse before competent courts, that protects her against acts that violate her rights (...)." These norms must find significant development both in ordinary legislation and in the interpretation and application made thereof; all activities that cannot ignore the fact that violence is a typical violation of the fundamental rights of persons, specifically, of the rights to life, health, and physical and psychological integrity, with the potential to cause irreversible damage to those who experience it in the position of victims. In other words and for what is relevant here, the customary conception of cruelty (sevicia) does not conform to the principle of human dignity and the recognition of the personhood of everyone, characteristic of this historical moment, and ignores that the couple relationship and family life must be spaces for encounter, fulfillment, autonomy, and the adequate development of human beings, rather than an instrument to subject them to humiliations of any kind under the pretext of affective closeness and the preservation of bonds. As Encarna ROCA points out [Familia y cambio social (de la "casa" a la persona). Madrid: Civitas Ediciones, S. L., 1999, p. 86], "(...) it must be concluded that in a system based on the protection and consequent effectiveness of fundamental rights, the function of Family Law must be to prevent that the conflicts that occur within the group may come to injure the fundamental rights of any of its members. Because belonging to a family does not imply the loss or diminution of any right. This is the main justification for the norms and it is also the justification for their characteristics: the imperative nature and the intervention of the Judge as a form of control of the system's effectiveness." As a consequence of all this, nowadays it is necessary to center the concept of cruelty (sevicia) on the aggression itself and, above all, on the principle that nothing justifies engaging in that reprehensible conduct, instead of emphasizing the conscious intention ("dolo") of its author or the amount of damage produced ("excessive cruelty"). If one does not proceed in this manner, aggressions against women would be assessed in an openly sexist way, perpetuating, among other things, the prevailing gender order [see FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Concepción (1990). El concepto de agresión en una sociedad sexista. In Virginia Maqueira and Cristina Sánchez (compilers). Violencia y sociedad patriarcal. Madrid: Editorial Pablo Iglesias, pp. 17-28].- X.- QUALIFICATION OF THE PROVEN FACTS. From the indicated perspective, it is necessary to conclude that both the assertions about the facts on which Mrs. M. based her claim and that she has been a victim of psychological cruelty (sevicia) were proven. Their gravity and intensity are unquestionable. Consequently, having suffered repeated, progressive, systematic, and multi-offensive behaviors, committed by her husband, it is illegitimate for the State to deny her rights to legally disassociate herself from the person who has treated her in that reprehensible manner and to recover her freedom of status. Thus, the appellant is correct when she criticizes that, for the sake of maintaining family unity, the First Instance Court (Juzgado de primera instancia) seems to require her to endure the mortifying words used by her husband to refer to her and has ignored that she holds the fundamental rights to respect for her honor and her human dignity. What is appropriate, then, is to decree the divorce as requested and to order the registration of this judgment in the Marriage Registry of the Province of Alajuela, in volume xxx, folio xxx, entry xxx, which must be verified through an executory order once it has become firm. The defendant must also be declared the guilty spouse regarding the alleged cruelty (sevicia) and, by express provision of numeral 173 of the Family Code (Código de Familia), his wife must be exonerated from the obligation to provide him with support. For the reasons explained in the following sections, an additional basis for the declaration of the dissolution of the bond between the parties is that, in his response brief, Mr. B. expressed the following: “By virtue of the disagreements and different way of thinking between the plaintiff and my client, there is no inconvenience in declaring the marital bond dissolved as requested.” (Folio 99). That statement was reiterated in his closing argument, visible at folios 357-359.- XI.- THE FUNDAMENTAL RIGHT TO MARRY AND ITS ESSENTIAL CONTENT. As a response to the requirements of family consent contained in the Civil Codes of the 19th century and a corollary of the need to eliminate irrational obstacles to its provision, the right to marry achieved fundamental status after the Second World War. In its Article 16, the Universal Declaration of Human Rights, recognizes that "Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution." Article 17 of the American Convention on Human Rights (Convención americana sobre Derechos Humanos), approved by Law No. 4534 of February 23, 1970, expresses itself in similar terms and imposes on the States the duty to adopt the appropriate measures to ensure the right, as well as the adequate equivalence of responsibilities of the spouses regarding marriage, during it, and in case of its dissolution. Finally, Article 23 of the International Covenant on Civil and Political Rights, approved by Law No. 4229 of December 11, 1968, "2. (…) recognizes the right of the man and woman to contract marriage and to found a family if they have the age for it. 3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses. 4. The States Parties to this Covenant shall take appropriate measures to ensure the equality of rights and responsibilities of both spouses as to marriage, during marriage, and at its dissolution. In case of dissolution, measures shall be adopted to ensure the necessary protection of the children." It is in the United States, starting from the case Loving vs. Virginia (388 U.S. 1, 12 [1967]), that the theory of the right to marry as fundamental is introduced more clearly. In that case, the Supreme Court declared that “(…) the freedom to marry has long been recognized as one of the vital personal rights, essential to the orderly pursuit of happiness by free men (sic). Marriage is one of the fundamental rights of man (sic). According to the Constitution, the freedom to marry or not marry a person (…) resides with the individual and cannot be infringed by the State.” [Cited by ROCA, Encarna (1999). Familia y cambio social (De la “casa” a la persona). Madrid: Civitas Ediciones, S. L., p. 94]. In Costa Rica, based on the provisions of the cited international norms and Article 52 of the Political Charter (Carta Política), the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has recognized this condition and has established that it cannot be unreasonably impeded or hindered by the State (votes Nos. 3693-94, of 9:18 a.m. on July 22, 1994 and 4287-95, of 3:15 p.m. on August 3, 1995). If this is so, the hermeneutic principles pro homine and pro libertate always oblige interpreting the norms that regulate it in the manner most favorable to its holder and its full validity. On the other hand, as Magistrate Adrián Vargas Benavides pointed out in his courageous dissenting vote contained in the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 2006-7262, of 2:46 p.m. on May 23, 2006, “(…) it must not be set aside that progressiveness is an inherent quality of fundamental rights, positively enshrined in Article 26 of the American Convention on Human Rights, and which has been recognized by the Chamber on several occasions, making it necessary to interpret the norms that recognize fundamental rights in a broad and prospective manner, without allowing setbacks in this matter.” The fundamental right to marry derives, ultimately, from the right to liberty; it is configured as individual, subjective, and instrumental with respect to the free development of personality, affectivity, and sexuality and is manifested in various consequences, such as the free choice of one's own spouse, the form in which the bond is to be constituted, and the right not to remain married [LABACA ZABALA, Mª Lourdes (2007). El derecho a contraer matrimonio en la Constitución española. Ambito Jurídico, Rio Grande: 39, March 31. Retrieved June 16, 2008, from http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php? n_link=revista_artigos_leitura&artigo_ id=1722 and ROCA, op. cit., p. 99]. From all this, it is deduced that the legal system will grant special and privileged protection to marriage, provided that it truly contributes to the personal fulfillment of the spouses in liberty and equality and is the channel through which their fundamental rights can be developed. In this context, already from Athenian Law, alongside its function as a necessary sanctioning mechanism in the face of the guilt of one of the spouses, the dissolution of the bond is also conceived as an escape valve in the face of a critical marital situation, manifested in an irreparable disunion, which it seeks to resolve. As Emiliano J. BUIS indicates (Matrimonios en crisis y respuestas legales: el divorcio unilateral o de común acuerdo en el derecho ateniense. Faventia: Revista de filología clásica, Barcelona: vol. 25, No. 1, 2003, 9-29. Retrieved June 9, 2009, from http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=645785) “(…) marriages in crisis constitute an undeniable problem that every legal system, archaic or current, proposes to regulate.” Divorce thus appears as that inescapable legal response which, unlike mere de facto separation, produces two fundamental effects: on the one hand, it extinguishes the legal relations of the dissolved marriage and, on the other, it allows the former spouses to subject a possible future relationship to the rules of civil marriage, with which, in addition to forming part of its essential content, it is also instrumental with respect to the right in question.- XII.- FREEDOM OF STATUS AS A DISPOSABLE RIGHT. Certainly, Article 1376 of the Civil Code (Código Civil) continues to provide that “No settlement (transacción) may be made on the civil status of persons, nor on the validity of marriage; but although the settlement does not entail acquisition or loss of status, a settlement may be made on the pecuniary rights that could be deduced from the declaration of civil status in favor of a person.” However, it is obvious that this norm, when analyzed from the perspective of the fundamental right to marry and, in particular, from the prevailing social reality, cannot be applied in the terms in which it is drafted. The introduction of divorce and judicial separation by mutual consent in family legislation implied its first tacit modification, because, otherwise, it would not be possible to recognize the possibility of the spouses to dispose, as they do, of their civil status. The need to meet certain requirements to do so does not nullify that conclusion. Identical results are reached if what is considered is the right to solve conflicts peacefully and the practice of conciliation in this matter. If civil status were truly non-waivable (indisponible), it would not be admissible to allow that way of concluding a litigation and, of course, it would be imperative to eradicate all jurisdictional activity that promoted or permitted it. Finally, the recognition of the right to freedom of status as an integral part of the fundamental right to marry dealt a great blow to that idea, a fact which acquires definitive features with the cited Law No. 7532, of August 8, 1995, which added subsection 8) to numeral 48 of the Family Code (Código de Familia) and introduced de facto separation as a ground for divorce. As Eduardo A. ZANNONI accurately points out (Derecho de Familia, Buenos Aires: Editorial Astrea, third edition, volume I, 1998, p. 66) “(…) the divorce trial – or personal separation – that is based on the alleged voluntary interruption of cohabitation without will to unite, is excluded from the classic inquisitorial process that procedural doctrine recognized as the most suitable for settling controversies concerning the status of persons, because the substantial relationship was deemed non-disposable for the parties. The recognition of the facts, and the confession, as sufficient proof of the fact of separation alleged by the plaintiff (sic) means that the substantial relationship itself is disposable. Paraphrasing the traditional teachings, we can maintain that in this trial the litigious object corresponds to a material right of which the spouses can freely dispose. And in this, incidentally, a significant sphere is shown that private autonomy has gained for itself, within matrimonial law, for the solution of the conjugal conflict”. Consequently, in our criterion, it is sufficient to consider the ground for divorce alleged in this matter proven if the defendant acquiesces, is declared in default, or is deemed confessed. It must be clear, however, that this possibility of dissolving the marital bond by the will of the spouses does not translate into a total break with the concept of public order but rather its resignification. What remains non-disposable are the rights of minor children under eighteen years of age, as well as the legal attribution of duties and obligations regarding them [Cf.: GÜITRÓN FUENTEVILLA, Julián (2005). El orden público en el Derecho familiar mexicano. México, D. F.: paper presented at the Legal Research Institute of the National Autonomous University of Mexico, within the framework of the International Congress of Family Law: Cultures and comparative legal systems, November 22 to 24, 33 pp. Retrieved October 20, 2007, from http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/familia/pdf/15-147s.pdf]. Hence the intervention of the State through the jurisdictional process.-
XIII.THE NON-WAIVABILITY OF CIVIL STATUS IN A DEMOCRATIC STATE GOVERNED BY THE RULE OF LAW. A separate comment is warranted regarding the origin of the classic idea of the non-waivability of civil status, which, despite what has been noted, continues to be the majority view in Costa Rican judicial bodies. It is, without doubt, a vestige of matrimonial indissolubility, elevated to the category of dogma by canon law in the late Middle Ages and defended, even today, by the Catholic Church. If that is so, the confusion between the legal and the religious spheres is more than evident and untenable in a State that is unable to impose a particular morality on the population if it is committed to and governed by the democratic principle and the fundamental right to freedom of worship. In Chile, within the framework of the discussion that opened when, recently, binding divorce was regulated, Enrique BARROS BOURIE (La Ley Civil ante las rupturas matrimoniales. Estudios públicos, Chile: 85, summer, 2002, pp. 6-15. Retrieved June 17, 2008, from http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3017.html) expressed himself with enviable sharpness in the following terms: “An ancient doctrine of natural law, which has been repeatedly invoked in the discussion about divorce, establishes in essence that in matters fundamental to coexistence, civil law must be founded on the moral principles that provide for the good of society and of individuals. Correspondingly, marriage is conceived as an institution of natural law in a double sense: because it has not been created by civil law, but rather is pre-existing to the organization of the State; and because it favors the perfection of the spouses and of the children and contributes to the general good of society. / From these premises a stronger doctrine has been inferred, namely that marriage is indissoluble according to natural law, since only (sic) in that way could it fulfill its purposes. In a sacramental dimension, this rule has been energetically sustained from early times by canon law, a clear difference between the Catholic Church and the other Christian churches, including the Greek Orthodox. From this it has followed, almost mechanically, that the recognition of marriage as an institution essential for human happiness and perfection excludes the acceptance of divorce by civil law. (...) First of all, in a pluralistic society, where marriage lacks the sacramental dimension conferred upon it by canon law, a certain differentiation between the legal and the moral is inevitable. This is shown in that nothing attacks authentic religiosity more directly than its politicization. For that reason, one should not pretend that civil law is an exact reflection of the strongest convictions. To this is added that this pretense is also risky, because once accepted the threat arises that customs will be left to the extensive control of the public apparatus (which by nature is the fundamentalist or totalitarian ideal, depending on whether that pretense has a religious or purely political foundation). (...) Hence, no matter how strong our normative convictions regarding the institution of marriage, the task of law cannot be limited to expressing those beliefs. Its typical function is rather to provide rules for resolving the conflicts that follow from rupture, abandonment, and other undesired evils. From the usually desolate reality of rupture follows the need for just and effective norms that regulate the custody of the children, the economic duties of separated spouses, and the legal effects of the formation of new couples who aspire to be permanent. (...) Ultimately, the question is whether civil law should observe indissolubility as an axiomatic principle, as it has done until now (fruitlessly, moreover). Or whether, on the contrary, it should start from the observation that due to a lack of lucidity or simply because man (sic) often fails in his most delicate undertakings, matrimonial rupture is a recurrent evil, which risks, once produced, becoming a greater evil. My inclination is to think, from a normative perspective, that civil law should limit itself to ensuring that the evil of matrimonial rupture does not grow. The maintenance (sic) of a legal shell devoid of relational content makes it difficult for the rupture, which precedes any interference of the law, to occur with the minimum of human cost.” When dealing with a fundamental right, the final reasoning of the cited author finds support in the so-called substantive due process, from which derives the requirement of reasonableness for any legal norm, act, practice, or interpretation. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has rightly noted that “An act that limits rights is reasonable when it meets a triple condition: it must be necessary, suitable, and proportional. The necessity of a measure makes direct reference to the existence of a factual basis that makes it essential to protect some good or set of goods of the community—or of a specific group—through the adoption of a differentiation measure. That is, if said action is not carried out, important public interests will be harmed. If the limitation is not necessary, it cannot be considered reasonable, and hence constitutionally valid. Suitability, for its part, involves a judgment regarding whether the type of restriction to be adopted fulfills or not the purpose of satisfying the detected need. The unsuitability of the measure would indicate to us that other mechanisms may exist that better solve the existing need, some of which could fulfill the proposed purpose without restricting the enjoyment of the right in question. For its part, proportionality refers us to a judgment of necessary comparison between the purpose pursued by the act and the type of restriction that is imposed or intended to be imposed, so that the limitation is not of a markedly greater magnitude than the benefit that is intended to be obtained with it for the benefit of the community. Of the last two elements, it could be said that the first is based on a qualitative judgment, while the second stems from a quantitative comparison of the two objects analyzed." (Voto 8858-98, at 16:33 hours on December 15, 1998, reiterated in Voto 2001-378, at 14:37 hours on January 16, and in Voto 2001-3192, at 10:10 hours on April 25, both of 2001). In our judgment, it is obvious that the reading that has been given to the proof of divorce grounds, besides being contrary to a fundamental right, does not meet any parameter of reasonableness that could justify its limitation. Consequently, we depart from what has traditionally been resolved, which, in any case, does not constitute binding jurisprudence (article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional).
“VII.- ONUS PROBANDI Y VIOLENCIA DE GÉNERO. En la prohibición de la discriminación y la violencia de género, la cuestión de su prueba ocupa un lugar estratégico, sobre todo si se toma en cuenta que, en términos generales, se está en presencia de comportamientos ilegítimos socialmente invisibilizados y naturalizados y que, quien incurre en ellos, suele tomar una serie de previsiones para no dejar evidencia de su ocurrencia o, simplemente, para desvirtuarlos y restarles trascendencia. De ahí que para poder sancionarlos y erradicarlos sea necesario enfrentar, en particular, las estrategias de ocultación de su autor, lo que no puede depositarse en la víctima pues eso significaría perpetuar la vulneración de sus derechos fundamentales. Por eso, la doctrina especializada y los Estados han elaborado una serie de reglas y principios en relación con el onus probandi, que parte de la evidente desigualdad social entre las partes que media en tales supuestos. En el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, las directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE establecen que, en materia civil, la persona que se considere víctima de una discriminación debe acreditar únicamente aquellos hechos que permiten presumir su existencia, en tanto que a la parte demandada le incumbe demostrar que no ha infringido el principio de igualdad de trato. A nuestro juicio, esas reglas son de aplicación en asuntos como este, no solo porque pueden considerarse como un desarrollo de lo previsto por el numeral 317 del Código Procesal Civil, sino también porque así lo exige una correcta exégesis de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. Por consiguiente y tratándose, como en efecto sucede, de la violación más severa a los derechos humanos que se registra en el país, se debe partir de la presunción de veracidad de la demanda y aplicar aquí la redistribución de la carga de la prueba. Redistribuir es atribuir de modo diverso y hacer recaer el peso de la prueba de modo diferente al tradicional, considerando la disparidad en la que se encuentran quienes conforman una relación de pareja cuando media una dinámica de violencia en perjuicio de uno de sus miembros. La posición social de inferioridad de la víctima es notoria y, por eso, se ha de procurar corregir ese desequilibrio atribuyendo al agresor una mayor carga probatoria. Como consecuencia de ello, el traslado de la demanda se traduce en un apercibimiento de tener por cierto su contenido si la persona accionada no la contesta y, en caso de que no dé respuesta específica a cada uno de sus extremos, esa falta de contradicción expresa implica un reconocimiento tácito de su parte. A quien acciona le incumbe únicamente la carga de probar la existencia del vínculo y algún elemento indiciario de la violencia endilgada, sin que ello implique, por supuesto, impedimento ni exoneración absoluta de demostrar de forma complementaria los diversos hechos que afirma. A la persona demandada le corresponde desacreditar la credibilidad o el relato de la accionante y, en caso de duda, se debe optar por lo más favorable a la tesis de la víctima. Como bien ha apuntado la Sala Tercera, en una materia tan restrictiva como la penal, “(…) la violencia intrafamiliar es un problema de primer orden en nuestro país, que constituye todo un reto para el quehacer jurisdiccional que interviene en dicha problemática. Esto no significa más que debe valorarse cada episodio a la luz de las reglas de la experiencia y la psicología, que en este campo tienen reglas especiales, que se han ido construyendo gracias a estudios y al aporte de las víctimas y de personas que se han dedicado a atender esta problemática. Lo dicho significa que debe haber una lectura especial de los acontecimientos que es precisamente aquella que le deviene del propio contexto en que se produce, a saber, la violencia intrafamiliar, las relaciones de poder y dominación, el componente socio cultural que existe detrás de cada episodio y que permite visualizar un patrón de control, de dominación –que contribuye a comprender y valorar la conducta del agresor- y un rol de receptor (a) de la agresión –que contribuye a comprender y valorar la conducta de las víctimas-. Indiscutiblemente detrás de cada evento de agresión hay factores sociales, culturales, políticos, que están presentes y que deben ser visualizados y tomados en consideración por los juzgadores. Con lo dicho (…) se advierte la necesidad tener (sic) en cuenta la situación propia de violencia y ver más allá, buscar el trasfondo de los hechos, cuáles son sus antecedentes, qué tipo de relación existe y precedió el evento que se analiza, cómo se han manifestado las relaciones de poder entre los involucrados y cómo todos estos factores son útiles para juzgar correctamente el caso, como producto de un contexto determinado por los propios actores y la relación que media entre ellos. Por supuesto que un episodio de agresión intrafamiliar no puede ser valorado con los mismos criterios que los de un pleito callejero, ocurrido entre extraños o desconocidos y esto es lo que la Sala [y este Tribunal] quiere resaltar, a propósito del reclamo que se conoce.” (Voto n.º 2003-982, de las 10:05 horas del 31 de octubre de 2003).-[…]
IX.- LA SEVICIA COMO CAUSAL DE DIVORCIO. Como fundamento de su demanda, la actora alegó la causal de sevicia, prevista en el inciso cuarto del artículo 48 del Código de Familia. Eso hace necesaria la calificación de los hechos probados, para lo cual es preciso delimitar, en primer término, los alcances de ese concepto jurídico indeterminado. Tanto en la doctrina [ver, por todos, TREJOS, Gerardo (1982). Derecho de Familia costarricense. San José: Editorial Juricentro, S. A., pp. 271-273] como en la jurisprudencia nacionales [ver, entre otros, los votos de la Sala Segunda N.os 131, de las 9:30 horas del 27 de junio; 143, de las 16:10 horas del 4 de julio; 213, de las 10 horas del 24 de setiembre, los tres de 1997; 2001-119, de las 9 horas del 16 de febrero de 2001; 2005-324, de las 9:08 horas del 11 de mayo de 2005; 2006-1160, de las 9:50 horas del 22 de diciembre de 2006 y 2007-769, de las 9:05 horas del 12 de octubre de 2007] es habitual encontrar referencias a la crueldad del trato y a la intención o propósito de hacer sufrir como elementos clave de esa noción. El énfasis en esos aspectos refleja, sin duda, una determinada concepción sobre el matrimonio y los roles sociales atribuidos a las mujeres casadas. Como bien indican Gerard COLL-PLANAS, Gloria GARCÍA-ROMERAL MORENO, Carmen MAÑAS RODRÍGUEZ y Carmen NAVARRO-VARAS [Cuestiones sin resolver en la Ley integral de medidas contra la violencia de género: las distinciones entre sexo y género, y entre violencia y agresión. Papers: Revista de Sociología, Barcelona: 87, I cuatrimestre, 2008, 187-204], "Esta aproximación [de casos extremos] contribuye a la consolidación y reproducción de la posición de hombres y mujeres, porque individualiza el problema, ocultando su raíz estructural, y la reifica, al presentarlas como insuperables, como si se explicara por la "naturaleza" de hombres y mujeres en vez de por una determinada configuración de las relaciones entre los sexos que es posible cambiar." De ahí que resulte imperioso superarla porque, sin duda, es tributaria de una idea de la relación matrimonial y, en general, de la de pareja que, en lugar de tener a los derechos fundamentales de quienes participan de ella como su referente ético básico, pone el acento en la depositación, por lo general en las mujeres, de la responsabilidad de preservar los vínculos afectivos aún a costa de su propia integridad y dignidad. La evolución objetiva y subjetiva que ha experimentado el derecho de los derechos humanos hace impostergable exigir el pleno y cabal respeto entre ambos cónyuges como elemento esencial de la vida y de la estabilidad conyugal y redefinir la sevicia para entenderla vinculada, por un lado, con el derecho de toda mujer y, en forma más amplia, de toda persona a vivir libre de cualquier forma de violencia, reconocido, en el caso de la primera, en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por su contenido en materia de derechos humanos, integra el parámetro de constitucionalidad que los jueces y las juezas debemos aplicar prioritariamente (artículo 48 de la Constitución Política) y, por el otro, con el constructo "violencia contra la mujer", cuyo desarrollo en los últimos tiempos ha ocupado a distintas disciplinas. En su artículo 3, ese instrumento internacional dispone textualmente que "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.” De esa manera se establece un derecho fundamental a favor de las mujeres, que obliga al Estado a brindarles una protección inmediata y efectiva ante todo acto de violencia cometido en su contra e impide, por un lado, justificarlo en cualquier hipótesis y, por el otro, dejar de otorgarle su indiscutible trascendencia social y jurídica pretextando, por ejemplo, que resulta insignificante. El ordinal 4 ibídem establece que “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos (...)." Esas normas deben encontrar un importante desarrollo tanto en la legislación ordinaria como en la interpretación y aplicación que de ella se haga; actividades todas que no pueden obviar el hecho de que la violencia es una típica violación de los derechos fundamentales de las personas, concretamente, de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y psicológica, con vocación de provocar daños irreversibles a quienes la viven en posición de víctimas. En otras palabras y para lo que aquí interesa, la concepción al uso de la sevicia no se acomoda al principio de dignidad humana y al reconocimiento de la condición de persona de todos y todas, propios de este momento histórico y obvia que la relación de pareja y la vida familiar deben ser espacios para el encuentro, la realización, la autonomía y el adecuado desarrollo de los seres humanos, antes que un instrumento para someterlos a vejámenes de cualquier clase so pretexto de la cercanía afectiva y de la preservación de los vínculos. Como apunta Encarna ROCA [Familia y cambio social (de la "casa" a la persona). Madrid: Civitas Ediciones, S. L., 1999, p. 86], "(...) hay que concluir que en un sistema basado en la protección y consiguiente eficacia de los derechos fundamentales, la función del Derecho de familia debe ser la de evitar que los conflictos que se producen en el interior del grupo puedan llegar a lesionar los derechos fundamentales de alguno de sus miembros. Porque el pertenecer a una familia no implica la pérdida ni la disminución de ningún derecho. Ésta (sic) es la principal justificación de las normas y también lo es de sus características: la imperatividad y la intervención del Juez como forma de control de la efectividad del sistema." Como consecuencia de todo ello, en la actualidad es preciso centrar el concepto de sevicia en la agresión misma y, sobre todo, en el principio de que nada justifica incurrir en esa reprochable conducta, en lugar de enfatizar en la intención conciente ("dolo") de su autor o en la cuantía del daño producido ("excesiva crueldad"). Si no se actúa de ese modo se estarían valorando las agresiones contra las mujeres de manera abiertamente sexista, perpetuando, entre otros, el orden de género imperante [véase FERNÁNDEZ VILLANUEVA, Concepción (1990). El concepto de agresión en una sociedad sexista. En Virginia Maqueira y Cristina Sánchez (compiladoras). Violencia y sociedad patriarcal. Madrid: Editorial Pablo Iglesias, pp. 17-28].- X.- CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS DEMOSTRADOS. Desde la perspectiva indicada, es preciso concluir que fueron acreditadas tanto las aseveraciones sobre los hechos en que doña M. fundó su pretensión como que ha sido víctima de sevicia psicológica. Su gravedad e intensidad son incuestionables. En consecuencia, al haber padecido comportamientos reiterados, progresivos, sistemáticos y pluriofensivos, cometidos por su esposo, es ilegítimo que el Estado le niegue sus derechos a desvincularse legalmente de quien la ha tratado de ese reprochable modo y a recuperar su libertad de estado. Así las cosas, le asiste razón a la impugnante cuando reprocha que, en aras de mantener la unidad familiar, el Juzgado de primera instancia parezca exigirle soportar las palabras mortificantes utilizadas por su esposo para referirse a ella y haya obviado que es titular de los derechos fundamentales al respeto de su honra y a su dignidad humana. Lo procedente es, entonces, decretar el divorcio conforme se solicita y ordenar la inscripción de esta sentencia en el Registro de Matrimonios de la Provincia de Alajuela, en el tomo xxx, folio xxx, asiento xxx, lo cual debe verificarse mediante ejecutoria una vez que haya alcanzado firmeza. También se debe declarar al accionado como cónyuge culpable de la sevicia acusada y, por disposición expresa del numeral 173 del Código de Familia, exonerar a su esposa de la obligación de proporcionarle alimentos. Por las razones que se explican en los apartados siguientes, un fundamento adicional para la declaratoria de la disolución del vínculo entre las partes lo constituye el que, en su escrito de contestación, el señor B. expresó lo siguiente: “En virtud de las desavenencias y diferente forma de pensar entre la actora y mi representado no existe ningún inconveniente en que se declare disuelto el vínculo matrimonial tal y como se solicita.” (Folio 99). Esa manifestación fue reiterada en su alegato de conclusiones, visible a folios 357-359.- XI.- EL DERECHO FUNDAMENTAL A CONTRAER MATRIMONIO Y SU CONTENIDO ESENCIAL. Como respuesta a las exigencias del consentimiento familiar contenidas en los Códigos Civiles del siglo XIX y corolario de la necesidad de ir eliminando las trabas irracionales para su prestación, el derecho a contraer matrimonio alcanza la condición de fundamental luego de la Segunda Guerra Mundial. En su numeral 16, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce que "Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio." El 17 de la Convención americana sobre Derechos Humanos, aprobada por Ley N.° 4534 de 23 de febrero de 1970, se expresa en similares términos y le impone a los Estados el deber de adoptar las medidas apropiadas para asegurar el derecho, así como la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante él y en caso de su disolución. Por último, el 23 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley N.° 4229 de 11 de diciembre de 1968, "2. (…) reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello. 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio, y en caso de disolución del mismo (sic). En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos." Es en Estados Unidos, a partir del caso Loving vs. Virginia (388 U.S. 1, 12 [1967]), que se introduce de forma más clara la teoría del derecho a contraer matrimonio como fundamental. En ese asunto, la Corte Suprema declaró que “(…) la libertad de contraer matrimonio ha sido largamente reconocida como uno de los derechos personales vitales, esencial para la búsqueda ordenada de la felicidad por los hombres (sic) libres. El matrimonio es uno de los derechos fundamentales del hombre (sic). De acuerdo con la Constitución, la libertad de casarse o no casarse con una persona (…) se encuentra en los individuos y no puede ser infringida por el Estado.” [Citado por ROCA, Encarna (1999). Familia y cambio social (De la “casa” a la persona). Madrid: Civitas Ediciones, S. L., p. 94]. En Costa Rica, a partir de lo dispuesto en las normas internacionales citadas y en el artículo 52 de la Carta Política, la Sala Constitucional le ha reconocido esa condición y ha establecido que no puede ser impedido u obstaculizado de modo irrazonable por el Estado (votos n.os 3693-94, de las 9:18 horas del 22 de julio de 1994 y 4287-95, de las 15:15 horas del 3 de agosto de 1995). Si ello es así, los principios hermenéuticos pro ser humano y pro libertate obligan siempre a interpretar las normas que lo regulan de la manera más favorable a su titular y a su plena vigencia. Por otra parte, como señaló el magistrado Adrián Vargas Benavides en su valiente voto salvado contenido en la sentencia de la Sala Constitucional n.º 2006-7262, de las 14:46 horas del 23 de mayo de 2006, “(…) no debe dejarse de lado que la progresividad es una cualidad inherente a los derechos fundamentales, consagrada positivamente en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que ha sido reconocida por la Sala en varias oportunidades, por lo que resulta necesario interpretar las normas que reconocen derechos fundamentales en forma amplia y prospectiva, sin que en esta materia se permitan los retrocesos.” El derecho fundamental a contraer matrimonio deriva, en última instancia, del derecho a la libertad; se configura como individual, subjetivo e instrumental respecto del libre desarrollo de la personalidad, afectividad y sexualidad y se manifiesta en diversas consecuencias, tales como la de la libre elección del propio cónyuge, la de la forma en que ha de constituir el vínculo y la de no seguir casado o casada [LABACA ZABALA, Mª Lourdes (2007). El derecho a contraer matrimonio en la Constitución española. Ambito Jurídico, Rio Grande: 39, 31 de marzo. Recuperado el 16 de junio de 2008, de http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php? n_link=revista_artigos_leitura&artigo_ id=1722 y ROCA, op. cit., p. 99]. De todo ello se deduce que el ordenamiento jurídico concederá una protección especial y privilegiada al matrimonio, siempre que contribuya realmente a la realización personal de los esposos en libertad e igualdad y sea el cauce a través del cual puedan desarrollarse sus derechos fundamentales. En ese contexto, ya desde el Derecho ateniense, junto a su función como mecanismo sancionatorio necesario frente a la culpabilidad de uno de los cónyuges, la disolución del vínculo se concibe también como una válvula de escape frente a una situación matrimonial crítica, manifestada en una desunión irreparable, que pretende solucionarse. Conforme lo indica Emiliano J. BUIS (Matrimonios en crisis y respuestas legales: el divorcio unilateral o de común acuerdo en el derecho ateniense. Faventia: Revista de filología clásica, Barcelona: vol. 25, N.º 1, 2003, 9-29. Recuperado el 9 de junio de 2009, de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=645785) “(…) los matrimonios en crisis resultan una problemática inocultable que todo sistema jurídico, arcaico o actual, se propone regular.” El divorcio aparece así como esa respuesta jurídica ineludible que, a diferencia de la mera separación de hecho, produce dos efectos fundamentales: por un lado, extingue las relaciones legales del matrimonio disuelto y, por otro, permite que los antiguos cónyuges sujeten una eventual relación futura a las reglas del matrimonio civil, con lo cual, además de formar parte de su contenido esencial, es, también, instrumental respecto del derecho de comentario.- XII.- LA LIBERTAD DE ESTADO COMO DERECHO DISPONIBLE. Ciertamente, el artículo 1376 del Código Civil continúa disponiendo que “No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre la validez del matrimonio; mas sin que la transacción importe adquisición o pérdida del estado, sí puede transigirse sobre los derechos pecuniarios que de la declaración del estado civil pudieran deducirse a favor de una persona.” Sin embargo, es obvio que esa norma, cuando se analiza desde la óptica del derecho fundamental a contraer matrimonio y, en particular, desde la realidad social imperante, no puede ser aplicada en los términos en que está redactada. La introducción del divorcio y de la separación judicial por mutuo consentimiento en la legislación familiar supuso su primera modificación tácita, pues, de otra manera, no sería posible reconocer la posibilidad de los cónyuges de disponer, como lo hacen, de su estado civil. La necesidad de cumplir ciertos requisitos para hacerlo no deja sin efecto esa conclusión. A idénticos resultados se llega si lo que se considera es el derecho a solucionar los conflictos de manera pacífica y la práctica de la conciliación en esta materia. Si el estado civil fuese, en verdad, indisponible no cabría admitir ese modo de concluir un litigio y, por supuesto, sería imperativo erradicar toda actividad jurisdiccional que lo promocionase o lo permitese. Por último, el reconocimiento del derecho a la libertad de estado como integrante del derecho fundamental a contraer matrimonio le dio una gran estocada a esa idea, lo cual adquiere visos definitivos con la citada Ley N.º 7532, de 8 de agosto de 1995, que adicionó el inciso 8) al numeral 48 del Código de Familia e introdujo la separación de hecho como causal de divorcio. Como apunta con acierto Eduardo A. ZANNONI (Derecho de Familia, Buenos Aires: Editorial Astrea, tercera edición, tomo I, 1998, p. 66) “(…) el juicio de divorcio –o separación personal– que se funde en la alegada interrupción voluntaria de la convivencia sin voluntad de unirse, queda excluido del clásico proceso inquisitorial que la doctrina procesalista reconocía como el más apto para dirimir controversias que atañen al estado de las personas, porque la relación sustancial se reputó indisponible para las partes. El reconocimiento de los hechos, y la confesión, como pruebas suficientes del hecho de la separación alegada por el actor (sic) significa que la relación sustancial misma es disponible. Parafraseando las enseñanzas tradicionales podemos sostener que en este juicio el objeto litigioso corresponde a un derecho material del cual los cónyuges pueden disponer libremente. Y en esto, de rondón, se muestra un ámbito significativo que ha ganado para sí, dentro del derecho matrimonial, la autonomía privada para la solución del conflicto conyugal”. Por consiguiente, en nuestro criterio es suficiente para tener por demostrada la causal de divorcio alegada en este asunto que la parte demandada se allane, que se produzca su rebeldía o que se le tenga por confesa. Debe quedar claro, eso sí, que esa posibilidad de disolver el vínculo matrimonial por voluntad de los cónyuges no se traduce en una ruptura total con el concepto de orden público sino en su resignificación. Lo que continúa siendo indisponible son los derechos de los hijos y las hijas menores de dieciocho años, así como la atribución legal de deberes y obligaciones respecto de ellos y ellas [Cfr.: GÜITRÓN FUENTEVILLA, Julián (2005). El orden público en el Derecho familiar mexicano. México, D. F.: ponencia presentada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Congreso Internacional de Derecho de Familia: Culturas y sistemas jurídicos comparados, 22 al 24 de noviembre, 33 pp. Recuperado el 20 de octubre de 2007, de http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/familia/pdf/15-147s.pdf]. De ahí la intervención del Estado a través del proceso jurisdiccional.- XIII.- LA INDISPONIBILIDAD DEL ESTADO CIVIL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. Un comentario aparte merece el origen de la clásica idea de indisponibilidad del estado civil, que, a pesar de lo apuntado, continúa siendo mayoritaria en los órganos jurisdiccionales costarricenses. Sin duda, se trata de un resabio de la indisolubilidad matrimonial, elevada a la categoría de dogma por el derecho canónico en la tardía Edad Media y defendida, aún hoy, por la iglesia católica. Si ello es así, la confusión entre el plano jurídico y el religioso resulta más que evidente e insostenible en un Estado que está imposibilitado de imponerle a la población una moral determinada si está comprometido y regido por el principio democrático y por el derecho fundamental a la libertad de culto. En Chile, en el marco de la discusión que se abrió cuando, en fecha reciente, se reguló el divorcio vincular, Enrique BARROS BOURIE (La Ley Civil ante las rupturas matrimoniales. Estudios públicos, Chile: 85, verano, 2002, pp. 6-15. Recuperado el 17 de junio de 2008, de http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3017.html) se pronunció con envidiable agudeza en los siguientes términos: “Una antigua doctrina del derecho natural, que ha sido reiteradamente invocada en la discusión acerca del divorcio, establece en esencia que en materias fundamentales para la convivencia la ley civil debe estar fundada en los principios morales que proveen al bien de la sociedad y de las personas. En correspondencia, el matrimonio es concebido como una institución de derecho natural en un doble sentido: porque no ha sido creado por la ley civil, sino es preexistente a la organización del Estado; y porque favorece el perfeccionamiento de los cónyuges y de los hijos y contribuye al bien general de la sociedad. / A partir de estas premisas se ha inferido una doctrina más fuerte, como es que el matrimonio es indisoluble de acuerdo con el derecho natural, pues sólo (sic) de ese modo podría cumplir sus fines. En una dimensión sacramental, esta regla ha sido sostenida enérgicamente desde tiempos tempranos por el derecho canónico, clara diferencia de la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas, incluida la griega ortodoxa. De ello se ha seguido, casi mecánicamente, que el reconocimiento del matrimonio como una institución esencial para la felicidad y el perfeccionamiento humanos, excluye la aceptación del divorcio por la ley civil. (…) Ante todo, en una sociedad pluralista, donde el matrimonio carece de la dimensión sacramental que le confiere el derecho canónico, es inevitable cierta diferenciación entre lo legal y lo moral. Ello se muestra en que nada atenta más directamente contra una auténtica religiosidad que su politización. Por eso, no se debe pretender que el derecho civil sea reflejo exacto de las convicciones más fuertes. A ello se agrega que esta pretensión es también riesgosa, porque una vez aceptada surge la amenaza de que las costumbres queden entregadas al control extenso del aparato público (lo que por naturaleza es el ideal fundamentalista o totalitario, según esa pretensión tenga fundamento religioso o puramente político). (…) De ahí que por fuertes que sean nuestras convicciones normativas respecto de la institución del matrimonio, la tarea del derecho no puede limitarse a expresar esas creencias. Su típica función es más bien proveer de reglas para resolver los conflictos que se siguen de la ruptura, del abandono y de otros males indeseados. De la realidad usualmente desoladora de la ruptura se sigue la necesidad de normas justas y eficaces que regulen la tuición de los hijos, los deberes económicos de los cónyuges separados y los efectos legales de la formación de nuevas parejas que aspiren a ser permanentes. (…) En definitiva, la pregunta es si la ley civil debe observar como principio axiomático la indisolubilidad, como lo ha hecho hasta ahora (infructuosamente, por lo demás). O si, por el contrario, debe partir de la constatación de que por falta de lucidez o simplemente porque el hombre (sic) suele fracasar en sus empresas más delicadas, la ruptura matrimonial es un mal recurrente, que arriesga, una vez producido, con devenir en un mal mayor. Mi inclinación es a pensar, desde una perspectiva normativa, que el derecho civil debe limitarse a favorecer que el mal de la ruptura matrimonial no se acreciente. La mantención (sic) de una cáscara legal carente de contenido relacional dificulta que la ruptura, que antecede a cualquiera interferencia del derecho, se produzca con el mínimo de costo humano.” Tratándose de un derecho fundamental, el razonamiento final del autor citado encuentra respaldo en el denominado debido proceso sustantivo, del que deriva la exigencia de razonabilidad de cualquier norma, acto, práctica o interpretación jurídica. Bien ha apuntado la Sala Constitucional que un “Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados." (Voto n.º 8858-98, de las 16:33 horas del 15 de diciembre de 1998, reiterado en el n.º 2001-378, de las 14:37 horas del 16 de enero y en el n.º 2001-3192, de las 10:10 horas del 25 de abril, ambos de 2001). A nuestro juicio es obvio que la lectura que se ha hecho sobre la prueba de las causales de divorcio, además de contraria a un derecho fundamental, no responde a ningún parámetro de razonabilidad que pueda justificar su limitación. Por consiguiente, nos apartamos de lo que tradicionalmente se ha venido resolviendo, lo cual, en todo caso, no resulta jurisprudencia vinculante (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).”
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