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OutcomeResultado
The Court dismisses the action for annulment of the precautionary suspension measure and the cancellation of the mining concession, upholding the legality of the State action based on the precautionary principle.El Tribunal rechaza la demanda de nulidad contra la medida cautelar de suspensión y la cancelación de la concesión minera, confirmando la legalidad de la actuación estatal basada en el principio precautorio.
SummaryResumen
The Administrative Court reviews the legality of two acts by the Directorate of Geology and Mines: Resolution No. 590-2001, which ordered a precautionary suspension of mining operations due to a new emergence of the Colima Superior aquifer, and Resolution No. 451-2002, which cancelled the concession for non-compliance. The company claimed lack of grounds, improper application of the precautionary principle, and due process violations. The Court rejects the claims: the precautionary measure was based on an inspection that revealed aquifer vulnerability, justifying full suspension given scientific uncertainty over irreversible contamination risk, in line with the precautionary principle and the right to a healthy environment. The cancellation is not a penalty but termination of the concession for breaching environmental obligations. Subsequent studies, including SETENA’s, confirmed damage and risk, validating the state’s action as necessary, suitable, and proportionate to protect the water resource.El Tribunal Contencioso Administrativo analiza la legalidad de dos actos de la Dirección de Geología y Minas: la Res. N°590-2001, que suspendió cautelarmente las labores de explotación minera por un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, y la Res. N°451-2002, que canceló la concesión por incumplimiento de esa medida. La empresa alegó falta de motivo, indebida aplicación del principio precautorio y violación al debido proceso. El Tribunal rechaza la demanda: la medida cautelar se basó en una inspección que constató vulnerabilidad del acuífero, justificando la suspensión total ante la incertidumbre científica sobre el riesgo de contaminación irreversible, conforme al principio precautorio y al derecho a un ambiente sano. La cancelación no es una sanción sino extinción del derecho de concesión por desobediencia de obligaciones ambientales. Los estudios posteriores, incluido el de SETENA, confirmaron daños y riesgos, validando la actuación estatal como necesaria, idónea y proporcional para proteger el recurso hídrico.
Key excerptExtracto clave
In the present case, the Court has not found that the grounds alleged by the plaintiff to support the invalidity of Resolution No. 590 were valid, and to that extent it must be presumed that the challenged act was legally valid and enforceable, the latter condition by virtue of the enforceability of administrative acts (articles 146 et seq. of the LGAP). That being so, it is considered that Resolution No. 451 had a legitimate basis, insofar as it took as such the non-compliance incurred by the plaintiff with the provisions established by the Directorate of Geology and Mines in the precautionary measure expressed in Resolution No. 590, which, as stated, is presumed valid and effective for all purposes. A harmonious interpretation of these rules in relation to article 50 of the Constitution confirms, without a doubt, that all the more so, within a concession relationship, the environment stands as a superior interest that is above any private interest, its protection is mandatory and all actions that may imply damage to that legal good are prohibited. Any conduct by a concessionaire that is contrary to that superior interest and that does not comply with the measures that are issued to protect it will generate in the State the power to cancel the concession.En el caso concreto, el Tribunal no ha encontrado que los motivos alegados por la demandante para sustentar la invalidez de la resolución N°590 fueren procedentes, y en esa medida se debe presumir que el acto cuestionado era legalmente válido así como ejecutable, esta última condición en virtud de la ejecutoriedad de los actos administrativos (artículos 146 y siguientes de LGAP). Siendo así, se estima que la resolución N°451 gozaba de motivo legítimo, en el tanto tuvo por tal el incumplimiento incurrido por la actora respecto de las disposiciones que fueron establecidas por la Dirección de Geología y Minas, en la medida cautelar expresada en la resolución N°590, que como se dijo, se presume válida y eficaz para todos los efectos. Una interpretación armónica de estas normas en relación con el artículo 50 constitucional, confirma, sin lugar a dudas, que con mucha mayor razón, dentro de una relación de concesión, el medio ambiente se erige como un interés superior que está por encima de cualquier interés privado, su protección es de obligada observancia y están prohibidas todas las acciones que puedan implicar un daño a ese bien jurídico. Cualquiera conducta de un concesionario que resulte contraria a ése interés superior y que no se ajuste a las medidas que en su oportunidad se dicten para protegerlo, generará en cabeza del Estado la potestad de cancelar la concesión.
Pull quotesCitas destacadas
"En el caso concreto, el Tribunal estima que los actos impugnados resultaron conformes con el ordenamiento jurídico, y en tal caso, la demanda no puede prosperar."
"In the present case, the Court considers that the challenged acts were in accordance with the legal system, and therefore, the claim cannot succeed."
Considerando V
"En el caso concreto, el Tribunal estima que los actos impugnados resultaron conformes con el ordenamiento jurídico, y en tal caso, la demanda no puede prosperar."
Considerando V
"La patente falta de información científica a efecto de ponderar la mayor o menor vulnerabilidad del acuífero Colima Superior, frente a la actividad minera desplegada en la zona, no fue refutada por la prueba testimonial ofrecida por la parte actora."
"The clear lack of scientific information to assess the greater or lesser vulnerability of the Colima Superior aquifer to the mining activity carried out in the area was not refuted by the testimonial evidence offered by the plaintiff."
Considerando VII
"La patente falta de información científica a efecto de ponderar la mayor o menor vulnerabilidad del acuífero Colima Superior, frente a la actividad minera desplegada en la zona, no fue refutada por la prueba testimonial ofrecida por la parte actora."
Considerando VII
"Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación."
"For groundwater contained in aquifers and recharge and discharge areas, the precautionary or in dubio pro natura principle means that when there are no studies or reports prepared according to the unequivocal and exact rules of science and technology that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity to be developed on the environment, or when these are contradictory, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving or permitting any new or modified application, suspend those in progress until the state of doubt is resolved, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation."
Considerando VIII, citando Voto 1923-2004 Sala Constitucional
"Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación."
Considerando VIII, citando Voto 1923-2004 Sala Constitucional
"Cualquiera conducta de un concesionario que resulte contraria a ése interés superior y que no se ajuste a las medidas que en su oportunidad se dicten para protegerlo, generará en cabeza del Estado la potestad de cancelar la concesión."
"Any conduct by a concessionaire that is contrary to that superior interest and that does not comply with the measures that are issued to protect it will generate in the State the power to cancel the concession."
Considerando XII
"Cualquiera conducta de un concesionario que resulte contraria a ése interés superior y que no se ajuste a las medidas que en su oportunidad se dicten para protegerlo, generará en cabeza del Estado la potestad de cancelar la concesión."
Considerando XII
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V.- ANALYSIS OF THE COURT. Although this is a "special" mining proceeding, insofar as it challenges resolutions issued by the Directorate of Geology and Mines during the exercise and extinction of a concession for the extraction and processing of mineral resources (article 94 of the Mining Code), the truth is that, at its core, the debate is primarily focused on the legality analysis of a precautionary measure (Res. No. 590-2001) issued within the framework of the concession, and whose content is strictly environmental in nature, as its purpose was to prevent the potential production of damage to an aquifer (Colima Superior) that flows through the lands in the area where the mining exploitation was taking place. The aforementioned precautionary measure (the first challenged act) ordered the suspension of all works being carried out by the plaintiff at that time and requested technical reports to ascertain with greater precision the possible impact on the indicated aquifer. In the judgment of the Directorate of Geology and Mines, the plaintiff here subsequently failed to comply with the provisions of the aforementioned precautionary measure, and consequently, ordered the cancellation of the concession that had been granted in due course to the company Productos Pedregal S.A. (Res. No. 451-2002). As will be discussed, the Court finds that the challenged acts were in conformity with the legal system, and in such case, the claim cannot succeed.- VI.- CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF GROUNDWATER AS PART OF WATER RESOURCES AND ITS LINK TO FUNDAMENTAL RIGHTS. The Constitutional Chamber has extensively analyzed the issue of environmental protection, and with regard to groundwater in particular, it created a precedent in resolution No. 2004-1923 of 14:55 hours on February 25, 2004, which, due to its legal rigor and breadth, has been deemed important to cite, in the pertinent part:
"V.- GROUNDWATER. As opposed to so-called surface waters, which flow over the earth's crust and can be subject to common or special uses, there are groundwaters. Groundwater is water found beneath the land surface occupying the empty spaces in the soil or rocks; its most important source is rainfall that infiltrates the soil. The soil, in turn, is composed of two levels which are as follows: a) Upper or aeration zone, in which the empty spaces are occupied by air and infiltrated water descending by gravity, and b) another below this called the saturation zone, in which the empty spaces are filled with water that moves slowly and whose upper level is called the water table, hydrostatic level, or phreatic level. Water contained within the porous spaces of the saturation zone, in geological formations, is called aquifers or groundwater bodies. The hydraulic gradient is the difference in altitude between two points on the same water table—phreatic level—in relation to their horizontal distance; the speed of groundwater movement depends, essentially, on the hydraulic gradient. Groundwater is an essential part of the hydrological cycle; thus, of the total water in the hydrosphere, 2.4% is fresh water, of which 78.1% is frozen, 21.5% corresponds to groundwater, and 0.4% is surface water found in rivers and lakes. In the Central American region, the main source of public supply is groundwater, compared to surface water, which is notably exposed to contamination and degradation due to harmful land-use practices and uncontrolled urban expansion. For the specific case of our country, it has been estimated that the potential annual recharge of groundwater is approximately 47,000 million cubic meters per year, which represents 20% of precipitation; likewise, it has been calculated that of the 750,000 cubic meters of water used daily for human consumption, 70% (500,000 cubic meters per day) comes from groundwater extraction. The consumption and use of groundwater, compared to surface water, presents evident and clear qualitative and quantitative advantages such as the following: a) The investment for the extraction and exploitation of potable groundwater is carried out gradually depending on the increase in service demand, and the extraction areas can be located near the place where the demand arises, all of which reduces conduction, treatment, and storage costs; b) the natural physical-chemical quality of groundwater is more constant than that of surface water and is potable with little or no treatment; c) because there is soil or rocks above the groundwater, it is more protected from contamination of natural or human origin; d) variations in quantity and availability during dry seasons or periods of rainfall are minimal compared to those of surface water; e) it constitutes a strategic reserve for dealing with emergency states due to public calamity, internal disturbance (e.g., earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, etc.), or war.
VI.- GROUNDWATER AND FUNDAMENTAL RIGHTS. The issue of groundwater is intimately linked to several fundamental rights enshrined in the constitutional text and international human rights instruments. Our Political Constitution, in its article 50, enunciates the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is achieved, among other factors, through the protection and conservation of the quality and quantity of water for human consumption and use and for maintaining the ecological balance in the habitats of flora and fauna (e.g., wetlands) and, in general, of the biosphere as the common heritage of humanity. Similarly, access to potable water ensures the rights to life—"without water, life is not possible" states the Water Charter approved by the Council of Europe in Strasbourg on May 6, 1968—to the health of persons—indispensable for their food, drink, and hygiene—(article 21 of the Political Constitution) and, of course, is associated with the socio-economic development and growth of peoples to ensure for every individual a decent well-being and quality of life (article 33 of the Political Constitution and 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights). The scarcity, lack of access or availability, and contamination of this precious liquid causes the impoverishment of peoples and limits social development on a large scale. Consequently, the protection and exploitation of groundwater reserves is a strategic obligation to preserve the life and health of human beings and, of course, for the adequate development of any people. In 1995, it was estimated that 1,000 million inhabitants lacked access to potable water, and it is calculated that by the year 2025, approximately 5,500 million people will suffer water scarcity, while between 5 and 10 million people die annually from the use of untreated water. In another line of thought, the duty has now been recognized to preserve, for future generations, conditions of existence at least equal to those inherited (sustainable development), such that the needs of the present must be met without compromising the ability of future generations to meet their own (Principle 2 of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972). In essence, water, from an economic and ecological point of view, is a precious asset, since it is indispensable for any human activity (industrial, agricultural, domestic, commercial, services, etc.), as a source of energy, raw material, transportation route, support for recreational activities, and a constitutive element for the maintenance of natural ecosystems—use of non-polluting or environmentally compatible water—.
(...)
X.- CONTAMINATION OF GROUNDWATER. Unlike the contamination of surface water, which tends to be patent and visible, allowing environmental actions to be taken to mitigate or eradicate it, contamination of groundwater, by its very nature, often goes unnoticed and becomes evident when it has reached large proportions. Aquifers, due to the slow circulation of the waters, the absorption capacity of the terrain, and other factors, can take a long time to show contamination. Additionally, the large volume of water contained means that extensive contaminations take a prolonged period to manifest themselves, or in the case of localized contaminations, they are detected when they flow into some exploitation site. Certainly, this type of water has a resistance to becoming contaminated; however, when contamination occurs, its regeneration can be extraordinarily slow and is sometimes irreversible due to the high cost of the means to achieve it. It has been demonstrated that attempts to repair the damage caused by contamination to an aquifer to restore water potability levels have not been successful; technologies for its clean-up have contributed little to reducing the damage, and the methods are economically very expensive. To the above must be added the lack of organizational infrastructure, material, financial, and human resources—in this last case, duly trained—to evaluate, measure, and, in general, monitor the quality of this water and the exact dimension of its contamination. The degradation and contamination of aquifers imposes upon the legislator and public administrations the urgent and non-deferrable task of protecting them. Groundwater contamination can be direct or indirect; it is of the first type when contaminating substances are introduced directly into the aquifer, as in the case of cesspools or injection wells; it is of the second type when it is produced with dilution through contamination of the natural recharge. The contaminating agents can be of a very diverse nature, that is, mineral, degradable organic (excreta and purines), slightly or non-degradable organic (pesticides, detergents, hydrocarbons), biological (bacteria, viruses, algae), radioactive, and gaseous. The contamination of aquifers depends on the geological, hydraulic, and chemical conditions of each place or site, and is therefore a function of local factors, which is why knowledge of each zone and the study of similar cases is required. The origins of aquifer contamination can be of a very diverse nature, such as the following: a) contamination from domestic activity, which is organic and biological and originates from septic tanks, leaks in the sewerage system, discharge of sewage, to which must be added the increase in chemical products for domestic use such as detergents; b) contamination from agricultural activities, including the use of artificial fertilizers based on nitrates, phosphates, and potash, or natural ones—based on manure—, irrigation with residual and high-salinity water, and the use of pesticides (insecticides, herbicides, and plaguicides); c) contamination from livestock farming, essentially organic and biological, similar to domestic contamination but more intense in the case of intensive farms; d) contamination from surface waters, when they recharge and are, in turn, contaminated; e) contamination by saline intrusion, produced when marine and salt waters penetrate coastal regions due to overexploitation, through wells, of coastal aquifers; f) contamination from mining activities – mineral –, related to discharges of mine water and mineral washing sites; g) contamination from industrial activities, this type being as varied as the type of industry that causes it, with those caused by heavy metals from the metallurgical industry being especially harmful, as well as from the chemical, petrochemical, food (organic substances), and beverage (detergents) industries; h) contamination from nuclear activities, although exceptional in our environment, may come from plants for treating irradiated fuels and radioactive minerals, and from medical activity; i) contamination through poorly constructed wells, since wells can interconnect several aquifers and, when they have broken or corroded casings at levels of poor-quality water or that allow the entry of surface water, can cause it; j) contamination through the discharge of residual waters via cesspools, septic tanks, leaks in the sewerage network, or indiscriminate discharge into hydrographic basins; k) contamination from the dumping of solid waste, produced when a sanitary landfill is built on permeable or non-waterproofed land, through leachates; l) contamination from injection wells—a form of subsoil utilization as a waste repository—that are poorly designed, constructed, or used.
XII.- PROTECTION OF GROUNDWATER. Due to the characteristics of contamination in aquifers intended for public supply and their difficult regeneration, measures to avoid contamination must be preventive and protective, through the prohibition of certain human activities in specific zones or by ordering safety measures for certain potentially contaminating activities. Our legal-administrative system (legislation, regulations, and decrees) unfortunately lacks precise, clear, and complete regulation for the protection of aquifers, recharge zones, and groundwater extraction areas. In foreign legislation (e.g., the Spanish Water Law 29/1985 of August 2), some extraordinary powers of administrative intervention in the water economy are provided for, which directly concern the protection of aquifers, in order to achieve sustained use of water resources, that is, to guarantee availability of water in sufficient quantity and required quality to meet present and future human and ecological needs. These extraordinary administrative powers, which must be admitted in our legal system—despite the lack of regulation—as implicit in the express and general competence for the protection and conservation of groundwater attributed to the State and the decentralized entities of the water sector, are based on the need to achieve rational and balanced use of water. The scarcity and degradation of the natural conditions of water resources impose the administrative possibility of adopting such measures to prevent their exhaustion or irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that a water crisis may generate. (...)" Taking into consideration the foregoing constitutional development on the protection of groundwater, as it is fully applicable to the specific case, a ruling is issued below on the allegations made in the claim.- VII.- REGARDING THE GROUNDS FOR RESOLUTION No. 590. The plaintiff company argues that the aforementioned resolution lacks grounds, in that it established the existence of conduct generating environmental damage, when in reality the outcrop (afloramiento) produced was nothing more than the environmental impact that the Administration itself knew could occur due to the mining exploitation, and that according to article 9 of the Water Law, the outcropping of water due to mining exploitation is not only an expected impact but also legally admitted. That, consequently, the outcrop that occurred in the area cannot be considered an environmental damage. The arguments are not acceptable. It is well known that every administrative act must contain a ground (motive) (article 133 of the General Law of Public Administration), as this is one of the essential elements that configure the validity of all administrative conduct. It could be said that the ground is made up of the reasons of fact and of law (antecedents) that enable the issuance of every act. The ground is indissolubly linked to another essential element, that is, the purpose (fin) (article 131 General Law of Public Administration), and this latter in turn presupposes the necessary competence of the body issuing the act (article 129 ibid.). Well then, in the specific case, regardless of whether there was a public complaint or not, which is deemed immaterial to the underlying conflict, the Directorate of Geology and Mines, a body belonging to the Ministry of Environment and Energy, in the use of its inspection powers over national mining activities (article 97 subsection ch, previously article 93), conducted a field visit on August 3, 2001, in the area where the Pedregal Pit was being exploited, located in the district of San Antonio, canton of Belén, province of Heredia. Said visit was carried out by officials Marlene Salazar Alvarado (Deputy Director General), Ana Sofía Huapaya (Geologist), and Edgar Sandí (Forestry Engineer), accompanied by representatives of the plaintiff company (see folio 601 of volume III of the administrative file). After verifying the conditions of the sector, they confirmed the existence of a new outcrop of the Colima Superior aquifer, which flows through the area where the mining exploitation is carried out, and in their report they concluded that the following had occurred: 1) the impact on the Colima Superior aquifer in the eastern sector of the concession area, 2) the impact on the protection zone established by article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), 3) non-compliance with articles 8 and 11 of the Biodiversity Law. In that sense, as part of the recommendations set forth in the report prepared for this purpose by the aforementioned officials (Memorandum DGM-DC-803-2001), the immediate suspension of exploitation and material processing works of the company Pedregal S.A. was proposed, and that SETENA and the ICAA be asked to assess the potential environmental damage to the aquifer, and that the concessionary company be asked to submit a hydrogeological study with the characterization of the aquifer in the area and the determination of the phreatic levels, to determine the minimum extraction elevations. The Director General of Geology and Mines accepted said report and supported the challenged act based on it, ordering the immediate suspension of the quarry material exploitation and processing works that the plaintiff was carrying out, and ordering compliance with the recommendations indicated in the cited memorandum. From a reading of the reasoning (fundamentación) of the questioned act, it is clearly noted that its object was the protection and preservation of the Colima Superior aquifer, and therefore, its purpose was the protection of the environment, whose legal basis resides in the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, and in the right to health, which needless to say, are rights enshrined in our Political Constitution and extensively developed by the jurisprudence of the Constitutional Chamber, as seen previously. It is also unnecessary to mention that by constitutional provision, the State has the duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment (art. 50), so that the clear competence of the Directorate of Geology and Mines (state body) to adopt administrative acts aimed at protecting that right cannot even be questioned, given that in the case of precautionary measures issued in favor of the environment, as happens to be the case at hand, the legal basis for their adoption is provided by the precautionary principle or in dubio pro natura, contained in principle 15 of the Declaration on Environment and Development (Rio, 1992) and subsections 1 and 2 of article 11 of the Biodiversity Law, in relation to article 45 of the same legislation. Thus, based on the foregoing, and without prejudice to the considerations that will be made later, the Court finds that, contrary to what was argued by the plaintiff, resolution No. 590 had sufficient grounds and the same were legitimate. Indeed, it can be seen that, in this case, the competent public body in matters of concessions for the exploitation of mineral resources conducted a field inspection in the area of the Pedregal S.A. concession, found irregularities that could endanger the Colima Superior aquifer, and noting the foregoing, in the use of its legal and constitutional powers, issued a precautionary measure to protect the environment and health, ordering the suspension of the quarry material exploitation and processing works that the plaintiff was carrying out. In support of that measure, it invoked as legal grounds article 50 of the Political Constitution, jurisprudence of the Constitutional Chamber (votes 503-94, 1394-94, and 1758-94), article 11 of the Biodiversity Law, article 1 of the General Potable Water Law, article 1 of the General Health Law, and provisions 93 and 98 of the Mining Code (currently 97 and 102). In conclusion, the contested administrative resolution had a legitimate ground, inasmuch as, at the time of its issuance, the existence of circumstances that endangered the Colima Superior aquifer (a fact verifiable by technical assessments) was confirmed, as well as the health of persons (as it is a source usable for water supply); while at the same time there were legal norms (antecedent of law) that supported the actions of the Directorate of Geology and Mines, that is, the taking of precautionary measures to safeguard those assets of general and superior interest. That being the case, no violation is found due to lack of grounds, so it is appropriate to reject the arguments put forth by the plaintiff in that regard. The Court deems it important to add to what has already been decided, that the discussion that the plaintiff company seeks to incorporate into this trial, to the effect that the challenged precautionary measure erroneously established the existence of environmental damage, when in reality what occurred was an environmental impact foreseen by the Administration itself, is not relevant, as it is not the crux of this litigation. In the view of this Chamber, regardless of the nomenclature that the DGM may have assigned to the findings verified in the quarry exploited by the plaintiff—a secondary issue for the purposes of what is analyzed here—it is an undeniable and indisputable fact that a new outcrop of the Colima Superior aquifer could be verified in the concession zone, and that fact, by itself, justified, as will be discussed further below, the measure to halt the activities carried out by the plaintiff company on the concession lands, in safeguard of a general interest of the highest order, which is the protection of water resources, especially since it concerns groundwater, whose potential contamination would seriously risk its future use for the supply of inhabitants. This is confirmed by the testimonial evidence gathered in the case file. In that sense, the testimonies of Mrs. Marlene Salazar Alvarado, Cynthia Cavallini Chinchilla, and Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra, offered by the defendant party, reiterate what is already evident from the administrative file, that is: that it was verified that in the concession area the aquifer was being breached and water was outcropping at a level above the phreatic level, that by virtue of this, measures were taken to suspend the exploitation works, while more detailed studies were requested, which, once submitted, turned out to be incomplete and even contradictory. That an assessment was made of all the studies submitted by AyA and SETENA and those provided by the plaintiff, concluding that the suspension should be maintained until more complete hydrogeological studies were submitted, since those submitted concluded that more specific studies were needed to determine the position of the phreatic level. That subsequently, the use of the crusher in the western sector was authorized, but later, through an inspection, non-compliance with the measures established in resolution No. 590 was determined, recommending the cancellation of the concession. The clear lack of scientific information needed to weigh the greater or lesser vulnerability of the Colima Superior aquifer, given the mining activity deployed in the area, was not refuted by the testimonial evidence offered by the plaintiff party. Note that the statement of geologist Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, a witness provided by the plaintiff, focuses on referring to aspects that in no way detract from the preventive nature of the action deployed by the Administration with the issuance of the precautionary measure. His testimony was basically oriented to propose: that water outbreaks are expected impacts, that the Toma Zamora is a trench dug by AyA, that the outflow of water is not new because it already existed before obtaining the concession, that to his knowledge there have been no changes in the quality of the aquifer's water as a result of the pit exploitation, and that he was responsible for defining a protection area for the water quality of AyA's trench, stating some details on that matter. That is, throughout his statement he makes no reference to the second outcrop found by the Directorate of Geology and Mines during the visit conducted in 2001, nor does he indicate whether at that time there were clear and conclusive elements to guarantee the safety of the groundwater, or indeed, whether the actions ordered by the Administration at that time, through the precautionary measure, were absolutely contrary to science or technique. On the contrary, it draws attention that regarding the second outcrop he stated the following: "Regarding whether he knows about a second outcrop occurring in the quarry, he replies yes, 'moreover, in the last of the studies I did in 2003 where the protection area towards an outcrop towards the eastern area was defined, I could not be sure if it corresponds to the outcrop that I knew at the beginning of the eighties that could have been receding due to the extraction of material. 10- This second outcrop technically should not have occurred, unless the water level varied due to seasonal conditions, which would be the only reason I see for the water level to vary.'" (see folio 854 - bold not in original). As can be seen, there are clear imprecisions in the witness's statement in relation to this second outcrop (grounds for the challenged act), insofar as he could not define its cause, much less explain whether or not there was a danger of impact on the aquifer as a result of those waters emerging to the surface. For greater clarity, consider the testimony of Dr. Allan Astorga Gatgens, who, after repeating in his testimony what he had already indicated in his document: "Technical Analysis of resolution 590-2001 of the Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy," which is in the case file and to which reference will be made later, was very clear in briefly indicating the following: "At the time resolution 590 was issued, only the exploitation plan in the possession of the Directorate of Geology and Mines was available, and direct observation of the pit." (see folio 903). In accordance with the foregoing, it is reasonable to conclude that the grounds for the act are legitimate, the plaintiff having failed to challenge the elements of fact and law that supported it, based on arguments that seek to divert attention to other non-essential aspects. Under this same framework, it is considered that it would lead nowhere to analyze whether, according to article 9 of the Water Law, the outcropping of an aquifer due to a mining exploitation is or is not an expected and legally admitted impact, since even if such reasoning were accepted, it does not mean that the State and the competent minor public entities cannot or should not exercise their powers at any time for the purpose of protecting and conserving water resources, especially as in this case, involving a risk situation. For the same reasons, it is not acceptable, from any point of view, to attempt to attack the precautionary measure challenged here, arguing that despite the inspections carried out over time by the competent public bodies and entities (DGM, AyA, and SETENA), the plaintiff was never warned of the need to maintain protection areas under article 33 of the Forestry Law, since by basic and constitutionally established principle, no one can claim ignorance of the law, and in any case, if those public authorities might have incurred eventual omissions in the exercise of their powers, that is not a subject of debate in this proceeding according to the claims asserted, besides the fact that the Administration is not called to intervene only once, but as many times as necessary for the safeguard of the public interests whose protection it is entrusted with by legal and constitutional mandate.- VIII.- ON THE APPLICATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN THE SPECIFIC CASE. In the plaintiff's consideration, the precautionary measure taken by the Dirección de Geología y Minas is vitiated by absolute nullity, by virtue of having violated the precautionary principle through improper application. It argues that a total prohibition of extraction and processing activities was opted for, omitting to weigh the proportionality and the cost/benefit economic evaluation of the decision taken. It alleges that although the concessionaire was responsible for providing the scientific information to make a more complete risk evaluation, once it was provided, the measure was maintained without reason. The arguments are not admissible. The precautionary principle, as a source of a legal and international nature applicable in our legal system, allows the State to take all necessary anticipatory actions to protect and conserve the environment and people's health, when there is a risk that they may suffer some impact. The Constitutional Chamber has ruled repeatedly in relation to the so-called precautionary principle and its scope, as is evident from the citation made below, which, in pertinent part, states:
"ORIGIN, CONTENT AND SCOPE OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE. The precautionary principle, from its origin, takes into consideration the fallibility of human understanding and the possibility of making errors. In the second half of the 1970s, the federal government of Germany enunciated the 'Vorsorgeprinzip' principle, stating that 'an environmental policy is not fully consolidated solely through the elimination of imminent dangers and the repair of damage that has occurred. A precautionary environmental policy also requires that natural resources be protected and that demands on them be managed with care,' having used it to justify the implementation of policies against acid rain and pollution of the North Sea. The principle appears on the international stage with the North Sea Treaties (Bremen Declaration 1984, London 1987, Den Haag 1990, and Esbjerg 1995). Thus, the 1984 Bremen Declaration (First International Conference on the Protection of the North Sea) refers to the need to adopt timely preventive measures given the insufficient level of knowledge. Subsequently, in the 1987 London Declaration (Second International Conference on the Protection of the North Sea), the principle was proclaimed to safeguard the North Sea ecosystem through the reduction of polluting emissions of substances that are persistent, toxic, and susceptible to accumulation at the source, through the use of the best available technology and other appropriate measures. An option that would be of special application when there was reason to presume that such substances could cause some damage or harmful effects on living marine resources, especially when there is no scientific evidence proving the link between emissions and effects (principle of precautionary action). This latter declaration provided that '(…) a precautionary approach is necessary which may require the adoption of measures (…) even before a causal relationship has been established by absolutely clear scientific evidence (…)'. Subsequently, the principle is included in various multilateral treaties and international declarations such as the 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, the 1990 Bergen Declaration on Sustainable Development in the ECE Region adopted by representatives of European countries and Canada, the 1992 Convention on Biological Diversity, the 1992 Framework Convention on Climate Change, the 1992 Treaty on European Union, the 1992 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, the 1994 Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, the 1994 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO), the 1995 Washington Action Programme for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities, the London Convention on Dumping at Sea, originally from 1992, by virtue of amendments adopted in 1997 for the protection of the marine ecosystem, and the 2000 United Nations Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity in Montreal, the 2000 Cartagena Protocol on Biosafety, and the 2000 European Union Communication on the Precautionary Principle. Similarly, the precautionary principle quickly assumed a general approach —including natural resources, ecosystems, the fishing and forestry sector, and biological diversity— and not only circumscribed to toxic substances. Thus, the Bergen Declaration (1990) stated that 'Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation.' Likewise, the Rio Declaration on Environment and Development (3-14 June 1992), in its Principle 15, provided the following: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' It is thus that the precautionary principle acquired, even, an ethical dimension —of science and technology— that guides the environmental, health, trade, food safety, and, in general, sustainable development policies of States. Despite the halo of uncertainty that exists in defining or conceptualizing the precautionary principle, from a general perspective, it imposes that when environmental risks are uncertain, unforeseeable, and cannot be ignored, an omission or inaction in regulation is unjustified. Simply put, the sum of a state of scientific or technological uncertainty —given the lack, insufficiency, or inadequacy of available scientific information and knowledge about the causation, magnitude, probability, and nature of the injury— and the possibility or threat of eventual serious and irreversible damage is equal or must be equivalent to a precautionary or anticipatory action, which may have as its content, even, the prohibition or elimination of certain products, activities, or substances. The foregoing presupposes an objective evaluation of the risk and the cost-benefit relationship of the omission or precautionary action in light of the available scientific evidence that allows concluding that it is insufficient, absent, or inadequate, such that the precautionary principle cannot justify the adoption of arbitrary and potentially discriminatory measures. On the other hand, the application of the precautionary principle does not suppose a fossilization of the state of affairs in force at the time of adopting the pertinent actions, which prevents progress and innovation, since the intervention or restriction measures must remain in force as long as the scientific information is incomplete or inconclusive and the risk of injury is serious and irreversible, and therefore admit their periodic review in light of scientific progress. Likewise, when ordering restriction or intervention measures, the principle of proportionality must be respected, so that they are proportionate to the level of protection and the magnitude of the potential or eventual damage. The precautionary principle is based on the fact that the environment and ecosystems do not have the capacity to assimilate or resist certain activities, products, or substances, and thus seeks to anticipate damage and protect human health and the environment. (…)." (Resolution No. 17747-2006, of 2:37 p.m. on December 11, 2006).
Well then, just as the plaintiff alleges, the Chamber has indeed established that the taking of a precautionary or anticipatory measure, under the protection of the precautionary principle, presupposes an objective assessment of the risk and the cost-benefit relationship of the omission or precautionary action, so that arbitrary or discriminatory measures are not established. However, the plaintiff must take into account that this refers to those cases in which sufficient scientific evidence is available, which would allow having the necessary elements to determine whether or not there is a causal relationship between the human activity that would be affected by the measure and the potential damage to the environment that is intended to be avoided, or, if some relationship exists, the type of incidence produced between the two, thus being able to weigh whether the precautionary action is justified or not, or at least if it is viable to modify it, such that an action that is not consistent with the scientific and technical reality reflected by the data would become arbitrary and unjustified. On the contrary, and in accordance with the principle in question, it is not possible to carry out an assessment as indicated above, in those cases in which no scientific information is available, or when it is insufficient, in terms of determining with absolute certainty what factors could generate damage to the environment, and especially in situations where the damage could be serious and irreversible. It is in these situations where the protection and preservation of the environment prevail, and measures must be ordered that ensure the minimization of any impact on the resources, even when this may entail a serious restriction on a private interest, since the former stands as a superior interest that benefits the community, even the private individual themselves. Note that even when there may be doubt about the production of serious or irreversible damage to the environment, the norm obliges the adoption of the precautionary measure and even foresees the possibility of postponing 'the activity in question,' all of which is justified, ultimately, by the notorious fact that natural resources constitute an essential element for the maintenance of human life, and to the extent that the environment is harmed, by reflection, human health is also harmed. In the specific case, this is what occurred, insofar as expert officials of the Dirección de Geología y Minas verified, through inspection, situations that were affecting the Colima Superior aquifer in the concession area, all of which made it necessary to take actions aimed at the effective protection and preservation of that water resource, by virtue of the implications they could generate for health and the environment, and even with the risk that the impact could be irreversible. Although what is argued is not unreasonable, the truth is that in this case, the imposition of the adopted measure ordering the suspension of all material exploitation and processing activities was justified, by virtue of the repercussion that the eventual contamination of the mentioned aquifer represented for human life and the environment, given its exposure through the outcrop found in the inspection of August 3, 2001, taking into account that the contamination of the aquifer would in turn imply the contamination of the water that supplies the "Puente de Mulas" system, which is captured by the first outcrop that occurred in 1991. In that order of ideas, it is considered that the imposition of actions such as the one taken by the Dirección de Geología y Minas at the time of the issuance of Resolution No. 590, are not only admissible but also necessary, since at that moment there were not sufficient technical and scientific studies to rule out, with all certainty, the occurrence of damage to the Colima Superior aquifer due to the exploitation activities being carried out by the plaintiff company, such that it is not found that the cited resolution is null due to improper application of the precautionary principle, because on the contrary, in the judgment of this authority, it was appropriate and consistent with the importance of the eventual impact it sought to prevent, which is precisely the fundamental content of said principle. In this regard, we agree with the state representation, in the sense that account must be taken of what was established by the Constitutional Chamber in Judgment No. 1923-2004, cited above, as it clearly constitutes a binding parameter regarding the application of the precautionary principle in relation to the protection of groundwater from aquifer mantles. In this regard, it is considered important to cite recital XV of said resolution, which states as follows:
"XV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW AND PROTECTION OF GROUNDWATER. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. This principle is enshrined in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' In the domestic legal system, the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), in its article 11, enshrines the following principles as hermeneutical parameters: '1.- Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: Where there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with these, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures.' In Ruling No. 1250-99 of 11:24 a.m. on February 19, 1999 (reiterated in Rulings Nos. 9773-00 of 9:44 a.m. on November 3, 2000, 1711-01 of 4:32 p.m. on February 27, 2001, and 6322-03 of 2:14 p.m. on July 3, 2003), this Tribunal considered the following: '(...) Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health. Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage —or a doubt about it— a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damage caused to the environment.' Subsequently, in Ruling No. 3480-03 of 2:02 p.m. on May 2, 2003, this Tribunal indicated that 'Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but rather the lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.' In the case of groundwater contained in aquifer mantles and recharge and discharge areas, the precautionary or in dubio pro natura principle supposes that when there are no studies or reports carried out according to the univocal and exactly applicable rules of science and technology that allow reaching a state of absolute certainty about the innocuousness of the activity intended to be developed on the environment, or these are contradictory among themselves, the entities and bodies of the central and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application, suspend those in progress until the dubious state is resolved, and, in parallel, adopt all measures aimed at their protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment. In essence, safe environmental management of groundwater involves protecting the resource before its contamination or degradation." Precisely, in the specific case, there was no state of certainty about the innocuousness of the mining exploitation activity on the Colima Superior aquifer, and faced with such a scenario, in application of the criterion advanced by the Chamber and shared by this Tribunal, what is appropriate is to suspend the activities in progress until the state of doubt is resolved, all based on the right to a healthy and ecologically balanced environment. Now then, note that an essential element for considering that the aforementioned principle was correctly applied in this case, is the content of the study provided by SETENA, called: "Assessment of the environmental damage caused by the mining extraction project of the company Productos Pedregal S.A.," filed on September 17, 2001 (page 858 of volume IV of the administrative file and 365 of the judicial file), according to which effective damages as well as possible damages to the environment were found, as is evident from the conclusions of that study, which are cited below:
"... VIII. Conclusions.
Based on the investigation carried out by the technical team designated by this Secretariat, the following conclusions are reached: Environmental damage was verified in the following factors:
1. Protection zone of the Virilla River.
a. An approximate strip of 300 linear meters of vegetation was removed in the western sector of the concession.
b. Due to the various activities in the Pit, the 50 m strip along the river was disrespected, which prevented its natural recovery or reforestation. The total area corresponding to the protection zone is 73,500 m².
2. Virilla River.
3. Groundwater.
4. Landscape.
5. Public Health.
1. Virilla River.
a. The accumulation of concrete found within the riverbed can produce a change in the behavior of the hydraulic capacity of its channel.
2. Zamora Intake.
a. The Concrete Plant, the Asphalt Plant, the Treatment Plant, and the block factory are invading the Protection Zone of the Zamora Intake, which increases the vulnerability to contamination and structural damage.
3. Groundwater.
a. The opening of the aquifer on the East front could be causing decreases in water discharge at the local level.
b. The Colima Superior aquifer presents high vulnerability due to its exposure and because it has protection, at most, of 2 m depth in the entire pit area.
c. The eventual floods and the presence of the crusher in the eastern sector, accumulations of aggregates, and accumulations of asphalt waste that are in the Spring Protection Zone, are possible sources of contamination, not only microbiological but also chemical.
4. Occupational Health.
a. The 90-degree angles put the workers' lives in latent danger. b. The constant generation of dust and particles due to extraction, explosions, crushing, asphalt plant, and block factory, can cause respiratory conditions to the plant workers." (the boldface is not from the original).- In short, the content of the SETENA study confirms that the precautionary measure was issued in accordance with the law, as it reflects the existence of a series of damages —and possible environmental damages— in the concession area, a study that was prepared subsequent to the inspection carried out by the officials of Geología y Minas, and from which the thesis is reinforced that at that moment it was not possible to rule out with absolute certainty that the exploitation activity was affecting the environment, especially the Colima aquifer. On the other hand, it should be highlighted that the plaintiff is not correct when it states that the Administration decided to maintain the total suspension of extraction and processing activities, despite the reports requested in cited Resolution No. 590 having been presented, since it is evident from the administrative file that the Dirección de Geología y Minas, through Resolution No. 784, of 9:40 a.m. on December 16, 2001, supported by the content of Resolution No. 623-2001 from SETENA and Memorandum DGM-DC-1018-2001, ordered the partial lifting of the suspension of activities that had been initially ordered, authorizing Productos Pedregal S.A. for the use of the crushing system (processing) located to the west of the concession area, until June 1, 2002. That is, despite the fact that the Administration had initially rejected the request for suspension of the effects of the act (by Resolution No. 703), it subsequently takes into consideration the content of technical reports from SETENA and the Dirección de Geología y Minas itself, incorporated into the administrative file, and based on that technical information, which it is worth clarifying was not definitive or conclusive, decided to lift the suspension of the processing activities in the western sector of the quarry, just as the concessionaire itself requested in the appeal for revocation with appeal and suspension of the effects of the act filed on August 6, 2001. In any case, even though the plaintiff questions Resolution No. 784, no argument whatsoever is evident from the complaint that supports its challenge, making it impossible to review the legality of that act in particular. On the other hand, as will be seen further on, although the plaintiff presented in October 2001 the reports that were required of it (page 893 of volume IV of the administrative file and bound studies), they were incomplete regarding the adequate characterization of the aquifer, and therefore its reproaches are not admissible. Consequently, the defects pointed out by the plaintiff in relation to this issue are not found, and therefore it is appropriate to reject the arguments made.- IX.- REGARDING THE ALLEGED VIOLATION OF THE PRINCIPLE OF REASONABLENESS AND PROPORTIONALITY. The plaintiff alleges that the precautionary measure adopted through resolution No. 590 was a violation of the constitutional principle of reasonableness and proportionality, because it constituted an act limiting rights, and like any act of that nature, it must meet a triple condition: being necessary, suitable, and proportional. It argues that the aforementioned resolution did not meet any of these three conditions, ultimately generating an absolute restriction on the exercise of an administrative real right, around which a significant series of productive activities were developed. It also argues that the Dirección de Geología y Minas disregarded the recommendation contained in point 4 of the recommendations section of official communication DGM-DC-803-2001, in the sense of maintaining the suspension until the requested hydrogeological studies, which were timely provided, were carried out. The arguments are not receivable. The act being challenged possesses the characteristics noted in previous recitals, that is, it is a precautionary measure aimed at protecting a legal interest of constitutional and international rank, which is the environment. It must be clear that the parameters established in the legal system for taking these measures are special, reiterating what was said before, in the sense that the State's actions must always be directed in favor of the environment, even when there was doubt as to whether the enjoyment of the individual's right, which would be limited by the measure, was the direct cause of the possible impact on the compromised element. Now, in the terms raised by the plaintiff herself, based on what was established by the Constitutional Chamber in resolution 8858-98, this collegiate body of judges disagrees that the precautionary measure was not necessary, suitable, and proportional. It is clear that the measure had to be adopted in the manner done by the Dirección de Geología y Minas, because what was at stake was the eventual contamination of an extremely important water resource, the Colima Superior aquifer, since it constitutes an important underground source of drinking water supply. It must be remembered that access to drinking water is a fundamental right as it materializes the right to life. It is reiterated that at that time (inspection of August 3, 2001), there were no certain scientific elements demonstrating that the exploitation activity carried out by the concessionaire had no possibility of affecting the aquifer, and rather, the fact that a new outcropping of that aquifer was found in the concession zone reflected its vulnerability to contamination from the extraction and processing processes. Precisely because of this lack of technical and scientific information, the suspension of work on all exploitation fronts was ordered, and the balancing that the plaintiff misses is not required, in terms of defining the suspension of exploitation only in zones where there was risk as an alternative, given that the level of vulnerability presented by the aforementioned water resource was unknown in relation to the state and advancement of the surface area subject to the extraction process. For the foregoing, it is considered that the measure was indeed necessary. For the same reasons, the Tribunal understands that the measure adopted was suitable, in every way, as it was the only one that could be taken after the inspection already indicated, under the precautionary principle contained in Article 11 of the Biodiversity Law and developed by the Constitutional Chamber, considering that the Administration lacked the effective scientific evidence to make an assessment so as not to affect, or at least only mildly affect, the private interests of the concessionaire. The plaintiff insistently cites the extrajudicial report delivered by Dr. Allan Astorga Gätgens, according to which resolution No. 590 was excessively harmful to the interests of the plaintiff and the families who obtained work from its mining activity. However, the statement of the aforementioned professional only confirms what has been indicated in the preceding lines, since he presents mere opinions and not conclusive affirmations. That is, his position does not reflect with scientific force that the extraction and processing work, even when it came to the western sector of the zone, did not affect or would not affect the aquifer. Note that the plaintiff transcribes an excerpt from the aforementioned report that says: "This disproportionate condition is further reaffirmed when considering the fact indicated in the field report, that the project was carrying out extraction work on the West front of the concession, located, as already indicated, in an area where it was not affecting the aquifer, nor did it generate a risk of contamination to the Zamora spring catchment. It seems more logical that the recommendation of the DGM report, taking into account the absence of a clear connection between the Pit and the contamination of Puente de Mulas and the social consequences of a total suspension of the productive activities of the concession, would have been aimed at limiting the extraction and processing work of mineral material to a geographical space within the project area where the possible risks were minimized." (folio 329, the bold is not in the original).- If it were as simple as estimating a priori and without sufficient hydrogeological studies -as proposed in the report provided by the plaintiff- that because the outcropping was located in the eastern sector of the exploited zone, then work could continue on the other exploitation front, the discussion would have ended immediately, and the precautionary principle would have been rendered meaningless for this particular case, which did not occur. Note that the same professional recognizes that there is an absence of a clear connection between the Pit and the contamination of Puente de Mulas. That is, even if the relevant issue of the discussion in this process were the topic of the contamination suffered by the water of Puente de Mulas, which it is not, but rather the protection of the Colima Superior aquifer, even there the report from the expert offered by the plaintiff did not have total certainty to dissociate the exploitation and material processing activity from all causality with the indicated contamination. In the same vein, the expert’s report rendered in the proceedings (folios 1738 to 1749), whose object was to analyze the text prepared by Dr. Allan Astorga Gätgens called "Technical Analysis of resolution 590-2001 of the Dirección de Geología y Minas of the Ministry of Environment and Energy," is not clear or conclusive in establishing that the DGM, at the time of issuing resolution No. 590, had sufficient scientific elements providing absolute certainty to rule out the existence of a danger of contamination of the Colima Superior aquifer from the mining exploitation work deployed by the plaintiff. Indeed, said report in its final conclusions states, in what is relevant: "... 5.4.- At the request of the Executive Director of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), the Dirección de Geología y Minas conducted an inspection of the El Pedregal Pit property, accompanied by officials from other institutions. The objective of the inspection was to establish if the water contamination that affected the Puente de Mulas Station had originated on the grounds of the El Pedregal Pit. As a result of the inspection, it was not possible to establish that the contamination really originated on the El Pedregal property. What the DGM reports is the vulnerability of the upper aquifer existing at the site due to the material extraction work carried out there. From this inspection arose Resolution 590-2001 of the Dirección de Geología y Minas of the Ministry of Environment and Energy. Said resolution ordered 'THE IMMEDIATE SUSPENSION OF EXPLOITATION AND PROCESSING WORK OF MATERIAL FROM THE QUARRY carried out by the company Productos Pedregal S.A. in the concession area of administrative file No. 1547'. 5.5.- The expert considers valid Dr. Allan Astorga's statement that resolution 590-2001 was based on the vulnerability conditions observed in the pit, as reported by the inspectors, and that this situation had been fully recognized by the institutions linked to the operational controls of the pit for many years. Furthermore, the resolution does not indicate the definitive finding that the water contamination had occurred at the El Pedregal Pit. 5.6.- It is the opinion of this expert that the Dirección de Geología y Minas could have analyzed the opinions of Dr. González from the Ministry of Health, as well as other opinions of professional specialists in Hydrogeology with sufficient experience of the area where the problem was generated, before issuing a final resolution. 5.7.- It is the opinion of this expert that, based on the opinions of the Ministry of Health, and through the execution of immediate hydrogeological studies, it was possible for the El Pedregal rock material extraction plant to remain in operation, at the same time that the recommendations and protection measures given in Resolution 590-200 (sic) were applied, and while the new proposed studies were carried out, which were conducted by the hydrogeologists Marcelino Losilla, Clara Agudelo, Hugo Rodríguez, and Alicia Gómez. 5.8.- The application of regulations such as the one indicated in Recital No. 5 of Resolution 590-2001 will finally depend on the decision made by the responsible professionals from the different public institutions involved with a specific problem. That recital is copied verbatim: (...) In this specific case, the professionals with the most experience and knowledge of the hydrogeological conditions of the Puente Mulas area did not work for any of the public institutions involved at the time the problem arose. Precisely some of those professionals, mentioned in point 5.7 of these conclusions, are those who were later assigned to carry out the work of the new hydrogeological investigations in the Puente Mulas area. Due to this situation, and possibly given the lack of knowledge or the doubt that existed in the responsible institutions for making decisions regarding the water contamination problem in Puente Mulas, it was decided to apply the environmental regulations that allowed, in the face of any doubt, to make a decision like the one incorporated in Resolution 590-2001." (the bold is not in the original). As can be observed, throughout his conclusions, the expert presents mere hypotheses, as does Dr. Astorga's study, limiting himself to making comments on what, in his judgment, the DGM could have done. However, he is not clear in indicating the most relevant aspect of the case, which is whether, at the time of adopting the precautionary measure, there was absolute certainty that the water resource of the Colima Superior aquifer was not under any risk due to the plaintiff's mining activity. On the contrary, the expert recognizes that the officials of Geología y Minas based their action on the vulnerability conditions found in the Pit, and specifically, on the vulnerability of the upper aquifer that flows through the concession zone, a fact that has not been disproven by the parties. Add to the above that the report fundamentally concentrates its analysis on whether or not it was possible to prove the possible contamination of Puente de Mulas; however, as already explained before, this is not the central topic of the discussion. The reason for the challenged act is grounded in the verification of a second outcropping of the Colima Superior Aquifer in the exploitation zone, and faced with the risk of it being affected by the exploitation activity in the quarry, its objective was its protection and conservation. Finally, it is noteworthy that the expert’s report makes a series of comments that exceed the object of the analysis requested, because it makes qualifications about the experience and knowledge of the officials who worked at that time for the institutions competent in the substantive matter; however, it is not in a position to make such affirmations, nor are they remotely relevant for achieving an approximation to the real truth in this debate. With all this, what is evidenced from the expert's own statement is that the Administration chose to apply the environmental regulation that allows taking measures such as the one adopted in this case (precautionary principle), in the face of doubt about the possible impact on the water resource. Consequently, in the judgment of the Tribunal and due to the particularities of the substantive matter, the measure was not unsuitable, insofar as at the time it was adopted, there were no other mechanisms that would better solve the existing need (protection of the aquifer). Finally, this Chamber considers that the measure was indeed proportionate, considering that, as has been insisted upon in the development of this judgment, on the day of the inspection the existence of a new outcropping of the Colima aquifer could be verified. This situation reflected the vulnerability of that water resource in relation to the mining work being deployed in the zone, which evidenced the danger that said aquifer could become contaminated with the substances produced as a result of the extraction and processing of materials. For the Tribunal, dealing with a resource of such importance for human health and with such great potential for the eventual supply of drinking water, the mere verification, as the plaintiff suggests, was not sufficient reason to authorize the extraction and processing process in the western sector of the concession. This is because the second outcropping found, even though it was in the eastern sector, constituted an external sign of the vulnerability of the referred aquifer, as a result of the advancement of the activity being carried out in that zone of our country. Now, far from considering the measure untimely and arbitrary because it was taken the same day as the inspection, it is found that it was a response commensurate with the magnitude of the consequences that could result from the contamination of the aquifer. These consequences would mean neither more nor less than the possibility of rendering useless a water supply source of great potential for all inhabitants, since, in the final instance, it is the community that benefits daily from such an important resource for all activities of human life. The assertions of Dr. Astorga's report, cited by the plaintiff herself, are contrary to the constitutional parameter erected from the precautionary principle, when it says: "Logic, in this sense, indicates that the most balanced approach would have been a partial suspension, which would limit the extraction area to sites where the environmental risk was very low, while detailed investigations and the implementation of more concrete measures for the project's operations were developed." (folio 330, the bold and underline are not in the original). Logic is not the only factor that prevails, according to our legal system, for making decisions regarding precautionary measures whose purpose is the protection of the environment, as science and technique play a more preponderant role in this matter. And it has been reiterated already that scientific knowledge in this matter must be absolutely certain, in order to rule out any connection between the right whose enjoyment would be restricted by the measure and the impact on the environment in any of its components. Observe that the same professional recognizes that an environmental risk did exist (although he qualifies it as low), and also recognizes that detailed investigations were not available at that time, which is in perfect harmony with what has been stated so far, since had it been otherwise, there would have been a clear and certain panorama to determine whether or not there was a causal relationship between the plaintiff's activity in the Pit and the contamination of the aquifer. Under such circumstances, it is notable that what was appropriate, according to the precautionary principle and the jurisprudence of the Constitutional Chamber, was to suspend the work in its entirety, until the hydrogeological studies requested from the company and those that SETENA and the ICAA had to submit, each within its respective competence, were available. The plaintiff was required to provide the characterization of the aquifer, hydrogeological studies, and the determination of the water table levels. It should be noted that even though those studies were presented, they were insufficient in relation to the characteristics of the aquifer (report from the Technical Advisory Council on Mining cited in resolution No. 77, at folios 1104 to 1107 of volume V of the administrative file). And in any case, according to the report issued by the geologists Marlene Salazar and Sofía Huapaya (officials of DGM), in which they reviewed the studies of the company and the aforementioned institutions, it was concluded that in the western front of the Pit the danger of affecting the aquifer was not ruled out (official communication DGM-SD 20-2002, of January 15, 2002, at folio 1070 of volume V of the administrative file). This was noted in the reasoning of resolution No. 77 of nine o'clock on January twenty-eighth, 2002, through which the Dirección de Geología y Minas rejected the appeal for revocation filed by the plaintiff against resolution No. 590. Thus, on that occasion it was stated: "In the western front, although it is true that outcroppings of the aquifer layer were not detected, the irregularity of the water flow in the area and the lack of information about it should not be omitted. Therefore, it is recommended that extraction in this sector, if it were to occur, be through exploitation blocks previously studied and with the characterization of the underground water flow to determine the maximum exploitation level. For this, the concessionaire must present the reserve evaluation differentiated by type of material and possibility of extraction, as well as a mining plan and program, with its respective timeline, for exploitation by areas and levels. This includes the logical and technical sequence of development, as well as the presentation of the corresponding slope stability studies for the cuts to be made." (folio 1076 of volume V of the administrative file). That is, by virtue of the fact that the plaintiff's hydrogeological studies were incomplete regarding characterizing the depth of the aquifer in the zones intended to be exploited, the emergence of new outcroppings, even in the western sector, was not ruled out. To allow exploitation in that sector, more detailed hydrogeological information and a meticulous and rigorous exploitation plan were necessary. In short, even though the plaintiff did not issue any argument to challenge resolution No. 77, it is clear that even after the precautionary measure, the scientific information presented by the concessionaire did not allow for the elimination of a possible connection between the mining activity and the impact on the Colima aquifer. And in any case, the will of the Administration was not to completely prohibit the possibility of carrying out extraction work by the plaintiff company, but rather that such a situation was conditional on the interested party presenting the necessary information to guarantee the protection of the many times mentioned underground resource. Consequently, the Tribunal believes, based on all that has been stated, that the measure was proportionate, insofar as the benefit intended to be achieved with it in favor of the community was not markedly superior to the restriction imposed on the plaintiff in the enjoyment of its limited real right. Therefore, the arguments presented in this regard are rejected.- X.- REGARDING THE ALLEGED VIOLATION OF DUE PROCESS. The plaintiff bases this criticism on the fact that, although a prior procedure is not required to issue a precautionary measure, once it was considered proven that environmental damage had been caused as a consequence of the plaintiff's conduct, an ordinary administrative procedure with an opportunity for defense should have been followed. The arguments are not receivable. Between the plaintiff company and the State, there existed an administrative legal relationship, born on the occasion of the concession right that the latter granted to the former, allowing it to develop the mining exploitation activity in the Belén zone. It is precisely within the exercise of that concession that the natural fact arose which motivated the adoption of the challenged precautionary measure, which was issued by the Administration within the procedure corresponding to the concession (file 1547), as that was the pre-existing legal framework. The foregoing is brought up because it is clear that, regardless of the nature of the referred relationship, the object of the precautionary measure consisted solely and exclusively in the protection of the Colima Superior aquifer, as it was a water resource susceptible to contamination due to the work carried out by the concessionaire in the zone through which it flowed. Thus, we have that the content of the challenged precautionary measure consisted of paralyzing the extraction and material processing work, and requesting hydrogeological studies to determine if it was viable for the plaintiff company to continue with the works in the concession area, all in accordance with the precautionary principle analyzed before. Note that the Administration invoked, in support of its actions, Articles 219 and 226 of the General Law of Public Administration, which allows that in cases like this, where there is a serious and imminent danger to things and persons (the environment and human health), insofar as irreparable damage could be caused, the constitution of an ordinary administrative procedure may be dispensed with in order to issue the administrative act aimed at its protection. Consequently, this Chamber understands that the actions ordered for the determination of the possible environmental damage that could have been generated in the conceded zone did not arise as a consequence of a sanctioning act, insofar as it did not aim to apply a punishment to the plaintiff for the commission of any previously defined administrative infraction. Rather, it arises as a consequence of a precautionary act, which obliges the State to coordinate with the different competent organs and entities in environmental matters the implementation of all actions established in the legal system tending to protect the water resource. In such condition, it does not participate in the assumptions established in numeral 308 of the General Law of Public Administration, as the plaintiff intends to suggest. Given that panorama, the Tribunal believes that it was not necessary to initiate an ordinary administrative procedure for those purposes. In any case, it is clear that as a matter of principle, special law prevails over general law, and in this specific case, by reason of the subject matter, the Mining Code (Law No. 6797) is a special law, prevailing over the General Law of Public Administration. Said norm contains a specific title (XIII), in which the procedures relevant to the exploration or exploitation of mineral resources are described and regulated, and it is through these procedures that the Administration would express its will regarding the different concession applications for those activities, as well as when they are already in full execution. The aforementioned code does not fail to regulate the appellate procedure available against the resolutions issued by the Dirección de Geología y Minas, the competent body in the matter. Current Article 94 (formerly Article 90) stipulates thus: "Against the resolutions issued, appeals for revocation and review shall proceed before the Dirección, and appeal before the Ministry of Economy, Industry, and Commerce. Against the resolution that exhausts the administrative route, a contentious-administrative action may be filed before the Tribunal Contencioso Administrativo, within a period of two months, unless other provisions of this law apply." Regarding this numeral, it must be clarified that by virtue of several transformations that the structure of the Executive Power underwent between 1980 and 1988, specifically regarding ministerial competences in matters of industry, energy, mines, and environment, today the Dirección de Geología y Minas belongs to MINAET, formerly MINAE. Well then, as can be deduced from the administrative file, the plaintiff filed an appeal for revocation with a subsidiary appeal against resolution No. 590 challenged here, on August 6, 2001. This appeal was supplemented by a written submission of August 8 of the same year, requesting on that occasion the following: "Therefore, we request that the suspension of the processed beneficiated material be lifted and that my represented party be allowed to continue processing the materials it has in its yards as well as material it may acquire from other quarries." (folios 617 and 630 of the administrative file). The Dirección de Geología y Minas, through resolution No. 703 of nine hours thirty minutes on September fifth, 2001, denied the request to lift the suspension of extraction and processing work in the concession area. The concessionaire (plaintiff here) appealed this pronouncement, and through resolution No. R-1726-2001-MINAE, of nine o'clock on October ninth, 2001, the Minister of Environment and Energy decided to reject the appeal with concomitant nullity filed by the plaintiff against the referred resolution No. 703, and ordered the Dirección de Geología y Minas to rule on the appeal for revocation filed against resolution No. 590. It should be added that, a few days later, through resolution No. 784 of nine hours forty minutes on October sixteenth, 2001 -referred to in previous recitals- the aforementioned body ordered the precautionary measure to be varied and authorized the plaintiff company to use the crusher system located west of the conceded area until June 1, 2002. Later, by resolution No. 077 of nine o'clock on January twenty-eighth, 2002, the Dirección de Geología y Minas resolved the appeal for revocation filed against resolution No. 590. Taking into account the content of the studies provided by the company (one conducted by the hydrogeologists Hugo Rodríguez and Alicia Gómez, and another by the hydrogeologists Marcelino Losilla and Clara Agudelo), as well as those conducted by SETENA: "Assessment of the environmental damage caused by the mining extraction project of the company Productos Pedregal S.A.", the ICAA: "Analysis of the environmental damage and others, resulting from the impact on the aquifer and the violation of the protection zones in the Pedregal pit-Puente de Mulas System", and even the reports provided by the Technical Advisory Council on Mining; it ordered to keep the suspension order of the exploitation work and material processing work in the eastern sector of the concession in effect (folio 1144 of volume V of the administrative file). By resolution of ten o'clock on April twenty-ninth, 2002, the Minister of Environment and Energy heard the appeal against resolution No. 590, rejecting it and declaring the administrative route exhausted (folio 1176). As can be observed, the plaintiff company had the opportunity to exercise its right of defense in accordance with the procedural regulations established in the Mining Code. And in this sense, it exercised the possibilities offered by the legal system to present its technical arguments in order to combat the ordered precautionary measure, all of which were decided. It can be affirmed that the fundamental guarantees of due process required by constitutional jurisprudence have been met in this case, that is, the right to be heard, opportunity to present arguments and evidence, access to information and background records, right to obtain counsel, notification of decisions made, and the right to appeal the decision taken. This being so, the plaintiff's arguments regarding the apparent violation of due process are rejected, and no absolute nullity for this reason is observed.-
XI.REGARDING THE LACK OF GROUNDS FOR RESOLUTION No. 451. The plaintiff claims that the grounds for resolution No. 451, by which the concession she enjoyed was terminated, was non-compliance with resolution No. 590 and resolution No. 784. She argues that because the aforementioned resolutions suffer from defects of absolute nullity, they were ineffective according to our legal system. In this regard, she argues that resolution No. 451 lacks legitimate grounds, insofar as it is imputing to the plaintiff non-compliance with a measure that was ineffective. The arguments are inadmissible. Evidently, any absolutely null administrative act cannot be executed by legal provision, and ordering its execution would give rise to liability of the Administration and the official who did so (articles 146.3, 169 and 170 LGAP). In the specific case, the Tribunal has not found that the grounds alleged by the plaintiff to support the invalidity of resolution No. 590 were valid, and to that extent it must be presumed that the questioned act was legally valid and enforceable, this latter condition by virtue of the enforceability of administrative acts (articles 146 et seq. of LGAP). This being so, it is considered that resolution No. 451 had legitimate grounds, insofar as it considered as such the non-compliance incurred by the plaintiff with respect to the provisions established by the Dirección de Geología y Minas, in the precautionary measure expressed in resolution No. 590, which, as stated, is presumed valid and effective for all purposes. Consequently, the reproaches made in this regard are dismissed.-
XII.REGARDING THE INVOKED ATYPICALITY OF THE CONDUCT IN RESOLUTION No. 451. The plaintiff argues that resolution No. 451 corresponds to an administrative rescissory sanction. That for this there must be a legal-ranking norm that, prior to the sanctioned conduct, typifies it and makes it possible. Therefore, she points out that in the specific case there is a lack of legal basis, since there is no legal basis to declare the lapse of a concession for the conduct of disobeying a precautionary order to suspend extractive activity. Her arguments are without merit. This Tribunal does not share the thesis put forward by the plaintiff, as it is not considered that the act expressed through resolution No. 451 corresponds to one of a sanctioning nature. In the first place, had the legislator intended cancellation to be a sanction, it would have expressly provided for it in Chapter II, Title XVII, corresponding to administrative infractions and sanctions, where the legal hypotheses giving rise to different legal consequences by way of sanction (for example, the imposition of fines) are described. Moreover, a sanction constitutes a harm inflicted by the Administration on a natural or legal person, as a consequence of having committed illegal conduct, previously typified as such (infraction). The Administration imposes it in the exercise of its inherent punitive power, and thereby seeks the well-being of the community, through the protection of certain legal interests deemed necessary for the maintenance of social order, security, and peace. In the specific case, the Administration's action does not fall within the exercise of that sanctioning power, insofar as we are not faced with an act typified as an infraction, but rather it is a precarious right (limited real right over public domain), because the State is the holder of absolute dominion over all mineral resources of the national territory (article 1 Código de Minería), and through the exploitation concession, it authorizes natural or legal persons, national or foreign, to carry out exploitation activities of mineral deposits or sites, under the conditions and requirements established by the Código de Minería, its regulations, and special laws (article 12 Código de Minería). Within the framework of that administrative legal relationship, the concession holder is bound by a series of obligations that she is compelled to fulfill, and whose neglect generates, by operation of law, the cancellation of that limited right. Among these, those relating to environmental protection stand out, and in that sense, the following norms of the Código de Minería are transcribed insofar as they are relevant:
Article 34. "The holder of an exploitation concession shall be obligated to:
...
ch) Prepare a complete study on the environmental impact of the exploitation process, which meets the requirements set forth in article 97; and comply with the norms regulating environmental contamination and the recovery of renewable natural resources.
...
...
ch) If the legal and regulatory norms regulating environmental contamination and the recovery of renewable natural resources have not been complied with." "Article 101 (previously 97). The holders of an exploration permit or an exploitation concession are obligated to comply with all legal and regulatory norms and requirements regarding environmental contamination and the recovery of renewable natural resources and regarding the specifications and obligations related to environmental protection, as indicated in the granting resolution and in this law." "Article 102 (previously 98). Any action, practice, or operation that deteriorates the natural environment, rendering its basic elements unusable, especially air, water, and soil, for the uses for which they are intended, is prohibited." (bold text is not from the original).
A harmonious interpretation of these norms in relation to article 50 of the Constitution confirms, beyond any doubt, that with much greater reason, within a concession relationship, the environment stands as a superior interest that is above any private interest, its protection is mandatory, and all actions that may imply damage to that legal interest are prohibited. Any conduct by a concession holder that is contrary to that superior interest and does not conform to the measures timely issued to protect it will generate in the State the power to cancel the concession, insofar as the State is the holder of dominion over all mineral resources of the national territory, and it also has a duty to guarantee, defend, and preserve the right to a healthy and ecologically balanced environment, as mandated by the Political Constitution in its article 50 in relation to article 21 (right to health). Of course, in safeguarding due process, for the foregoing, the special procedure provided in the final paragraph of current article 67 of the Código de Minería (previously article 63) must be followed, according to which, the Dirección de Geología y Minas conducts a study, grants a period for the concession holder to present her justifications or fulfill her obligations. Subsequently, the actions of the concession holder are analyzed, and if deemed appropriate, the matter is brought to the attention of the Minister. The Minister studies the matter and decides whether to grant a new period not exceeding three months; otherwise, the Dirección issues the cancellation resolution. In the case under examination, this is what occurred: the concession holder failed to comply with the precautionary measures for suspension of works imposed by the Dirección de Geología y Minas, whose purpose was to protect the Colima aquifer (see report in memorandum DGM-DC-399-2002 on folio 1372 of volume VI of the administrative file and opinion in memorandum DGM-OD-644-2002 on folio 1404 of the same volume). Such non-compliance was verified insofar as the plaintiff carried out subsequent extractions of material and processed it, which has not been denied in this process, and rather, is openly acknowledged when she argues that at that time no norm existed that typified the non-compliance with a precautionary measure with the "sanction" of cancellation. In the case, the aforementioned procedure was followed, and it was decided to cancel the concession that had been granted to the plaintiff company. From a substantive legal point of view, it is considered that the non-compliance incurred by the plaintiff with respect to the precautionary measures in favor of the environment constituted sufficient grounds, supported by legal and constitutional norms, to cancel the exploitation concession right. The reasons the plaintiff may have had for violating those measures are not actions supported by the legal system, and therefore, her arguments must be rejected, as is hereby done.-
XIII.REGARDING THE ALLEGED VIOLATION OF THE PRINCIPLES OF ADEQUACY AND PROPORTIONALITY IN RESOLUTION No. 451. In the plaintiff's consideration, in accordance with the principles of adequacy and proportionality, for the compulsory enforcement of an act, the Administration must adopt the measure that is in accordance with its content and sufficient in degree to ensure the intended purpose. She points out that in the specific case, faced with non-compliance with the precautionary measure, the Administration should have assessed the nature of the non-compliance, considering that: the use of the material did not involve blasting at the exploitation front, that it involved processing activities of material that had been extracted from the western sector before the suspension of its activities, that said sector shows no intervention in the aquifer layer, that the concession holder had repeatedly indicated the need to process material to fulfill ongoing public works at the time of the adoption of the precautionary measure, and the non-existence of any environmental damage resulting from the disobedience of the suspension. And on the other hand, she claims that the Administration should have evaluated, in accordance with the precautionary measure whose compulsory enforcement was sought, the option that would ensure the least possible harm without ceasing to protect the water resource. She concludes that had it been so, this would have led to other enforcement measures such as the seizure of assets, the closure of establishments, etc., but not a rescissory sanction capable of affecting families and causing damages and losses. The arguments are inadmissible. The plaintiff seeks to classify the cancellation of the concession (resolution No. 451) as if it were a means of execution of resolution No. 590, that is, as if it were the action through which the Administration coercively enforced that precautionary act (articles 146 et seq. LGAP). However, considering its characteristics, resolution No. 451 is not a mere action of an executive nature; it is an administrative act independent of the precautionary measure, which has a ground, a content, and a purpose, and is duly substantiated. It is a final act that terminates the administrative legal relationship arising from the concession right (limited real right), produced by the concession holder's non-compliance with the provisions regulating environmental contamination and the recovery of renewable resources (i.e., the protection of the environment, which is a superior interest of constitutional and international rank), and for which prior compliance with the procedure established in article 67 of the Código de Minería is required. In that sense, we have that although the grounds for resolution No. 451 is the non-compliance, accepted by the plaintiff, with the measures established in resolution No. 590 (see official letter No. DC-399-2002 of June 21, 2002), it does not thereby constitute a means of execution of the latter, and in such case the norms relating to the enforceability of acts are not applicable. From that point of view, it is considered that the cancellation issued by the Dirección de Geología y Minas did not prove to be arbitrary conduct, insofar as it responded to the plaintiff's own non-compliance with the provisions adopted by the Dirección de Geología y Minas through resolutions No. 590-2001 and 784-2001, for the protection and conservation of the environment, supported by the precautionary principle and which were violated by the plaintiff. Consequently, the arguments put forth in this regard are rejected.-
“V.- ANÁLISIS DEL TRIBUNAL. Si bien el presente es un proceso "especial" minero, por cuanto se impugnan en esta sede resoluciones emanadas de la Dirección de Geología y Minas, emitidas durante el ejercicio y extinción de una concesión para la extracción y procesamiento de recursos minerales (artículo 94 del Código de Minería), lo cierto es que, en el fondo, el debate se concentra mayormente en el análisis de legalidad de una medida cautelar (Res. N°590-2001) dictada en el marco de la concesión, y cuyo contenido es estrictamente de orden ambiental, en tanto tenía por objeto prevenir la eventual producción de daños a un manto acuífero (Colima Superior) que discurre por los terrenos de la zona donde se ejecutaba la explotación minera. La medida precautoria aludida (primer acto impugnado), dispuso la suspensión de todas las labores que llevaba a cabo la accionante en ese momento y solicitó informes técnicos para conocer con mayor precisión la posible afectación del acuífero indicado. A juicio de la Dirección de Geología y Minas, con posterioridad la aquí actora incumplió con lo establecido en la medida cautelar ya referida, y en consecuencia, ordenó la cancelación de la concesión que en su oportunidad le había sido otorgada a la empresa Productos Pedregal S.A. (Res. N°451-2002). Conforme se dirá, el Tribunal estima que los actos impugnados resultaron conformes con el ordenamiento jurídico, y en tal caso, la demanda no puede prosperar.- VI.- DESARROLLO CONSTITUCIONAL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS COMO PARTE DEL RECURSO HÍDRICO Y SU VINCULACIÓN CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Sala Constitucional se ha ocupado de analizar ampliamente el tema de la protección del medio ambiente, y en lo que corresponde en particular a las aguas subterráneas, creó un precedente en la resolución N°2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero del 2004, que por su rigor jurídico y amplitud, se ha estimado importante citar, en lo conducente:
"V.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. Frente a las aguas denominadas superficiales, en cuanto discurren sobre la corteza terrestre, y pueden ser objeto de aprovechamientos comunes o especiales, se encuentran las subterráneas. Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie terrestre ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas, su fuente más importante lo son las precipitaciones pluviales que se infiltran en el suelo. El suelo, por su parte, está compuesto por dos niveles que son los siguientes: a) Superior o zona de aireación, en el cual los espacios vacíos están ocupados por el aire y el agua infiltrada que desciende por gravedad y b) otro debajo de éste denominado zona de saturación, en la que los espacios vacíos están llenos de agua que se mueve lentamente y cuyo nivel superior se denomina tabla de agua, nivel hidrostático o freático. Las aguas incluidas en los espacios porosos de la zona de saturación, en formaciones geológicas, se denominan mantos acuíferos o de aguas subterráneas. El gradiente hidráulico es la diferencia de altitud entre dos puntos de la misma tabla de agua –nivel freático-, en relación con su distancia horizontal, la velocidad de movimiento de las aguas subterráneas depende, en esencia, del gradiente hidráulico. Las aguas subterráneas son parte esencial del ciclo hidrológico, así del total del agua de la hidrosfera el 2,4% es agua dulce, de esta un 78,1% se encuentra congelada, un 21,5% corresponde a las aguas subterráneas y un 0,4% son superficiales que se encuentran en ríos y lagos. En la región centroamericana la principal fuente de abastecimiento público son las aguas subterráneas, frente a las superficiales que están notablemente expuestas a su contaminación y degradación por las nocivas prácticas del uso de la tierra y la expansión urbana descontrolada. Para el caso particular de nuestro país se ha estimado que la recarga potencial anual de aguas subterráneas es de aproximadamente 47 000 millones de metros cúbicos por año, lo que significa un 20% de la precipitación, igualmente se ha calculado que de los 750 000 metros cúbicos de agua diarios para consumo humano que se utilizan, un 70% ( 500 000 metros cúbicos por día) provienen de captaciones de aguas subterráneas. El consumo y uso de las aguas subterráneas, respecto de las superficiales, presenta ventajas cualitativas y cuantitativas evidentes y claras como las siguientes: a) La inversión para la extracción y explotación de las aguas subterráneas potables se realiza en forma gradual dependiendo del aumento de la demanda del servicio y las áreas de captación pueden ser ubicadas cerca del lugar donde se produce la demanda, todo lo cual reduce los costos de conducción, tratamiento y almacenamiento; b) la calidad físico-química natural de las aguas subterráneas es más constante que las superficiales y es potable con poco o ningún tratamiento; c) al existir suelo o rocas por sobre las aguas subterráneas se encuentran más protegidas de la contaminación de origen natural o humano; d) las variaciones en cantidad y disponibilidad en épocas secas o de precipitación pluvial son mínimas comparadas con las de las aguas superficiales; e) constituyen una reserva estratégica para hacerle frente a estados de emergencia por calamidad pública, conmoción interna (v. gr. terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc.) o guerra.
VI.- AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. El tema de las aguas subterráneas se encuentra íntimamente ligado a varios derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, enuncia el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitats de la flora y la fauna (v. gr. humedales) y, en general, de la biosfera como patrimonio común de la humanidad. Del mismo modo, el acceso al agua potable asegura los derechos a la vida –“sin agua no hay vida posible” afirma la Carta del Agua aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968-, a la salud de las personas –indispensable para su alimento, bebida e higiene- (artículo 21 de la Constitución Política) y, desde luego, está asociado al desarrollo y crecimiento socio-económico de los pueblos para asegurarle a cada individuo un bienestar y una calidad de vida dignos (artículo 33 de la Constitución Política y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos). La escasez, la falta de acceso o disponibilidad y la contaminación de ese líquido preciado provoca el empobrecimiento de los pueblos y limita el desarrollo social en grandes proporciones. Consecuentemente, la protección y explotación de los reservorios de aguas subterráneas es una obligación estratégica para preservar la vida y la salud de los seres humanos y, desde luego, para el adecuado desarrollo de cualquier pueblo. En el año 1995 se estimó que 1000 millones de habitantes no tenían acceso al agua potable y se calcula que para el año 2025 cerca de 5.500 millones de personas tendrán escasez de agua, siendo que anualmente mueren entre 5 y 10 millones de personas por uso de agua no tratada. En otro orden de ideas, actualmente, se ha reconocido el deber de preservar, para las generaciones futuras, unas condiciones de existencia al menos iguales a las heredadas (desarrollo sostenible), por lo que la necesidades del presente deben ser satisfechas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para hacerlo con las propias (Principio 2 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972). En esencia, el agua, desde un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que, es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial, servicios etc.), como fuente de energía, materia prima, vía de transporte, soporte de actividades recreativas y elemento constitutivo para el mantenimiento de los ecosistemas naturales –uso del agua no contaminante o compatible con el ambiente-.
(...)
X.- CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. A diferencia de la contaminación de las aguas superficiales que suele ser patente y visible, lo que permite tomar acciones ambientales tendentes a mitigarla o erradicarla, la de las aguas subterráneas, por su propia naturaleza, suele pasar inadvertida y se hace evidente cuando ha alcanzado grandes proporciones. Los mantos acuíferos por la lenta circulación de las aguas, la capacidad de absorción del terreno y otros factores, pueden tardar mucho tiempo en mostrar la contaminación. Adicionalmente, el gran volumen de las aguas contenido hace que las contaminaciones extensas tarden un lapso prolongado en manifestarse o bien cuando se trata de contaminaciones localizadas se detectan cuando fluyen en algún sitio de explotación. Ciertamente, este tipo de aguas tienen una resistencia a contaminarse, sin embargo cuando esta se produce su regeneración puede ser extraordinariamente lenta y en ocasiones es irreversible por el alto costo de los medios para hacerlo. Está demostrado que los intentos para reparar el daño producido por contaminación a un acuífero para lograr, de nuevo, niveles de potabilidad del agua no han tenido éxito, las tecnologías para su limpieza han contribuido poco a reducir el daño y los métodos son económicamente muy elevados. A lo anterior debe agregarse la falta de infraestructura organizacional, recursos materiales, financieros y humanos, en este último caso, debidamente capacitados para evaluar, medir y, en general, monitorear la calidad de esta agua y la dimensión exacta de su contaminación. La degradación y contaminación de los mantos acuíferos le impone al legislador y a las administraciones públicas la tarea urgente e impostergable de protegerlos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser directa o indirecta, lo es del primer tipo cuando se introducen directamente las sustancias contaminantes en el acuífero como el caso de los pozos negros o pozos de inyección, lo es del segundo tipo cuando con dilución se produce por contaminación de la recarga natural. Los agentes de contaminación pueden ser de muy diversa índole, esto es, minerales, orgánicos degradables (excretas y purinas), órganicos poco o no degradables (pesticidas, detergentes, hidrocarburos), biológicos (bacterias, virus, algas), radioactivos y gaseosos. La contaminación de los acuíferos depende de los condicionantes geológicos, hidráulicos y químicos de cada lugar o emplazamiento, por lo que está en función de factores locales razón por la cual se precisa del conocimiento de cada zona y del estudio de casos similares. Los orígenes de la contaminación de los acuíferos pueden ser de muy diversa índole, tales como los siguientes: a) contaminación por actividad doméstica, la cual es orgánica y biológica y nace de tanques sépticos, fugas del sistema de alcantarillado, vertido de aguas negras, a lo que se debe agregar el aumento de productos químicos de uso doméstico como los detergentes; b) contaminación por actividades agrícolas, tenemos aquí el uso de abonos artificiales a base de nitratos, fosfatos y potasa o naturales -a base de estiércol- , el riego con aguas residuales y de alta salinidad y el uso de pesticidas (insecticidas, herbicidas y plaguicidas); c) contaminación por la ganadería, esencialmente, es orgánica y biológica, similar a la doméstica pero más intensa cuando se trata de granjas intensivas; d) contaminación por aguas superficiales, cuando recargan y se encuentran, a su vez, contaminadas; e) contaminación por intrusión salina, se produce cuando las aguas marinas y saladas se introducen en las regiones costeras por la sobreexplotación, a través de pozos, de los acuíferos costeros; f) contaminación por actividades mineras – mineral –, se relaciona con evacuaciones de aguas de mina y lavaderos de mineral; g) contaminación por actividades industriales, este tipo es tan variado como el tipo de industria que la origina, siendo especialmente nocivas las provocadas por metales pesados provenientes de la industria metalúrgica, así como de las industrias químicas, petroquímicas de alimentos (sustancias orgánicas) y bebidas (detergentes); h) contaminación por actividades nucleares, aunque excepcional en nuestro medio, puede provenir de plantas de tratamiento de combustibles irradiados y de minerales radioactivos y de la actividad médica; i) contaminación a través de pozos mal construidos, los pozos pueden intercomunicar varios mantos acuíferos y cuando tienen entubamientos rotos o corroídos en niveles de aguas de mala calidad o que permiten la entrada de aguas superficiales pueden provocarla; j) contaminación a través del vertido de aguas residuales a través de pozos negros, tanques sépticos, fugas de la red de alcantarillado o vertido indiscriminado a las cuencas hidrográficas; k) contaminación por vertido de desechos sólidos, se produce cuando se construye un relleno sanitario en terrenos permeables o no impermeabilizados a través de los lixiviados; l) contaminación por pozos de inyección -forma de utilización del subsuelo como almacén de residuales- mal proyectados, construidos o utilizados.
XII.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Por las características de la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento público y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación deben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas actividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad sobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece, lamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección de los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas subterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española 29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de intervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a la protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento sostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad de agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades humanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas extraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese a su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general de protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el Estado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la necesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez y degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la posibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento o deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que pueda generar una crisis hídrica. (...)" Tomando en consideración el anterior desarrollo constitucional sobre la protección de las aguas subterráneas, por ser plenamente aplicable al caso concreto, a continuación se emite pronunciamiento sobre los alegatos formulados en la demanda.- VII.- SOBRE EL MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN N°590. Argumenta la empresa actora que la mencionada resolución carece de motivo, por cuanto estableció la existencia de conductas generadoras de un daño ambiental, cuando en realidad el afloramiento producido no es más que el impacto ambiental que la propia Administración sabía que podía ocurrir con ocasión de la explotación minera, y que de acuerdo con el mismo artículo 9 de la Ley de Aguas, el afloramiento de aguas con motivo de una el afloramiento ocurrido en la zona no puede estimarse como un daño ambiental. Los alegatos no son de recibo. Es consabido que todo acto administrativo debe contener un motivo (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública), por ser éste uno de los elementos esenciales que configura la validez de toda conducta administrativa. Diríase que el motivo está conformado por las razones de hecho y de derecho (antecedentes) que posibilitan la emisión de todo acto. El motivo está indisolublemente vinculado con otro elemento esencial, es decir, con el fin (artículo 131 Ley General de la Administración Pública), y éste último a su vez presupone la necesaria competencia del órgano que dicta el acto (artículo 129 ibid.). Pues bien, en el caso concreto, independientemente de si hubo denuncia pública o no, lo cual se estima intrascendente en función del conflicto de fondo, la Dirección de Geología y Minas, órgano perteneciente al Ministerio de Ambiente y Energía, en el uso de sus facultades de inspección de las actividades mineras nacionales (artículo 97 inciso ch, anteriormente artículo 93), realizó una visita de campo el día 3 de agosto del 2001 en la zona donde se explotaba el Tajo Pedregal, ubicada o en el distrito de San Antonio, cantón de Belén, provincia de Heredia. Dicha visita fue realizada por los funcionarios Marlene Salazar Alvarado (Subdirectora General), Ana Sofía Huapaya (Geóloga) y Edgar Sandí (Ingeniero Forestal), en compañía de representantes de la empresa actora (ver folio 601 del tomo III del existencia de un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, que discurre por la zona donde se realiza la explotación minera, y en su informe concluyeron que se había producido lo siguiente: 1) la afectación del acuífero Colima Superior en el sector este del área concesionada, 2) la afectación de la zona de protección que establece el artículo 33 de la Ley Forestal, 3) el incumplimiento de los artículos 8 y 11 de la Ley de Biodiversidad. En ese sentido, como parte de las recomendaciones señaladas en el informe levantado al efecto por los referidos funcionarios (Memorandum DGM-DC-803-2001), se propuso la suspensión inmediata de labores de explotación y procesamiento de materiales de la empresa Pedregal S.A., y que se solicitara a SETENA y al ICAA la valoración del eventual daño ambiental al acuífero, y a la empresa concesionaria la presentación de un estudio hidrogeológico con la caracterización del acuífero en el área y la determinación de los niveles freáticos, para determinar las cotas mínimas de extracción. El Director General de Geología y Minas acogió dicho informe y sustentó el acto impugnado con base en aquél, disponiendo la inmediata suspensión de labores de explotación y procesamiento de material de cantera que desarrollaba la actora, y ordenando el cumplimento de las recomendaciones indicadas en el memorandum de cita. De una lectura de la motivación (fundamentación) del acto cuestionado, claramente se advierte que su objeto lo era la protección y preservación del acuífero Colima Superior, y por ende, su fin era la protección del medio ambiente, cuya base jurídica reside en el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en el derecho a la salud, que sobra decir, son derechos consagrados en nuestra Constitución Política y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, según se vio antes. También huelga mencionar que por disposición constitucional, el Estado está en el deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50), de manera que ni siquiera cabe cuestionarse la clara competencia de la Dirección de Geología y Minas (órgano estatal), para adoptar actos administrativos tendientes a proteger ese derecho, siendo que en el caso de medidas cautelares emitidas en favor del ambiente, como resulta ser el caso que nos ocupa, el fundamento jurídico para su adopción es provisto por el principio precautorio o indubio pro natura, contenido en el principio 15 de la Declaración de Ambiente y Desarrollo (Río, 1992) y los incisos 1 y 2 del artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, en relación con el numeral 45 de la misma legislación. Es así que, con base en lo anterior, y sin detrimento de las consideraciones que se harán más adelante, el Tribunal estima que, contrario a lo argumentado por la actora, la resolución N°590 contaba con motivo suficiente y el mismo era legítimo. En efecto, véase que, en la especie, el órgano público competente en materia de concesiones para la explotación de recursos minerales, realizó una inspección de campo en la zona de la concesión de Pedregal S.A., encontró irregularidades que podían poner en peligro el manto acuífero Colima Superior, y advirtiendo lo anterior, en el uso de sus competencias legales y constitucionales, emitió una medida cautelar en protección del ambiente y la salud, ordenando la suspensión de las labores de explotación y procesamiento de material de cantera que realizaba la accionante. En sustento de esa medida invocó como fundamento jurídico el artículo 50 de la Constitución Política, jurisprudencia de la Sala Constitucional (votos 503-94, 1394-94 y 1758-94), el ordinal 11 de la Ley de Biodiversidad, el numeral 1 de la Ley General de Agua Potable, artículo 1 de la Ley General de Salud y en las disposiciones 93 y 98 del Código de Minería (actualmente 97 y 102). En conclusión, la resolución administrativa combatida contaba con un motivo legítimo, en el tanto, para el momento de su dictado, se constató la existencia de circunstancias que ponían en peligro el acuífero Colima Superior (hecho constatable por apreciaciones técnicas), así como la salud de las personas (por ser una fuente utilizable para el abastecimiento de agua); al tiempo que existían normas jurídicas (antecedente de derecho) que sustentaban el proceder de la Dirección de Geología y Minas, es decir, la toma de medidas precautorias en resguardo de aquellos bienes de interés general y superior. Siendo así, no se encuentra violación alguna por falta de motivo, por lo que procede rechazar los argumentos esbozados por la actora en tal sentido. Estima importante el Tribunal agregar a lo ya resuelto, que no es relevante, por no ser el punto neurálgico de esa litis, la discusión que pretende incorporar en este juicio la empresa demandante, en el sentido de que la medida cautelar impugnada estableció erróneamente la existencia de daños ambientales, cuando en realidad lo se que produjo fue un impacto ambiental previsto por la propia Administración. En criterio de esta cámara, independientemente de la nomenclatura que la DGM le haya asignado a los hallazgos constatados en la cantera explotada por la actora, tema secundario a los efectos de lo que aquí se analiza, es un hecho innegable e indiscutible que en la zona concesionada se pudo verificar un nuevo afloramiento del acuífero Colima Superior, y ese hecho, por sí mismo, justificaba, tal y como se dirá más adelante, la medida de paralización de las actividades desarrolladas por la empresa accionante en los terrenos concesionados, en resguardo de un interés general de primer orden, cuál resulta ser la protección del recurso hídrico, máxime tratándose de aguas subterráneas, cuya eventual contaminación pondría en serio riesgo su futura utilización para el abastecimiento a los habitantes. Así lo confirma la prueba testimonial recaba en autos. En ese sentido, los testimonios de las señores Marlene Salazar Alvarado, Cynthia Cavallini Chinchilla y Ana Sofía Huapaya Rodríguez Parra, ofrecidos por la parte demandada, reiteran lo que de por sí se desprende del expediente administrativo, esto es: que se constató que en la zona de la concesión se estaba rompiendo el manto acuífero y el agua estaba aflorando a un nivel por encima del nivel freático, que en virtud de ello se tomaron las medidas de suspensión de las obras de explotación, al tiempo que se solicitaron estudios más detallados, los cuales una vez presentados, resultaron incompletos y hasta contradictorios. Que se hizo una valoración de todos los estudios presentados por AyA y SETENA y los aportados por la actora, concluyéndose que debía mantenerse la suspensión, hasta tanto no se presentaran estudios hidrogeológicos más completos, pues los presentados concluían que faltaban estudios más específicos para determinar la posición del nivel freático. Que posteriormente se autorizó el uso del quebrador en el sector oeste, pero más tarde a través de una inspección se determinó el incumplimiento de las medidas establecidas en la resolución N°590, recomendándose la cancelación de la concesión. La patente falta de información científica a efecto de ponderar la mayor o menor vulnerabilidad del acuífero Colima Superior, frente a la actividad minera desplegada en la zona, no fue refutada por la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. Nótese que la declaración del geólogo Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, testigo aportado por la parte accionante, se enfoca en hacer referencia a aspectos que, en modo alguno, desvirtúan el proceder de carácter preventivo que desplegó la Administración con el dictado de la medida cautelar. Básicamente su testimonio se orientó en plantear: que los brotes de agua son impactos esperados, que la Toma Zamora es una zanja excavada por el AyA, que la salida de agua no es nueva porque ya existía desde antes de tener la concesión, que hasta donde sabe no ha habido cambios en la calidad del agua del acuífero como resultado de la explotación del tajo, y que su persona fue responsable de definir un área de protección para la calidad del agua de la zanja del AyA, afirmando algunos detalles sobre ese particular. Es decir, en toda su declaración no hace ninguna referencia al segundo afloramiento encontrado por la Dirección de Geología y Minas en la visita realizada en el año 2001, ni tampoco señala si para ese momento habían elementos claros y contundentes para garantizar la inocuidad de las aguas subterráneas, o bien, si las acciones dispuestas por la Administración en aquel momento, con la medida cautelar, resultaron absolutamente contrarias a la ciencia o la técnica. Por el contrario, llama la atención que sobre el segundo afloramiento adujo lo siguiente: "Sobre si sabe sobre un segundo afloramiento ocurrido en la cantera, responde que si, "es mas en el último de los estudios que hice en el 2003 donde se definió el área de protección hacia un afloramiento hacia el área del este yo no sabría asegurar si corresponde con el afloramiento que yo conocí a principio de los ochenta que se hubiera ido corriendo a causa de la extracción del material. 10- Este segundo afloramiento técnicamente no debió haber ocurrido, a menos que el nivel del agua variara por condiciones estacionales que sería la única razón que veo por la que pueda variar el nivel del agua." (ver folio 854 -la negrita no es del original-). Según puede verse, existen claras imprecisiones en lo declarado por el testigo en relación con este segundo afloramiento (motivo del acto impugnado), en el tanto no supo definir la causa del mismo, ni mucho menos explicó si existía o no peligro de afectación del acuífero, producto de las salida de esas aguas a la superficie. Para mayor abundamiento, téngase en cuenta lo declarado por el Dr. Allan Astorga Gatgens, quién luego de repetir en su testimonio lo que ya había indicado en su documento: "Análisis Técnico de la resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía", que consta en autos y del cual se hará referencia más adelante, fue clarísimo en indicar en breves líneas lo siguiente: "Para el momento en que se dictó la resolución 590, únicamente se contaba con el plan de explotación en poder de la dirección de geología y minas, y la observación directa del tajo." (ver folio 903). De conformidad con lo anterior, es dable concluir que el motivo del acto resulta legítimo, no habiendo logrado la actora cuestionar los elementos de hecho y de derecho que le dieron sustento, a partir de argumentaciones que pretenden desviar la atención hacia otros aspectos no esenciales. Bajo ese mismo esquema, se estima que a nada conduciría entrar a analizar si, conforme al numeral 9 de la Ley de Aguas, el afloramiento de un acuífero con ocasión de una razonamiento, no significa que entonces El Estado y los entes públicos menores competentes, no puedan o no deban ejercer sus potestades en cualquier momento con el objeto de proteger y conservar el recurso hídrico, especialmente como en este caso, tratándose de una situación de riesgo. Por paridad de razones, no es aceptable, desde ningún punto de vista, pretender atacar la medida cautelar aquí impugnada, argumentando que a pesar de las inspecciones realizadas a través del tiempo por parte de los órganos y entes públicos competentes (DGM, AyA y SETENA), nunca se le advirtió a la actora la necesidad de guardar áreas de protección al amparo del artículo 33 de la Ley Forestal, pues por principio básico y constitucionalmente estatuido, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, y todo caso, de haber incurrido aquellas autoridades públicas en eventuales omisiones en el ejercicio de sus competencias, ello no es objeto debate en este proceso de acuerdo con las pretensiones esgrimidas, amén de que la Administración no esta llamada a intervenir una única vez, sino tantas veces sea necesario para el resguardo de los intereses públicos cuya tutela tiene encargada por mandato legal y constitucional.- VIII.- SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN EL CASO CONCRETO. En consideración de la actora, la medida cautelar tomada por la Dirección de Geología y Minas se encuentra viciada de nulidad absoluta, en virtud de que violentó el principio precautorio por indebida aplicación. Plantea que se optó por una prohibición total de las labores de extracción y procesamiento, omitiéndose ponderar la proporcionalidad y la evaluación económica costo/beneficio de la decisión tomada. Aduce que si bien le correspondía a la concesionaria aportar la información científica para hacer una evaluación de riesgo más completa, una vez aportada ésta se mantuvo sin razón la medida. Los argumentos no son de recibo. El principio precautorio, como fuente de carácter legal e internacional de aplicación en nuestro ordenamiento, permite que el Estado tome todas las acciones anticipadas necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las personas, cuando exista riesgo de que aquéllos puedan sufrir alguna afectación. La Sala Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en relación con el denominado principio precautorio y sus alcances, tal y como se desprende de la cita que se hace a continuación, que en lo que interesa dice:
"ORIGEN, CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO. El principio precautorio, desde su origen, tiene en consideración la falibilidad de la comprensión humana y la posibilidad de cometerse errores. En la segunda mitad de la década de los 70 del siglo pasado el gobierno federal de Alemania enunció el principio "Vorsorgeprinzip", al indicar que "no se consolida totalmente una política ambiental sólo mediante la eliminación de los peligros inminentes y la reparación del daño ocurrido. Una política ambiental precautoria requiere además que los recursos naturales sean protegidos y que las demandas sobre los mismos se manejen con cuidado" habiéndolo empleado para justificar la implementación de políticas contra la lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte. El principio aparece en el escenario internacional con los Tratados del Mar del Norte (Declaraciones de Bremen 1984, Londres 1987, Den Haag 1990 y Esbjerg 1995). Así, en la Declaración de Bremen de 1984 (Primera Conferencia Internacional sobre Protección del Mar del Norte) se refiere la necesidad de adoptar medidas preventivas oportunas ante el nivel insuficiente de los conocimientos. Posteriormente, en la Declaración de Londres de 1987 (Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte), se proclamó el principio para salvaguardar el ecosistema del Mar del Norte a través de la reducción de emisiones contaminantes de sustancias que son persistentes, tóxicas y susceptibles de acumulación en la fuente, mediante el uso de la mejor tecnología disponible y otras medidas apropiadas. Opción que resultaría de especial aplicación cuando mediara razón para presumir que tales sustancias pueden causar algún daño o efectos nocivos en los recursos marinos vivos, junto cuando no haya evidencia científica que pruebe el vínculo entre las emisiones y los efectos (principio de acción precautoria). En esta última declaración se dispuso que "(…) es necesario un criterio de precaución que pueda exigir la adopción de medidas (…) incluso antes de que se haya establecido una relación causal mediante pruebas científicas absolutamente manifiestas (…)". Con posterioridad, el principio es recogido en diversos tratados multilaterales y declaraciones internacionales tales como el Protocolo de Montreal sobre sustancias que debilitan la capa de ozono de 1987, la Declaración de Bergen sobre el Desarrollo Sustentable en la región de la CEE adoptada por los representantes de países europeos y Canadá de 1990, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Convenio Marco de Cambio Climático de 1992, el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental de 1992, el Convenio de Helsinki sobre protección del medio ambiente marino en el Báltico de 1994, Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdos MSF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994, el Programa de Acción de Washington para la Protección del Medio Marino de las actividades realizadas en Tierra de 1995, el Convenio de Londres sobre vertimientos al Mar, originalmente de 1992, en virtud de una enmiendas adoptadas en 1997 para la protección del ecosistema marino y el Protocolo de Naciones Unidas sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en el 2000, el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de 2000 y la Comunicación de la Unión Europea sobre el Principio Precautorio de 2000. Del mismo modo, el principio precautorio rápidamente asumió un enfoque general -que incluye los recursos naturales, ecosistemas, sector pesquero y forestal y la diversidad biológica- y no sólo circunscrito a las sustancias tóxicas. Así en la Declaración de Bergen (1990) se indico que "Cuando haya amenazas de daño serio o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como razón para posponer la adopción de medidas que prevengan la degradación ambiental". Del mismo modo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 junio de 1992), en su principio 15, dispuso lo siguiente: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". Es así como el principio precautorio adquirió, incluso, una dimensión ética - de la ciencia y tecnología- que orienta las políticas ambientales, de salud, comercio, seguridad alimentaria y, en general, de desarrollo sostenible de los Estados. Pese al halo de incertidumbre que existe al definir o conceptuar el principio precautorio, desde una perspectiva general, impone que cuando los riesgos ambientales son inciertos, imprevisibles y no desatendibles por una omisión o inacción de regulación ésta resulta injustificada. Dicho simplemente, la suma de un estado de incertidumbre científica o tecnológica -ante la carencia, insuficiencia o inadecuación de la información y conocimientos científicos disponibles acerca de la causalidad, magnitud, probabilidad y naturaleza de la lesión- y la posibilidad o amenaza de un eventual daño serio e irreversible es igual o debe ser equivalente a una acción precautoria o anticipada, la que puede tener por contenido, incluso, la prohibición o eliminación de determinados productos, actividades o sustancias. Lo anterior supone una evaluación objetiva del riesgo y de la relación costo-beneficio de la omisión o acción precautoria a la luz de la evidencia científica disponible que permita concluir que ésta es insuficiente, ausente o inadecuada, de modo que el principio precautorio no puede justificar la adopción de medidas arbitrarias y eventualmente discriminatorias. De otra parte, la aplicación del principio precautorio no supone una fosilización del estado de cosas vigente, al momento de adoptar las acciones pertinentes, que impida el progreso y la innovación, puesto que, las medidas de intervención o restricción deben mantenerse vigentes en tanto la información científica sea incompleta o no concluyente y el riesgo de lesión sea serio e irreversible, por lo que admiten su revisión periódica a la luz del progreso científico. Asimismo, al disponerse las medidas de restricción o intervención se debe respetar el principio de proporcionalidad, de modo que sean proporcionadas al nivel de protección y a la magnitud del daño potencial o eventual. El principio precautorio tiene sustento en que el medio ambiente y los ecosistemas no tienen la capacidad de asimilar o resistir ciertas actividades, productos o sustancias, de modo que busca anticiparse al daño y proteger la salud humana y el medio ambiente. (…).” (Resolución N° 17747-2006, de las 14:37 horas del 11 de diciembre del 2006).
Pues bien, tal y como lo aduce la accionante, en efecto la Sala ha establecido que la toma de una medida precautoria o anticipada, al amparo del principio precautorio, supone una valoración objetiva del riesgo y de la relación costo beneficio de la omisión o acción precautoria, de manera que no se lleguen a establecer medidas arbitrarias o discriminatorias. No obstante, ha de tomar en cuenta la actora que ello se refiere a aquellos casos en los cuales se cuenta con suficiente evidencia científica, que permitiría contar con los elementos necesarios para determinar si existe o no una relación causal entre la actividad humana que resultaría afectada con la medida y el potencial daño al ambiente que se pretende evitar, o de existir alguna relación, el tipo de incidencia que se produce entre ambos, pudiendo de esa forma ponderarse si se justifica o no la acción precautoria o por lo menos si es viable modificarla, de manera que devendría en arbitraria e injustificada aquella que no es acorde con la realidad científica y técnica que reflejan los datos. En sentido contrario, y en ajuste al principio en cuestión, no resulta posible realizar una valoración como la indicada antes, en aquellos supuestos en los cuales no se cuenta con ninguna información científica, o bien, cuando ésta es insuficiente, en punto a determinar con absoluta certeza cuáles son los factores que podrían generar un daño al ambiente, y sobre todo tratándose de situaciones en las que el daño podría ser serio e irreversible. Es en estas situaciones dónde priva la protección y preservación del ambiente, debiendo disponerse de las medidas que aseguren la minimización de cualquier afectación a los recursos, aún cuando esto pueda suponer una grave restricción a un interés particular, toda vez que el primero se erige como un interés superior que beneficia a la colectividad, incluso al propio particular. Véase que aún cuando pueda existir duda sobre la producción de un daño grave o irreversible al medio ambiente, la norma obliga a adoptar la medida precautoria e incluso prevé la posibilidad de posponer "la actividad de que se trate", todo lo cual se justifica, en última instancia, en el hecho notorio de que los recursos naturales constituyen un elemento esencial para el mantenimiento de la vida humana, y en la medida en que se atenta contra el medio ambiente, por reflejo, se atenta también contra la salud de los seres humanos. En el caso concreto ello fue lo que ocurrió, en el tanto funcionarios expertos de la Dirección de Geología y Minas constataron, por la vía de la fiscalización, situaciones que afectaban el acuífero Colima Superior en la zona de la concesión, todo lo cual hacía necesario la toma acciones que tendieran a la efectiva protección y preservación de ese recurso hídrico, en virtud de las implicaciones que para la salud y el ambiente podrían generar, e incluso con el riesgo de que la afectación tuviere carácter irreversible. Si bien lo argüido no resulta descabellado, lo cierto es que en este caso se justificaba la imposición de la medida adoptada ordenando la paralización de todas las actividades de explotación y procesamiento de material, en virtud de la repercusión que para la vida humana y el ambiente representaba la eventual contaminación del acuífero en mención, dada su exposición a través del afloramiento encontrado en la inspección del 3 de agosto del 2001, teniendo en cuenta que la contaminación del acuífero implicaría a su vez la contaminación del agua que abastece el sistema de "Puente de Mulas", que es captada por el primer afloramiento ocurrido en 1991. En ese orden de ideas, se estima que la imposición de acciones como la tomada por la Dirección de Geología y Minas al momento del dictado de la resolución N°590, no solo resultan admisibles sino también necesarias, toda vez que a ese momento no se contaba con los estudios técnicos y científicos suficientes, a efecto de descartar, con toda certeza, la ocurrencia de un daño en el acuífero Colima Superior con ocasión de las actividades de explotación que estaba llevando la empresa accionante, de manera que no se encuentra que la resolución de cita resulte nula por indebida aplicación del principio precautorio, pues por el contrario, a juicio de esta autoridad, la misma era procedente y acorde con la trascendencia de la eventual afectación que pretendía prevenir, que es precisamente el contenido fundamental de dicho principio. Al respecto se coincide con la representación estatal, en el sentido de que debe tomarse en cuenta lo establecido por la Sala Constitucional en la sentencia N°1923-2004, citada antes, pues claramente constituye un parámetro vinculante en lo que corresponde a la aplicación del principio precautorio en relación con la protección de las aguas subterráneas de los mantos acuíferos. Al respecto se estima importante citar el considerando XV de dicha resolución, que dice así:
"XV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”. En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”. Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para el caso de las aguas subterráneas contenidas en los mantos acuíferos y áreas de carga y descarga, el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación." Precisamente, en el caso concreto no existía un estado de certeza acerca de la inocuidad de la actividad de explotación minera sobre el acuífero Colima Superior, y ante tal panorama, en aplicación del criterio esgrimido por la Sala y que comparte este Tribunal, lo que corresponde es suspender las actividades que estén en curso hasta que se despeje el estado de duda, todo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora bien, véase que un elemento esencial para estimar que el principio aludido fue bien aplicado en la especie, lo constituye el contenido del estudio aportado por SETENA, denominado: "Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A.", presentado el 17 de setiembre del 2001 (folio 858 del tomo IV del expediente administrativo y 365 del expediente judicial), de acuerdo con el cual se encontraron daños efectivos así como posibles daños al ambiente, según se desprende de las conclusiones de ese estudio, que a continuación se citan:
"... VIII. Conclusiones.
Basado en la investigación realizada por el equipo técnico designado por esta Secretaría, se llega a las siguientes conclusiones: Se comprobó daño ambiental en los siguientes factores:
1. Zona de protección del Río Virilla.
a. Se removió una franja aproximada de 300 m lineales de vegetación en el sector oeste de la concesión.
b. Por las diversas actividades en el Tajo se irrespetó la franja de 50 m a lo largo del río, lo que impidió su recuperación natural o por reforestación. El área total correspondiente a zona de protección es de 73500m2.
2. Río Virilla.
3. Aguas subterráneas.
4. Paisaje.
5. Salud Pública.
1. Río Virilla.
a. La acumulación de concreto que se encuentra dentro del lecho del río puede producir un cambio en el comportamiento de la capacidad hidráulica de su cauce.
2. Toma Zamora a. La Planta de Concreto, la Planta de Asalto, la Planta de Tratamiento y la fábrica de blocks están invadiendo la Zona de Protección de la Toma Zamora, lo que incrementa la vulnerabilidad a la contaminación y al daño estructural.
3. Aguas Subterráneas a. La apertura del acuífero en el frente Este podría estar ocasionando disminuciones en la descarga de agua a nivel local.
b. El acuífero Colima Superior presenta alta vulnerabilidad debido a su c. Las eventuales inundaciones y la presencia del quebrador del sector este, acumulaciones de áridos y acumulaciones de restos asfálticos que están en la Zona de Protección del manantial, son posibles fuentes de contaminación, no solo microbiológica sino química.
4. Salud ocupacional.
a. Los ángulos de 90 grados ponen en peligro latente la vida de los trabajadores. b. La constante generación de polvo y partículas debidas a la extracción, explosiones, quebrado, planta de asfalto y fábrica de blocks, pueden causar afecciones respiratorias a los trabajadores de planta." (la negrita no es del original).- En suma, el contenido del estudio de la SETENA confirma que la medida cautelar fue emitida conforme a derecho, pues refleja la existencia de una serie de daños -y posibles daños ambientales- en la zona concesionada, estudio que fue preparado con posterioridad a la inspección realizada por los funcionarios de Geología y Minas, y a partir del cual se refuerza la tesis de que para ese momento no era posible descartar con absoluta certeza que la actividad de explotación afectaba al medio ambiente, especialmente el acuífero Colima. Por otra parte, cabe resaltar que no lleva razón la actora cuando afirma que la Administración decidió mantener la suspensión total de las labores de extracción y procesamiento, a pesar de haberse presentado los informes solicitados en la resolución N°590 citada, por cuanto del expediente administrativo se desprende que la Dirección de Geología y Minas, mediante resolución N°784, de las 9:40 horas del 16 de diciembre del 2001, amparada en el contenido de la resolución N°623-2001 de SETENA y el Memorandum DGM-DC-1018-2001, dispuso levantar parcialmente la suspensión de labores que se había ordenado inicialmente, autorizando a Productos Pedregal S.A. para la utilización del sistema de quebrado (beneficiado) localizado al oeste del área concesionada, hasta el día 1 de junio del 2002. Es decir, a pesar de que la Administración en un primer momento había rechazado la solicitud de suspensión de los efectos del acto (por resolución N° 703), posteriormente, toma en consideración el contenido de informes naturaleza técnica emanados de SETENA y la propia Dirección de Geología y Minas, incorporados al expediente administrativo, y con base en esa información técnica, que valga aclarar no era definitiva ni concluyente, decidió levantar la suspensión de las labores de beneficiado en el sector oeste de la cantera, tal y como lo solicitara la propia concesionaria en el recurso de revocatoria con apelación y suspensión de los efectos del acto presentado el 6 de agosto del 2001. De cualquier forma, aún y cuando la actora cuestiona la resolución N°784, de la demanda no desprende argumento alguno que sustente su impugnación, tornando imposible la revisión de legalidad de ese acto en particular. Por otra parte, tal y como se verá más adelante, si bien la actora presentó en octubre del 2001 los informes que le fueron requeridos (folio 893 del tomo IV del expediente administrativo y estudios empastados), los mismos resultaron incompletos en lo referente a la adecuada caracterización del acuífero, con lo cual sus reproches no son de recibo. Consecuentemente, no se encuentran los vicios apuntados por la accionante en relación con este tema, por lo que procede rechazar los alegatos formulados.- IX.- SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Alega la actora que la medida cautelar adoptada mediante la resolución N°590, resultó ser violatoria del principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto ésta constituía un acto limitativo de derechos, y como todo acto de esa naturaleza, debe contar con una triple condición: ser necesario, idóneo y proporcional. Argumenta que la resolución mencionada no cumplió con ninguna de esas tres condiciones, terminando por generar una restricción absoluta del ejercicio de un derecho real administrativo, alrededor del cual se desarrollaba una serie importante de actividades productivas. Aduce, igualmente, que la Dirección de Geología y Minas dejó de lado la recomendación contenida en el punto 4 del aparte de recomendaciones del oficio DGM-DC-803-2001, en el sentido de mantener la suspensión, hasta que se realizaran los estudios hidrogeológicos solicitados y que oportunamente se aportaron. Los argumentos no son de recibo. El acto que se impugna participa de las características apuntadas en considerandos anteriores, es decir, se trata de una medida cautelar orientada a proteger un bien jurídico de rango constitucional e internacional, cuál es el medio ambiente, debiendo tenerse claro que los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico para la toma de estas medidas son especiales, rescatándose lo dicho antes, en el sentido de que, la toma de acciones por parte del Estado deben estar dirigidas siempre en favor del ambiente, aún y cuando existiere duda de si el disfrute del derecho del particular, que resultaría limitado con la medida, fuere la causa directa de la posible afectación del elemento que se ve comprometido. Ahora bien, en los términos planteados por la propia actora, a partir de lo establecido por la Sala Constitucional en la resolución 8858-98, disiente este cuerpo colegiado de jueces en cuanto a que la medida cautelar no resultó necesaria, idónea y proporcional. Es claro que la medida debía ser adoptada en la forma en que lo hizo la Dirección de Geología y Minas, pues lo que estaba en juego era la eventual contaminación de un recurso hídrico de suma trascendencia, como lo era el acuífero Colima Superior, toda vez que constituye una importante fuente subterránea de abastecimiento de agua potable, debiendo recordarse que el acceso al agua potable es un derecho fundamental en tanto materializa el derecho a la vida. Reitérase que no existían en aquel momento (inspección del 3 de agosto del 2001), elementos científicos certeros que evidenciaran que la actividad de explotación llevada a cabo por la concesionaria no tenía posibilidad alguna de afectar el acuífero, y más bien, el hecho de que se hallara un nuevo afloramiento de ese acuífero en la zona en concesión, reflejaba la vulnerabilidad del mismo a la contaminación por los procesos de extracción y procesamiento. Precisamente por esa falta de información técnica y científica es que se dispuso la suspensión de las labores en todos los frentes de explotación, no siendo exigible la ponderación que echa de menos la accionante, en punto a definir como alternativa la suspensión de la vulnerabilidad que presentaba el recurso hídrico mencionado, en relación con el estado y avance de la superficie que era objeto del proceso de extracción. Por lo anterior se estima que la medida sí resultaba necesaria. Por las mismas razones, entiende el Tribunal que la medida adoptada resultó idónea, de toda suerte que era la única que podía tomarse luego de la inspección ya señalada, al amparo del principio precautorio contenido en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad y desarrollado por la Sala Constitucional, habida cuenta que la Administración carecía de la efectiva evidencia científica que permitiera hacer una valoración para no afectar, o al menos en forma leve, los intereses particulares de la concesionaria. La actora cita insistentemente el informe extrajudicial vertido por el Dr. Allan Astorga Gätgens, según el cual la resolución N°590 resultó excesivamente lesiva a los intereses de la demandante y de las familias que obtenían trabajo a partir de su actividad minera, sin embargo, el dicho del citado profesional no hace más que confirmar lo que se ha señalado en líneas precedentes, por cuanto esgrime meras opiniones y no afirmaciones contundentes, es decir, su posición no refleja con contundencia científica que las labores de extracción y procesamiento, aún y cuando se tratara del sector oeste de la zona, no afectaban o afectarían el acuífero. Véase que la actora transcribe un extracto del mencionado informe que dice así: "Esta condición de desproporcionada se reafirma aún más, cuando se considera el hecho indicado en el informe de campo, de que el proyecto estaba llevando a cabo las labores de extracción en el frente Oeste de la concesión, localizado, como ya se indicó, en un área donde no estaba afectando el acuífero, ni tampoco generaba un riesgo de contaminación a la captación de la fuente Zamora. Parece más lógico, que la recomendación del informe de la DGM, tomando en cuenta la ausencia de una conexión clara entre el Tajo y la contaminación de Puente de Mulas y las consecuencias sociales de una suspensión total de las actividades productivas de la concesión, estuviera encaminado a limitar las labores de extracción y procesamiento del material mineral en un espacio geográfico, dentro del área del proyecto, donde se minimizaran los posibles riesgos." (folio 329, la negrita no es del original).- De ser tan sencillo como estimar a priori y sin suficientes estudios hidrogeológicos, -tal y como se plantea en el informe que aporta la actora-, que por el hecho de que el afloramiento se hallaba en el sector este de la zona explotada, entonces podían continuar las labores en el otro frente de explotación, la discusión habría acabado de inmediato, y el principio precautorio se habría dejado sin contenido para este caso particular, lo cual no ocurrió. Nótese que el mismo profesional reconoce que existe una ausencia de una conexión clara entre el Tajo y la contaminación de Puente de Mulas, es decir, aún y cuando lo relevante de la discusión en este proceso fuera el tema de la contaminación que sufrió el agua de Puente de Mulas, que no es así, sino la protección del acuífero Colima Superior, ni siquiera allí tenía total certeza el informe del experto ofrecido por la accionante, a efecto de desvincular de toda causalidad la actividad de explotación y procesamiento de materiales con la contaminación señalada. En el mismo sentido, el informe pericial rendido en autos (folios 1738 a 1749), cuyo objeto consistía en analizar el texto que elaboró el Dr. Allan Astorga Gätgens denominado "Análisis técnico de la resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del MInisterio de Ambiente y Energía", no es claro ni contundente en punto a establecer que la DGM, al momento del dictado de la resolución N°590, contaba con suficientes elementos de orden científico que brindaran absoluta certeza, a efecto de descartar la existencia de un peligro de contaminación del acuífero Colima Superior, por las labores de explotación minera desplegada por la actora. En efecto, dicho informe en sus conclusiones finales dice en lo que interesa: "... 5.4.- A solicitud del Director Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), la Dirección de Geología y Minas realizó una inspección a la propiedad del Tajo de El Pedregal, en compañía de funcionarios de otras instituciones. El objetivo de la inspección era el de establecer si la contaminación del agua que afectó la Estación de Puente de Mulas se había originado en los terrenos del Tajo El Pedregal. Como resultado de la inspección, no se logra establecer que realmente la contaminación se hubiese originado en la propiedad de El Pedregal. Lo que la DGM reporta es la vulnerabilidad sobre el acuífero superior que existe en el sitio debido a los trabajos de extracción de material que allí se realiza. De esta inspección surgió la Resolución 590-2001 de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía. En dicha resolución se ordenó "LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LABORES DE EXPLOTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL DE LA CANTERA que desarrolla la sociedad Productos Pedregal S.A. en el área de concesión del expediente administrativo N°1547". 5.5.- El perito considera válido la declaración del Dr. Allan Astorga de que la resolución 590-2001 se basó en las condiciones de vulnerabilidad observadas en el tajo, tal como lo reportan los inspectores, y que esa situación estaba plenamente reconocida por las instituciones vinculadas con los controles de operación del tajo desde hacía muchos años. Además no se señala en la resolución la definitoria de que en el Tajo El Pedregal hubiese ocurrido la contaminación del agua. 5.6.- Es opinión de este perito, que la Dirección de Geología y Minas pudo haber analizado los dictámenes del Dr. González del Ministerio de Salud, así como otras opiniones de profesionales especialistas en Hidrogeología, con suficiente experiencia del área donde se generó el problema, antes de emitir una resolución final. 5.7.- Es opinión de este perito que, con base en los dictámenes del Ministerio de Salud, y mediante la ejecución de estudios hidrogeológicos inmediatos, era posible que la planta extractora del material rocoso El Pedregal se mantuviera en operación, al mismo tiempo que se aplicaban las recomendaciones y medidas de protección que se daban en la Resolución 590-200 (sic), y mientras se realizaban los nuevos estudios propuestos, y que fueron realizados por los hidrogeólogos Marcelino Losilla, Clara Agudelo, Hugo Rodríguez y Alicia Gómez. 5.8.- La aplicación de normativas como la que señala el Considerando No. 5 de la Resolución 590-2001, dependerá finalmente de la decisión que tomen los profesionales responsables de las distintas instituciones públicas involucradas con una problemática específica. Se copia textualmente ese considerando: (...) En este caso concreto, los profesionales con mayor experiencia y conocimiento de las condiciones hidrogeológicas del área de Puente Mulas, no laboraban para ninguna de las instituciones públicas involucradas en el momento en que se presentó el problema. Precisamente es a algunos de esos profesionales, los que se mencionan en el punto 5.7 de estas conclusiones, a los que se les asignó posteriormente efectuar los trabajos de las nuevas investigaciones hidrogeólogicas del área de Puente Mulas. Por esta situación, y posiblemente ante el desconocimiento o la duda que existía en las instituciones responsables, para tomar las decisiones con relación a la problemática de la contaminación el agua en Puente Mulas, es que se decidió aplicar las normativas ambientales que permitían ante cualquier duda, tomar una decisión como la que se incorporó en la Resolución 590-2001." (la negrita no es del original). Como puede observarse, a lo largo de sus conclusiones, el perito plantea meras hipótesis, al igual que lo hace el estudio del Dr. Astorga, limitándose a hacer comentarios de lo que en su criterio pudo haber hecho la DGM, sin embargo, no es claro en indicar lo más relevante del caso, esto es, sí para el momento de adoptar la medida cautelar, existía absoluta seguridad de que el recurso hídrico del acuífero Colima Superior no se encontraba bajo ningún riesgo, producto de la actividad minera de la actora. Por el contrario, el perito reconoce que los funcionarios de Geología y Minas basaron su actuación en las condiciones de vulnerabilidad encontradas en el Tajo, y concretamente, de la vulnerabilidad del acuífero superior que discurre por la zona concesionada, hecho que no ha sido desvirtuado por las partes. Súmese a lo anterior, que el informe, fundamentalmente, concentra su análisis en si se logró o no acreditar la posible contaminación de Puente de Mulas, sin embargo, como ya se explicó antes, ese no es el tema central de la discusión, siendo que el motivo del acto impugnado tiene su asidero en la constatación de un segundo afloramiento del Acuífero Colima Superior en la zona en explotación, y ante el riesgo de resultar afectado el mismo por la actividad de explotación en la cantera, tuvo como objeto su protección y conservación. Finalmente, es destacable que el informe pericial incurre en una serie de comentarios que exceden el objeto del análisis que le fue solicitado, por cuanto hace calificaciones sobre la instituciones competentes en la materia de fondo, sin embargo, no está en posición de hacer tales afirmaciones, ni mucho menos son relevantes a efecto lograr una aproximación a la verdad real en este debate. Con todo, lo que sí queda evidenciado del propio dicho del perito, es que la Administración optó por aplicar la normativa ambiental que permite tomar las medidas como la adoptada en este caso (principio precautorio), ante la duda sobre la posible afectación del recurso hídrico. En consecuencia, a juicio del Tribunal y por las particularidades del asunto de fondo, la medida no resultó inidónea, en el tanto para el momento en que se adoptó, no existían otros mecanismos que en mejor forma solucionaran la necesidad existente (protección del acuífero). Por último, esta Cámara considera que la medida sí resultó proporcionada, en atención a que, como se ha venido insistiendo en el desarrollo de esta sentencia, el día de la inspección se pudo constatar la existencia de un nuevo afloramiento del acuífero Colima, reflejando tal situación la vulnerabilidad de ese recurso hídrico en función de las labores mineras que se desplegaban en la zona, con lo cual se evidenció el peligro de que dicho acuífero resultara contaminado con las sustancias que se producían a consecuencia de la extracción y procesamiento de materiales. Para el Tribunal, tratándose de un recurso de tanta importancia para la salud humana y por su gran potencial para el eventual abastecimiento de agua potable, la mera constatación, como lo hace ver la actora, no era razón suficiente para autorizar el proceso de extracción y procesamiento en el sector oeste de la concesión, toda vez que el segundo afloramiento encontrado, aún cuando se hallara en el sector este, constituía un signo externo de la vulnerabilidad del acuífero referido, producto del avance de la actividad que se llevaba a cabo en esa zona de nuestro país. Ahora, lejos de considerarse intempestiva y arbitraria la medida por haber sido tomada el mismo día de la inspección, se encuentra que la misma era una respuesta acorde con la magnitud de las consecuencias que podrían resultar de la contaminación del acuífero, consecuencias que significarían ni más ni menos que la posibilidad de dejar sin utilidad una fuente de abastecimiento de agua de gran potencial para todos los habitantes, ya que, en última instancia, es la colectividad la que resulta beneficiaria, todos los días, de tan importante recurso para todas las actividades de la vida humana. Las aseveraciones del informe del Dr. Astorga, citadas por la propia actora, resultan contrarias al parámetro constitucional erigido a partir del principio precautorio, cuando dice así: "La lógica, en este sentido, indica que lo más equilibrado hubiese sido una suspensión parcial, que limitara el área de extracción a sitios donde el riesgo ambiental fuese muy bajo, mientras se desarrollaban las investigaciones detalladas y la implementación de medidas más concretas para las operaciones del proyecto." (folio 330, la negrita y el subrayado no es del original). La lógica no es el único factor que impera, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, para la toma de decisiones en relación con medidas cautelares cuyo fin sea la protección del ambiente, pues juegan un papel más preponderante en esta materia la ciencia y la técnica. Y se ha reiterado ya, que el conocimiento científico en esta materia debe ser absolutamente certero, a efecto de descartar toda conexión entre el derecho cuyo disfrute se vería restringido con la medida y la afectación al ambiente en cualquiera de sus componentes. Obsérvese que el mismo profesional reconoce que sí existía un riesgo ambiental (aunque lo califique como bajo), y reconoce igualmente que no se contaba para ese momento con investigaciones detalladas, lo cual va en perfecta armonía con lo expuesto hasta ahora, puesto que de haber sido así, se habría tenido un panorama claro y cierto, en punto a determinar si había o no una relación de causalidad entre la actividad de la actora en el Tajo y la contaminación del acuífero. Ante tales circunstancias, es notable que lo procedente, conforme al principio precautorio y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, era suspender las labores en su totalidad, hasta tanto se contara con los estudios hidrogeológicos solicitados a la empresa y los que debía presentar SETENA y el ICAA, cada uno en su respectiva competencia. A la accionante le fue requerido la caracterización del acuífero, estudios hidrogeológicos, y la determinación de los niveles freáticos. Valga indicar que a pesar de haber presentado esos estudios, los mismos resultaron insuficientes en en relación con las características del acuífero (informe del Consejo Técnico Asesor en Minería citado en la resolución N°77, a folios 1104 a 1107 del tomo V del Marlene Salazar y Sofía Huapaya (funcionarias de DGM), en el cual hicieron una revisión de los estudios de la empresa y de las instituciones antes citadas, se concluyó que en el frente oeste del Tajo no se descartaba el peligro de afectación al acuífero (oficio DGM-SD 20-2002, del 15 de enero del 2002 a folio 1070 del tomo V del expediente administrativo). Ello se hizo ver en la motivación de la resolución N°77 de las nueve horas del veintiocho de enero del 2002, mediante la cual la Dirección de Geología y Minas rechazó el recurso de revocatoria que presentó la demandante contra la resolución N°590. Así, en esa oportunidad se dijo: "En el frente oeste, si bien es cierto que no se detectaron afloramientos del manto acuífero, no se debe omitir la irregularidad del flujo hídrico en el área y la carencia de información de esta. Por lo tanto se recomienda que la extracción en este sector, si se diera, sea mediante bloques de explotación previamente estudiado y con la caracterización del flujo hídrico subterráneo para determinar la cota máxima de por tipo de material y posibilidad de extracción, así como un plan y programa minero, con su respectivo cronograma,de la explotación por áreas y niveles, esto incluye la secuencia lógica y técnica del desarrollo, así como la presentación de los estudios de estabilidad de taludes correspondientes para los cortes a realizarse." (folio 1076 del tomo V del expediente administrativo). Es decir, en virtud de que los estudios hidrogeológicos de la actora eran incompletos en cuanto a caracterizar la profundidad del acuífero en las zonas que se pretendían para permitirse la explotación en ese sector, se hacía necesaria información hidrogeológica más detallada y un plan de explotación minucioso y riguroso. En pocas palabras, aún y cuando la accionante no emitió argumento alguno para impugnar la resolución N°77, es claro que aún después de la medida cautelar, la información científica presentada por la concesionaria no permitía suprimir una posible conexión entre la actividad minera y la afectación al acuífero Colima, y en todo caso, la voluntad de la Administración no fue de la vedar toda posibilidad de realización de labores de extracción por parte de la empresa accionante, sino que tal situación estaba supeditada a que la propia interesada presentara información necesaria para garantizar la protección del tantas veces mencionado recurso subterráneo. Consecuentemente, estima el Tribunal, con base en todo lo expuesto, que la medida resultó proporcionada, en el tanto el beneficio que se pretendía alcanzar con la misma en favor de la colectividad, no era marcadamente superior a la restricción que se impuso a la accionante en el disfrute de su derecho real limitado. Por consiguiente, se rechazan las argumentaciones vertidas en ese sentido.- X.- SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. La actora basa este reproche en el hecho de que, si bien para dictar una medida cautelar no se requiere de un procedimiento previo, en el momento en que se tuvo por probado que se había ocasionado un daño ambiental como consecuencia de conductas de la accionante, debió haberse seguido un procedimiento ordinario administrativo con oportunidad de defensa. Los alegatos no son de recibo. Entre la empresa actora y el Estado existía una relación jurídico administrativa, nacida con ocasión del derecho de concesión que el último le otorgó a la primera, permitiéndole desarrollar la actividad de esa concesión que surgió el hecho natural que motivó la adopción de la medida cautelar impugnada, misma que fue dictada por la Administración dentro del procedimiento correspondiente a la concesión (expediente 1547), al ser ése el marco legal preexistente. Lo anterior se trae a colación, por cuanto es claro que independientemente de la naturaleza de la relación aludida, el objeto de la medida precautoria consistía única y exclusivamente en la protección del acuífero Colima Superior, en tanto era un recurso hídrico susceptible de contaminarse a causa de las labores que realizaba la concesionaria en la zona por donde aquél discurría. De esta forma, tenemos que el contenido de la medida cautelar impugnada consistió en paralizar las labores de extracción y procesamiento de materiales, y solicitar estudios hidrogeológicos para determinar si era viable que la empresa demandante continuara con las obras en el área de concesión, todo de conformidad con el principio precautorio antes analizado. Nótese que la Administración invocó en respaldo de su actuar los artículos 219 y 226 de la Ley General de la Administración Publica, que permite que en casos como éste, donde existe un peligro grave e inminente para las cosas y las personas (el medio ambiente y la salud humana), en tanto se podía ocasionar daños de imposible reparación, se prescinda de la constitución de un procedimiento ordinario administrativo para poder emitir el acto administrativo tendiente a su protección. Consecuentemente, entiende esta Cámara que las acciones dispuestas para la determinación del posible daño ambiental que se hubiere podido generar en la zona concesionada, no surgió como consecuencia de un acto sancionatorio, en el tanto no tenía por objeto la aplicación de un castigo a la demandante con ocasión de la comisión de alguna infracción administrativa previamente tipificada, sino que nace como consecuencia de un acto cautelar, que obliga al Estado a coordinar con las diferentes órganos y entes competentes en la materia ambiental, la implementación de todas las acciones establecidas en el ordenamiento que tiendan a proteger el recurso hídrico, y en tal condición, no participa de los supuestos establecidos en el numeral 308 de la Ley General de la Administración Pública, tal y como lo pretende hacer ver la accionante. Ante ese panorama, el Tribunal estima que no era preciso que se levantara un procedimiento administrativo ordinario para esos efectos. De cualquier forma, es claro que por regla de principio la ley especial prevalece sobre la general, y en este caso específico, por razón de la materia, el Código de Minería (Ley N° 6797) es ley especial, prevaleciendo por encima de la Ley General de la Administración Pública. Dicha norma contiene un título específico (XIII), en el cual se encuentran descritos y regulados los procedimientos atinentes a la materia de procedimientos que la Administración expresaría su voluntad en relación con las distintas solicitudes de concesión de aquellas actividades, así también como cuando éstas ya se encuentren en plena ejecución. El mencionado código no es omiso en regular el procedimiento recursivo que procede en contra de las resoluciones que dicte la Dirección de Geología y Minas, órgano competente en la materia, siendo que el actual artículo 94 (anteriormente artículo 90), dispone así: "Contra las resoluciones que se dicten procederán los recursos de revocatoria y de revisión, ante la Dirección, y de apelación ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Contra la resolución que dé por agotada la vía administrativa, podrá interponerse acción contencioso administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del plazo de dos meses, salvo otras disposiciones de esta ley." Respecto de este numeral debe aclararse que en virtud de varias transformaciones que sufrió la estructura del Poder Ejecutivo entre los años 1980 y 1988, específicamente en lo relativo a las competencias ministeriales en materia de industria, energía, minas y ambiente, hoy día la Dirección de Geología y Minas pertenece al MINAET, anteriormente MINAE. Pues bien, conforme se desprende del expediente administrativo, la actora presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución N°590 aquí impugnada, en fecha 6 de agosto del 2001, recurso que fue adicionado por escrito del 8 de agosto del mismo año, solicitando en esa oportunidad lo siguiente: "Por ello solicitamos se proceda a levantar la suspensión del procesamiento beneficiado y se permita a mi representada continuar procesando los materiales que tenga en sus patios así como material que pueda adquirir en otras canteras." (folios 617 y 630 del expediente administrativo). La Dirección de Geología y Minas mediante resolución N° 703 de las nueve horas treinta minutos del cinco de setiembre del 2001, denegó la solicitud de levantamiento de la suspensión de labores de extracción y procesamiento en el área de la concesión. De dicho pronunciamiento apeló la concesionaria (aquí actora), siendo que por resolución N°R-1726-2001-MINAE, de las nueve horas del nueve de octubre del 2001, la Ministra de Ambiente y Energía dispuso rechazar el recurso de apelación con nulidad concomitante interpuesto por la accionante en contra la referida resolución N°703, y ordenando a la Dirección de Geología y Minas pronunciarse sobre el recurso de revocatoria presentado contra la resolución N°590. Cabe agregar que, pocos días después, mediante resolución N°784 de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de octubre del 2001 -aludida en considerandos anteriores- el citado órgano dispuso variar la medida cautelar y autorizó a la empresa accionante para utilizar el sistema de quebrado localizado al oeste del área concesionada hasta el 1 de junio del 2002. Mas tarde, por resolución N°077 de las nueve horas del veintiocho de enero del 2002, la Dirección de Geología y Minas resolvió el recurso de revocatoria incoado contra la resolución N°590, y tomando en cuenta el contenido de los estudios aportados por la empresa (Uno realizado por los hidrogeólogos Hugo Rodríguez y Alicia Gómez, y otro por los hidrogeólogos MarcelIino Losilla y Clara Agudelo), así como los realizados por SETENA: "Valoración del daño ambiental ocasionado por el proyecto de extracción minera de la empresa Productos Pedregal S.A.", el ICAA: "Análisis del daño ambiental y otros, producto de la afectación del acuífero y la violación de las zonas de protección en el tajo Pedregal-Sistema de Puente de Mulas", e inclusive los informes aportados por el Consejo Técnico Asesor en Minería; dispuso mantener vigente la orden de suspensión de las labores de concesión (folio 1144 del tomo V del expediente administrativo). Por resolución de las diez horas del veintinueve de abril del 2002, la Ministra de Ambiente y Energía conoció la apelación contra la resolución N°590, rechazando la misma y dando por agotada la vía administrativa (folio 1176). Como puede observarse, la empresa demandante tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa conforme las regulaciones procedimentales establecidas en el Código de Minería, y en tal sentido ejerció las posibilidades que le brindaba el ordenamiento para exponer sus argumentaciones técnicas a efecto de combatir la medida cautelar dispuesta, todas las cuales le fueron resueltas. Puede afirmarse que se han cumplido en este caso las garantías fundamentales del debido proceso exigidas por la jurisprudencia constitucional, esto es, derecho a ser oído, oportunidad para presentar argumentos y pruebas, acceso a la información y los antecedentes, derecho a obtener asesoría, notificación de las decisiones tomadas y derecho de recurrir la decisión tomada. Siendo así, se rechazan los argumentos de la actora en relación con la aparente la violación al debido proceso, no advirtiéndose ninguna nulidad absoluta por este motivo.- XI.- EN CUANTO A LA FALTA DE MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN N°451. Afirma la actora que el motivo de la resolución N°451, mediante la cual se extinguió la concesión de la cual gozaba, lo fue el incumplimiento de la resolución N°590 y de la resolución N°784. Que en virtud de que de las mencionadas resoluciones adolecen de vicios de nulidad absoluta, las mismas eran ineficaces de acuerdo con nuestro ordenamiento. En ese tanto, argumenta que la resolución N°451 carece de motivo legítimo, por cuanto está imputando a la demandante el incumplimiento de una medida que era ineficaz. Los alegatos no son de recibo. Evidentemente todo acto administrativo absolutamente nulo no puede ejecutarse por disposición legal, y ordenar su ejecución daría lugar a responsabilidad de la Administración y del funcionario que así lo hiciere (artículos 146.3, 169 y 170 LGAP). En el caso concreto, el Tribunal no ha encontrado que los motivos alegados por la demandante para sustentar la invalidez de la resolución N°590 fueren procedentes, y en esa medida se debe presumir que el acto cuestionado era legalmente válido así como ejecutable, esta última condición en virtud de la ejecutoriedad de los actos administrativos (artículos 146 y siguientes de LGAP). Siendo así, se estima que la resolución N°451 gozaba de motivo legítimo, en el tanto tuvo por tal el incumplimiento incurrido por la actora respecto de las disposiciones que fueron establecidas por la Dirección de Geología y Minas, en la medida cautelar expresada en la resolución N°590, que como se dijo, se presume válida y eficaz para todos los efectos. En consecuencia, se desestiman los reproches formulados en este sentido.- XII.- SOBRE LA INVOCADA ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA EN LA RESOLUCIÓN N°451. Argumenta la actora que la resolución N°451 corresponde a una sanción administrativa rescisoria. Que para ello debe existir una norma de rango legal, que de previo a la conducta que se sanciona, la tipifique y la haga posible. Por lo anterior, señala que en el caso concreto hay una falta de fundamentación jurídica, pues no existe base legal para declarar la caducidad de una concesión, por la conducta de desobedecer una orden cautelar de suspensión de la actividad extractiva. No lleva razón en sus alegatos. No participa este Tribunal de la tesis que plantea la accionante, por cuanto no se considera que el acto sancionatoria. En primer lugar, de haber querido el legislador que la cancelación fuese una sanción, la hubiere previsto expresamente en el capítulo II, del Título XVII, correspondiente a las infracciones y sanciones administrativas, donde están descritas las hipótesis legales que dan lugar a distintas consecuencias jurídicas a título de sanción (por ejemplo la imposición de multas) . Por otra parte, una sanción constituye un mal inflingido por la Administración a una persona física o jurídica, como consecuencia de haber cometido una conducta ilegal, y previamente tipificada como tal (infracción). La Administración la impone en el ejercicio de su potestad punitiva inherente, y con ello se procura el bienestar de la colectividad, mediante la protección de determinados bienes jurídicos que se estiman necesarios para el mantenimiento del orden, la seguridad y la paz sociales. En el caso concreto, el actuar de la Administración no se enmarca en el ejercicio de esa potestad sancionadora, en el tanto no estamos ante un hecho tipificado como infracción, sino que se trata de un derecho a título precario (derecho real limitado sobre dominio público), por cuanto el Estado es el titular del dominio absoluto de todos los recursos minerales del territorio nacional (artículo 1 Código de Minería), y por medio de la concesión de explotación, autoriza a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, a realizar actividades de explotación de los yacimientos o depósitos minerales, bajo las condiciones y requisitos que establece el Código de Minería, su reglamento y las leyes especiales (artículo 12 Código de Minería). En el marco de esa relación jurídico administrativa, le asisten al concesionario una serie de obligaciones que está compelido a cumplir, y cuya desatención genera, de pleno derecho, la cancelación de aquél derecho limitado. Dentro de ellas destacan las relativas a la protección del ambiente, y en tal sentido se transcriben en lo que interesan las siguientes normas del Código de Minería:
Artículo 34. "El titular de una concesión de explotación estará obligado a:
...
ch) Elaborar un estudio completo sobre el impacto ambiental del proceso de explotación, que cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 97; y cumplir con las normas que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables.
...
...
ch) Si no se hubieren cumplido las normas legales y reglamentarias que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables." "Artículo 101 (anteriormente 97). Los titulares de un permiso de todas las normas y requisitos legales y reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con la protección del ambiente, que se señalen en la resolución de otorgamiento y en esta ley. " "Artículo 102 (anteriormente 98). Prohíbese toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos a que están destinados." (la negrita no es del original).
Una interpretación armónica de estas normas en relación con el artículo 50 constitucional, confirma, sin lugar a dudas, que con mucha mayor razón, dentro de una relación de concesión, el medio ambiente se erige como un interés superior que está por encima de cualquier interés privado, su protección es de obligada observancia y están prohibidas todas las acciones que puedan implicar un daño a ese bien jurídico. Cualquiera conducta de un concesionario que resulte contraria a ése interés superior y que no se ajuste a las medidas que en su oportunidad se dicten para protegerlo, generará en cabeza del Estado la potestad de cancelar la concesión, en el tanto el Estado es el titular del dominio de todos los recursos minerales del territorio nacional, y además le asiste un deber de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por así mandarlo la Constitución Política en su artículo 50 en relación con el 21 (derecho a la salud). Por supuesto, en resguardo del debido proceso, para lo anterior se debe cumplir con el procedimiento especial previsto en el párrafo final del actual artículo 67 del Código de Minería (anteriormente artículo 63), según el cual, la Dirección de Geología y Minas realiza un estudio, le otorga plazo a la concesionaria para que se emita sus justificaciones o cumpla con sus obligaciones. Posteriormente, se analiza lo actuado por la concesionaria y de considerarse procedente, el asunto se lleva a conocimiento del Ministro. Éste estudia el mismo y decide si otorga o no un nuevo plazo no mayor de tres meses, de lo contrario la Dirección dicta la resolución de cancelación. En el caso bajo examen, ello fue lo que ocurrió, la concesionaria incumplió las medidas precautorias de suspensión de obras que le había impuesto la Dirección de Geología y Minas cuyo objeto era proteger el acuífero Colima (ver informe en memorandum DGM-DC-399-2002 a folio 1372 del tomo VI del expediente administrativo y criterio en memorandum DGM-OD-644-2002 a folio 1404 del mismo tomo). Tal incumplimiento se verificó en el tanto la actora realizó posteriores extracciones de material y lo procesó, lo cual no ha sido negado en este proceso, y más bien, lo reconoce abiertamente, cuando argumenta que para ese momento no existía norma que tipificara el incumplimiento de una medida cautelar con la "sanción" de cancelación. En la especie, se siguió el procedimiento antes aludido, y se decidió cancelar la concesión que se le había otorgado a la empresa accionante. Desde el punto de vista jurídico material, se estima que el incumplimiento en el que incurrió la actora respecto de las medidas cautelares en favor del ambiente, constituía motivo suficiente y amparado en la normativa legal y constitucional para cancelar el derecho de concesión de explotación. Las razones que hubiere podido tener la demandante para violentar esas medidas no son acciones sustentadas en el ordenamiento jurídico, y por lo tanto, habrán de rechazarse sus argumentos, como en efecto se hace.- XIII.- SOBRE LA ADUCIDA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE ADECUACIÓN Y PROPORCIONALIDAD EN LA RESOLUCIÓN N°451. En consideración de la actora, de acuerdo con los principios de adecuación y proporcionalidad, para el cumplimiento forzoso de un acto la Administración debe adoptar aquella medida que esté acorde con su contenido y en grado suficiente para asegurar el fin perseguido. Señala que en el caso concreto, ante el incumplimiento de la medida cautelar, la Administración debió valorar la naturaleza del incumplimiento considerando que: el aprovechamiento del material no implicó voladuras en el frente de explotación, que se trató de actividades de procesamiento de material que había sido extraído del sector oeste antes de la suspensión de sus actividades, que dicho sector no se observa intervención en el manto acuífero, que el concesionario había hecho ver en repetidas ocasiones la necesidad de procesar material para cumplir con las obras públicas en curso al momento de la adopción de la medida cautelar, y la inexistencia de daño ambiental alguno producto de la desobediencia de la suspensión. Y por otro lado, aduce que la Administración debió evaluar, conforme la medida cautelar cuyo cumplimiento forzoso se buscaba, la opción que asegurara la menor lesión posible sin dejar de proteger el recurso hídrico. Concluye que de haber sido así, ello hubiera dado lugar a otras medidas de cumplimiento como el decomiso de bienes, la clausura de establecimientos, etc., pero no una sanción rescisoria capaz de afectar familias y daños y perjuicios. Los alegatos no son de recibo. La actora pretende calificar la cancelación de la concesión (resolución N°451) como si fuere un medio de ejecución de la resolución N°590, es decir, como si tratara de la actuación por medio de la cual la Administración logró ejecutar coactivamente aquel acto de naturaleza cautelar (artículos 146 y siguientes LGAP). No obstante, atendiendo a sus características, la resolución N°451 no es una mera actuación de naturaleza ejecutiva, es un acto administrativo independiente de la medida cautelar, que cuenta con un motivo, un contenido y un fin, y se encuentra debidamente fundamentado. Es un acto final que da por terminada la relación jurídico administrativa surgida con ocasión del derecho de concesión (derecho real limitado), que se produce por el incumplimiento de la concesionaria de las disposiciones que regulan la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos renovables (sea, la protección del ambiente que es un interés superior de rango constitucional e internacional), y para lo cual se requiere el previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 67 del Código de Minería. En tal sentido, tenemos que si bien el motivo de la resolución N°451 lo es el incumplimiento aceptado por la actora de las medidas establecidas en la resolución N°590 (ver oficio N°DC-399-2002 del 21 de junio del 2002), no por ello se constituye en un medio de ejecución de ésta última, y en tal caso no son aplicables las normas relativas a la ejecutoriedad de los actos. Desde ese punto de vista, se estima que la cancelación emitida por la Dirección de Geología y Minas no resultó ser una conducta arbitraria, en la medida que respondió al propio incumplimiento de la accionante respecto de las disposiciones adoptadas por la Dirección de Geología y Minas mediante las resoluciones N°590-2001 y 784-2001, para la protección y conservación del medio ambiente, amparadas en el principio precautorio y que fueron incumplidas por la actora. Consecuentemente, se rechazan los alegatos vertidos en este sentido.-“
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