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Res. 00116-2009 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 29/01/2009
OutcomeResultado
The sanitary orders that declared the dwelling uninhabitable and ordered its eviction are upheld, but the State and IMAS are ordered to coordinate decent housing for the affected person and to pay moral damages caused by the unjustified procedural delay.Se declaran válidas las órdenes sanitarias que dispusieron la inhabitabilidad y desalojo de la vivienda ubicada en zona de protección del río Tiribí, pero se condena al Estado y al IMAS a coordinar una vivienda digna para la afectada y a indemnizarla por el daño moral causado por la dilación injustificada del procedimiento.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Tribunal reviews three sanitary orders issued by the Ministry of Health that declared a rented house in Hatillo uninhabitable and ordered the tenant's eviction, on the grounds that the house lies within the 10-meter protection zone of the Tiribí River (Articles 33 and 34 of the Forestry Law) and exhibits hazardous and unsanitary conditions. The ruling upholds the validity of the sanitary orders, finding they were issued by a competent authority, that the location in a protection zone makes any repair impossible, and that the nearly two‑year delay in deciding the administrative appeals does not cause absolute nullity because it did not change the substance of the case. However, the Court declares that the Ministry of Health violated the constitutional principle of prompt justice (Article 41) and that the State's failure to coordinate social‑assistance measures prior to the eviction breached the rights to decent housing and a healthy environment. Consequently, it orders the State to pay one million colones in moral damages, directs the Mixed Institute of Social Assistance (IMAS) to provide a supplementary income for six months, and gives the State the same period to coordinate with the housing‑sector institutions to find a permanent housing solution for the affected person.El Tribunal Contencioso Administrativo analiza la legalidad de tres órdenes sanitarias del Ministerio de Salud que declararon inhabitable una vivienda ocupada en arriendo en Hatillo y ordenaron el desalojo de su inquilina, por estar ubicada dentro del área de protección de 10 metros del río Tiribí (artículos 33 y 34 de la Ley Forestal) y por presentar condiciones de peligrosidad e insalubridad. La sentencia confirma la validez de las órdenes sanitarias al encontrar que fueron emitidas por autoridad competente, que la ubicación en zona de protección torna imposible cualquier reparación, y que la dilación de casi dos años en resolver los recursos administrativos no acarrea nulidad absoluta porque no varió el fondo del asunto. No obstante, el Tribunal declara que el Ministerio de Salud violó el principio de justicia pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y que la omisión estatal de coordinar medidas de asistencia social previas al desalojo vulnera los derechos a una vivienda digna y a un ambiente sano. Como consecuencia, condena al Estado al pago de un millón de colones por daño moral subjetivo, ordena al IMAS otorgar un ingreso económico complementario por seis meses, y fija un plazo de igual duración para que el Estado coordine con las instituciones del sector vivienda una opción habitacional permanente para la afectada.
Key excerptExtracto clave
Notwithstanding the above, this Court considers that Sanitary Orders 105153, 105154 and 105155 are indeed technically grounded as to the declaration of hazardousness and unhealthiness of the dwelling, for the following reasons: The house is located within the protection area of the Tiribí River, specifically seven meters from the riverbanks, which is contrary to Article 33 of the Forestry Law, establishing a ten‑meter protection zone along riverbanks. […] they constitute a hazardousness element not only for the property but mainly for the plaintiff and those living with her, given the flood risk that must be avoided in application of the precautionary principle (Article 11.2 of the Biodiversity Law and Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration). […] In this regard, the timely and efficient exercise of the powers granted by the legal system for the State to protect, preserve, defend and guarantee those fundamental rights and hence the public interest, is not conditioned on the existence of a request by a party; quite the opposite, precisely to safeguard the public interest the State must exercise those powers even preventively in order to achieve the goal that justified the granting of those duties-powers, namely the satisfaction of the public interest and therefore the protection of fundamental rights.No obstante lo anterior, este Tribunal considera que las órdenes sanitarias número 105153, 105154 y 105155, sí están fundamentadas desde un punto de vista técnico, en cuanto a la declaratoria de peligrosidad e insalubridad de la vivienda, por las siguientes razones: La casa está situada en el área de protección del Río Tiribí, específicamente a siete metros de las márgenes de dicho río, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal, que establece un área de protección de diez metros de las riberas de los ríos. […] constituyen un elemento de peligrosidad no sólo para el inmueble, sino principalmente para la actora y las personas que viven con ella en dicha vivienda, ya que existe un riesgo de inundación que en aplicación del principio precautorio debe ser evitado (artículo 11.2 de la Ley de Biodiversidad y principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río) […] En ese sentido, el ejercicio oportuno y eficiente de las potestades otorgadas por el Ordenamiento Jurídico para que el Estado proteja, preserve, defienda y garantice esos derechos fundamentales y por ende, el interés público, no están condicionadas a que exista gestión de parte para ejercerlas, todo lo contrario, ya que precisamente en aras de tutelar el interés público el Estado deberá ejercer dichas potestades incluso de manera preventiva para cumplir el objetivo que justificó el otorgamiento de dichos poderes deberes, cual es, la satisfacción del interés público y por ende, la protección de los derechos fundamentales.
Pull quotesCitas destacadas
"las autoridades de salud "... podrán dictar resoluciones ordenando medidas de carácter general o particular, según corresponda, para la mejor aplicación y cumplimiento..." del ordenamiento jurídico."
"the health authorities "... may issue resolutions ordering measures of a general or particular nature, as appropriate, for the better application and enforcement..." of the legal system."
Considerando IV
"las autoridades de salud "... podrán dictar resoluciones ordenando medidas de carácter general o particular, según corresponda, para la mejor aplicación y cumplimiento..." del ordenamiento jurídico."
Considerando IV
"La casa está situada en el área de protección del Río Tiribí, específicamente a siete metros de las márgenes de dicho río, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal, que establece un área de protección de diez metros de las riberas de los ríos."
"The house is located within the protection area of the Tiribí River, specifically seven meters from the riverbanks, which is contrary to Article 33 of the Forestry Law, establishing a ten‑meter protection zone along riverbanks."
Considerando IV
"La casa está situada en el área de protección del Río Tiribí, específicamente a siete metros de las márgenes de dicho río, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal, que establece un área de protección de diez metros de las riberas de los ríos."
Considerando IV
"resultaría paradógico que en aras de tutelar la vida, la salud, la seguridad y la integridad personales, se pretenda desalojar a una persona de escasos recursos económicos -como la actora- que ocupa una vivienda declarada inhabitable [...] sin que de previo se adopten de manera coordinada por parte del Estado -entendido en su concepto unitario- las medidas alternas o paliativas que garanticen que esos derechos fundamentales no sufrirán un mayor menoscabo."
"it would be paradoxical that in order to protect life, health, security and personal integrity, the eviction of a person of scarce economic resources –such as the plaintiff– who occupies a dwelling declared uninhabitable is sought [...] without first adopting, in a coordinated manner by the State –understood in its unitary concept– alternative or palliative measures that guarantee those fundamental rights will not suffer further harm."
Considerando III
"resultaría paradógico que en aras de tutelar la vida, la salud, la seguridad y la integridad personales, se pretenda desalojar a una persona de escasos recursos económicos -como la actora- que ocupa una vivienda declarada inhabitable [...] sin que de previo se adopten de manera coordinada por parte del Estado -entendido en su concepto unitario- las medidas alternas o paliativas que garanticen que esos derechos fundamentales no sufrirán un mayor menoscabo."
Considerando III
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IIIo.- EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION OF THE PLAINTIFF'S LEGAL SITUATION.
Article 49 of the Political Constitution establishes that the essential function of the Administrative Contentious Jurisdiction (Jurisdicción Contencioso Administrativa) is to effectively protect, at minimum, the subjective rights (derechos subjetivos) and legitimate interests (intereses legítimos) of private parties (administrados) against arbitrary exercises of public power. This is a framework that protects the legal situations (situaciones jurídicas) of individuals, whether they are legal situations of power, duty, advantage, or a mixed nature. This constitutional provision serves as the foundation for the sweeping procedural reform in administrative contentious law that culminated in the enactment of the current Ley 8508, whose central axis rests—as can be inferred from Article 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo—on the one hand, on the full and effective protection of the individual, that is, the effective judicial protection (tutela efectiva) of the legal situations of every person (subjective legality, legalidad subjetiva), which include, without a doubt, their fundamental rights. On the other hand, it establishes objective oversight of the legality of administrative action, seeking the restoration of legality, in most cases, in order to prevent harm to the aforementioned legal situations.
In that regard, since this Tribunal has found it proven that at least since the year nineteen ninety-nine, the plaintiff has occupied, as a tenant (arrendataria), a residential dwelling located in Colonia Quince de Setiembre, 15 meters north and 25 meters east of the bridge at Alajuelita, on the banks of the Río Tiribí (see documents at folios 103 and 104, 109 and 110 of the judicial case file (expediente judicial); 29, 88 to 89 bis, 96 of the administrative case file (expediente administrativo) submitted by the Ministerio de Salud), and that by means of sanitary orders (órdenes sanitarias) numbers 105153, 105154, and 105155, the Environmental Officer (Gestora Ambiental) of the Regional Health Authority (Area Rectora de Salud) of Hatillo of the Ministerio de Salud declared the dwelling occupied by the plaintiff, in her capacity as tenant, to be uninhabitable and ordered her eviction (see documents at folios 64 to 66 of the administrative case file submitted by the Ministerio de Salud), we consider that the plaintiff holds a legal situation susceptible to protection before the administrative contentious jurisdiction, given that the issuance of the sanitary order whose conformity with the legal system is at issue in this proceeding has a direct effect on her vital sphere of interests, insofar as it impacts one of the minimum, essential, and necessary elements for rendering effective the fundamental rights and guarantees inherent to the condition of personhood, such as: life, dignity, health, the environment, and human development—in such a way that it merits special protection and consideration.
The fact that the plaintiff is not the owner of the property declared uninhabitable does not bar her from seeking recourse in this jurisdiction to safeguard her rights or interests—not only because Articles 49 of the Political Constitution and 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo clearly establish that the purpose of this Jurisdiction is to protect the legal situations of every person, but also because the plaintiff is the party directly affected by the content of the sanitary orders she challenges here. For while it is true that the State's legal representation and that of Doctor Arguedas Barquero maintained, at the precautionary measure (medida cautelar), preliminary, and oral and public trial hearings, that they exercised their authority in safeguard of the right to health of the plaintiff and her family by declaring the uninhabitability and ordering the subsequent eviction of the plaintiff from the house she rents, it is equally true that if the public interest is understood as the expression of the coinciding individual interests of private parties (Article 113, inciso 1 of the Ley General de la Administración Pública), and if the Administrative Legal System aims to achieve a balance between the efficiency of the Administration and the dignity, liberty, and other fundamental rights of individuals (Article 8 of the Ley General de la Administración Pública), it would be paradoxical that, in the name of protecting life, health, safety, and personal integrity, an attempt would be made to evict a person of limited economic means—such as the plaintiff—who occupies a dwelling declared uninhabitable (a condition that follows from the documents at folios 270 and 271 of the judicial case file, in which the Regional Southwest Manager of the Instituto Mixto de Ayuda Social declares the plaintiff as "Población IMAS"; from the plaintiff's own statement and the testimonial statements of Miriam Espinoza Alvarez and José Marino Badilla, which appear in the audiovisual record of the precautionary measure hearing, as well as from the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted by this Tribunal on the sixteenth of September two thousand eight, as reflected in the digital record of that proceeding), without first adopting, in a coordinated manner by the State—understood in its unitary concept—the alternative or palliative measures that guarantee that those fundamental rights will not suffer further harm, rights that the State is obligated to protect pursuant to the direct application of Articles 21, 33 (for human dignity), 50, 65, and 74 of the Political Constitution.
Therefore, the satisfaction of the public interest, in this case, must be oriented toward protecting the legal situation of the plaintiff—not only through the declaration of uninhabitability, but also through the adoption of positive actions aimed at the effective judicial protection of the rights that the Administración Pública is called upon to protect, such as decent housing or a housing alternative commensurate with her human condition, actions that were adopted after the plaintiff filed the claim and after this Tribunal issued, as a precautionary measure, the non-execution of the eviction order issued against the plaintiff, upon granting, by means of judgment number 692-2008 of eighteen hours on the sixteenth of September two thousand eight, the request for a precautionary measure that was filed (see documents at folios 70, 71, 267 to 271 of the judicial case file).
IVo.- THE ABSENCE OF GROUNDS FOR ABSOLUTE NULLITY IN THE CHALLENGED SANITARY ORDERS. The plaintiff contends that sanitary orders number 105153, 105154, and 105155, issued by the Environmental Manager (Gestora Ambiental) of the Área Rectora de Salud de Hatillo, which declared the dwelling occupied by the plaintiff uninhabitable and ordered her eviction, are tainted by absolute nullity on the grounds that they violate the guarantee of due process (garantía del debido proceso), because in her view:
Marco Tulio Ferlini Barrantes (see copy of the note dated June 30, two thousand seven and of the office memorandum dated March 28, two thousand seven, at folios 49 and 50 of the administrative record submitted by the Ministry of Health), but also by the various authorities of the Ministry of Health who participated in the proceeding, namely: the Dirección General de Salud, the Dirección Regional Central Sur, and the Dirección del Área Rectora de Salud de Hatillo, who on repeated occasions requested information regarding the status of the motions for revocation with subsidiary appeal (recursos de revocatoria con apelación en subsidio) filed by the plaintiff, by means of office memoranda number 2355-08 dated June 4, two thousand eight; DARH-252-2008 dated May 27, two thousand eight; DRSC-2846 dated July 17, two thousand seven; ASH-137-07 dated July 16, two thousand seven; DGS-1299-07 dated July 2, two thousand seven (folios 42 to 46 and 48 of the administrative record submitted by the Ministry of Health); d) That the delay encompasses not only the appeals phase of the administrative proceeding, but also the stage prior to the issuance of the sanitary orders (órdenes sanitarias), as has been established as proven:
Vo.- ABSENCE OF LIABILITY OF DOCTOR EDUARDO ARGUEDAS IN HIS PERSONAL CAPACITY AND AS A PUBLIC OFFICIAL.
The plaintiff contends that Doctor Eduardo Arguedas Barquero — both in his personal capacity and as Director of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Hatillo — has engaged in conduct contrary to the legal framework (ordenamiento jurídico), inasmuch as he has adopted and carried out decisions that are harmful to her rights. This Tribunal finds that the defendant Arguedas Barquero has not incurred liability, for the following reasons:
VIo.— ON SUBJECTIVE MORAL DAMAGE (DAÑO MORAL SUBJETIVO): In compliance with the provisions of Article 122, paragraph (m) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and given that the plaintiff requests, as part of her claims, compensation for subjective moral damage that she estimates at one million colones, on the grounds that she and her children have suffered an existential anguish since the administrative proceeding began—anguish that has been prolonged by the lengthy and tedious nature of that proceeding, where humanism is absent, creating in them great uncertainty in the face of the threat of being left without a home (folio 13 of the judicial case file (expediente judicial) and the audiovisual record of the preliminary hearing)—this Tribunal considers it necessary to clarify that, in accordance with the case law of the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia, subjective moral damage "…occurs when an extra-patrimonial right has been violated without affecting the patrimony, normally entailing an unjust disturbance of the individual's psychological state (…) In sum, moral damage consists of physical or psychological pain or suffering, or moral affliction inflicted by an unlawful act.
The fertile ground for moral damage is normally that of personality rights when they are violated…" (Sentencia número 1002-0112). Regarding the mechanisms for proving moral damage, the case law states that: "…IV.— The moral damage claimed here allows the adjudicator broad discretionary latitude. However, that latitude is delimited by certain unavoidable parameters. For example, the former Sala de Casación, in sentencia #114 de las 16 horas del 2 de noviembre de 1979, advocated in this regard the prudent appreciation by judges '…when they are able to infer the damage on the basis of circumstantial evidence.' The prudent discretion referred to must take into account the circumstances of the case, the general principles of law, and equity. The aim, then, is not to quantify the value of a person's honor and dignity—for these are priceless goods—but rather to set a monetary compensation for the violation thereof, the only mechanism that law has at its disposal to repair, at least in part, the offense suffered.
Such a philosophy would not admit exorbitant awards, as occurs in other legal systems, since that would produce unjust enrichment of the aggrieved party through the immoral exploitation of one's own honor and dignity for gain. Among the fundamental postulates of law are those of reasonableness and proportionality, which have been recognized in our legal system as constitutional principles. Applying them to situations such as the present one, it is indispensable, when fixing obligations arising from compensatory legal situations, to consider the position of the parties and the nature, object, and purpose of the reparation, without creating absurd, harmful, or gravely unjust outcomes. In this regard, moral damage cannot give rise to excessive awards. That would open an inconvenient door to disproportionate claims which, under the pretext of protecting the individual's subjective sphere, would lead to unjustified enrichment.
Thus, such reparation, far from repairing tarnished dignity, would undermine its foundations by subordinating them to purely economic values." (See sentencia número 114-F-98 dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las catorce horas veinte minutos del 11 de noviembre de 1998). Taking into account the circumstances of this particular case, this Tribunal finds that there is merit to recognize the subjective moral damage alleged by the plaintiff, for the following reasons:
Marco Tulio Ferlini Barrantes regarding the alleged uninhabitability (inhabilitabilidad) of the house he rents to the plaintiff, until, by official memorandum number DARH-337-08 of August 4, 2008, the Director of the Area Rectora de Salud de Hatillo and the Environmental Manager of said Area Rectora requested the Head of the Evictions Department of the Ministerio de Salud to proceed with the eviction of the dwelling occupied by the plaintiff, as a result of the declaration of uninhabitability ordered under sanitary orders (órdenes sanitarias) number 105153, 105154, and 105155 and confirmed by resolution number DM-JB-3367-08 of 9:30 a.m. on June 25, 2008—nearly two years had elapsed—despite the fact that Article 261.1 of the Ley General de la Administración Pública establishes that the administrative procedure (procedimiento administrativo) must be concluded by a final administrative act (acto final) within two months of its initiation, extendable by two additional months if the exceptional grounds provided in Article 263, paragraph 1, of the same Law are present, time limits that the Ministerio de Salud exceeded, even though the purpose underlying its actions—as the State's Legal Representation and the various Ministerio de Salud officials who participated in these proceedings have repeatedly emphasized—is to safeguard the health and physical integrity of the plaintiff; further, the motions for revocation with subsidiary appeal (recursos de revocatoria con apelación en subsidio) were also resolved outside the three-business-day and one-month time limits established by Article 52, paragraph b, of the Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud and Article 261.2 of the Ley General de la Administración Pública—inaction (inactividad) that, in the final analysis, this Tribunal finds contrary to the principle of prompt and effective justice (justicia pronta y cumplida) enshrined in Article 41 of the Constitución Política;
VIIo.- HOUSING AS A PREREQUISITE FOR THE ESSENTIAL CONTENT (contenido esencial) OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS (derechos fundamentales) TO HEALTH AND TO A DIGNIFIED LIFE (vida digna). In accordance with the provisions of article 22 of the Universal Declaration of Human Rights, "...every person, as a member of society, has the right (...) to the satisfaction of the economic, social, and cultural rights indispensable to their dignity and the free development of their personality...". In that regard, article 25.1 of that same Universal Declaration establishes that: "...every person has the right to a standard of living adequate to ensure the health and well-being of themselves and of their family, and in particular food, clothing, housing, medical care, and necessary social services...". For its part, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights establishes in article 11.1 that: "The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for themselves and their family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.
The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right...", a provision that relates to article 12, paragraphs 1 and 2.b of that same international human rights instrument, pursuant to which the right of every person to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health is recognized, with States Parties being required to adopt, among the measures necessary to make that right effective, the improvement of the environment. Furthermore, article 10.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (Protocolo de San Salvador) understands the right to health not only as "...the enjoyment of the highest level of physical, mental, and social well-being...", but also as "...a public good (bien público)...", the effective guarantee of which depends on the adoption of a series of measures, among which the following stand out: "...meeting the health needs of the highest-risk groups who, by reason of their poverty, are the most vulnerable..."; a right that, in turn, is complemented by the right of every person to live in a healthy environment and to have access to basic public services (article 11.1 of that same Covenant).
Finally, the Constitución Política of our country establishes that human life is inviolable (article 21); that every person is equal before the law and that no discrimination contrary to human dignity may be made (article 33); that consumers and users have the right to the protection of their health, environment, safety, and economic interests (article 46, fifth paragraph); that the State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most equitable distribution of wealth (article 50, first paragraph); that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment (article 50, second paragraph); that the family, as a natural element and foundation of society, has the right to the special protection of the State, as do mothers, children, the elderly, and the destitute sick (article 51); that the State shall promote the construction of affordable housing (article 65); and that the social rights and benefits contained in the sole chapter of Title V of the Constitución Política are non-waivable and derive from the principle of social justice upon which the Social and Democratic State governed by the Rule of Law is founded (article 74).
As an elaboration of what is established by constitutional law, the Ley General de Salud, in articles 1 and 2, provides that "...the health of the population is a matter of public interest protected by the State..." and that "...it is an essential function of the State to safeguard the health of the population...". On the basis of the foregoing legal framework, this Tribunal considers that the essential content of the right to health is determined by a series of factors that constitute the basic minimum, both for a person to be able to live with dignity and for that person to be able to develop in freedom. Accordingly, the right to health and to the environment together constitute an essential prerequisite for making effective the right to a dignified life, free from discrimination on the basis of factors such as: gender, ethnicity, religion, sexuality, age, health status, language, political opinion or opinion of any other kind, national or social origin, economic position, birth, or any other condition (see, among others, articles 2.1 of the Universal Declaration of Human Rights, 24 of the American Convention on Human Rights, 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 2.2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and 14 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms).
Now, among those factors that determine the essential content of the right to health and that the State must guarantee through the timely and effective exercise of the powers (potestades) conferred upon it for that purpose by the Legal Order (Ordenamiento Jurídico), are: housing, education, food, clothing, access to basic household public services (drinking water, sanitation, electricity, telecommunications, waste collection, among others), and the guarantee, defense, and preservation of the environment. In that regard, the right to health encompasses not only the preventive or curative treatment of diseases that affect or may affect the population, but is rather directed essentially at ensuring that, through effective access to the aforementioned factors — housing, education, food, clothing, public services, and protection of the environment — people are able to live with dignity in an environment that is conducive to their development across the various fields of human endeavor; this is achieved through coordination among the different bodies and entities of the Public Administration (Administración Pública), so that, within the scope of their respective competencies, they may take the necessary measures to guarantee the fundamental rights indicated.
From that perspective, and with respect to the specific case at hand, actions aimed at preventing a person or family group from remaining in a settlement (asentamiento) that may prove unhealthy, dangerous, or dilapidated would not be complete unless supplemented by a series of measures aimed at resolving, whether preventively or definitively, the deficiencies that certain special measures seek to address; since — as in this case — it would be contradictory to evict a person from the dwelling they occupy for the purpose of protecting their right to health, if ultimately the State does not exercise the powers conferred upon it by the Legal Order to provide comprehensive protection of that fundamental right — which in this scenario would be determined by the measures aimed at providing the social assistance or aid that the petitioner (actora) requires, so that she may have a genuine opportunity to access the mechanisms provided under the applicable rules to apply for decent housing in which she and her family may live and develop.
VIIIo.- THE TIMELY AND EFFECTIVE EXERCISE OF THE SUPERVISORY POWERS (potestades de fiscalización) GRANTED BY THE LEGAL ORDER TO THE MINISTRY OF HEALTH FOR THE PROTECTION OF THE RIGHT TO HEALTH AND TO THE ENVIRONMENT. As developed in Considerando III and VII of this judgment, the recognition and effective protection of the fundamental rights to health, to the environment, to live with dignity, to access basic in-home public services, and to develop freely as persons — without distinction on the basis of gender, ethnicity, religion, sexuality, age, health status, language, political opinion or any other opinion, national or social origin, economic position, birth, or any other condition — constitute legally protected interests (bienes jurídicos) of transcendental importance to the satisfaction of the public interest, understood as the expression of the coinciding individual interests of those governed (article 113, paragraph 1, of the Ley General de la Administración Pública).
From that perspective, in order to achieve effective protection of those fundamental rights, the Legal Order grants the State — understood in its unitary concept — a series of powers that must be exercised in furtherance of those legally protected interests which, ultimately, constitute a manifestation of the public interest (articles 11 of the Constitución Política and of the Ley General de la Administración Pública). Two fundamental consequences flow from this premise: one of a negative character, in the sense that public administrations may not exercise the powers conferred upon them by the legal order except in furtherance of the public interest for whose protection and satisfaction those powers were granted, since otherwise they would incur an abuse of power (desviación de poder) (article 49 of the Constitución Política), which ultimately means that the public interest shall prevail over the interest of the Administration when they may come into conflict (article 113, paragraph 2, of the Ley General de la Administración Pública); and one of a positive character, to the effect that, by reason of the nature and importance of the legally protected interests involved, the State has a duty to exercise its powers in a timely and efficient manner as an essential and decisive means for the effective protection and satisfaction of the public interest (article 66, paragraph 1, of the Ley General de la Administración Pública), a duty that manifests itself unequivocally with respect to legally protected interests such as health and the environment, given that these constitute essential prerequisites of the right to live with dignity and under the minimum conditions that enable every person to develop freely — conditions that include, notably: food, clothing, housing, effective and timely access to basic in-home public services, and access to public health and education services.
Although it is true that the power-duty granted to the State in matters of health and the environment finds its basis in sub-constitutional norms such as articles 1, 2, and 7 of the Ley General de Salud, articles 1 and 2 of the Ley Orgánica del Ambiente, articles 1 and 2 of the Ley de Biodiversidad, and articles 1, 33, and 34 of the Ley Forestal — among others — it is equally true that those powers derive from constitutional law itself, specifically from articles 21, 33, 46 (fifth paragraph), 50 (first and second paragraphs), 51, 65, and 74 of the Constitución Política; articles 22 and 25.1 of the Declaración Universal de Derechos Humanos; articles 11.1 and 12, paragraphs 1 and 2(b), of the Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; and articles 10.1 and 11.1 of the Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), and therefore constitute directly and immediately applicable norms by reason of the nature and importance of the legally protected interests they safeguard; accordingly, in the event of the absence of written sub-constitutional norms that develop them — when such development is necessary — legal practitioners must resort to unwritten norms to interpret, integrate, or delimit them (articles 7 and 8 of the Ley General de la Administración Pública).
In that regard, the timely and efficient exercise of the powers granted by the Legal Order for the State to protect, preserve, defend, and guarantee those fundamental rights, and thus the public interest, is not conditioned upon the existence of a party's request to trigger their exercise; quite to the contrary, precisely in order to protect the public interest the State must exercise those powers even preventively, so as to fulfill the objective that justified the conferral of those power-duties, namely the satisfaction of the public interest and, by extension, the protection of fundamental rights. In the specific case before the Court, the legal order grants the Ministry of Health a series of supervisory powers in order to safeguard the life, the environment, and the health of persons with respect to the dwellings or structures in which they live; accordingly, not only are the minimum requirements established that such dwellings or structures must meet in order to guarantee the essential content of those fundamental rights (for example: article 313 of the Ley General de Salud, or articles 33 and 34 of the Ley Forestal), but the legal order also imposes upon the Ministry the duty to perform inspection and oversight functions with respect to those minimum requirements, as well as to adopt the special measures required to comply with the legal order in this area and, consequently, to safeguard the fundamental rights of all affected persons (see articles 1, 2, 7, 318 to 321, 338 to 341, 346 to 349, and 355 to 357 of the Ley General de Salud).
Now, on the basis of all of the foregoing, this Tribunal finds that if the principal ground supporting the declaration of uninhabitability (inhabitabilidad) of the dwelling occupied by the plaintiff is its hazardous condition, by virtue of the fact that the property is located within the ten-meter protection zone (área de protección) of the Tiribí river, which contravenes the provisions of articles 33 and 34 of the Ley Forestal, it is paradoxical, contradictory, and contrary to the provisions of articles 21, 33, 50 (paragraphs 1 and 2), 51, 65, and 74 of the Constitución Política for the State not to exercise the supervisory powers granted to it by the legal order with respect to the other dwellings that are in that same situation and thus to perpetuate not only a situation contrary to the legal order, but also contrary to the safety and dignity of the persons who live there — a circumstance that this Tribunal was able to establish both through the testimony given by Licenciada Lawson Marchena and by Engineers Centeno Madrigal and León Careaga during the public oral trial hearing, and through the judicial inspection conducted on the sixteenth of September of two thousand and eight (see the audiovisual record of that proceeding and of the public oral trial hearing) — under the argument that such supervisory powers are exercised only upon a party's request, despite the fact that this constitutes a real problem affecting a large number of persons who live not only within the protection zone of the Tiribí river but also of other rivers throughout the national territory, with the dire consequences that such situation could cause and, regrettably, has already caused.
In that regard, it is unacceptable that the Director of the Área Rectora de Salud de Hatillo and the Environmental Manager (Gestora Ambiental) of that Área Rectora answered, in response to questions posed by this Tribunal during the public oral trial hearing, that they lack the resources to conduct ex officio inspections and that they handle cases similar to the plaintiff's only upon a complaint filed by an interested party (see the statements of Doctor Arguedas Barquero and Licenciada Lawson Marchena recorded in the audiovisual record of the public oral trial hearing) — not only because such a position entails a renunciation of the exercise of the sovereign powers (potestades de imperio) granted by the legal order for the satisfaction of a public interest (see the provisions of articles 1, 2, 313, 320, 340, 346, 355, and 357 of the Ley General de Salud), which in this case translates into the effective and timely protection of fundamental rights to the environment, to health, to life, to human dignity, to non-discrimination, to the protection of the family, to access to adequate housing, and to free development — but also because, a contrario sensu, such administrative inaction results in the violation of the fundamental rights that the Legal Order entrusted the Ministry to guarantee, protect, and preserve through the exercise of those powers, notwithstanding that article 355 of the Ley General de Salud itself provides that, in order to effectively protect the right to health, the competent authorities "...may decree, on their own authority, measures aimed at preventing the emergence of hazards and the aggravation or spread of harm, or the continuation or recurrence of violations of legal or regulatory provisions that threaten the health of persons...", which likewise responds to the precautionary or prudent-avoidance principle set forth in article 11.2 of the Ley de Biodiversidad and in Principle 15 of the Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río.
It should also be noted that constitutional case law consistently holds that the State may not validly rely on a shortage of human, technical, or economic resources as justification for failing to exercise the powers granted by the Legal Order for the satisfaction of the public interest and for the effective and timely protection of the fundamental rights of persons (see, among others, judgments 1995-00915 of sixteen hours and six minutes on the fifteenth of February of nineteen ninety-five; and 1996-000695 of fifteen hours and forty-two minutes on the seventh of February of nineteen ninety-six). By virtue of the foregoing, and given the importance of the legally protected interests at stake, this Tribunal grants the State a period of six months counted from the date this judgment becomes final, in order for it to submit a detailed report both on the specific measures to be taken to address the hazardous conditions affecting the families living in the protection zone of the Tiribí river and on the timetable for implementing and carrying out those measures — matters that will be monitored during the enforcement (ejecución de sentencia) phase.
IXo.- ON THE PARTICIPATION OF THE INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL.
It is now appropriate to make some considerations regarding the participation and the potential liability of the Instituto Mixto de Ayuda Social (hereinafter IMAS) in these proceedings. In this regard, it is worth recalling that by resolution No. 124-F-TC-2008, issued at nine o'clock on the third of October of two thousand and eight, the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordered that said Institute be recognized as an interested third party in these proceedings. To that effect, the court found that "...the eviction of the plaintiff and her family without a palliative or alternative plan has harmful effects on her legal sphere, which is why the intervention of the Instituto Mixto de Ayuda Social is ordered, for the purpose of immediately securing adequate housing for the petitioner and her family...". Thus, both in the written hearing and in the single oral hearing held, the IMAS has opposed the ruling of the Tribunal de Casación, insofar as it considers that, in application of the Principle of Legality (Principio de Legalidad) and in accordance with the competencies that the legal system grants to that entity, the institute does not have programs for the purchase of land for housing developments, credits for the purchase of lots, or for the construction of housing, nor does it have programs for the granting of housing subsidies (bono de vivienda).
For this reason, the Institutional Operational Plan (Plan Operativo Institucional) of that entity does not contemplate any benefit related to programs that would provide housing to the target population of the IMAS, this being a matter of primary attention by other public entities and bodies, such as the Banco Hipotecario de la Vivienda, the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, and the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. They also noted that the only assistance that said entity could grant was the payment of rent for a dwelling for three months. They insist that this assistance was offered to the plaintiff and she declined it, and therefore, they consider, they cannot offer anything further. In order to determine whether the IMAS is required to adopt any palliative course of action with respect to the plaintiff's situation, it is necessary to analyze the powers that the block of legality (bloque de legalidad) imposes on said institute. In this regard, the following provisions are relevant.
Ley No. 4760, of May 4, 1971. This statute creates the aforementioned institute and states in Article 2 its purpose, which is "...to resolve the problem of extreme poverty in the country, for which it must plan, direct, execute, and oversee a national plan aimed at that end." Furthermore, pursuant to Article 4, that institutional action must include social assistance and promotion measures for the most vulnerable sectors of society.
Ley No. 5662, of December 23, 1974. This statute creates the Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, to be administered by the Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, and declares everything related to this fund to be of public interest. Article 2 provides that the beneficiaries of this fund shall be Costa Rican citizens of limited economic means, in accordance with the requirements established in this law and its regulations. The purpose of the aforementioned fund shall be to allocate resources to pay for programs and services to State institutions that are responsible for complementary social assistance to the income of low-income families.
Ley No. 7769, of April 24, 1998. This regulates assistance to women living in poverty. Article 2 establishes that the objective of such assistance is to guarantee improvements in the living conditions of women, through a process of comprehensive training that includes, at a minimum and as relevant here, access to adequate housing. Article 3, for its part, provides that it is the responsibility of the Instituto Mixto de Ayuda Social to coordinate the actions aimed at assisting women living in poverty. Moreover, among the functions that Article 5 entrusts to the Comisión Interinstitucional for the assistance of women living in poverty, particularly notable are the definition of policies and programs for the effective addressing of the aforementioned problem, with priority given to female heads of household (jefas de hogar).
Código de la Niñez y la Adolescencia. A harmonious interpretation of Articles 13, 31, 38, 51, and 56 of the aforementioned body of law allows for the reaffirmation of the right of minors to State protection that safeguards and promotes the development of their potential, which evidently includes the right to adequate housing and State assistance or subsidies for the achievement of these ends. This Tribunal finds it clear that an interpretation based on constitutional law allows for the assertion that there exists in our Democratic and Social State under the Rule of Law an entire State policy to combat poverty and a commitment oriented toward the inclusion of the most economically vulnerable sectors within Costa Rican society, which includes priority assistance programs, economic benefits, and even facilitating access to adequate housing. Nothing else can be inferred from Articles 50 and 65 of the Constitución Política and the provisions cited. It is also clear that the IMAS is one of the State institutions that has been entrusted with this task.
In the matter at hand, there are several aspects that deserve to be highlighted. For this Tribunal, the evidence brought into the record allows the conclusion that both Ms. Álvarez Velázquez and her family live in a state of poverty. The foregoing is evidenced by the documents contained at folios 270 and 271 of the court file, in which the Regional Southwest Manager of the Instituto Mixto de Ayuda Social declares the plaintiff to be "Población IMAS," by the judicial inspection conducted by this panel, by the testimony of witnesses Miriam Espinoza Álvarez and José Marino Badilla, and by the plaintiff's own statements in the precautionary measure (medida cautelar) proceedings, when she informed this Tribunal of the average monthly income she earned from washing and ironing work to which she occasionally devoted herself. The economic and housing conditions surrounding the plaintiff's family place them in a socially vulnerable situation that undoubtedly requires greater State protection aimed at preventing their exclusion from society. It is for this reason that the Instituto Mixto de Ayuda Social becomes one of the State entities that must participate in this protection. However, it is also true that its intervention must take place within the framework of its competencies, that is, the eradication of extreme poverty.
From this perspective, certain specific programs of that institute are noteworthy, as described in the Institutional Operational Plan for the year 2009, which was submitted by that institute as evidence. Thus, the Línea Estratégica Asistencia Social para el Desarrollo allows for contributions of complementary economic income to the family income for families with female heads of household with dependents in their care, families with unprotected and economically dependent minors, and families that find themselves in a situation of cyclical poverty. This Tribunal considers that both the plaintiff and her family are eligible to receive this social assistance from the IMAS. This would allow the plaintiff to have monetary assistance that would provide immediate economic well-being to that family group and would resolve, at least temporarily, one of the pressing basic needs at this time: access to adequate housing.
It must not be overlooked that within the family group headed by Doña Levis there are minors who, pursuant to applicable law, have the right to access various alternatives that foster favorable environments for their comprehensive development. Undoubtedly, given the eviction that the plaintiff faces for safety reasons due to the danger of inhabiting a dwelling within the river protection zone, the payment of rent for a house becomes, at the very least, an immediate palliative measure that will alleviate the conditions of social vulnerability that the plaintiff already faces. In fulfillment of the powers and duties that our Democratic and Social State under the Rule of Law has entrusted to the IMAS, this type of assistance is warranted.
This Tribunal does not share the argument put forward by both the State and the institute to the effect that, at the time, the assistance was offered and the plaintiff declined it, and that for this reason it is no longer appropriate to grant it. As is reflected in the record, the plaintiff temporarily declined the assistance offered, since at that time she was under a precautionary protection (tutela cautelar) that allowed her to remain in the dwelling she occupied. Circumstances have changed; the plaintiff and her family will have to vacate their home and require State action to find another that they can inhabit while they seek a definitive solution to their housing problem. Under these circumstances, the assistance that the institute must provide is compelled. In any event, it bears repeating that these are statutory authorizations that must be exercised and for whose omission no excuse is justified.
During the oral hearing, the representatives of the institute insisted that the only thing they could grant was three months of rent; however, having examined the Institutional Operational Plan for this year, this Tribunal considers that the eviction to be suffered by the plaintiff and her family entails a change in living conditions related to the satisfaction of one of their basic needs, namely having access to adequate housing. In light of this, it is the opinion of this judicial body that the appropriate course of action is for the supplementary income to be granted for six months, from the date the judgment becomes final, as indicated on page 90 of the aforementioned Institutional Operational Plan.
On another matter, the IMAS is correct in asserting its lack of competence to provide the plaintiff and her family with adequate housing. This power belongs to other State bodies and entities that form part of the Housing Sector, among which the Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, the Banco Hipotecario de la Vivienda, and the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo are particularly noteworthy. Nevertheless, in the opinion of this panel, by virtue of the principle of State unity and the conditions of vulnerability that characterize the plaintiff and her family group, it is evident that the priority attention to which the institute is obligated also entails coordinating with the competent bodies and entities the possibility of seeking a permanent housing solution, provided, of course, that the plaintiff qualifies as a beneficiary and meets the requirements that the legal system demands in such cases.
Xo.- ON THE STATE'S DUTY TO PROVIDE HOUSING OPTIONS TO PERSONS.
As set forth in considerando VII, constitutional law enshrines health as a fundamental right of the individual, while at the same time imposing on the State the duty to provide persons with adequate housing (vivienda digna) options, as derived from the doctrine arising out of provisions 21 and 65 of the Constitution. This presupposes a broad framework of coordination among the various State institutions, to promote programs for granting housing options to persons who, by virtue of their economic circumstances, require this type of public action. In terms of administrative organization, it is clear that several institutions in the country have competencies and functions that relate, directly or indirectly, to this public-interest purpose.
In the context of this case, the State's obligation to seek the provision of housing options to persons in need must be realized through the mandate to establish proper coordination among all institutions related to this field, with a view to analyzing the options that would make it possible to grant the plaintiff (actora) one of the adequate housing alternatives available under the programs maintained by the housing sector. Given that in the present matter the State is represented through the Procuraduría General de la República, the duty to coordinate with the other institutions in order to properly implement what is ordered herein is hereby established. To that end, as of the date the judgment becomes final, the State is granted a period of six months — which coincides with the period during which the Instituto Mixto de Ayuda Social will provide the supplementary economic income (ingreso económico complementario) to the plaintiff, pursuant to the Línea Estratégica Asistencia Social para el Desarrollo, set forth in the Plan Operativo del Año 2009 — to analyze the possibility of granting a housing benefit to Ms.
Álvarez Velásquez, under the terms established by each of the programs within this sector. A report on this matter must be submitted to this Tribunal once that period has expired, an aspect that will be monitored during the judgment-enforcement stage (fase de ejecución de sentencia).
“IIIo.- LA TUTELA EFECTIVA DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA ACTORA. El artículo 49 de la Constitución Política, establece que la función esencial de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es proteger de manera efectiva, al menos, los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados frente a las arbitrariedades del poder público. Se trata de un marco que protege las situaciones jurídicas de las personas, sean de poder, deber, de ventaja o mixtas. Esta norma constitucional es la que sirve de base a la gran reforma procesal contencioso administrativa que desembocó en la aprobación de la vigente Ley 8508, cuyo eje se basa -tal y como se desprende del artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo- por un lado, en la protección plena y efectiva de la persona, sea, la tutela efectiva de las situaciones jurídicas de toda persona (legalidad subjetiva), entre las que se encuentran, sin duda alguna, sus derechos fundamentales.
Por otro, establece un control objetivo de la legalidad de la función administrativa, buscando el restablecimiento de la legalidad, la mayor de las ocasiones, a efectos de evitar lesiones a las situaciones jurídicas mencionadas. En ese sentido, si este Tribunal ha tenido por demostrado que al menos desde el año mil novecientos noventa y nueve, la actora ocupa en calidad de arrendataria una casa de habitación localizada en Colonia Quince de Setiembre, del puente de Alajuelita, 15 metros al norte y 25 metros al este, en las márgenes del Río Tiribí (ver documentos a folios 103 y 104, 109 y 110 del expediente judicial; 29, 88 a89 bis, 96 del expediente administrativo aportado por el Ministerio de Salud) y que por órdenes sanitarias número 105153, 105154 y 105155 la Gestora Ambiental del Area Rectora de Salud de Hatillo del Ministerio de Salud, declaró inhabitable la vivienda que ocupa la actora en su condición de arrendataria y ordenó su desalojo (ver documentos a folios 64 a 66 del expediente administrativo aportado por el Ministerio de Salud), consideramos que la demandante es titular de una situación jurídica susceptible de ser tutelada en vía contencioso administrativa, toda vez que el dictado de la orden sanitaria cuya conformidad con el ordenamiento jurídico se discute en este proceso, le genera un efecto directo en su esfera vital de intereses, puesto que incide en uno de los elementos mínimos, esenciales y necesarios para hacer efectivos derechos y garantías fundamentales inherentes a la condición de persona, tales como: la vida, la dignidad, la salud, el ambiente y el desarrollo humano, de manera tal que merece una tutela y ponderación especial.
El hecho de que la actora no sea la propietaria del inmueble que fue declarado inhabitable, no es óbice para que acuda a esta vía en resguardo de sus derechos o intereses, no sólo porque los artículos 49 de la Constitución Política y el 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, son claros al establecer que el objeto de esta Jurisdicción es tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, sino también, porque la demandante es la afectada directa con el contenido de las órdenes sanitarias que aquí impugna, puesto que si bien es cierto, la Representación del Estado y del Doctor Arguedas Barquero han sostenido en las audiencias de medida cautelar, preliminar y de juicio oral y público, que han ejercido sus potestades en salvaguarda del derecho a la salud de la actora y de su familia, al declarar la inhabitabilidad y el posterior desalojo de la actora de la casa que alquila, también lo es, que si el interés público esta considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados (artículo 113, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública) y que el Ordenamiento Jurídico Administrativo tiene como finalidad lograr un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales de las personas (artículo 8 Ley General de la Administración Pública), resultaría paradógico que en aras de tutelar la vida, la salud, la seguridad y la integridad personales, se pretenda desalojar a una persona de escasos recursos económicos -como la actora- que ocupa una vivienda declarada inhabitable (condición que se desprende de los documentos a folios 270 y 271 del expediente judicial en que la Gerente Regional Suroeste del Instituto Mixto de Ayuda Social, declara a la actora como "Población IMAS"; de la declaración de la actora y declaración testimonial de Miriam Espinoza Alvarez y José Marino Badilla, las que constan en el respaldo audiovisual de la audiencia de medida cautelar, así como, del reconocimiento judicial efectuado por este Tribunal el dieciséis de setiembre del dos mil ocho, que consta en el respaldo digital de esa diligencia), sin que de previo se adopten de manera coordinada por parte del Estado -entendido en su concepto unitario- las medidas alternas o paliativas que garanticen que esos derechos fundamentales no sufrirán un mayor menoscabo, derechos que el Estado está obligado a proteger en aplicación directa de los artículos 21, 33 (por dignidad humana), 50, 65 y 74 de la Constitución Política.
Por lo tanto, la satisfacción del interés público, en este caso, debe orientarse a proteger la situación jurídica de la actora, no sólo con la declaratoria de inhabitabilidad, sino también, con la toma de acciones positivas dirigidas a la tutela efectiva de los derechos que la Administración Pública está llamada a proteger como una vivienda digna o una opción habitacional acorde a su condición humana, acciones que fueron adoptadas con posterioridad a que la actora interpusiera la demanda y que este Tribunal dictara como medida cautelar la no ejecución de la orden de desalojo dictada en contra de la demandante, al acoger mediante sentencia número 692-2008 de las dieciocho horas del dieciséis de setiembre del dos mi ocho, la solicitud de medida cautelar que fue planteada (ver documentos a folios 70, 71, 267 a 271 del expediente judicial).
IVo.- LA INEXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA DE LAS ORDENES SANITARIAS IMPUGNADAS. La actora considera que las órdenes sanitarias número 105153, 105154 y 105155 dictadas por la Gestora Ambiental del Area Rectora de Salud de Hatillo, en las que se declara inhabitable la vivienda que ocupa la actora y se ordena su desalojo, adolecen de vicios de nulidad absoluta porque resultan contrarias a la garantía del debido proceso, en razón de que a su juicio:
Vo.- INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL DOCTOR EDUARDO ARGUEDAS EN SU CONDICIÓN PERSONAL Y DE FUNCIONARIO PÚBLICO. La actora estima que el Doctor Eduardo Arguedas Barquero -tanto en su condición personal como de Director del Área Rectora de Salud de Hatillo- ha incurrido en conductas contrarias al ordenamiento jurídico, ya que ha adoptado y ejecutado decisiones que son lesivas de sus derechos. Este Tribunal considera que el demandado Arguedas Barquero no ha incurrido en responsabilidad, por las siguientes razones:
VIo.- SOBRE EL DAÑO MORAL SUBJETIVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122 inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo y dado que la parte actora solicita como parte de sus pretensiones, que se le indemnice el daño moral subjetivo, que estima en un millón de colones, dado que ella y sus hijos han sufrido una angustia existencial desde que inició el procedimiento administrativo, que se ha prolongado por lo largo y tedioso del mismo, donde el humanismo está ausente, creando en ellos una gran incertidumbre ante la amenaza de quedar sin casa (folio 13 del expediente judicial y respaldo audiovisual de la audiencia preliminar), este Tribunal considera necesario aclarar que de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el daño moral subjetivo "...se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (...) En suma el daño moral consiste en dolor o sufrimiento físico, psíquico, de afección moral inflingido con un hecho ilícito.
Normalmente el campo fértil del daño moral es el de los derechos de la personalidad cuando resultan conculcados..." (Sentencia número 1002-0112). En cuanto a los mecanismos para probar el daño moral, la jurisprudencia señala que::"...IV.- El daño moral aquí reclamado, permite un amplio margen de discrecionalidad al juzgador. Sin embargo, dicho margen está delimitado por ciertos parámetros insoslayables. Por ejemplo, la antigua Sala de Casación, en sentencia #114 de las 16 horas del 2 de noviembre de 1979 propugna al respecto la prudente apreciación de los jueces "... cuando les es dable inferir el daño con fundamento en la prueba de indicios". El prudente arbitrio aludido, ha de tener en consideración las circunstancias del caso, los principios generales del derecho y la equidad. No se trata, entonces, de cuantificar el valor de la honra y dignidad de un sujeto, pues estos son bienes inapreciables, sino de fijar una compensación monetaria a su lesión, único mecanismo del cual puede echar mano el derecho, para así reparar, al menos en parte, su ofensa.
No cabría dentro de tal filosofía, establecer indemnizaciones exorbitantes, como sucede en otros sistemas jurídicos, pues ello aparejaría el enriquecimiento injusto del ofendido, mediante el lucro inmoral con la honra y dignidad propias. Comprendidos en los postulados fundamentales del derecho, hállanse los de razonabilidad y proporcionalidad, a los cuales se les ha reconocido en nuestro medio el rango de principios constitucionales. Aplicándolos a situaciones como la presente, resulta indispensable, al fijar las obligaciones nacidas en situaciones jurídicas indemnizatorias, atender la posición de las partes y la naturaleza, objeto y finalidad del resarcimiento, sin llegar a crear situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas. En tal sentido, el daño moral, no podría dar lugar a indemnizaciones extralimitadas. Ello abriría un portillo inconveniente, para dar paso a pretensiones desmedidas.
Estas, so pretexto de tutelar el ámbito subjetivo del individuo, conducirían a un enriquecimiento injustificado. Así, un resarcimiento tal, lejos de reparar la dignidad mancillada, socavaría sus fundamentos haciéndola caer ante valores eminentemente económicos". (Ver sentencia número 114-F-98 dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las catorce horas veinte minutos del 11 de noviembre de 1998). Tomando en cuenta las circunstancias del caso particular, este Tribunal estima que si existe mérito para reconocer el daño moral subjetivo que alega la actora, por los siguientes motivos:
VIIo.- LA VIVIENDA COMO PRESUPUESTO DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD Y A UNA VIDA DIGNA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, "...toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho (...) a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad...". En ese sentido, el artículo 25.1 de esa misma Declaración Universal, establece que: "...toda persona tiene derecho a un nivel de vida, adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...". Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en el artículo 11. 1 que: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de ese derecho...", disposición que se relaciona con el artículo 12 incisos 1 y 2.b de ese mismo instrumento internacional sobre derechos humanos, conforme al cual, se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, debiendo los Estados Partes adoptar entre las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho, el mejoramiento del medio ambiente. Ahora bien, el artículo 10. 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), entiende el derecho a la salud, no sólo como "...el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social...", sino también, como "... un bien público...", y cuya garantía efectiva depende de la adopción de una serie de medidas, entre las que destacan "...la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables..."; derecho que a su vez, se complementa con el que tiene toda persona, a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos (artículo 11.1 de ese mismo Pacto).
Por último, la Constitución Política de nuestra país, establece que la vida humana es inviolable (artículo 21), que toda persona es igual ante la ley y que no puede hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana (artículo 33); que los consumidores y usuarios tiene derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos (artículo 46 párrafo quinto); que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza (artículo 50 párrafo primero); que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 párrafo segundo); que la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado, como también, la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido (artículo 51); que el Estado promoverá la construcción de vivienda populares (artículo 65); que los derechos y beneficios sociales contenidos en el capítulo único del Título V de la Constitución Política, son irrenunciables y que se derivan del principio de justicia social en que se basa el Estado Social y Democrático de Derecho (artículo 74).
Como desarrollo de lo previsto por el Derecho a la Constitución, la Ley General de Salud en los artículos 1 y 2, establece que la “...salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado...” y que “...es función esencial del Estado velar por la salud de la población...”. Con base en la normativa antes citada, este Tribunal considera que el contenido esencial del derecho a la salud está determinado por una serie de factores que constituyen el mínimo básico, tanto para que una persona pueda vivir dignamente, como para que pueda desarrollarse en libertad. En consecuencia, el derecho a la salud y al ambiente, constituyen entonces un presupuesto esencial para hacer efectivo el derecho a una vida digna, sin discriminaciones en razón de factores tales como: género, etnia, religión, sexualidad, edad, estado de salud, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (ver entre otros los artículos 2.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales).
Ahora bien, dentro de esos factores que determinan el contenido esencial del derecho a la salud y que el Estado debe garantizar a través del ejercicio oportuno y efectivo de las potestades que para tal efecto le confiere el Ordenamiento Jurídico, están: la vivienda, la educación, la alimentación, el vestido, el acceso a los servicios públicos básicos domiciliarios (agua potable, sanitarios, eléctricos, telemáticos, recolección de desechos, entre otros) y la garantía, defensa y preservación del medio ambiente. En ese sentido, el derecho a la salud no sólo comprende el tratamiento preventivo o no de las enfermedades que afectan o puedan afectar a la población, sino que más bien, va dirigido esencialmente a garantizar que a través del acceso efectivo a los factores antes indicados -vivienda, educación, alimentación, vestido, servicios públicos, protección del medio ambiente-, las personas puedan vivir dignamente en un ambiente que sea propicio para su desarrollo en los diversos campos del quehacer humano, lo cual, se logra a través de una coordinación de los diferentes órganos y entes de la Administración Pública, a efecto de que en el marco de sus competencias, puedan tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales indicados.
Desde esa perspectiva y respecto del caso concreto, las acciones tendentes a evitar que una persona o un grupo familiar abandonen un asentamiento que pueda resultar insalubre, peligroso o ruinoso, no estarían completas, si no se complementan con una serie de conductas tendentes a solucionar de manera preventiva o definitiva, las deficiencias que se pretenden solventar mediante la aplicación de ciertas medidas especiales, ya que -como en este caso- resultaría contradictorio desalojar a una persona de la vivienda que ocupa, en aras de proteger su derecho a la salud, si en definitiva el Estado no ejerce las potestades que le fueron otorgadas por el Ordenamiento Jurídico para tutelar de forma integral ese derecho fundamental, que en este supuesto estarían determinadas por las conductas tendentes a brindar la asistencia o ayuda social que requiera la actora, a efecto de que tenga la posibilidad real de acceder a los mecanismos previstos en la normativa aplicable, para gestionar una vivienda digna en que pueda habitar y desarrollarse junto a su familia.
VIIIo.- EL EJERCICIO OPORTUNO Y EFECTIVO DE LAS POTESTADES DE FISCALIZACIÓN OTORGADAS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO AL MINISTERIO DE SALUD PARA LA TUTELA DEL DERECHO A LA SALUD Y AL AMBIENTE. Tal y como se desarrolló en los considerandos III y VII de esta sentencia, el reconocimiento y la tutela efectiva de los derechos fundamentales a la salud, al ambiente, a vivir dignamente, al acceso a los servicios públicos básicos domiciliarios y al desarrollo en libertad de todas las personas sin distingos por género, etnia, religión, sexualidad, edad, estado de salud, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, constituyen bienes jurídicos que son trascendentales para la satisfacción del interés público, considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados (artículo 113 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública).
Desde esa perspectiva, para lograr la tutela efectiva de esos derechos fundamentales, el Ordenamiento Jurídico le otorga al Estado -entendido en su concepto unitario- una serie de potestades que deben ejercitarse en función de esos bienes jurídicos que constituyen en última instancia, una manifestación del interés público (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública). De esta afirmación se extraen dos consecuencias fundamentales: una de carácter negativo, en el sentido de que las Administraciones Públicas no pueden ejercer las potestades que les confiere el ordenamiento sino en función del interés público para cuya tutela y satisfacción le fueron otorgadas, pues de lo contrario incurrirían en una desviación de poder (artículo 49 de la Constitución Política), lo que en definitiva implica, que ese interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración cuando pudieran entrar en conflicto (artículo 113 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública), y otra de carácter positivo, respecto a que por la naturaleza y trascendencia de los bienes jurídicos tutelados, el Estado tiene el deber de ejercer de manera oportuna y eficiente las potestades como medio esencial y determinante para la tutela y satisfacción efectiva del interés público (artículo 66 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública), que se manifiesta de manera inequívoca en bienes jurídicos tales como la salud y al ambiente, dado que constituyen presupuestos esenciales del derecho a vivir con dignidad y en condiciones mínimas que le permitan a toda persona desarrollarse en libertad, condiciones entre las que destacan: el alimento, el vestido, la vivienda, el acceso efectivo y oportuno a los servicios públicos básicos domiciliarios, así como, a los servicios públicos de salud y de educación.
Si bien es cierto, ese poder deber otorgado al Estado en materia de salud y ambiente encuentra fundamento en normas infraconstitucionales tales como los artículos 1, 2 y 7 de la Ley General de Salud, 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 y 2 de la Ley de Biodiversidad, 1, 33 y 34 de la Ley Forestal -entre otras-, también lo es, que dichas potestades devienen del propio Derecho de la Constitución, específicamente de los artículos 21, 33, 46 párrafo quinto, 50 párrafos primero y segundo, 51, 65, 74 de la Constitución Política; 22, 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 11.1 y 12 incisos 1 y 2.b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10. 1 y 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), por lo que, constituyen normas de aplicación directa e inmediata, en razón de la naturaleza y trascendencia de los bienes jurídicos que tutelan, por lo que, en el caso de ausencia de normas infraconstitucionales escritas que las desarrollen -cuando así fuera necesario- los operadores del derecho deberán recurrir a las normas no escritas para interpretarlas, integrarlas o delimitarlas (artículo 7 y 8 de la Ley General de la Administración Pública).
En ese sentido, el ejercicio oportuno y eficiente de las potestades otorgadas por el Ordenamiento Jurídico para que el Estado proteja, preserve, defienda y garantice esos derechos fundamentales y por ende, el interés público, no están condicionadas a que exista gestión de parte para ejercerlas, todo lo contrario, ya que precisamente en aras de tutelar el interés público el Estado deberá ejercer dichas potestades incluso de manera preventiva para cumplir el objetivo que justificó el otorgamiento de dichos poderes deberes, cual es, la satisfacción del interés público y por ende, la protección de los derechos fundamentales. En el caso concreto, el ordenamiento jurídico le otorga al Ministerio de Salud una serie de potestades de fiscalización, a fin de salvaguardar la vida, el ambiente y la salud de las personas respecto de las viviendas o estructuras en las que habitan, en ese sentido, no sólo se establecen los requisitos que deben reunir como mínimo dichas viviendas o estructuras para garantizar el contenido esencial de esos derechos fundamentales (por ejemplo: artículos 313 de la Ley General de Salud o 33 y 34 de la Ley Forestal), sino que además, le impone ejercer funciones de inspección y control de esos requisitos mínimos, así como, adoptar las medidas especiales que se requieran para cumplir el ordenamiento jurídico en esta materia y por ende, para salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas afectadas (ver artículos 1, 2, 7, 318 a 321, 338 a 341, 346 a 349, 355 a 357 de la Ley General de Salud).
Ahora bien, con base en todo lo expuesto, este Tribunal considera que si el motivo principal que sustentó la declaratoria de inhabitabilidad de la vivienda que ocupa la actora, es su peligrosidad, en virtud de que el inmueble se encuentra ubicado dentro del área de protección de diez metros del río Tiribí, lo cual contraviene lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, resulta paradójico, contradictorio y violatorio a lo dispuesto en los artículos 21, 33, 50 párrafos 1 y 2, 51, 65 y 74 de la Constitución Política, que el Estado no ejerza las potestades de fiscalización que le otorga el ordenamiento jurídico respecto a las demás viviendas que se encuentran en esa misma situación y por ende, mantenga no sólo una situación contraria al ordenamiento jurídico, sino contraria a la seguridad y a la dignidad de las personas que allí viven, circunstancia que este Tribunal pudo determinar tanto por las declaraciones rendidas por la Licenciada Lawson Marchena y, los Ingenieros Centeno Madrigal y León Careaga durante la audiencia de juicio oral y público, como por medio del reconocimiento judicial que practicó el dieciséis de setiembre del dos mil ocho (ver respaldo audiovisual de esa diligencia y de la audiencia de juicio oral y público), con el argumento de que sólo ejercen dichas potestades de fiscalización a gestión de parte, a pesar de que constituye un problema real que afecta a gran cantidad de personas que habitan no sólo en el área de protección del río Tiribí, sino de otros ríos en todo el territorio nacional, con las consecuencias funestas que dicha situación no sólo podría provocar, sino que lastimosamente ya ha provocado.
En ese sentido, resulta improcedente que el Director del Área Rectora de Salud de Hatillo y la Gestora Ambiental de dicha Área Rectora, hayan contestado ante las preguntas realizadas por este Tribunal durante la audiencia del juicio oral y público, que carecen de recursos para realizar inspecciones de oficio y que sólo atienden casos similares al de la actora, por denuncia de parte interesada (ver declaraciones del Doctor Arguedas Barquero y la Licenciada Lawson Marchena que constan en el respaldo audiovisual de la audiencia de juicio oral y público), no sólo porque ello implica una renuncia al ejercicio de las potestades de imperio que le otorgó el ordenamiento jurídico para la satisfacción de un interés público (véase lo dispuesto en los artículos 1, 2, 313, 320, 340, 346, 355 y 357 de la Ley General de Salud), que en este caso, se traduce en la tutela efectiva y oportuna de derechos fundamentales al ambiente, a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a la no discriminación, a la protección de la familia, a tener acceso a una vivienda digna, al desarrollo en libertad, sino también, porque a contrario sensu, dicha inactividad administrativa trae como consecuencia la violación de los derechos fundamentales que el Ordenamiento Jurídico le encomendó garantizar, proteger y preservar a través del ejercicio de dichas potestades, a pesar de que el propio artículo 355 de la Ley General de Salud, establece que en aras de proteger de manera efectiva el derecho a la salud, las autoridades competentes “...podrán decretar por propia autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas...”, lo cual, también responde al principio precautorio o de evitación prudente establecido en el artículo 11.2 de la Ley de Biodiversidad y en el principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río.
Cabe también resaltar, que es reiterada la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que el Estado no puede ampararse válidamente en la escasez de recursos humanos, técnicos o económicos como justificación para no ejercer las potestades otorgadas por el Ordenamiento Jurídico para la satisfacción del interés público, y para la tutela efectiva y oportuna de los derechos fundamentales de las personas (ver entre otras, las sentencias 1995-00915 de las dieciséis horas seis minutos del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco; 1996-000695 de las quince horas cuarenta y dos minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y seis). En virtud de lo expuesto y dada la trascendencia de los bienes jurídicos tutelados, este Tribunal le otorga al Estado un plazo de seis meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia, a efecto de que rinda un informe detallado tanto de las medidas concretas que se tomarán para solucionar el problema de peligrosidad que afecta a las familias que viven en el área de protección del río Tiribí, como también, del cronograma en que se aplicarán y ejecutarán dichas acciones, aspectos que serán fiscalizados en la fase de ejecución de sentencia.
IXo.- SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL. Corresponde ahora realizar algunas consideraciones respecto de la participación y la eventual responsabilidad del Instituto Mixto de Ayuda Social (en adelante IMAS) en este proceso. En este sentido, conviene recordar que mediante resolución No. 124-F-TC-2008, de las nueve horas del tres de octubre del dos mil ocho, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió tener como tercero interesado en este proceso a ese Instituto. Al efecto consideró que "...el desalojo de la actora y su familia sin un plan paliativo o alternativo tiene efectos perniciosos en su esfera jurídica , es por esto que se ordena la intervención del Instituto Mixto de Ayuda Social, a efectos de asegurar en forma inmediata una vivienda digna a la promovente y su familia...". Así, tanto en la audiencia escrita como en la única audiencia oral realizada, el IMAS se ha opuesto a lo dispuesto por el fallo del Tribunal de Casación, toda vez que considera que en aplicación del Principio de Legalidad y conforme las competencias que el ordenamiento jurídico otorga a esa entidad, no cuenta ese instituto con programas de compra de fincas para desarrollos habitacionales, créditos para compra de lote ni construcción de vivienda y no cuentan con programas de otorgamiento de bono de vivienda.
Por ello, el Plan Operativo Institucional de esa entidad no contempla beneficio alguno referido a programas que permitan dotar de vivienda a la población objetivo del IMAS, siendo esta problemática de atención primaria por parte de otros entes y órganos públicos como lo serían el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Señalaron también, que la única asistencia que dicho ente podía conceder, era lo correspondiente al pago de alquiler de una vivienda por tres meses. Insisten, esa ayuda se ofreció a la actora y ella la rechazó, por lo que, consideran, no pueden ofrecer nada más. A efectos de resolver si al IMAS le corresponde adoptar alguna conducta paliativa a la situación que vive la actora, es menester analizar las potestades que el bloque de legalidad impone a dicho instituto. En este sentido, interesan las siguientes normas.
Ley No. 4760, de 4 de mayo de 1971. Esta norma crea el citado instituto e indica en el artículo 2, su finalidad, esto es “…resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin.” Asimismo, de conformidad con el numeral 4 esa acción institucional debe contemplar acciones de asistencia y promoción social para con los sectores más necesitados de la sociedad. Ley No. 5662, de 23 de diciembre de 1974. Mediante esta norma se crea un Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares que será administrado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y se declara de interés público todo lo relacionado en este fondo. Indica el artículo 2 que serán beneficiarios de este fondo, los costarricenses de escasos recursos económicos, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en esta ley y su reglamento.
La finalidad del fondo de cita será destinar recursos para pagar programas y servicios a las instituciones del Estado que tiene a su cargo la ayuda social complementaria del ingreso de las familias de pocos recursos. Ley No. 7769, de 24 de abril de 1998. Regula la atención a las mujeres en condiciones de pobreza. Establece el artículo 2 que el objetivo de la atención es garantizar el mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres, mediante un proceso de formación integral que comprenda, al menos y en lo que interesa, el acceso a vivienda digna. Por su parte, el numeral 3 señala que corresponde al Instituto Mixto de Ayuda Social coordinar las acciones tendentes a la atención de las mujeres en condiciones de pobreza. Más aún, dentro de las funciones que el artículo 5 encomienda a la Comisión Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza, destacan la definición de políticas y los programas para una efectiva atención de la problemática ya citada, con prioridad a las jefas de hogar.
Código de la Niñez y la Adolescencia. Una interpretación armónica de los artículos 13, 31, 38, 51 y 56 del citado cuerpo normativo permiten reafirmar el derecho de los menores de edad a una protección estatal que tutele y fomente el desarrollo de sus potencialidades, lo que incluye evidentemente el derecho a una vivienda digna y el auxilio o subsidio del Estado para la consecución de estos fines. Para este Tribunal resulta claro que una interpretación basada en el Derecho de la Constitución, permite afirmar que existe en nuestro Estado Democrático y Social de Derecho toda una política estatal de lucha contra la pobreza y un compromiso orientado a la inclusión de los sectores económicamente más vulnerables dentro de la sociedad costarricense, lo que incluye programas de atención prioritaria, beneficios económicos, e incluso facilitar el acceso a una vivienda digna. No otra cosa se desprende de los artículos 50 y 65 de la Constitución Política y las normas citadas.
También es claro que el IMAS forma parte de las instituciones estatales a las que se le ha encomendado esta tarea. En el subiúdice, hay varios aspectos que merecen ser destacados. Para este Tribunal, las probanzas traídas a autos permiten deducir que tanto la señora Álvarez Velázquez como su familia viven en estado de pobreza. Lo anterior se desprende de los documentos que constan a folios 270 y 271 del expediente judicial en que la Gerente Regional Suroeste del Instituo Mixto de Ayuda Social, declara a la actora como "Población IMAS", del reconocimiento judicial que realizara este órgano colegiado, de las declaraciones de los testigos Miriam Espinoza Álvarez y José Marino Badilla y de las propias manifestaciones de la actora en la medida cautelar cuando indicó a este Tribunal el ingreso promedio por mes que se ganaba de labores de lavado y planchado a las que ocasionalmente se dedicaba.
Las condiciones económicas y de vivienda que rodean a la familia de la actora, la colocan en una situación socialmente vulnerable, que sin duda requiere de una mayor tutela estatal tendente a evitar su exclusión de la sociedad. Es por ello que, el Instituto Mixto de Ayuda Social, se convierte en uno de los entes estatales que deben participar de esta protección. Ahora bien, también es cierto que su intervención debe darse dentro del marco de sus competencias, esto es, la erradicación de la pobreza extrema. Desde esta perspectiva, llama la atención algunos programas específicos con que cuenta ese instituto y que se describen en Plan Operativo Institucional para el año 2009, que aportara ese instituto como prueba. Así, la Línea Estratégica Asistencia Social para el Desarrollo permite contribuir con un ingreso económico complementario al ingreso familiar para familias con mujeres jefas de hogar con dependientes a cargo, familias con menores de edad desprotegidos y económicamente dependientes y familias que se encuentren en situación de pobreza coyuntural.
Considera este Tribunal que tanto la actora como su familia son susceptibles de recibir esta asistencia social por parte del IMAS. Ello le permitiría a la accionante contar con una ayuda monetaria que le permitiera un bienestar económico inmediato a ese grupo familiar y resolver, al menos de forma temporal, una de necesidades básicas apremiantes en este momento: el acceso a una vivienda digna. No debe perderse de vista que en el grupo familiar que encabeza Doña Levis tenemos menores de edad, los que conforme a la normativa vigente, tiene derecho a tener acceso a diversas alternativas que propicien ambientes favorables para su desarrollo integral. Sin duda, frente al desalojo que enfrenta la actora por razones de seguridad en virtud del peligro que conlleva habitar una vivienda dentro de la zona de protección del río, el pago de un alquiler de una casa se convierte, al menos, en una inmediata medida paliativa que aliviará las condiciones de vulnerabilidad social, que ya de por sí enfrenta la actora.
En cumplimiento de los poderes deberes que nuestro Estado de Democrático y Social de Derecho ha encomendado al IMAS, se impone este tipo de asistencias. No comparte este Tribunal lo alegado tanto por el Estado como por el instituto en el sentido que, en su momento, el auxilio fue ofrecido y la actora lo rechazó, razón por la cual no resulta procedente, ahora, otorgarlo. Conforme consta en autos, la accionante declinó momentáneamente la ayuda ofrecida, toda vez que, se encontraba con tutela cautelar que le permitía mantenerse dentro de la vivienda que ocupaba. Las circunstancias han cambiado, la actora y su familia deberán desalojar su casa y requieren de la acción estatal para encontrar otra que puedan habitar mientras logran solucionar en forma definitiva, su problema habitacional. Bajo este supuesto, la asistencia que debe brindar el instituto se impone. En todo caso, se insiste, se trata de habilitaciones normativas que deben ejercerse y ante las cuales no se justifican excusas para su omisión.
Ya durante la audiencia oral las representantes del instituto insistieron que lo único que podían conceder eran tres meses de alquiler, sin embargo, analizado que fuera el Plan Operativo para este año, este Tribunal considera que el desalojo que sufrirá la actora y su familia implica un cambio en las condiciones de vida relacionadas con la satisfacción de una de sus necesidades básicas, como lo es contar con una vivienda digna. Bajo esta tesitura, es criterio de este órgano jurisdiccional que lo procedente es que el ingreso complementario se otorgue por seis meses, a partir de a firmeza de a sentencia, tal y como lo indica la página 90 del Plan Operativo citado. En otro orden de ideas, en lo que si lleva razón el IMAS es en cuanto a su incompetencia para dotar a la actora y su familia de una vivienda digna. Esta potestad es propia de otros órganos y entes estatales que integran el Sector Vivienda, entre los que destacan el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
Sin embargo, a juicio de este órgano colegiado, en virtud del principio de unidad del Estado y de las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a la actora y su grupo familiar, es evidente que la atención prioritaria a que está obligado el instituto, conlleva también coordinar con los órganos y entes competentes la posibilidad de buscar una solución habitacional permanente, siempre que, claro está, la actora califique como beneficiaria y cumpla con los requisitos que el ordenamiento jurídico exige en estos supuestos.
Xo.- SOBRE EL DEBER DEL ESTADO DE OTORGAR OPCIONES DE VIVIENDA A LAS PERSONAS. Como se ha puesto de manifiesto en el considerando VII, el Derecho de la Constitución consagra como derechos fundamentales de la persona, la salud, pero a la vez, impone al Estado el deber de dotar a las personas de opciones de vivienda digna, como derivación de la doctrina que emerge de los preceptos 21 y 65 de la Carta Magna. Lo anterior supone, un marco amplio de coordinación entre las diversas instituciones del Estado, para fomentar programas de otorgamiento de opciones de vivienda a las personas que en virtud de su condición económica, requiera de este tipo de acciones públicas. En términos de organización administrativa, es claro que existen varias instituciones en el país que cuentan con competencias y funciones que se relacionan de manera directa o refleja con esta finalidad de utilidad pública. En el marco de este caso, la obligación del Estado de buscar el otorgamiento de opciones de vivienda a las personas necesitadas, se debe concretar en el mandamiento de establecer las acciones de coordinación debidas entre todas las instituciones relacionadas con este campo, a fin de que analizar las opciones que permitan establecer la posibilidad de conceder a la actora alguna de las alternativas de vivienda digna conforme a los programas que en ese sentido tiene el sector vivienda.
Siendo que en la especie se encuentra representado el Estado a través de la Procuraduría General de la República, se establece el deber de coordinar con las demás instituciones para lograr la debida concreción de lo aquí dispuesto. Para tales efectos, se otorga a partir de la firmeza de la sentencia, un plazo de seis meses al Estado, -que coincide con el plazo en que el Instituto Mixto de Ayuda Social le otorgará el ingreso económico complementario a la actora, con base en la Línea Línea Estratégica Asistencia Social para el Desarrollo,contenida en el Plan Operativo del Año 2009-, para que analice la posibilidad de conceder un beneficio de vivienda a la señora Álvarez Velásquez, en los términos que en cada uno de los programas de este sector se encuentren establecidos. De ello deberá rendir informe a este Tribunal una vez vencido dicho plazo, aspecto que será fiscalizado en la fase de ejecución de sentencia.”
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