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Denial of adverse possession claim over municipal public domain landImprocedencia de usucapión sobre bien demanial municipal

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OutcomeResultado

Appeal deniedApelación rechazada

The judgment denying adverse possession is upheld because the land is an imprescriptible public domain asset and the possessory requirements under civil and agrarian law were not met.Se confirma la sentencia que rechazó la usucapión por tratarse de un bien de dominio público imprescriptible y no cumplirse los requisitos posesorios civiles ni agrarios.

SummaryResumen

The Administrative Contentious Court upholds the lower court's decision rejecting the adverse possession claim (usucapión) filed by private individuals over a property owned by the Municipality of Heredia. The ruling rests on two main grounds. First, the property is a public domain asset (demanial) because it is permanently intended for a public utility service —it houses the municipal depot and was used as a landfill—, rendering it inalienable, imprescriptible, and unseizable under Article 261 of the Civil Code; public domain assets cannot be subject to private possession or ownership. Second, even disregarding its public domain nature, the requirements for adverse possession are not met. The court rejects the application of agrarian law because the occupants are not peasants or land workers and the land lacks agricultural vocation; the crops planted do not qualify as agrarian possessory acts for subsistence. Furthermore, there is no just title of transfer, good faith —the claimants were aware of the municipality's ownership since a 2002 constitutional ruling—, quiet, public, and peaceful possession, or certainty of ten-year possession. The court also dismisses the alleged nullity based on violation of due process, clarifying that the principle of immediate evidence does not apply in written contentious-administrative proceedings.El Tribunal Contencioso Administrativo confirma la sentencia de primera instancia que rechazó la prescripción positiva (usucapión) pretendida por particulares sobre un inmueble propiedad de la Municipalidad de Heredia. La decisión se sustenta en dos argumentos principales. Primero, el inmueble es de dominio público (demanial), por estar destinado a un servicio de utilidad general —alberga el plantel municipal y fue usado como botadero—, lo que lo hace inalienable, imprescriptible e inembargable según el artículo 261 del Código Civil; los bienes demaniales no pueden ser objeto de posesión ni propiedad privada. Segundo, aun si se obviara la naturaleza demanial, no concurren los requisitos de la usucapión. El tribunal descarta la aplicación del régimen agrario porque los ocupantes no son campesinos ni trabajadores de la tierra, y la finca carece de vocación agrícola; los cultivos realizados no califican como actos posesorios agrarios de subsistencia. Además, no existe justo título traslativo de dominio, buena fe —los actores conocían la titularidad municipal desde un fallo constitucional de 2002—, posesión quieta, pública y pacífica, ni certeza sobre la posesión decenal. El tribunal también rechaza la nulidad alegada por infracción al debido proceso, aclarando que el principio de inmediación probatoria no rige en los procesos escritos contencioso-administrativos.

Key excerptExtracto clave

In effect, by demanial or dominical must be understood the set of assets —both immovable and movable— that have a nature and legal regime virtually opposite to private ones, since by express will of the constituent or the legislator, they are affected to a special purpose of serving the community, that is, the public interest, and therefore, they cannot be subject to private property or possession, so they are outside commerce, that is, they cannot individually belong to private persons, nor to the State —in the strict sense—, since the latter is limited to their administration and guardianship. [...] Pursuant to the provisions of Article 261 of the Civil Code (legal affectation), these are assets whose vocation and purpose, since "they are permanently intended for any service of general utility, and those that everyone can use because they are delivered to public use", are outside commerce, therefore they are inalienable, imprescriptible, and unseizable; thus, their ownership or possession is not possible, whether gratuitously or for consideration; they cannot be lost by prescription, nor acquired by adverse possession, so they permanently retain their legal validity; and they are not susceptible to seizure under Civil Law; in addition, they are subject to police power regarding their use and enjoyment, since their exclusive use is conditioned upon the granting of the respective licenses and permits and the control and supervision by the Administration; and the Administration has sufficient powers for their recovery, without needing to resort to judicial means, nor even to an administrative procedure, since the "occupant" has no subjective right or legitimate interest, so administrative action substitutes interdicts for their restitution.En efecto, por demaniales o dominicales deben de entenderse el conjunto de bienes –tanto inmuebles como muebles– que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a los privados, en tanto por expresa voluntad del constituyente o el legislador, se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada ni de posesión, de modo que están fuera del comercio de los hombres, es decir, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado –en sentido estricto–, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. [...] Al tenor de lo dispuesto en el artículo 261 del Código Civil (afectación legal), se trata de bienes que su vocación y destino, en tanto "están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregas al uso público", están fuera del comercio de los hombres, por lo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables; de manera que no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión, de modo que conservan su vigencia jurídica permanentemente; y no son susceptibles de embargo, en los términos del Derecho Civil; además de que están sujetos al poder de policía, en lo atinente a su aprovechamiento y uso, ya que su uso privativo está condicionado al otorgamiento de las respectivas licencias y permisos y al control y fiscalización de parte la Administración; y la Administración ostenta poderes suficientes para su recuperación, sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional, ni siquiera a un procedimiento administrativo, por no existir de parte del "ocupante" ningún derecho subjetivo o interés legítimo, de manera que la acción administrativa sustituye a los interdictos para su restitución.

Pull quotesCitas destacadas

  • "por demaniales o dominicales deben de entenderse el conjunto de bienes –tanto inmuebles como muebles– que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a los privados, en tanto por expresa voluntad del constituyente o el legislador, se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada ni de posesión, de modo que están fuera del comercio de los hombres"

    "by demanial or dominical must be understood the set of assets —both immovable and movable— that have a nature and legal regime virtually opposite to private ones, since by express will of the constituent or the legislator, they are affected to a special purpose of serving the community, that is, the public interest, and therefore, they cannot be subject to private property or possession, so they are outside commerce"

    Considerando VIII

  • "por demaniales o dominicales deben de entenderse el conjunto de bienes –tanto inmuebles como muebles– que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a los privados, en tanto por expresa voluntad del constituyente o el legislador, se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada ni de posesión, de modo que están fuera del comercio de los hombres"

    Considerando VIII

  • "se trata de bienes que... están fuera del comercio de los hombres, por lo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables; de manera que no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión"

    "these are assets that... are outside commerce, therefore they are inalienable, imprescriptible, and unseizable; thus, their ownership or possession is not possible, whether gratuitously or for consideration; they cannot be lost by prescription, nor acquired by adverse possession"

    Considerando VIII

  • "se trata de bienes que... están fuera del comercio de los hombres, por lo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables; de manera que no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión"

    Considerando VIII

  • "la naturaleza demanial del inmueble que se pretende usucapir, haría innecesario mayor análisis en torno a la alegada posesión agraria, por cuanto figura como requisito para la prescripción positiva del derecho de propiedad, la naturaleza del bien, es decir, que sea 'cosa hábil', lo que implica que debe ser susceptible de propiedad privada, y en tal condición, que esté en el comercio de los hombres"

    "the demanial nature of the property sought to be acquired by adverse possession would make further analysis of the alleged agrarian possession unnecessary, since a requirement for positive prescription of property rights is the nature of the asset, that is, that it be a 'habil thing', which implies that it must be susceptible to private property, and as such, be within commerce"

    Considerando X

  • "la naturaleza demanial del inmueble que se pretende usucapir, haría innecesario mayor análisis en torno a la alegada posesión agraria, por cuanto figura como requisito para la prescripción positiva del derecho de propiedad, la naturaleza del bien, es decir, que sea 'cosa hábil', lo que implica que debe ser susceptible de propiedad privada, y en tal condición, que esté en el comercio de los hombres"

    Considerando X

Full documentDocumento completo

I.ALLEGED NULLITY OF THE JUDGMENT RENDERED AT FIRST INSTANCE. Given that the plaintiffs’ representative alleges the nullity of the first-instance judgment due to a supposed violation of due process, we proceed to its analysis, prior to hearing the appeals filed, as provided in Article 155(3)(a) of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). In this regard, two important caveats must be made. First, the appellants are advised that they are before an ordinary contentious-administrative proceeding, not an agrarian one, in this case, due to one of the subjects participating in it, a municipality, a territorially decentralized entity with governmental autonomy that is embedded in the organization of our (Costa Rican) State, pursuant to Articles 169 and 170 of the Political Constitution, and due to the claim, since this lawsuit was precisely filed to obtain a judgment declaring positive prescription (usucapión) in relation to real property of a local corporation, and failing that, the recognition of improvements; a circumstance that obligates the application of Public Law rules, encompassing both the Law of the Constitution and Administrative Law. The foregoing implies that its processing was conducted in accordance with the procedural rules governing this type of action, i.e., the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) (because the action was filed on November 15, 2002) and the pertinent provisions of the Code of Civil Procedure, as provided in Article 103 of the first law; the procedural rules of agrarian proceedings are not applicable to this case. On this point, it must be noted that this matter does not meet the requirements set forth in the Law (of Agrarian Jurisdiction, No. 6734, of March 29, 1982) to be considered agrarian in nature, since this is not a conflict arising from the application of agrarian legislation, nor legal provisions regulating the production, transformation, industrialization, or sale of agricultural products (as provided in Article 1 of the cited legal body), given that the plaintiffs do not hold the status of peasants or land workers, as required by subsection (a) of Article 2 of the referenced Law. Second, it is undeniable that agrarian proceedings have special characteristics that differentiate them from those processed under civil procedural regulations, in which, among other things, orality was introduced. In this regard, in judgment No. 3606-94, of 3:12 p.m. on July 19, 1994, the Constitutional Chamber stated: "... by breaking with excessive formalism, with the criterion of formal equality of the parties, and with the great limitations imposed on the Judge and on persons of scarce resources, elements that characterize the civil process. This rejection is based on the idea that such elements lead to the denial of justice to those who seek it, since the process becomes, in a great many cases, a weapon by means of which the judicial ruling is delayed. Therefore, the response of the agrarian process has been to introduce procedural simplifications, to design a faster process aimed at guaranteeing swift and complete justice, reflected in short deadlines, simple processing, reduction of legal obstacles for the parties involved in the process, elimination of fiscal requirements, and the granting of broad powers to the judge, both for conducting the process up to judgment and for the administration and assessment of evidence. For these reasons, the agrarian process becomes a more humane instrument for resolving the matters submitted to the judge's cognizance, both in the processing of the proceeding—where closer contact must exist between the parties and the judge—and in the guarantees granted to the parties to be able to resort to justice, being able even to receive free legal counsel when dealing with persons without the means to cover their professional costs. Thus, the specificity of the agrarian process is constituted by two fundamental factors: on the one hand, the principle of orality, in which the process has found institutional and ideological support to conceive its own structure in accordance with the demands of agrarian matters, a principle whose implications are summarized in the primacy of the spoken word as a means of expression, without excluding writing in preparation and documentation, so that the principle of immediacy, the identity of the judge, concentration, and reinforcement of the Judge’s powers are also present, to be able to satisfactorily conduct the trial toward the search for truth; and, on the other hand, the phenomenon of the publicization or socialization of agrarian law and its process, having three immediate consequences: 1. the urgent need to conceive a modern process divorced from the traditional—civil process—; 2. declaring the search for and declaration of truth to be of public interest, granting the judge sufficient powers in the process to be its conductor and administrator, not only of the issues argued before him, but especially of the investigation to ensure that his judgments closely unite real truth and legal truth; and 3. socializing justice, so that all procedural subjects can resort to a less formal and less costly process, so that persons of scarce resources may also find answers to their needs. From the foregoing, it is concluded that there is a general orientation directed toward specific guidelines linked to informality, celerity, economy, and humanization of the process." But such elements do not govern contentious proceedings, which, pursuant to their procedural regulations, are of a written nature. By virtue of the foregoing, that sole condition means there is no violation of the alleged principle of immediacy of evidence, since the same applies only with respect to oral proceedings, as our Constitutional Court indicated in judgment 2007-1555, of 3:34 p.m. on February 7, 2007: "... Finally, it should be noted that these considerations are based on the procedural model designed by the legislators—a matter in which there is legislative discretion—which, being of a written nature, is not governed by the principle of immediacy of evidence—characteristic of oral proceedings—in which it is required that the judge who resolves the matter be the same one who receives—in a live hearing—the evidence supporting the proceeding."

Consequently, since in this type of proceeding (written), the judge who directly receives the evidence (in this case, conducts the judicial inspection) is not obligated to issue the final judgment on the merits, no irregularity is evident, which compels the rejection of the claimed nullity. […] I.- REGARDING THE ALLEGED NULLITY OF THE JUDGMENT ISSUED IN FIRST INSTANCE.- Given that the representative of the plaintiffs alleges the nullity of the first-instance judgment, for a supposed violation of due process, we proceed to its analysis, prior to hearing the filed appeals, as provided for in Article 155, subsection 3), point a) of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). In this regard, two important warnings must be made. First, the appellants are advised that this is an ordinary contentious-administrative proceeding, not an agrarian one, in this case, due to one of the subjects involved, a municipality, a territorially decentralized entity, which has governmental autonomy, and is inserted into the organization of our (Costa Rican) State, pursuant to the provisions of Articles 169 and 170 of the Political Constitution, and due to the claim, since this lawsuit was precisely filed seeking a judgment declaring adverse possession (prescripción positiva, usucapión) over a property of a local corporation, and failing that, the recognition of improvements; a circumstance that mandates the application of the rules of Public Law, encompassing both Constitutional Law and Administrative Law. The foregoing implies that its processing was conducted in accordance with the procedural rules governing this type of action, namely, the Regulating Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) (for having been filed on November fifteen, two thousand two) and the pertinent provisions of the Code of Civil Procedure, pursuant to the provisions of numeral 103 of the first Law; without the procedural rules of agrarian proceedings being relevant to this process. On this point, it must be borne in mind that this matter does not meet the requirements set forth in the Law (of Agrarian Jurisdiction, number 6734, of March twenty-nine, nineteen eighty-two) for it to be considered of an agrarian nature, because it is not a conflict arising from the application of agrarian legislation, nor legal provisions regulating the activities of production, transformation, industrialization, or disposal of agricultural products (as provided for in Article 1 of the cited legal body), since the plaintiffs do not have the status of peasants or land workers, as required by subsection a) of Article 2 of the referenced Law. Second, it is undeniable that agrarian proceedings have special connotations that differentiate them from those processed under civil procedural regulations, where, even, orality was introduced. In this regard, in judgment number 3606-94, at fifteen hours twelve minutes on July nineteen, nineteen ninety-four, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) stated: "... breaking with excessive formalism, with the criterion of formal equality of the parties, and the great limits imposed on the Judge and on persons of scarce resources, elements that characterize the civil process. This rejection is based on the idea that such elements lead to the denial of justice to those who seek it, since the process becomes, in a great number of cases, a weapon by which the judicial pronouncement is delayed. For this reason, the response of the agrarian process has been to introduce procedural simplifications, to design a faster process tending to guarantee prompt and complete justice, reflected in short terms, simple processing, the reduction of legal obstacles for the parties involved in the process, the elimination of fiscal requirements, and the granting of broad powers to the judge, both for conducting the process up to judgment, as well as regarding the administration and assessment of evidence. By reason of the foregoing, the agrarian process becomes a more humane instrument for resolving matters submitted to the knowledge of the judge, both in the processing of the case - where closer contact must exist between the parties and the judge - and in the guarantees granted to the parties to be able to resort to justice, even being able to receive free legal sponsorship when dealing with persons without the means to pay the professional costs thereof. Thus, the specificity of the agrarian process is constituted by two fundamental factors: on the one hand, the principle of orality in which the process has found institutional and ideological support to conceive its own structure according to the demands of agrarian matters, a principle whose implications are summarized in the dominance of the spoken word as a means of expression, without excluding writing in preparation and documentation, so that the principle of immediacy, the identity of the judge, the concentration and strengthening of the Judge's powers are also present, in order to satisfactorily lead the trial towards the search for truth; and on the other hand, the phenomenon of the publicization or socialization of agrarian law and its process, having three immediate consequences: 1.- the urgent need to conceive a modern process divorced from the traditional one - the civil process -; 2.- to declare the search for and declaration of truth to be of public interest, granting the judge sufficient powers in the process so that he is the conductor and administrator, not only of the extremes argued against each other, but especially, of the investigation to ensure that his judgments narrowly unite real truth and legal truth; and 3.- to socialize justice, so that all procedural subjects can resort to a less formal and less costly process, so that persons of scarce resources may also find an answer to their needs. From the foregoing, it is concluded that there exists a general orientation directed towards specific guidelines linked to informality, celerity, economy, and humanization of the process." But such elements do not govern contentious proceedings, which, according to their procedural regulations, are of a written nature. By virtue of the foregoing, that sole condition means there is no violation of the alleged principle of immediacy of evidence, since it has application only with respect to oral proceedings, as indicated by our Constitutional Court, in judgment 2007-1555, at fifteen hours thirty-four minutes on February seven, two thousand seven: "... Finally, it must be noted that these considerations are based on the model of process designed by the legislators – a matter in which there is legislative discretion – which, being of a written nature, the principle of immediacy of evidence – characteristic of oral proceedings – does not govern, in which it is required that the judge who resolves is the one who in turn receives – by direct voice – the evidence supporting the process." Consequently, since in this type of proceeding (written), the judge who directly receives the evidence (in this case, conducts the judicial inspection) is not obligated to issue the final judgment on the merits, no irregularity is evident, which compels the rejection of the claimed nullity. […] VII.- OF THE OWNERSHIP OF THE LOT OVER WHICH POSSESSION IS ALLEGED.- The plaintiffs allege that suitable evidence has not been provided to determine that the lot subject to this litigation is the property of the defendant Municipality, because the areas do not correspond, between what is sought to be acquired by adverse possession and that which is registered. However, this Court disagrees with this assertion, since, from the evidence provided to the case file – the sketch drawn up by engineer Luis Fernando Araya Rodríguez, cadastral maps number H-370888-79 (on folios 1 and 2 of the main file), as well as the registry study carried out by the municipality's engineer (official communication DIM 0969-2002, of August twenty, two thousand two, issued by the municipal engineer, José René Mayorga Angulo, on folios 53 and 52 of volume 3 of the administrative file), and the records of field visits carried out by officials of that corporation (official communication DIM-1108-2004, of July twenty-seven, two thousand four), it is denoted with absolute clarity that the plaintiffs invaded part of a property of the defendant. The foregoing is of absolute knowledge to the petitioners herein, since an amparo appeal (recurso de amparo) they filed (two of the plaintiffs herein) against the defensive acts exercised by the respondent Municipality was denied, and in the very initial writ and formalization of this lawsuit, they expressly request the Jurisdictional Authority, "2- That it be ordered to register the property acquired by adverse possession in the name of my clients in the Public Registry (Registro Público), in equal parts, they later resorting to the respective procedure to segregate and locate the rights corresponding to each one. The Registry shall be ordered to apply the reduction in size to farm CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO." Furthermore, the officials of the respondent corporation are correct in asserting that the boundaries of the farm are easily defined; thus, considering the shape of the lot marked on cadastral map number H-370888-79, it is undoubtedly deduced that the sketch with the portions of the occupations, prepared by engineer Arroyo Rodríguez, and which was attempted to be cadastrally registered, is part of the farm registered on the indicated map. VIII.- OF THE REGIME OF PUBLIC DOMAIN (DEMANIALIDAD).- The Judge of the Instance denied the recognition of adverse possession (prescripción positiva, usucapión) in relation to the occupation that the plaintiffs carried out on the farm registered in the folio real system, with registration number 4-106304-000, due to its condition of public domain (demanialidad), being the property of the Municipality of the Central Canton of Heredia. On this point, it is important to clarify the concept, as the one given in the judgment under review is not precise and gives rise to confusion. Indeed, by public domain assets or property (demaniales or dominicales), it must be understood as the set of goods – both immovable and movable – that have a nature and legal regime virtually opposite to private ones, insofar as, by the express will of the constituent or the legislator, they are dedicated to a special purpose of serving the community, that is, the public interest, and which, for this reason, cannot be the object of private property nor of possession, such that they are outside the commerce of men, that is, they cannot belong individually to private parties, nor to the State – in the strict sense –, since the State is limited to their administration and guardianship. Thus, assets of public domain and assets of private domain of the State (fiscal) must necessarily be distinguished, precisely by reason of their purpose, insofar as what defines the legal nature of the former is the use given to this type of asset, that is, insofar as they are dedicated to and are at the service of public use, under the terms provided for in Article 261 of the Civil Code. (In this sense, consult judgments number 5399-93, 3145-96, 5027-97, 2988-99, 2000-10466, 2002-8321; 2003-3480; 2005-7158 of the Constitutional Chamber.) Entering into this category – without constituting a closed list – are the maritime-terrestrial zone, the forest or natural heritage of the State – protected areas – (comprised of national parks, forest reserves, biological reserves, protective zones, wildlife refuges, wetlands, and natural monuments – Article 32 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), number 7554, of September eighteen, nineteen ninety-five –), the hydrographic protection zones – Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) – (contiguous to springs, to the banks of rivers and lakes), the border zones (Article 10 of the Law of Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos), number 13, of January ten, nineteen thirty-nine), the right-of-way, railway lines, indigenous reserves, the historical-architectural heritage, mineral resources, archaeological heritage, parks and green zones, etc. Pursuant to the provisions of Article 261 of the Civil Code (legal dedication), these are assets whose vocation and purpose, insofar as "are permanently destined for any service of general utility, and those which everyone can take advantage of by being delivered to public use", are outside the commerce of men, and are therefore inalienable, imprescriptible, and unseizable; such that their ownership or possession is not possible, either gratuitously or for valuable consideration; they cannot be lost by prescription, nor gained by adverse possession, so they permanently retain their legal validity; and they are not susceptible to seizure, in the terms of Civil Law; in addition, they are subject to police power, regarding their exploitation and use, since their exclusive use is conditioned on the granting of the respective licenses and permits and the control and supervision by the Administration; and the Administration holds sufficient powers for their recovery, without the need to resort to the jurisdictional route, nor even an administrative procedure, since there exists no subjective right or legitimate interest on the part of the "occupant", so that administrative action substitutes for the legal actions (interdictos) for their restitution. Therefore, the legal regime of public domain assets is special and differentiated, precisely in view of the type of assets involved. The distinction between private assets or things and public assets and things is made to depend, in the first place, on the "ownership" or "domain" of the asset, as this element defines its differentiated nature and legal regime; and consequently, on the applicable law, insofar as the former is subject to private law, and the latter to public law. Thus, the national regime of public domain assets places them outside the commerce of men and, for this reason, the permits granted will always be precarious and revocable by the Administration, unilaterally, when reasons of necessity or general interest so require, for the preservation of the natural use of the public thing. By virtue of which, the violation or infringement of the right of property, enshrined in Article 45 of the Political Constitution, is not possible, as it concerns a totally different legal regime, where the law establishes conditions through which use and enjoyment by private parties is possible. Thus, whoever intends to exercise exclusive use of that zone by unauthorized means will be barred from the possibility of consummating it, as it is also acceptable, since time immemorial, that these are assets imprescriptible in favor of private parties and are outside commerce, principles contained in numerals 261 and 262 of the Civil Code, which dates from eighteen eighty-six. IX.- OF THE LEGAL NATURE OF THE PROPERTY OVER WHICH AGRARIAN POSSESSION IS ALLEGED.- The Judge of the Instance is correct in stating that, in the case of public domain assets, no type of possession is possible or legitimate, and any possession exercised cannot generate any right in favor of the occupant. However, as indicated by doctrine and jurisprudence – indicated in the preceding Considerando – it is impossible to confer the condition of public domain (demanialidad) solely on the basis of the subjective element of the asset's owner, that is, when it concerns subjects of Public Law. Thus, the criterion to be used is the purpose or vocation of the asset, that is, for use by the community or for the provision of a public service, an element that is fully met in this case, since the farm over which agrarian possession is alleged, in order for adverse possession (prescripción positiva, usucapión) to be declared, is not only the property of the Municipality of Heredia (as determined in Considerando VII.- of this judgment), but also, the depot of that local government is located on it, precisely to fulfill the purposes entrusted by constitutional mandate in its numeral 169, that is, "the administration of local interests and services"; and furthermore, it has been used as a garbage dump, as declared by the testimony given to the case file. Thus, as it is a public domain asset, no right of possession exists on the part of private parties, so that possession – as an attribute of the right of possession – can only be exercised by the entities holding the right, without any private subject being able to legally claim possessory acts, unless these were carried out before the public institution acquired the property, and only for the purposes of potential compensation, which does not occur in the instant case, in which it was demonstrated that the Municipality has been the owner of farm 4-106304 since February twenty-four, nineteen eighty-four, and the supposed possession (occupation or rather invasion) is from nineteen eighty-six onwards. X.- OF THE ALLEGED AGRARIAN POSSESSION.- As indicated in the preceding Considerando, the public domain nature of the property sought to be acquired by adverse possession would make further analysis regarding the alleged agrarian possession unnecessary, since a requirement for the adverse possession of the right of property is the nature of the asset, that is, that it be a "habile thing" (cosa hábil), which implies that it must be capable of private property, and in such condition, that it be in the commerce of men; a requirement that, as has been said, is not met in this case. Notwithstanding the foregoing, because it is alleged that there was no greater analysis of this point in the appealed judgment, it is deemed pertinent to make several observations, which lead us to confirm that, even if it were not a public domain asset, it would also not be appropriate – in this case – to recognize the requested adverse possession. Indeed, in the first place, it must be noted that this is not a case where agrarian legislation must be applied, but rather civil legislation, because the farm – in the registry – does not have agricultural vocation, and the plaintiffs did not give it that purpose. The lawsuit is filed on the basis that it concerns agrarian possession, and by virtue thereof, they have exercised possessory acts of that nature. However, from the evidence provided to the case file, it is possible to conclude that even though it is true that the occupants (the plaintiffs herein) have carried out some cultivation – of yucca, corn, coffee, plantains and fruit trees – these do not meet the conditions set forth in the regulations to be considered as subsistence farming; rather, as the representative of the respondent municipality correctly states on various occasions, it appears to be an extension of the occupants' lands, who curiously are all adjacent to the property in dispute, and to that end they erected dividing fences of barbed wire, zinc sheets and other materials, cleaned the lot, and at least on two of those "fractions", erected wooden constructions (ranchos) with zinc roofs, cement floors, without walls, in fair condition; assessments that prevent this Court from granting this occupation an agrarian character. On this point, it is important to make several significant observations. It should be recalled that "X. Special agrarian adverse possession is a typical institute of Agrarian Law, as are the agrarian enterprise, contracts, property, and possession. Its elements derive from a particular normative regime, therefore it acquires differentiating traits from civil adverse possession itself. Its foundation lies in the general principle of Agrarian Law known as the economic and social function of agrarian property. As is known, this unfolds into two: one subjective, of an economic nature, referring to the owner's obligation to produce, improve, and respect the environment, and another objective, of a social nature, consisting of the State's obligation to provide property to those who, having the capacity and knowledge to produce, do not have it or have it insufficiently. This last aspect is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights by stating 'Everyone has the right to private property corresponding to the essential needs of a decent life, which contributes to maintaining the dignity of the person and the home,' and also in the American Convention on Human Rights or Pact of San José thus: 'Everyone has the right to the use and enjoyment of his property. The law may subordinate such use and enjoyment to the social interest.' This concerns the human right to property and not only the right of property. It seeks, as one of the economic and social human rights, to guarantee 'access' to it." (Judgment number 68-94, at fourteen hours fifty-five minutes on August sixteen, nineteen ninety-four.) Thus, the structure of the right of agrarian property is integrated by special duties, and by a particular way of exercising the inherent faculties of property, insofar as its owner is obliged to destine it to agricultural activity, which precisely sustains its existence, as indicated by our Constitutional Court in judgment number 2000-9119, at fifteen hours fourteen minutes on October seventeen, two thousand: "III.- Regarding the right.- Agrarian property, determined in this case by its form of acquisition through the mechanisms established in the Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización), is identified by the obligations of the owner to exercise possessory acts in fulfillment of the social function of his right. Property and possession are then in such a relationship that the former cannot be conceptualized without the concurrence of the latter, such that, without property being denaturalized as a subjective right, its owner assumes a series of obligations in the exercise of his right. The State, attending not only to that differentiating character of agrarian property, but also framed within the conception of the Social and Democratic State of Law that governs our country, recognized in Article 50 of the Political Constitution, has provided through the Law of Lands and Colonization a specific procedure for acquiring this right in an effort to promote the gradual increase in the productivity of land property, for a fair distribution of its product and for the purpose of elevating the social condition of the peasant, making him a participant in the development of the Nation (Article 1 of the cited Law). From this perspective, those who acquire any right through the mechanisms thus established, contract the obligation, in view of the previous considerations, to exercise agrarian possessory acts over the acquired farm, these being understood as those directed at efficiently putting the farm into production." With which, within that set of regulatory norms that weigh on agrarian property, the one relating to the purpose of the farm being adjudicated is provided for – in an inescapable manner – insofar as a charge exists upon it for it to be dedicated to agrarian activity; which in cases of land titling by the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) empowers the revocation or extinction of the adjudication – Article 68, subsection 4, point a) –, or being subject to expropriation by the State, as empowered by Article 144 of the same Law; and in cases where adverse possession is alleged, the inadmissibility of the action, insofar as the regulations require "stable and effective" possessory acts for the purpose of putting it into production conditions for personal or family subsistence, on land registered in the name of a third party in the Public Registry of Property (Registro Público de la Propiedad) (Article 92 of the cited Law 2825). Thus, the precarious possessor, when having possessed for more than ten years, acquires his property through an original acquisition, and correlatively, the right of the registered owner in that area is extinguished; a registry principle that is characteristic of both civil law and agrarian law, and corresponds generally to the ways of acquiring real rights; thus, in the case of the precarious possessor, it finds its regulation in the cited Law 2825 in the provision of the third paragraph of Article 92: "Precarious possessors who have decennial possession under the conditions set forth in the preceding paragraph, may register their right in accordance with what is established in this Law through the possessory information procedure." And, second, it does not meet the requirements set forth to grant the right of adverse possession; there is no translative title, good faith, decennial possession as owner, quiet, public, and peaceful. Indeed, the jurisprudence emanating from the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) (thus, among others, one can consult judgments number 19-93, at fourteen hours on April seven, nineteen ninety-three, 451996, of May twenty-two, nineteen ninety-six, 50-98, at fifteen hours twenty minutes on May twenty, nineteen ninety-eight, 0001-F-99, at fourteen hours on January six, nineteen ninety-nine, 978-F-2001, at sixteen hours thirty minutes on December twelve, two thousand one, and, 134-F-2005, at ten hours ten minutes on March ten, two thousand five), has indicated that in application of the provisions of Articles 853, 856 and 860 of the Civil Code, the inescapable requirements for acquiring property by adverse possession (prescripción positiva, usucapión) are the translative title of ownership, good faith, and possession as owner, continuous, public, peaceful, and decennial; and in the case of precarious possession of land, unlike civil adverse possession, in Articles 92 and 101 of the cited Law of Lands and Colonization (ITCO-IDA), number 2825, and its amendments, by reason of the express recognition of the social function recognized to property, based on the peasant's need to acquire his means of subsistence, the accreditation of the translative title of ownership is not required, since the title is the possession itself manifested through possessory acts. The foregoing means that in certain cases, the simple fact of possession over time and exercised under the other required conditions, the law converts it into a right of possession, which when held for a short time will be a weak or more or less provisional right, but which as time increases becomes stronger and consolidates, thus configuring a habile title to possess and acquire property, even if the translative title of ownership previously discussed does not exist, which is in line with the modern orientation on property and possession rights, just as the trend exists. Now, since in the instant case we are not faced with an agrarian possession, all the requirements indicated for civil adverse possession are demanded. Regarding the first (translative title of ownership), it should be remembered that "In our legislation the expression 'title' has several meanings: the first, when it serves to express the cause or foundation of a patrimonial attribution and in that sense is used in Articles 853 and 854 of the Civil Code. The second to designate the document in which the attribution is contained, as when Article 459 says that ownership titles over real estate shall be registered in the Property Registry, and the third to determine the nature or scope of the patrimonial attribution, for example when the Family Code says that assets acquired gratuitously are not community property (Art. 41). When Articles 853 and 854 speak of translative title of ownership or just title, they use the expression as the cause or foundation of the acquisition. The notion of just title has its antecedents in the iusta causa possidendi of classical Roman Law, by virtue of which it was required that the adverse possessor acquire possession based on a relationship with the preceding possessor, apt to justify the acquisition of the possession itself, the acquisition of property not having followed only due to the lack of formal requirements in the act of transmission or due to the lack of right in the transferor himself." (Judgment number 113-1981, at fifteen hours fifteen minutes on October twelve, nineteen eighty-one.) Thus, in a broad sense, title is the legal cause on which a right is based. In ordinary adverse possession (of civil law), a just translative title of ownership is required, which has been understood concretely as a legal transaction with the one who previously had the thing, by virtue of which the current possessor acquires the asset from the previous possessor. For this reason, it is said that the possessor has the thing because it was sold to him, given to him, etc., hence it is also expressed that sale, donation, and inheritance are, among others, habile titles to acquire and possess. It is evident that in the case under study, the plaintiffs lack said translative title of ownership, which is why these judges understand that they sought to base their lawsuit on the alleged agrarian possession.

Good faith (*buena fe*) is a subjective requirement related to the acquirer's belief that they are assisted by the right of the possession exercised, an element that is evidently not met in the present case, because the plaintiffs have full knowledge that, according to the registry, the property belongs to the Municipality of the Central Canton of Heredia, and that it is of public domain nature (*naturaleza demanial*), as declared by the Constitutional Chamber itself in its ruling 2002-8822. Moreover, it is confirmed that after that pronouncement, the acts of invasion continued, including up to the date on which the testimonies contained in the record were given. Nor does it meet the characteristics of possession, since the date of occupation is not known with absolute certainty, as the testimonial statements given for this purpose in the case file are not convincing to this Court, which means it is not possible to corroborate that the possession was decennial. Nor is it possible to maintain that the acts of occupation were carried out in the capacity of owner, in an uninterrupted, public, and peaceful manner, because from the moment the defendant Municipality became aware of the invasion, it undertook its recovery, first through material and direct actions, by partially tearing down the dividing fences that the plaintiffs had erected, and initiating the administrative eviction procedure before the Ministry of the Interior, once the Constitutional Chamber declared that it was a public domain asset, in the name of the local corporation. It is also important to assess that through a document dated two thousand one, one of the alleged possessors (Freddy Umaña Rodríguez) assigns his litigious rights in favor of Aida Felicia Briceño Bustos; but nothing is indicated regarding the possessory rights, nor is it possible to consider it as a title transferring ownership (*título traslativo de dominio*); which, likewise, is not proof that allows for accrediting either the date on which the occupation of the property by the assignor began, or whether the beneficiary exercised any possessory act; it being important to note that for possession to generate any right and be legitimate, it must be exercised personally by the one claiming it, and only through a valid and legitimate title can it be transferred, which does not occur in this matter. All of the foregoing compels us to declare the inadmissibility of the action for adverse possession (*prescripción positiva*), for the purpose of acquiring the alleged agrarian possession over the property registered in the real folio (*folio real*) under certificate number 4-106304. Note that this concerns a public domain asset, which precludes any possessory right and also fails to meet the requirements of possession, whether civil or agrarian.”

“I.- DE LA ALEGADA NULIDAD DE LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA.- En atención a que el personero de los actores alega la nulidad de la sentencia de primera instancia, por supuesta infracción del debido proceso, se procede a su análisis, previo al conocimiento de las apelaciones formuladas, como lo prevé el artículo 155 inciso 3) punto a) del Código Procesal Civil. Al respecto, cabe hacer dos advertencias de importancia. En primer lugar, se le indica a los apelantes que se está ante un proceso ordinario contencioso administrativo, no de orden agrario, en este caso, en razón de uno de los sujetos que intervienen en él, una municipalidad, ente descentralizado por el territorio, que tiene autonomía de gobierno, que está inserto en la organización de nuestro Estado (costarricense), al tenor de lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, y por la pretensión, ya que precisamente se formuló esta demanda para que en sentencia se declarase la prescripción positiva (usucapión) en relación a un inmueble de una corporación local, y en su defecto, el reconocimiento de mejoras; circunstancia que obliga a aplicar las reglas del Derecho Público, comprendiendo tanto el Derecho de la Constitución como el Derecho Administrativo. Lo anterior implica que su tramitación se hizo conforme a las reglas procesales que rigen este tipo de acciones, sea, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (por haberse interpuesto el quince de noviembre del dos mil dos) y las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, conforme a lo dispuesto en el numeral 103 de la primera Ley; sin que resulten de pertinentes a este proceso, las reglas procesales de los procesos agrarios. Sobre este punto debe tenerse en cuenta que este asunto no cumple los presupuestos dispuestos en la Ley (de Jurisdicción Agraria, número 6734, del veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos) para que se se considere como de naturaleza agraria, por cuanto, no es un conflicto que se suscite con motivo de la aplicación de la legislación agraria, ni disposiciones jurídicas que regulan las actividades de producción, transformación, industrialización o enajenación de productos agrícolas (como lo prevé el artículo 1 del citado cuerpo legal), ya que los actores no tienen la condición de campesinos o trabajadores de la tierra, como lo exige el inciso a) del artículo 2 de la Ley de referencia. En segundo lugar, es innegable que los procesos agrarios tienen especiales connotaciones, que lo diferencian de los que se tramitan conforme a las regulaciones procesales civiles, en los que inclusive, se introdujo la oralidad. Al respecto, en sentencia número 3606-94, de las quince horas doce minutos del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, la Sala Constitucional indicó; "... al romper con el formalismo excesivo, con el criterio de igualdad formal de las partes y los grandes límites impuestos al Juez y a las personas de escasos recursos, elementos que caracterizan al proceso civil. Se parte, para este rechazo, de la idea de que tales elementos conllevan a la denegación de la justicia a quien la busca, ya que el proceso se convierte, en gran cantidad de casos, en un arma por medio de la cual se haga retardar el pronunciamiento judicial. Por ello, la respuesta del proceso agrario ha sido la de introducir simplificaciones procesales, para diseñar un proceso más rápido que tienda a garantizar una justicia pronta y cumplida, reflejada en términos cortos, en tramitación simple, en reducción de obstáculos legales para las partes que intervienen en el proceso, en eliminación de requisitos fiscales, y en el otorgamiento de amplios poderes al juez, tanto para la conducción del proceso hasta sentencia, como la referida a la administración y valoración de la prueba. En razón de lo anterior, el proceso agrario se convierte en un instrumento más humano para resolver los asuntos sometidos a conocimiento del juzgador, tanto en la tramitación del proceso - donde debe existir un contacto más estrecho entre las partes y el juez-, como en las garantías otorgadas a las partes para poder recurrir a la justicia, pudiendo recibir incluso el patrocinio legal gratuito cuando se trate de personas sin posibilidades de sufragar los gastos profesionales del mismo. Así, la especificidad del proceso agrario se encuentra constituida por dos factores fundamentales: por una parte el principio de oralidad en el que el proceso ha encontrado soporte institucional e ideológico para concebir su propia estructura conforme a las exigencias de la materia agraria, principio cuyas implicaciones se resumen en el dominio de la palabra como medio de expresión, sin excluir la escritura en la preparación y documentación, para que también se encuentre presente el principio de la inmediatez, la identidad del juzgador, la concentración y reforzamiento de los poderes del Juez, para poder conducir satisfactoriamente el juicio hacia la búsqueda de la verdad; y por otra parte el fenómeno de la publicización o socialización del derecho agrario y de su proceso, teniendo tres consecuencias inmediatas: 1.- la urgente necesidad de concebir un proceso moderno divorciado del tradicional -proceso civil-; 2.- declarar de interés público la búsqueda y declaración de la verdad, otorgándole al juez poderes suficientes en el proceso para que sea conductor y administrador, no sólo de los extremos que se discuten frente a sí, sino en modo especial, de la investigación para lograr que sus sentencias logren unir en forma estrecha la verdad real y la verdad legal; y 3.- socializar la justicia, para que todos los sujetos procesales puedan recurrir en un proceso menos formal y menos costoso, para que también las personas de escasos recursos puedan encontrar respuesta a sus necesidades. De lo anterior se concluye que existe una orientación general dirigida hacia lineamientos específicos vinculados con la informalidad, la celeridad, la economia y humanización del proceso." Pero tales elementos no rigen los procesos contenciosos, los que, conforme a su normativa procesal, son de orden escrito. En virtud de lo anterior, esa sóla condición, hace que no haya infracción del alegado principio de inmediatez de la prueba, por cuanto el mismo tiene aplicación, únicamente respecto de los procesos orales, tal y como lo indicó nuestro Tribunal Constitucional, en sentencia 2007-1555, de las quince horas treinta y cuatro minutos del siete de febrero del dos mil siete: "... Por último cabe advertir, que estas consideraciones se sustentan en el modelo de proceso diseñado por los legisladores –materia en la que hay discrecionalidad legislativa–, que por ser de carácter escrito, no rige el principio de inmediatez de la prueba –propio de los procesos orales–, en los que se exige que el juzgador que resuelve, sea el que a su vez reciba –a viva voz– la prueba que sustenta el proceso." En consecuencia, en tanto en este tipo de procesos (escrito), el juez que recibe directamente la prueba (en este caso, realiza el reconocimiento judicial) no está obligado a dictar la sentencia de fondo, no se evidencia ninguna irregularidad, lo que obliga a rechazar la nulidad alegada. […] I.- DE LA ALEGADA NULIDAD DE LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA.- En atención a que el personero de los actores alega la nulidad de la sentencia de primera instancia, por supuesta infracción del debido proceso, se procede a su análisis, previo al conocimiento de las apelaciones formuladas, como lo prevé el artículo 155 inciso 3) punto a) del Código Procesal Civil. Al respecto, cabe hacer dos advertencias de importancia. En primer lugar, se le indica a los apelantes que se está ante un proceso ordinario contencioso administrativo, no de orden agrario, en este caso, en razón de uno de los sujetos que intervienen en él, una municipalidad, ente descentralizado por el territorio, que tiene autonomía de gobierno, que está inserto en la organización de nuestro Estado (costarricense), al tenor de lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, y por la pretensión, ya que precisamente se formuló esta demanda para que en sentencia se declarase la prescripción positiva (usucapión) en relación a un inmueble de una corporación local, y en su defecto, el reconocimiento de mejoras; circunstancia que obliga a aplicar las reglas del Derecho Público, comprendiendo tanto el Derecho de la Constitución como el Derecho Administrativo. Lo anterior implica que su tramitación se hizo conforme a las reglas procesales que rigen este tipo de acciones, sea, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (por haberse interpuesto el quince de noviembre del dos mil dos) y las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, conforme a lo dispuesto en el numeral 103 de la primera Ley; sin que resulten de pertinentes a este proceso, las reglas procesales de los procesos agrarios. Sobre este punto debe tenerse en cuenta que este asunto no cumple los presupuestos dispuestos en la Ley (de Jurisdicción Agraria, número 6734, del veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos) para que se se considere como de naturaleza agraria, por cuanto, no es un conflicto que se suscite con motivo de la aplicación de la legislación agraria, ni disposiciones jurídicas que regulan las actividades de producción, transformación, industrialización o enajenación de productos agrícolas (como lo prevé el artículo 1 del citado cuerpo legal), ya que los actores no tienen la condición de campesinos o trabajadores de la tierra, como lo exige el inciso a) del artículo 2 de la Ley de referencia. En segundo lugar, es innegable que los procesos agrarios tienen especiales connotaciones, que lo diferencian de los que se tramitan conforme a las regulaciones procesales civiles, en los que inclusive, se introdujo la oralidad. Al respecto, en sentencia número 3606-94, de las quince horas doce minutos del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, la Sala Constitucional indicó; "... al romper con el formalismo excesivo, con el criterio de igualdad formal de las partes y los grandes límites impuestos al Juez y a las personas de escasos recursos, elementos que caracterizan al proceso civil. Se parte, para este rechazo, de la idea de que tales elementos conllevan a la denegación de la justicia a quien la busca, ya que el proceso se convierte, en gran cantidad de casos, en un arma por medio de la cual se haga retardar el pronunciamiento judicial. Por ello, la respuesta del proceso agrario ha sido la de introducir simplificaciones procesales, para diseñar un proceso más rápido que tienda a garantizar una justicia pronta y cumplida, reflejada en términos cortos, en tramitación simple, en reducción de obstáculos legales para las partes que intervienen en el proceso, en eliminación de requisitos fiscales, y en el otorgamiento de amplios poderes al juez, tanto para la conducción del proceso hasta sentencia, como la referida a la administración y valoración de la prueba. En razón de lo anterior, el proceso agrario se convierte en un instrumento más humano para resolver los asuntos sometidos a conocimiento del juzgador, tanto en la tramitación del proceso - donde debe existir un contacto más estrecho entre las partes y el juez-, como en las garantías otorgadas a las partes para poder recurrir a la justicia, pudiendo recibir incluso el patrocinio legal gratuito cuando se trate de personas sin posibilidades de sufragar los gastos profesionales del mismo. Así, la especificidad del proceso agrario se encuentra constituida por dos factores fundamentales: por una parte el principio de oralidad en el que el proceso ha encontrado soporte institucional e ideológico para concebir su propia estructura conforme a las exigencias de la materia agraria, principio cuyas implicaciones se resumen en el dominio de la palabra como medio de expresión, sin excluir la escritura en la preparación y documentación, para que también se encuentre presente el principio de la inmediatez, la identidad del juzgador, la concentración y reforzamiento de los poderes del Juez, para poder conducir satisfactoriamente el juicio hacia la búsqueda de la verdad; y por otra parte el fenómeno de la publicización o socialización del derecho agrario y de su proceso, teniendo tres consecuencias inmediatas: 1.- la urgente necesidad de concebir un proceso moderno divorciado del tradicional -proceso civil-; 2.- declarar de interés público la búsqueda y declaración de la verdad, otorgándole al juez poderes suficientes en el proceso para que sea conductor y administrador, no sólo de los extremos que se discuten frente a sí, sino en modo especial, de la investigación para lograr que sus sentencias logren unir en forma estrecha la verdad real y la verdad legal; y 3.- socializar la justicia, para que todos los sujetos procesales puedan recurrir en un proceso menos formal y menos costoso, para que también las personas de escasos recursos puedan encontrar respuesta a sus necesidades. De lo anterior se concluye que existe una orientación general dirigida hacia lineamientos específicos vinculados con la informalidad, la celeridad, la economia y humanización del proceso." Pero tales elementos no rigen los procesos contenciosos, los que, conforme a su normativa procesal, son de orden escrito. En virtud de lo anterior, esa sóla condición, hace que no haya infracción del alegado principio de inmediatez de la prueba, por cuanto el mismo tiene aplicación, únicamente respecto de los procesos orales, tal y como lo indicó nuestro Tribunal Constitucional, en sentencia 2007-1555, de las quince horas treinta y cuatro minutos del siete de febrero del dos mil siete: "... Por último cabe advertir, que estas consideraciones se sustentan en el modelo de proceso diseñado por los legisladores –materia en la que hay discrecionalidad legislativa–, que por ser de carácter escrito, no rige el principio de inmediatez de la prueba –propio de los procesos orales–, en los que se exige que el juzgador que resuelve, sea el que a su vez reciba –a viva voz– la prueba que sustenta el proceso." En consecuencia, en tanto en este tipo de procesos (escrito), el juez que recibe directamente la prueba (en este caso, realiza el reconocimiento judicial) no está obligado a dictar la sentencia de fondo, no se evidencia ninguna irregularidad, lo que obliga a rechazar la nulidad alegada. […] VII.- DE LA TITULARIDAD DEL LOTE SOBRE EL QUE SE ALEGA LA POSESIÓN.- Alegan los actores que no se ha aportado prueba idónea para determinar que el lote objeto de esta litis es propiedad de la Municipalidad demanda, por no corresponder las áreas, de lo que se pretende usucapir con la registrada. Sin embargo, discrepa este Tribunal de tal afirmación, por cuanto, de las probanzas aportadas al expediente -croquis levantado por el ingeniero Luis Fernando Araya Rodríguez, planos catastratos número H-370888-79 (a folios 1 y 2 del principal), así como de estudio registral realizados por el ingeniero de la municipalidad (oficio DIM 0969-2002, del veinte de agosto del dos mil dos, emitido por el ingeniero municipal, José René Mayorga Angulo, a folios 53 y 52 del tomo 3 del expediente administrativo), y las constancias de las visitas de campo realizadas por personeros de esa corporación (oficio DIM-1108- 2004, del veintisiete de julio del dos mil cuatro), se denota con absoluta claridad que los actores invadieron parte de una propiedad de la demandada. Lo anterior es de absoluto conocimiento de los aquí gestionantes, por cuanto les fue denegado un recurso de amparo que formularon (dos de los aquí actores) contra los actos de defensa ejercidos por la Municipalidad titular, y en el propio libelo de presentación y de formalización de esta demanda, expresamente requieren a la Autoridad Jurisdiccional, "2- Que se ordene inscribir el inmueble usucapido a nombre de mis ponderdantes en el Registro Público, en partes iguales, acudiendo ellos después a la vía respectiva a segregar y localizar los derechos que a cada uno corresponde. Se ordenará al Registro aplicar la disminución de cabida en la finca CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO." Además, llevan razón los funcionarios de la corporación recurrida en afirmar que los linderos de la finca son fácilmente definidos; así, en atención a la forma del lote que se demarca en el plano catastrado número H-370888-79 sin lugar a dudas se deduce que el croquis con las porciones de las ocupaciones, elaborado por el ingeniero Arroyo Rodríguez, y que se intentó catastrar, es parte de la finca que se registra en el plano indicado. VIII.- DEL RÉGIMEN DE DEMANIALIDAD.- La Juez de Instancia denegó el reconocimiento de la prescripción positiva (usucapión) en relación con la ocupación que efectuaran los actores sobre la finca inscrita en el sistema de folio real, con la matrícula número 4-106304-000, en razón de su condición de demanialidad, al ser propiedad de la Municipalidad del cantón Central de Heredia. Sobre este punto resulta importante clarificar el concepto, por no ser puntual el dado en el fallo que se revisa, y da lugar a confusión. En efecto, por demaniales o dominicales deben de entenderse el conjunto de bienes –tanto inmuebles como muebles– que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a los privados, en tanto por expresa voluntad del constituyente o el legislador, se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada ni de posesión, de modo que están fuera del comercio de los hombres, es decir, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado –en sentido estricto–, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. Así, necesariamente deben distinguirse los bienes de dominio público y los de dominio privado del Estado (fiscales), precisamente en razón de su finalidad, en tanto lo que define la naturaleza jurídica de los primeros es el destino que se da a este tipo de bienes, sea, en tanto se afectan y están al servicio del uso público, en los términos previstos en el artículo 261 del Código Civil. (En este sentido, consultar las sentencias número 5399-93, 3145-96, 5027-97, 2988-99, 2000-10466, 2002-8321; 2003-3480; 2005-7158 de la Sala Constitucional.) Entran en esta categoría –sin que se constituya en una lista cerrada– la zona marítimo terrestre, el patrimonio forestal o natural del Estado –áreas protegidas– (conformado por parques nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales –artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y cinco–), las zonas de protección hidrográfica –artículo 33 de la Ley Forestal– (contíguas a los manantiales, a las riveras de los ríos y lagos), las zonas limítrofes (artículo 10 de la Ley de Terrenos Baldíos, número 13, de diez de enero de mil novecientos treinta y nueve), el derecho de vía, las líneas ferroviarias, las reservas indígenas, el patrimonio histórico-arquitectónico, los recursos mineros, el patrimonio arqueológico, los parques y zonas verdes, etc. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 261 del Código Civil (afectación legal), se trata de bienes que su vocación y destino, en tanto "están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregas al uso público", están fuera del comercio de los hombres, por lo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables; de manera que no es posible su dominio o posesión, ni a título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como tampoco, ganarse por usucapión, de modo que conservan su vigencia jurídica permanentemente; y no son susceptibles de embargo, en los términos del Derecho Civil; además de que están sujetos al poder de policía, en lo atinente a su aprovechamiento y uso, ya que su uso privativo está condicionado al otorgamiento de las respectivas licencias y permisos y al control y fiscalización de parte la Administración; y la Administración ostenta poderes suficientes para su recuperación, sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional, ni siquiera a un procedimiento administrativo, por no existir de parte del "ocupante" ningún derecho subjetivo o interés legítimo, de manera que la acción administrativa sustituye a los interdictos para su restitución. Por ello, el régimen jurídico de los bienes de dominio público es especial y diferenciado, precisamente en atención al tipo de bienes de que se trata. La distinción entre bienes o cosas privadas y bienes y cosas públicas se hace depender, en primer lugar, en la "titularidad" o "dominio" del bien, por cuanto de este elemento se define su naturaleza y régimen jurídico diferenciados; y en consecuencia, del derecho aplicable, en tanto el primero se sujeta al derecho privado, y el segundo al derecho público. Así, el régimen patrio de los bienes de dominio público, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo requieran, para la preservación del uso natural de la cosa pública. En virtud de lo cual, no resulta posible la infracción o lesión del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política, por tratarse de un régimen jurídico totalmente diverso, donde la ley lo que hace es establecer condiciones mediante las que es posible el uso y disfrute por parte de los particulares. Así, quien pretenda por medios no autorizados ejercer un uso privativo de esa zona tendrá vedada la posibilidad de consumarlo, pues es aceptable también, desde tiempo inmemorial, que se trata de bienes imprescriptibles en favor de particulares y que están fuera del comercio, principios recogidos en el numeral 261 y 262 del Código Civil, que data de mil ochocientos ochenta y seis. IX.- DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL INMUEBLE DEL INMUEBLE SOBRE EL QUE SE ALEGA LA POSESIÓN AGRARIA.- Lleva razón la Juez de Instancia en afirmar que tratándose de bienes de dominio público no resulta posible ni legítima ningún tipo de posesión, y la que se ejerza, no puede generar derecho alguno en favor del ocupante. Sin embargo, según lo indicado por la doctrina y la jurisprudencia -indicada en el Considerando anterior- resulta imposible dotar de la condición de demanialidad únicamente en razón del elemento subjetivo del titular del bien, sea, cuando se trate de sujetos del Derecho Público. Así, el criterio que debe usarse es el del destino o vocación del bien, esto es, para uso de la colectividad o para la prestación de un servicio público, elemento que se cumple a cabalidad en este caso, ya que la finca sobre la que se alega la posesión agraria, a efecto de que se declare la prescripción positiva (usucapión), es, no sólo propiedad de la Municipalidad de Heredia (según se determinó en el Considerando VII.- de esta sentencia), sino además, en él está ubicado el plantel de ese gobierno local, precisamente para cumplir los fines encomendados por mandato constitucional en su numeral 169, sea, "la administración de los intereses y servicios locales"; y además, el mismo ha sido utilizado como botadero de basura, según lo declararon los testimonios rendidos al expediente. Así, por tratarse de un bien de dominio público, no existe por parte de los particulares un derecho de posesión, de manera que la posesión -como atributo del derecho de posesión- sólo puede ser ejercida por los entes titulares del derecho, sin que ningún sujeto privado pueda legalmente reclamar actos posesorios, salvo que éstos se hayan efectuado antes de que la institución pública adquieriera la propiedad, y únicamente para efectos de una eventual indemnización, lo que no sucede en la especie, en que se demostró que la Municipalidad es titular de la finca 4-106304 desde el veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, y la supuesta posesión (ocupación o mejor dicho invasión), es a partir de mil novecientos ochenta y seis. X.- DE LA ALEGADA POSESIÓN AGRARIA.- Tal y como se indicó en el Considerando anterior, la naturaleza demanial del inmueble que se pretende usucapir, haría innecesario mayor análisis en torno a la alegada posesión agraria, por cuanto figura como requisito para la prescripción positiva del derecho de propiedad, la naturaleza del bien,es decir, que sea "cosa hábil", lo que implica que debe ser susceptible de propiedad privada, y en tal condición, que esté en el comercio de los hombres; exigencia, que se ha dicho, no se cumple en este caso. No obstante lo anterior, en razón de que se alega que no hubo mayor análisis sobre este extremo en la sentencia recurrida, se estima pertinente hacer varias observaciones, que nos llevan a constatar que, aún y cuando no se tratarare de un bien de dominio público, tampoco sería procedente -en este caso-, reconocer la usucapión pedida. En efecto, en primer lugar, debe hacerse la advertencia que no se está ante un presupuesto en que deba aplicarse la legislación agraria, sino más bien la de orden civil, por no tener vocación agrícola la finca -en el registro-, y no haberle dado ese destino los actores. La demanda es formulada sobre la base de que se trata de una posesión agraria, y en tal virtud, han ejercido actos de posesión de esa naturaleza. Sin embargo, de las pruebas aportadas al expediente, es dable concluir, que aún cuando es lo cierto que los ocupantes (aquí actores) han realizado algunos cultivos -de yuca, maíz, café, plátano y árboles frutales, pero los mismos no cumplen las condiciones dispuestas en la normativa para considerarlas como de subsistencia, más bien, como bien lo afirma en sus diversas oportunidades el personero de la municipalidad recurrida, parece que se trata de la extensión de los terrenos de los ocupantes, que curiosamente son todos colindantes con el inmueble en discusión, y a tal efecto levantaron cercas divisorias de alambre de púas, latas de zinc y otros materiales, hicieron limpieza del lote, y al menos, en dos de esas "fracciones", levantaron construcciones de madera (ranchos) con techo de zin, piso de cemento, sin paredes, en regular estado de conservación; valoraciones que impiden a este Tribunal darle a esta ocupación, el carácter de agrario. Sobre este punto, es importante hacer varias observaciones de importancia. Debe recordarse que "X. La usucapión especial agraria es un instituto típico del Derecho Agrario, como también lo son la empresa, los contratos, la propiedad y la posesión agraria. Sus elementos devienen de un particular régimen normativo, por ello adquiere rasgos diferenciales de la misma usucapión civil. Su fundamento está en el principio general del Derecho agrario conocido como la función económico y social de la propiedad agraria. Como se sabe éste se desdobla en dos: uno subjetivo, de orden económico, referido a la obligación del propietario de producir, mejorar y respetar el ambiente, y otro objetivo, de orden social, consistente en la obligación del Estado de dotar de propiedad a quienes, teniendo capacidad y conocimiento para producir, no la tengan o la tengan insuficientemente. Este último aspecto se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al expresar "Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar", y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José así: "Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social". Se trata del derecho humano a la propiedad y no solo el derecho de propiedad. Se procura, como uno de los derechos humanos económicos y sociales, garantizar el "acceso" a ella." (Sentencia número 68-94, de las de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.) Así, la estructura del derecho de propiedad agraria se encuentra integrado por deberes especiales, y en un modo particular de ejercer las facultades inherentes de la propiedad, en tanto su titular está obligado a destinarlo a la actividad agrícola, que precisamente sustenta su existencia, tal y como lo indicó nuestro Tribunal Constitucional en sentencia número 2000-9119, de las quince horas catorce minutos del diecisiete de octubre del dos mil: "III.- Sobre el derecho.- La propiedad agraria, determinada en este caso por su forma de adquisición a través de los mecanismos dispuestos en la Ley de Tierras y Colonización, se identifica por las obligaciones a cargo del propietario de ejercer actos de posesión en cumplimiento de la función social de su derecho. Propiedad y posesión se encuentran entonces en una relación tal que la primera no puede ser conceptualizada sin la concurrencia de la segunda, de formal tal que, sin que la propiedad se desnaturalice como derecho subjetivo, su titular asume una serie de obligaciones en el ejercicio de su derecho. El Estado, atendiendo no sólo a ese carácter diferenciante de la propiedad agraria, sino enmarcado además dentro de la concepción de Estado Social y Democrático de Derecho que rige a nuestro país, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política, ha dispuesto a través de la Ley de Tierras y Colonización un procedimiento específicos de adquisición de este derecho con el afán de promover el aumento gradual de la productividad de la propiedad de la tierra, para una justa distribución de su producto y a efectos de elevar la condición social del campesino, haciéndolo partícipe del desarrollo de la Nación (artículo 1 de la citada Ley). Desde esta perspectiva, quienes adquieran algún derecho a través de los mecanismos así dispuestos, contraen la obligación, vistas las anteriores consideraciones, de ejercer sobre el fundo adquirido actos posesorios agrarios, entendidos estos aquellos dirigidos a poner en producción el fundo en forma eficiente." Con lo cual, dentro de ese conjunto de normas regulatorias que pesan sobre la propiedad agraria, está prevista -de manera ineludible- la relativa al destino del fundo que se adjudica, en tanto exite una carga sobre ella para que la misma se dedique a la actividad agraria; que en los casos de titulación de tierras a cargo del Instituto de Desarrolo Agrario faculta para la revocatoria o extinción de la adjudicación –artículo 68 inciso 4 punto a)–, o ser objeto de expropiación por el Estado, como lo faculta el artículo 144 de la misma Ley; y en los supuestos en que se alegue la usucapión, la improcedencia de la gestión, en tanto la normativa exige actos posesorios "estables y efectivos" con la finalidad de ponerlo en condiciones de producción para la subsistencia personal o familiar, sobre un terreno inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público de la Propiedad (artículo 92 de la citada Ley 2825). Así, el poseedor en precario, cuando tiene más de diez años de poseer, adquiere su propiedad a través de una adquisición originaria, y correlativamente, se extingue el derecho del propietario registral en esa área; principio registral que es propio tanto del derecho civil como del derecho agrario, y corresponde en general a las formas de adquirir los derechos reales; así, tratándose del poseedor en precario, encuentra su regulación en la citada Ley 2825 en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 92: "Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta Ley por el procedimiento de información posesoria." Y, en segundo lugar, no cumple los requisitos dispuestos para conceder el derecho de la usucapión, no hay título traslativo, buena fe, posesión decenal en calidad de dueño, quieta, pública y pacífica. En efecto, ya la jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (así, entre otras, se pueden consultar las sentencias número 19-93, de las catorce horas del siete de abril de mil novecientos noventa y tres, 451996, del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis, 50-98, de las quince horas veinte minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho, 0001-F-99, de las catorce horas del seis de enero de mil novecientos noventa y nueve, 978-F-2001, de las dieciséis horas treinta minutos del doce de diciembre del dos mil uno, y, 134-F-2005, de las diez horas diez minutos del diez de marzoo del dos mil cinco), ha señalado que en aplicación de lo dispuesto en los artículos 853, 856 y 860 del Código Civil, son requisitos ineludibles para adquirir la propiedad por prescripción positiva (usucapión), el título traslativo de dominio, la buena fe, y la posesión a título de dueño, contínua, pública, pacífica y decenal; y tratándose de la posesión en precario de la tierra, a diferencia de la usucapión civil, en los artículos 92 y 101 de la citada Ley de Tierras y Colonización (ITCO-IDA), número 2825, y sus reformas, en razón del reconocimiento campesino de adquirir su medio de subsistencia, no se exige la acreditación del título traslativo de dominio, pues el título es la misma posesión manifestada a traves de los actos posesorios. Lo anterior significa que en determinados casos, al simple hecho de la posesión a través del tiempo y ejercido en las demás condiciones requeridas, la ley lo convierte en derecho de posesión, que cuando se tiene poco tiempo será un derecho débil o más o menos provisional, pero que a medida que el tiempo aumenta se hace más fuerte y se consolida, configurando así un título hábil para poseer y adquirir la propiedad, aunque no exista el título traslativo de dominio de que se ha hablado, lo que se ajusta a la moderna orientación sobre los derechos de propiedad y posesión, a igual que existe la tendencia. Ahora bien, como en la especie no se está frente a una posesión agraria, se exigen todos los requisitos señalados para la usucapión civil. En cuanto al primero (título traslativo de dominio), debe recordarse que "En nuestra legislación la expresión "título" tiene varias acepciones: la primera, cuando sirve para expresar la causa o fundamento de una atribución patrimonial y en tal sentido se usa en los artículos 853 y 854 del Código Civil. La segunda para designar el documento en que se contiene la atribución, como cuando el artículo 459 dice que en el Registro de la Propiedad se inscribirán los títulos de dominio sobre inmuebles, y la tercera para determinar la naturaleza o alcance de la atribución patrimonial, por ejemplo al decir el Código de Familia que no son gananciales los bienes adquiridos a título gratuito (art. 41). Cuando los artículos 853 y 854 hablan de título traslativo de dominio o de justo título usan la expresión como causa o fundamento de la adquisición. La noción de justo título tiene sus antecedentes en la iusta causa possidendi del Derecho Romano clásico, en virtud de la cual se requirió que el usucapiente adquiera la posesión a base de una relación con el poseedor precedente, apta para justificar la adquisición de la posesión misma, no habiendo seguido la adquisición de la propiedad sólo por falta de requisitos formales en el acto de la transmisión o por falta del derecho en el propio transferente". (Sentencia número 113- 1981, de las quince horas quince minutos del doce de octubre de mil novecientos ochenta y uno.) Con lo cual, en sentido amplio, título es pues la causa jurídica en que se funda un derecho. En la usucapión ordinaria (del derecho civil), se exige justo título traslativo de dominio, el que se ha entendido como concretamente como un negocio jurídico con quien anteriormente tenía la cosa, en virtud del cual el poseedor actual adquiere el bien del poseedor anterior. Por ello se dice que el poseedor tiene la cosa porque se la vendieron, se la regalaron, etc., de ahí que también se expresa que la compraventa, la donación y la herencia, son entre otros, títulos hábiles para adquirir y poseer. Es evidente que en el caso en estudio, los actores carecen de dicho título traslativo de dominio, motivo por el que entienden estos juzgadores que intentaron sustentar su demanda en la alegada posesión agraria. La buena fe es un requisito subjetivo relacionado con la creencia del adquirente de estar asistido por el derecho de la posesión ejercida, elemento que evidentemente no se cumple en la especie, por cuanto los accionantes tienen pleno conocimiento que registralmente la propiedad pertenece a la Municipalidad del cantón Central de Heredia, y que la misma es de naturaleza demanial, al tenor de lo declarado por la propia Sala Constitucional en su fallo 2002- 8822. Es más, se constata que con posterioridad de ese pronunciamiento, que los actos de invasión se mantienen, inclusive, a la fecha en que se rindieron los testimonios que constan en autos. No cumple tampoco las características de la posesión, ya que no se sabe con certeza absoluta la fecha de la ocupación, ya que para este Tribunal no son convicentes las declaraciones testimoniales rendidas al efecto en el expediente, lo que conlleva que no es posible corroborar que la posesión fuese decenal. Tampoco es posible sostener que los actos de ocupación hayan sido en calidad de dueño, quieta, pública y pacífica, por cuanto desde el momento en que la Municipalidad demandada tuvo conocimiento de la invasión, se avocó a su recuperación, primero mediante actuaciones materiales y directas, al derribar parcialmente las cercas divisorias que habían levantado los actores, e iniciar el procedimiento de desalojo administrativo ante el Ministerio de Gobernación, una vez que la Sala Constitucional declaró que se trataba de un bien de dominio público, a nombre de la corporación local. Resulta también importante valorar que mediante escrito del dos mil uno, uno de los supuestos poseedores (Freddy Umaña Rodríguez) cede sus derechos litigiosos a favor de Aida Felicia Briceño Bustos; más no se indica nada en torno a los derechos de posesión, sin que sea posible tenerle como título traslativo de dominio; lo cual, tampoco es prueba que permita acreditar ni la fecha en que se inició la ocupación del inmueble por parte del cedente, ni si la beneficada ejerció acto posesorio alguno; siendo importante anotar que para que la posesión genere algún derecho y sea legítima, debe ser ejercida en forma personal por quien la alega, y sólo mediante título válido y legítimo, la misma puede ser traspasada, lo que en este asunto no ocurre. Todo lo anterior nos obliga a declarar la improcedencia de la gestión de prescripción positiva, a efecto de adquirir la alegada posesión agraria sobre el inmueble inscrito a folio real con la matrícula 4-106304. Nótese que se está frente a un bien de dominio público, lo que impide cualquier derecho de posesión y tampoco cumple los presupuestos de la posesión, ni civil ni agraria.” “

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