← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00940-2008 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 06/11/2008
OutcomeResultado
The Second Chamber partially overturns the lower court ruling and declares that Banco Nacional must pay the school bonus with retroactive effects as agreed in the collective agreement (year 2001 and first half of 2002), finding that the Comptroller's budget disapproval lacked valid legal grounds.La Sala Segunda revoca parcialmente la sentencia inferior y declara que el Banco Nacional debe pagar el salario escolar con efectos retroactivos según lo pactado en la convención colectiva (año 2001 y primer semestre 2002), al considerar que la improbación presupuestaria de la Contraloría carecía de fundamento legal válido.
SummaryResumen
The Second Chamber of the Supreme Court resolves an appeal regarding the non-payment of a school bonus agreed in a collective bargaining agreement of the Banco Nacional de Costa Rica. The Comptroller General had disallowed the budget item arguing that the collective agreement could not have retroactive effects to 2001, based on Article 57 of the Labor Code and the nature of the school bonus as deferred payment. The Chamber analyzes the legal nature of the Bank as an autonomous institution, its administrative autonomy and subjection to law in governmental matters, and the reformative power of collective agreements. It concludes that the Comptroller erred by confusing validity with effectiveness of the act, since Article 57 only refers to the moment when the agreement becomes enforceable, not to the impossibility of agreeing on retroactive effects. The Chamber partially overturns the judgment and orders the Bank to pay the school bonus for all of 2001 and the first half of 2002, confirming costs due to the defendant's good faith.La Sala Segunda de la Corte resuelve un recurso sobre la improcedencia del pago del salario escolar pactado en una convención colectiva del Banco Nacional de Costa Rica. La Contraloría General de la República había improbado la partida presupuestaria argumentando que la convención colectiva no podía tener efectos retroactivos al año 2001, basándose en el artículo 57 del Código de Trabajo y en la naturaleza del salario escolar como pago diferido. La Sala analiza la naturaleza jurídica del Banco como institución autónoma, su autonomía administrativa y sujeción a la ley en materia de gobierno, y el poder reformador de las convenciones colectivas. Concluye que la Contraloría erró al confundir validez con eficacia del acto, pues el artículo 57 del Código de Trabajo solo se refiere al momento en que la convención es exigible, no a la imposibilidad de pactar efectos retroactivos. La Sala revoca parcialmente la sentencia y ordena al Banco pagar el salario escolar correspondiente a todo el año 2001 y al primer semestre de 2002, confirmando la condena en costas por buena fe del demandado.
Key excerptExtracto clave
First, it must be noted that, by virtue of the reformative power of the collective agreement previously analyzed, both parties agreed to create a bonus called 'school bonus', even though it was not regulated the same way as the type of salary created by decree for the rest of the public sector. Thus, the parties sought to surpass the legal minimum for the benefit of workers, making the name given in the collective agreement irrelevant, since, as stated, the will of the parties was to create a bonus in accordance with the reformative powers derived from a collective agreement in order to surpass legal minimums for the benefit of workers. On the other hand, as previously stated, the Comptroller General, to determine the inadmissibility of retroactive payment to 2001, based its argument on Article 57 of the Labor Code, considering that the legal effects derived from the application of the Collective Agreement arise from the date on which the provisions of that article are fulfilled. Said article, in relevant part, provides that the aforementioned instrument shall have no legal value until the date on which a copy is deposited with the Office of Union Affairs and Administrative Conciliation of the Ministry of Labor and Social Security, that is, from that moment the terms agreed by the negotiating parties may be demanded. Hence, the provision in that article does not constitute any legal impediment to ordering retroactive payment, since it was so agreed, making it evident that the basis given by the comptroller is erroneous, as it confused the validity of the act with its effectiveness, the latter being the circumstance referred to in the aforementioned article.En primer término, debe indicarse que, en virtud del poder reformador de la convención colectiva analizado anteriormente, ambas partes acordaron la creación de un sobresueldo al que se le denominó “salario escolar”, aunque no se reguló de la misma manera que el tipo de salario creado mediante decreto para el resto del sector público. Así, las partes lo que hicieron fue tratar de superar el mínimo legal en beneficio de los trabajadores, de ahí que resulte intrascendente la denominación que se le haya dado en la convención colectiva, pues, como se dijo, la voluntad de las partes fue crear un sobresueldo de conformidad con las potestades reformadoras derivadas de una convención colectiva a los efectos de superar los mínimos legales en beneficio de los trabajadores. Por otra parte, como se indicó anteriormente, la Contraloría General, para determinar la improcedencia del pago de forma retroactiva al año 2001, señaló como fundamento lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Trabajo, en tanto estimó que los efectos jurídicos derivados de la aplicación de la Convención Colectiva surgen a partir de la fecha en que se cumpla con lo establecido en dicha norma. Dicho numeral, en lo que interesa, dispone que el instrumento aludido no tendrá valor legal sino a partir de la fecha en que quede depositada la copia de este en la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es decir, a partir de ese momento puede exigirse lo acordado en los términos dispuestos por las partes de la negociación. De ahí que lo establecido en esa norma no constituye impedimento legal alguno para que el pago se ordenara retroactivamente, pues así se pactó, por lo que es evidente que el fundamento dado por la entidad contralora es erróneo, dado que se confundió la validez del acto con su eficacia, circunstancia esta última a la que se refiere la norma aludida.
Pull quotesCitas destacadas
"La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industriales o regiones que afecte."
"The collective agreement has the character of professional law and all existing or future individual or collective contracts in the companies, industries or regions it affects must conform to its rules."
V.- Considerando relativo al Código de Trabajo, artículo 54
"La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industriales o regiones que afecte."
V.- Considerando relativo al Código de Trabajo, artículo 54
"no puede esa normativa reformar la ley ordinaria que confiere atribuciones a órganos constitucionales, ni otras disposiciones legales, que no tienen que ver con el contenido de los contratos individuales de trabajo."
"that normative cannot reform the ordinary law that confers powers to constitutional bodies, nor other legal provisions unrelated to the content of individual employment contracts."
Cita del voto 1355-96 de Sala Constitucional, en V
"no puede esa normativa reformar la ley ordinaria que confiere atribuciones a órganos constitucionales, ni otras disposiciones legales, que no tienen que ver con el contenido de los contratos individuales de trabajo."
Cita del voto 1355-96 de Sala Constitucional, en V
"lo establecido en esa norma no constituye impedimento legal alguno para que el pago se ordenara retroactivamente, pues así se pactó, por lo que es evidente que el fundamento dado por la entidad contralora es erróneo, dado que se confundió la validez del acto con su eficacia."
"the provision in that article does not constitute any legal impediment to ordering retroactive payment, since it was so agreed, making it evident that the basis given by the comptroller is erroneous, as it confused the validity of the act with its effectiveness."
VI.- Análisis del caso concreto
"lo establecido en esa norma no constituye impedimento legal alguno para que el pago se ordenara retroactivamente, pues así se pactó, por lo que es evidente que el fundamento dado por la entidad contralora es erróneo, dado que se confundió la validez del acto con su eficacia."
VI.- Análisis del caso concreto
Full documentDocumento completo
Pursuant to the Law of the National Banking System No. 1644, of September 26, 1953, the Banco Nacional forms part of the National Banking System together with the Banco Central, the Banco de Costa Rica, the Banco Crédito Agrícola de Cartago, and any other state banking entity that may be created in the future. Likewise, private commercial banks, established and administered in accordance with the provisions of Title VI of that law, also form part of said banking system. For its part, section 2 of that regulatory body provides: “The state banks listed in the preceding article are autonomous institutions of public law, with their own legal personality and independence in administrative matters. They are subject to the law in matters of governance and must act in close collaboration with the Executive Branch, coordinating their efforts and activities. Decisions on the functions placed under their competence may only emanate from their respective boards of directors.
In accordance with the foregoing, each bank shall have its own responsibility in the execution of its functions, which imposes on the members of the Board of Directors the obligation to act in accordance with their own judgment in the direction and administration of the bank, within the provisions of the Constitution, the pertinent laws and regulations, and technical principles, as well as the obligation to answer for their management, in a total and unavoidable manner, in accordance with articles 27 and 28 of this law. (As amended by article 2 of Law No. 4646 of October 20, 1970)”. (Emphasis supplied). For its part, section 3 idem stipulates: “The following essential functions are incumbent upon the banks:
In accordance with what has been analyzed above, it is clear that there exists the possibility that, with the limitations imposed by the legal system and as the Constitutional Chamber has come to define, in an autonomous institution, such as the Banco Nacional de Costa Rica, collective bargaining agreements (convenciones colectivas) may be concluded, which have the force of law by constitutional provision (article 62 of the Political Constitution). In relation to such instruments, in a similar vein, the second paragraph of article 54 of the Labor Code establishes "… The collective bargaining agreement has the character of a professional law and all individual or collective contracts existing or subsequently concluded in the enterprises, industries, or regions it affects must adapt to its norms…”. For its part, section 55 idem provides: "The stipulations of the collective bargaining agreement have the force of law for: a) The parties that have signed it, having justified their legal standing in accordance with the provisions of article 51; b) All persons who, at the time of its entry into force, work in the company, companies, or production centers to which the agreement refers, insofar as they are favored thereby and even if they are not members of the labor union or unions that have concluded it; and c) Those who in the future conclude individual or collective contracts within the same company, companies, or production center affected by the agreement, in the understanding that said contracts may not be concluded under conditions less favorable to the workers than those contained in the collective bargaining agreement." In relation to this issue, in Decision number 227, of 9:30 a.m. on April 1, 2005, this Chamber warned: "Nevertheless, the force of law is conferred upon them insofar as the collective bargaining agreements have been agreed upon in accordance with the legislation.
It follows, from the foregoing, a subordination of these to the legislative power of the State." (In the same sense, see, from this Chamber, judgment No. 213, of 11:00 a.m. on March 30, 2007). Now, the Constitutional Chamber in Decision number 1355, of 12:18 p.m. on March 22, 1996, referring to the reformative power of collective bargaining agreements, held: "Because article 62 of the Political Constitution expressly so provides, collective bargaining agreements concluded in accordance with the law have the force of law between the contracting parties. And as we have said that one of the objectives of collective bargaining agreements is to review the minimum content of the legal benefits established for workers, in principle, it is possible to argue that it is legally valid for a collective bargaining agreement to introduce legal modifications or reforms. But since article 129 of the Political Constitution indicates that laws are obligatory and can only be repealed by a subsequent law, we must conclude that a norm of a collective bargaining agreement cannot strip ordinary laws of their validity, but rather that, in labor relations, those existing minimums can in fact be exceeded, but only for the specific case in question, with the law remaining in force.
That is to say, the normative provisions of collective bargaining agreements must adjust to existing labor legal norms, which they can exceed when granting benefits to workers, provided that provisions of an imperative nature are not affected or repealed, by which it is meant that collective bargaining agreements remain subject to and limited by laws of public order. […] From the foregoing it is inferred that this Chamber has already ruled on the scope of coverage of the collective bargaining agreement. And we now add, that in any event this regulation cannot reform ordinary law that confers powers to constitutional bodies, nor other legal provisions that have nothing to do with the content of individual employment contracts." (Emphasis supplied). From what has been transcribed, it is deduced that what is agreed in a collective agreement or bargaining agreement (convenio o convención colectiva) cannot contravene what is established by law, especially when it is of public order, since such instrument, as to its content, must be subject to the legal regulations (article 58 of the Labor Code), but, on the other hand, it can indeed exceed the minimum guarantees that have been legally established.
In the matter under study, the application of the provisions of article 62 of the Tenth Amendment to the V Collective Bargaining Agreement (V Convención Colectiva), signed on February 1, 2002, is claimed. According to said norm: "The Banco Nacional de Costa Rica shall recognize to its employees, starting from the year 2001, the remuneration called School Salary (Salario Escolar), which shall be equivalent to 1% of the salaries earned by the employee that year. Said sum shall be made effective in January of the year 2002. The following year (2002) and consecutive years shall increase that percentage by 1.25% each year until completing 8%." (See copy of the text of said amendment in a separate file). As the main claim, the plaintiff union (sindicato accionante) requested that the judgment declare that the defendant entity breached said conventional norm, and therefore it should be ordered "to pay each of its workers the agreed amount of the school salary corresponding to the entire year 2001, in the order of 1% of the salaries earned that year, and in the order of the additional 1.25% (accumulated at 2.25%), corresponding to the salaries earned in the first semester of the year 2002, all in accordance with the terms of the aforementioned article 62, together with the corresponding adjustments." (Sic.
Folios 1-13). The aforementioned bargaining agreement was approved (homologada) by the Department of Labor Relations of the Ministry of Labor and Social Security through resolution No. DRT-090-2002, of 10:00 a.m. on April 18, 2002. (Folios 15-16). Administratively, the representatives of SEBANA formulated the respective claims for the recognition of said payment (folios 18-24), but the Bank denied the petition based on the disapproval (improbación) ordered by the Contraloría General, thereby considering the administrative channel exhausted (folios 17 and 25-30). This position of the Bank coincides with the arguments that its representative has put forward in court, where the presence of the aforementioned legal impediment has been emphatically alleged. According to what was decided by the lower court, the plaintiff's claims are not admissible insofar as the payment corresponding to the school salary was disapproved by the Contraloría General de la República, for which reason the principle of budgetary legality that governs the Public Administration is applicable.
Through official letter FOE-FEC-401, dated May 28, 2002, the Manager of the Area of Financial Services, Economy, and Commerce of the Operative and Evaluative Oversight Division of the Contraloría General de la República informed the General Manager of the Banco Nacional of the partial approval of external modification 2-2002 to the banking entity's current budget. However, it was also stated in said document: "… you are informed that the budget allocation to support the payment of the School salary is disapproved, because the legal effects arising from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which the provisions of article 57 of the Labor Code are complied with, and therefore it is not appropriate to make the proposed payment retroactively to the year 2001. / Additionally, we must point out that the concept 'school salary' is used in the public sector as a mechanism through which part of the salary increases approved in the corresponding period are paid in a deferred manner, such that a percentage of said increase is withheld from each worker, which will be paid in the month of January of the following year, and it is these withholdings that justify the payment of the referred concept. / Consequently, the disapproved sum must be transferred to 'funds without budgetary allocation,' and thus reflected in the budget execution reports." (Sic.
Folio 75). By reason of the foregoing, the General Manager of the institution filed a new request for reconsideration of said petition (folios 47-48); however, through official letter FOE-FEC-534, of July 16, 2002, what was sought by the banking entity was again denied. On that occasion it was concluded: "In the opinion of this Contraloría General, clause 62 of the collective bargaining agreement is not inappropriate, insofar as it is applied under the same terms in force in the Public Administration, which implies that it cannot be given retroactive effect. / Consequently, the Banco Nacional is obliged to withhold from its workers the percentage agreed in the collective bargaining agreement for the school salary concept, which may be made effective only when this condition is met, according to the paragraph (sic) of the legal opinion of that banking entity. / By virtue of the foregoing, we maintain unchanged the disapproval contained in official letter No. 6193 dated May 28, 2002." (Folios 59-74).
In accordance with the foregoing, it is necessary to analyze whether the appellant's claims are acceptable, or whether the decision of the appeals body should be upheld. In view of the criticisms raised by the plaintiff, it is important to note that although, in application of the provisions of article 188 of the Political Constitution and in relation to the decisions of the Constitutional Chamber mentioned above, the defendant Bank enjoys administrative autonomy, it is also true that, in matters of governance, it is subject to the law. Based on the decisions issued by the Constitutional Chamber, it is concluded that, regarding salary policy matters (which are matters of governance and not administrative), conventional regulations must be consistent with the so-called general policy which, as such, contains the uniform criteria prevailing, in principle, throughout the entire Public Administration, for the purposes of ensuring a uniform and universal state public employment regime.
Now, despite the foregoing, in the matter under analysis, the oversight entity (entidad contralora) based its disapproval of the payment sought by the union on two grounds, namely: that the legal effects arising from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which the provisions of article 57 of the Labor Code are complied with, and therefore it is not appropriate to make the proposed payment retroactively to the year 2001; and, on the other hand, that the concept of "school salary" is used in the public sector as a mechanism through which part of the salary increases approved in the corresponding period are paid in a deferred manner, such that a percentage of said increase is withheld from each worker, which will be paid in the month of January of the following year, and it is these withholdings that justify the payment of the referred concept. It is, then, on this context that the grievances of the appeal must be analyzed, insofar as the competence of this Chamber is limited to reviewing whether the administrative act that disapproved the budget allocation for that effect is in accord or not with the legal system.
In the first place, it must be stated that, by virtue of the reformative power of the collective bargaining agreement analyzed above, both parties agreed to the creation of a supplementary salary (sobresueldo) which was termed "school salary," although it was not regulated in the same manner as the type of salary created by decree for the rest of the public sector.
Thus, what the parties did was to attempt to exceed the legal minimum for the benefit of the workers, and therefore the name given to it in the collective bargaining agreement (convención colectiva) is irrelevant, since, as stated, the intent of the parties was to create an additional salary (sobresueldo) in accordance with the reforming powers derived from a collective bargaining agreement for the purpose of exceeding legal minimums for the benefit of the workers. Furthermore, as previously indicated, the Office of the Comptroller General (Contraloría General), in determining the impropriety of retroactive payment to the year 2001, cited as its basis the provision of Article 57 of the Labor Code (Código de Trabajo), in that it considered that the legal effects derived from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which the requirement established in said provision is fulfilled.
Said article, in pertinent part, provides that the aforementioned instrument shall have no legal validity except from the date on which a copy thereof is deposited with the Office of Union Affairs and Administrative Conciliation (Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa) of the Ministry of Labor and Social Security (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social); that is, from that moment forward, what was agreed upon under the terms stipulated by the negotiating parties may be demanded. Hence, what is established in that provision does not constitute any legal impediment to the payment being ordered retroactively, for it was so agreed, making it evident that the basis given by the controlling entity is erroneous, given that it confused the validity of the act with its effectiveness, the latter circumstance being the one referred to by the aforementioned provision. Moreover, what was agreed upon in those terms is considered reasonable, given that the negotiation of the aforementioned instrument had already begun by that time, and precisely because of the delay in the procedure, ordering its payment from the outset was further justified.
In relation to the foregoing, it must be clarified that according to the second allegation of fact in the complaint, admitted by the defendant’s representative, the commencement of negotiations took place in December 2000. Note that the conventional provision even stated that the referenced payment would be made effective in January 2002. In that regard, this Chamber (Sala) finds that the reasons invoked by the controlling body did not justify denying approval of the budget line item. VII.- FINAL CONSIDERATIONS: According to the foregoing, it is worth clarifying that this matter cannot be viewed as a proceeding for awarding specific obligations, since the union would lack standing for that under the terms of Article 360 of the Labor Code; rather, it must be considered that what was demanded by said entity—in its capacity as counterparty to the conventional instrument—was compliance with the provisions of the referenced conventional provision, which is why specific collections along with the claimed interest are not appropriate in this proceeding.
Based on the foregoing, the appealed judgment must be reversed, only insofar as it denied the union’s claim regarding the breach of the retroactive effects provided for in Article 62 of the collective bargaining agreement, and consequently, the defendant must pay its workers the agreed amount of the school salary (salario escolar) for the entire year of two thousand one—in the order of one percent of the salaries earned that year—and the additional one point twenty-five percent—cumulatively two point twenty-five percent—referring to the salaries earned in the first semester of two thousand two. Likewise, it is appropriate to uphold the trial court’s decision to resolve the matter without special award of costs (costas), finding that the defendant Bank acted with evident good faith, inasmuch as it was willing, in the administrative venue, to recognize the right in light of the conventional regulations, which it did not do due to the act issued by the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) (Article 222 of the Code of Civil Procedure, Código Procesal Civil).
In all other respects, the appealed ruling must be affirmed.” In relation to those instruments, in a similar vein, the second paragraph of Article 54 of the Labor Code (Código de Trabajo) establishes “… The collective bargaining agreement (convención colectiva) has the character of professional law and all existing individual or collective contracts, or those subsequently entered into in the enterprises, industries, or regions it affects, must conform to its rules…”. For its part, numeral 55 idem provides: “The stipulations of the collective bargaining agreement have the force of law for: a) The parties that have subscribed it, having justified their legal standing in accordance with the provisions of Article 51; b) All persons who, at the time it enters into force, work in the enterprise, enterprises, or production centers to which the agreement refers, insofar as they are benefited, even when they are not members of the trade union or unions that concluded it; and c) Those who in the future conclude individual or collective contracts within the same enterprise, enterprises, or production center affected by the agreement, on the understanding that said contracts may not be concluded under conditions less favorable to the workers than those contained in the collective bargaining agreement.” In relation to this subject, in vote number 227, at 9:30 a.m. on April 1, 2005, this Chamber warned: “Nonetheless, the force of law is conferred upon them insofar as the collective bargaining agreements have been agreed in accordance with the law.
From the foregoing, a subordination of these to the legislative power of the State is inferred.” (In the same sense, see, from this Chamber, ruling No. 213, at 11:00 a.m. on March 30, 2007). Now, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in vote number 1355, at 12:18 p.m. on March 22, 1996, referring to the reform power of collective bargaining agreements, resolved: “Because Article 62 of the Political Constitution expressly so provides, collective labor agreements concluded in accordance with the law have the force of law between the contracting parties. And as we have said that one of the objectives of collective labor agreements is to review the minimum content of the legal benefits established for workers, in principle, it is possible to argue that it is legally valid for a collective bargaining agreement to introduce modifications or reforms of a legal nature. But since Article 129 of the Political Constitution indicates that laws are obligatory and can only be repealed by a subsequent one, we must conclude that a norm of a collective bargaining agreement cannot remove the validity of ordinary laws; rather, in the case of labor relations, they can in fact surpass those existing minimums, but only for the specific case at hand, with the law maintaining its validity.
That is to say, the normative provisions of collective labor agreements must adjust to the existing legal labor norms, which they can surpass when it comes to granting benefits to workers, provided that provisions of an imperative nature are not affected or repealed, by which it is meant that collective labor agreements are subject to and limited by public order laws. […] From the foregoing, it is inferred that this Chamber has already resolved on the scope of coverage of the collective bargaining agreement. And we now add that in any case, that normative body cannot reform the ordinary law that confers powers upon constitutional bodies, nor other legal provisions that do not relate to the content of individual labor contracts.” (Emphasis supplied). From the transcribed text, it is deduced that what is agreed upon in a collective agreement or convention cannot go against what is established in the law, especially when the latter is of public order, since such an instrument, as to its content, must be subject to the legal regulations (Article 58 of the Labor Code) but, on the other hand, through it, the minimum guarantees that have been legally established can indeed be surpassed.
In the matter under study, the application of the provisions of Article 62 of the Tenth Reform to the V Collective Bargaining Agreement (Convención Colectiva), signed on February 1, 2002, is demanded. According to said rule: "The Banco Nacional de Costa Rica shall recognize for its employees, as of the year 2001, the remuneration called School Salary (Salario Escolar), which shall be equivalent to 1% of the salaries earned by the employee that year. Said sum shall be made effective in January of the year 2002. The following year (2002) and consecutive years, that percentage shall increase by 1.25% each year until completing 8%." (See a copy of the text of said reform in a separate dossier). As its main claim, the plaintiff trade union requested that the judgment declare that the defendant entity breached said contractual norm, and therefore it should be ordered "to pay each of its workers the agreed amount of the school salary corresponding to the entire year 2001, in the order of 1% of the salaries earned that year, and in the order of the additional 1.25% (accumulated 2.25%), corresponding to the salaries earned in the first semester of the year 2002, all in accordance with the terms of Article 62 cited above, together with the corresponding adjustments." (Sic.
Folios 1-13). The aforementioned agreement was homologated by the Labor Relations Department of the Ministry of Labor and Social Security through resolution No. DRT-090-2002, at 10:00 a.m. on April 18, 2002. (Folios 15-16). Administratively, the representatives of SEBANA formulated the respective claims for the recognition of said payment (folios 18-24), but the Bank denied the petition based on the disapproval ordered by the Office of the Comptroller General (Contraloría General), thereby deeming the administrative channel exhausted (folios 17 and 25-30). This position of the Bank coincides with the arguments that its representative has indicated in the judicial channel, where the presence of the aforementioned legal impediment has been emphatically alleged. According to what was resolved by the court, the plaintiff's claims are not admissible insofar as the payment corresponding to the school salary was disapproved by the Office of the Comptroller General of the Republic, and therefore the principle of budget legality that governs the Public Administration is applicable.
Through official communication FOE-FEC-401, dated May 28, 2002, the Manager of the Financial Services, Economy and Commerce Area of the Operational and Evaluative Auditing Division of the Office of the Comptroller General of the Republic informed the general manager of the Banco Nacional of the partial approval of external modification 2-2002 to the current budget of the banking entity. However, in addition, it was stated in said document: "… you are hereby notified that the budget provision to support that related to the payment of the School Salary is disapproved, since the legal effects deriving from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which compliance with the provisions of Article 57 of the Labor Code is fulfilled, and therefore it is not appropriate to make the proposed payment retroactively to the year 2001. / Additionally, we must indicate that the concept 'school salary' is used in the public sector as a mechanism through which part of the salary increases approved in the corresponding period is paid in a deferred manner, such that a percentage of said increase is withheld from each worker, which will be paid in the month of January of the following year, and it is these withholdings that justify the payment of the referred concept. / Consequently, the disapproved sum must be transferred to 'funds without budget assignment', and reflected thus in the budget execution reports." (Sic.
Folio 75). By reason of the foregoing, the institution's general manager submitted a new request for reconsideration of said petition (folios 47-48); however, through official communication FOE-FEC-534, dated July 16, 2002, what was sought by the banking entity was once again denied. On that occasion, it was concluded: "In the opinion of this Office of the Comptroller General, clause 62 of the collective bargaining agreement is not inadmissible, insofar as it is applied under the same terms in force in the Public Administration, which implies that it cannot be given retroactive effect. / Consequently, the Banco Nacional is obliged to withhold from its workers the percentage agreed upon in the collective bargaining agreement for the concept of school salary, which may be made effective only once this condition is met, in accordance with the paragraph (sic) of the legal opinion of that banking entity. / By virtue of the foregoing, we maintain unchanged the disapproval contained in official communication No. 6193 dated May 28, 2002." (Folios 59-74).
In accordance with the foregoing, it is necessary to analyze whether the appellant's claims are receivable, or whether what was resolved by the appellate body should be upheld. In view of the criticisms expressed by the plaintiff, it is important to highlight that although, in application of the provisions of Article 188 of the Political Constitution and in relation to the resolutions of the Constitutional Chamber mentioned earlier, the defendant Bank enjoys administrative autonomy, it is also true that, in matters of government, it is subject to the law. Based on the resolutions emanating from the Constitutional Chamber, it is concluded that, regarding matters of salary policy (which is a government matter and not an administrative one), the conventional regulations must be consistent with the so-called general policy, which, as such, contains the uniform criteria prevailing, in principle, throughout the entire Public Administration, for the purpose of pursuing a uniform and universal state public employment regime.
Now, despite the foregoing, in the matter under analysis, the comptroller entity based itself on two reasons to disapprove the payment sought by the trade union, namely: that the legal effects derived from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which compliance with the provisions of Article 57 of the Labor Code is fulfilled, and therefore it is not appropriate to make the proposed payment retroactively to the year 2001; and, on the other hand, that the concept of "school salary" is used in the public sector as a mechanism through which part of the salary increases approved in the corresponding period is paid in a deferred manner, so that a percentage of said increase is withheld from each worker, which will be paid in the month of January of the following year, and it is these withholdings that justify the payment of the referred concept. It is, then, upon this context that the grievances of the appeal must be analyzed, insofar as this Chamber's competence is limited to reviewing whether the administrative act that disapproved the budget line item for said effect is or is not in accordance with the legal system.
Firstly, it must be indicated that, by virtue of the reform power of the collective bargaining agreement analyzed above, both parties agreed to the creation of a supplementary salary (sobresueldo) to which they gave the name “school salary”, although it was not regulated in the same manner as the type of salary created by decree for the rest of the public sector. Thus, what the parties did was try to surpass the legal minimum for the benefit of the workers; hence, the name given to it in the collective bargaining agreement is irrelevant, because, as stated, the will of the parties was to create a supplementary salary in accordance with the reform powers derived from a collective bargaining agreement, for the purpose of surpassing the legal minimums for the benefit of the workers. On the other hand, as indicated above, the Office of the Comptroller General, to determine the inadmissibility of the payment retroactively to the year 2001, cited as its basis the provisions of Article 57 of the Labor Code, insofar as it considered that the legal effects derived from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which compliance with the provisions of said norm is fulfilled.
Said numeral, in what is relevant herein, provides that the aforementioned instrument shall have no legal validity except from the date on which a copy thereof is deposited with the Office of Trade Union Affairs and Administrative Conciliation of the Ministry of Labor and Social Security; that is, from that moment on, what was agreed upon may be demanded in the terms stipulated by the negotiating parties. Hence, what is established in that norm does not constitute any legal impediment for the payment to have been ordered retroactively, since it was so agreed; thus, it is evident that the basis given by the comptroller entity is erroneous, given that the validity of the act was confused with its effectiveness, the latter circumstance being what the aforementioned norm refers to. Furthermore, what was agreed upon in those terms is considered reasonable, given that the negotiation of the mentioned instrument had already begun at that time, and, precisely due to the delay in the procedure, ordering its payment from the outset was further justified.
In relation to the foregoing, it must be clarified that according to the second fact of the complaint, admitted by the representative of the defendant, the commencement of the negotiations took place in December 2000. Note that, even in the contractual norm, it was stated that the referred payment would be made effective in January of the year 2002. In that sense, this Chamber considers that the reasons invoked by the comptroller organ did not justify denying the approval of the line item.
According to the foregoing, it must be clarified that the present matter cannot be seen as a proceeding for judgment for specific obligations, since, for that, the trade union would not have standing, in accordance with the provisions of numeral 360 of the Labor Code; rather, it must be considered that what was sought by said entity – in its capacity as counterpart to the contractual instrument – was compliance with the provisions of the referenced conventional norm, which is why it is not appropriate in this proceeding to carry out specific collections together with the interest claimed. Based on the foregoing, the contested judgment must be reversed, only insofar as it denied the trade union’s claim in relation to the breach of the retroactive effects provided for in Article 62 of the collective bargaining agreement, and consequently, the defendant must pay its workers the agreed amount of the school salary corresponding to the entirety of the year two thousand one – in the order of one percent of the salaries earned that year – and the additional one point twenty-five percent – accumulated of two point twenty-five percent – referring to the salaries earned in the first semester of two thousand two.
Likewise, it is appropriate to maintain the court’s decision to resolve the matter without special condemnation for costs, as it is considered that the defendant Bank acted with evident good faith, given that, from the administrative venue, it was willing to recognize the right in light of the conventional regulations, which it did not do in the face of the act issued by the Office of the Comptroller General of the Republic (Article 222 of the Civil Procedure Code). In all other respects, the contested ruling must be affirmed.”
In accordance with the *Ley del Sistema Bancario Nacional* No. 1644, of September 26, 1953, the Banco Nacional is part of the Sistema Bancario Nacional together with the Banco Central, the Banco de Costa Rica, the Banco Crédito Agrícola de Cartago, and any other state banking entity that may be created in the future. Likewise, private commercial banks, established and administered in accordance with the provisions of Title VI of that law, also form part of said banking system. In turn, numeral 2 of that normative body provides: *“The state banks listed in the preceding article are autonomous institutions of public law, with their own legal personality and independence in administrative matters. They are subject to the law in matters of government and must act in close collaboration with the Executive Branch, coordinating their efforts and activities. Decisions regarding the functions placed under their competence may only emanate from their respective boards of directors.
In accordance with the foregoing, each bank shall have its own responsibility in the execution of its functions, which imposes on the members of the Board of Directors the obligation to act in accordance with their own judgment in the direction and administration of the bank, within the provisions of the Constitution, the pertinent laws and regulations, and the principles of technique, as well as the obligation to account for their management, totally and unavoidably, in accordance with Articles 27 and 28 of this law. (As amended by Article 2 of Law No. 4646 of October 20, 1970)”*. (Emphasis supplied). In turn, ordinal 3 *ídem* stipulates: *“The following essential functions are incumbent upon the banks:
From the foregoing, it is inferred that the Banco Nacional de Costa Rica is an autonomous institution of Public Law, with its own legal personality and full administrative autonomy, although in matters of government it is subject to the law, as will be analyzed more thoroughly in the following recital.
It is important to highlight that Article 188 of the *Constitución Política*, amended by Law No. 4123, of May 31, 1968, establishes: “*The autonomous institutions of the State enjoy administrative independence and are subject to the law in matters of government. Their directors are responsible for their management*”. (The bold does not belong to the original). Subsequently, numeral 189 stipulates: “*The following are autonomous institutions:
Now then, by virtue of the foregoing, it is justified that the Banco Nacional de Costa Rica is subject to the supervision, not only of the Superintendencia General de Entidades Financieras, but also of the Contraloría General de la República, an entity governed by its Organic Law No. 7428 of September 7, 1994, according to which, it *"is a fundamental constitutional organ of the State, auxiliary to the Legislative Assembly in the superior control of the Public Treasury (Hacienda Pública) and the governing body of the oversight system contemplated by this Law."* (Article 1). In turn, numeral 2 provides: *"In the exercise of its powers, the Contraloría General de la República enjoys absolute functional and administrative independence, with respect to any Branch, public entity, or organ. Its decisions are only subject to the Constitución Política, international treaties or conventions, and the law.
The Comptroller General of the Republic and the Deputy Comptroller General of the Republic are accountable to the Legislative Assembly for the fulfillment of their duties."* In Article 4, the scope of its competence is defined, for which it is indicated: *"The Contraloría General de la República shall exercise its competence over all entities and organs that make up the Public Treasury (Hacienda Pública). The criteria issued by the Contraloría General de la República, within the scope of its competence, shall be binding for the passive subjects subject to its control or oversight."* (Emphasis supplied). Article 8 defines what constitutes the public treasury by stating that it *"shall be constituted by public funds, the powers to receive, administer, safeguard, conserve, manage, spend, and invest such funds, and the legal, administrative, and financial norms relating to the budget process, administrative contracting, internal and external control, and the responsibility of public officials.
Regarding non-state public entities, companies with minority public sector participation, or private entities, only the resources they administer or dispose of, by any title, to achieve their purposes and that have been transferred or placed at their disposal, through a legal norm or budget line item, by the Branches of the State, their dependencies and auxiliary organs, the Tribunal Supremo de Elecciones, the decentralized administration, state universities, municipalities, and state banks, shall form part of the Public Treasury. Resources of origin different from those indicated do not form part of the Public Treasury; consequently, the applicable legal regime for those entities is that contained in the Laws that created them or the special regulations governing them. Public patrimony shall be the universe constituted by public funds and the liabilities of the subjects comprising the Public Treasury.
The subjects comprising the Public Treasury shall be the State and the other public entities or organs, whether state or not, and public enterprises, as well as subjects of Private Law, insofar as they administer or safeguard public funds by any title, with the exceptions established in the preceding paragraph. (As amended by subsection d) of Article 126 of Law 8131 of September 18, 2001, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos)"*. Numeral 9 conceptualizes the term public funds, for which, it refers that they *"are the resources, securities, goods, and rights owned by the State, by organs, companies, or public entities."* Furthermore, according to said law: *"It is incumbent upon the Contraloría General de la República to examine for approval or rejection, total or partial, the budgets of the entities referred to in Article 184 of the Constitución Política, as well as those of the rest of the decentralized administration, semi-autonomous institutions, and public enterprises.
Non-state public entities must comply with this requirement when a special law so requires. In the event that any budget is rejected, the budget of the immediately preceding year shall govern. If the rejection of the budget is partial, until the deficiencies are corrected, the prior year's budget shall govern with respect to what was rejected. Organs, executing units, funds, programs, and accounts that administer resources independently must likewise comply with the provisions of this article. The Contraloría General de la República shall determine, by reasoned resolution for these cases, the budgets that are excluded from this procedure due to their amount. The Contraloría General de la República shall oversee that budgets are formulated and presented for each fiscal year, in accordance with legal and technical provisions. If the Contraloría delays the processing and approval of a budget, the former budget shall continue to govern until the Contraloría issues its ruling.
In the case of programs or projects whose execution extends beyond said period, the entity formulating the budget must demonstrate, to the satisfaction of the Contraloría General de la República, that it will have the complementary financing to complete the respective program and project."* (Article 18, amended by subsection d) of Article 126 of Law No. 8131, of September 18, 2001, *Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos*). Finally, numeral 25 of that same law stipulates the powers regarding control of revenues and exemptions by providing: *"The Contraloría General de la República may oversee whether those responsible within the active administration, charged with the determination, collection management, receipt, custody, and deposit of revenues and other public funds, fully meet their functions. The Contraloría, in accordance with the availability of its resources, shall oversee that the dependencies of the active administration charged with granting to private subjects, gratuitous patrimonial benefits, or benefits without any consideration whatsoever, adjust their action to the legal framework and efficiently carry out control over the use and destination of those benefits, within the limits set forth in this Law."*
In accordance with the foregoing, it is clear that there exists the possibility that, with the limitations imposed by the legal system and as the Constitutional Chamber has come to define, collective bargaining agreements (convenciones colectivas), which have the force of law by constitutional provision (Article 62 of the *Constitución Política*), may be concluded in an autonomous institution, such as the Banco Nacional de Costa Rica.
In relation to those instruments, in a similar vein, the second paragraph of article 54 of the Labor Code (Código de Trabajo) establishes “… The collective bargaining agreement has the character of professional law and all existing individual or collective contracts, or those subsequently entered into in the companies, industries, or regions it affects, must adapt to its norms…”. For its part, numeral 55 idem provides: “The stipulations of the collective bargaining agreement have the force of law for: a) The parties that have signed it, having justified their representation in accordance with the provisions of article 51; b) All persons who, at the time it enters into force, work in the company, companies, or production centers to which the agreement refers, insofar as they are benefited and even when they are not members of the trade union or trade unions of workers that entered into it; and c) Those who, in the future, enter into individual or collective contracts within the same company, companies, or production center affected by the agreement, on the understanding that such contracts may not be entered into under conditions less favorable to the workers than those contained in the collective bargaining agreement.” In relation to this matter, in vote number 227, at 9:30 a.m. on April 1, 2005, this Chamber warned: “Notwithstanding, the force of law is conferred upon them insofar as the collective bargaining agreements have been agreed upon in accordance with the law.
From the foregoing, a subordination of these to the legislative power of the State is inferred.” (In the same sense, see, from this Chamber, judgment no. 213, at 11:00 a.m. on March 30, 2007). Now then, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in vote number 1355, at 12:18 p.m. on March 22, 1996, referring to the reforming power of collective bargaining agreements, resolved: “Because article 62 of the Political Constitution (Constitución Política) expressly provides so, collective bargaining agreements entered into in accordance with the law have the force of law between the contracting parties. And as we have said that one of the objectives of collective bargaining agreements is to review the minimum content of the legal benefits established for workers, in principle, it is possible to argue that it is legally valid for a collective bargaining agreement to introduce modifications or reforms of a legal nature.
But as article 129 of the Political Constitution indicates that laws are mandatory and can only be repealed by a later one, we must conclude that a norm of a collective bargaining agreement cannot render ordinary laws ineffective, but rather, in the case of labor relations, those existing minimums can in fact be surpassed, but only for the specific case in question, with the law maintaining its effectiveness. That is, the normative provisions of collective bargaining agreements must conform to the existing labor legal norms, which they may surpass when it comes to granting benefits to workers, provided that provisions of an imperative nature are not affected or repealed, by which it is meant that collective bargaining agreements remain subject to and limited by public order laws. […] From the foregoing it is inferred that this Chamber has already resolved on the scope of coverage of the collective bargaining agreement.
And we now add, that in any case that regulation cannot reform the ordinary law that confers powers on constitutional bodies, nor other legal provisions that have nothing to do with the content of individual employment contracts.” (Emphasis supplied). From the transcribed text, it is deduced that what is agreed upon in a collective agreement or bargaining agreement cannot go against what is established in the law, especially when this is of public order, since such an instrument, as to its content, must be subject to the legal regulations (article 58 of the Labor Code) but, on the other hand, through it, the minimum guarantees that have been legally established can indeed be surpassed.
In the matter under study, the application of the provisions of article 62 of the Tenth Reform to the V Collective Bargaining Agreement (Décima Reforma a la V Convención Colectiva), signed on February 1, 2002, is claimed. According to said norm: “The Banco Nacional de Costa Rica will recognize for its employees, starting from the year 2001, the remuneration called School Salary (Salario Escolar), which will be equivalent to 1% of the salaries earned by the employee that year. Said sum will become effective in January of the year 2002. The following year (2002) and subsequent years, that percentage will increase by 1.25% each year until completing 8%.” (See copy of the text of said reform contained in a separate file). As the main claim, the plaintiff union requested that the judgment declare that the defendant entity breached said conventional norm, for which reason it should be ordered “to pay each of its workers the agreed amount of the school salary corresponding to the entire year 2001, in the amount of 1% of the salaries earned that year, and in the amount of an additional 1.25% (accumulated 2.25%), corresponding to the salaries earned in the first semester of the year 2002, all in accordance with the terms of the aforementioned article 62, together with the corresponding adjustments.” (Sic.
Folios 1-13). The aforementioned agreement was approved (homologada) by the Department of Labor Relations of the Ministry of Labor and Social Security (Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) through resolution no. DRT-090-2002, at 10:00 a.m. on April 18, 2002. (Folios 15-16). Administratively, the representatives of SEBANA formulated the respective claims for the recognition of said payment (folios 18-24), but the Bank denied the request based on the rejection (improbación) that the Office of the Comptroller General (Contraloría General) had ordered, thereby considering the administrative channel exhausted (folios 17 and 25-30). This position of the Bank coincides with the arguments that its representative has indicated in the judicial channel, where the presence of the aforementioned legal impediment has been emphatically alleged. According to what was resolved by the court, the plaintiff’s claims are not admissible insofar as the payment corresponding to the school salary was rejected (improbado) by the Office of the Comptroller General of the Republic, for which reason the principle of budget legality (principio de legalidad presupuestario) that governs the Public Administration is applicable.
Through official communication FOE-FEC-401, dated May 28, 2002, the Manager of the Financial Services, Economy and Commerce Area of the Division of Operative Supervision and Evaluation of the Office of the Comptroller General of the Republic informed the general manager of Banco Nacional of the partial approval of external modification 2-2002 to the current budget of the banking entity. However, in addition, that document recorded: “… you are notified that the budgetary provision to support the payment of the School salary is rejected (imprueba), because the legal effects derived from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which the provisions of article 57 of the Labor Code are complied with, for which reason it is not proper to make the proposed payment retroactively to the year 2001. / Additionally, we must indicate to you that the concept ‘school salary’ is used in the public sector as a mechanism through which part of the approved salary increases in the corresponding period are paid in a deferred form, in such a way that a percentage of said increase is withheld from each worker, which will be paid in the month of January of the following year, it being these withholdings that justify the payment of the referred concept. / Consequently, the rejected sum must be transferred to ‘funds without budgetary allocation’, and reflected thus in the budget execution reports.” (Sic.
Folio 75). By reason of the foregoing, the institution’s general manager presented a new request for that petition to be reconsidered (folios 47-48); however, through official communication FOE-FEC-534, of July 16, 2002, what was sought by the banking entity was again denied. On that occasion it was concluded: “In the opinion of this Office of the Comptroller General, clause 62 of the collective bargaining agreement is not improper, insofar as it is applied under the same terms in force in the Public Administration, which implies that it cannot be given retroactive effect. / Consequently, Banco Nacional is obliged to withhold from its workers the percentage agreed upon in the collective bargaining agreement as school salary, which may become effective only once this condition is met, in accordance with the paragraph (sic) of the legal opinion of that banking entity. / By virtue of the foregoing, we maintain the rejection (improbación) contained in official communication No. 6193 of May 28, 2002 unchanged.” (Folios 59-74).
In accordance with the foregoing, it is appropriate to analyze whether the appellant’s claims are receivable, or whether the decision of the appellate body should be upheld. In consideration of the reproaches set forth by the plaintiff, it is important to highlight that although, in application of the provisions of article 188 of the Political Constitution and in relation to the resolutions of the Constitutional Chamber mentioned above, the defendant Bank enjoys administrative autonomy, it is also true that, in matters of governance (gobierno), it is subject to the law. Based on the resolutions emanating from the Constitutional Chamber, it is concluded that, regarding matters of salary policy (which is of governance and not administrative), the conventional regulations must be consistent with the so-called general policy which, as such, contains the uniform criteria prevailing, in principle, throughout the entire Public Administration, for the purposes of seeking a uniform and universal state regime of public employment.
Now then, despite the foregoing, in the matter under analysis, the comptroller entity based its rejection (improbar) of the payment requested by the union on two grounds, namely: that the legal effects derived from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which the provisions of article 57 of the Labor Code are complied with, for which reason it is not proper to make the proposed payment retroactively to the year 2001; and, on the other hand, that the concept of “school salary” is used in the public sector as a mechanism through which part of the approved salary increases in the corresponding period are paid in a deferred form, so that a percentage of said increase is withheld from each worker, which is paid in the month of January of the following year, it being these withholdings that justify the payment of the referred concept. It is, then, upon this context that the grievances of the appeal must be analyzed, as the competence of this Chamber is limited to reviewing whether the administrative act that rejected (improbó) the budget allocation for said purpose is or is not in accordance with the legal system.
In the first place, it must be indicated that, by virtue of the reforming power of the collective bargaining agreement analyzed previously, both parties agreed on the creation of an extra salary (sobresueldo) which was called “school salary,” although it was not regulated in the same manner as the type of salary created by decree for the rest of the public sector. Thus, what the parties did was try to surpass the legal minimum for the benefit of the workers, hence the denomination given to it in the collective bargaining agreement is irrelevant, since, as stated, the will of the parties was to create an extra salary in accordance with the reforming powers derived from a collective bargaining agreement for the purpose of surpassing the legal minimums for the benefit of the workers. On the other hand, as previously indicated, the Office of the Comptroller General, in order to determine the impropriety of the payment retroactively to the year 2001, cited as a basis the provisions of article 57 of the Labor Code, insofar as it deemed that the legal effects derived from the application of the Collective Bargaining Agreement arise from the date on which the provisions of that norm are complied with.
Said numeral, in what is relevant, provides that the aforementioned instrument shall have no legal value except as of the date on which a copy thereof is deposited with the Office of Union Affairs and Administrative Conciliation (Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa) of the Ministry of Labor and Social Security, that is, as of that moment what was agreed upon may be demanded in the terms stipulated by the negotiating parties. Hence, what is established in that norm does not constitute any legal impediment for the payment to be ordered retroactively, since it was agreed upon in that way, such that it is evident that the basis given by the comptroller entity is erroneous, given that it confused the validity of the act with its efficacy, the latter circumstance being what the aforementioned norm refers to. Furthermore, what was agreed upon in those terms is deemed reasonable, given that by that time the negotiation of the mentioned instrument had already begun and, precisely, due to the delay in the procedure, ordering its payment from the outset was even more justified.
In relation to the foregoing, it must be clarified that according to the second fact of the complaint, admitted by the representative of the defendant, the start of the negotiations took place in December 2000. Note that, even in the conventional norm, it was indicated that the referred payment would become effective in January of the year 2002. In that sense, this Chamber deems that the reasons invoked by the comptroller body did not justify denying the approval of the allocation.
According to what has been set forth above, it is appropriate to clarify that the present matter cannot be viewed as a process for the enforcement of particular obligations (proceso de condena por obligaciones particulares), since, for that, the union would not have standing, in accordance with the provisions of numeral 360 of the Labor Code; rather, it must be considered that what was demanded by said entity—in its capacity as counterparty to the conventional instrument—was compliance with the provisions of the referred conventional norm, which is why it is not proper in this proceeding to carry out specific collections together with the interest claimed. Based on the foregoing, the challenged judgment must be overturned, solely insofar as it denied the union’s claim in relation to the non-compliance with the retroactive effects provided for in article 62 of the collective bargaining agreement and, consequently, the defendant must pay its workers the agreed amount of the school salary corresponding to the entire year two thousand one—in the amount of one percent of the salaries earned that year—and of the additional one point twenty-five percent—accumulated two point twenty-five percent—referring to the salaries earned in the first semester of two thousand two.
Likewise, it is proper to maintain the court’s decision to resolve the matter without special award of costs because it is deemed that the defendant Bank acted with evident good faith, since, from the administrative venue, it was willing to recognize the right in light of the conventional regulations, which it did not do in the face of the act emanating from the Office of the Comptroller General of the Republic (article 222 of the Code of Civil Procedure, Código Procesal Civil). In all other respects, the appealed ruling must be confirmed.”
“III.- NATURALEZA JURÍDICA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: De conformidad con la Ley del Sistema Bancario Nacional n° 1644, del 26 de septiembre de 1953, el Banco Nacional integra el Sistema Bancario Nacional en conjunto con el Banco Central, el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola de Cartago y cualquier otra entidad bancaria del Estado que en el futuro llegare a crearse. Asimismo, conforman dicho sistema bancario los bancos comerciales privados, establecidos y administrados conforme con lo prescrito en el Título VI de esa ley. Por su parte, el numeral 2 de ese cuerpo normativo dispone: “Los bancos del Estado enumerados en el artículo anterior son instituciones autónomas de derecho público, con personería jurídica propia e independencia en materia de administración. Están sujetos a la ley en materia de gobierno y deben actuar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, coordinando sus esfuerzos y actividades.
Las decisiones sobre las funciones puestas bajo su competencia sólo podrán emanar de sus respectivas juntas directivas. De acuerdo con lo anterior, cada banco tendrá responsabilidad propia en la ejecución de sus funciones, lo cual impone a los miembros de la Junta Directiva la obligación de actuar conforme con su criterio en la dirección y administración del banco, dentro de las disposiciones de la Constitución, de las leyes y reglamentos pertinentes y de los principios de la técnica, así como la obligación de responder por su gestión, en forma total e ineludible, de acuerdo con los artículos 27 y 28 de esta ley. (Así reformado por el artículo 2º de la ley Nº 4646 de 20 de octubre de 1970)”. (Énfasis suplido). Por su parte, el ordinal 3 ídem estipula: “Competen a los bancos las siguientes funciones esenciales:
Document not found. Documento no encontrado.