Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 36712-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/09/2026

Amparo Granted for Delayed Response to Noise-Contamination ComplaintAmparo por respuesta tardía ante contaminación sónica

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo because the noise- and environmental-pollution complaint did not receive a timely response, but the majority declined to award costs or damages, an issue on which Justice Salazar Alvarado partially dissented.La Sala declaró con lugar el amparo por falta de respuesta oportuna a la denuncia de contaminación sónica y ambiental, pero la mayoría no condenó en costas, daños y perjuicios, extremo sobre el cual el magistrado Salazar Alvarado salvó parcialmente el voto.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo proceeding because there was no timely response to a complaint concerning noise and environmental pollution attributed to Carnicería Plazoleta in San Antonio de Desamparados. The supplied text does not show that the majority decided the merits of the alleged pollution; rather, it identifies the delayed response as the basis for granting relief. The majority declined to award costs or damages against the respondent. Justice Salazar Alvarado issued a partial dissent limited to that issue, reasoning that Articles 50, 51, and 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional required an award in the abstract unless the absence of any compensable harm was clearly established. In his view, the existence and amount of specific compensation should be determined later within the administrative-litigation jurisdiction, not in the amparo proceeding. The dissent therefore would order costs and damages in the abstract while agreeing that the amparo should be granted.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo por la falta de una respuesta oportuna ante una denuncia relacionada con contaminación sónica y ambiental atribuida a la Carnicería Plazoleta, ubicada en San Antonio de Desamparados. El texto suministrado no indica que la mayoría resolviera el fondo de la contaminación denunciada, sino que identifica como motivo de la estimatoria la tardanza en responder. La mayoría eximió a la parte recurrida de la condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado emitió un voto salvado parcial exclusivamente sobre ese extremo: sostuvo que, conforme a los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la estimatoria debía incluir una condenatoria en abstracto, salvo acreditación clara de que no existió perjuicio indemnizable. Según su criterio, la cuantificación y procedencia concreta de las indemnizaciones corresponde posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al proceso de amparo.

Key excerptExtracto clave

Thus, the fact that the effects of the challenged act had already ceased by the time the amparo was considered and granted, under Articles 50 and 52 of the cited law, does not preclude an award of costs and damages, because that situation forms an integral part of the general system of mandatory awards governing those matters under the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Moreover, it is clear that the cited Article 52 applies only when the Chamber, although it has neither examined nor ruled on the merits of the claim, has confirmed the violation of the protected party’s fundamental rights through the Administration’s restoration of the enjoyment of those rights; a situation that, as the Chamber’s majority states, entails an “abnormal termination of the proceeding.” The legislature precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may order that form of abnormal termination of an amparo proceeding and its scope: 1) the amparo must be pending, meaning that the Administration has been duly notified of the decision admitting the amparo for processing; and 2) there must be an administrative or judicial decision that unequivocally orders the revocation, cessation, or suspension of the challenged conduct that violated fundamental rights.Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos."

    "Because nothing in this case rebuts the presumption that the challenged conduct caused the protected party economic harm—the specific determination of which does not belong to this jurisdiction—granting this proceeding must necessarily entail an award of costs and damages, and we would so declare."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria."

    "The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages because, as emphasized, that is not their primary purpose or rationale."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios."

    "The mere fact that, during the proceeding, the Administration issues a decision or a judicial judgment revokes, halts, or suspends the challenged conduct does not, by itself, rule out that the alleged inaction or complained-of interference caused harm before that cessation, whether attributable to the respondent entity or to another cause."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio."

    "Accordingly, the exemption from an award contemplated by that provision is exceptional, rather than the governing rule."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

  • "De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio."

    Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado

Full documentDocumento completo

036712-26. ALLEGES A PROBLEM OF NOISE AND ENVIRONMENTAL POLLUTION GENERATED BY A COMMERCIAL ESTABLISHMENT LOCATED IN SAN ANTONIO, DESAMPARADOS (Carnicería Plazoleta). GRANTED DUE TO FAILURE TO PROVIDE A TIMELY RESPONSE. RGS09/2026 “(…) Partial dissenting opinion of Justice Salazar Alvarado, solely concerning the decision not to order the respondent party to pay costs, damages, and losses. Although I agree with the rest of the Chamber that the application should be granted, I depart from the majority’s position insofar as it exempts the respondent party from being ordered to pay the costs, damages, and losses arising from the violation of the protected party’s fundamental rights.

Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides:

“If, while the amparo proceeding is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the application shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” Furthermore, Article 51 thereof provides:

“...every decision granting the application shall impose a general award of compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the proceeding, with their assessment reserved for enforcement of the judgment.” The latter provision establishes the general system governing compensation and the payment of costs, which the majority calls the “natural or ordinary means of terminating the proceeding, in which there is a ruling on the merits and recognition of the facts that violated fundamental rights....” In the majority’s view, the cited Article 51 governs situations in which the Chamber has found the grievance to be established and, consequently, an order to pay costs, damages, and losses becomes necessary. In the undersigned’s view, however, a systematic interpretation of both provisions leads to the conclusion that, both in cases in which this Constitutional Court finds a violation of a fundamental right and therefore grants the application, and in those in which the Administration, on its own initiative, restores the aggrieved person’s enjoyment of fundamental rights after learning of the amparo proceeding—the situation contemplated in the aforementioned Article 52—the necessary and unavoidable consequence, by operation of Articles 50 and 51 of the cited law, is an order requiring the violator to compensate the damages and losses caused and to pay the costs of the proceeding.

This rule is nothing more than recognition of the right of a party whose fundamental rights have been violated to effective judicial protection concerning redress for the harmful consequences arising from the acts or omissions of the offending authorities; it also serves as a deterrent so that the State does not again engage in the actions underlying the decision granting the application, a matter governed by Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance established and addressed the merits, or the violation has ceased by decision of the respondent authority after it learned that the amparo was being processed, thereby restoring the aggrieved person’s enjoyment of fundamental rights (Article 52), there is always, in either situation, an imperative need to order the violator to pay costs, damages, and losses. The basis for such an order lies in the principles of protecting individual rights and requiring the Administration to assume responsibility for the damages and losses caused by its unconstitutional conduct.

Accordingly, the fact that, when the amparo proceeding is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased under Articles 50 and 52 of the cited law does not preclude an order to pay costs, damages, and losses, because such a case forms an integral part of the general system of mandatory awards for those items established by the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Furthermore, it is clear that the aforementioned Article 52 applies only in cases in which the Chamber, although it has neither considered nor ruled on the merits of the claim, has found that the protected party suffered a violation of fundamental rights by virtue of the Administration’s decision to restore that party’s enjoyment of those rights; a situation which, as the majority of the Chamber states, constitutes an “abnormal termination of the proceeding.” The legislature precisely established and delimited the conditions under which this Chamber may order that form of abnormal termination of an amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) the amparo proceeding must be pending, meaning that the Administration must have been duly notified of the decision admitting the amparo application for processing; and 2) there must be an administrative or judicial decision unequivocally ordering the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violated fundamental rights.

The provision in question does indeed establish an exception to the general system of awards of costs, damages, and losses despite the application being granted, by providing that, in the cases governed by it, the application shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it applies only in the situations strictly contemplated by the provision, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying that exception unquestionably entail an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered through the violation of their constitutional rights.

In my view, that exception must be interpreted to mean that, under the general system providing for an automatic award of costs, damages, and losses when fundamental rights have been violated, such an award is always appropriate, even when the respondent party issues an administrative or judicial decision that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is unequivocally and clearly established that no compensable harm whatsoever was caused in the particular case. Only and exclusively in such circumstances could the respondent Administration be exempted from paying those items. Because, in this case, there is no evidence rebutting the presumption that the protected party sustained economic damages and losses arising from the challenged actions—the specific determination of which does not fall within this jurisdiction—granting this application must necessarily entail an award of costs, damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it should be emphasized that the primary purpose of the very nature and operation of amparo proceedings is not to analyze whether damages and losses exist, but rather whether acts or omissions exist that may cause or produce a breach of the system of individuals’ fundamental rights. From that standpoint, the analysis conducted by this Chamber focuses on that determination; it does not, however, undertake to assess whether those matters have caused harm in the strictly financial sphere of the protected persons. Although the aforementioned provision 52 of the LJC grammatically establishes that such an award (of damages, losses, and costs) applies when appropriate, the undersigned does not consider that this assessment of appropriateness may, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, insofar as it is in a separate ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship examined in the amparo proceeding, the conduct or omissions attributable to the Administration—or to a private-law entity, when appropriate—constituted the adequate cause of legally compensable financial harm.

By way of reference, Articles 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, establish a special proceeding whose purpose is to determine the economic effects arising from awards entered in these proceedings. Under provision 179 thereof, the purpose of that proceeding is as follows:

“ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo shall be responsible for enforcing judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against public-law entities, solely with respect to proving, assessing, and enforcing monetary compensation.” It is clear that this proceeding is directed toward examining the necessary antecedent issued by this Chamber in the form of a general award for those items, because claims of that kind would not be admissible in such cases when the judgment issued in the amparo proceeding expressly established that damages, losses, and/or costs were unavailable, or when there was no express ruling on that particular matter. In other words, the special proceeding before the administrative-litigation jurisdiction requires, as a sine qua non, an award or express ruling by this Constitutional Chamber. Accordingly, in my view, under the aforementioned provision 52 of the LJC, exemption from such a monetary award requires proof, in each case, of circumstances supporting a reasoned finding that no financial harm, even potential harm, arose from or was associated with the facts examined.

It is therefore an exception which, as such, requires qualified application, duly reasoned on a case-by-case basis. The mere fact that, while the proceeding is pending, the Administration issues a decision or a judicial judgment is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action does not, per se, rule out the possibility that, before such cessation for reasons attributable or unrelated to the entity against which the action was brought, the alleged inaction or challenged interference may have caused damages and losses. However, that substantive question—concerning whether the harm materialized, its amount, whether it was timely claimed, and so forth—entails assessments that fall outside the nature of these proceedings and which, under the aforementioned provision 52, properly belong to a general award that later serves as the basis for analysis within the administrative-litigation jurisdiction.

The protection sought in these constitutional proceedings does not require proof of damages and losses because, as stated, that is not their primary purpose or rationale. Thus, the protected person is not responsible for claiming or proving damages, since what that person seeks is protection of fundamental rights. Whether the administrative conduct caused that person harm is a matter that, as a matter of principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in proceedings of this kind. It should be noted that, in the situation governed by that provision, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation requiring protection because the amparo or habeas corpus proceeding has terminated as a result of the aforementioned supervening circumstance. Therefore, in such cases, the law precludes consideration of whether a violation occurred, and it is even less possible to determine whether the circumstances reported by the applicant could give rise to possible civil compensation.

Thus, the exemption from an award contemplated by that provision is exceptional, not the general rule. Consequently, in those situations, the provision requires a general award so that its appropriateness may be examined in separate plenary proceedings. Otherwise, if release from liability for damages, losses, and costs were applied as the rule, it would jeopardize protection of the legal position of a person who, despite that supervening response by the respondent party, may have suffered harm in the person’s financial sphere, contrary to Article 45 of the Constitución Política and in disregard of the Administration’s potential liability, as required by Article 9 thereof. Nor should it be overlooked that it was by virtue of an action of that kind that conduct was undertaken to end the actions that, in theory, threatened or infringed the person’s fundamental rights. In other words, to secure protection of those rights, the person sought judicial protection, and it was for that reason that the challenged interference ceased.

I reiterate that whether the continuation of the threat or deterioration of the person’s situation until it was brought to an end for the reasons stated in the provision under examination caused damages and losses is a matter that, absent evidence to the contrary, must be examined in ordinary proceedings; but it must not, under any circumstances, be precluded at the outset merely because the factual situation governed by the aforementioned provision 52 of the LJC has materialized. Therefore, with my customary respect for the majority’s position, I issue this separate opinion and reiterate that granting this application must necessarily entail a general award of costs, damages, and losses. (…)”

036712-26. ACUSA UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN SÓNICA Y AMBIENTAL GENERADA POR UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL UBICADO EN SAN ANTONIO, DESAMPARADOS (Carnicería Plazoleta). CON LUGAR POR FALTA DE UNA RESPUESTA OPORTUNA. RGS09/2026 “(…) Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso.

Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables.

A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados.

Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria.

Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio.

Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada.

Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. (…)”

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

      Concept anchorsAnclajes conceptuales

        Spanish key termsTérminos clave en español

        News & Updates Noticias y Actualizaciones

        All articles → Todos los artículos →

        Weekly Dispatch Boletín Semanal

        Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

        ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

        One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

        Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
        Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

        Stay Informed Mantente Informado

        Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

        Email Updates Actualizaciones por Correo

        Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

        Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

        WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

        Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

        Join Channel Unirse al Canal
        Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
        🙏