Channeling Wastewater and Stormwater in CipresesCanalización de aguas residuales y pluviales en Cipreses

034735-26. FAILURE TO PROVIDE A SOLUTION IS ALLEGED FOR THE DISCHARGE OF WASTEWATER AND STORMWATER FROM THE LA PAVILLA SECTOR OF CIPRESES DE OREAMUNO, WHICH CROSSES RUTA DE TRAVESÍA N.°30703 AND FLOWS INTO PRIVATE PROPERTY, CREATING A RISK OF FLOODING AND HARM TO PUBLIC HEALTH. IT IS FOUND THAT INSPECTIONS CONFIRMED THE DISCHARGE OF WASTEWATER FROM SEVERAL HOMES AND THE ABSENCE OF ADEQUATE STORMWATER INFRASTRUCTURE, AND THAT CONAVI AND THE MINISTERIO DE SALUD HAD NOT TAKEN THE NECESSARY MEASURES IN A TIMELY MANNER TO RESOLVE THE PROBLEM. THE AMPARO APPLICATION IS DECLARED PARTIALLY WELL-FOUNDED. IT IS ORDERED THAT SANITARY ORDERS BE ISSUED IMMEDIATELY AND THAT A PLAN BE ADOPTED FOR CHANNELING AND CONVEYING THE WATER WITHIN SIX MONTHS. RGS09/2026 “(…) Note by Justice Castillo Víquez regarding prompt and duly administered justice. I have supported this Court’s position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and duly administered justice in administrative proceedings, the legal dispute must be heard by the Administrative-Litigation Courts, not by this Chamber.

However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo proceeding established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in cases in which the petitioner considers that the Administration’s material conduct, administrative acts, or response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Court should change its line of precedent; under paragraph 7 of its Law, it is this Court’s exclusive responsibility to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases that may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, in all other cases, for the reasons this Court has given (judgment N° 2008-02545 at 8:55 a.m. on 22 February 2008), the competent judges are those of the administrative-litigation jurisdiction.

All of this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the applicable legal provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. (…)”

034735-26. SE ALEGA FALTA DE SOLUCIÓN A LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES PROVENIENTES DEL SECTOR LA PAVILLA DE CIPRESES DE OREAMUNO, QUE ATRAVIESAN LA RUTA DE TRAVESÍA N.°30703 Y DESEMBOCAN EN UNA PROPIEDAD PRIVADA, CON RIESGO DE INUNDACIÓN Y AFECTACIÓN SANITARIA. SE CONSIDERA QUE LAS INSPECCIONES CONFIRMARON LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE VARIAS VIVIENDAS Y LA INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL ADECUADA, SIN QUE EL CONAVI Y EL MINISTERIO DE SALUD HUBIERAN ADOPTADO OPORTUNAMENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA EMITIR DE FORMA INMEDIATA LAS ÓRDENES SANITARIAS Y ADOPTAR UN PLAN DE CANALIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS, EN UN PLAZO DE SEIS MESES. RGS09/2026 “(…) Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala.

Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. (…)”