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Res. 27927-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/07/2026

AyA must provide alternate water supply when rationing exceeds eight hoursAyA debe garantizar abastecimiento alterno cuando racionamiento supera ocho horas

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Constitutional Chamber partially granted the amparo, finding a violation of the fundamental right to drinking water, and ordered AyA to guarantee alternate water supply when rationing exceeds eight daily hours and to execute a formal capacity-expansion project for the Mata de Plátano system within a maximum of two years.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo por lesión al derecho fundamental al agua potable, ordenando a AyA garantizar un abastecimiento alterno cuando el racionamiento supere ocho horas diarias y ejecutar un proyecto formal de ampliación de la capacidad hídrica del sistema Mata de Plátano en un plazo máximo de dos años.

SummaryResumen

This amparo resource, filed by residents of the Jaboncillal sector in Goicoechea, challenges prolonged water rationing by the Costa Rican Water and Sewerage Institute (AyA). The Constitutional Chamber finds that the Mata de Plátano system has a structural water deficit (ICH Type II), worsened in 2026 by an allegedly illegal upstream water intake and the dry season. AyA imposed eleven daily hours without supply—exceeding the eight-hour threshold the Chamber deems reasonable—without providing an alternate supply such as cistern trucks or community tanks. The Chamber partially grants the amparo and orders AyA to: timely communicate rationing schedules, guarantee alternate supply when interruptions exceed eight hours, and execute a formal capacity-expansion project for the Mata de Plátano system within two years.Este recurso de amparo, interpuesto por vecinos del sector de Jaboncillal en Goicoechea, cuestiona los racionamientos prolongados del servicio de agua potable por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La Sala Constitucional acredita que el sistema Mata de Plátano presenta un déficit hídrico estructural (ICH Tipo II), agravado en 2026 por una toma presuntamente ilegal detectada aguas arriba de la captación institucional y el efecto estacional de la época seca. AyA implementó once horas diarias sin suministro —superando el límite de ocho horas que la jurisprudencia constitucional estima razonable—, sin disponer un medio alterno de abastecimiento, como camiones cisterna o tanques comunitarios. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso y ordena a AyA: comunicar oportunamente los horarios de racionamiento, garantizar abastecimiento alterno cuando las suspensiones superen ocho horas, y ejecutar en el plazo de dos años un proyecto formal para aumentar la capacidad hídrica de la zona de operación de Mata de Plátano.

Key excerptExtracto clave

Faced with this situation, the respondent institution implemented a rationing scheme through two daily suspension windows—from 1:00 p.m. to 6:00 p.m. and from 10:00 p.m. to 4:00 a.m.—totaling eleven hours daily without supply, a figure that by itself exceeds the eight-hour limit this Chamber has deemed reasonable. Merely communicating the rationing schedules through AyA's official channels, while a necessary measure, is insufficient when interruptions exceed the reasonable daily eight-hour limit, since in such cases this Chamber's jurisprudence additionally requires the guarantee of a sufficient alternate supply. In light of the foregoing considerations, it is established that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has violated the fundamental rights of the petitioners, since, when faced with rationing and interruptions that in practice exceeded eight hours daily, it failed to demonstrate that it had guaranteed a sufficient alternate water supply to meet the basic needs of the population of the Jaboncillal sector.Frente a esta situación, la institución recurrida implementó un esquema de racionamiento mediante dos franjas horarias de suspensión del servicio -de la 1:00 p.m. a las 6:00 p.m. y de las 10:00 p.m. a las 4:00 a.m.-, que en conjunto representan once horas diarias sin suministro, cifra que por sí sola supera el límite de ocho horas que esta Sala ha estimado razonable. La sola comunicación de los horarios de racionamiento a través de los canales oficiales de AyA, si bien constituye una medida necesaria, resulta insuficiente cuando las interrupciones exceden el límite razonable de ocho horas diarias, pues en tales casos la jurisprudencia de esta Sala exige, adicionalmente, la garantía de un suministro alterno suficiente. En mérito de las consideraciones expuestas, se constata que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha lesionado los derechos fundamentales de las personas amparadas, toda vez que, ante racionamientos e interrupciones que en la práctica excedieron las ocho horas diarias, no acreditó haber garantizado un medio alterno de abastecimiento suficiente para suplir las necesidades básicas de la población del sector de Jaboncillal.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica."

    "The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as also recognized in international human rights instruments applicable in Costa Rica."

    Considerando III — citando Sentencia N° 2003-004654, Considerando V

  • "La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica."

    Considerando III — citando Sentencia N° 2003-004654, Considerando V

  • "De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos."

    "Nor can this be interpreted to mean that the fundamental right to public services lacks concrete enforceability; on the contrary, when the State is reasonably obligated to provide them, right-holders may demand compliance, and public administrations—or private entities providing services in their stead—cannot hide behind alleged lack of resources, which has been the perennial public excuse for failing to fulfill their mandates."

    Considerando III — citando Sentencia N° 2003-004654, Considerando VI

  • "De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos."

    Considerando III — citando Sentencia N° 2003-004654, Considerando VI

  • "Si bien esta Sala reconoce que la solución definitiva de un déficit hídrico estructural requiere de obras de infraestructura que, por su naturaleza técnica y presupuestaria, no pueden ejecutarse de forma inmediata, ello no exime a AyA de concretar, dentro de un plazo cierto, un proyecto formal que permita aumentar la capacidad hídrica de la zona de operación de Mata de Plátano, pues de lo contrario la mera existencia de una gestión interna sin plazo definido podría prolongar indefinidamente la condición deficitaria y, con ella, el riesgo de que se repitan los racionamientos y desabastecimientos que motivan esta declaratoria."

    "While the Chamber acknowledges that definitively resolving a structural water deficit requires infrastructure works that, by their technical and budgetary nature, cannot be executed immediately, this does not exempt AyA from formalizing, within a definite timeframe, a concrete project to increase the water capacity of the Mata de Plátano service area, since otherwise the mere existence of an internal process without a set deadline could indefinitely prolong the deficient condition and, with it, the risk of recurrent rationing and shortages that give rise to this ruling."

    Considerando IV

  • "Si bien esta Sala reconoce que la solución definitiva de un déficit hídrico estructural requiere de obras de infraestructura que, por su naturaleza técnica y presupuestaria, no pueden ejecutarse de forma inmediata, ello no exime a AyA de concretar, dentro de un plazo cierto, un proyecto formal que permita aumentar la capacidad hídrica de la zona de operación de Mata de Plátano, pues de lo contrario la mera existencia de una gestión interna sin plazo definido podría prolongar indefinidamente la condición deficitaria y, con ella, el riesgo de que se repitan los racionamientos y desabastecimientos que motivan esta declaratoria."

    Considerando IV

  • "Asimismo, debe advertirse que la propia autoridad recurrida reconoció, mediante el oficio de respuesta a la gestión REP.CS N.° 1655-2026 de 30 de abril de 2026, que el sistema presenta una "condición operativa deficitaria" y que no puede "garantizar continuidad plena en el corto plazo ni descartar la recurrencia de este tipo de afectaciones", lo cual evidencia que la institución era consciente de la severidad y probable prolongación del problema, sin que conste que, mientras tanto, dispusiera las medidas paliativas mínimas que exige el derecho fundamental al agua potable."

    "It must also be noted that the respondent authority itself acknowledged, in its reply memorandum REP.CS N.° 1655-2026 of April 30, 2026, that the system presents a "deficient operational condition" and that it cannot "guarantee full continuity in the short term nor rule out recurrence of this type of disruption," which demonstrates that the institution was aware of the severity and likely prolongation of the problem, without any showing that it meanwhile put in place the minimum palliative measures required by the fundamental right to drinking water."

    Considerando IV

  • "Asimismo, debe advertirse que la propia autoridad recurrida reconoció, mediante el oficio de respuesta a la gestión REP.CS N.° 1655-2026 de 30 de abril de 2026, que el sistema presenta una "condición operativa deficitaria" y que no puede "garantizar continuidad plena en el corto plazo ni descartar la recurrencia de este tipo de afectaciones", lo cual evidencia que la institución era consciente de la severidad y probable prolongación del problema, sin que conste que, mientras tanto, dispusiera las medidas paliativas mínimas que exige el derecho fundamental al agua potable."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

2026027927. PUBLIC_SERVICES. IT IS ALLEGED THAT PROLONGED RATIONING (RACIONAMIENTOS) AND THE SUPPLY SHORTAGE (DESABASTECIMIENTO) IN THE JABONCILLAL SECTOR, GOICOECHEA, VIOLATE THE FUNDAMENTAL RIGHT TO WATER (DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA). IT IS HELD THAT, WHILE THE RATIONING STEMS FROM A STRUCTURAL WATER DEFICIT (DÉFICIT HÍDRICO ESTRUCTURAL), AyA MUST PROVIDE TIMELY NOTICE THEREOF, GUARANTEE AN ALTERNATE SUPPLY WHEN SUSPENSIONS EXCEED EIGHT HOURS, AND IMPLEMENT A PROJECT TO INCREASE THE WATER CAPACITY OF THE MATA DE PLÁTANO SYSTEM. THE PETITION IS DECLARED PARTIALLY GRANTED AND AyA IS ORDERED TO EXECUTE THE PROJECT WITHIN TWO YEARS. NQC08/2026 (…) III.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO POTABLE WATER. This Court has recognized, in its jurisprudence, that the right to health and to life are fundamental human rights that depend on access to potable water, and that the competent bodies bear the inescapable responsibility of ensuring that society as a whole does not see those rights diminished.

Indeed, the Constitutional Chamber has previously held that, as part of constitutional law, there exists a fundamental right to the proper functioning of public services, as well as fundamental rights to health and access to potable water, contemplated in Articles 21 and 50 of the Constitution (see, in that regard, Judgment No. 2024-009354 of 12:52 hours on April 9, 2024). In a similar vein, by Judgment No. 2003-004654 of 15:44 hours on May 27, 2003, the following was held:

"V.- The Chamber recognizes, as part of constitutional law, a fundamental right to potable water (derecho fundamental al agua potable), derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international human rights instruments applicable in Costa Rica: it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); it is likewise set forth in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ('Protocolo de San Salvador' of 1988), which provides that:

'Article 11. Right to a Healthy Environment. 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.' Furthermore, the UN Committee on Economic, Cultural and Social Rights has recently reiterated that access to water is a human right that, in addition to being indispensable for a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.

VI.From the foregoing regulatory framework derives a series of fundamental rights linked to the State's obligation to provide basic public services, which entail, on one hand, that persons cannot be illegitimately deprived of such services, but which—as in the case of potable water—cannot sustain the existence of a right enforceable by any individual demanding that the State supply potable water service immediately and wherever that person may be; rather, as provided in the Protocolo de San Salvador itself, this category of rights obliges States to adopt measures, as set forth in the first article of that same Protocol:

'The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through inter-State cooperation, especially economic and technical measures, to the maximum extent of available resources, and taking into account their level of development, in order to achieve progressively, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.' Nor may this be interpreted to mean that the fundamental right to public services lacks concrete enforceability; on the contrary, when the State is reasonably required to provide such services, the rights-holders may demand them, and public administrations—or, as the case may be, private entities providing those services in their place—may not hide behind alleged resource shortages, which have been the age-old public excuse for justifying the failure to fulfill their duties." From the foregoing, it follows that the so-called fundamental right to water must be guaranteed to all persons, which entails that every individual has the possibility of accessing potable water services on an equal footing, since water is essential to human life and health.

Now, based on the foregoing, it is necessary to note that, in prior cases, this Court has already ruled on water rationing in the Alajuelita area. Thus, in Judgment No. 16420-2024 of 09:20 hours on June 14, 2024, the following was held:

"IV.- On the specific case. After analyzing the evidentiary elements submitted and the sworn reports rendered by the respondent authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, with the consequences—including criminal consequences—provided in Article 44 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, it is deemed established that among the protected parties (amparados) there are elderly persons and minors, residents of the canton of Alajuelita, a community that has been affected by rationing in the potable water service. It is likewise established that the community is supplied with potable water through the Puente de Mulas plant. However, this facility has experienced a series of interruptions due to rationing of that service, which have exceeded eight hours. It is further established that such disruption has stemmed from a series of factors, such as hydrocarbon contamination of the Guadalupe water treatment plant (Planta Potabilizadora), which led the respondent institution to reduce the water transfer (trasvase) that the La Valencia system can make to the Puente de Mulas plant, as well as interruptions caused by power outages and leaks in the main pipe.

Under these circumstances, it should be noted that this Court, as indicated in the precedent cited above, has upheld the right of the respondent institution to implement rationing in the potable water service for reasons of force majeure (fuerza mayor) or fortuitous causes (causas fortuitas). Nonetheless, the institution must adopt a series of measures to ensure that the population takes the appropriate precautions and can seek alternatives so as not to lose access to water entirely. Furthermore, the respondent institution may carry out rationing in its services, but must do so in a planned manner, establishing the necessary coordination and executing actions to guarantee continuity of service, such as establishing and adhering to a schedule, which must be communicated in a timely manner to the communities that will be affected. In the present case, this is conspicuously absent, as the respondent authority fails to demonstrate that a schedule was established for application of the service suspension, which has made it impossible to predict the time from which users—including, obviously, the petitioners—will have no potable water available, and consequently find themselves unable to take the necessary precautions.

Additionally, the institution must establish remedial plans, such as continuous distribution—also on a fixed schedule—by means of water tanker trucks (camiones cisterna), which would allow people to stockpile the liquid in order to meet their needs. Moreover, in accordance with the report rendered by the respondent authority, it is apparent that in recent years water rationing has become increasingly frequent, and that the respondent institution has made institutional efforts to mitigate its impact on the population; however, the insufficiency of infrastructure and of the execution of plans and works—both to conserve water and to distribute it effectively—has been established. This is so notwithstanding that the respondents in their report provide a table of works to be executed, since there is no clarity as to possible completion dates for those works or as to when the infrastructure will become operational.

While this situation persists, the population suffers from a deficit in liquid supply and significant losses occur due to leaks. It is worth noting that, in its report, the respondent authority stated: 'two significant leaks occurred that affected the service; the first appeared on Friday, March 15, in the San Rafael Debajo de Desamparados sector, which is also supplied by the Puente Mulas system—since the damage occurred in a lower-lying area, the volume of water lost through the leak prevented the system from recovering. The second leak, which severely affected the service in the area and which is even mentioned by the petitioners, disrupted service between Tuesday, March 19, and Thursday, March 21; it corresponded to a leak that appeared near the El Torito butcher shop and was discharging a large volume of flow, which affected service pressure and increased the impact on users.' In line with the foregoing, the respondents themselves stated that the disruption was also a consequence of hydrocarbon contamination of the Guadalupe water treatment plant; however, it must be noted that this does not constitute a reasonable justification, particularly since the Chamber found that said emergency was also the result of a lack of foresight on the part of the administration (see Judgment No. 2024-009354 of 12:52 hours on April 9, 2024).

In light of the foregoing considerations, it is established that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has violated the fundamental rights of the protected parties, inasmuch as it has failed to take the necessary measures to guarantee continuity of the potable water service, and that upon implementing rationing it neither established nor adhered to a clear, previously determined schedule, nor arranged for supply by means of water tanker trucks on previously defined schedules. Accordingly, the petition is declared granted, with the consequences set forth in the operative section (parte dispositiva) of this judgment…

(…)

Por tanto:

The petition is declared granted. Juan Manuel Quesada Espinoza and Alejandra Peraza Munguía, respectively the Executive President and the Commercial Coordinator for Zones 1 and 2 of the GAM of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever may hold their positions, are ordered to issue the pertinent instructions and to carry out all actions within the scope of their authority so that: a) immediately upon notification of this judgment, a clearly defined schedule is established and implemented in the event that rationing of the potable water service in the community of Alajuelita must continue; and b) immediately, a sufficient daily alternate supply of potable water is guaranteed, through some provisional means, to meet the basic needs of the population when service interruptions last more than eight hours. The respondents, or whoever may hold their positions, are warned that, in accordance with Article 71 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or day-fines (días multa) of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that they are required to comply with or enforce, issued within an amparo petition (recurso de amparo), and fails to comply with it or to enforce it, provided that the offense is not more severely penalized.

The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts giving rise to this declaration, which shall be assessed in enforcement proceedings before the administrative courts (vía contencioso-administrativa). Notice is hereby given."

IV. ON THE SPECIFIC CASE

After analyzing the evidentiary elements submitted, this Court finds that the fundamental rights of the protected parties have been violated. From the report rendered by the representative of the respondent authority—which is deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided in Article 44 of the law governing this jurisdiction—and from the evidence submitted for resolution of the matter, it has been duly established that the Mata de Plátano system, which supplies the Jaboncillal sector, presents a structural water deficit—classified as a Type II Water Capacity Index (Índice de Capacidad Hídrica Tipo II)—because demand exceeds the available supply of potable water. This condition was further aggravated, in an atypical and sudden manner during 2026, by the existence of an allegedly illegal water intake (toma presuntamente ilegal) detected upstream of the institutional water catchment (captación), and by the ordinary increase in demand characteristic of the dry season (época seca). AyA timely reported this clandestine intake to the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía by means of official communication No. SB-AID-2026-00499 of June 2, 2026, without the competent body having adopted the corresponding measures by the date of the report.

In response to this situation, the respondent institution implemented a rationing scheme consisting of two daily suspension windows—from 1:00 p.m. to 6:00 p.m. and from 10:00 p.m. to 4:00 a.m.—which together represent eleven hours per day without supply, a figure that by itself exceeds the eight-hour threshold this Chamber has deemed reasonable. To this must be added the fact that, according to the respondent authority's own report, during the most critical period of disruption there were additional episodes of supply shortage, during which the storage tank could not maintain sufficient levels even during the hours when service was supposed to be available, so that the actual disruption experienced by the residents of Jaboncillal—during a period that the petitioning party places at more than two months—far exceeded the eleven scheduled daily hours of rationing. Despite this, the report rendered by AyA does not establish that, during those periods, any alternate means of supply was arranged—such as water tanker trucks, community tanks, or a similar mechanism—that would have guaranteed the population of Jaboncillal access to the water resource (recurso hídrico) indispensable for their basic needs, in contrast to what this institution has demonstrated doing in other analogous amparo proceedings, in which it did demonstrate systematic water distribution routes and the installation of community tanks in the affected sectors.

The mere communication of rationing schedules through AyA's official channels, while a necessary measure, is insufficient when interruptions exceed the reasonable threshold of eight daily hours, since in such cases the jurisprudence of this Chamber additionally requires the guarantee of a sufficient alternate supply.

Furthermore, it must be noted that the respondent authority itself acknowledged, by means of official response communication REP.CS N.° 1655-2026 of April 30, 2026, that the system presents a "deficient operational condition" and that it cannot "guarantee full continuity in the short term nor rule out the recurrence of this type of disruption," which demonstrates that the institution was aware of the severity and likely continuation of the problem, without it appearing that it had in the meantime arranged the minimum palliative measures required by the fundamental right to potable water. While the circumstance of the detected illegal intake—the removal of which falls within the jurisdiction of the Dirección de Aguas—and the seasonal effects of the dry season largely explain the origin of the water deficit and allow for the conclusion that AyA's actions were not arbitrary or capricious, this does not exempt the service-providing institution from its obligation to guarantee, for as long as the disruption persists, a sufficient alternate means of supply for the population, as this Chamber has required in analogous matters.

It must additionally be noted that the record shows that the Institution formally transferred—from the Dirección de Ejecución de Proyectos de la UEN de Optimización de Sistemas GAM to Planificación Institucional—the request to evaluate and advance projects aimed at strengthening the supply of the Mata de Plátano operating area. However, such transfer constitutes, at most, a preliminary internal step, as the report rendered by the respondent authority does not specify a concrete project, an implementation schedule, or a defined timeline for its launch, which is insufficient given that, according to the report itself, the system is in a condition of structural deficit and maximum growth (ICH Tipo II). While this Chamber acknowledges that the definitive solution to a structural water deficit requires infrastructure works that, by their technical and budgetary nature, cannot be executed immediately, this does not exempt AyA from formalizing, within a defined timeframe, a formal project that would increase the water capacity of the Mata de Plátano operating area; otherwise, the mere existence of an internal process without a defined deadline could indefinitely prolong the deficit condition and, with it, the risk that the rationing and supply shortages that motivated this declaration will recur.

In light of the foregoing considerations, it is established that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has violated the fundamental rights of the protected parties, inasmuch as, in the face of rationing and interruptions that in practice exceeded eight daily hours, it failed to demonstrate having guaranteed a sufficient alternate means of supply to meet the basic needs of the population of the Jaboncillal sector. Accordingly, the petition is declared partially granted, as indicated in the operative section of this judgment. (…)

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2026027927. SERVICIOS_PUBLICOS. SE ALEGA QUE LOS RACIONAMIENTOS PROLONGADOS Y EL DESABASTECIMIENTO EN EL SECTOR DE JABONCILLAL, GOICOECHEA, VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA. SE CONSIDERA QUE, SI BIEN LOS RACIONAMIENTOS RESPONDEN A UN DÉFICIT HÍDRICO ESTRUCTURAL, EL AYA DEBE COMUNICARLOS OPORTUNAMENTE, GARANTIZAR UN ABASTECIMIENTO ALTERNO CUANDO LAS SUSPENSIONES EXCEDAN LAS OCHO HORAS Y EJECUTAR UN PROYECTO PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD HÍDRICA DEL SISTEMA MATA DE PLÁTANO. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO Y SE ORDENA EJECUTAR EL PROYECTO EN EL PLAZO DE DOS AÑOS. NQC08/2026 (…) III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. Este Tribunal ha reconocido, en su jurisprudencia, que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable y que los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar para que la sociedad, como un todo, no los vea mermados.

En efecto, la Sala ha dispuesto anteriormente que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos y, a los derechos fundamentales a la salud y acceso al agua potable, contemplados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política (véase en ese sentido la Sentencia N° 2024-009354 de las 12:52 horas de 9 de abril de 2024). En similar sentido, por Sentencia N° 2003-004654 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003, se dispuso lo siguiente:

“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que:

“Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’.

Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.

VI.Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo:

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo’ .

De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos”.

De lo anterior, se colige que el denominado derecho fundamental al agua, debe concederse a todas las personas, lo que implica que todos los individuos tengan la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana.

Ahora bien, de lo expuesto, es menester indicar que, en casos anteriores, este Tribunal ya se pronunció sobre el racionamiento de agua en la zona de Alajuelita. Así, en la sentencia N.°16420-2024 de las 09:20 horas de 14 de junio de 2024 se dispuso lo siguiente:

“IV.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se tiene por acreditado que entre los amparados hay personas adultas mayores y menores de edad, vecinos del cantón de Alajuelita, comunidad que se ha visto afectada por racionamientos en el servicio de agua potable. Asimismo, que la comunidad que se abastece de agua potable por medio de la planta Puente de Mulas. Sin embargo, este sitio ha experimentado una serie de interrupciones, por racionamiento del servicio de cita, las cuales han sido mayores a ocho horas. También, que tal afectación se ha derivado de una serie de factores, tales como la contaminación por hidrocarburos de la Planta Potabilizadora de Guadalupe, lo que ha implicado que el instituto accionado disminuyera el trasvase que puede realizar el sistema La Valencia a la planta Puente de Mulas, así como interrupciones como consecuencia de cortes de electricidad y fugas en el tubo madre.

Bajo tal estado las cosas, cabe señalar que este Tribunal, tal como se indica en el precedente supra citado ha validado que el instituto recurrido, por medio de su normativa institucional, aplique racionamientos en el servicio de agua potable por motivos de fuerza mayor o causas fortuitas. No obstante, la institución debe adoptar una serie de medidas para garantizar que la población tome las previsiones correspondientes y puedan buscar alternativas para no perder totalmente el acceso al agua. A mayor abundamiento, la institución accionada puede realizar racionamientos en sus servicios, pero debe hacerlo de forma planificada, estableciendo las coordinaciones necesarias y ejecutando acciones para garantizar la continuidad del servicio, tales como la determinación y cumplimiento de un horario, el cual debe ser comunicado oportunamente a las comunidades que se verán afectadas. En el caso concreto, ello se echa de menos, pues la autoridad recurrida no logra acreditar que se haya dispuesto un horario para la aplicación de la suspensión del servicio, lo que ha tornado imposible predecir la hora a partir de la cual los usuarios, incluyendo obviamente las personas recurrentes, no tendrán disponible el agua potable y, por consiguiente, se ven imposibilitados a tomar las previsiones del caso.

Aunado a ello, la institución debe establecer planes remediales, tales como la distribución constante, fijando un horario para ello también, por medio de camiones cisterna, lo que permitiría que las personas puedan aprovisionarse del líquido así puedan suplir sus necesidades. De otra parte, de conformidad con el informe rendido por la autoridad recurrida, se denota que, en los últimos años, los racionamientos de agua son cada vez más recurrentes, siendo que el instituto recurrido ha hecho esfuerzos institucionales para aminorar los impactos de ello en la población; sin embargo, queda acreditado la insuficiencia de infraestructura y la ejecución de planes y obras, tanto para cuidar el agua como para su eficaz distribución. Lo anterior, a pesar de que las recurridas en su informe aportan un cuadro de obras a ejecutar, pues lo cierto es que no existe claridad en cuanto a fechas posibles para la culminación de estas y para la entrada en funcionamiento de la infraestructura.

Mientras eso sucede, la población adolece del faltante del suministro del líquido y se dan pérdidas significativas por fugas. Nótese que, en su informe, la autoridad accionada indicó: “se presentaron 2 fugas de importancia que afectaron el servicio, la primera de las fugas se presentó el viernes 15 de marzo en el sector de San Rafael Debajo de Desamparados que también se abastece del sistema Puente Mulas, puesto que la afectación se dio en una zona más baja, la cantidad de agua que se perdió por la fuga no permitió que el sistema recuperase. La segunda fuga y que afectó de gran manera el servicio en la zona y que incluso es mencionado por los recurrentes afectó el servicio entre el martes 19 y el jueves 21 de marzo, corresponde a una fuga que se presentó cerca de la carnicería El Torito y que estaba derramando una gran cantidad de caudal lo que afectó la presión del servicio y aumento la afectación de los usuarios”.

En línea de lo anterior, las mismas recurridas afirmaron que la afectación también ha sido consecuencia de la contaminación por hidrocarburos de la Planta Potabilizadora de Guadalupe; empero, es menester indicar que ello no es una justificación razonable, máxime que la Sala estimó que dicha emergencia obedeció también a una falta de previsión por parte de la administración (véase sentencia No. 2024-009354 de las 12:52 horas de 09 de abril de 2024). En mérito de las consideraciones expuestas, se constata que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha lesionado los derechos fundamentales de las personas amparadas, toda vez que no ha tomado las medidas necesarias para garantizarles la continuidad del servicio de agua potable y ante la aplicación de racionamientos no ha dispuesto ni ha cumplido un horario claro y previamente determinado, ni ha dispuesto el suministro por medio de camiones cisterna en horarios también previamente definidos. En consecuencia, se declara con lugar el recurso con las consecuencias que se establecen en la parte dispositiva de esta sentencia…

(…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza y a Alejandra Peraza Munguía, por su orden, presidente ejecutivo y coordinadora comercial de la Zona 1 y 2 de la GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ocupen el cargo, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que: a) de forma inmediata a la notificación de esta sentencia, se disponga y se ejecute un horario claramente definido en caso que sea necesario continuar con los racionamientos de agua potable en la comunidad de Alajuelita; y b) de forma inmediata, garantice a través de alguna alternativa provisional, el suministro diario suficiente de agua potable para suplir las necesidades básicas de la población, cuando la interrupción del servicio sea por periodos de más ocho horas.

Se advierte a las recurridas, o a quienes ocupen sus cargos, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. Notifíquese.”.

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de los amparados. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y de la prueba aportada para la resolución del asunto, ha quedado debidamente acreditado que el sistema Mata de Plátano, que abastece al sector de Jaboncillal, presenta un déficit hídrico estructural -calificado con un Índice de Capacidad Hídrica Tipo II- en razón de que la demanda supera la oferta disponible de agua potable, condición que se vio agravada, de forma atípica y súbita durante el año 2026, por la existencia de una toma presuntamente ilegal detectada aguas arriba de la captación institucional, y por el incremento ordinario de la demanda propio de la época seca. AyA denunció oportunamente esa captación clandestina ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, mediante oficio No. SB-AID-2026-00499 de 2 de junio de 2026, sin que, para la fecha del informe, dicho ente competente hubiera adoptado las medidas correspondientes.

Frente a esta situación, la institución recurrida implementó un esquema de racionamiento mediante dos franjas horarias de suspensión del servicio -de la 1:00 p.m. a las 6:00 p.m. y de las 10:00 p.m. a las 4:00 a.m.-, que en conjunto representan once horas diarias sin suministro, cifra que por sí sola supera el límite de ocho horas que esta Sala ha estimado razonable. A ello debe sumarse que, según el propio informe rendido por la autoridad recurrida, durante el período más crítico de afectación se presentaron episodios adicionales de desabastecimiento, en los que el tanque de almacenamiento no lograba mantener niveles suficientes ni siquiera durante las horas en que el servicio debía estar abierto, de manera que la afectación real experimentada por los vecinos de Jaboncillal, durante un lapso que la parte recurrente sitúa en más de dos meses, superó ampliamente las once horas diarias de racionamiento programado.

Pese a ello, el informe rendido por AyA no acredita que, durante esos períodos, se haya dispuesto un medio alterno de abastecimiento -como camiones cisterna, tanques comunitarios u otro mecanismo similar- que garantizara a la población de Jaboncillal el acceso al recurso hídrico indispensable para sus necesidades básicas, a diferencia de lo que esta institución ha demostrado hacer en otros procesos de amparo análogos, en los que sí acreditó rutas sistemáticas de reparto de agua potable y la instalación de tanques comunitarios en los sectores afectados. La sola comunicación de los horarios de racionamiento a través de los canales oficiales de AyA, si bien constituye una medida necesaria, resulta insuficiente cuando las interrupciones exceden el límite razonable de ocho horas diarias, pues en tales casos la jurisprudencia de esta Sala exige, adicionalmente, la garantía de un suministro alterno suficiente.

Asimismo, debe advertirse que la propia autoridad recurrida reconoció, mediante el oficio de respuesta a la gestión REP.CS N.° 1655-2026 de 30 de abril de 2026, que el sistema presenta una “condición operativa deficitaria” y que no puede “garantizar continuidad plena en el corto plazo ni descartar la recurrencia de este tipo de afectaciones”, lo cual evidencia que la institución era consciente de la severidad y probable prolongación del problema, sin que conste que, mientras tanto, dispusiera las medidas paliativas mínimas que exige el derecho fundamental al agua potable. Si bien la circunstancia de la toma ilegal detectada -cuya remoción compete a la Dirección de Aguas- y el efecto estacional de la época seca explican, en buena medida, el origen del déficit hídrico y permiten descartar que se trate de una actuación arbitraria o antojadiza de AyA, ello no exime a la institución prestataria del servicio de su obligación de garantizar, mientras persista la afectación, un medio alterno de abastecimiento suficiente para la población, tal y como lo ha exigido esta Sala en asuntos análogos.

Debe valorarse, adicionalmente, que consta en autos que la Institución trasladó formalmente, desde la Dirección de Ejecución de Proyectos de la UEN de Optimización de Sistemas GAM hacia Planificación Institucional, la solicitud para valorar e impulsar proyectos orientados a fortalecer el abastecimiento de la zona de operación de Mata de Plátano. Sin embargo, dicho traslado constituye, a lo sumo, una gestión interna preliminar, sin que el informe rendido por la autoridad recurrida precise un proyecto concreto, un cronograma de ejecución ni un plazo determinado para su puesta en marcha, lo cual resulta insuficiente frente a un sistema que, según el propio informe, se encuentra en condición de déficit estructural y de crecimiento máximo (ICH Tipo II). Si bien esta Sala reconoce que la solución definitiva de un déficit hídrico estructural requiere de obras de infraestructura que, por su naturaleza técnica y presupuestaria, no pueden ejecutarse de forma inmediata, ello no exime a AyA de concretar, dentro de un plazo cierto, un proyecto formal que permita aumentar la capacidad hídrica de la zona de operación de Mata de Plátano, pues de lo contrario la mera existencia de una gestión interna sin plazo definido podría prolongar indefinidamente la condición deficitaria y, con ella, el riesgo de que se repitan los racionamientos y desabastecimientos que motivan esta declaratoria.

En mérito de las consideraciones expuestas, se constata que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha lesionado los derechos fundamentales de las personas amparadas, toda vez que, ante racionamientos e interrupciones que en la práctica excedieron las ocho horas diarias, no acreditó haber garantizado un medio alterno de abastecimiento suficiente para suplir las necesidades básicas de la población del sector de Jaboncillal. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso, tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)

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        • Res. 04654-2003 Sala Constitucional Fundamental right to drinking water — duty of supply

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        • Res. 04654-2003 Sala Constitucional Derecho fundamental al agua potable — deber de suministro

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