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Res. 27563-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/07/2026
OutcomeResultado
The majority granted the amparo application; Justice Garro Vargas partially dissented and proposed that enforcement of the order concerning the water-system project proceed before the Enforcement Area of the Administrative and Civil Tax Court.La mayoría declaró con lugar el recurso; la magistrada Garro Vargas disintió parcialmente y propuso que la ejecución de la orden sobre el proyecto del acueducto se tramitara ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
SummaryResumen
Justice Garro Vargas agrees with the majority that the amparo application should be granted, but partially dissents on enforcement: she proposes that the order to complete within ten months the ICAA project to improve the Lámparas water system in Alajuelita be enforced by the Enforcement Area of the Administrative and Civil Tax Court, under the Administrative Litigation Procedure Code.La magistrada Garro Vargas coincide con la mayoría en declarar con lugar el recurso, pero disiente parcialmente sobre la ejecución: propone que la orden de concluir en diez meses el proyecto del ICAA para mejorar el acueducto de Lámparas de Alajuelita se ejecute ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conforme al Código Procesal Contencioso-Administrativo.
Key excerptExtracto clave
Although I agree with the Chamber majority that the amparo application should be granted, I disagree about where to place enforcement of the matter, because the rules governing this constitutional jurisdiction provide no adequate mechanisms to monitor a judgment involving technical aspects of some complexity, as in this case, where the ICAA project to improve the operation of the Lámparas water system in Alajuelita is to be completed within ten months from notification of this judgment. By contrast, the provisions of the Administrative Litigation Procedure Code on enforcement (Article 155 et seq.) have clear advantages, such as the ability to request schedules, impose fines, establish responsibilities, and monitor stages of compliance. Accordingly, under Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Act, I consider that enforcement of that order should take place before the Enforcement Area of the Administrative and Civil Tax Court, under that Code’s judgment-enforcement rules.Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de cierta complejidad, como es en este caso que, en el plazo de diez meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se concluya el proyecto que está llevando a cabo el ICAA con la finalidad de mejorar el funcionamiento del acueducto de Lámparas de Alajuelita. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución respecto a esa orden debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
Pull quotesCitas destacadas
"lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."
"The provisions of the Administrative Litigation Procedure Code on enforcement (Article 155 et seq.) have clear advantages, such as the ability to request schedules, impose fines, establish responsibilities, and monitor stages of compliance."
Voto salvado parcial
"lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."
Voto salvado parcial
Full documentDocumento completo
VI.Partial dissent by Justice Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Although I agree with the majority of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) that the amparo application should be granted, I disagree about where the enforcement phase of the matter should be conducted, given the absence of adequate mechanisms in the rules governing this constitutional jurisdiction for monitoring a judgment involving technical aspects of some complexity. In this case, for example, the project that ICAA is carrying out to improve the operation of the Lámparas de Alajuelita water supply system must be completed within ten months from notification of this judgment. By contrast, the provisions on enforcement in the Código Procesal Contencioso-Administrativo (Administrative Litigation Procedure Code), Article 155 et seq., offer clear advantages, such as the ability to request schedules, impose fines, establish responsibility, and monitor stages of compliance. Accordingly, pursuant to Article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I consider that enforcement of that order should take place before the Enforcement Area of the Administrative Litigation and Civil Treasury Court, under the judgment-enforcement rules of that Code.
VCG08/2026
VI.Voto salvado parcial de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de cierta complejidad, como es en este caso que, en el plazo de diez meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se concluya el proyecto que está llevando a cabo el ICAA con la finalidad de mejorar el funcionamiento del acueducto de Lámparas de Alajuelita. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución respecto a esa orden debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.
VCG08/2026
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