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Res. 22346-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/06/2026
OutcomeResultado
The court upheld the service suspension for non-payment as lawful but ordered immediate installation of a public water source no more than 50 meters from the home, finding that the existing source at 60 meters violated the established constitutional jurisprudential standard.Se declaró legítima la suspensión del servicio por morosidad, pero se ordenó instalar de forma inmediata una fuente pública a no más de 50 metros de la vivienda al verificarse que la existente se ubicaba a 60 metros, en violación del estándar jurisprudencial constitucional.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted an amparo filed by a vulnerable family after the Municipalidad de Alajuela suspended their drinking water service for arrears dating back to 2018. The court upheld the suspension as lawful — the debt was specific to the water service, the municipality allowed its payment independently of other municipal taxes, and the estate administrator had not sought any payment arrangement. However, it found a violation of the fundamental right to drinking water because the public water source installed after the cutoff was placed 60 meters from the home, exceeding the 50-meter maximum established by constitutional jurisprudence. The ruling reaffirms that while potable water is not free and suspension for non-payment is constitutionally valid, every person deprived of household supply is entitled to a free, accessible public water source within that reasonable radius, and orders its immediate installation.La Sala Constitucional resolvió parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por una familia en condición de vulnerabilidad a quien la Municipalidad de Alajuela suspendió el servicio de agua potable por morosidad acumulada desde 2018. El Tribunal confirmó que la suspensión fue legítima: la deuda correspondía exclusivamente al servicio hídrico, el municipio permitía su pago independiente de otras obligaciones tributarias, y el albacea de la sucesión no había gestionado arreglo de pago alguno. No obstante, declaró vulnerado el derecho fundamental al agua potable al verificar que la fuente pública instalada tras el corte quedó a 60 metros de la vivienda, superando el máximo jurisprudencial de 50 metros consolidado en sentencias anteriores. La sentencia reitera que aunque el agua potable no es gratuita y la suspensión por mora es constitucionalmente válida, toda persona privada del suministro domiciliar tiene derecho a una fuente pública gratuita y accesible dentro de ese radio razonable, y ordena su instalación inmediata.
Key excerptExtracto clave
"V. Notwithstanding the above, this Tribunal has established the requirement that when it proceeds to suspend the regular supply, the company or entity in charge must make available to the interested party a public water source within 50 meters, where they can obtain the vital liquid, because the right to Health, derived from Article 21 of the Constitution, is at stake and drinking water service must be within reach of every person (judgment 2003-01185 of nine hours forty minutes of February 14, 2003). In other words, when the supply of drinking water to domestic consumers is interrupted due to non-payment, it is necessary that the user have a free provisioning source — the public source — accessible so that with reasonable diligence on their part, they can provision themselves for their minimum activities (see judgment No. 2017-16420 of 09:15 hrs. of October 13, 2017)" "[I]t is verified that the water service of the appellant was suspended at 9:54 a.m. on February 14, 2022, due to non-payment of the January 2022 invoice. That from January 15, 2022, the respondents proceeded, as required, to install a public source at NIS 5287128 at a distance of 50 meters South and 15 meters West of the appellant's property. In this regard, the respondent Institute proceeded in accordance with the regulations when it suspended the service for non-payment of the previous month; however, the public source was installed more than 50 meters from the property, thereby violating her fundamental rights. In light of the foregoing, this amparo must be granted." These considerations are applicable to the case under study, as this Tribunal finds no reasons to depart from the criteria set forth in the partially transcribed judgments, nor grounds to assess the situation differently, given that in the present matter — as in the cited precedents — the public source was installed at a distance exceeding the fifty meters that this jurisdiction has established as reasonable. In light of the foregoing, the violation of fundamental rights on this particular point is established and, consequently, the appeal is granted with the consequences set forth in the operative part of this judgment."V. Sin demérito de lo anterior, este Tribunal ha establecido la necesidad de que si va a proceder a suspender el suministro regular, la empresa o ente encargado debe dejar a disposición del interesado una fuente pública a 50 metros, donde pueda abastecerse del vital líquido, pues al estar de por medio el derecho a la Salud, derivado del artículo 21 de la Constitución Política, el servicio de agua potable debe de estar al alcance de toda persona (sentencia 2003-01185 de las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil tres). En otras palabras, cuando por falta de pago se interrumpe el suministro de agua potable a consumidores domésticos, es necesario que el usuario tenga una fuente de aprovisionamiento gratuita, que es la fuente pública y accesible de manera que con una diligencia razonable de su parte, pueda aprovisionarse para sus actividades mínimas (en ese sentido véase la sentencia N° 2017-16420 de las 09:15 hrs. del 13 de octubre de 2017)" "[S]e verifica que el servicio de agua potable de la recurrente fue suspendido a las 9:54 horas del 14 de febrero del 2022, debido a la falta de pago de la factura del mes de enero de 2022. Que desde el 15 de enero de 2022 los recurridos procedieron, como corresponde, a instalar una fuente pública en el NIS 5287128 a una distancia de 50 metros al Sur y 15 metros al Oeste de la propiedad de la recurrente. En este sentido, el Instituto recurrido procedió conforme la normativa cuando suspendió el servicio por falta de pago del mes anterior; sin embargo, la fuente pública fue instalada a más de 50 metros de la propiedad, con lo que se lesionan sus derechos fundamentales. En virtud de lo anterior, corresponde la estimatoria de este recurso de amparo" Tales consideraciones son aplicables al caso en estudio, dado que este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en las sentencias parcialmente trascritas, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada, dado que en el presente asunto al igual que los precedentes de cita la fuente pública se instaló a una distancia superior de los cincuenta metros que esta jurisdicción ha establecido como razonables. En mérito de lo expuesto, se acredita la vulneración de derechos fundamentales sobre este particular y, por consiguiente, se acoge el recurso con las consecuencias que se establecen en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"Si bien existe un derecho fundamental de acceso al agua potable, este no es gratuito, por lo que la autoridad recurrida cuenta con la potestad de suspender el servicio, en caso de que los administrados no cancelen los montos que se adeuden por este concepto."
"While there is a fundamental right of access to drinking water, that right is not free of charge, and the respondent authority therefore has the power to suspend the service if users fail to pay the amounts owed for that concept."
Considerando IV
"Si bien existe un derecho fundamental de acceso al agua potable, este no es gratuito, por lo que la autoridad recurrida cuenta con la potestad de suspender el servicio, en caso de que los administrados no cancelen los montos que se adeuden por este concepto."
Considerando IV
"Esta Sala también ha indicado, de forma reiterada, que la suspensión, únicamente, procede por la falta de pago oportuno del último importe mensual, por cuanto los meses anteriores que se adeuden deberán ser cobrados, separadamente, por la vía correspondiente."
"This Chamber has also repeatedly stated that suspension may only proceed for failure to make timely payment of the last monthly charge, since prior months owed must be collected separately through the appropriate legal channels."
Considerando IV — citando sentencia 2016-012075
"Esta Sala también ha indicado, de forma reiterada, que la suspensión, únicamente, procede por la falta de pago oportuno del último importe mensual, por cuanto los meses anteriores que se adeuden deberán ser cobrados, separadamente, por la vía correspondiente."
Considerando IV — citando sentencia 2016-012075
"este Tribunal ha establecido la necesidad de que, si va a proceder a cortar el suministro regular, el A y A o la Asociación Administradora deje a disposición del interesado una fuente pública a corta distancia, donde pueda abastecerse del vital líquido, pues al estar de por medio el derecho a la salud, derivado del artículo 21 de la Constitución Política, el servicio de agua potable debe de estar al alcance de toda persona."
"This Tribunal has established that if the regular supply is to be cut, AyA or the managing Association must make available to the interested party a public source at a short distance where they can obtain the vital liquid, since the right to health derived from Article 21 of the Constitution is at stake and drinking water service must be within reach of every person."
Considerando IV — citando sentencia 2020-003446
"este Tribunal ha establecido la necesidad de que, si va a proceder a cortar el suministro regular, el A y A o la Asociación Administradora deje a disposición del interesado una fuente pública a corta distancia, donde pueda abastecerse del vital líquido, pues al estar de por medio el derecho a la salud, derivado del artículo 21 de la Constitución Política, el servicio de agua potable debe de estar al alcance de toda persona."
Considerando IV — citando sentencia 2020-003446
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022346-26. PUBLIC SERVICES. A CLAIM IS BROUGHT ALLEGING THE IMPAIRMENT OF ACCESS TO POTABLE WATER FOR A FAMILY IN A VULNERABLE SITUATION FOLLOWING THE SUSPENSION OF SERVICE AND THE RELOCATION OF THE PUBLIC SOURCE TO A DISTANCE GREATER THAN THAT PERMITTED. THE FUNDAMENTAL RIGHT OF ACCESS TO POTABLE WATER IS FOUND TO HAVE BEEN VIOLATED BECAUSE A PUBLIC SOURCE WITHIN THE REASONABLE RADIUS ESTABLISHED BY CONSTITUTIONAL CASE LAW WAS NOT GUARANTEED. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED AND THE IMMEDIATE INSTALLATION OF A PUBLIC SOURCE AT A MAXIMUM OF FIFTY METERS FROM THE DWELLING IS ORDERED. VCG07/2026
"(...) IV.- On the suspension of the potable water supply on grounds of non-payment. This Court has repeatedly addressed this issue and, in judgment No. 2020-003446 of 09:30 hours on February 21, 2020, stated the following:
"The position of this Constitutional Tribunal regarding amparo appeals that challenge the suspension of the potable water supply has been consistently reiterated in the sense of acknowledging that the institutions that administer public water systems (acueductos públicos) may suspend service to their subscribers, provided that the users are in arrears in the payment of the established rates, since the legal and regulatory requirements that a prospective consumer must meet cannot be disregarded if they are reasonable. Notwithstanding the foregoing, this Tribunal has established the necessity that, if regular supply is to be cut, A y A or the Administering Association must make a public source available to the interested party at a short distance, where the person may obtain the vital liquid, since, given that the right to health — derived from Article 21 of the Political Constitution — is at stake, the potable water service must be within the reach of every person" (emphasis not in the original).
Furthermore, this Court has also clarified that suspension is permissible only for failure to pay the most recent monthly amount due. In judgment No. 2016-012075 of 09:30 hours on August 26, 2016, it stated the following in these terms:
"This Court has also repeatedly indicated that suspension is permissible only for failure to make timely payment of the most recent monthly amount due, since prior months that are owed must be collected separately through the appropriate channel. Thus, for example, in judgment No. 2003-06565 of 15:29 hours on July 8, 2003, it was stated: 'This Tribunal has referred to another condition for the suspension of water service to be constitutionally legitimate, indicating that a subscriber may not be deprived of service if the most recent overdue bill has been paid, since it is not permissible through that avenue to demand payment of the total or partial outstanding balance'" (emphasis not in the original).
Now, in the present case the appellant alleges that the suspension of the potable water service was the result of municipal debts associated with the property and that this circumstance had prevented the arrangement of a payment plan; however, this contention finds no support in the evidentiary materials on record in the case file (expediente).
In accordance with what was reported under oath by the respondent authorities — with the consequences, including criminal consequences, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction — it is established that the suspension of service was ordered on account of the delinquency specifically concerning the potable water service, a debt that has remained outstanding since the 2018 billing period, and not on account of failure to pay other municipal taxes. It is likewise established that the Municipalidad de Alajuela permits the person authorized to act on behalf of the estate (sucesión) to pay exclusively the amounts owed for potable water service by means of special payment receipts, without requiring prior payment of the other outstanding taxes as a condition. The respondent authority also noted that no application whatsoever initiated by the estate administrator (albacea) or by a person legally authorized to represent the estate seeking to formalize a payment arrangement or to regularize the debt corresponding to the potable water service appears on record. Accordingly, the impossibility alleged by the appellant of arranging a payment solution cannot be attributed to the Administration, nor can it be considered established that the suspension of service resulted from an improper condition tied to other tax obligations on the property.
That being so, in light of the foregoing considerations and consistent with the judgments cited, it is held that the disconnection of service was carried out based on the powers held by the respondent municipality, at the time on grounds of delinquency. Although there is a fundamental right of access to potable water, this right is not free of charge, and therefore the respondent authority holds the power to suspend service should subscribers fail to pay the amounts owed for that service. It is noteworthy that the appellant does not allege that the most recent overdue bill was paid and that restoration of service was then denied.
V.On the distance of the public water source. It is established that the public source installed upon suspension of service was placed at a distance of 60 meters from the dwelling. In this regard, it should be noted that this Tribunal, in judgment No. 2020-017717 of 09:20 hours on September 18, 2020, stated the following:
"(...) Under conditions similar to the facts under examination here, this Court, by way of resolution 2019021906, [held] the following (sic):
"'Now, taking into account the foregoing precedent, while the suspension of water service on account of an outstanding debt is reasonable, such action must be accompanied by the installation of a public source no more than 50 meters away; this is required in order to safeguard the protected party's right of access to potable water. In this regard, the Court, by way of judgment No. 2018-004812 of 9:30 hours on March 23, 2018, held:
"'V. Notwithstanding the foregoing, this Tribunal has established the necessity that if regular supply is to be suspended, the company or entity in charge must make a public source available to the interested party at 50 meters, where the person may obtain the vital liquid, since, given that the right to Health — derived from Article 21 of the Political Constitution — is at stake, the potable water service must be within the reach of every person (judgment 2003-01185 of nine hours forty minutes on February fourteenth, two thousand and three). In other words, when the potable water supply to domestic consumers is interrupted for failure to pay, it is necessary for the user to have a free provisioning source — namely, the public source — that is accessible in such a way that, through a reasonable degree of diligence on their part, they may obtain the minimum supply needed for their basic activities (see in that regard judgment No. 2017-16420 of 09:15 hours on October 13, 2017)'" (...)" (emphasis not in the original).
Subsequently, this Court, by way of judgment No. 2022-004589 of 09:15 hours on February 25, 2022, ordered the following in the relevant part:
"VII.- Now, with respect to the public source, on January 21, 2022, a public source was installed next to the dwelling where the protected party resides. Subsequently, on January 28, 2022, officials of the Municipalidad de Oreamuno conducted an inspection and determined the existence of an illegal connection, as a result of which the water connection was removed and the public source was relocated to a distance of 76 meters. Contrary to what the appellant maintained, the public source was initially installed next to the property where she resides, and was thereafter relocated to 76 meters away. Although there are no grounds for concluding that the events occurred as the protected party alleged, what is certain is that the public source was relocated in clear violation of this Tribunal's case-law rule on the matter: the public source must be located no more than 50 meters away. That being so, with respect to this particular point, the Constitutional Court must also intervene" (emphasis not in the original).
Subsequently, by way of resolution No. 2022-005659 of 09:20 hours on March 11, 2022, this Tribunal held the following:
"[I]t is verified that the appellant's potable water service was suspended at 9:54 hours on February 14, 2022, on account of failure to pay the January 2022 invoice. That as of January 15, 2022, the respondents proceeded, as required, to install a public source at NIS 5287128 at a distance of 50 meters to the South and 15 meters to the West of the appellant's property. In this regard, the respondent Institute acted in accordance with the applicable rules when it suspended service for failure to pay the prior month's bill; however, the public source was installed more than 50 meters from the property, thereby infringing the appellant's fundamental rights. In view of the foregoing, this amparo appeal must be granted" (emphasis not in the original).
These considerations are applicable to the case under examination, given that this Tribunal finds no reasons to depart from the position set out in the judgments partially transcribed above, nor grounds for viewing the situation presented in a different light, since in the present matter — as in the precedents cited — the public source was installed at a distance greater than the fifty meters that this jurisdiction has established as reasonable. In light of the foregoing, the violation of fundamental rights on this particular point is established and, consequently, the appeal is granted with the consequences set forth in the operative part (parte dispositiva) of this judgment. (...)"
022346-26. SERVICIOS PÚBLICOS. SE RECLAMA LA AFECTACIÓN AL ACCESO AL AGUA POTABLE DE UNA FAMILIA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD TRAS LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y LA REUBICACIÓN DE LA FUENTE PÚBLICA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A LA PERMITIDA. SE CONSIDERA VULNERADO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO AL AGUA POTABLE AL NO GARANTIZARSE UNA FUENTE PÚBLICA DENTRO DEL RADIO RAZONABLE ESTABLECIDO POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR Y SE ORDENA INSTALAR UNA FUENTE PÚBLICA A UN MÁXIMO DE CINCUENTA METROS DE LA VIVIENDA DE FORMA INMEDIATA. VCG07/2026
“(...) IV.- Sobre la suspensión del suministro de agua potable por morosidad. Respecto tema enunciado esta Sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades y en sentencia No. 2020-003446 de las 09:30 horas del 21 de febrero del 2020, indicó lo siguiente:
“La posición de este Tribunal Constitucional en cuanto a recursos de amparo en los que se cuestiona la suspensión del suministro de agua potable, ha sido reiterada en el sentido de admitir que las instituciones administradoras de los acueductos públicos pueden suspender el servicio a sus abonados, siempre y cuando los usuarios se encuentren en mora en el pago de las tarifas establecidas, pues los requisitos legales y reglamentarios que debe reunir el posible consumidor no pueden soslayarse si son razonables. A pesar de lo anterior, este Tribunal ha establecido la necesidad de que, si va a proceder a cortar el suministro regular, el A y A o la Asociación Administradora deje a disposición del interesado una fuente pública a corta distancia, donde pueda abastecerse del vital líquido, pues al estar de por medio el derecho a la salud, derivado del artículo 21 de la Constitución Política, el servicio de agua potable debe de estar al alcance de toda persona” (el énfasis no corresponde al original).
Por otra parte, también ha aclarado que la suspensión procede por la falta de pago del último importe mensual. En sentencia No. 2016-012075 de las 09:30 horas del 26 de agosto del 2016, lo indicó así en los siguientes términos:
“Esta Sala también ha indicado, de forma reiterada, que la suspensión, únicamente, procede por la falta de pago oportuno del último importe mensual, por cuanto los meses anteriores que se adeuden deberán ser cobrados, separadamente, por la vía correspondiente. Así, por ejemplo, en sentencia número 2003-06565 de las 15:29 hrs. de 8 de julio de 2003, se indicó: “Este Tribunal se ha referido a otra condición para que la suspensión del servicio de agua sea constitucionalmente legítimo, indicando que no puede privarse al administrado de éste si se ha cancelado el último recibo vencido, toda vez que no procede por esa vía exigir la obligación total o parcial del monto adeudado” (el énfasis no corresponde al original).
Ahora, en el presente caso el recurrente alega que la suspensión del servicio de agua potable obedeció a la existencia de deudas municipales asociadas al inmueble y a que tal circunstancia habría impedido gestionar un arreglo de pago, este extremo no encuentra respaldo en los elementos probatorios que constan en el expediente.
De conformidad con lo informado bajo juramento por las autoridades recurridas, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que la suspensión del servicio fue ordenada debido a la morosidad existente específicamente respecto del servicio de agua potable, cuya deuda se mantiene desde el período 2018, y no por la falta de cancelación de otros tributos municipales. Asimismo, se acreditó que la Municipalidad de Alajuela permite a la persona legitimada para actuar en representación de la sucesión cancelar exclusivamente las sumas adeudadas por concepto de agua potable mediante la confección de recibos especiales, sin exigir como condición previa el pago de los demás tributos pendientes. De igual forma, la autoridad recurrida señaló que no consta gestión alguna promovida por el albacea o por una persona legalmente facultada para representar la sucesión tendente a formalizar un arreglo de pago o a regularizar la deuda correspondiente al servicio de agua potable. De esta forma no puede atribuirse a la Administración la imposibilidad alegada por el recurrente para gestionar una solución de pago, ni tenerse por acreditado que la suspensión del servicio obedeciera a un condicionamiento indebido vinculado a otras obligaciones tributarias del inmueble.
Así las cosas, en mérito de las consideraciones del servicio se hizo basado en las potestades que tiene el municipio recurrido, en su momento por morosidad. Si bien existe un derecho fundamental de acceso al agua potable, este no es gratuito, por lo que la autoridad recurrida cuenta con la potestad de suspender el servicio, en caso de que los administrados no cancelen los montos que se adeuden por este concepto. Nótese que la parte recurrente no aduce que se cancelara el último recibo vencido y se le denegara el restablecimiento del servicio.
V.Sobre la distancia de fuente pública de agua. Se tiene acreditado que la fuente pública que se instaló con ocasión de la suspensión del servicio y fue instalada a una distancia de 60 metros de la vivienda. Al respecto, cabe señalar que este Tribunal, en la sentencia No. 2020-017717 de las 09:20 horas de 18 de setiembre de 2020, indicó lo siguiente:
“(…) Bajo similares condiciones a los hechos aquí en estudio, esta Sala mediante resolución 2019021906, lo siguiente (sic):
“Ahora, tomando en consideración el precedente de cita, si bien resulta razonable la suspensión del servicio de agua por la existencia de una deuda, tal hecho debe ir acompañado de la instalación de una fuente pública a no más de 50 metros; lo anterior para resguardar el derecho del tutelado del acceso al agua potable. Al respecto, la Sala, mediante sentencia n.º 2018-004812 de las 9:30 horas de 23 de marzo de 2018, resolvió:
“V. Sin demérito de lo anterior, este Tribunal ha establecido la necesidad de que si va a proceder a suspender el suministro regular, la empresa o ente encargado debe dejar a disposición del interesado una fuente pública a 50 metros, donde pueda abastecerse del vital líquido, pues al estar de por medio el derecho a la Salud, derivado del artículo 21 de la Constitución Política, el servicio de agua potable debe de estar al alcance de toda persona (sentencia 2003-01185 de las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de febrero del dos mil tres). En otras palabras, cuando por falta de pago se interrumpe el suministro de agua potable a consumidores domésticos, es necesario que el usuario tenga una fuente de aprovisionamiento gratuita, que es la fuente pública y accesible de manera que con una diligencia razonable de su parte, pueda aprovisionarse para sus actividades mínimas (en ese sentido véase la sentencia N° 2017-16420 de las 09:15 hrs. del 13 de octubre de 2017)” (…)” (el énfasis no corresponde al original).
Posteriormente, esta Sala mediante sentencia No. 2022-004589 de las 09:15 horas del 25 de febrero de 2022, en lo conducente dispuso:
“VII.- Ahora bien, en lo atinente a la fuente pública, el 21 de enero de 2022 se instaló una fuente pública a la par de la vivienda donde reside la amparada. Posteriormente, el 28 de enero de 2022, funcionarios de la Municipalidad de Oreamuno efectuaron una inspección, y determinaron la existencia de una toma ilegal, por lo que se retiró la conexión de agua y se reubicó la fuente pública a 76 metros de distancia. Contrario a lo afirmado por la recurrente, en un inicio se instaló la fuente pública a la par del inmueble donde reside, y luego de reubicó a 76 metros de distancia. Aunque no hay elementos de juicio que permitan concluir que los hechos ocurrieron como la amparada adujo, lo cierto es que la fuente pública fue reubicada en claro incumplimiento con la regla jurisprudencial de este Tribunal en la materia: la fuente pública debe ubicarse a no más de 50 metros de distancia. Así las cosas, en cuanto a este punto en particular, también debe intervenir esta Sala Constitucional” (el énfasis no corresponde al original).
Luego, mediante resolución No. 2022-005659 de las 09:20 horas del 11 de marzo de 2022, este Tribunal resolvió lo siguiente:
“[S]e verifica que el servicio de agua potable de la recurrente fue suspendido a las 9:54 horas del 14 de febrero del 2022, debido a la falta de pago de la factura del mes de enero de 2022. Que desde el 15 de enero de 2022 los recurridos procedieron, como corresponde, a instalar una fuente pública en el NIS 5287128 a una distancia de 50 metros al Sur y 15 metros al Oeste de la propiedad de la recurrente. En este sentido, el Instituto recurrido procedió conforme la normativa cuando suspendió el servicio por falta de pago del mes anterior; sin embargo, la fuente pública fue instalada a más de 50 metros de la propiedad, con lo que se lesionan sus derechos fundamentales. En virtud de lo anterior, corresponde la estimatoria de este recurso de amparo” (el énfasis no corresponde al original).
Tales consideraciones son aplicables al caso en estudio, dado que este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en las sentencias parcialmente trascritas, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada, dado que en el presente asunto al igual que los precedentes de cita la fuente pública se instaló a una distancia superior de los cincuenta metros que esta jurisdicción ha establecido como razonables. En mérito de lo expuesto, se acredita la vulneración de derechos fundamentales sobre este particular y, por consiguiente, se acoge el recurso con las consecuencias que se establecen en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”
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