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Res. 22284-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/06/2026

Municipal Obligation to Ensure Public Beach Access in ZMTObligación municipal de garantizar acceso terrestre a playas

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo was partially granted, ordering the Municipality of La Cruz to guarantee public terrestrial access to five beaches within eighteen months; the petition was denied for Playa Toyosa (accessible via adjacent Junquillal) and Bahía La Virgen (topographical impossibility under Article 20 of Law 6043).Se declaró parcialmente con lugar el amparo y se ordenó a la Municipalidad de La Cruz garantizar el acceso público terrestre a las playas Mostrencal, Morimar (Pochotes), Escondida, Guaria (Macaya) y Bahía Jicote (Corona/Brasilito) en un plazo de dieciocho meses; se desestimó el recurso respecto a playa Toyosa —accesible por playa Junquillal— y Bahía La Virgen —imposibilidad técnica topográfica bajo el artículo 20 de la Ley 6043—.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber examines an amparo petition against the Municipality of La Cruz (Guanacaste) for failure to guarantee public terrestrial access to seven beaches in the canton. The Court reaffirms that the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT) is public-domain property—inalienable and imprescriptible under Law 6043—and that Article 23 of that law affirmatively obligates the State and municipalities to build roads ensuring access to the coastal public strip. Finding no legally enabled access for five beaches (Mostrencal, Morimar/Pochotes, Escondida, Guaria/Macaya, and Bahía Jicote/Corona), the Chamber upholds a constitutional violation of the rights to free transit, a healthy environment, and enjoyment of the State's natural patrimony. Budget and administrative-complexity defenses are rejected. The petition is denied for Toyosa (reachable via adjacent Playa Junquillal) and Bahía La Virgen (topographical impossibility under Article 20 of the same law). The municipality is given eighteen months to guarantee the required access roads.La Sala Constitucional examina un recurso de amparo contra la Municipalidad de La Cruz (Guanacaste) por no garantizar el acceso terrestre público a siete playas del cantón. El Tribunal reitera que la zona marítimo terrestre (ZMT) es un bien demanial, inalienable e imprescriptible conforme a la Ley 6043, y que su artículo 23 obliga al Estado y a las municipalidades a construir vías para garantizar el acceso a la zona pública. Acreditada la inexistencia de vías habilitadas para cinco playas (Mostrencal, Morimar/Pochotes, Escondida, Guaria/Macaya y Bahía Jicote/Corona), la Sala declara la violación de los derechos al libre tránsito, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y al disfrute del patrimonio natural del Estado. Rechaza las excusas presupuestarias y de complejidad administrativa. Deniega el amparo respecto a Toyosa —accesible por playa Junquillal— y Bahía La Virgen —imposibilidad técnica topográfica bajo el artículo 20 de la misma ley—. Otorga dieciocho meses al municipio para garantizar los accesos.

Key excerptExtracto clave

Consistent with the foregoing, regarding this aspect of the petition, this Tribunal verifies the violation of the protected party's fundamental rights. From the report submitted by representatives of the respondent authority and the evidence provided for resolution of the matter, it has been duly established that the beaches Mostrencal, Pochotes —Playa Morimar—, Escondida, Guaria —Playa Macaya— and Bahía Jicote —Playa Corona—, all within the canton of La Cruz in the province of Guanacaste, do not have a legally enabled public access authorized by the municipal corporation, which undermines the fundamental right of persons to free access to public-domain property, to a healthy and ecologically balanced environment, and to enjoyment of the State's natural patrimony, specifically the maritime-terrestrial zone. Under this reasoning, this Tribunal can conclude that a municipal omission has occurred, in that the authority has failed to guarantee free transit or the corresponding mechanisms to allow enjoyment of property belonging to the State whose sole purpose is dedicated to the public interest. Along the same lines, Article 23, first paragraph, of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone is clear in stating that "The State or the municipalities must build roads to guarantee access to the public zone." This ruling is of particular relevance to the present case, as it is a clear example that invoking the complexity of administrative procedures—such as the donation of land to build an access road to Playa Mostrencal—or the significant economic cost and difficulties arising within the framework of inter-institutional cooperation in the normative construction of a Coastal Regulatory Plan that would allow orderly and appropriate development of the zone, are not valid excuses to justify withdrawal of protection from the right of access to demanial property.De conformidad con lo expuesto, en cuanto a este extremo del recurso, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales del tutelado. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha quedado debidamente acreditado que las playas Mostrencal, Pochotes -playa Morimar-, Escondida, Guaria -playa Macaya- y Bahía Jicote -playa Corona-, todas del cantón de La Cruz de la provincia de Guanacaste, no cuentan con un acceso público jurídicamente habilitado por la corporación municipal, lo cual pone en menoscabo el derecho fundamental de las personas a un acceso libre a los bienes de dominio público, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y al disfrute del patrimonio natural del Estado, específicamente de la zona marítimo-terrestre. Bajo esta tesitura, para este Tribunal es posible concluir que se configura una omisión por parte de la autoridad municipal, al no garantizar el libre tránsito ni los mecanismos correspondientes para poder ejercer el disfrute de un bien que pertenece al Estado y cuya vocación se encuentra exclusivamente destinada al interés público. En esta misma línea, el artículo 23 párrafo primero de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre es claro, al indicar que "El Estado o las municipalidades deberán construir vías, para garantizar el acceso a la zona pública." Este pronunciamiento reviste especial relevancia para el presente caso, ya que es un ejemplo claro de que alegar la complejidad de los procedimientos administrativos -como lo es el caso de la donación de terrenos para construir una vía de acceso a playa Mostrencal-, o bien, el costo económico significativo y las dificultades que surgen en el marco de una cooperación interinstitucional en la construcción normativa de un Plan Regulador Costero que permita desarrollar la zona de una manera ordenada y pertinente, garantizando la construcción de los accesos correspondientes a las playas, no son excusas válidas para justificar la desprotección del derecho al acceso a bienes demaniales.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la Sala en reiterada jurisprudencia ha confirmado que la zona marítimo terrestre es un bien demanial o bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil y como tal, es inalienable, por ello ningún particular se puede adueñar de parte de ella."

    "The Chamber has confirmed in repeated jurisprudence that the maritime-terrestrial zone is demanial property or public-domain property within the meaning of Article 261 of the Civil Code, and as such is inalienable; therefore no private party may claim ownership over any part of it."

    Considerando III — Sentencia 2000-5295 citada

  • "la Sala en reiterada jurisprudencia ha confirmado que la zona marítimo terrestre es un bien demanial o bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil y como tal, es inalienable, por ello ningún particular se puede adueñar de parte de ella."

    Considerando III — Sentencia 2000-5295 citada

  • "poner como trabas las deficiencias administrativas y presupuestarias, en las circunstancias expuestas, límite acostumbrado de la inefectividad de los entes públicos para cumplir con toda propiedad los fines encomendados, ya sea por mandato constitucional, o bien, por disposición legal, no es justificante suficiente para desproteger el derecho de salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado que tienen los munícipes."

    "Invoking administrative and budgetary shortcomings—the habitual refuge of ineffective public entities failing to properly fulfill their constitutionally or legally mandated objectives—is not a sufficient justification to strip citizens of their rights to health and to an ecologically balanced environment."

    Considerando IV — Sentencia 2006-3530 citada

  • "poner como trabas las deficiencias administrativas y presupuestarias, en las circunstancias expuestas, límite acostumbrado de la inefectividad de los entes públicos para cumplir con toda propiedad los fines encomendados, ya sea por mandato constitucional, o bien, por disposición legal, no es justificante suficiente para desproteger el derecho de salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado que tienen los munícipes."

    Considerando IV — Sentencia 2006-3530 citada

  • "el legislador reservó una zona 'estrictamente pública' dentro de la zona marítimo terrestre con el fin de garantizar el libre tránsito de las personas y el uso público. El artículo 23 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre dispone que el Estado o sus Municipalidades deberán de construir vías, para garantizar el acceso a dicha zona pública, por lo que declaró de interés público, toda vía de acceso existente o que se origine en el planeamiento del desarrollo de la zona pública."

    "The legislature reserved a 'strictly public' zone within the maritime-terrestrial zone in order to guarantee free transit and public use by all persons. Article 23 of the Maritime-Terrestrial Zone Law provides that the State or its Municipalities must build roads to guarantee access to that public zone, and accordingly declared as public interest every existing or planned access road arising from development planning of the public zone."

    Considerando IV — Sentencia 2011-9665 citada

  • "el legislador reservó una zona 'estrictamente pública' dentro de la zona marítimo terrestre con el fin de garantizar el libre tránsito de las personas y el uso público. El artículo 23 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre dispone que el Estado o sus Municipalidades deberán de construir vías, para garantizar el acceso a dicha zona pública, por lo que declaró de interés público, toda vía de acceso existente o que se origine en el planeamiento del desarrollo de la zona pública."

    Considerando IV — Sentencia 2011-9665 citada

  • "Se exceptúan de lo anterior aquellas secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso público, en cuyo caso se autorizará su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones."

    "Excepted from the foregoing are those sections that, due to their geographical configuration, topography or special conditions, cannot be used for public purposes, in which case their development may be authorized by the respective municipality and the Costa Rican Tourism Institute, provided they are not alienated and a free-transit zone is established to facilitate the public use and enjoyment of beaches, cliffs and estuaries, and pedestrian safety is guaranteed."

    Considerando V — Artículo 20, Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre

  • "Se exceptúan de lo anterior aquellas secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso público, en cuyo caso se autorizará su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones."

    Considerando V — Artículo 20, Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre

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Sections

022284-26. PROPERTY. FREEDOM OF TRANSIT. MUNICIPALITY. THE LACK OF PUBLIC LAND ACCESS TO PLAYAS MOSTRENCAL, MORIMAR (POCHOTES), ESCONDIDA, GUARIA (PLAYA MACAYA), AND BAHÍA JICOTE (PLAYA CORONA/BRASILITO) IN THE CANTON OF LA CRUZ IS CHALLENGED. IT IS FOUND THAT THE ABSENCE OF ENABLED PUBLIC ROADS INFRINGES THE RIGHT OF ACCESS TO AND ENJOYMENT OF PUBLIC DOMAIN ASSETS AND OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE. PARTIALLY GRANTED; PUBLIC LAND ACCESS IS ORDERED TO BE GUARANTEED WITHIN EIGHTEEN MONTHS. VCG07/2026 "(…) III.- ON THE RIGHT OF USE OVER THE PUBLIC ZONE OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE (zona marítimo terrestre). For the proper resolution of this matter, it is useful to revisit what the Court has stated regarding the legal regime governing the maritime-terrestrial zone. In this regard, this Constitutional Tribunal has held that the maritime-terrestrial zone forms part of the public domain (dominio público) and, as such, is inalienable and imprescriptible, and therefore cannot be the object of private appropriation. By way of example, in judgment No. 2000-5295, issued at 10:46 a.m. on June 30, 2002, the following was concluded:

"...the Court, in its consistent case law, has confirmed that the maritime-terrestrial zone is a state domain asset (bien demanial) or public domain asset, within the meaning of Article 261 of the Civil Code, and as such is inalienable; therefore, no private individual may take ownership of any part of it. It should be noted that the Maritime-Terrestrial Zone Law, Law No. 6043 of March 2, 1977, in its Article 1 establishes this character, providing that the zone forms part of the national heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Likewise, in its Articles 9 and 10, it designates as public domain a strip of two hundred meters, of which fifty constitute the public zone (zona pública)—that is, the 'strictly public' zone—while the remaining one hundred and fifty meters may be referred to as the 'restricted zone' (zona restringida), in which a certain, conditional possession by private individuals is permitted (see in this regard judgments No. 447-91, issued at 3:30 p.m. on February 21, 1991, and No. 1975-91, issued at 8:48 a.m. on October 4, 1991).

(...) As established by Article 20 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, the public zone may not be the subject of occupation under any title or in any case, nor may any right over it be claimed, except for the exceptions established by the law itself, which are not appropriately discussed in this venue. Nevertheless, in accordance with established case law and Article 39 of the aforementioned law, the granting of concessions is permitted, but only within the sector known as the restricted zone." In the same vein, it is also worth recalling the provisions of resolution No. 2011-15473, issued at 9:46 a.m. on November 11, 2011, which reads as follows:

"It is necessary to recall that the public domain is composed of assets that, by express legislative intent, have been designated for a special purpose: to serve the community and the public interest. Thus, public assets (bienes dominicales), state domain assets, and public goods or things are those that do not individually belong to private individuals, that are intended for public use, and that are subject to a special legal regime placing them outside the sphere of private commerce—that is, they are dedicated by their very nature and purpose. Consequently, such assets belong to the State in the broadest sense of the concept; they are devoted to the service they provide, which is invariably essential by virtue of an express legal provision. Accordingly, it should be noted that, pursuant to Article 261 of the Civil Code, the maritime-terrestrial zone strip is a public domain asset and, in that sense, a state domain asset.

It is precisely for these reasons that the characteristic features of such assets include their inalienability, imprescriptibility, and non-attachability (inembargabilidad); they cannot be mortgaged nor subjected to encumbrances under civil law, and administrative action replaces civil injunctive relief (interdictos) as the means to recover dominion over them. Since they are outside of commerce, such assets cannot be the object of private possession; accordingly, one may acquire a right to use them, but not a right of ownership over them."

IV.REGARDING ACCESS TO PLAYA MOSTRENCAL, PLAYA MORIMAR (POCHOTES), PLAYA ESCONDIDA, PLAYA GUARIA (PLAYA MACAYA), AND BAHÍA JICOTE (PLAYA CORONA/BRASILITO). The petitioner states that the beaches of Pochotes, Mostrencal, Escondida, Toyosa, Guaria, Bahía Jicote, and Bahía La Virgen, all located in the canton of La Cruz, Guanacaste, are closed to public land access because there are no enabled public roads providing access to them. He states that on June 13, 2025, and July 2, 2025, he submitted written requests to the respondent, seeking its intervention to enable road access; however, he alleges that the response was evasive and that the mayor's arguments are illegitimate. He considers that the local government has an obligation to guarantee public access to the public zone. He considers that his rights to freedom of transit, to access to public domain assets, to a healthy environment, and to the enjoyment of the natural heritage have been violated, as well as a breach of the social function of the right to property and the principle of legality.

In light of the foregoing, with respect to this aspect of the appeal, this Tribunal finds that the fundamental rights of the protected party have been violated. From the report submitted by the representatives of the respondent authority and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly established that the beaches of Mostrencal, Pochotes—Playa Morimar—, Escondida, Guaria—Playa Macaya—, and Bahía Jicote—Playa Corona—, all in the canton of La Cruz in the province of Guanacaste, do not have a legally enabled public access route established by the municipal corporation, which undermines the fundamental right of individuals to free access to public domain assets, to a healthy and ecologically balanced environment, and to the enjoyment of the natural heritage of the State, specifically the maritime-terrestrial zone.

Under this framework, this Tribunal finds that the municipal authority has committed an omission by failing to guarantee freedom of transit or the corresponding mechanisms needed to exercise the right to enjoy an asset belonging to the State and devoted exclusively to the public interest. Along these same lines, Article 23, first paragraph, of the Maritime-Terrestrial Zone Law is clear in providing that "The State or municipalities shall construct roads to guarantee access to the public zone." Previously, this Chamber has heard writ of amparo (amparo) and habeas corpus proceedings in which the petitioner alleges that access to a beach has been restricted and the Municipality has failed to respond to the problem, thereby undermining freedom of transit through the maritime-terrestrial zone. An example of this is Voto 2011-9665, issued at 2:52 p.m. on July 26, 2011, in which the following was concluded:

"IV.- The concrete case.— As indicated in the preceding considerando, the legislature reserved a 'strictly public' zone within the maritime-terrestrial zone in order to guarantee freedom of transit for individuals and public use. Article 23 of the Maritime-Terrestrial Zone Law provides that the State or its Municipalities shall construct roads to guarantee access to said public zone, and consequently declared to be of public interest every existing access road or one originating in the planning of the development of the public zone. For this reason, the Regulations of the aforementioned law provide that, in the exercise of the right to public use, the general interest must always be kept in mind, and access to the maritime-terrestrial zone as well as freedom of transit through it must be guaranteed at all times. In the case under study, it has been established that the public access defined in the Partial Regulatory Plan (Plan Regulador) of Pavones, the sector between Quebrada El Macho and Quebrada el Higo, running east to west, in front of boundary markers (mojones) 365 to 375, does not exist and is not passable.

Specifically, the public-use beach access points located between boundary markers 365 and 372, which begin at the main road, cross the property of the concessionaires in dispute and are blocked by a gate. In addition, the pedestrian access located between boundary markers 360 and 361 is not enabled for pedestrian passage, as it has been overtaken by brush, given that the respondent Municipality has not provided the required maintenance. Consequently, this Court finds that the aforementioned public access routes to Playa Delfín are not accessible for various reasons, which establishes that the violation of the rights of the petitioner and other residents has been confirmed. The respondent Municipality is hereby put on notice that the dispute pending before the administrative courts regarding the possible encroachment on maritime-terrestrial zone lands by Playa Delfín S. A. does not prevent it from taking the appropriate steps to determine with certainty which access routes to Playa Delfín are public, and consequently to proceed in accordance with Article 23 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, in conjunction with Article 2 of the General Public Roads Law (see in this regard judgment No. 2007-018483, issued at 6:19 p.m. on December 19, 2007).

Likewise, the respondent authorities shall maintain in good condition the public entrance located at boundary markers 360 and 361 and guarantee entry to and exit from the beach. The disputes currently being resolved in the ordinary courts, while related to the conflict at issue, do not prevent the Municipality from conducting the relevant inquiries to determine the public character of the access routes to Playa Delfín and to guarantee their full use by all citizens." [emphasis added].

Additionally, Articles 3.1 and 10 of the Water Law (Ley de Aguas), Nº 276, provide as follows:

Article 3.— The following are likewise national property:

I. Beaches and maritime zones;

(...)

Article 10.— The free use of the coastal sea, navigable rivers, inlets, roadsteads, bays, and sea entrances is understood to encompass navigation, fishing, embarkation, disembarkation, anchoring, and other similar acts, in accordance with the legal or regulatory provisions governing them, and provided that such use has not been the subject of a private concession or State reservation. The same applies to the use of beaches, which authorizes everyone, subject to the same restrictions, to walk along them, to bathe, to lay out and dry clothing and nets, to beach, careen, and construct vessels, to water livestock, and to gather shells, plants, and shellfish.

For its part, the Regulations to the Maritime-Terrestrial Zone Law, Nº 7841-P, in its Article 9, provides:

"Article 9.— In the exercise of the right to public use, the general interest must always be kept in mind, guaranteeing at all times access to the zone and freedom of transit through it for any person, the practice of sports, and activities for healthy physical and cultural recreation. In the public zone, transit by motor vehicles is prohibited, except when the corresponding municipal permit has been obtained." Based on the foregoing ruling, the non-existence or impassability of a public road enabling freedom of transit and access to a beach constitutes a violation of constitutional case law and the regulations governing the maritime-terrestrial zone. With respect to the respondent Municipality's argument regarding the impossibility of guaranteeing public access to the referenced beaches by land routes due to budget constraints and the need to reach agreements gradually, it is worth invoking resolution No. 2006-3530, issued at 6:01 p.m. on March 14, 2006 by this Constitutional Tribunal, which resolved as follows:

"II.- On the law. The present appeal is based on the fact that the Municipality of Tibás, which carries out waste collection in that canton, has ceased to provide that service, causing solid waste to accumulate on the roads of the community where the protected party resides. The petitioner also states that the Ministry of Health has not taken the necessary measures to prevent the environmental contamination caused by the accumulation of waste on the streets of Tibás. Although the mayor clarifies that the waste collection problems afflicting the community—and which are the subject of this amparo—are due to a shortage of collection vehicles and, more generally, a lack of budget for an efficient service, and that despite this, programs have been initiated to mitigate this deficiency, the Ministry of Health, Health Governing Area of Tibás, has confirmed that waste persists throughout much of the canton.

This Court has on various occasions granted amparo appeals based on this same problem, which appears not to have been given a definitive solution (see, among others, judgment No. 2005-07065, issued at 4:05 p.m. on June 7, 2005). The municipal corporation of Tibás is obligated to provide, at minimum, an effective waste collection service. However, invoking administrative and budgetary deficiencies as obstacles—the customary limitation of public entities' ineffectiveness in properly fulfilling their assigned duties, whether by constitutional mandate or legal provision—is not sufficient justification for leaving unprotected the right to health and to an ecologically balanced environment enjoyed by the residents of Tibás. The lack of an adequate organization for waste collection may be attributable to various administrative and even political causes; however, it cannot be maintained that, after an entire year, the public servants whose actions or omissions can be objectively associated with this situation need not respond diligently to those who are deprived of the enjoyment of their fundamental rights.

Therefore, the appeal must be granted, ordering the authorities of the Municipality of Tibás, each within the scope of their respective competencies, to adopt all necessary measures to ensure waste collection service throughout the canton of Tibás with efficiency and regularity. The Ministry of Health shall conduct the relevant inspections to ensure that this work is carried out effectively." [emphasis added] This ruling is of particular relevance to the present case, as it is a clear example of the principle that invoking the complexity of administrative procedures—such as the land donation process for the construction of a road providing access to Playa Mostrencal—or the significant economic cost and difficulties arising in the context of interinstitutional cooperation in developing a Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) that would allow the zone to be developed in an orderly and appropriate manner while guaranteeing the construction of the corresponding beach access routes, are not valid excuses to justify leaving the right of access to public domain assets unprotected.

Nonetheless, notwithstanding the finding that a violation of the fundamental rights of the protected party has been established, this Court does not overlook the fact that the information provided by the respondent Municipality regarding the need to properly plan the methods by which public access to the beaches under review will be guaranteed—through the construction of land roads—is indeed a matter whose determination falls within technical criteria that form part of the municipality's discretionary authority. In this regard, see judgment No. 8223-2001, issued at 3:51 p.m. on August 14, 2001, which reads as follows:

"As this Court has consistently held in its jurisprudence, beaches are national assets and, for this reason, Municipalities must take the necessary precautions to guarantee their enjoyment and protection when granting concessions or building permits for urban development projects. In the present case, the respondent Municipality states that no public land access to the beach sectors identified by the petitioner was contemplated, and that it has appointed a commission tasked with studying possible alternatives, to which the protected party must defer, as the Court cannot guarantee the unrestricted access requested through private property without the corresponding procedures for declaring the public character of the access route having been followed. It will be for the Municipality, in accordance with its local policies and order of priorities, to determine whether it is reasonable (taking into account the cost-benefit factor) to invest in, for example, the expropriation of land and the construction of public roads in that sector, to which the protected party and all Costa Ricans have access and the right of enjoyment—by virtue of the nature of the asset—by sea and by air; given that it has not been established in the amparo that the petitioner has been prevented from enjoying those beach sectors, which, should it occur, may be brought to the attention of the local Municipality for action within its purview." [emphasis added] In light of the foregoing, the granting of this aspect of the appeal is made taking into account that a process with such demanding logistics—such as the preparation of a Regulatory Plan—as well as the planning entailed in implementing legal instruments for the acquisition of private property—such as expropriation or administrative-level land donation—are actions involving a significant effort, which this Tribunal takes into account, as provided in the operative portion of this judgment. Accordingly, the appeal is granted with respect to access to Playa Mostrencal, Playa Morimar (Pochotes), Playa Escondida, Playa Guaria (Playa Macaya), and Bahía Jicote (Playa Corona/Brasilito).

V. REGARDING ACCESS TO PLAYA TOYOSA AND BAHÍA LA VIRGEN

In contrast to the claim regarding the lack of access to the beaches cited in the preceding Considerando, with respect to this aspect of the appeal, this Tribunal finds no violation of the fundamental rights of the protected party. From the report submitted by the representatives of the respondent authority and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly established that Playa Toyosa and Bahía La Virgen likewise lack direct public access; however, this is because: A) Playa Toyosa is accessible through Playa Junquillal, which is a shoreline administered by the Refugio de vida Silvestre Junquillal; and B) Bahía La Virgen is a beach that, due to its topographical and natural conditions, is not suitable for purposes of free access, owing to circumstances that technically preclude the enabling of such access.

In the first case under study, which concerns Playa Toyosa, it is necessary to clarify that the fact that the Municipality has not guaranteed a public access route dedicated exclusively to this shoreline does not mean that the fundamental right of access to and enjoyment of public domain assets is being infringed. This is because, according to the information provided under oath by the respondent, this coast can be accessed by individuals through Playa Junquillal, which is another shoreline near Playa Toyosa that does have an overland access route. In other words, what the petitioner objects to is the absence of an exclusive access road to this beach. In this regard, any dissatisfaction with such a situation must be addressed before the municipal Administration itself, as no violation of a fundamental right is evident that would fall within the scope of review of this jurisdiction.

Turning next to Bahía La Virgen, as previously indicated, the respondent Municipality reported under oath that no public access to said beach has been guaranteed because there exists a technical impossibility for its enablement, resulting from adverse topographical and natural conditions, the direct consequence of which is that this public domain asset is not suitable for public use by the general population. Under this framework, it is appropriate to invoke Article 20 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, which, in referring to the public purpose and freedom of transit to which assets forming part of the public domain are subject, states that "Excepted from the foregoing are those sections that, due to their geographic configuration, topography, or special conditions, cannot be used for public purposes, in which case their development shall be authorized by the respective municipality and the Instituto Costarricense de Turismo, provided that they are not alienated and that a free-transit zone is established to facilitate the public use and enjoyment of beaches, cliffs, and estuaries and to guarantee the safety of pedestrians." Under these circumstances, this Tribunal is not empowered to order the municipal entity to guarantee access to a zone whose conditions represent a risk to the safety of passersby, as there are technical criteria that preclude the construction and enabling of land roads to this area.

For the foregoing reasons, with respect to these aspects of the appeal, no failure to exercise the competencies conferred on the municipal corporation is evident, nor any violation of the fundamental right of individuals to free access to public domain assets, to a healthy and ecologically balanced environment, or to the enjoyment of the natural heritage of the State. Accordingly, the amparo is denied with respect to these grounds. (…)"

Secciones

022284-26. PROPIEDAD. LIBERTAD DE TRÁNSITO. MUNICIPALIDAD. SE CUESTIONA LA FALTA DE ACCESO TERRESTRE PÚBLICO A LAS PLAYAS MOSTRENCAL, MORIMAR (POCHOTES), ESCONDIDA, GUARIA (PLAYA MACAYA) Y BAHÍA JICOTE (PLAYA CORONA/BRASILITO) EN EL CANTÓN DE LA CRUZ. SE CONSIDERA QUE LA AUSENCIA DE VÍAS PÚBLICAS HABILITADAS LESIONA EL DERECHO DE ACCESO Y DISFRUTE DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR Y SE ORDENA GARANTIZAR EL ACCESO PÚBLICO TERRESTRE EN DIECIOCHO MESES. VCG07/2026 “(…) III.- SOBRE EL DERECHO DE USO SOBRE LA ZONA PÚBLICA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Para la correcta resolución de este asunto, conviene retomar lo que la Sala ha dicho en relación con el régimen jurídico que ostenta la zona marítimo terrestre. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha manifestado que esta constituye parte del dominio público y, como tal, es inalienable e imprescriptible, por lo que no puede ser objeto de apropiación particular. A modo de ejemplo, en la sentencia número 2000-5295 de las 10:46 horas del 30 de junio de 2002, se concluyó lo siguiente:

“...la Sala en reiterada jurisprudencia ha confirmado que la zona marítimo terrestre es un bien demanial o bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil y como tal, es inalienable, por ello ningún particular se puede adueñar de parte de ella. Debe hacerse notar, que la Ley sobre la Zona Marítimo (sic) Terrestre, ley número 6043 del 2 de marzo de 1977, en su artículo 1 establece dicho carácter, disponiendo que esa zona constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Asimismo, en sus artículos 9 y 10 determina como de dominio público una franja de doscientos metros de los que cincuenta son de zona pública, diríase "estrictamente pública" mientras que los restantes ciento cincuenta metros pueden denominarse como "zona restringida", en la que se permite cierta y condicionada posesión por los particulares (ver al respecto sentencias número 447-91 de las 15:30 horas del veintiuno de febrero de 1991 y 1975-91 de las 8:48 horas del 4 de octubre de 1991).(...) según lo ha impuesto el artículo 20 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título y en ningún caso, no pudiéndose tampoco alegar derecho alguno sobre ella, excepto las salvedades hechas por la misma ley, cuya discusión no es procedente en esta vía.

No obstante, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia, así como por el artículo 39 de la ley citada, se permite el otorgamiento de concesiones, únicamente en el sector denominado como zona restringida.”.

En el mismo sentido, también merece la pena recapitular lo dispuesto en la resolución número 2011-15473 de las 9:46 horas del 11 de noviembre de 2011, donde se dispuso según se lee:

“Es necesario recordar que, el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. De tal modo, que son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicos, aquellos que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres; es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto; están afectados al servicio que prestan y que, invariablemente, es esencial en virtud de norma expresa. De tal modo, cabe destacarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 261 del Código Civil, la franja de la Zona Marítimo Terrestre es un bien de dominio pública, en ese sentido, es un bien demanial.

Es precisamente por estas razones que, como notas características suyas, pueden señalarse su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad; no pueden hipotecarse ni son susceptibles a gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Dado que están fuera del comercio, tales bienes no pueden ser objeto de posesión, de tal manera que se puede adquirir un derecho a su aprovechamiento, pero no un derecho de propiedad sobre ellos.”

IV.EN CUANTO AL ACCESO A PLAYA MOSTRENCAL, PLAYA MORIMAR (POCHOTES), PLAYA ESCONDIDA, PLAYA GUARIA (PLAYA MACAYA) Y BAHÍA JICOTE (PLAYA CORONA/BRASILITO). El recurrente manifiesta que las playas Pochotes, Mostrencal, Escondida, Toyosa, Guaria, Bahía Jicote y Bahía La Virgen, todas del cantón de La Cruz, Guanacaste, se encuentran cerradas al acceso terrestre público, pues no existen vía públicas habilitadas para el acceso a estas. Señala que en fechas 13 de junio de 2025 y 2 de julio de 2025, presentó notas ante la recurrida, solicitando su intervención para la habilitación de caminos; no obstante, acusa que la respuesta fue evasiva y que los argumentos del alcalde son ilegítimos. Considera que el gobierno local tiene la obligación de garantizar a las personas el acceso a la zona pública. Estima lesionados sus derechos al libre tránsito, al acceso a bienes de dominio público, a un ambiente sano y al disfrute del patrimonio natural, así como una transgresión a la función social del derecho a la propiedad y al principio de legalidad.

De conformidad con lo expuesto, en cuanto a este extremo del recurso, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales del tutelado. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha quedado debidamente acreditado que las playas Mostrencal, Pochotes -playa Morimar-, Escondida, Guaria -playa Macaya- y Bahía Jicote -playa Corona-, todas del cantón de La Cruz de la provincia de Guanacaste, no cuentan con un acceso público jurídicamente habilitado por la corporación municipal, lo cual pone en menoscabo el derecho fundamental de las personas a un acceso libre a los bienes de dominio público, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y al disfrute del patrimonio natural del Estado, específicamente de la zona marítimo-terrestre.

Bajo esta tesitura, para este Tribunal es posible concluir que se configura una omisión por parte de la autoridad municipal, al no garantizar el libre tránsito ni los mecanismos correspondientes para poder ejercer el disfrute de un bien que pertenece al Estado y cuya vocación se encuentra exclusivamente destinada al interés público. En esta misma línea, el artículo 23 párrafo primero de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre es claro, al indicar que “El Estado o las municipalidades deberán construir vías, para garantizar el acceso a la zona pública.”. Anteriormente, esta Cámara ha conocido procesos de amparo y habeas corpus en donde la parte recurrente alega que el acceso a una playa se ha visto limitado y la Municipalidad no ha brindado una respuesta a la problemática, poniéndose en menoscabo su libertad de tránsito por la zona marítimo terrestre. Ejemplo de ello es el voto número 2011-9665 de las 14:52 horas del 26 de julio de 2011, donde se concluyó lo siguiente:

“IV.- Caso concreto.- Como se indicó en el considerando anterior, el legislador reservó una zona “estrictamente pública” dentro de la zona marítimo terrestre con el fin de garantizar el libre tránsito de las personas y el uso público. El artículo 23 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre dispone que el Estado o sus Municipalidades deberán de construir vías, para garantizar el acceso a dicha zona pública, por lo que declaró de interés público, toda vía de acceso existente o que se origine en el planeamiento del desarrollo de la zona pública. Es por ese motivo, que el Reglamento de la ley de cita, indica que en el ejercicio del derecho al uso público, debe tenerse siempre presente el interés general, y garantizar en todo momento el acceso a la zona marítimo terrestre y el libre tránsito en ella. En el caso bajo estudio, se tiene por demostrado que el acceso público definido en el Plan Regulador Parcial de Pavones, Sector entre Quebrada El Macho y Quebrada el Higo, sentido este a oeste, frente a los mojones 365 al 375 no existe ni es transitable.

Específicamente, los accesos a la playa de uso público ubicados entre los mojones 365 a 372 que parten de la calle principal, atraviesan la propiedad de los concesionarios en conflicto y se encuentran cerrados por un portón. En adición, el acceso peatonal ubicado entre los mojones 360 y 361 no está habilitado para el paso de los peatones debido a que se encuentra invadido por maleza, dado que la Municipalidad recurrida no le ha brindado el mantenimiento requerido. En consecuencia, esta Sala verifica que los accesos públicos antedichos a la playa Delfín no son accesibles por diversas razones, lo que implica que ha quedado constatada la violación a los derechos de la recurrente y demás habitantes. Advierta la Municipalidad accionada que la disputa en sede contencioso administrativo sobre la posible usurpación de terrenos en la zona marítimo terrestre por parte de Playa Delfín S. A., no le impide ejecutar las gestiones pertinentes para determinar con certeza cuáles son accesos públicos a la playa Delfín y, consecuentemente, proceder a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en concordancia con el 2 de la Ley General de Caminos Públicos (ver en ese sentido la sentencia número 2007-018483 de las 18:19 horas del 19 de diciembre de 2007).

Asimismo, las autoridades recurridas deberán conservar en buen estado la entrada pública ubicada en el mojón 360 y 361 y garantizar la entrada y salida a la playa. Las disputas que actualmente se dirimen en la jurisdicción ordinaria, si bien guardan relación con el conflicto en cuestión, no impiden a la Municipalidad realizar las averiguaciones del caso, con el fin de determinar el carácter público de los accesos a playa Delfín y garantizar su pleno uso por parte de toda la ciudadanía.” [el subrayado es nuestro].

Adicionalmente, en los artículos 3.1 y 10 de la Ley de Aguas, Nº 276, se indica:

Artículo 3º.- Son igualmente de propiedad nacional:

I. Las playas y zonas marítimas;

(...)

Artículo 10.- El libre uso del mar litoral, ríos navegables, ensenadas, radas, bahías y abras, se entiende para navegar, pescar, embarcar, desembarcar, fondear y otros actos semejantes, conforme a las prescripciones legales o reglamentarias que lo regulen y siempre que ese uso no haya sido objeto de una concesión particular o de reserva del Estado. En el mismo caso se encuentra el uso de las playas, el cual autoriza a todos, con iguales restricciones, para transitar por ellas, bañarse, tender y enjugar ropas y redes, verar, carenar y construir embarcaciones, bañar ganado y recoger conchas, plantas y mariscos.

Por su parte, el Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nº 7841-P, en su artículo 9, indicó:

"Artículo 9º.- En el ejercicio del derecho al uso público debe tenerse siempre presente el interés general, garantizando en todo momento el acceso a la zona y el libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de actividades para el sano esparcimiento físico y cultural. En la zona pública es prohibido transitar en vehículos motores, salvo cuando para ello se cuente con el correspondiente permiso municipal".

Tomando como referencia el anterior pronunciamiento, la inexistencia o intransitabilidad de una vía pública que permita el libre tránsito y acceso a una playa, constituye una violación a la jurisprudencia constitucional y a la normativa en materia de zona marítimo terrestre. Ahora bien, al respecto del alegato de la Municipalidad accionada sobre la imposibilidad de garantizar el acceso público a las playas citadas mediante vías terrestres por la falta de presupuesto y la necesidad de llegar a acuerdos de manera paulatina, merece la pena traer a colación la resolución número 2006-3530 de las 18:01 horas del 14 de marzo del 2006 de este Tribunal Constitucional, que resolvió lo siguiente:

"II.- Sobre el derecho. El presente recurso se base en el hecho de que la Municipalidad de Tibás, que en ese cantón realiza la recolección de basura, ha dejado de prestar ese servicio y se han acumulado los desechos sólidos en las vías de dicha comunidad, lugar donde reside el amparado. Señala el recurrente que tampoco el Ministerio de Salud ha tomado las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental que produce la acumulación de desechos en las calles tibaseñas. Aunque aclara la Alcaldesa que los problemas de recolección de basura que aquejan a esa comunidad -y que son objeto de este amparo- se deben a la falta de camiones recolectores y en general a la falta de presupuesto para un eficiente servicio, pero a pesar de ello se han iniciado programas para mitigar esa deficiencia, el Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud de Tibas, ha constatado que la basura persiste en gran parte del cantón.

Esta Sala en diversas oportunidades ha estimado recursos de amparo por este mismo problema que pareciere que no se le da solución definitiva (ver entre otras la sentencia número 2005-07065 de las 16:05 horas del 7 de junio de 2005). La corporación municipal de Tibás está en la obligación de prestar, al menos un efectivo servicio de recolección de basura. Empero, poner como trabas las deficiencias administrativas y presupuestarias, en las circunstancias expuestas, límite acostumbrado de la inefectividad de los entes públicos para cumplir con toda propiedad los fines encomendados, ya sea por mandato constitucional, o bien, por disposición legal, no es justificante suficiente para desproteger el derecho de salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado que tienen los munícipes de Tibás. La falta de una adecuada organización para la recolección de basura, puede obedecer a varias causas administrativas y políticas incluso, pero no es posible afirmar que, entonces después de un año, los servidores a cuyas acciones u omisiones pueda objetivamente asociarse este fenómeno, no hayan de responder diligentemente ante quienes se ven privados del disfrute de sus derechos fundamentales.

De ahí, que deba acogerse el recurso, ordenando a las autoridades de la Municipalidad de Tibás, cada una dentro del ámbito de sus competencias, adoptar todas las medidas para garantizar la recolección del servicio de basura en todo el cantón de Tibás con eficiencia y regularidad. Debe el Ministerio de Salud realizar las inspecciones pertinentes para que esta labor se realice en forma efectiva.” [el subrayado es nuestro] Este pronunciamiento reviste especial relevancia para el presente caso, ya que es un ejemplo claro de que alegar la complejidad de los procedimientos administrativos -como lo es el caso de la donación de terrenos para construir una vía de acceso a playa Mostrencal-, o bien, el costo económico significativo y las dificultades que surgen en el marco de una cooperación interinstitucional en la construcción normativa de un Plan Regulador Costero que permita desarrollar la zona de una manera ordenada y pertinente, garantizando la construcción de los accesos correspondientes a las playas, no son excusas válidas para justificar la desprotección del derecho al acceso a bienes demaniales.

Ahora bien, a pesar de que se comprueba la existencia de una violación a los derechos fundamentales del amparado, no escapa a la atención de esta Sala que lo informado por la Municipalidad recurrida al respecto de la necesidad de planificar adecuadamente los métodos mediante los cuales se va a garantizar el acceso público a las playas bajo estudio, a través de la construcción de vías terrestres, sí es un aspecto cuya escogencia corresponde a criterios técnicos que forman parte de la discrecionalidad del ente municipal. En ese sentido, véase la sentencia número 8223-2001 de las 15:51 horas del 14 de agosto de 2001, que dispone según se lee:

“Como ya lo ha sostenido esta Sala en su reiterada jurisprudencia, las playas son bienes de la Nación y por tal motivo las Municipalidades deben tomar las previsiones necesarias para garantizar su disfrute y protección cuando otorguen concesiones o permisos constructivos para desarrollos urbanísticos. En el subjudice, la Municipalidad accionada señala que no se previó ningún acceso público terrestre a los sectores de playa que señala el recurrente, y que ha nombrado una comisión encargada de estudiar posibles alternativas, a lo que deberá estarse el amparado, en tanto la Sala no puede garantizarle el acceso irrestricto que solicita a través de propiedad privada, y sin que se haya acudido a los procedimientos correspondientes para declarar la demanialidad del acceso. Será la Municipalidad la que de acuerdo a sus políticas locales y orden de prioridades determine si es razonable (tomando en cuenta el factor costo-beneficio) invertir en, por ejemplo, la expropiación de terrenos y en la construcción de caminos públicos en ese sector, al que tiene acceso y disfrute el amparado y todos los costarricenses –por la naturaleza del bien- a través de la vía fluvial y aérea; sin que se haya acreditado en el amparo que se haya impedido al recurrente el disfrute de esos sectores de playa, lo que de ocurrir, puede poner en conocimiento de la Municipalidad local para lo de su cargo.” [el subrayado es nuestro] En virtud de lo anterior, la estimatoria del presente extremo del recurso se realiza tomando en consideración que un proceso con una logística tan demandante -como lo es la elaboración de un Plan Regulador-, así como la planificación que conlleva ejecutar instrumentos jurídicos para la apropiación de propiedades privadas -como la expropiación o la donación en sede administrativa-, son actuaciones que implican un esfuerzo significativo, lo cual es considerado por este Tribunal, según se dispone en la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, se declara con lugar el recurso en cuanto al acceso a playa Mostrencal, playa Morimar (Pochotes), playa Escondida, playa Guaria (playa Macaya) y Bahía Jicote (playa Corona/Brasilito).

V. EN CUANTO AL ACCESO A PLAYA TOYOSA Y BAHÍA LA VIRGEN

Caso contrario al reclamo por la falta de acceso a las playas citadas en el Considerando anterior, en cuanto a este extremo del recurso, este Tribunal descarta la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Del informe rendido por los representantes de la autoridad recurrida y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha quedado debidamente acreditado que playa Toyosa y Bahía la Virgen tampoco cuentan con un acceso público directo; no obstante, ello obedece a que: A) es posible acceder a playa Toyosa a través de playa Junquillal, que se trata de un litoral que es administrado por el Refugio de vida Silvestre Junquillal; y B) Bahía La Virgen es una playa que, por sus condiciones topográficas y naturales, no es aprovechable para fines de libre acceso, por circunstancias que imposibilitan técnicamente su habilitación.

En el primer caso bajo estudio, que corresponde a playa Toyosa, es menester aclarar que el hecho de que la Municipalidad no haya garantizado un acceso público exclusivamente destinado para este litoral, no significa que se esté menoscabando el derecho fundamental al acceso y disfrute de los bienes demaniales. Lo anterior tiene como motivo que, según lo informado bajo juramento por la recurrida, esta costa puede ser accedida por las personas a través de playa Junquillal, la cual constituye otro litoral que es próximo a playa Toyosa y que sí cuenta con una vía terrestre de acceso. Es decir, lo que objeta el recurrente es que no existe un camino de acceso exclusivo para esta playa. En ese sentido, cualquier inconformidad que exista con dicha situación debe ser dirimida ante la propia Administración municipal, siendo que no se evidencia la lesión de algún derecho fundamental cuyo análisis pueda ser efectuado por esta jurisdicción.

Acto seguido, en lo que respecta a Bahía la Virgen, como se indicó previamente, la Municipalidad accionada informó bajo fe de juramento que no se ha garantizado un acceso público a dicha playa en razón de que existe una imposibilidad técnica para su habilitación que es el resultado de condiciones topográficas y naturales adversas, cuya consecuencia directa es que este bien de dominio público no sea aprovechable con fines de uso público destinados a la generalidad de la población. Bajo esta tesitura, conviene traer a colación el artículo 20 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que, refiriéndose al destino público y al libre tránsito de las personas al que se encuentran sometidos los bienes que forman parte del demanio público, dice que “Se exceptúan de lo anterior aquellas secciones que por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan aprovecharse para uso público, en cuyo caso se autorizará su desarrollo por la municipalidad respectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, siempre que no se enajenen y se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se garantice la seguridad de los peatones.” Así las cosas, este Tribunal no se encuentra facultado para ordenar al ente municipal a que garantice el acceso a una zona cuyas condiciones representan un riesgo para la seguridad de los transeúntes, pues existen criterios técnicos que imposibilitan la construcción y habilitación de vías terrestres a este espacio.

En razón de lo anterior, en cuanto a estos extremos del recurso no se evidencia un incumplimiento en las competencias otorgadas a la corporación municipal ni una transgresión al derecho fundamental de las personas a un acceso libre a los bienes de dominio público, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni al disfrute del patrimonio natural del Estado. Por ello, procede la desestimatoria del amparo en cuanto a estos puntos. (…)”

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