← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 22274-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 19/06/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Court consolidated doctrine on the five constitutional environmental principles under Article 50 — prevention, precaution, pro natura, progressivity/non-regression, and objectivation — integrating international hard-law sources and Inter-American jurisprudence as binding interpretive parameters.La Sala Constitucional consolidó la doctrina sobre los cinco principios constitucionales ambientales del Artículo 50 —preventivo, precautorio, pro natura, progresividad/no regresión y objetivación—, integrando fuentes de hard law internacional y jurisprudencia interamericana como parámetros vinculantes de interpretación.
SummaryResumen
The Constitutional Court (Sala Constitucional), in Considerando IV of ruling VCG07/2026, consolidates Costa Rican constitutional doctrine on five environmental principles derived from Article 50 of the Political Constitution: (1) prevention (act when risk is known); (2) precaution (act despite scientific uncertainty when harm could be grave or irreversible); (3) pro natura (resolve every legal conflict in favor of nature protection, even absent uncertainty); (4) progressivity and non-regression (prohibit the State from reducing achieved environmental protection levels without proportionate justification); and (5) objectivation of environmental protection (bind administrative discretion to science and technical studies, including EIAs). The ruling integrates hard-law international sources — UNFCCC, Stockholm Convention, Convention on Biological Diversity — and Inter-American Court jurisprudence (OC-23/17, OC-32/25) into the constitutional framework for the right to a healthy environment.La Sala Constitucional consolida, en el considerando IV de la resolución VCG07/2026, la doctrina constitucional costarricense sobre cinco principios ambientales derivados del Artículo 50 de la Constitución Política: (1) el principio preventivo, que exige actuar cuando el riesgo es conocido y probable; (2) el principio precautorio, que obliga a adoptar medidas eficaces ante el peligro de daño grave o irreversible aunque medie incertidumbre científica; (3) el principio pro natura, que impone resolver todo conflicto jurídico-ambiental a favor de la protección de la naturaleza sin necesidad de incertidumbre previa; (4) los principios de progresividad y no regresión, que prohíben al Estado reducir los niveles de protección ambiental ya alcanzados sin justificación razonable y proporcional; y (5) el principio de objetivación de la tutela ambiental, que subordina la discrecionalidad administrativa a la ciencia y la técnica, incluidos los estudios de impacto ambiental. El Tribunal integra fuentes de hard law internacional —CMNUCC, Convenio de Estocolmo, Convenio sobre Diversidad Biológica— y jurisprudencia de la Corte IDH (OC-23/17, OC-32/25).
Key excerptExtracto clave
In sum, the application of the precautionary principle means that when there are indicators that a given activity could plausibly cause grave and irreversible harm to the environment, the absence of absolute scientific certainty or evidence does not excuse the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent any violation of the environment. In sum, the pro natura principle establishes that, before any legal conflict, the interpretation that best favors the protection of nature and the full enjoyment of environmental rights must always prevail, even when no uncertainty is present. This hermeneutic guideline must be followed in every relationship between the State, society, and the environment, so that the solution that best protects nature is always chosen. Accordingly, under the progressivity principle, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the non-regression principle operates as a substantive guarantee that constrains the State from adopting measures, policies, or norms that worsen — without reasonable and proportionate justification — the degree of protection of fundamental rights already achieved, and, when applicable, requires that corresponding compensatory measures be weighed.En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente. En suma, el principio pro natura estatuye que, ante cualquier conflicto jurídico, siempre debe prevalecer aquella interpretación que mejor favorezca la protección de la naturaleza y el pleno disfrute de los derechos ambientales, aun cuando no se esté ante una situación en la que medie incertidumbre. Esta pauta hermenéutica debe seguirse en toda relación entre Estado, sociedad y ambiente, de manera que siempre se elija la solución que mejor proteja a la naturaleza. De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Pull quotesCitas destacadas
"Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 'Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente'."
"The precautionary principle must be understood as set out in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: 'Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.'"
Considerando IV — Principio precautorio
"Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 'Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente'."
Considerando IV — Principio precautorio
"La aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una 'regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones'."
"The application of the pro natura principle does not depend on the existence of a threat of grave or irreversible harm — as is required by the precautionary principle — but instead implies 'a general rule of conduct governing the relationship between the State — and society at large — and the environment, applicable to all decision-making spheres where there is a risk of harm to the environment, and which obliges us to avoid choosing courses of action that may cause environmental damage when other options exist.'"
Considerando IV — Principio pro natura
"La aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una 'regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones'."
Considerando IV — Principio pro natura
"El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces."
"The principle stands as a substantive guarantee of rights — in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment — whereby the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the level of protection of rights already achieved."
Considerando IV — Principio de no regresión (sentencia nro. 2012013367)
"El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces."
Considerando IV — Principio de no regresión (sentencia nro. 2012013367)
"si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una 'duda razonable' resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente."
"If an objective technical criterion evidencing the probability of manifest harm to the environment, natural resources, or human health is established, the proposed project, work, or activity must be rejected; and in cases of 'reasonable doubt,' decisions must be taken in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures in order to adequately protect the environment."
Considerando IV — Principio de objetivación de la tutela ambiental (sentencias nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)
"si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una 'duda razonable' resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente."
Considerando IV — Principio de objetivación de la tutela ambiental (sentencias nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)
Full documentDocumento completo
ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION "(…) IV.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In ruling no. 2026013335 of 9:20 a.m. on April 21, 2026, this Tribunal addressed the constitutional principles applicable in environmental matters in the following terms:
"Recently, the Court addressed environmental principles and inter-administrative coordination in the following terms:
"In the sub lite, first the constitutional principles in environmental matters are invoked. Thus, for example, in ruling no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Court held:
"In this vein, specialized doctrine has indicated that the prevention principle (principio preventivo) demands that, where there is certainty of possible harm to the environment, the affecting activity must be prohibited, restricted, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable; likewise, the principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee possible negative impacts. On the other hand, the precautionary principle (principio precautorio) holds that, where there is a danger of serious and irreversible harm, the lack of absolute scientific certainty must not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation.
From the foregoing, it is noted that this principle departs from a reasonable scientific uncertainty combined with the threat of serious and irreversible environmental harm. In general terms, a relevant difference between the prevention principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty regarding the risks that an activity or project may cause. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt arising from scientific information or technical studies (…)" Precisely, the precautionary principle must be understood as set forth in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is, the requirement is not to have scientific studies in order to arrive at "absolute certainty" regarding the harmlessness of an activity to the environment (in principle, total security is hardly achievable), but rather that, even if the danger of serious or irreversible harm to the environment has not been fully established, such uncertainty will never justify or excuse the postponement of effective measures to prevent environmental degradation.
In this regard, it should be noted, on the one hand, that this does not concern just any type of threat, since it must plausibly involve a serious danger, and, on the other hand, that the measure requires an effective and efficient use of the resources employed. In the sense described, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not mean it may be applied without restriction on the argument that any activity could generate environmental harm — which would undermine its very purpose — but rather that some degree of identification of the dangers of serious or irreversible harm that could be generated is necessary, the determination of which varies according to the particular circumstances of each case. Thus, when a situation calls for the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or modification that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend activities that are already under way. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required to preserve a healthy and ecologically balanced environment.
The aforementioned principle is likewise enshrined in a hard law source, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change — ratified by Costa Rica through ley nro. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS (OEA) member states — provides:
"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties." The precautionary principle is also set forth in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica. In that regard, see ley nro. 8538 of August 23, 2006, which reads:
"ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach as contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)." Likewise, this principle is set forth in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through ley nro. 7416 of June 30, 1994, whose preamble establishes: "(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)." In keeping with the aforementioned legislation in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH) also addressed the precautionary principle in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017:
"180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for the purpose of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible harm to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible harm. Indeed, in the context of the protection of the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and thus, even in the absence of scientific certainty, must adopt measures that are 'effective' to prevent serious or irreversible harm." Subsequent to that decision, and by means of a judgment in Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, the Corte IDH ruled on February 6, 2020, as follows: "the right to a healthy environment 'must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,' given the obligation of States to achieve the 'integral development' of their peoples, arising from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter." Of great significance, it must be highlighted that, in this ruling, the Corte IDH refers to Advisory Opinion OC-23/17 in order to develop the content and scope of that right, by virtue of which the legal considerations of the latter have logically come to acquire the binding legal force characteristic of a judgment.
In that sense, the international judicial body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence of risk to individual persons. It is a matter of protecting nature,' not only for its 'utility' or 'effects' in relation to human beings, 'but for its importance to the other living organisms with whom we share the planet.' The foregoing does not prevent, of course, other human rights from being violated as a consequence of environmental harm." Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Corte IDH clearly details State obligations in the face of possible environmental harm, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.
In sum, the application of the precautionary principle means that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible harm to the environment, the lack of absolute certainty or scientific evidence in that regard does not exempt from the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent environmental harm.
Regarding the prevention principle, in the first United Nations report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (no. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law "confirmed by relevant practice in many environmental treaties and the main codification projects." Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, this general principle of law, as duly recorded in the document '95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable' (approved at the XIX Edition of the Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 and by the Corte Plena in article XIX of session no. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to the understanding that "the causes and sources of environmental problems shall be addressed on a priority and integrated basis, seeking to prevent the negative effects that may be produced on the environment.
The criterion of prevention shall thus prevail over any other criterion in the public and private management of the environment and natural resources." The foregoing makes complete sense, as it is consistent with the duty to prevent the occurrence of environmental harm, rather than being limited to deciding on the remediation of already-confirmed harmful consequences, including ordering the cessation of damaging effects.
This principle is reflected, among other norms, in Articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through ley nro. 7291) and 5 and Anexo II of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through ley nro. 8059), as well as in constitutional case law (see rulings nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in international case law — for example, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs 127 to 174 and sub-paragraphs a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Nombre05 vs. Chile. In the latter, the Corte IDH expressly stated:
"208. Without prejudice to the foregoing, in specifically environmental matters, it must be highlighted that the principle of prevention of environmental harm forms part of customary international law and entails the obligation of States to carry out the necessary measures ex ante the occurrence of environmental harm, bearing in mind that, due to its particular characteristics, it will frequently not be possible, once such harm has occurred, to restore the prior situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has held that 'States are obligated to use all means at their disposal in order to avoid activities carried out under their jurisdiction from causing significant harm to the [...] environment.' This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental harm. On the other hand, while it is not possible to provide a detailed enumeration of all the measures that States could take in order to fulfill this duty, some may be identified in relation to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact studies; iv) establish contingency plans; and v) mitigate in cases where environmental harm occurs." For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the 'World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,' that "in case of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. No actions shall be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them" (see Principle V).
In that regard, according to the document '95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable' (approved at the XIX Edition of the Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 and by the Corte Plena in article XIX of session no. 28-2020 of May 25, 2020), "Every operator of environmental norms shall always bear in mind the pro natura principle (principio pro natura), pursuant to which risks shall be avoided, collective general interests shall be given priority over private interests, preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred." An evolution of the foregoing has led to the establishment of the "pro natura principle," in which the "in dubio" component is set aside, so that its scope of application is broadened to cover situations in which legal uncertainty does not necessarily exist.
In this way, the application of the pro natura principle does not depend on there being a danger of serious or irreversible harm — as is the case with the precautionary principle — but rather implies a "general rule of conduct for the relationship of the State — and society in general — with the environment, applicable to all areas of decision-making in which there is a risk of impact on the environment, and which obliges us to avoid opting for conduct that may cause harm to the environment, when other options exist" (Nombre06 and Nombre07, 2018).
The Corte IDH addressed this principle for the first time in Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, in which it determined that, within the framework of protecting nature as a subject of rights, the pro natura principle must be interpreted harmoniously with the pro persona principle — see para. 281. The Corte IDH also linked the pro natura principle with other procedural principles, namely "the principles of availability of evidence, procedural cooperation, pro persona (…) and pro actione," as part of the evidentiary rules to be applied with respect to the right of access to justice — see para. 582 in this regard.
In sum, the pro natura principle establishes that, in any legal conflict, the interpretation that best favors the protection of nature and the full enjoyment of environmental rights must always prevail, even when the situation does not involve uncertainty. This hermeneutical guideline must be followed in every relationship between the State, society, and the environment, so that the solution that best protects nature is always chosen.
On the other hand, in ruling no. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Tribunal addressed the progressivity principle (principio de progresividad) and the non-regression principle (principio de no regresión) in environmental matters in the following terms:
"V. On the Principles of Progressivity and Non-Regression in Environmental Protection. The progressivity principle of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is set forth in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those rights that, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights-holders.
From the progressivity principle of human rights and from the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in Article 34 of the Constitution, the non-regression or irreversibility principle (principio de no regresividad o de irreversibilidad) of benefits or protections already achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the level of rights protection already achieved. This principle does not imply an absolute irreversibility, since all States face national situations — of an economic, political, social, or natural nature — that negatively impact the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reassessed downward.
In such cases, constitutional law and the principles under examination require that the reduction in levels of protection be justified in light of constitutional parameters of reasonableness and proportionality. In this regard, the Constitutional Court has expressed in its case law, with respect to the right to health: '…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to adopt measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of open access to medicines, it cannot — much less through an International Treaty — reduce such access and make it more restrictive, under the pretext of protecting trade. (Ruling of the Constitutional Court No. 9469-07). Regarding the right to the environment, the Court stated: "The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with constitutional law, which does not admit a regression to its detriment." (Ruling of the Constitutional Court No. 18702-10).' (Emphasis not in original).
(In the same vein, rulings 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397)." Thus, in accordance with the progressivity principle, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the non-regression principle constitutes a guarantee that constrains the State from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and where applicable, requires that the corresponding compensatory measures be weighed.
Finally, this Tribunal explained the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental) in the following terms:
"Regarding the environment — the object of the fundamental right described above — our Constitution further requires that it be 'healthy.' The requirement of 'healthy' leads us to 'regenerative capacity' and 'succession capacity' in order to guarantee life. From both requirements — 'healthy' and 'balanced' — the need for sustainable development arises; quality of life and environmental quality depend upon it. Now, with the concepts of 'environment,' 'healthy,' and 'ecologically balanced,' the constitutional norm introduced science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, pursuant to Articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, State actions in environmental matters must be grounded in, and may not contradict, the unambiguous rules of science and technology, in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, 'greater well-being for all inhabitants of the country.' Regarding the submission of legislative and administrative decisions to the unambiguous rules of science and technology, the Court has termed this the principle of objectification of environmental protection: 'The objectification of environmental protection (…) is a principle that in no way may be confused with the foregoing [precautionary principle or "principle of prudent avoidance"], in that, as derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to support decision-making in this field with technical studies, both in relation to individual acts and to general provisions — both statutory and regulatory — from which the requirement of adherence to science and technology is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this area.
Thus, in light of the results derived from such technical studies — such as environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) — if an objective technical criterion is evident that reflects the probability of clear harm to the environment, natural resources, or human health, it becomes mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of "reasonable doubt" it becomes mandatory to make decisions in favor of the environment (pro natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, so as to adequately protect the environment.' (Rulings of the Constitutional Court nos. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)" (emphasis added). (Ruling no. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012)." (Ruling no. 2025-038435 of 9:15 a.m. on November 21, 2025)." (…)" VCG07/2026
ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL. En la sentencia nro. 2026013335 de las 9:20 horas del 21 de abril de 2026, este Tribunal se refirió a los principios constitucionales aplicables en materia ambiental en los siguientes términos:
“Recientemente, la Sala se refirió a los principios ambientales y la coordinación interadministrativa en los siguientes términos:
“En el sub lite, de primero se traen a colación los principios constitucionales en materia ambiental. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 precisó esta Sala:
“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto.
Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:
“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”.
El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica. En ese sentido véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006, en la que se lee:
“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.
Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.
En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:
“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”.
Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.
Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.
En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.
Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.
Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.
Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, en la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre05 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:
“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental”.
Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).
En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.
Una evolución de lo antedicho ha desembocado en la instauración del “principio pro natura”, en la cual se deja de lado la parte de “in dubio”, de manera que su ámbito de aplicación se ensancha y cubre situaciones en las cuales no necesariamente existe incertidumbre jurídica. De este modo, la aplicación del principio pro natura no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Nombre06 y Nombre07, 2018).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió por primera vez a este principio en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, en la cual determinó que, en el marco de protección de la naturaleza como sujeto de derechos, el principio pro natura debe interpretarse de manera armónica con el principio pro persona -véase párr. 281-. Asimismo, la Corte IDH vinculó el principio pro natura con otros procesales, a saber “los principios de disponibilidad de la prueba, cooperación procesal, pro persona (…) y pro actione” como parte de las reglas probatorias a emplearse en cuanto al derecho de acceso a la justicia -en tal sentido obsérvese el párr. 582-.
En suma, el principio pro natura estatuye que, ante cualquier conflicto jurídico, siempre debe prevalecer aquella interpretación que mejor favorezca la protección de la naturaleza y el pleno disfrute de los derechos ambientales, aun cuando no se esté ante una situación en la que medie incertidumbre. Esta pauta hermenéutica debe seguirse en toda relación entre Estado, sociedad y ambiente, de manera que siempre se elija la solución que mejor proteja a la naturaleza.
Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los (sic) estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.
Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.
En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.
De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.
Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:
“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.
En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (sentencias de la Sala Constitucional nros. 21258-2010, 17126-2006, 14293-2005)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012)”. (Sentencia nro. 2025-038435 de las 9:15 horas del 21 de noviembre de 2025)”. (…)” VCG07/2026
Document not found. Documento no encontrado.