Joint Inspection of a Sewage OverflowInspección conjunta por rebalse de aguas negras

OutcomeResultado

The amparo was granted, with a joint technical inspection ordered within one month and, after determining the cause and responsible institution, the measures needed to resolve the overflow within three months; the Municipality of Desamparados and ICAA were ordered to pay costs, damages, and losses.Se declaró con lugar el amparo y se ordenó una inspección técnica conjunta dentro de un mes y, tras determinar la causa y la institución competente, las medidas necesarias para resolver el rebalse dentro de tres meses; la Municipalidad de Desamparados y el ICAA fueron condenados al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo concerning a reported sewage overflow near Plaza Higuerones in San Rafael Abajo de Desamparados, which allegedly causes bad odors and insects and affects residents’ health. It ordered the mayor of the Municipality of Desamparados and the executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA), or whoever holds those offices, to coordinate a joint technical inspection within one month of notification to determine the overflow’s origin and the nature of the infrastructure involved. Once the cause and the institution responsible have been technically identified, that institution must, within its authority, take the relevant administrative, technical, and material measures to resolve the reported situation within three months of that determination. The judgment warns of the consequences under Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law for failing to comply with amparo orders. It orders both institutions to pay costs, damages, and losses, to be assessed in enforcement proceedings in the administrative-litigation jurisdiction. Three justices filed notes.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo por un rebalse de aguas negras denunciado cerca de Plaza Higuerones, en San Rafael Abajo de Desamparados, que presuntamente genera malos olores, insectos y afecta la salud vecinal. Ordenó a la alcaldesa de la Municipalidad de Desamparados y a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), o a quienes ocupen esos cargos, coordinar una inspección técnica conjunta dentro de un mes desde la notificación para determinar el origen del rebalse y la naturaleza de la infraestructura involucrada. Una vez identificadas técnicamente la causa y la institución competente, esta deberá adoptar, dentro de sus atribuciones, las medidas administrativas, técnicas y materiales correspondientes para resolver la situación en un plazo de tres meses desde esa determinación. La sentencia advierte sobre las consecuencias previstas en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional por incumplir órdenes de amparo. Condena a ambas instituciones al pago de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. Tres magistraturas consignaron notas.

Key excerptExtracto clave

The application is granted. María Antonieta Naranjo Brenes, in her capacity as mayor of the Municipality of Desamparados, and Lourdes María Suárez Barboza, in her capacity as executive president of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds those offices, are ordered to coordinate what is necessary and issue the relevant instructions so that, within ONE MONTH from notification of this judgment, a joint technical inspection is carried out near Plaza Higuerones in San Rafael Abajo de Desamparados to determine, with technical precision, the origin of the reported overflow and the nature of the infrastructure involved. They are also ordered, once the joint technical inspection has been carried out and the cause of the overflow and the institution responsible for addressing it have been determined, to adopt, within THREE MONTHS from that technical determination and within their respective areas of authority, the administrative, technical, and material measures required to resolve the reported situation.Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Antonieta Naranjo Brenes, en su condición de alcaldesa de la Municipalidad de Desamparados y a Lourdes María Suárez Barboza, en su condición de presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario y giren las instrucciones pertinentes para que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realice una inspección técnica conjunta en las inmediaciones de Plaza Higuerones, en San Rafael Abajo de Desamparados, a fin de determinar, con precisión técnica, el origen del rebalse denunciado y la naturaleza de la infraestructura involucrada. Asimismo, se les ordena que, una vez realizada la inspección técnica conjunta y determinada la causa del rebalse y la institución competente para su atención, adopte, dentro del plazo de TRES MES, contado a partir de dicha determinación técnica, y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las medidas administrativas, técnicas y materiales que correspondan para solucionar la situación denunciada.

Pull quotesCitas destacadas

"Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien reciba una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpla o no la haga cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."

"The respondent authorities are warned that, under Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, a person who receives an order to comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with or enforce it, will be subject to imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not more severely punishable."

Por tanto

"Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien reciba una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpla o no la haga cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."

Por tanto

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