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Res. 24753-2026 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 02/07/2026
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered ICAA and the Desamparados Municipality to conduct a coordinated joint technical inspection within one month to precisely determine the source of the sewage overflow and adopt the necessary corrective measures.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó al ICAA y a la Municipalidad de Desamparados realizar una inspección técnica conjunta en el plazo de un mes para determinar el origen preciso del rebalse de aguas negras y adoptar las medidas correctivas correspondientes.
SummaryResumen
Costa Rica's Constitutional Chamber granted an amparo filed by residents of San Rafael Abajo de Desamparados over an unresolved sewage overflow near Plaza Higuerones causing foul odors, insects, and health hazards. Both ICAA (the national water and sewer utility) and the Desamparados Municipality acknowledged the problem but blamed each other — ICAA attributed it to a municipal storm drain; the municipality attributed it to ICAA's sanitary sewer network. The Court held that this institutional deadlock, persisting since at least October 2025, is constitutionally impermissible and violates fundamental rights to health and a healthy environment. It ordered both entities to conduct a coordinated joint technical inspection within one month to conclusively identify the source of the overflow and take corrective action.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por vecinos de San Rafael Abajo de Desamparados, quienes denunciaron una fuga de aguas negras en las inmediaciones de la Plaza Higuerones que generaba malos olores, proliferación de insectos y afectaciones a la salud. Tanto el ICAA como la Municipalidad de Desamparados reconocieron el problema pero se atribuyeron mutuamente la competencia: el ICAA sostuvo que el rebalse proviene de un pozo pluvial municipal, mientras la municipalidad afirmó que corresponde al alcantarillado sanitario bajo administración del ICAA. La Sala determinó que esta parálisis interinstitucional, conocida desde al menos octubre de 2025, resulta constitucionalmente inadmisible frente a los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano. Ordenó a ambas entidades realizar, de forma coordinada y en el plazo de un mes, una inspección técnica conjunta para determinar el origen preciso del rebalse y adoptar las medidas correctivas que correspondan.
Key excerptExtracto clave
That technical discrepancy has not been resolved in the record. Moreover, the reports submitted do not show that, to date, the reported problem has been definitively resolved. On the contrary, what appears on the record is that both institutions have carried out inspections or interventions and have attributed the source of the overflow to infrastructure that, according to each, does not fall under its administration. As a result, there persists a lack of conclusive institutional determination as to the origin of the problem and the concrete measures required to address it. This Chamber recognizes that each institution must act within the framework of its legal and technical competencies. Nor does it fall to this jurisdiction to substitute the specialized judgment of the competent authorities by itself determining whether the well belongs to the storm drain network or the sanitary sewer. However, from a constitutional perspective, it is inadmissible that a situation reported months ago, known to the involved authorities since at least October 2025 and linked to possible public health hazards, should remain without an effective solution due to conflicting institutional positions. The duty to protect health and the environment requires the respondent entities to coordinate effectively, carry out the joint verifications that may be necessary, and determine, with technical grounding, the source of the overflow and the authority responsible for executing corrective measures. The absence of a definitive solution, in the face of a situation that has been brought to the attention of both institutions and involves potentially unsanitary conditions, constitutes a violation of the fundamental rights invoked.Esa discrepancia técnica no ha sido superada en el expediente. Asimismo, de los informes rendidos no se desprende que, a la fecha, la problemática denunciada haya sido solucionada de manera definitiva. Por el contrario, lo que consta es que ambas instituciones han efectuado inspecciones o intervenciones y han atribuido el origen del rebalse a infraestructura que, según cada una, no se encuentra bajo su administración. En consecuencia, persiste una falta de determinación institucional concluyente sobre el origen del problema y sobre las medidas concretas necesarias para atenderlo. Esta Sala no desconoce que cada institución debe actuar dentro del marco de sus competencias legales y técnicas. Tampoco corresponde a esta jurisdicción sustituir el criterio especializado de las autoridades competentes para determinar, por sí misma, si el pozo pertenece a la red pluvial o al alcantarillado sanitario. No obstante, desde la perspectiva constitucional, resulta inadmisible que una situación denunciada desde meses atrás, conocida al menos desde octubre de 2025 por las autoridades involucradas y vinculada con posibles afectaciones a la salubridad pública, permanezca sin una solución efectiva debido a criterios institucionales contrapuestos. El deber de tutela de la salud y del ambiente exige que las entidades recurridas coordinen de manera efectiva, practiquen las verificaciones conjuntas que resulten necesarias y definan, con sustento técnico, el origen del rebalse y la autoridad responsable de ejecutar las medidas correctivas. La ausencia de una solución definitiva, frente a una situación que ha sido puesta en conocimiento de ambas instituciones y que involucra condiciones potencialmente insalubres, configura una lesión a los derechos fundamentales invocados.
Pull quotesCitas destacadas
"resulta inadmisible que una situación denunciada desde meses atrás, conocida al menos desde octubre de 2025 por las autoridades involucradas y vinculada con posibles afectaciones a la salubridad pública, permanezca sin una solución efectiva debido a criterios institucionales contrapuestos."
"It is inadmissible that a situation reported months ago, known to the involved authorities since at least October 2025 and linked to possible public health hazards, should remain without an effective solution due to conflicting institutional positions."
Considerando
"resulta inadmisible que una situación denunciada desde meses atrás, conocida al menos desde octubre de 2025 por las autoridades involucradas y vinculada con posibles afectaciones a la salubridad pública, permanezca sin una solución efectiva debido a criterios institucionales contrapuestos."
Considerando
"El deber de tutela de la salud y del ambiente exige que las entidades recurridas coordinen de manera efectiva, practiquen las verificaciones conjuntas que resulten necesarias y definan, con sustento técnico, el origen del rebalse y la autoridad responsable de ejecutar las medidas correctivas."
"The duty to protect health and the environment requires the respondent entities to coordinate effectively, carry out the joint verifications that may be necessary, and determine, with technical grounding, the source of the overflow and the authority responsible for executing corrective measures."
Considerando
"El deber de tutela de la salud y del ambiente exige que las entidades recurridas coordinen de manera efectiva, practiquen las verificaciones conjuntas que resulten necesarias y definan, con sustento técnico, el origen del rebalse y la autoridad responsable de ejecutar las medidas correctivas."
Considerando
"La ausencia de una solución definitiva, frente a una situación que ha sido puesta en conocimiento de ambas instituciones y que involucra condiciones potencialmente insalubres, configura una lesión a los derechos fundamentales invocados."
"The absence of a definitive solution, in the face of a situation that has been brought to the attention of both institutions and involves potentially unsanitary conditions, constitutes a violation of the fundamental rights invoked."
Considerando
"La ausencia de una solución definitiva, frente a una situación que ha sido puesta en conocimiento de ambas instituciones y que involucra condiciones potencialmente insalubres, configura una lesión a los derechos fundamentales invocados."
Considerando
"no continúe trasladándose a la comunidad la carga derivada de la falta de definición interinstitucional."
"The burden arising from the lack of inter-institutional determination should no longer continue to be transferred to the community."
Por tanto
"no continúe trasladándose a la comunidad la carga derivada de la falta de definición interinstitucional."
Por tanto
Full documentDocumento completo
024753-26. ALLEGATION OF A SEWAGE (aguas negras) LEAK IN THE VICINITY OF PLAZA HIGUERONES, IN SAN RAFAEL ABAJO DE DESAMPARADOS, GENERATING FOUL ODORS, INSECTS, AND HARM TO THE HEALTH OF NEIGHBORING RESIDENTS. PETITION GRANTED, ORDERING THE MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS AND ICAA TO COORDINATE AS NECESSARY AND ISSUE INSTRUCTIONS SO THAT, WITHIN ONE MONTH, A JOINT TECHNICAL INSPECTION (inspección técnica conjunta) BE CONDUCTED IN THE VICINITY OF PLAZA HIGUERONES IN ORDER TO DETERMINE, WITH TECHNICAL PRECISION, THE ORIGIN OF THE REPORTED OVERFLOW (rebalse) AND THE NATURE OF THE INFRASTRUCTURE INVOLVED. RGS07-2026 The petition is granted.
The petitioning party (parte recurrente) alleges that there is a sewage leak in the vicinity of Plaza Higuerones, in San Rafael Abajo de Desamparados, generating foul odors, the proliferation of insects, and health impacts on neighboring residents, without ICAA or the Municipalidad de Desamparados having adopted effective measures to resolve the problem despite multiple complaints filed, with each institution attributing jurisdiction over the matter to the other.
"(…) the respondent authorities (autoridades recurridas) have taken actions related to the reported situation; however, the record also shows that they maintain opposing positions regarding the origin of the overflow and the infrastructure to which it corresponds. ICAA maintains that the problem originates from a stormwater drain well (pozo pluvial) whose maintenance falls under the municipality's responsibility, while the municipality asserts, based on its intervention of March 13, 2026, that the problem does not originate in the municipal stormwater network (red pluvial), but rather in infrastructure associated with the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario). That technical discrepancy has not been resolved in the case record (expediente).
Furthermore, the reports submitted do not indicate that, as of the present date, the reported problem has been definitively resolved. On the contrary, what the record shows is that both institutions have conducted inspections or interventions and have attributed the origin of the overflow to infrastructure that, according to each of them, does not fall under their administration. Consequently, there persists an absence of conclusive institutional determination regarding the origin of the problem and the specific measures needed to address it.
This Court (esta Sala) does not fail to recognize that each institution must act within the framework of its legal and technical competencies. Nor does it fall within this Court's jurisdiction to substitute the specialized judgment of the competent authorities in order to determine, on its own, whether the well belongs to the stormwater network or to the sanitary sewer system. Nevertheless, from a constitutional standpoint, it is inadmissible for a situation that has been reported for months — known to the involved authorities since at least October 2025 and linked to potential impacts on public health (salubridad pública) — to remain without an effective solution due to opposing institutional positions.
The duty to protect health and the environment requires that the respondent institutions coordinate effectively, carry out the joint verifications that prove necessary, and determine, on a technical basis, the origin of the overflow and the authority responsible for implementing the corrective measures (medidas correctivas). The absence of a definitive solution, in the face of a situation that has been brought to the attention of both institutions and that involves potentially unhealthful conditions, constitutes a violation of the fundamental rights (derechos fundamentales) invoked.
Therefore, the appropriate course of action is to grant the petition (estimatoria del recurso), so as to order ICAA and the Municipalidad de Desamparados to conduct, in a coordinated manner and within the scope of their respective competencies, a joint technical inspection at the reported site, to determine with precision the origin of the overflow and the nature of the infrastructure involved, and to adopt the appropriate measures to address the situation, so that the burden arising from the lack of inter-institutional resolution is no longer transferred to the community. (…)"
024753-26. ACUSA QUE EXISTE UNA FUGA DE AGUAS NEGRAS EN LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA HIGUERONES, EN SAN RAFAEL ABAJO DE DESAMPARADOS, QUE GENERA MALOS OLORES, INSECTOS Y AFECTA LA SALUD DE LOS VECINOS. CON LUGAR ORDENANDO A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Y AL ICAA A QUE COORDINEN LO NECESARIO Y GIREN INSTRUCCIONES PARA QUE DENTRO DE UN MES SE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA CONUNTA EN LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA HIGUERONES A FIN DE DETERMINAR, CON PRECISIÓN TÉCNICA, EL ORIGEN DEL REBALSE DENUNCIADO Y LA NATURALEZA DE LA INFRAESTRUCTURA INVOLUCRADA. RGS07-2026 Se declara con lugar La parte recurrente alega que existe una fuga de aguas negras en las inmediaciones de Plaza Higuerones, en San Rafael Abajo de Desamparados, que genera malos olores, proliferación de insectos y afectaciones a la salud de los vecinos, sin que, pese a las múltiples denuncias presentadas, el ICAA y la Municipalidad de Desamparados hayan adoptado medidas efectivas para solucionar el problema, atribuyéndose recíprocamente la competencia sobre el caso “(…) las autoridades recurridas han realizado actuaciones relacionadas con la situación denunciada; sin embargo, también consta que mantienen posiciones contrapuestas sobre el origen del rebalse y sobre la infraestructura a la que este corresponde.
El ICAA sostiene que el problema proviene de un pozo pluvial cuya atención corresponde a la municipalidad, mientras que la municipalidad afirma, con base en su intervención del 13 de marzo de 2026, que la problemática no se origina en la red pluvial municipal, sino en infraestructura asociada al alcantarillado sanitario. Esa discrepancia técnica no ha sido superada en el expediente.
Asimismo, de los informes rendidos no se desprende que, a la fecha, la problemática denunciada haya sido solucionada de manera definitiva. Por el contrario, lo que consta es que ambas instituciones han efectuado inspecciones o intervenciones y han atribuido el origen del rebalse a infraestructura que, según cada una, no se encuentra bajo su administración. En consecuencia, persiste una falta de determinación institucional concluyente sobre el origen del problema y sobre las medidas concretas necesarias para atenderlo.
Esta Sala no desconoce que cada institución debe actuar dentro del marco de sus competencias legales y técnicas. Tampoco corresponde a esta jurisdicción sustituir el criterio especializado de las autoridades competentes para determinar, por sí misma, si el pozo pertenece a la red pluvial o al alcantarillado sanitario. No obstante, desde la perspectiva constitucional, resulta inadmisible que una situación denunciada desde meses atrás, conocida al menos desde octubre de 2025 por las autoridades involucradas y vinculada con posibles afectaciones a la salubridad pública, permanezca sin una solución efectiva debido a criterios institucionales contrapuestos.
El deber de tutela de la salud y del ambiente exige que las entidades recurridas coordinen de manera efectiva, practiquen las verificaciones conjuntas que resulten necesarias y definan, con sustento técnico, el origen del rebalse y la autoridad responsable de ejecutar las medidas correctivas. La ausencia de una solución definitiva, frente a una situación que ha sido puesta en conocimiento de ambas instituciones y que involucra condiciones potencialmente insalubres, configura una lesión a los derechos fundamentales invocados.
Por consiguiente, lo procedente es la estimatoria del recurso, a fin de ordenar al ICAA y a la Municipalidad de Desamparados que, de forma coordinada y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realicen una inspección técnica conjunta en el sitio denunciado, determinen con precisión el origen del rebalse y la naturaleza de la infraestructura involucrada, y adopten las medidas que correspondan para atender la situación, de manera que no continúe trasladándose a la comunidad la carga derivada de la falta de definición interinstitucional. (…)”
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