Enforcement of Environmental Amparo Before the Administrative CourtEjecución de amparo ambiental ante el Tribunal Contencioso Administrativo

OutcomeResultado

Magistrate Garro Vargas agrees that the wastewater filtration amparo in Alajuelita should be granted, but dissents on execution jurisdiction, arguing it must proceed before the Administrative Court under the CPCA rather than before the Constitutional Chamber.La Magistrada Garro Vargas concuerda con declarar con lugar el amparo por filtración de aguas residuales en Alajuelita, pero disiente en que la fase de ejecución debe realizarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo bajo las reglas del CPCA y no ante la Sala Constitucional.

SummaryResumen

This partial dissenting vote by Magistrate Garro Vargas, issued within a Constitutional Chamber amparo ruling granted against ICAA and the Alajuelita Health Authority, agrees with the majority on the merits but disagrees on the enforcement forum. She argues that constitutional jurisdiction lacks the procedural tools needed to monitor technically complex compliance — specifically the orders requiring ICAA and the Health Authority to permanently resolve wastewater filtration problems affecting the La Verbena condominium and urbanizations in San Felipe de Alajuelita within twelve and twenty-four months. By contrast, the Code of Administrative Procedure (Article 155 et seq.) offers superior enforcement instruments: compliance schedules, fines, liability attribution, and stage-by-stage oversight. She therefore proposes that execution be handled by the Execution Division of the Administrative and Treasury Court, pursuant to Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law.Este voto salvado parcial de la Magistrada Garro Vargas, emitido en el marco de un recurso de amparo que la Sala Constitucional declaró con lugar contra el ICAA y el Área Rectora de Salud de Alajuelita, concuerda con la mayoría en cuanto al fondo pero disiente sobre el foro de ejecución de la sentencia. La Magistrada argumenta que la jurisdicción constitucional carece de los instrumentos procesales necesarios para fiscalizar el cumplimiento de una sentencia de alta complejidad técnica, que ordena al ICAA y al Área Rectora resolver definitivamente —en plazos de doce y veinticuatro meses— los problemas de filtración de aguas residuales que afectan al condominio La Verbena y a las urbanizaciones de San Felipe de Alajuelita. En contraste, el Código Procesal Contencioso-Administrativo (artículo 155 y siguientes) ofrece herramientas de ejecución superiores: cronogramas, multas, responsabilidades y fiscalización por etapas. Por ello propone que la ejecución se tramite ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conforme al artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Key excerptExtracto clave

While I agree with the majority of the Chamber that the resource should be granted, I differ on where to locate the execution phase of this matter, due to the absence of adequate mechanisms under the rules governing this constitutional jurisdiction to monitor a judgment of great technical complexity — specifically, the requirement that within twelve and twenty-four months, respectively, from notification of this judgment, ICAA and the Alajuelita Health Authority must definitively attend to and resolve the wastewater filtration problem affecting the La Verbena condominium, as well as the wastewater management problems affecting the urbanizations in San Felipe de Alajuelita. By contrast, the Code of Administrative Procedure's provisions on enforcement (Article 155 et seq.) offer clear advantages, such as the ability to request compliance schedules, impose fines, establish liability, and oversee stages of compliance. Therefore, pursuant to Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, I believe the execution phase must be carried out before the Execution Division of the Administrative and Treasury Court, under that Code's judgment enforcement rules.Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en los plazos de doce y veinticuatro meses, respectivamente, contados a partir de la notificación de esta sentencia, el ICAA y el Área Rectora de Salud de Alajuelita atiendan y resuelvan de forma definitiva el problema de filtración de aguas residuales que afecta al condominio La Verbena, así como los problemas de manejo de aguas residuales que afectan a las urbanizaciones ubicadas en San Felipe de Alajuelita. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código.

Pull quotesCitas destacadas

"difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad"

"I differ on where to locate the execution phase of this matter, due to the absence of adequate mechanisms under the rules governing this constitutional jurisdiction to monitor a judgment of great technical complexity."

Voto Salvado Parcial — Magistrada Garro Vargas

"difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad"

Voto Salvado Parcial — Magistrada Garro Vargas

"lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."

"The Code of Administrative Procedure's provisions on enforcement (Article 155 et seq.) offer clear advantages, such as the ability to request compliance schedules, impose fines, establish liability, and oversee stages of compliance."

Voto Salvado Parcial — Magistrada Garro Vargas

"lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."

Voto Salvado Parcial — Magistrada Garro Vargas

"de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código."

"Pursuant to Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law, I believe the execution phase must be carried out before the Execution Division of the Administrative and Treasury Court, under that Code's judgment enforcement rules."

Voto Salvado Parcial — Conclusión

"de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código."

Voto Salvado Parcial — Conclusión

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