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30/04/2026

Informal settlement in environmentally fragile zone and municipal duty to formally refer environmental issuesAsentamiento informal en zona de fragilidad ambiental y deber municipal de traslado formal

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber partially grants the amparo and orders the Municipality of Alajuelita to conduct a comprehensive analysis, adopt measures within twelve months, and formally refer matters to other authorities within four months, after finding an incomplete response to the environmental problems caused by an informal settlement in a fragile area.La Sala declara parcialmente con lugar el amparo y ordena a la Municipalidad de Alajuelita realizar un análisis integral, adoptar medidas en doce meses y formalizar traslados a otras autoridades en cuatro meses, al constatarse una respuesta incompleta a la problemática ambiental de un asentamiento informal en zona de fragilidad ambiental.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber examines an irregular human settlement in a mountainous area of Alajuelita with steep slopes, forest cover, and potential aquifer recharge, which has expanded since 2017 through deforestation, earthworks, pollution, and increased landslide risk. The Municipality was aware and engaged in inter-institutional coordination but failed to formally and specifically refer the environmental components—deforestation, soil disturbance, degradation—to the competent technical authorities. The Chamber reasons that despite private land ownership and the municipality’s lack of direct eviction powers, the local government retains a duty to diligently exercise its environmental control, oversight, and prevention powers and to activate institutional mechanisms by formally referring matters beyond its direct scope. The amparo is partially granted, ordering the Municipality to conduct a comprehensive analysis within three months, adopt and execute necessary measures within twelve months, and formally refer exceeding matters to other authorities within four months.La Sala Constitucional examina la situación de un asentamiento humano irregular en una zona montañosa de Alajuelita, caracterizada por pendientes pronunciadas, cobertura forestal y recarga hídrica, que se ha expandido desde 2017 con deforestación, movimientos de tierra, contaminación y riesgo de deslizamientos. La Municipalidad conocía del problema y realizó coordinaciones institucionales, pero no acreditó haber trasladado de manera formal y documentada el componente ambiental —deforestación, afectación del suelo y degradación— ante las autoridades técnicas competentes. La Sala razona que, aunque los terrenos son privados y el desalojo no corresponde al municipio, ello no exime al gobierno local de ejercer diligentemente sus competencias de control, fiscalización y prevención ambiental, debiendo remitir el caso a las instancias especializadas cuando el asunto exceda su ámbito directo. Se estima parcialmente el recurso y se ordena a la Municipalidad realizar un análisis integral de la problemática en tres meses, adoptar y ejecutar las medidas necesarias en doce meses, y formalizar los traslados a otras autoridades en cuatro meses.

Key excerptExtracto clave

(…) IV.- On the specific case. After analyzing the evidence and the sworn report provided by the respondent authority, with the timely warning of the consequences set forth in article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is shown that the issue brought before this Chamber concerns the consolidation and progressive expansion of an irregular human settlement, located in a mountainous area of high environmental fragility, characterized by steep slopes, forest cover, and potential groundwater recharge function, which entails significant risks for the environment, public health, and the integrity of people. In that regard, this Chamber considers that, regardless of the specific scope of municipal powers in the matter, the respondent authority is obligated to exercise, within its sphere of attributions, all control, oversight, and prevention powers that correspond to it and, where appropriate, to promptly, formally, and effectively refer the situation to the competent bodies, even when the matters exceed its direct sphere of action. Thus, when there is a potential concurrence of competencies or even in scenarios of reasonable doubt about their scope, the proper course is the diligent activation of the relevant institutional mechanisms to ensure comprehensive attention to the problem and the effective protection of the fundamental rights involved. Consequently, although there is no absolute omission on the part of the Municipality of Alajuelita, there is evidence of a partial and incomplete response to the entirety of the reported problem, which justifies the intervention of this constitutional jurisdiction to order the adoption of concrete and coordinated measures, within the scope of its powers, particularly regarding the activation of the relevant institutional mechanisms in environmental matters, in order to prevent the occurrence of serious or irreversible environmental harm.(…) IV.- Sobre el caso concreto. Después analizar los elementos probatorios y el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con el oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acredita que la problemática sometida a conocimiento de esta Sala se refiere a la consolidación y expansión progresiva de un asentamiento humano en condición irregular, ubicado en una zona montañosa de alta fragilidad ambiental, caracterizada por pendientes pronunciadas, cobertura forestal y potencial función de recarga hídrica, lo cual comporta riesgos relevantes para el ambiente, la salud pública y la integridad de las personas. En ese sentido, estima esta Sala que, independientemente del alcance concreto de las competencias municipales en la materia, lo cierto es que la autoridad recurrida se encuentra obligada a ejercer, dentro de su ámbito de atribuciones, todas aquellas potestades de control, fiscalización y prevención que le correspondan, y, en su caso, a gestionar de manera oportuna, formal y efectiva el traslado de la situación ante las instancias competentes, aun cuando se trate de materias que excedan su ámbito de actuación directa. De este modo, ante la eventual concurrencia de competencias o incluso en escenarios de duda razonable sobre su alcance, lo procedente es la activación diligente de los mecanismos institucionales pertinentes, a fin de asegurar una atención integral de la problemática y la protección efectiva de los derechos fundamentales involucrados. En consecuencia, aun cuando no se configura una omisión absoluta por parte de la Municipalidad de Alajuelita, sí se evidencia una respuesta parcial e incompleta frente a la integralidad de la problemática denunciada, lo que justifica la intervención de esta jurisdicción constitucional a efectos de ordenar la adopción de medidas concretas y coordinadas, dentro del ámbito de sus competencias, particularmente en lo relativo a la activación de los mecanismos institucionales pertinentes en materia ambiental, a fin de prevenir la materialización de daños ambientales graves o irreversibles.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la autoridad recurrida se encuentra obligada a ejercer, dentro de su ámbito de atribuciones, todas aquellas potestades de control, fiscalización y prevención que le correspondan, y, en su caso, a gestionar de manera oportuna, formal y efectiva el traslado de la situación ante las instancias competentes, aun cuando se trate de materias que excedan su ámbito de actuación directa."

    "the respondent authority is obligated to exercise, within its sphere of attributions, all control, oversight, and prevention powers that correspond to it and, where appropriate, to promptly, formally, and effectively refer the situation to the competent bodies, even when the matters exceed its direct sphere of action."

    Considerando IV

  • "la autoridad recurrida se encuentra obligada a ejercer, dentro de su ámbito de atribuciones, todas aquellas potestades de control, fiscalización y prevención que le correspondan, y, en su caso, a gestionar de manera oportuna, formal y efectiva el traslado de la situación ante las instancias competentes, aun cuando se trate de materias que excedan su ámbito de actuación directa."

    Considerando IV

  • "ante la eventual concurrencia de competencias o incluso en escenarios de duda razonable sobre su alcance, lo procedente es la activación diligente de los mecanismos institucionales pertinentes, a fin de asegurar una atención integral de la problemática y la protección efectiva de los derechos fundamentales involucrados."

    "when there is a potential concurrence of competencies or even in scenarios of reasonable doubt about their scope, the proper course is the diligent activation of the relevant institutional mechanisms to ensure comprehensive attention to the problem and the effective protection of the fundamental rights involved."

    Considerando IV

  • "ante la eventual concurrencia de competencias o incluso en escenarios de duda razonable sobre su alcance, lo procedente es la activación diligente de los mecanismos institucionales pertinentes, a fin de asegurar una atención integral de la problemática y la protección efectiva de los derechos fundamentales involucrados."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

015374-26. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. CLAIMS THE DEVELOPMENT AND EXPANSION OF AN INFORMAL SETTLEMENT IN ZONES OF ENVIRONMENTAL FRAGILITY, CAUSING DEFORESTATION, EARTHWORKS (MOVIMIENTOS DE TIERRA), POLLUTION, AND RISK OF POLLUTION IN AQUIFERS. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED, ORDERING THE MUNICIPALITY OF ALAJUELITA: 1) WITHIN THREE MONTHS, TO CONDUCT A COMPREHENSIVE TECHNICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE REPORTED PROBLEM IN ITS ENVIRONMENTAL DIMENSION, TO CLEARLY DETERMINE WHICH ACTIONS ARE ITS RESPONSIBILITY AND WHICH ARE NOT. 2) WITHIN TWELVE MONTHS, IT MUST ADOPT AND EXECUTE THE NECESSARY MEASURES, WITHIN ITS SCOPE, FOR ITS EFFECTIVE ATTENTION AND RESOLUTION; 3) REGARDING MATTERS THAT EXCEED ITS SCOPE OF COMPETENCE, WITHIN FOUR MONTHS, IT MUST MAKE A FORMAL, TIMELY, AND DULY DOCUMENTED REFERRAL TO THE COMPETENT AUTHORITIES. 4) IT MUST COORDINATE WITH THE INVOLVED INSTITUTIONS AND RENDER A REPORT TO THIS CHAMBER, WITHIN THE INDICATED TIME LIMITS. VCG05/2026

"(...) IV.- Regarding the specific case. After analyzing the evidentiary elements and the report rendered under oath by the respondent authority, with the timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is established that the problem brought to the attention of this Chamber concerns the consolidation and progressive expansion of a human settlement in an irregular condition, located in a mountainous zone of high environmental fragility, characterized by steep slopes, forest cover (cobertura forestal), and potential function for water recharge, which entails significant risks for the environment, public health, and the integrity of persons.

In effect, it is evident from the case file that said settlement presents unsanitary conditions, a lack of basic infrastructure for the management of wastewater and solid waste, as well as anthropogenic interventions without technical backing —such as earthworks (movimientos de tierra) and deforestation— that negatively affect the stability of the land and increase the risk of landslides. Likewise, it is verified that the situation is not recent, but has been developing since at least 2017, and has been known by the Municipality of Alajuelita, as evidenced by the municipal records and the inter-institutional coordination efforts referred to in the report rendered.

Now then, regarding the actions of the respondent authority, this Court notes that, although the lands in question are privately owned and eviction procedures are not the direct responsibility of the Municipality, the truth is that this circumstance does not relieve the local administration of its duty to diligently exercise its powers in matters of environmental protection.

In that regard, it is established that the Municipality has deployed actions of inter-institutional coordination, information gathering, and social addressing of the problem. Likewise, regarding the sanitary component, it is on record that the situation was referred to the competent authority, with the Ministry of Health having intervened through on-site inspections and the issuance of the respective health order, which demonstrates that, in that specific area, efforts were made to channel the problem to the corresponding entity.

However, and for the purpose of clearly delimiting the scope of administrative responsibility, it is verified that there is not sufficient evidence in the case file that the municipality has specifically, formally, and concretely managed the referral of the problem relating to deforestation, soil disturbance, and potential environmental degradation to the technical authorities competent in that matter. Although the report rendered indicates the implementation of inter-institutional coordination actions oriented mainly to social, sanitary, and security attention —with the participation, among others, of the Ministry of Health, the Joint Institute of Social Aid (IMAS), the Ministry of Housing and Human Settlements (MIVAH), and police forces—, the adoption of specific, formal, and duly documented efforts directed specifically to activating the intervention mechanisms of the authorities with competence in environmental matters is not accredited.

In this sense, this Chamber considers that, regardless of the specific scope of municipal powers in the matter, the truth is that the respondent authority is obliged to exercise, within its sphere of attributions, all those powers of control, inspection, and prevention that correspond to it, and, where applicable, to manage in a timely, formal, and effective manner the referral of the situation to the competent bodies, even when dealing with matters that exceed its scope of direct action. In this way, in the event of a potential concurrence of powers or even in scenarios of reasonable doubt about its scope, the appropriate course of action is the diligent activation of the pertinent institutional mechanisms, in order to ensure comprehensive attention to the problem and the effective protection of the fundamental rights involved.

Thus, this Chamber deems it necessary to differentiate the spheres of action: on one hand, the conduct of the respondent authority is not reproachable regarding the sanitary component, insofar as it did manage the referral of the situation to the competent entity; however, the absence of equally diligent management regarding the environmental component linked to deforestation, land use, and terrain stability —aspects that directly affect the protection of the right to a healthy environment— is indeed insufficient —and therefore reproachable from a constitutional perspective.

Consequently, even though an absolute omission by the Municipality of Alajuelita is not configured, a partial and incomplete response to the entirety of the reported problem is indeed evident, which justifies the intervention of this constitutional jurisdiction for the purpose of ordering the adoption of concrete and coordinated measures, within the scope of its powers, particularly regarding the activation of the pertinent institutional mechanisms in environmental matters, in order to prevent the materialization of serious or irreversible environmental damage. (...)"

015374-26. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. ACUSA EL DESARROLLO Y EXPANSIÓN DE UN ASENTAMIENTO INFORMAL EN ZONAS DE FRAGILIDAD AMBIENTAL, PRODUCIENDO DEFORESTACIÓN, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONTAMINACIÓN Y RIESGO DE CONTAMINACIÓN EN MANTOS ACUÍFEROS. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, ORDENANDO A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA: 1) EN TRES MESES REALIZAR UN ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA DENUNCIADA EN SU DIMENSIÓN AMBIENTAL, PARA DETERMINAR CON CLARIDAD CUÁLES ACTUACIONES LES CORRESPONDE Y CUÁLES NO. 2) EN DOCE MESES DEBERÁ ADOPTAR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS, QUE ESTÁN EN SU ÁMBITO, PARA SU ATENCIÓN Y SOLUCIÓN EFECTIVA; 3) EN CUANTO A LAS MATERIAS QUE EXCEDAN SU AMBITO DE COMPETENCIA, EN CUATRO MESES, DEBERÁ REALIZAR EL TRASLADO FORMAL, OPORTUNO Y DEBIDAMENTE DOCUMENTADO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 4) DEBERÁ COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y RENDIR INFORME A LA SALA, DENTRO DE LOS PLAZOS INDICADOS. VCG05/2026 “(…) IV.- Sobre el caso concreto. Después analizar los elementos probatorios y el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, con el oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se acredita que la problemática sometida a conocimiento de esta Sala se refiere a la consolidación y expansión progresiva de un asentamiento humano en condición irregular, ubicado en una zona montañosa de alta fragilidad ambiental, caracterizada por pendientes pronunciadas, cobertura forestal y potencial función de recarga hídrica, lo cual comporta riesgos relevantes para el ambiente, la salud pública y la integridad de las personas.

En efecto, de los autos se desprende que dicho asentamiento presenta condiciones de insalubridad, ausencia de infraestructura básica para el manejo de aguas residuales y residuos sólidos, así como intervenciones antrópicas sin respaldo técnico —tales como movimientos de tierra y deforestación— que inciden negativamente en la estabilidad del terreno y aumentan el riesgo de deslizamientos. Asimismo, se constata que la situación no es reciente, sino que se ha desarrollado desde al menos el año 2017, siendo conocida por la Municipalidad de Alajuelita, tal como se acredita con las actas municipales y las gestiones de coordinación interinstitucional referidas en el informe rendido.

Ahora bien, en cuanto a la actuación de la autoridad recurrida, este Tribunal advierte que, si bien los terrenos en cuestión son de propiedad privada y los procedimientos de desalojo no corresponden de forma directa a la Municipalidad, lo cierto es que dicha circunstancia no releva a la administración local de su deber de ejercer de manera diligente sus competencias en materia de protección del ambiente.

En ese sentido, se tiene por acreditado que la Municipalidad ha desplegado acciones de coordinación interinstitucional, levantamiento de información y abordaje social de la problemática. Asimismo, en lo que respecta al componente sanitario, consta que la situación fue trasladada a la autoridad competente, habiendo intervenido el Ministerio de Salud mediante inspecciones en el sitio y la emisión de la respectiva orden sanitaria, lo que evidencia que, en ese ámbito específico, se realizaron gestiones para canalizar la problemática hacia la dependencia correspondiente.

No obstante, y a efectos de delimitar con claridad el ámbito de responsabilidad administrativa, se constata que no existe en autos acreditación suficiente de que la municipalidad haya gestionado de manera concreta, formal y específica el traslado de la problemática relativa a la deforestación, afectación del suelo y posible degradación ambiental ante las autoridades técnicas competentes en esa materia. Si bien del informe rendido se desprende la realización de acciones de coordinación interinstitucional orientadas principalmente a la atención social, sanitaria y de seguridad —con participación, entre otras, del Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y cuerpos policiales—, no se acredita la adopción de gestiones puntuales, formales y debidamente documentadas dirigidas específicamente a activar los mecanismos de intervención de las autoridades con competencia en materia ambiental.

En ese sentido, estima esta Sala que, independientemente del alcance concreto de las competencias municipales en la materia, lo cierto es que la autoridad recurrida se encuentra obligada a ejercer, dentro de su ámbito de atribuciones, todas aquellas potestades de control, fiscalización y prevención que le correspondan, y, en su caso, a gestionar de manera oportuna, formal y efectiva el traslado de la situación ante las instancias competentes, aun cuando se trate de materias que excedan su ámbito de actuación directa. De este modo, ante la eventual concurrencia de competencias o incluso en escenarios de duda razonable sobre su alcance, lo procedente es la activación diligente de los mecanismos institucionales pertinentes, a fin de asegurar una atención integral de la problemática y la protección efectiva de los derechos fundamentales involucrados.

Así las cosas, esta Sala estima necesario diferenciar los ámbitos de actuación: por un lado, no resulta reprochable la conducta de la autoridad recurrida en cuanto al componente sanitario, en tanto sí gestionó el traslado de la situación al ente competente; sin embargo, sí resulta insuficiente –y por ende reprochable desde la perspectiva constitucional– la ausencia de una gestión igualmente diligente respecto del componente ambiental vinculado a la deforestación, uso del suelo y estabilidad del terreno, aspectos que inciden directamente en la protección del derecho a un ambiente sano.

En consecuencia, aun cuando no se configura una omisión absoluta por parte de la Municipalidad de Alajuelita, sí se evidencia una respuesta parcial e incompleta frente a la integralidad de la problemática denunciada, lo que justifica la intervención de esta jurisdicción constitucional a efectos de ordenar la adopción de medidas concretas y coordinadas, dentro del ámbito de sus competencias, particularmente en lo relativo a la activación de los mecanismos institucionales pertinentes en materia ambiental, a fin de prevenir la materialización de daños ambientales graves o irreversibles. (...)"

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