← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
30/04/2026
OutcomeResultado
The Court grants the amparo against the Municipality of San Ramón and ICE for failing to effectively regulate aerial cable disorder causing visual contamination, and denies the petition as to SUTEL.La Sala declara con lugar el recurso contra la Municipalidad de San Ramón y el ICE por omisión en la fiscalización del cableado aéreo que genera contaminación visual, y sin lugar en cuanto a la SUTEL.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber grants in part an amparo petition filed against the Municipality of San Ramón, the Costa Rican Electricity Institute (ICE), and the Telecommunications Superintendency (SUTEL) over the saturation and chaotic disorder of aerial telecommunications cabling in urban sectors of the Canton of San Ramón, Alajuela. The Court holds that the disorderly accumulation of cables, disused lines, and so-called 'cable tangling' constitute a form of visual contamination violating the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment. It orders ICE, as legal guarantor and administrator of passive infrastructure (utility poles), and the Municipality, as active guardian of cantonal public space, to implement concrete cable management, removal of disused wiring, and interinstitutional coordination within set deadlines. As to SUTEL, the petition is denied because the regulator acted promptly and within its regulatory mandate.La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de San Ramón, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), por la saturación y desorden del cableado aéreo de telecomunicaciones en sectores urbanos del cantón de San Ramón, Alajuela. La Sala determina que la acumulación caótica de cables, tendidos en desuso y el denominado 'marañamiento' de líneas constituyen una forma de contaminación visual que vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado. Ordena al ICE, en su posición jurídica de garante como administrador de la postería, y a la Municipalidad, como tutora activa del espacio público cantonal, implementar medidas concretas de ordenamiento, retiro de cableado en desuso y coordinación interinstitucional dentro de plazos definidos. En cuanto a SUTEL, declara sin lugar el recurso al constatar que el ente regulador actuó oportunamente dentro de su ámbito competencial.
Key excerptExtracto clave
Municipal autonomy is not limited to formal tax or administrative powers, but entails a correlative duty of effective guardianship of the cantonal environment. In this regard, even though the respondent Municipality is not the competent body to directly order telecommunications operators to remove or reorganize cabling, it does have an obligation to: a) Oversee the use of cantonal public space. b) Coordinate with competent national entities. c) Issue urban regulations within its sphere of competence. d) Adopt reasonable administrative measures to prevent risks and mitigate visual contamination. The disorderly accumulation of cables, the so-called 'tangling' of lines, and the continued presence of disused wiring constitute a form of visual contamination that degrades the urban landscape and undermines residents' right to a safe and aesthetically harmonious environment. Even though the operating companies own the installed networks, ICE, as administrator of the utility poles, holds the legal position of guarantor with respect to the adequate, safe, and orderly use of that infrastructure. Accordingly, it cannot disregard the negative effects that the negligent use of the poles generates on public space, as this compromises the constitutional right to a healthy and balanced environment, as well as the health and physical integrity of persons. The omission or ineffective oversight in the exercise of its control and supervisory powers thus constitutes an infringement of constitutional significance.La autonomía municipal no se reduce a potestades tributarias o administrativas formales, sino que comporta un deber correlativo de tutela efectiva del entorno cantonal. En ese sentido, aun cuando la Municipalidad recurrida no sea el órgano competente para imponer directamente a las operadoras de telecomunicaciones el retiro o reordenamiento del cableado, sí tiene la obligación de: a) Fiscalizar el uso del espacio público cantonal. b) Coordinar con las entidades nacionales competentes. c) Emitir reglamentación urbana dentro de su ámbito competencial. d) Adoptar medidas administrativas razonables para prevenir riesgos y mitigar la contaminación visual. La acumulación desordenada de cableado, el denominado "marañamiento" de líneas y la permanencia de tendidos en desuso configuran una forma de contaminación visual que degrada el paisaje urbano y menoscaba el derecho de los habitantes a un entorno seguro y estéticamente armónico. Aun cuando las empresas operadoras sean propietarias de las redes instaladas, el ICE, como administrador de la postería, ostenta una posición jurídica de garante respecto del uso adecuado, seguro y ordenado de dicha infraestructura. En consecuencia, no puede desentenderse de los efectos negativos que el uso negligente de los postes genera sobre el espacio público, pues ello compromete el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, así como la salud y la integridad física de las personas. La omisión o fiscalización ineficaz en el ejercicio de sus potestades de control y supervisión configura, por ende, una infracción con relevancia constitucional.
Pull quotesCitas destacadas
"En el sub lite se verifica una omisión administrativa en el ejercicio de las potestades de policía, control y supervisión que corresponden al ICE sobre su propia infraestructura, lo cual ha generado una afectación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, así como una amenaza cierta a la salud e integridad física de los recurrentes y de la colectividad."
"In the present case, an administrative omission is confirmed in the exercise of the policing, control, and supervisory powers that correspond to ICE over its own infrastructure, which has caused harm to the fundamental right to a healthy and balanced environment, as well as a real threat to the health and physical integrity of the petitioners and the community at large."
Considerando VIII (precedente 2026008044)
"En el sub lite se verifica una omisión administrativa en el ejercicio de las potestades de policía, control y supervisión que corresponden al ICE sobre su propia infraestructura, lo cual ha generado una afectación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, así como una amenaza cierta a la salud e integridad física de los recurrentes y de la colectividad."
Considerando VIII (precedente 2026008044)
"La pasividad del ente recurrido no constituye una mera deficiencia estética, sino una omisión con relevancia constitucional, en tanto compromete la salud y la seguridad física de las personas así como la regularidad en la gestión del dominio público."
"The passivity of the respondent entity does not constitute a mere aesthetic deficiency, but rather an omission of constitutional significance, insofar as it compromises the health and physical safety of persons as well as the orderly management of the public domain."
Considerando VIII (precedente 2026008044)
"La pasividad del ente recurrido no constituye una mera deficiencia estética, sino una omisión con relevancia constitucional, en tanto compromete la salud y la seguridad física de las personas así como la regularidad en la gestión del dominio público."
Considerando VIII (precedente 2026008044)
"La inacción frente al incumplimiento técnico de las operadoras convierte al administrador de la postería en corresponsable de la lesión a la salud y ambiental ocasionada, pues la administración de infraestructura pública no puede ejercerse al margen de los principios de legalidad, eficacia y tutela del interés general."
"Inaction in the face of operators' technical non-compliance makes the pole administrator co-responsible for the resulting harm to health and the environment, because public infrastructure cannot be administered outside the principles of legality, efficiency, and protection of the general interest."
Considerando VIII (precedente 2026008044)
"La inacción frente al incumplimiento técnico de las operadoras convierte al administrador de la postería en corresponsable de la lesión a la salud y ambiental ocasionada, pues la administración de infraestructura pública no puede ejercerse al margen de los principios de legalidad, eficacia y tutela del interés general."
Considerando VIII (precedente 2026008044)
"el control constitucional no puede convertirse en un mecanismo para atribuir responsabilidad automática ante toda situación material disfuncional, cuando no se acredita inactividad arbitraria o desatención deliberada por parte del ente regulador."
"Constitutional review cannot become a mechanism for attributing automatic responsibility in every dysfunctional material situation when arbitrary inactivity or deliberate neglect on the part of the regulatory body has not been established."
Considerando VII (sobre SUTEL, precedente 2026008044)
"el control constitucional no puede convertirse en un mecanismo para atribuir responsabilidad automática ante toda situación material disfuncional, cuando no se acredita inactividad arbitraria o desatención deliberada por parte del ente regulador."
Considerando VII (sobre SUTEL, precedente 2026008044)
Full documentDocumento completo
015340-26. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. PUBLIC SERVICES. SATURATION AND DISORDER OF AERIAL CABLING IN SAN RAMÓN GENERATES VISUAL POLLUTION AND URBAN RISK. DECLARED PARTIALLY UPHELD AND THE MUNICIPALIDAD AND ICE ORDERED TO IMPLEMENT PERMANENT ORGANIZATION AND OVERSIGHT MEASURES. VCG05/2026 "(…) On this matter, it is worth noting that this Court, by judgment no. 2026008044, issued at 9:25 a.m. on March 6, 2026, heard and resolved a matter substantially similar to the present one, relating to four other locations in the canton of San Ramón, on which occasion the writ of amparo (recurso de amparo) filed against the respondent authorities was declared partially upheld, on the basis of the considerations transcribed below:
"(…) VI.- On the Responsibility of Local Governments. Article 169 of the Political Constitution establishes the duty of the country's municipalities to safeguard the interests of the inhabitants of their jurisdiction; accordingly, in repeated rulings, this Court has held that such corporations are obligated to eliminate any type of threat that puts at risk the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment (medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado) of the persons living in their canton (see Judgment No. 2008-11739 issued at 12:12 p.m. on July 25, 2008, reiterated in No. 2020-014753, issued at 9:15 a.m. on August 7, 2020).
Although the technical regulation of the telecommunications sector falls to specialized bodies of the Executive Branch and sectoral regulatory entities, the truth is that municipalities, in accordance with Articles 169 and 170 of the Political Constitution and the municipal autonomy regime (régimen autonómico municipal), hold competence in the areas of territorial planning (ordenamiento territorial), public space management, and the protection of local interests. Furthermore, in accordance with the Código Municipal, urban planning and environmental protection within their jurisdiction are the responsibility of the municipalities.
In the present case, the Mayor acknowledges that on September 18, 2025, the petitioners filed a complaint regarding the situation at issue here, and that following an inspection carried out, it was established that there exists a "serious problem of visual pollution (contaminación visual)" and a "disorderly accumulation of cables and equipment" that negatively impacts the urban space; accordingly, the creation of an institutional commission and engagement with ARESEP and ICE to address the situation in a comprehensive manner were recommended. Thus, on October 31, 2025, the Mayor's Office sent the complainants a response to each of the concerns raised in their complaint and explained that the Municipalidad is not the entity responsible for granting installation authorizations for cabling to telecommunications service providers, but rather that such responsibility belongs to the Instituto Costarricense de Electricidad, which is responsible for issuing the corresponding permits as well as agreements with public and private institutions, and accordingly urged the complainants to file their complaint with the competent public institutions.
Although, within a reasonable period and prior to the filing of the present writ, the Mayor resolved the filed complaint and notified the petitioners of its outcome—thereby not infringing their right to prompt and effective justice (justicia pronta y cumplida)—the truth is that the mere creation of a commission or the acknowledgment of the problem is insufficient if it does not translate into concrete material actions of oversight and organization that bring the violation of public space to an end.
Municipal autonomy is not limited to tax or formal administrative powers, but rather entails a correlative duty of effective protection of the cantonal environment. In that regard, even though the respondent Municipalidad is not the competent body to directly compel telecommunications operators to remove or reorganize the cabling, it does have the obligation to:
Accordingly, absolute inaction or the omission of inter-institutional management in the face of a notorious and prolonged situation of structural disorder in the cabling constitutes an indirect violation of the right to a healthy environment and of the duty of protection incumbent upon every public authority.
The reported problem demonstrates that the actions taken by the Municipalidad de San Ramón in the exercise of its control and oversight powers for the protection of health and the environment, within the framework of its competencies, have been clearly insufficient, thereby incurring liability for omission in the exercise of those powers, which in turn infringes the constitutional right of citizens to receive efficient and effective public services.
In light of the foregoing, the respondent Municipalidad is responsible for the damage to the fundamental rights of the persons protected, due to its failure to promptly and effectively safeguard the health of the population and the environment.
Consequently, with respect to the Municipalidad de San Ramón, the writ is declared upheld and it is warned that, going forward, it must actively exercise its competencies in the area of urban landscape protection, public safety, and public space management, under the admonishment that it may incur liability for omission. Therefore, the appropriate course of action is to order the effective activation of the institutional commission mentioned in official communication MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, which must define a permanent work schedule to prevent the problem of cable saturation in the infrastructure from recurring in other sectors of the canton through coordination with the Instituto Costarricense de Electricidad.
VII.- On the Oversight Duty of SUTEL and ICE. As governing entities and administrators of passive infrastructure (infraestructura pasiva), including poles and networks, SUTEL and ICE have the obligation to ensure that private operators comply with the technical installation standards.
Articles 77 of the Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos and 77 of the Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones establish that it falls to SUTEL to guarantee the right to the joint or shared use of infrastructures, conduits, ducts, poles, towers, stations, and other facilities required for the installation and operation of public telecommunications networks, as well as for the provision of services available to the public and the co-location (coubicación) of equipment.
For its part, ICE, in this case as the owner of the infrastructure supporting public telecommunications networks, is obligated to grant rights of way, shared use, and co-location of equipment, and to apply the current regulations and the guidelines issued by the Superintendencia de Telecomunicaciones. It is likewise its duty to guarantee and provide the necessary maintenance of the scarce resource (recurso escaso) to ensure adequate operation and continuity of shared use (Article 08 of the Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones, GCO-NRE-REG-00469-2016).
Specifically, the Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, in Article 13, also establishes that:
"Article 13. On the Efficient Use of Network Elements in the Telecommunications Infrastructure by Infrastructure Owners.
When the owners of infrastructure supporting public telecommunications networks become aware of the underutilization or inefficient use of network elements in the space assigned to a telecommunications operator and/or service provider, they must notify such operators so that the uninstallation and removal of those network elements may be carried out, unless there is a valid justification for keeping them in the infrastructure. For this purpose, a maximum period of 2 months must be granted.
SUTEL, on its own motion or at the request of a party, shall have the authority to require the telecommunications operator and/or provider to remove these idle, unused, or inadequately planned network elements." Thus, as described above, once a request for intervention has been received or acting on its own motion, SUTEL is competent to require telecommunications operators and/or service providers to remove those elements that are in an idle condition, are not being used, or whose existence does not correspond to duly substantiated technical planning. This regulatory attribution is of particular relevance to the management and ordering of infrastructure, insofar as it seeks to prevent saturation, inefficient use, or the continued presence of facilities lacking operational justification.
In the case under study, it was established that on September 17, 2025, the petitioning party filed a complaint before the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) regarding the chaotic accumulation of cabling and visual pollution in the central district of San Ramón, and that within a reasonable period the complaint was referred to ICE with a request to coordinate with the owners of telecommunications networks making use of the passive infrastructure (poles) to adopt the necessary verification and corrective measures and to report on the actions taken.
As a result, once SUTEL was informed of the actions taken by ICE and the operators and/or providers of telecommunications services, on October 17, 2025, it proceeded to notify the complainants of those actions. In that regard, the right to prompt and effective justice was not infringed, since the matter was resolved within a reasonable period and before the filing of the present writ. Therefore, the writ is declared without merit with respect to this point.
Furthermore, this Court does not find that SUTEL infringed the right to health and a healthy environment of the persons protected, since as a sectoral regulatory entity its role is to regulate the legal, technical, and economic conditions under which such infrastructure may be used on a shared basis by telecommunications operators and/or service providers available to the public. It should be noted that it was only upon receiving the complaint filed by the petitioners that SUTEL became aware of the problem, and in order to provide a solution, it requested ICE, as the owner of the poles in that location, to coordinate with the owners of telecommunications networks making use of the passive infrastructure to adopt the necessary verification and corrective measures, and also requested that body to implement surveillance and auditing practices to ensure the orderly and proper management of telecommunications networks. To ensure compliance, it required ICE to report on the actions taken, and on October 6, 2025, ICE reported that, as of that date, the removal of disused networks had already been carried out to 50%, and that a two-month deadline had been granted to operators to complete the corrective actions. In sum, constitutional oversight cannot become a mechanism for automatically attributing liability in every materially dysfunctional situation when arbitrary inaction or deliberate neglect on the part of the regulatory entity has not been established. Accordingly, SUTEL issued the necessary acts to provide a solution to the problem raised by the petitioners.
It is noted that, without prejudice to criminal or civil liability, it will fall to SUTEL to intervene in the event that the parties fail to reach an agreement on the shared use of the scarce resource or a conflict arises, and to proceed to impose sanctions for the administrative infractions committed by the operators or providers, and also those who operate telecommunications networks or provide telecommunications services illegitimately (Article 65 of the Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642, and Article 55 of the Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones).
Without prejudice to the foregoing, this Court deems it appropriate to remind SUTEL of its permanent duty of oversight and supervision of compliance with technical obligations by operators, especially when those obligations affect the urban environment and may have environmental repercussions.
As a corollary to the foregoing, it has not been established in the specific case that the Superintendencia de Telecomunicaciones engaged in any arbitrary or unlawful act or omission that violates the fundamental right to a healthy environment, and accordingly the writ against this administrative body must be declared without merit.
Take note. Although the present writ of amparo must be declared without merit with respect to SUTEL, the administrative proceedings initiated that are the subject of this amparo must be followed up, within the framework of its legal competencies, in order to verify compliance with the technical obligations of the operating companies and to adopt, where appropriate, the corresponding measures.
VIII.- Regarding the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). With respect to this entity, as with the foregoing, it received the complaint from the petitioners and proceeded to execute the corresponding administrative acts, establishing that there existed idle service connections (acometidas); dual networks (coaxial and fiber); double pole lines (doble postería); poorly labeled reserve coils; and insufficient optimization of space on poles, and accordingly proceeded to notify the operators—Liberty, Telecable, Tigo, Claro, and Ufinet—to carry out the relocation of disused networks, which was reiterated on several occasions, granting each operator a two-month deadline with the purpose of ensuring compliance with the conditions stipulated in the corresponding service contracts, which expired on December 13, 2025—that is, after the date on which the present writ was filed. It is noted that by November 2025, some of the operators had already carried out the ordered actions, and during the week of December 15–19, 2025, an inspection was scheduled by the staff of the Área de Uso Compartido de Infraestructura to verify the current condition of the utility poles (postería) that were the subject of the complaint; however, the Court is unaware of the outcome thereof.
Even though the telecommunications operating companies are the owners of the installed cabling, the truth is that the Instituto Costarricense de Electricidad, in its capacity as owner and administrator of the utility poles, holds a guarantor legal position (posición jurídica de garante) with respect to the adequate and safe use of that infrastructure. In such capacity, it cannot disregard the deterioration of the public space resulting from the negligent use of the poles under its administration, as this would imply tolerating practices contrary to urban planning standards and the technical regulations on electrical safety and telecommunications.
In the sub lite, an administrative omission is established in the exercise of the police, control, and supervisory powers belonging to ICE over its own infrastructure, which has generated an infringement of the fundamental right to a healthy and balanced environment, as well as a concrete threat to the health and physical integrity of the petitioners and of the community.
The disorderly accumulation of cabling, the so-called "tangling" (marañamiento) of lines, and the continued presence of idle overhead lines constitute a form of visual pollution that degrades the urban landscape and undermines the right of inhabitants to a safe and aesthetically harmonious environment.
In that regard, the passivity of the respondent entity does not constitute a mere aesthetic deficiency, but rather an omission of constitutional relevance, insofar as it compromises the health and physical safety of persons and the regularity of public domain management. Inaction in the face of technical non-compliance by the operators renders the administrator of the utility poles a co-responsible party for the infringement of health and environmental rights, since the administration of public infrastructure cannot be exercised in disregard of the principles of legality, effectiveness, and protection of the general interest.
It is therefore evident that the lack of effective oversight has produced an infringement of the right to a healthy environment and a latent threat to the health and physical integrity of persons, given the risk of line failures or electrical accidents. Consequently, ICE's omission in the exercise of its control competencies transgresses the constitutional mandates of administrative efficiency and environmental protection.
Furthermore, there is no evidence that, as of the date on which the present writ was filed, the authorities of the corresponding branch had communicated to the petitioners the specific outcome of the proceedings undertaken, which also constitutes an infringement of the right to prompt and effective justice. This right is not satisfied by the mere issuance of specific acts, but requires a substantive and effective response that genuinely and timely addresses the problem raised.
In the specific case, administrative ineffectiveness is noted, since, despite approximately two months having elapsed since the filing of the complaints and despite express acknowledgment of the poor condition of the cabling by the authorities, as of the date on which the present writ was filed the urban landscape of San Ramón had not undergone substantial changes, leaving the inhabitants in a situation of risk and uncertainty. The persistence of the problem reveals that oversight has been omissive or ineffective. Public institutions cannot limit their actions to the mere forwarding of correspondence; they are obligated to ensure the effective removal of cabling in disuse or installed in violation of the applicable technical regulations.
IX.- Conclusion. It is evident that both the Municipalidad de San Ramón and the ICE branch in the canton of San Ramón have failed in their duty of inter-institutional coordination to resolve a fully identified problem of visual pollution. The lack of execution and the persistence of technical disorder at the four reported points justify the intervention of this Court to order the restoration of visual balance and safety in the central district of San Ramón (…)
Por tanto:
The writ is declared upheld. [Name 008] and [Name 009] are ordered, in their respective capacities as Mayor and Head of the Municipal Environmental Services Unit, both of the Municipalidad de San Ramón, or whoever may hold those positions, to, within a period of FIFTEEN BUSINESS DAYS from notification of the present judgment, activate the institutional commission mentioned in official communication MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, and to define a permanent work schedule to prevent the problem of telecommunications cable saturation in the infrastructure from recurring in other sectors of the canton. Furthermore, they must coordinate with the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, jointly and effectively, within their respective spheres of competence, so that within a period of ONE MONTH from notification of this ruling the process of cleaning, organizing, and removing all telecommunications cabling that is in disuse, installed irregularly, or generating a chaotic accumulation at the four specific points reported by the petitioners is completed. Furthermore, Alex Rodríguez Cambronero, in his capacity as Coordinator of the Agencia Integrada de San Ramón of the Instituto Costarricense de Electricidad, or whoever holds that position, is ordered to take the necessary administrative and technical actions so that: a) Within a period of SIX MONTHS from notification of this judgment, he coordinates with the telecommunications operators regarding the orderly and complete removal of disused cabling in the affected area; b) Executes, together with the telecommunications operators, a plan for the organization and tensioning of the remaining cables to eliminate the negative visual impact and ensure safety; c) Establishes a permanent oversight protocol to prevent the situation of visual chaos from recurring in the future; and d) Resolves and notifies the resolution of the complaint filed by the petitioning party on September 17, 2025. The foregoing is subject to the admonishment that, pursuant to the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or twenty to sixty days' fine, shall be imposed on any person who receives an order that they must comply with or cause to be complied with, issued in a writ of amparo, and fails to comply or cause compliance, provided that the offense is not more gravely penalized. The Municipalidad de San Ramón and the Instituto Costarricense de Electricidad are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, which shall be assessed in the execution of the administrative court judgment. With respect to the Superintendencia de Telecomunicaciones, the writ is declared without merit, although it must take note of what is stated in the final paragraph of Considerando VII of this judgment. Justice Castillo Víquez enters a separate note. Justice Salazar Alvarado dissents in part and declares the writ without merit with respect to the alleged violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as this aspect of the writ is to be resolved through ordinary legal channels (…)." It is clarified that in this writ of amparo the excess of cabling on poles located at the following points is reported: "a) Avenida 0, 24 meters east of the Club de Amigos, in front of the Departamentos Washington, b) Avenida 05, 200 meters north and 25 east of the front of the Parroquia de San Ramón, next to the Librería Católica de San Ramón, in front of Boutique Mova, and c) Avenida 5, 25 meters from ASEMBIS, in front of PRO PLAN Concentrados, next to D´Feria Centro de Carnes." Likewise, the cited precedent challenges the cabling placed on electrical poles located at "four points in the city, on Avenida Segunda de San Ramón, on sidewalks and in front of various commercial establishments (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub and Sala de Juegos Mora)." Furthermore, as in the cited precedent, the Municipalidad de San Ramón references official communication MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, dated October 1, 2025, which establishes that an inspection was conducted at the indicated location and that document was issued with conclusions and recommendations (the formation of an institutional commission is recommended). Moreover, in the present matter, the petitioners allege the failure to respond to several complaints filed in this regard before the Municipalidad de San Ramón, the Superintendencia de Telecomunicaciones, and the Instituto Costarricense de Electricidad.
That is to say, it has been established as proven that these are complaints regarding visual pollution in common areas of said canton, and accordingly this Court relies on that precedent for the resolution of this new writ of amparo.
VI.- From the comprehensive review of the case file, the sworn statements—with the consequences provided for in Article 44 of the Law of this Jurisdiction—and the evidentiary record incorporated therein, this Court finds it established that the petitioners reported, on September 9, 17, and 18, 2025, a persistent situation of visual pollution, structural disorder, and accumulation of electrical and telecommunications cabling in disuse, particularly in various urban sectors of the canton of San Ramón de Alajuela, which was generating a negative impact on the urban landscape and risks to public safety.
As can be inferred from the established facts, said complaints were filed before the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), the Municipalidad de San Ramón, and the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), and each of these entities deployed actions within its respective sphere of competence. However, the constitutional analysis requires a determination of whether such actions were timely, sufficient, and effective in guaranteeing the invoked fundamental rights.
With respect to the Instituto Costarricense de Electricidad, it is established that, in its capacity as owner and administrator of the passive infrastructure (utility poles), it received the respective complaints and, following their referral by SUTEL as well, executed various administrative actions, such as field inspections, notifications, and admonishments to the telecommunications operators using said infrastructure—Liberty, Telecable, Tigo, Claro, Ufinet, and Kölbi—granting them deadlines for the relocation of networks, the removal of disused overhead lines, and the correction of multiple detected irregularities, including idle service connections, dual networks, double pole lines, poorly arranged reserve coils, and incomplete works.
However, it was also established that, as of the date on which the present writ was filed, relevant irregularities persisted in the reported areas and the complete removal of disused cabling and the comprehensive correction of the problem had not been established, despite the existence of those anomalies having been expressly acknowledged. Likewise, there is no record that ICE had clearly and timely communicated to the petitioners the specific outcome of the proceedings carried out, which negatively affected their right to prompt and effective justice.
As this Court has repeatedly held, even though the operating companies are the owners of the installed networks, ICE, as the administrator of the utility poles, holds a guarantor legal position with respect to the adequate, safe, and orderly use of said infrastructure. Consequently, it cannot disregard the negative effects that the negligent use of the poles produces on the public space, as this compromises the constitutional right to a healthy and balanced environment, as well as the health and physical integrity of persons. The omission or ineffective oversight in the exercise of its control and supervisory powers therefore constitutes an infringement of constitutional relevance.
For its part, with respect to the Municipalidad de San Ramón, it is established that it received the complaint regarding visual pollution and that, through a technical inspection, it expressly acknowledged the truthfulness of the reported facts, concluding that there existed a serious problem of visual pollution arising from the disorder of cables and equipment on the urban utility poles. However, it is also established that an excessive period—exceeding two months—elapsed without a formal response being provided to the complainants, which was ultimately provided only in connection with the processing of the present amparo.
Additionally, although the municipality expressed its intention to form an institutional commission and to coordinate with other competent entities, there is no record that such measures were effectively carried out or that they translated into concrete and verifiable actions of oversight, organization, or mitigation of the reported problem. As this Court has held, municipal autonomy entails not only formal powers but also an active duty to protect the urban environment and the cantonal public space. Consequently, even though it is not the municipality's responsibility to directly compel operators to remove the cabling, it is obligated to exercise oversight, coordinate inter-institutionally, and adopt reasonable measures to prevent environmental and urban risks. Inaction or merely declaratory management is insufficient and constitutes an omission that infringes fundamental rights.
Finally, with regard to the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), it was established that said entity received multiple complaints of a similar nature and, within a reasonable period, proceeded to refer them to ICE as the owner of the passive infrastructure, issued clear directives for the verification and correction of the identified irregularities, and required detailed reports on the actions taken. Likewise, before the present writ was filed, SUTEL communicated to the complainants the steps taken and the reports submitted by ICE, with no evidence of omissive, arbitrary, or unlawful conduct on the part of the regulatory entity.
It must be recalled that the function of SUTEL is limited to the regulation, supervision, and oversight of the technical and legal conditions of the shared use of infrastructure, and does not extend to the direct material execution of cable removal. Within that framework, this Court finds that SUTEL acted within its sphere of competence and did not infringe the fundamental rights of the petitioners, without prejudice to its permanent duty of ongoing supervision and eventual sanctioning authority in the event of future non-compliance (see in a similar vein judgment no. 2026014326 issued at 9:20 a.m. on April 24, 2026).
VII.- Conclusion. In light of the foregoing, what is appropriate is to partially grant the writ (recurso) solely against the Instituto Costarricense de Electricidad and the Municipalidad de San Ramón on the grounds indicated. With respect to the Superintendencia de Telecomunicaciones, the writ is denied. Nevertheless, as noted in the cited precedent, that authority is reminded that it must follow up on the administrative proceedings (gestiones administrativas) initiated as the subject matter of this amparo, within the framework of its legal authority, in order to verify compliance with the technical obligations of the operating companies and to adopt, as applicable, the corresponding measures. (…)
015340-26. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. SERVICIOS PÚBLICOS. SATURACIÓN Y DESORDEN DE CABLEADO AÉREO EN SAN RAMÓN, GENERA CONTAMINACIÓN VISUAL Y RIESGO URBANO. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR Y SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD Y AL ICE IMPLEMENTAR MEDIDAS PERMANENTES DE ORDENAMIENTO Y FISCALIZACIÓN. VCG05/2026 “(…) Sobre el particular, conviene indicar que esta Sala, mediante sentencia no. 2026008044, de las 9:25 horas del 6 de marzo de 2026, conoció y resolvió un asunto sustancialmente similar al presente, referido a otros cuatro puntos del cantón de San Ramón, ocasión en la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo interpuesto contra las autoridades accionadas, con base en las consideraciones que seguidamente se transcriben:
“(…) VI.- Sobre la Responsabilidad de los Gobiernos Locales. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone el deber de las municipalidades del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que, dichas corporaciones se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón (véase la Sentencia N° 2008-11739 de las 12:12 horas del 25 de julio de 2008, reiterada en la N° 2020-014753, de las 9:15 horas del 7 de agosto de 2020).
Si bien la regulación técnica del sector telecomunicaciones corresponde a órganos especializados del Poder Ejecutivo y entes reguladores sectoriales, lo cierto es que las municipalidades, conforme a los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, y al régimen autonómico municipal, ostentan competencia en materia de ordenamiento territorial, gestión del espacio público y resguardo del interés local. A su vez, de conformidad con el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la planificación urbana y la protección del entorno ambiental en su jurisdicción.
En el presente caso, la Alcaldesa reconoce que, el 18 de setiembre de 2025, los recurrentes interpusieron una denuncia por la situación aquí planteada y a raíz de la inspección realizada, se constató que existe un "grave problema de contaminación visual" y una "acumulación desordenada de cables y equipos" que impacta negativamente el espacio urbano, por lo que se recomendó la creación de una comisión institucional y el acercamiento con ARESEP e ICE para abordar la situación en forma integral. De manera que, el 31 de octubre de 2025, la Alcaldía remitió a los denunciantes la respuesta a cada una de las inquietudes formuladas en su queja y se les explicó que, la Municipalidad no es la encargada de otorgar las autorizaciones de instalación de cableado a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, sino que le corresponde al Instituto Costarricense de Electricidad, el cual es el responsable de otorgar los permisos correspondientes, así como los convenios con las instituciones públicas y privadas, por lo que les instó a poner la denuncia ante las instituciones públicas competentes.
Si bien, dentro de un plazo prudencial y previo a la interposición del presente recurso, la Alcaldesa resolvió la denuncia planteada y les notificó a los gestionantes el resultado de la misma, con lo cual no se lesionó el derecho de una justicia pronta y cumplida, lo cierto es que la mera creación de una comisión o el reconocimiento del problema resulta insuficiente si no se traduce en acciones materiales concretas de fiscalización y ordenamiento que cesen la vulneración del espacio público.
La autonomía municipal no se reduce a potestades tributarias o administrativas formales, sino que comporta un deber correlativo de tutela efectiva del entorno cantonal. En ese sentido, aun cuando la Municipalidad recurrida no sea el órgano competente para imponer directamente a las operadoras de telecomunicaciones el retiro o reordenamiento del cableado, sí tiene la obligación de:
De modo, que la inactividad absoluta o la omisión de gestión interinstitucional frente a una situación notoria y prolongada de desorden estructural en el cableado constituye una vulneración indirecta del derecho a un ambiente sano y del deber de protección que incumbe a toda autoridad pública.
El problema denunciado demuestra que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte Municipalidad de San Ramon dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesiona el derecho constitucional de los ciudadanos a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.
En virtud de lo expuesto, la Municipalidad recurrida es responsable del daño a los derechos fundamentales de las personas amparadas, por la omisión en velar pronta y eficazmente por la salud de la población, y al ambiente.
En consecuencia, en cuanto a la Municipalidad de San Ramón se declara con lugar el recurso y se le previene que, en lo sucesivo, deberá ejercer activamente sus competencias en materia de protección del paisaje urbano, seguridad ciudadana y gestión del espacio público, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por omisión. Por ende, lo procedente es ordenarle poner en funcionamiento efectivo la comisión institucional mencionada en el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, debiendo definir un cronograma de trabajo permanente para evitar que la problemática de saturación de infraestructura se repita en otros sectores del cantón mediante un trabajo de coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad.
VII. - Sobre el deber de Fiscalización de la SUTEL y el ICE. Como entes rectores y administradores de la infraestructura pasiva, entre ellos postes y redes, la SUTEL y el ICE tienen la obligación de garantizar que los operadores privados cumplan con las normas técnicas de instalación.
Los artículos 77, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y 77, del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, señalan que le corresponde a la SUTEL, garantizar el derecho al uso conjunto o compartido de las infraestructuras, canalizaciones, ductos, postes, torres, estaciones y demás instalaciones requeridas para la instalación y operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como para la provisión de los servicios disponibles al público y la coubicación de equipos.
Por su parte, el ICE, en este caso, como propietario de la infraestructura que soporta redes públicas de telecomunicaciones, se encuentra en la obligación de conceder derechos de paso, uso compartido y colocalización de equipos, aplicar la normativa vigente y los lineamientos emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Asimismo es su deber garantizar y brindar el mantenimiento necesario a su recurso escaso para asegurar la operación adecuada y la continuidad del uso compartido (artículo 08, del Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones, GCO-NRE-REG-00469-2016).
Precisamente, el Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, en el artículo 13, también establece que:
“Artículo 13. Sobre el uso eficiente de los elementos de la red en la infraestructura de telecomunicaciones por parte de los propietarios de la infraestructura.
Cuando los propietarios de la infraestructura que soporten redes públicas de telecomunicaciones tengan conocimiento sobre subutilización o uso no eficiente de los elementos de red en el espacio asignado a un operador y/o proveedor de servicios de telecomunicaciones, deberán notificar a éstos, para que se realice la desinstalación y remoción de este tipo de elementos de red, salvo cuando exista una justificación válida para mantenerlos en la infraestructura. Para esto se deberá otorgar un plazo máximo de 2 meses.
La SUTEL de oficio o a solicitud de parte, tendrá la potestad de solicitarle al operador y/o proveedor de telecomunicaciones la remoción de estos elementos ociosos, no utilizados o que no tengan un uso debidamente planificado” De manera que, según lo expuesto una vez recibida la solicitud de intervención o de oficio la SUTEL es competente para requerir a los operadores y/o proveedores de servicios de telecomunicaciones, la remoción de aquellos elementos que se encuentren en condición de ociosidad, que no estén siendo utilizados o cuya existencia no responda a una planificación técnica debidamente sustentada. Esta atribución normativa reviste especial relevancia en la gestión y ordenamiento de la infraestructura, en tanto procura evitar la saturación, el uso ineficiente o la permanencia de instalaciones carentes de justificación operativa.
En el caso bajo estudio, se constató que el 17 de setiembre de 2025, la parte recurrente interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) por la acumulación caótica de cableado y contaminación visual en el casco central de San Ramón y dentro de un plazo prudencial, la queja fue trasladada al ICE y se le pidió coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva (postes) adoptar las medidas de verificación y corrección necesaria e informar de lo actuado.
En virtud de ello, una vez que la SUTEL tuvo conocimiento de lo actuado por parte del ICE y de los operadores y/o proveedores que brinden servicios de telecomunicaciones, el 17 de octubre de 2025, procedió a informar a los quejosos de lo actuado. De modo, que en ese sentido no se lesionó el derecho a una justicia pronta y cumplida, ya que la gestión fue resuelta en un plazo razonable y antes de la interposición del presente recurso. Por ende, en cuanto este extremo se declara sin lugar el recurso.
Por otra parte, no se estima que la SUTEL haya lesionado el derecho a la salud y al ambiente de los tutelados, ya que como ente regulador sectorial, lo que le corresponde es reglar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas a partir de las cuales, dicha infraestructura puede ser utilizada de manera compartida por los operadores y/o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Nótese que, fue a partir de la queja que presentaron los recurrentes, que tuvo conocimiento del problema y para brindar una solución, le solicitó al ICE, como propietario de los postes en dicha localidad, coordinar con los propietarios de redes de telecomunicaciones que hacen uso de la infraestructura pasiva la adopción de medidas de verificación y corrección necesarias, así como también le pidió a dicho órgano, disponer de prácticas en la vigilancia y auditoría con el fin de garantizar el ordenamiento y adecuada gestión de las redes de telecomunicaciones. Para el cumplimiento de ello, le requirió al ICE informar de las acciones realizadas y el 06 de octubre de 2025, se le comunicó que, a esa fecha, ya se había ejecutado el retiro de redes en desuso en un 50%, y que se le había otorgado un plazo de dos meses a los operadores para concluir las acciones correctivas. En definitiva, el control constitucional no puede convertirse en un mecanismo para atribuir responsabilidad automática ante toda situación material disfuncional, cuando no se acredita inactividad arbitraria o desatención deliberada por parte del ente regulador. De modo, que la SUTEL dictó los actos necesarios para brindar una solución al problema planteado por los recurrentes.
Se advierte, que sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, será a la SUTEL que le corresponderá intervenir en caso de las partes no lleguen a un acuerdo sobre el uso compartido del recurso escaso o exista conflicto y proceder a sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores o proveedores y también los que exploten redes de telecomunicaciones o presten servicios de telecomunicaciones de manera ilegítima. (artículo 65, de la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 8642 y 55 del Reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones) Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala estima pertinente recordar a la SUTEL su deber permanente de fiscalización y supervisión del cumplimiento de las obligaciones técnicas por parte de los operadores, especialmente cuando estas incidan en el entorno urbano y puedan tener repercusiones ambientales.
Corolario de lo anterior, no se acredita, en el caso concreto, que la Superintendencia de Telecomunicaciones haya incurrido en una acción u omisión arbitraria o ilegítima que vulnere el derecho fundamental a un ambiente sano y lo que procede es declarar sin lugar el recurso en contra este órgano administrativo.
Tome nota. A pesar de que, el presente recurso de amparo debe ser declarado sin lugar en cuanto a la SUTEL, se deberá dar seguimiento a las gestiones administrativas iniciadas objeto de este amparo, dentro del marco de sus competencias legales, a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas de las empresas operadoras y adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
VIII.- En relación con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En cuanto a este ente, al igual que los anteriores, recibió la queja de los administrados y procedió a ejecutar los actos administrativos correspondientes y constató que, existían acometidas en desuso; doble red (coaxial y fibra); doble postería; rollos de reserva mal detallados; falta de optimización del espacio en postes y procedió a avisar a los operadores; Liberty, Telecable, Tigo, Claro y Ufinet para que efectuaran los trabajos de relocalización de las redes en desuso, lo cual fue reiterado en varias ocasiones y otorgó a cada operador el plazo de dos meses, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de servicio correspondientes, lo cual vencía el 13 de diciembre de 2025, es decir posterior a la fecha de interposición del presente recurso. Se advierte que, para el mes de noviembre de 2025, algunos de los operadores ya habían ejecutado las acciones ordenadas, siendo que de la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025, se programó una inspección por parte del personal del Área de Uso Compartido de Infraestructura, para verificar el estado actual de la postería denunciada; no obstante, la Sala desconoce el resultado del mismo.
Aun cuando las empresas operadoras de telecomunicaciones sean propietarias del cableado instalado, lo cierto es que el Instituto Costarricense de Electricidad, en su condición de titular y administrador de la postería, ostenta una posición jurídica de garante respecto del uso adecuado y seguro de esa infraestructura. En tal carácter, no puede desentenderse del deterioro del espacio público derivado de la utilización negligente de los postes bajo su administración, pues ello implicaría tolerar prácticas contrarias a las normas de ordenamiento urbano y a los reglamentos técnicos en materia de seguridad eléctrica y telecomunicaciones.
En el sub lite se verifica una omisión administrativa en el ejercicio de las potestades de policía, control y supervisión que corresponden al ICE sobre su propia infraestructura, lo cual ha generado una afectación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, así como una amenaza cierta a la salud e integridad física de los recurrentes y de la colectividad.
La acumulación desordenada de cableado, el denominado “marañamiento” de líneas y la permanencia de tendidos en desuso configuran una forma de contaminación visual que degrada el paisaje urbano y menoscaba el derecho de los habitantes a un entorno seguro y estéticamente armónico.
En tal sentido, la pasividad del ente recurrido no constituye una mera deficiencia estética, sino una omisión con relevancia constitucional, en tanto compromete la salud y la seguridad física de las personas así como la regularidad en la gestión del dominio público. La inacción frente al incumplimiento técnico de las operadoras convierte al administrador de la postería en corresponsable de la lesión a la salud y ambiental ocasionada, pues la administración de infraestructura pública no puede ejercerse al margen de los principios de legalidad, eficacia y tutela del interés general.
Se evidencia, entonces, que la falta de fiscalización efectiva ha producido una lesión al derecho al ambiente y una amenaza latente a la salud y a la integridad de las personas, ante el riesgo de desprendimientos o accidentes eléctricos. En consecuencia, la omisión del ICE en el ejercicio de sus competencias de control transgrede los mandatos constitucionales de eficiencia administrativa y protección del entorno.
Por otra parte, no consta que, a la fecha de interposición del presente recurso, las autoridades de la sucursal correspondiente hayan comunicado a los recurrentes el resultado concreto de las gestiones emprendidas, lo que también comporta una lesión al derecho a una justicia pronta y cumplida. Este derecho no se satisface con la mera emisión de actos concretos, sino que exige una respuesta sustantiva y eficaz que atienda de manera real y oportuna la problemática planteada.
En el caso concreto se advierte una inoperancia administrativa, pues, pese a haber transcurrido aproximadamente dos meses desde la interposición de las denuncias y a existir reconocimiento expreso del mal estado del tendido por parte de las autoridades, a la fecha de interposición del presente recursos el paisaje urbano de San Ramón no ha experimentado cambios sustanciales, manteniendo a los administrados en una situación de riesgo e incertidumbre. La persistencia del problema revela que la fiscalización ha sido omisa o ineficaz. Las instituciones públicas no pueden limitar su actuación a meros traslados de correspondencia; están obligadas a garantizar el retiro efectivo del cableado en desuso o instalado en contravención de la normativa técnica aplicable.
IX.- Conclusión. Resulta evidente que tanto la Municipalidad de San Ramón, como la Sucursal del ICE en el cantón de San Ramón, han fallado en su deber de coordinación interinstitucional para resolver un problema de contaminación visual plenamente identificado. La falta de ejecución y la persistencia del desorden técnico en los cuatro puntos denunciados justifican la intervención de esta Sala para ordenar la restauración del equilibrio visual y la seguridad del casco central de San Ramón (…)
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a [Nombre 008] y a [Nombre 009], en su condición respectiva de Alcaldesa y Jefe de la Unidad de Servicios Ambientales Municipales, ambos de la Municipalidad de San Ramón, o a quienes ocupen dichos cargos, que dentro del plazo de QUINCE DIAS HÁBILES, a partir de la notificación de la presente sentencia, deben poner en funcionamiento efectivo la comisión institucional mencionada en el oficio MSR-AM-GM-DDU-SMA-197-2025, debiendo definir un cronograma de trabajo permanente para evitar que la problemática de saturación de cables de telecomunicaciones en la infraestructura se repita en otros sectores del cantón. Además, deberán coordinar con el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, de manera conjunta y efectiva, dentro de sus respectivas esferas de competencia, para que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta resolución, se finalice el proceso de limpieza, ordenamiento y retiro de todo cableado de telecomunicaciones que se encuentre en desuso, instalado de manera irregular o que genere una acumulación caótica en los cuatro puntos específicos denunciados por los recurrentes. A su vez, se ordena a Alex Rodríguez Cambronero, en su condición de Coordinador de la Agencia Integrada de San Ramón del Instituto Costarricense de Electricidad, o a quien ocupe dicho puesto que disponga las acciones administrativas y técnicas necesarias para que: a) Dentro del plazo de SEIS MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, coordine con las operadoras de telecomunicaciones, el orden y retiro en su totalidad del cableado en desuso en la zona afectada; b) Ejecutar, junto con las operadoras de telecomunicaciones un plan de ordenamiento y tensado de los cables remanentes para eliminar el impacto visual negativo y garantizar la seguridad; c) Establecer un protocolo de fiscalización permanente para evitar que la situación de caos visual se repita en el futuro y; d) Resolver y notificar la resolución de la denuncia interpuesta por la parte recurrente el día 17 de setiembre de 2025. Lo anterior, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Ramón y al Instituto Costarricense de Electricidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a la Superintendencia de Telecomunicaciones se declara sin lugar el recurso, aunque debe tomar nota de lo indicado en el párrafo final del considerando VII, de esta sentencia. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva el voto en forma parcial y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que este extremo del recurso corresponde ser dirimido en la vía de legalidad (…)”.
Al respecto, se aclara que en este recurso de amparo se denuncia el exceso de cableado en los postes ubicados en: “a) Avenida 0, 24 metros al este del Club de Amigos, frente a los Departamentos Washington, b) Avenida 05, 200 metros norte y 25 este del frente de la Parroquia de San Ramón, a un lado de la Librería Católica de San Ramón, frente la Boutique Mova, y c) Avenida 5, 25 metros de ASEMBIS, frente a PRO PLAN Concentrados, a un costado de D´Feria Centro de Carnes”. Asimismo, en el precedente citado se cuestiona el cableado colocado en los postes eléctrico ubicado en: “cuatro puntos de la ciudad, en la Avenida Segunda de San Ramón, sobre aceras y frente a diversos locales comerciales (Pizza Grace, Librería Eureka, The Corner Pub y Sala de Juegos Mora)”. Por otra parte, al igual que en el precedente citado, la Municipalidad de San Ramón hace mención del oficio MSR-AM GM-DDU-SMA-197-2025, fechado 01 de octubre de 2025, en donde se establece que realizó una inspección en el lugar señalado y emitió ese documento con conclusiones y recomendaciones (se recomienda la conformación de la comisión institucional). Por otra parte, en el presente asunto, los recurrentes alegan la falta de atención de varias denuncias al respecto presentadas ante la Municipalidad de San Ramón, Superintendencia de Telecomunicaciones e Instituto Costarricense de Electricidad.
Es decir, se tiene por probado que se trata de denuncias sobre contaminación visual en zonas comunes de dicho cantón, por lo que este Tribunal se fundamenta en ese precedente para la resolución de este nuevo recurso de amparo.
VI.- De la revisión integral del expediente, de los informes rendidos bajo juramento -con las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de esta Jurisdicción- y del acervo probatorio incorporado, este Tribunal tiene por acreditado que los recurrentes denunciaron, el 9, 17 y 18 de setiembre de 2025, una situación persistente de contaminación visual, desorden estructural y acumulación de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en desuso, particularmente en diversos sectores urbanos del cantón de San Ramón de Alajuela, lo cual generaba un impacto negativo en el paisaje urbano y riesgos para la seguridad ciudadana.
Conforme se desprende de los hechos demostrados, dichas denuncias fueron planteadas ante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Municipalidad de San Ramón y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), siendo que cada una de estas entidades desplegó actuaciones dentro de su respectivo ámbito competencial. No obstante, el análisis constitucional exige determinar si tales actuaciones fueron oportunas, suficientes y eficaces para garantizar los derechos fundamentales invocados.
En lo que respecta al Instituto Costarricense de Electricidad, consta que, en su condición de propietario y administrador de la infraestructura pasiva (postería), recibió las denuncias respectivas y, trasladadas estas también por la SUTEL, ejecutó diversas gestiones administrativas, tales como inspecciones de campo, notificaciones y apercibimientos a los operadores de telecomunicaciones que utilizan dicha infraestructura -Liberty, Telecable, Tigo, Claro, Ufinet y Kölbi-, otorgándoles plazos para la relocalización de redes, el retiro de tendidos en desuso y la corrección de múltiples irregularidades detectadas, entre ellas acometidas ociosas, doble red, doble postería, rollos de reserva mal dispuestos y trabajos inconclusos.
Sin embargo, también quedó demostrado que, a la fecha de interposición del presente recurso, persistían irregularidades relevantes en las zonas denunciadas y no se había acreditado el retiro total del cableado en desuso ni la corrección integral del problema, pese a haberse reconocido hubiera comunicado de manera clara y oportuna a los recurrentes el resultado concreto de las gestiones realizadas, lo cual incidió negativamente en su derecho a una justicia pronta y cumplida.
Tal como ha sostenido reiteradamente esta Sala, aun cuando las empresas operadoras sean propietarias de las redes instaladas, el ICE, como administrador de la postería, ostenta una posición jurídica de garante respecto del uso adecuado, seguro y ordenado de dicha infraestructura. En consecuencia, no puede desentenderse de los efectos negativos que el uso negligente de los postes genera sobre el espacio público, pues ello compromete el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, así como la salud y la integridad física de las personas. La omisión o fiscalización ineficaz en el ejercicio de sus potestades de control y supervisión configura, por ende, una infracción con relevancia constitucional.
Por su parte, en cuanto a la Municipalidad de San Ramón, se encuentra acreditado que esta recibió la denuncia por contaminación visual y que, mediante inspección técnica, reconoció expresamente la veracidad de los hechos denunciados, concluyendo que existía un grave problema de contaminación visual derivado del desorden de cables y equipos en la postería urbana. No obstante, también se constata que transcurrió un plazo excesivo -superior a dos meses- sin que se brindara una respuesta formal a los denunciantes, la cual únicamente se produjo con ocasión de la tramitación del presente amparo.
Adicionalmente, aunque la municipalidad manifestó su intención de conformar una comisión institucional y de coordinar con otras entidades competentes, no consta que tales medidas se hayan materializado efectivamente ni que se hayan traducido en acciones concretas y verificables de fiscalización, ordenamiento o mitigación del problema denunciado. Como ha señalado este Tribunal, la autonomía municipal comporta no solo potestades formales, sino un deber activo de tutela del entorno urbano y del espacio público cantonal. En consecuencia, aun cuando no le corresponda imponer directamente a los operadores el retiro del cableado, sí está obligada a fiscalizar, coordinar interinstitucionalmente y adoptar medidas razonables para prevenir riesgos ambientales y urbanos. La inactividad o gestión meramente declarativa resulta insuficiente y configura una omisión lesiva de derechos fundamentales.
Finalmente, en lo atinente a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), se tuvo por demostrado que dicha entidad recibió múltiples denuncias de similar naturaleza y, dentro de un plazo razonable, procedió a trasladarlas al ICE como propietario de la infraestructura pasiva, emitió directrices claras para la verificación y corrección de las irregularidades señaladas y requirió informes detallados sobre las acciones ejecutadas. Asimismo, antes de la interposición del presente recurso, la SUTEL comunicó a los denunciantes las gestiones efectuadas y los informes rendidos por el ICE, sin que se evidencie una conducta omisiva, arbitraria o ilegítima por parte del ente regulador.
Debe recordarse que la función de la SUTEL se circunscribe a la regulación, supervisión y fiscalización de las condiciones técnicas y jurídicas del uso compartido de la infraestructura, sin que le corresponda la ejecución material directa del retiro del cableado. En ese marco, este Tribunal estima que la SUTEL actuó dentro de su ámbito competencial y no lesionó los derechos fundamentales de los recurrentes, sin perjuicio de su deber permanente de supervisión continua y eventual potestad sancionatoria ante incumplimientos futuros (ver en similar sentido la sentencia no. 2026014326 de las 9:20 horas del 24 de abril de 2026).
VII.- Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo que procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra del Instituto Costarricense de Electricidad y la Municipalidad de San Ramón por los puntos indicados. En cuanto a la Superintendencia de Telecomunicaciones, se declarar sin lugar el recurso. No obstante, tal y como se indicó en el precedente citado, se le recuerda a dicha autoridad que deberá dar seguimiento a las gestiones administrativas iniciadas objeto de este amparo, dentro del marco de sus competencias legales, a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas de las empresas operadoras y adoptar, en su caso, las medidas que correspondan. (…)”
Document not found. Documento no encontrado.