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24/04/2026
OutcomeResultado
The Chamber denied the amparo regarding the alleged inaction of the authorities, but partially granted it due to delay by the Environmental Administrative Tribunal.La Sala declaró sin lugar el amparo en cuanto a la supuesta inacción de las autoridades, pero declaró parcialmente con lugar por la mora del Tribunal Ambiental Administrativo.
SummaryResumen
A neighbor in Barva reported illegal burning, toxic smoke, and clandestine operation of a fiber-cement factory on an adjacent property, alleging inaction by authorities despite repeated complaints. The Constitutional Chamber examined the conduct of the Ministry of Health, the Municipality of Barva, the Public Force, and the Environmental Administrative Tribunal. It was proven that the Ministry of Health inspected the site, ordered the suspension of burning, and shut down the factory for lacking a health permit. The Municipality also conducted a joint inspection, verified unlicensed activity, ordered closure, and followed up with formal warnings. The Public Force responded to the report and observed the burn from a distance, unable to enter private property without imminent risk. The Environmental Tribunal had handled the complaint since 2014 with multiple inspections and ultimately referred the matter to SETENA for jurisdictional reasons. The Chamber held that there was no unlawful omission or violation of the right to a healthy environment, since all authorities exercised their powers; the amparo was denied without prejudice to the duty of ongoing monitoring.Un vecino de Barva denunció quemas ilegales, humo tóxico y operación clandestina de una fábrica de fibrocemento en una finca colindante, alegando inacción de las autoridades pese a sus múltiples gestiones. La Sala Constitucional analizó la actuación del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Barva, la Fuerza Pública y el Tribunal Ambiental Administrativo. Se acreditó que el Ministerio de Salud inspeccionó, ordenó suspender quemas y clausuró la fábrica por carecer de permiso sanitario. La Municipalidad también realizó inspección conjunta, constató actividad sin licencia, ordenó clausura y dio seguimiento con apercibimientos. La Fuerza Pública atendió el reporte y verificó la quema a distancia sin poder ingresar por tratarse de propiedad privada sin riesgo inminente. El Tribunal Ambiental tramitó la denuncia desde 2014 con múltiples inspecciones y finalmente remitió el asunto a SETENA por incompetencia. La Sala concluyó que no hubo omisión ilegítima ni lesión al derecho a un ambiente sano, pues todas las autoridades ejercieron sus competencias; declaró sin lugar el amparo, sin perjuicio del deber de seguimiento continuo.
Key excerptExtracto clave
From all the evidence reviewed, a central conclusion follows: the situation reported by the petitioner was real or, at least, sufficiently plausible to justify public intervention, but that intervention, far from being omitted, did in fact take place on the part of the respondent authorities. (...) From a legal-constitutional perspective, this set of actions does not reflect the existence of an indifferent, passive, or remiss administrative apparatus, but rather a state response deployed at different intensities and from different jurisdictional spheres. It is true that the mere adoption of administrative measures does not always preclude amparo relief, since such measures could be purely apparent or manifestly insufficient; however, that is not the scenario verified here. The documented actions have sufficient material and legal substance to demonstrate that the authorities did in fact exercise concrete powers of control, oversight, closure, prevention, monitoring, and coordination. Hence, it cannot be said that the petitioner was left without constitutional protection due to a state omission. This Chamber finds that what is proven in the record leads to the first of those hypotheses, not the second. Consequently, since no unlawful, arbitrary, or manifestly insufficient omission on the part of the respondent authorities in the exercise of their powers has been demonstrated, nor any current violation of the petitioner's fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment directly attributable to their conduct, the appropriate course is to deny the appeal.De toda la prueba reseñada se sigue, entonces, una conclusión central: la situación denunciada por la parte recurrente era real o, cuando menos, suficientemente verosímil como para justificar una intervención pública, pero esa intervención, lejos de haber sido omitida, efectivamente tuvo lugar por parte de las autoridades recurridas. (...) Desde la perspectiva jurídico-constitucional, ese conjunto de actuaciones no refleja la existencia de un aparato administrativo indiferente, pasivo o remiso, sino de una respuesta estatal desplegada en distintas intensidades y desde diferentes ámbitos competenciales. Es cierto que la sola adopción de medidas administrativas no siempre excluye la procedencia del amparo, pues podría ocurrir que tales medidas fueran puramente aparentes, manifiestamente insuficientes; sin embargo, ese no es el supuesto que aquí se verifica. Las actuaciones documentadas poseen entidad material y jurídica suficiente para demostrar que las autoridades sí ejercieron potestades concretas de control, fiscalización, clausura, prevención, seguimiento y coordinación. De ahí que no resulte posible afirmar que la parte recurrente haya quedado desprovista de tutela constitucional por causa de una omisión estatal. Esta Sala estima que lo acreditado en autos conduce a la primera de esas hipótesis, no a la segunda. En consecuencia, al no demostrarse una omisión ilegítima, arbitraria o manifiestamente insuficiente de las autoridades recurridas en el ejercicio de sus competencias, ni una lesión actual del derecho fundamental de la parte recurrente a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado directamente atribuible a la conducta de aquellas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"la compatibilidad entre la denuncia y la información rendida por las autoridades lleva a una conclusión intermedia pero decisiva: el problema denunciado era real o al menos, suficientemente verosímil para requerir actuación estatal; sin embargo, también está probado que dicha actuación estatal efectivamente se produjo."
"the compatibility between the complaint and the information provided by the authorities leads to an intermediate but decisive conclusion: the reported problem was real or at least sufficiently plausible to require state action; however, it is also proven that such state action did in fact occur."
Considerando V
"la compatibilidad entre la denuncia y la información rendida por las autoridades lleva a una conclusión intermedia pero decisiva: el problema denunciado era real o al menos, suficientemente verosímil para requerir actuación estatal; sin embargo, también está probado que dicha actuación estatal efectivamente se produjo."
Considerando V
"lo actuado por el Ministerio de Salud supera el estándar mínimo de diligencia constitucionalmente exigible. Hubo recepción de la denuncia, inspección, constatación, uso de potestades de policía sanitaria, imposición de medidas concretas, notificación, seguimiento y coordinación."
"what was done by the Ministry of Health exceeds the minimum standard of diligence constitutionally required. There was receipt of the complaint, inspection, verification, use of health police powers, imposition of concrete measures, notification, monitoring, and coordination."
Considerando VI
"lo actuado por el Ministerio de Salud supera el estándar mínimo de diligencia constitucionalmente exigible. Hubo recepción de la denuncia, inspección, constatación, uso de potestades de policía sanitaria, imposición de medidas concretas, notificación, seguimiento y coordinación."
Considerando VI
"la sola adopción de medidas administrativas no siempre excluye la procedencia del amparo, pues podría ocurrir que tales medidas fueran puramente aparentes, manifiestamente insuficientes; sin embargo, ese no es el supuesto que aquí se verifica."
"the mere adoption of administrative measures does not always preclude amparo relief, since such measures could be purely apparent or manifestly insufficient; however, that is not the scenario verified here."
Considerando X
"la sola adopción de medidas administrativas no siempre excluye la procedencia del amparo, pues podría ocurrir que tales medidas fueran puramente aparentes, manifiestamente insuficientes; sin embargo, ese no es el supuesto que aquí se verifica."
Considerando X
"deberán continuar dentro de sus competencias con el seguimiento, la fiscalización y la adopción de las medidas que resulten necesarias ante cualquier nueva evidencia de quemas ilegales, botaderos clandestinos, actividades no autorizadas o riesgos para la salud pública y el ambiente."
"they must continue within their powers to monitor, oversee, and adopt the measures that prove necessary in light of any new evidence of illegal burning, clandestine dumps, unauthorized activities, or risks to public health and the environment."
Considerando XI
"deberán continuar dentro de sus competencias con el seguimiento, la fiscalización y la adopción de las medidas que resulten necesarias ante cualquier nueva evidencia de quemas ilegales, botaderos clandestinos, actividades no autorizadas o riesgos para la salud pública y el ambiente."
Considerando XI
Full documentDocumento completo
014371-26. EXPEDITED RESOLUTION. EXECUTIVE BRANCH. A RESIDENT OF BARVA REPORTS ILLEGAL BURNING, TOXIC SMOKE, AND CLANDESTINE OPERATION ON A PROPERTY; DESPITE HIS COMPLAINTS, HIS PROCEDURES ARE NOT RESOLVED. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED DUE TO DELAY BY THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. VCG05/2026 "(..) V.- ON THE COMPATIBILITY BETWEEN THE ALLEGATIONS OF THE APPELLANT AND THE INFORMATION PROVIDED BY THE RESPONDENT AUTHORITIES. Before examining separately the conduct of each respondent authority, it should be noted that there is no absolute contradiction between the allegations of the appellant and the information provided by the respondent institutions, but rather a relevant partial convergence.
Indeed, the proven facts allow us to affirm that the complaint (denuncia) filed by the appellant was neither unfounded nor capricious. The existence of burning, at least as a reported phenomenon partially observed by the authorities, is supported by several accredited points: the observation of a burn from a distance by the Public Police Force (Fuerza Pública); the statement by the person in charge of property No. 247459 that garbage was occasionally burned in steel drums (estañones); and the Ministry of Health's decision to issue a specific sanitary order for the immediate suspension of solid waste burning. Likewise, the existence of a commercial activity without permits or administrative authorizations on the adjacent property was accredited, a point that confirms the appellant's concern was indeed connected to a factual reality warranting administrative intervention.
However, this finding does not necessarily imply that the respondent authorities have harmed the fundamental right of the appellant. Quite the contrary, the partial coincidence between the complaint and the findings explains precisely why several institutions activated procedures, inspections, sanitary orders, closures, monitoring, and inter-institutional coordination. That is, the plausibility of the complaint does not, in itself, demonstrate an unconstitutional omission; rather, it shows that the public apparatus did react to what was brought to its attention.
In other words, the compatibility between the complaint and the information provided by the authorities leads to an intermediate but decisive conclusion: the reported problem was real, or at least sufficiently plausible to require state action; however, it is also proven that such state action did indeed occur. Therefore, the constitutional review must shift from the mere existence of the environmental problem to the legal-constitutional sufficiency of the institutional response.
VI.- ON THE ACTIONS OF THE GOVERNING HEALTH AREA OF SAN RAFAEL-BARVA. The Ministry of Health holds a central position in environmental protection when the reported situation involves waste, emissions, smoke, potential sources of unsanitary conditions, or activities that may affect public health. Its constitutional duty is not limited to the passive recording of complaints but includes inspection, technical verification, adoption of preventive measures, issuance of sanitary orders, closure of unauthorized activities, and follow-up on compliance.
Consequently, if the health authority had remained inactive, unjustifiably disregarded the complaint, or failed to exercise its minimum powers in the face of prima facie harmful facts, a violation of the protected fundamental right could indeed be established. However, this is not the picture revealed by the proven facts.
The Ministry of Health received the appellant's complaint, opened a file, and integrated it with other related proceedings. It then scheduled an inspection, readjusted its agenda to conduct a joint visit with municipal authorities, and within the framework of that diligence, managed to verify facts of legal relevance: the existence of a commercial activity manufacturing fiber cement sheets operating without essential permits and the occasional burning of garbage on the inspected property. This verification gave rise to two immediate administrative responses clearly aimed at neutralizing the reported risk: the sanitary order to suspend burning and the closure of the factory for lacking a sanitary operating permit. Furthermore, these measures were expressly notified, and the appellant was informed of the actions taken.
No less important is that the health authority did not exhaust its action in a single initial act but kept the matter open, promoted police and municipal monitoring regarding the clandestine dump, the burning, and acts of vandalism, conducted a follow-up visit, and incorporated a new technical report. This sequence demonstrates administrative continuity and not a merely formal or apparent response.
From the perspective of the amparo appeal, the actions taken by the Ministry of Health exceed the minimum standard of constitutionally required diligence. There was receipt of the complaint, inspection, verification, use of health police powers, imposition of concrete measures, notification, follow-up, and coordination. Under these conditions, it cannot reasonably be argued that the health authority abandoned the appellant, was indifferent to the environmental risk, or passively consented to a harmful situation.
It is true that the right to a healthy environment requires effective measures, and it is also true that the full effectiveness of an administrative action is not exhausted by issuing an order or the formal closure of an activity. However, the eventual persistence of the conflict, or the practical difficulty in corroborating non-compliance with the imposed measures during subsequent visits—especially when dealing with properties with restricted access—does not automatically transform the authority's action into an unconstitutional one. The decisive factor is that the institution exercised the powers reasonably available to address the complaint, and that is precisely what occurred in this specific case.
Therefore, no illegitimate omission or manifest insufficiency attributable to the Ministry of Health is observed that would justify granting the appeal.
VII.- ON THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF BARVA. Municipalities, in their capacity as local governments, are not unconnected to environmental protection. Although they do not concentrate all sectoral competencies, they do have clear duties regarding territorial planning, land-use control, licenses, business permits (patentes), oversight of economic activities within the canton, protection of local interests, and coordination with other authorities when situations with environmental, health, or urban impact are detected.
In a case such as the one analyzed, the Municipality not only could but should have intervened to the extent that the complaint involved possible productive activity without permits, heavy vehicle traffic, irregular buildings, and impacts on coexistence and public health in a residential area or one close to it.
The proven facts show that the Municipality of Barva did not remain idle. It is on record that it had received complaints related to illegal burning in the area, that it had been carrying out actions and coordination regarding the problems of the property [Name 003] since 2014, and that, in relation to the complaint of February 2026, it conducted a joint inspection with the Ministry of Health on March 5, 2026. As a result of that diligence, it drafted the corresponding report and finding, verified a commercial activity without a municipal license, and ordered the closure and suspension of the activity carried out without administrative authorization. Subsequently, it continued follow-up through a new inspection, formal warnings (apercibimientos), and requests for collaboration from the Public Police Force, Municipal Police, Road Safety Council, and Traffic Engineering. It also reported coordination with SETENA, MINAE, the Directorate of Geology and Mines, the Environmental Administrative Tribunal, and the Environmental Prosecutor's Office.
From the constitutional standpoint, the municipal action was materially suitable and consistent with the scope of its competencies. The Municipality exercised its own powers: it inspected, documented findings, verified the absence of licenses, ordered closure, issued warnings, and activated institutional coordination. It did not limit itself to transferring responsibility to other agencies or claiming absolute lack of jurisdiction. On the contrary, it undertook active intervention in the aspects of municipal police power that were indeed its responsibility.
Nor can it be reproached, in this amparo proceeding, for not having resolved all the underlying environmental conflict on its own. The complexity of the case demonstrates the concurrence of multiple matters: health, environmental, police, potentially criminal, and regulatory. What is constitutionally required of the municipality is not to replace all those authorities, but to exercise without delay or arbitrariness the powers that are its own and to coordinate when the problem exceeds its exclusive scope. That is precisely what the accredited facts show.
To that extent, no arbitrary, negligent, or harmful omission of the fundamental right to a healthy environment attributable to the local government is observed.
VIII.- ON THE ACTIONS OF THE PUBLIC POLICE FORCE. The Public Police Force has a duty to provide assistance, preventive presence, and attention to citizen reports, as well as to collaborate with other institutions in the execution of control measures. However, its scope of action must be assessed within the constitutional and legal limits governing entry onto private property, material competence over fires, and the need to have sufficient enabling grounds for a more invasive intervention.
It has been demonstrated that the Barva Police Delegation did attend to the appellant's report, traveled to the location, observed a burn from a distance, and evaluated the circumstances of the case. It also reported that it did not enter the exact site because it was private property with limited access, with no persons present to allow entry, and without detecting any immediate risk to human lives or dwellings. It also indicated that primary attention to burns or fires corresponds to the Fire Department (Cuerpo de Bomberos).
It cannot be affirmed, based on these facts, that the Public Police Force incurred in neglect or abandonment of duty. It appeared at the location and verified the situation to the extent that objective circumstances allowed. The fact that it did not enter private property without authorization, in the absence of an imminent risk to people or dwellings, does not in itself constitute an illegitimate omission; rather, it responds to the need to act within the constitutional framework protecting the inviolability of the domicile and private property, except in exceptional, legally authorized cases.
The amparo standard cannot be constructed as if every environmental complaint automatically authorizes the administrative police to overcome any access barrier to private property without additional support. That would exceed the logic of a constitutional state governed by the rule of law. What was required was to attend to the report and address the situation within its competencies, and that is what occurred.
Therefore, no violation of the invoked fundamental right attributable to the Public Police Force is observed either.
IX.- ON THE ACTIONS OF THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. The situation of the Environmental Administrative Tribunal merits a differentiated analysis, because the proven facts reveal the existence of a background history since 2014, multiple reports, inspections, and proceedings related to the so-called property [Name 003]. This reveals a long-standing conflict and, of course, raises legitimate questions about the speed and effectiveness of the institutional handling of the case.
However, the proper judgment in an amparo appeal does not consist of determining whether the historical administrative processing has been optimal or entirely satisfactory from the perspective of public policy or administrative efficiency, but rather of establishing whether, in the specific case and at the time of resolution, there is a current and direct constitutional injury attributable to arbitrary or manifestly omissive conduct by the Tribunal.
It is proven that the Tribunal received the environmental complaint in 2014, opened a file, requested on-site inspections, asked the Municipality and the Governing Health Area to identify owners and verify the existence of a sanitary order, received visit results, incorporated technical reports from various institutions, accumulated case files, and continued receiving proceedings and reports between 2021 and 2024. Likewise, it is on record that SETENA maintained the project's suspension in 2025 and that the Tribunal, through resolution No. 200-2026-TAA of March 3, 2026, declared itself lacking jurisdiction and referred the complaint to SETENA.
It is true that the long duration of the conflict reveals a structural problem that is far from desirable from the perspective of effective environmental protection. However, with the available proven facts, it is not accredited that the Tribunal remained absolutely inactive or that its decision to refer the matter to SETENA constitutes, in itself, a manifestly arbitrary action harmful to the fundamental right invoked.
The existence of multiple prior actions excludes the idea of total abandonment of the matter. At most, the timeliness, scope, or correctness of the jurisdictional decision adopted in 2026 could be discussed. But that mere discrepancy regarding which body should continue hearing the case is not sufficient, in this summary proceeding, to consider a direct constitutional injury as proven, especially when other authorities with concurrent competencies—the Ministry of Health and the Municipality—had indeed adopted concrete and current measures in response to the reported facts.
In other words, even if the Tribunal's action could give rise to debate from the perspective of administrative law or the best distribution of competencies, it has not been shown that such action left the appellant in a state of absolute constitutional lack of protection or that it neutralized the effective protection deployed by other public authorities.
For this reason, it is also not appropriate to grant the appeal in relation to this authority.
X.- From all the evidence reviewed, a central conclusion follows: the situation reported by the appellant was real, or at least sufficiently plausible to justify public intervention, but that intervention, far from having been omitted, effectively took place by the respondent authorities. The Public Police Force attended to the report and verified the situation within its legal and material possibilities; the Ministry of Health received the complaint, inspected, coordinated with other authorities, verified irregularities, issued a sanitary order, closed an industrial activity without a permit, ordered follow-up, and promoted monitoring and related complaints; the Municipality inspected, initiated procedures, ordered the closure and suspension of unlicensed activities, conducted new visits, issued warnings, and coordinated actions with a plurality of institutions; and the Environmental Administrative Tribunal maintained prolonged administrative processing, with inspections, requests, and reports, until concluding, in the most recent phase, with a decision to refer jurisdiction to SETENA. From the legal-constitutional perspective, this set of actions does not reflect the existence of an indifferent, passive, or remiss administrative apparatus, but rather a state response deployed at different intensities and from different jurisdictional areas.
It is true that the mere adoption of administrative measures does not always preclude the admissibility of an amparo appeal, as such measures could be purely apparent or manifestly insufficient; however, that is not the case verified here. The documented actions possess sufficient material and legal substance to demonstrate that the authorities did exercise concrete powers of control, oversight, closure, prevention, follow-up, and coordination. Hence, it is not possible to affirm that the appellant was left without constitutional protection due to a state omission. The environmental concern underlying the case remains relevant and requires continuity in administrative vigilance; but recognizing that the material conflict has not completely dissipated or that its handling demands ongoing monitoring is one thing, and concluding that the authorities have breached their duties in such a way that the amparo appeal must be granted is quite another.
This Chamber considers that what is accredited in the case file leads to the first of those hypotheses, not the second. Consequently, having demonstrated no illegitimate, arbitrary, or manifestly insufficient omission by the respondent authorities in the exercise of their competencies, nor a current injury to the appellant’s fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment directly attributable to their conduct, the appropriate course is to dismiss the appeal.
XI.- Finally, without prejudice to the permanent duty that remains for all the respondent authorities, they must continue, within their competencies, with the follow-up, oversight, and adoption of necessary measures in the face of any new evidence of illegal burning, clandestine dumps, unauthorized activities, or risks to public health and the environment. (…)"
014371-26. PRONTA RESOLUCIÓN. PODER EJECUTIVO. VECINO DE BARVA DENUNCIA QUEMAS ILEGALES, HUMO TÓXICO Y OPERACIÓN CLANDESTINA EN FINCA, A PESAR DE SUS DENUNCIAS, NO RESUELVEN SUS GESTIONES. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR POR MORA DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. VCG05/2026 “(..) V.- SOBRE LA COMPATIBILIDAD ENTRE LO DENUNCIADO POR LA PARTE RECURRENTE Y LO INFORMADO POR LAS AUTORIDADES ACCIONADAS. Antes de examinar por separado la conducta de cada autoridad recurrida, conviene precisar que entre lo denunciado por la parte recurrente y lo informado por las instituciones accionadas no existe una contradicción absoluta, sino una convergencia parcial relevante.
En efecto, los hechos probados permiten afirmar que la denuncia formulada por la parte recurrente no era infundada ni caprichosa. La existencia de quemas, al menos como fenómeno reportado y parcialmente advertido por las autoridades, encuentra sustento en varios extremos acreditados: la observación a distancia de una quema por parte de la Fuerza Pública; la manifestación del encargado de la finca No. 247459, en cuanto a que ocasionalmente se realizaban quemas de basura en estañones y la decisión del Ministerio de Salud de emitir una orden sanitaria específica de suspensión inmediata de quemas de residuos sólidos. Asimismo, se acreditó la existencia de una actividad comercial sin permisos ni habilitaciones administrativas en la finca colindante, extremo que confirma que la preocupación del recurrente sí se conectaba con una realidad fáctica que ameritaba intervención administrativa.
Ahora bien, de esa constatación no se sigue necesariamente que las autoridades recurridas hayan lesionado el derecho fundamental de la parte accionante. Muy por el contrario, la coincidencia parcial entre lo denunciado y lo constatado explica precisamente por qué varias instituciones activaron procedimientos, inspecciones, órdenes sanitarias, clausuras, monitoreos y coordinaciones interinstitucionales. Es decir, la verosimilitud de la denuncia no demuestra, por sí sola, una omisión inconstitucional, más bien muestra que el aparato público sí reaccionó frente a lo puesto en su conocimiento.
Dicho de otro modo, la compatibilidad entre la denuncia y la información rendida por las autoridades lleva a una conclusión intermedia pero decisiva: el problema denunciado era real o al menos, suficientemente verosímil para requerir actuación estatal; sin embargo, también está probado que dicha actuación estatal efectivamente se produjo. Por ello, el examen constitucional debe desplazarse desde la mera existencia del problema ambiental hacia la suficiencia jurídico-constitucional de la respuesta institucional.
VI.- SOBRE LA ACTUACIÓN DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAFAEL-BARVA. El Ministerio de Salud ocupa una posición central en la tutela del ambiente cuando la situación denunciada involucra residuos, emisiones, humos, posibles focos de insalubridad o actividades que puedan incidir en la salud pública. Su deber constitucional no se limita al registro pasivo de denuncias, sino que incluye la inspección, verificación técnica, adopción de medidas preventivas, emisión de órdenes sanitarias, clausura de actividades no autorizadas y seguimiento de su cumplimiento.
En consecuencia, si la autoridad sanitaria hubiera permanecido inactiva, hubiera desatendido sin justificación la denuncia o hubiera omitido ejercer sus potestades mínimas frente a hechos indiciariamente lesivos, sí podría configurarse una vulneración del derecho fundamental tutelado. No obstante, ese no es el cuadro que revelan los hechos probados.
El Ministerio de Salud recibió la denuncia del recurrente, abrió expediente y la integró con otras gestiones relacionadas. Luego programó inspección, reajustó su agenda para realizar una visita conjunta con autoridades municipales y en el marco de esa diligencia, logró constatar hechos de relevancia jurídica: la existencia de una actividad comercial de fabricación de láminas de fibrocemento operando sin permisos esenciales y la realización ocasional de quemas de basura en la propiedad inspeccionada. Esa constatación dio lugar a dos respuestas administrativas inmediatas y claramente orientadas a neutralizar el riesgo denunciado: la orden sanitaria de suspensión de quemas y la clausura de la fábrica por carecer de permiso sanitario de funcionamiento. Además, tales medidas fueron notificadas de forma expresa y se informó al recurrente de lo actuado.
No menos importante resulta que la autoridad sanitaria no agotó su actuación en un solo acto inicial, sino que mantuvo el asunto abierto, promovió monitoreo policial y municipal respecto del botadero clandestino, de las quemas y de actos de vandalismo, realizó visita de seguimiento e incorporó nuevo informe técnico. Esa secuencia demuestra continuidad administrativa y no una respuesta meramente formal o aparente.
Desde la óptica del amparo, lo actuado por el Ministerio de Salud supera el estándar mínimo de diligencia constitucionalmente exigible. Hubo recepción de la denuncia, inspección, constatación, uso de potestades de policía sanitaria, imposición de medidas concretas, notificación, seguimiento y coordinación. En esas condiciones, no puede sostenerse razonablemente que la autoridad sanitaria haya abandonado al recurrente, haya sido indiferente frente al riesgo ambiental o haya consentido pasivamente una situación lesiva.
Es cierto que el derecho al ambiente sano exige medidas efectivas, y también lo es que la eficacia plena de una actuación administrativa no se agota con el dictado de una orden o con la clausura formal de una actividad. Sin embargo, la eventual persistencia del conflicto o la dificultad práctica para corroborar, en visitas posteriores, el incumplimiento de las medidas impuestas —especialmente cuando se trata de inmuebles de acceso restringido— no transforma automáticamente la actuación de la autoridad en inconstitucional. Lo decisivo es que la institución haya ejercido las competencias razonablemente disponibles para afrontar la denuncia, y eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso concreto.
Por consiguiente, no se aprecia una omisión ilegítima ni una insuficiencia manifiesta imputable al Ministerio de Salud que justifique acoger el recurso.
VII.- SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE BARVA. Las municipalidades, en su condición de gobiernos locales, no son ajenas a la tutela del ambiente. Si bien no concentran todas las competencias sectoriales, sí tienen deberes claros en materia de ordenamiento territorial, control de usos del suelo, licencias, patentes, fiscalización de actividades económicas dentro del cantón, protección de intereses locales y coordinación con otras autoridades cuando se adviertan situaciones con impacto ambiental, sanitario o urbano.
En un supuesto como el analizado, la Municipalidad no sólo podía, sino que debía intervenir en la medida en que la denuncia involucraba posible actividad productiva sin permisos, tránsito de vehículos pesados, edificaciones irregulares y afectación de la convivencia y salubridad en una zona residencial o cercana a ella.
Los hechos probados muestran que la Municipalidad de Barva no permaneció inerte. Consta que había recibido denuncias relacionadas con quemas ilegales en la zona, que venía desarrollando actuaciones y coordinaciones sobre la problemática de la finca [Nombre 003] desde 2014 y que, en relación con la denuncia de febrero de 2026, realizó inspección conjunta con el Ministerio de Salud el 05 de marzo de 2026. A partir de dicha diligencia levantó el acta e informe correspondientes, constató una actividad comercial sin licencia municipal y dispuso orden de clausura y suspensión de la actividad desarrollada sin habilitación administrativa. Posteriormente, continuó el seguimiento mediante nueva inspección, apercibimientos formales y solicitudes de colaboración a Fuerza Pública, Policía Municipal, Consejo de Seguridad Vial e Ingeniería de Tránsito. También informó coordinación con SETENA, MINAE, Dirección de Geología y Minas, Tribunal Ambiental Administrativo y Fiscalía Penal Ambiental.
Desde el plano constitucional, la actuación municipal fue materialmente idónea y coherente con el ámbito de sus competencias. La Municipalidad ejerció potestades propias: inspeccionó, documentó hallazgos, verificó ausencia de licencias, dispuso clausura, emitió apercibimientos y activó coordinación institucional. No se limitó a trasladar la responsabilidad a otras dependencias ni a invocar incompetencia absoluta. Por el contrario, asumió una intervención activa en los aspectos de policía municipal que sí le correspondían.
Tampoco puede reprochársele, en sede de amparo, no haber resuelto por sí sola toda la conflictividad ambiental subyacente. La complejidad del caso evidencia la concurrencia de múltiples materias: sanitaria, ambiental, policial, eventualmente penal y regulatoria. Lo constitucionalmente exigible a la municipalidad no es que sustituya a todas esas autoridades, sino que ejerza sin dilación ni arbitrariedad las potestades que le son propias y articule coordinación cuando el problema exceda su ámbito exclusivo. Eso, precisamente, es lo que muestran los hechos acreditados.
En esa medida, no se advierte una omisión arbitraria, negligente o lesiva del derecho fundamental al ambiente sano imputable al gobierno local.
VIII.- SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. La Fuerza Pública tiene un deber de auxilio, presencia preventiva y atención de reportes ciudadanos, así como de colaboración con otras instituciones en la ejecución de medidas de control. No obstante, su ámbito de acción debe apreciarse dentro de los límites constitucionales y legales que rigen el ingreso a propiedad privada, la competencia material sobre incendios y la necesidad de contar con supuestos habilitantes suficientes para una intervención más invasiva.
Está demostrado que la Delegación Policial de Barva sí atendió el reporte del recurrente, se desplazó al lugar, observó una quema a la distancia y valoró las circunstancias del caso. También informó que no ingresó al sitio exacto por tratarse de propiedad privada de acceso limitado, sin presencia de personas que permitieran el ingreso y sin detectar riesgo inmediato para vidas humanas o viviendas. Igualmente indicó que la atención primaria de quemas o incendios corresponde al Cuerpo de Bomberos.
No puede afirmarse, con base en esos hechos, que la Fuerza Pública haya incurrido en desatención o abandono del deber. Se apersonó al lugar y verificó hasta donde las circunstancias objetivas se lo permitieron. El hecho de que no ingresara sin autorización a una propiedad privada, en ausencia de un riesgo inminente para personas o viviendas, no constituye por sí mismo una omisión ilegítima, antes bien, responde a la necesidad de actuar dentro del marco constitucional de protección de la inviolabilidad del domicilio y de la propiedad privada, salvo supuestos excepcionales legalmente habilitados.
El parámetro del amparo no puede construirse como si toda denuncia ambiental autorizara automáticamente a la policía administrativa a franquear cualquier límite de acceso a propiedad privada sin soporte adicional. Ello desbordaría la lógica de un Estado constitucional de derecho. Lo exigible era atender el reporte y dar curso a la situación dentro de sus competencias, y eso fue lo que ocurrió.
Por tanto, tampoco se advierte violación del derecho fundamental invocado atribuible a la Fuerza Pública.
IX.- SOBRE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. La situación del Tribunal Ambiental Administrativo merece un análisis diferenciado, porque de los hechos probados se desprende la existencia de antecedentes desde 2014, múltiples informes, inspecciones y gestiones relacionadas con la denominada finca [Nombre 003]. Ello revela una conflictividad de larga data y desde luego, plantea interrogantes legítimas sobre la celeridad y eficacia del tratamiento institucional del caso.
No obstante, el juicio propio del amparo no consiste en determinar si la tramitación administrativa histórica ha sido óptima o enteramente satisfactoria desde el punto de vista de política pública o de eficiencia administrativa, sino en establecer si, en el caso concreto y al momento de resolver, existe una lesión constitucional actual y directa imputable a una conducta arbitraria o manifiestamente omisiva del Tribunal.
Se encuentra probado que el Tribunal recibió la denuncia ambiental desde 2014, abrió expediente, solicitó inspecciones in situ, requirió a la Municipalidad y al Área Rectora de Salud identificar propietarios y verificar la existencia de orden sanitaria, recibió resultados de visitas, incorporó informes técnicos de diversas instituciones, acumuló expedientes y continuó recibiendo gestiones e informes entre 2021 y 2024. Asimismo, consta que SETENA mantuvo la paralización del proyecto en 2025 y que el Tribunal, mediante resolución No. 200-2026-TAA del 03 de marzo de 2026, se declaró incompetente y remitió la denuncia a SETENA.
Es verdad que la larga duración del conflicto evidencia una problemática estructural que dista de ser deseable desde la perspectiva de tutela ambiental efectiva. Sin embargo, con los hechos probados disponibles, no se acredita que el Tribunal haya permanecido absolutamente inactivo o que su decisión de remitir el asunto a SETENA constituya, por sí sola, una actuación manifiestamente arbitraria lesiva del derecho fundamental invocado.
La existencia de múltiples actuaciones previas excluye la idea de abandono total del asunto. A lo sumo, podría discutirse la oportunidad, alcance o corrección de la decisión competencial adoptada en 2026. Pero esa sola discrepancia respecto del órgano que deba continuar conociendo el caso no basta, en esta sede sumaria, para tener por acreditada una lesión constitucional directa, especialmente cuando otras autoridades con competencias concurrentes —Ministerio de Salud y Municipalidad— sí habían adoptado medidas concretas y actuales frente a los hechos denunciados.
En otras palabras, aun si la actuación del Tribunal pudiera suscitar debate desde la óptica del derecho administrativo o de la mejor distribución competencial, no aparece demostrado que dicha actuación haya dejado al recurrente en un estado de desprotección constitucional absoluta o que haya neutralizado la tutela efectiva desplegada por otras autoridades públicas.
Por ello, tampoco procede estimar el recurso en relación con esta autoridad.
X.- De toda la prueba reseñada se sigue, entonces, una conclusión central: la situación denunciada por la parte recurrente era real o, cuando menos, suficientemente verosímil como para justificar una intervención pública, pero esa intervención, lejos de haber sido omitida, efectivamente tuvo lugar por parte de las autoridades recurridas. La Fuerza Pública atendió el reporte y verificó la situación dentro de sus posibilidades jurídicas y materiales, el Ministerio de Salud recibió la denuncia, inspeccionó, coordinó con otras autoridades, constató irregularidades, emitió una orden sanitaria, clausuró una actividad industrial sin permiso, dispuso seguimiento y promovió monitoreo y denuncias conexas, la Municipalidad inspeccionó, inició procedimientos, ordenó la clausura y suspensión de actividades sin licencia, realizó nuevas visitas, emitió apercibimientos y coordinó acciones con una pluralidad de instituciones, y el Tribunal Ambiental Administrativo mantuvo una tramitación administrativa prolongada, con inspecciones, requerimientos e informes, hasta concluir, en la fase más reciente, con una decisión de remisión competencial a SETENA. Desde la perspectiva jurídico-constitucional, ese conjunto de actuaciones no refleja la existencia de un aparato administrativo indiferente, pasivo o remiso, sino de una respuesta estatal desplegada en distintas intensidades y desde diferentes ámbitos competenciales.
Es cierto que la sola adopción de medidas administrativas no siempre excluye la procedencia del amparo, pues podría ocurrir que tales medidas fueran puramente aparentes, manifiestamente insuficientes; sin embargo, ese no es el supuesto que aquí se verifica. Las actuaciones documentadas poseen entidad material y jurídica suficiente para demostrar que las autoridades sí ejercieron potestades concretas de control, fiscalización, clausura, prevención, seguimiento y coordinación. De ahí que no resulte posible afirmar que la parte recurrente haya quedado desprovista de tutela constitucional por causa de una omisión estatal. La preocupación ambiental que subyace al caso sigue siendo relevante y exige continuidad en la vigilancia administrativa; pero una cosa es reconocer que el conflicto material no se ha disipado por completo o que su abordaje demanda seguimiento permanente y otra muy distinta, es concluir que las autoridades han incumplido de tal modo sus deberes que deba declararse con lugar el amparo.
Esta Sala estima que lo acreditado en autos conduce a la primera de esas hipótesis, no a la segunda. En consecuencia, al no demostrarse una omisión ilegítima, arbitraria o manifiestamente insuficiente de las autoridades recurridas en el ejercicio de sus competencias, ni una lesión actual del derecho fundamental de la parte recurrente a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado directamente atribuible a la conducta de aquellas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
XI.- Finamente, sin perjuicio del deber permanente que subsiste para todas las autoridades accionadas, deberán continuar dentro de sus competencias con el seguimiento, la fiscalización y la adopción de las medidas que resulten necesarias ante cualquier nueva evidencia de quemas ilegales, botaderos clandestinos, actividades no autorizadas o riesgos para la salud pública y el ambiente. (…)”
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