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Res. 16389-2010 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 01/10/2010
OutcomeResultado
The amparo is partially granted against the Ministry of Health and the Municipality of Liberia, ordering definitive measures against flooding and awarding costs, damages, and losses; the National Emergency Commission is absolved.El amparo se declara con lugar contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Liberia, ordenando medidas definitivas contra las inundaciones y condenándolos al pago de costas, daños y perjuicios; se absuelve a la Comisión Nacional de Emergencias.
SummaryResumen
The Chamber hears an amparo filed by residents of Liberia against the Ministry of Health, the Municipality, and the National Emergency Commission (CNE) due to severe recurrent flooding in their community, worsened by the construction of a perimeter wall around the Ciudad Blanca residential complex. The Court reiterates that environmental matters have constitutional status and that the State has an objective duty to regulate hazards that threaten the life and physical integrity of inhabitants, a duty triggered upon verification of imminent danger. The ruling grants the amparo against the Ministry of Health and the Municipality of Liberia, finding both acted negligently. The Ministry is criticized for not exhausting all available legal mechanisms to solve the problem; the Municipality, for permitting and even authorizing construction in a flood-prone area with a poor urban development plan, lacking stormwater infrastructure, and tolerating construction in road rights-of-way. The CNE is absolved, having fulfilled its technical mandate. The Court orders the sanctioned institutions to immediately take coordinated measures for a definitive solution, and orders the State and the Municipality to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional conoce un amparo de vecinos de Liberia contra el Ministerio de Salud, la Municipalidad y la CNE por graves inundaciones recurrentes en su comunidad, agravadas por la construcción de una tapia perimetral en el residencial Ciudad Blanca. El tribunal reitera que los temas ambientales tienen rango constitucional y que el Estado ostenta una obligación objetiva de regular los peligros que amenazan la vida e integridad física de los habitantes, deber que se activa cuando se verifica un peligro inminente. La sentencia declara con lugar el recurso respecto del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Liberia, al considerar que ambos actuaron con negligencia. Al Ministerio se le reprocha no haber utilizado todos los mecanismos jurídicos a su alcance para solucionar el problema; a la Municipalidad, haber permitido e incluso autorizado construcciones en una zona propensa a inundaciones, sin infraestructura pluvial y con una mala planificación del desarrollo urbano, tolerando la construcción de viviendas en derechos de vía. Se absuelve a la CNE por haber cumplido con sus competencias técnicas. La Sala ordena a las instituciones condenadas adoptar de inmediato, de forma coordinada, las medidas necesarias para una solución definitiva, y condena al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
Likewise, based on the documents in the case file, this Court notes that the constructions carried out in the area referred to by the claimants were built without stormwater infrastructure, curbs or gutters, under poor urban development and growth planning, which is undoubtedly one of the reasons why the serious flooding problems now being reported are occurring. [...] Given this scenario, it is evident that the Municipality of Liberia bears a great responsibility for the reported events, and this Court even considers that its performance has been negligent, since despite being aware of the situation and the technical criteria issued on the matter, it not only permitted the construction of several buildings in that area, but did so without foreseeing the consequences that could arise and without compelling the interested parties, in a forceful and responsible manner, to adopt preventive measures to avoid what is now happening: that when heavy rains fall, these areas, which by their very nature are prone to flooding, end up flooded. ...the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of prestational activity from the State in fulfillment of its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants, is limited to the clear verification of an imminent danger against those rights of the persons, from which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven State inaction...De igual manera, a partir de los documentos que constan en el expediente, observa este Tribunal que las construcciones realizadas en la zona a la que se refieren los recurrentes, se han realizado sin infraestructura pluvial, cordón y caño, con mala planificación de desarrollo y crecimiento urbano, siendo ello, sin duda alguna, una de las razones por las cuales ahora, se están presentando los serios problemas de inundaciones que se denuncian. [...] Ante este panorama, es evidente que la Municipalidad de Liberia, tiene una gran responsabilidad en los hechos denunciados, considerándose inclusive por parte de este Tribunal, que su desempeño ha sido negligente pues a pesar de que ha tenido conocimiento de la situación y de los criterios técnicos emitidos al respecto, ha permitido no solo la edificación de varias construcciones en esa zona sino también que lo ha hecho, sin prever las consecuencias que de ello se podían derivar y sin obligar a los interesados, de manera contundente y responsable, a adoptar medidas preventivas para evitar lo que ahora está ocurriendo, que cuando caen fuertes lluvias, se inunden esas zonas que, ya de por sí, por su naturaleza, son propensas a las inundaciones. ...la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes...
Pull quotesCitas destacadas
"ha sido usual que el derecho a la vida... haya sido entendido como un derecho de contenido negativo... la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que... debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza."
"it has been usual that the right to life... was understood as a negative right... the current trend is to impose on the State various positive actions, in the sense that... it must act to protect it from the multiple dangers that threaten it, whether coming from actions of the State itself or from other persons, or even from nature itself."
III.- Sobre la obligación objetiva del estado de tutelar la vida humana
"ha sido usual que el derecho a la vida... haya sido entendido como un derecho de contenido negativo... la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que... debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza."
III.- Sobre la obligación objetiva del estado de tutelar la vida humana
"los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental."
"environmental issues have become, at least in our country, a constitutional matter, since the right to a healthy and ecologically balanced environment was elevated to the rank of a fundamental right."
III.- Sobre la obligación objetiva del estado de tutelar la vida humana
"los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental."
III.- Sobre la obligación objetiva del estado de tutelar la vida humana
"la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."
"the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven State inaction, through its competent bodies, in addressing the demands that the country's inhabitants make in the exercise of their rights."
Voto 11519-2003 citado en III
"la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."
Voto 11519-2003 citado en III
Full documentDocumento completo
“I.- Subject matter of the proceeding (objeto del recurso). The petitioners allege that, since the previous year, their community has experienced serious flooding problems caused by the inadequate or nonexistent channeling of water, as well as by a perimeter wall built in the Ciudad Blanca residential development. They state that, despite their repeated requests, the respondent authorities have been unable to provide a solution to the problem.
III.On the State’s objective obligation to protect human life. Regarding this issue, this Constitutional Court, in judgment No. 2003-011519 at 10:30 hrs. on 10 de octubre de 2003, held as follows:
“(…) It has been customary for the right to life, frequently analyzed together with the right to physical integrity, to be understood as a right with negative content; that is, its purpose was limited to a claim against the State that it refrain from taking actions aimed at ending the physical existence of persons, such as torture or the death penalty, or that it punish public and private persons who threaten the life and integrity of others through the criminal justice system. The current trend, however, is to impose various positive duties upon the State, in the sense that, beyond refraining from disturbing the physical existence of persons, it must act to protect them against the multiple dangers threatening them, whether those dangers arise from actions of the State itself, from other persons, or even from nature itself. Thus, for example, environmental matters have become, at least in our country, an issue of constitutional significance, since the right to a healthy and ecologically balanced environment has been elevated to the status of a fundamental right.
It must now be clarified that the objective existence of a State obligation concerning protection of the right to life does not inevitably entail a subjective right of persons to demand, through the courts, that a particular measure be taken; it does, however, entail the right to have appropriate measures taken to protect that right in the face of openly negligent conduct by public authorities. Accordingly, the State assumes the obligation to regulate those areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through statutes, regulations, agreements, or other measures relating to administrative organization and procedures, and persons have the subjective right to require that this be done diligently. Consequently, the possibility of judicially demanding, through an amparo proceeding (recurso de amparo), a specific type of affirmative action by the State in fulfillment of its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants is limited to cases in which an imminent danger to those rights is clearly established.
Thus, if, for example, a particular community considered it necessary to have a hospital to serve its residents—or any other public work—such a demand should not be pursued through an amparo proceeding, but through the previously established mechanisms and before the competent bodies and entities, which must consider the request and determine its technical feasibility, without this necessarily entailing a favorable response. It follows that intervention by the constitutional jurisdiction is viable only when the State, acting through its competent bodies, has demonstrably failed to address requests made by the country’s inhabitants in the exercise of their rights (…)”.
II.On the actions of the Ministerio de Salud. This Chamber has repeatedly held that the Ministerio de Salud is responsible for overseeing and monitoring the proper collection, treatment, and final disposal of stormwater, and is the authority responsible for ordering those ordinary and extraordinary measures and directives that are technically appropriate for the protection, preservation, and improvement of human health and of the right to a healthy and ecologically balanced environment, pursuant to Articles 21 and 50 of the Constitución Política, in conjunction with Article 2 of the Ley Orgánica del Ministerio de Salud and Article 340 of the Ley General de Salud. The authorities of the Ministerio de Salud therefore have an obligation to ensure the application of, and compliance with, the regulatory provisions governing this subject. For that purpose, they also possess the police power (poder de policía) vested in that Ministry to supervise the proper operation of sewerage systems, in order to prevent risks or harm to human health or to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (see, to that effect, judgments numbers 2008-009350 at eleven hours twenty-five minutes on cuatro de junio del dos mil ocho, 2008-010669 at sixteen hours fifty-five minutes on veintiséis de junio del dos mil ocho, and 2009-000908 at thirteen hours thirty-four minutes on veintitrés de enero del dos mil nueve, among others).
In the case under review, the report submitted to the Chamber by the Ministra de Salud and the evidence entered in the case record establish the truth of the petitioners’ allegations. Indeed, the record shows that, following complaints filed by residents of the area where Condominio Horizontal Ciudad Blanca is located in Liberia, which disclosed serious flooding problems, officials from the Área Rectora de Salud de Liberia conducted several site inspections. They verified that, in that sector of the city of Liberia, because of the flat topography of the land and the lack of a stormwater-disposal system, during rainfall events of medium or high intensity the condominium wall acts as a dam, causing water to stagnate. They therefore recommended the construction of an adequate stormwater-disposal system along public roads, as well as the channeling of the water reaching the wall into the proposed system.
Based on what officials from the Ministerio de Salud observed during an inspection conducted in julio del dos mil nueve, on veintidós de julio siguiente they issued two health orders (órdenes sanitarias) addressed to the Presidente del Concejo Municipal and the Alcalde, both of the Municipalidad de Liberia, ordering them to submit a plan providing for the construction of the recommended system and the channeling of the water reaching the wall, because that Municipality had granted authorization and a construction permit for the wall in question. The case record contains several technical reports, including one issued by a Geóloga of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, indicating that the wall surrounding the condominium acts as a barrier to the movement of water, thereby worsening the flooding problem that already existed at the site. The reports therefore recommend constructing an adequate stormwater-disposal system along public roads, channeling the water reaching the wall into the proposed system, and creating additional water-drainage openings in the wall.
The record establishes that, because of the climatic events that occurred during dos mil diez, new complaints were received by the Área Rectora de Liberia on treinta de abril and diez de agosto, in which residents reported serious flooding. Officials from the Ministerio de Salud confirmed the flooding during site inspections, finding homes flooded to a depth of cuarenta y cinco centímetros on one day and up to un metro on diez de agosto, as well as sections of the wall that had been torn away by the force of the water. Because of these recent events, the authorities of the Ministerio de Salud issued a health order to the owners of the Condominio Horizontal Ciudad Blanca residential development, ordering them to halt reconstruction of the wall until it could be guaranteed that the structure would not worsen flooding in the area. In light of the foregoing, the Chamber finds that, although the actions of officials from the Ministerio de Salud have been directed toward finding solutions to the problem affecting the area referenced by the petitioners, those actions have not been as forceful as required to ensure that the problem is definitively resolved.
It should be recalled that the Ministerio de Salud has a series of mechanisms granted to it by the legal system itself, which do not appear to have been used in this specific case; had they been used, a definitive solution might already have been found. For these reasons, the proceeding must be granted with respect to the Ministerio de Salud, so that, in coordination with the competent institutions, it adopts the measures necessary to achieve, within the scope of their respective powers, a definitive solution to the problem reported in this amparo proceeding.
III.On the actions of the Municipalidad de Liberia. The authority of the municipal entity to administer the local interests and services of the canton of Liberia is unquestionable, as established by the Constitución Política itself in Article 169, which grants it municipal autonomy for that purpose (Article 170 ibíd). Although Article 169 does not define or provide further criteria from which to determine conclusively what is meant by “local interests and services,” the Chamber has previously held that this is an indeterminate legal concept (concepto jurídico indeterminado), as are “public order” and “good morals,” to cite other terms also used by the Constitución. The Chamber has further acknowledged that:
“…the power vested in local governments to plan urban development within the boundaries of their territory does form part of the constitutional concept of ‘local interests and services’ referred to in Article 169 of the Constitución (…)” (see, among others, judgment number 5757-94 at fifteen hours three minutes on cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro).
The constitutional provisions are implemented through the legislation in force and, specifically, Article 1 of the Construction Law clearly establishes that the Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other population centers meet the necessary conditions of safety, sanitation, and beauty in their public thoroughfares and in the buildings and structures erected on lands located therein, without prejudice to the powers granted by law in these matters to other administrative bodies. Likewise, Article 15 of the Urban Planning Law recognizes the jurisdiction and authority of municipal governments to plan and control urban development within the boundaries of their territorial jurisdiction, and Article 13(g) of the Municipal Code provides that the powers of the Council include adopting urban-planning measures. Similarly, it cannot be overlooked that the State—specifically, in this case, through the municipalities—has an obligation to regulate those areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through laws, regulations, resolutions, or other measures relating to administrative organization and procedures, and that individuals have a subjective right (derecho subjetivo) to have it act accordingly and diligently.
Consequently, the possibility of judicially demanding, through an amparo proceeding (recurso de amparo), a specific type of affirmative action by the State in fulfillment of its duty to protect the lives and physical integrity of its inhabitants is limited to cases in which an imminent danger to those individual rights is clearly established. It follows that intervention by the constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional) is viable only when the State, acting through its competent bodies, has demonstrably failed to address demands made by the country’s inhabitants in the exercise of their rights (see, to that effect, judgment number 2005-01713 of catorce horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de febrero del dos mil cinco). It is evident that this is precisely what has occurred in the case at hand, based on the claims submitted by the petitioners (recurrentes) to this Chamber and deemed proven.
Indeed, as follows from the statement of proven facts, this Court has found it established that the area referred to by the petitioners has experienced serious flooding problems, which were exacerbated by the construction of a perimeter wall at Condominio Horizontal Ciudad Blanca. That wall has acted as a dam, causing water to accumulate, to the point that, during recent events, the intensity of the rainfall in abril and agosto anteriores caused part of the wall to collapse. Likewise, based on the documents contained in the case file (expediente), this Court observes that the structures in the area referred to by the petitioners were built without stormwater infrastructure (infraestructura pluvial), curbs and gutters (cordón y caño), and amid poor planning of urban development and growth. This is undoubtedly one of the reasons why the serious flooding problems now being reported are occurring.
The area has stormwater drainage problems. The Municipalidad de Liberia issued a construction permit for Proyecto Condominio Horizontal Ciudad Blanca in an area that is rural and whose use is restricted to agricultural and livestock activities; the area receives stormwater from other sectors of the city of Liberia, so the volume of water it receives is considerable, and there is no adequate drainage system to prevent flooding; the absence of an adequate drainage system and the construction of the perimeter wall for the Condominio Horizontal Ciudad Blanca project could intensify flooding on neighboring properties and in neighboring homes; and homes were observed to have been built within the right-of-way (derecho de vía) of public roads, which is prohibited by Article 28 of the General Public Roads Law. Given this situation, it is evident that the Municipalidad de Liberia bears substantial responsibility for the reported events.
This Court even considers its performance negligent because, despite being aware of the situation and of the technical opinions issued in that regard, it not only allowed several structures to be built in that area, but did so without anticipating the resulting consequences and without firmly and responsibly requiring the interested parties to adopt preventive measures to avert what is now occurring: when heavy rains fall, these areas—which by their very nature are already prone to flooding—become inundated. Although it has been stated under oath that measures were recently adopted to mitigate the problem through the construction of stormwater relief channels to drain water from the micro-watershed (microcuenca), it is also true that those measures have not produced the desired result. Indeed, the opposite has occurred, because if those channels had functioned as expected, varias viviendas in the area would not have flooded on diez de agosto.
According to the authorities of the Ministerio de Salud, the water not only knocked down another section of the aforementioned wall but also reached a height greater than un metro at some points, thereby damaging the property of the affected families and placing their lives in serious danger both during the event and afterward. It is common knowledge that natural events of this type cause environmental contamination and subsequently lead to the proliferation of mosquitoes, ultimately creating an ideal environment for the development of the mosquito that transmits dengue, a disease that has posed a serious problem in the Guanacaste area.
IV.For these reasons, it is evident that, in this Court’s view, the Municipalidad de Liberia failed to act diligently. The amparo must therefore also be granted against that entity because its acts and omissions, combined with the effects of nature, contributed to creating the circumstances in which the petitioners and other residents of the area now find themselves. From this perspective, the Chamber cannot accept that the Municipalidad de Liberia, despite knowing the particular conditions of the area referred to by the petitioners, allowed the development of settlements and residential infrastructure and, even worse, tolerated such development without compliance with minimum requirements such as stormwater infrastructure, curbs and gutters, among others. Municipal officials themselves acknowledged this under oath by stating that there had been “poor planning of urban development and growth.” Their further argument under oath that this was not the direct responsibility of that Municipality provides no excuse, since, in light of the case law (jurisprudencia) established by this Chamber and the legislation in force, the matter undoubtedly concerns the administration of local interests and services—an unquestionable municipal power, as established by the Political Constitution itself in Article 169, which grants municipal autonomy (autonomía municipal) for that purpose (Article 170 thereof).
Municipal authorities are reminded that the legal system provides them with instruments and mechanisms for carrying out their duties so as to ensure the greatest possible safety and peace of mind for the municipality’s residents, particularly considering that problems of this type not only disrupt people’s safety and peace of mind but may also become a serious public-health matter requiring specific measures for their elimination. For these reasons, this proceeding is the appropriate and necessary means of compelling the respondents (recurridos) from the Municipalidad de Liberia to promptly fulfill their obligation. It must therefore be granted, and the appropriate course is to order the President of the Concejo Municipal and the Alcalde, in coordination with other institutions and within the scope of their respective powers, to immediately adopt whatever measures are necessary to provide a definitive solution to the problem reported by the petitioners.
V.Regarding the actions of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgosy Atención de Emergencias. The report submitted by the President of the Comisión Nacional de Emergencias indicates that, with respect to the alleged situation, that body—in the exercise of its powers—has undertaken to issue the corresponding technical reports and studies concerning the preventive and mitigation measures recommended in this case, which must be followed by the parties involved. In light of the foregoing, the Court does not find that any act or omission by the Comisión caused any violation of the fundamental rights (derechos fundamentales) of the local population.”
“ I.- Objeto del recurso. Alegan los recurrentes que desde el año anterior su comunidad tiene serios problemas de inundaciones causadas por la inadecuada o inexistente canalización de las aguas, así como por una tapia perimetral construida en el residencial Ciudad Blanca. Señalan que pese a sus reiteradas gestiones, las autoridades recurridas no han sido capaces de dar una solución al problema.
III.Sobre la obligación objetiva del estado de tutelar la vida humana. En cuanto a este extremo, este Tribunal Constitucional, en la sentencia No. 2003-011519 de las 10:30 hrs. del 10 de octubre de 2003, reconoció lo siguiente:
“(…)Ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado conjuntamente con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que (sic) se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo la tortura o la pena de muerte, o bien que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal; sin embargo, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que (sic) más allá de que (sic) no debe perturbar la existencia física de las personas debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza.
De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. Se trata así de que (sic) el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente.
En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de forma tal que si por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública), no es por la vía del amparo que se debe exigir sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su procedencia técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (…)”.
II.Sobre la actuación del Ministerio de Salud. En reiteradas ocasiones esta Sala ha señalado que le corresponde al Ministerio de Salud velar y fiscalizar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de las aguas pluviales, siendo la autoridad responsable de ordenar aquéllas medidas y disposiciones, ordinarias y extraordinarias, que técnicamente procedan en protección, conservación y mejoramiento de la salud de las personas y de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al amparo de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política en relación con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y el artículo 340 de la Ley General de Salud. Tienen entonces, las autoridades del Ministerio de Salud, la obligación de velar por la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones normativas existentes en la materia y para ello además cuentan con el poder de policía, de que se ha dotado a ese Ministerio, para fiscalizar el debido funcionamiento de los sistemas de alcantarillado, en aras de evitar riesgos o daños a la salud de las personas o a su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (ver en ese sentido, sentencias números 2008-009350 de las once horas veinticinco minutos del cuatro de junio del dos mil ocho, 2008-010669 de las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de junio del dos mil ocho y 2009-000908 de las trece horas treinta y cuatro minutos del veintitrés de enero del dos mil nueve, entre otras).
Ahora bien, en el caso bajo estudio, a partir del informe rendido a la Sala por la Ministra de Salud y de las pruebas aportadas al expediente, se tiene por acreditado el dicho de los recurrentes. Efectivamente, de autos se desprende que ante denuncias presentadas por vecinos de la zona donde se ubica el Condominio Horizontal Ciudad Blanca en Liberia, en las que se ponía en evidencia los serios problemas de inundaciones, los funcionarios del Área Rectora de Salud de Liberia, han realizado varias inspecciones en el sitio y han podido comprobar que en ese sector de la ciudad de Liberia, debido a la topografía plana de los terrenos y a la inexistencia de un sistema de disposición de aguas pluviales, ante eventos lluviosos de mediana o alta intensidad, la tapia de ese condominio actúa como una represa que redunda en un estancamiento de las aguas, recomendándose la construcción de un sistema adecuado de disposición de aguas pluviales en las vías públicas, así como el encauzamiento de las aguas que llegan a la tapia, hacia el sistema propuesto.
A partir de lo que observaron los funcionarios del Ministerio de Salud, en inspección que realizaron en julio del dos mil nueve, procedieron el veintidós de julio siguiente, a emitir dos órdenes sanitarias dirigidas al Presidente del Concejo Municipal y al Alcalde, ambos de la Municipalidad de Liberia, en las cuales les ordenaban la presentación de un plan que contemple la construcción del sistema recomendado, así como el encauzamiento de la aguas que llegan a la tapia, ello por cuanto, esa Municipalidad otorgó autorización y permiso de construcción para la citada tapia. Del expediente se desprenden sendos informes técnicos, entre ellos el emitido por una Geóloga de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que indican que la tapia que rodea al citado condominio, actúa como una barrera para la movilización de las aguas, con lo cual el problema de inundaciones que ya se presentaba en el lugar, se acrecienta con esa construcción por lo que se recomienda, la construcción de un sistema adecuado de disposición de aguas pluviales en las vías públicas, así como el encauzamiento de las aguas que llegan a la tapia, hacia el sistema propuesto, y la realización de más salidas de evacuación de aguas en la tapia.
Consta en autos, que debido a los fenómenos climatológicos que se han presentado durante el dos mil diez, el treinta de abril y el diez de agosto, se recibieron nuevas denuncias en el Área Rectora de Liberia, en las cuales los vecinos se quejaban de serias inundaciones, las cuales fueron constatadas por funcionarios del Ministerio de Salud, al realizar inspección en el sitio y verificar inundación de viviendas hasta una altura de cuarenta y cinco centímetros un día y hasta un metro el diez de agosto, así como el haberse arrancado una parte de la tapia en varios sectores por la fuerza del agua. Debido a estos recientes acontecimientos, las autoridades del Ministerio de Salud, giraron orden sanitaria a los propietarios del residencial Condominio Horizontal Ciudad Blanca, en la cual se ordenó que paralicen la reconstrucción de la tapia, hasta que se logre garantizar que esa estructura no va a representar un agravamiento en las inundaciones en la zona.
De acuerdo con lo apuntado, considera la Sala que si bien la actuación de los funcionarios del Ministerio de Salud ha estado dirigida a buscar soluciones a la problemática que se ha presentado en la zona a la que se refieren los recurrentes, lo cierto del caso es que no ha sido todo lo contundente que se requiere, en aras de que el problema sea solucionado de manera definitiva. Recuérdese que el Ministerio de Salud, cuenta con una serie de mecanismos que le otorga el propio ordenamiento jurídico, los cuales no se observa que hayan sido utilizados en el caso concreto, pues de haberlo hecho, talvez ya se habría logrado encontrar una solución definitiva. Por tales razones, se hace indispensable declarar con lugar el recurso respecto del Ministerio de Salud, en aras de que, de manera coordinada con las instituciones que sean competentes, adopte las medidas que sean necesarias para que, dentro del ámbito de sus competencias, se logre dar una solución definitiva a la problemática denunciada en este amparo.
III.Sobre la actuación de la Municipalidad de Liberia. Es incuestionable la competencia del ente municipal para administrar los intereses y servicios locales del cantón de Liberia, tal y como lo determina la misma Constitución Política en su artículo 169, otorgándole para tal efecto autonomía municipal (artículo 170 ibíd). Si bien es cierto el artículo 169 no define ni da mayores elementos de juicio como para extraer, en forma definitiva, lo que debe entenderse por "intereses y servicios locales", ya la Sala en otras oportunidades ha dicho, que se trata de un concepto jurídico indeterminado como lo son el de "orden público" o el de "buenas costumbres", por citar algunos que también la Constitución utiliza; sin embargo, la Sala además ha admitido que:
"…la potestad atribuida a los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio sí integra el concepto constitucional de "intereses y servicios locales" a que hace referencia el artículo 169 de la Constitución (…)" (ver entre otras, sentencia número 5757-94 de las quince horas tres minutos del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro).
La normativa constitucional encuentra desarrollo en la legislación vigente y específicamente, el artículo 1 de la Ley de Construcciones claramente determina que son las Municipalidades de la República, las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones, reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos. Asimismo, el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional, y el artículo 13 inciso g) del Código Municipal señala que son atribuciones del Concejo, dictar las medidas de ordenamiento urbano. De igual manera, no puede dejarse de lado que el Estado, en este caso específicamente a través de las municipalidades, tiene la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea a través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente.
En consecuencia, la posibilidad de exigir, judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado, en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (ver en ese sentido sentencia número 2005-01713 de las catorce horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de febrero del dos mil cinco). Lo anterior, es evidente que ocurre en el caso concreto, con los planteamientos que formulan los recurrentes ante esta Sala y que se han tenido por acreditados.
Efectivamente, como se desprende de la relación de hechos probados, este Tribunal ha tenido por demostrado que en la zona a la que se refieren los recurrentes, se han venido presentando serios problemas de inundaciones que se han agravado con la construcción que se hizo de una tapia perimetral en el Condominio Horizontal Ciudad Blanca, la cual ha servido como represa que permite el estancamiento de aguas, llegándose al extremo de que, en recientes acontecimientos, dada la intensidad de las lluvias caídas en abril y agosto anteriores, provocaron que parte de esa tapia colapsara. De igual manera, a partir de los documentos que constan en el a la que se refieren los recurrentes, se han realizado sin infraestructura pluvial, cordón y caño, con mala planificación de desarrollo y crecimiento urbano, siendo ello, sin duda alguna, una de las razones por las cuales ahora, se están presentando los serios problemas de inundaciones que se denuncian.
El sector presenta problemas de evacuación de aguas pluviales. La Municipalidad de Liberia otorgó permiso de construcción al Proyecto Condominio Horizontal Ciudad Blanca, en una zona que es rural y su uso se restringe a la actividad agropecuaria; que la zona recibe las aguas pluviales provenientes de otros sectores de la ciudad de Liberia, por lo que los volúmenes de agua que recibe el sector, es de proporciones considerables y no existe un sistema de evacuación adecuado que impida que se generen inundaciones; que la falta de un sistema de evacuación adecuado y la construcción de la tapia perimetral del proyecto Condominio Horizontal Ciudad Blanca, podría intensificar las inundaciones de los terrenos y viviendas aledañas; y que se observaron viviendas construidas en el derecho de vía de los caminos públicos y que se prohíben en el artículo 28 de la Ley General de Caminos Públicos. Ante este panorama, es evidente que la Municipalidad de Liberia, tiene una gran responsabilidad en los hechos denunciados, considerándose inclusive por parte de este Tribunal, que su desempeño ha sido negligente pues a pesar de que ha tenido conocimiento de la situación y de los criterios técnicos emitidos al respecto, ha permitido no solo la edificación de varias construcciones en esa zona sino también que lo ha hecho, sin prever las consecuencias que de ello se podían derivar y sin obligar a los interesados, de manera contundente y responsable, a adoptar medidas preventivas para evitar lo que ahora está ocurriendo, que cuando caen fuertes lluvias, se inunden esas zonas que, ya de por sí, por su naturaleza, son propensas a las inundaciones.
Si bien es cierto, bajo juramento se ha indicado que recientemente, se han adoptado medidas para mitigar el problema, lo cual se ha intentado hacer a través de la construcción de canales de desfogue pluvial, para drenar las aguas de la microcuenca, también es lo cierto, que esas medidas no han dado el resultado deseado. Efectivamente, ha pasado lo contrario, pues de haber funcionado tales canales como se esperaba, el pasado diez de agosto, no se hubiera presentado el anegamiento de varias viviendas en la zona, ya que el agua, según lo informaron las autoridades del Ministerio de Salud, no solo tiró al suelo otra parte de la citada tapia, sino que alcanzó una altura mayor a un metro en algunos puntos, ocasionándose con ello, no sólo la afectación de bienes materiales de las familias involucradas sino también, poniéndose en serio peligro sus vidas en ese momento, pero también posterior al evento, pues para nadie es un secreto que este tipo de situaciones naturales, producen contaminación al ambiente y luego proliferación de zancudos que, al final de cuentas, se traduce en un ambiente ideal para el desarrollo del mosquito transmisor del dengue; enfermedad que ha sido un serio problema en la zona de Guanacaste.
IV.Por tales razones, resulta evidente que, en criterio de este Tribunal, ha existido una falta de diligencia de la Municipalidad de Liberia, por lo cual el amparo debe ser estimado también respecto de este ente, pues con sus actuaciones y omisiones, se han propiciado situaciones que, aunadas a los efectos de la naturaleza, colocan a los recurrentes y demás vecinos de la zona, en la situación en la que se encuentran. Bajo esta perspectiva, para la Sala no es aceptable que si la Municipalidad de Liberia ha tenido conocimiento, de las condiciones particulares que presenta la zona a la que se refieren los recurrentes, haya permitido el desarrollo de poblaciones e infraestructura habitacional y peor aún, que lo hubiera tolerado sin el cumplimiento de requisitos mínimos como son la infraestructura pluvial, cordón y caños, entre otros, lo cual inclusive, aceptan bajo juramento al afirmar que se ha dado una “mala planificación de desarrollo y crecimiento urbano”, sin que para ello sea excusa el que ello no es responsabilidad directa de esa Municipalidad como también se argumenta bajo juramento, pues es evidente que, a la luz de la jurisprudencia sentada por esta Sala y de la normativa vigente, ello sin duda alguna está referido a la administración de los intereses y servicios locales; competencia municipal que es incuestionable, tal y como lo determina la misma Constitución Política en su artículo 169, otorgándole para tal efecto autonomía municipal (artículo 170 ibíd).
Recuerden las autoridades municipales que, para la ejecución de sus funciones, el ordenamiento jurídico les otorga instrumentos y mecanismos en aras de brindar la mayor seguridad y tranquilidad a los munícipes, sobre todo si se toma en cuenta que este tipo de problemas, además de que generan trastornos para la seguridad y tranquilidad de las personas, también se pueden convertir en un asunto grave de salud pública respecto del cual es indispensable adoptar acciones concretas para su eliminación. Por tales razones, este recurso es el medio adecuado y necesario para obligar a los recurridos de la Municipalidad de Liberia, a cumplir con celeridad su obligación, motivo por el cual debe ser estimado, siendo lo procedente es ordenar al Presidente del Concejo Municipal y al Alcalde, que de manera coordinada con otras instituciones y dentro del ámbito de sus competencias, procedan de manera inmediata a adoptar las medidas que sean necesarias, para brindarle una solución definitiva al problema denunciado por los recurrentes.
V.Sobre la actuación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgosy Atención de Emergencias. Del informe rendido por Presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, se desprende que referente a la situación alegada, dicho órgano –en ejercicio de sus competencias- se ha dado a la tarea de emitir los informes y estudios técnicos correspondientes sobre las medidas de prevención y mitigación que se recomiendan en este caso, las cuales deben ser acatadas por las partes involucradas. A partir de lo anterior, no encuentra el Tribunal que actuaciones u omisiones de la Comisión hayan producido quebranto alguno a los derechos fundamentales de la población del lugar.”
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