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OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo, finding negligent omission by the Municipality of Puntarenas, and ordered the Mayor to take coordinated measures with other institutions to resolve the flooding within six months, under penalty of disobedience.La Sala declara con lugar el recurso de amparo por omisión negligente de la Municipalidad de Puntarenas, ordenando al Alcalde adoptar medidas coordinadas con otras instituciones para solucionar las inundaciones en un plazo máximo de seis meses, bajo apercibimiento de desobediencia.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo action regarding recurrent flooding caused by high tides in the area known as El Crematorio in Barrio El Carmen, Puntarenas, affecting homes and public health. The Chamber had previously addressed similar storm drainage issues in the area. It now finds that the Municipality of Puntarenas has been negligent, as it has failed to take effective measures despite longstanding awareness, merely conducting inspections without concrete corrective actions. The Chamber stresses the duty of inter-institutional coordination, holding that the complexity and multifactorial nature of the problem require the municipality, as administrator of local interests, to lead coordination efforts with other state entities. The amparo is granted, ordering the Municipal Mayor to implement coordinated measures within six months to definitively resolve the flooding, under penalty of disobedience. The Ministry of Health and the Ministry of Public Works and Transport are excluded from liability, as no omissions were found on their part.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo por inundaciones recurrentes causadas por mareas altas en el sector conocido como El Crematorio, en Barrio El Carmen de Puntarenas, las cuales afectan viviendas y la salud pública. Previamente, el Tribunal ya había conocido problemas similares del alcantarillado pluvial en la zona. En esta ocasión, determina que la Municipalidad de Puntarenas ha incurrido en una omisión negligente, ya que, pese a conocer la problemática, no ha adoptado medidas efectivas para solucionarla, limitándose a realizar visitas de inspección sin acciones correctivas concretas. La Sala enfatiza el deber de coordinación interinstitucional, señalando que la complejidad y el carácter multifactorial del problema obligan a la municipalidad, como administradora de los intereses locales, a liderar los esfuerzos de coordinación con otras entidades estatales. Se declara con lugar el recurso, ordenando al Alcalde Municipal adoptar medidas coordinadas en un plazo máximo de seis meses para resolver definitivamente las inundaciones, so pena de incurrir en el delito de desobediencia. Se excluye de responsabilidad al Ministerio de Salud y al MOPT, al no constatarse omisiones de su parte.
Key excerptExtracto clave
the Chamber is of the opinion that there has been negligence on the part of the Administration that is harming the fundamental rights of the petitioner and the local residents, which warrants immediate intervention by the state apparatus to correct it. In addition, the Chamber considers that the respondent Municipality has tolerated and allowed the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment of the population of Barrio El Carmen in Puntarenas. In this sense, the respondent Municipality cannot evade its duty to safeguard the local interests of its canton, and despite this municipal obligation being quite clear, this Tribunal is struck by the statement made by the Mayor of the respondent Municipality that it is not true that no attention has been given to the described problem, since on June 14 of this year, authorities from that municipality conducted an inspection visit to the site. Such statements make it clear that this local government has not assumed full responsibility for the reported situation, because it is obvious that conducting a visit, in a matter such as the one before us, definitely does not mean that action is being taken or measures adopted to solve the problem. Furthermore, it is important to indicate to the municipal authorities that if they consider that many of the actions that must be taken should be carried out by other institutions, this does not exempt them from responsibility, since to allow that would be to permit them to ignore the problems. In light of all the foregoing, the Municipal Mayor of the Central Canton of Puntarenas must be ordered to adopt measures within the scope of his powers, so that in coordination with other state institutions and within a maximum period of six months from notification of this judgment, a solution can be achieved to the problems reported by the petitioner.la Sala es del criterio de que se ha dado una negligencia por parte de la Administración que está lesionando derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos del lugar, que amerita una inmediata intervención del aparato estatal para corregirla. Aunado a lo anterior, estima la Sala que la Municipalidad de accionada ha tolerado y permitido que se lesione el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la población del Barrio El Carmen en Puntarenas. En ese sentido, la Municipalidad recurrida no puede evadir su deber de velar por los intereses locales de su cantón y a pesar de que tal obligación municipal es bastante clara, llama la atención de este Tribunal, la afirmación hecha por el Alcalde de la Municipalidad recurrida en el sentido de no es cierto, que no se haya brindado la atención a la problemática descrita, si el día catorce de junio del año en curso, autoridades de esa municipalidad realizaron una visita de inspección en el sitio. Con tales manifestaciones es claro que este gobierno local no ha asumido con toda responsabilidad la situación denunciada, porque es claro que hacer una visita, en un tema como el que nos ocupa definitivamente, no significa que se esté actuando, o adoptando medidas para solucionar el problema. Además resulta importante, indicarles a las autoridades municipales que si consideran que muchas de las acciones, que se deben ser adoptadas deben ser realizadas por otras instituciones, ello no los exime de responsabilidad, pues hacerlo sería permitirles desentenderse de los problemas. En atención a todo lo dicho, se debe ordenar al Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas, adoptar medidas dentro del ámbito de sus competencias, para que de manera coordinada con otras instituciones del Estado, y dentro del plazo máximo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se logre dar solución a los problemas denunciados por el recurrente.
Pull quotesCitas destacadas
"la Sala es del criterio de que se ha dado una negligencia por parte de la Administración que está lesionando derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos del lugar, que amerita una inmediata intervención del aparato estatal para corregirla."
"the Chamber is of the opinion that there has been negligence on the part of the Administration that is harming the fundamental rights of the petitioner and the local residents, which warrants immediate intervention by the state apparatus to correct it."
Considerando IV
"la Sala es del criterio de que se ha dado una negligencia por parte de la Administración que está lesionando derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos del lugar, que amerita una inmediata intervención del aparato estatal para corregirla."
Considerando IV
"la Municipalidad recurrida no puede evadir su deber de velar por los intereses locales de su cantón... hacer una visita, en un tema como el que nos ocupa definitivamente, no significa que se esté actuando, o adoptando medidas para solucionar el problema."
"the respondent Municipality cannot evade its duty to safeguard the local interests of its canton... conducting a visit, in a matter such as the one before us, definitely does not mean that action is being taken or measures adopted to solve the problem."
Considerando IV
"la Municipalidad recurrida no puede evadir su deber de velar por los intereses locales de su cantón... hacer una visita, en un tema como el que nos ocupa definitivamente, no significa que se esté actuando, o adoptando medidas para solucionar el problema."
Considerando IV
"si consideran que muchas de las acciones, que se deben ser adoptadas deben ser realizadas por otras instituciones, ello no los exime de responsabilidad, pues hacerlo sería permitirles desentenderse de los problemas."
"if they consider that many of the actions that must be taken should be carried out by other institutions, this does not exempt them from responsibility, since to allow that would be to permit them to ignore the problems."
Considerando IV
"si consideran que muchas de las acciones, que se deben ser adoptadas deben ser realizadas por otras instituciones, ello no los exime de responsabilidad, pues hacerlo sería permitirles desentenderse de los problemas."
Considerando IV
"la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes... para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes."
"coordination is the ordering of relations among these diverse independent activities... to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects."
Voto 5445-99 citado en Considerando III
"la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes... para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes."
Voto 5445-99 citado en Considerando III
Full documentDocumento completo
II.—On the merits. Given the relevance for the analysis of the specific case, it is necessary to note that the problems caused by the sewer system of the city of Puntarenas have already been analyzed by this Court in judgments number 2008-010662, at sixteen hours and forty-eight minutes of June twenty-sixth, two thousand eight, 2008-013311 at thirteen hours and fourteen minutes of August twenty-ninth, two thousand eight, 2008-13638 at eleven hours and thirty-eight minutes of September fifth, two thousand eight, 2009-13161 at ten hours and forty-seven minutes of August twenty-first, two thousand nine, 2009-16065 at twelve hours and fifty-three minutes of October sixteenth, two thousand nine, and 2010-004595, at ten hours and eleven minutes of March fifth, two thousand ten. On the matter in question, in this last pronouncement, it was indicated in what is relevant:
"V.—On the merits: In the report rendered by the Mayor and by the President of the Municipal Council of the Municipality of Puntarenas, the respondents confirm the existence of the problem denounced by the petitioner, which is that there indeed exists an overflow of stormwater that is not contained by the public sewer system. However, by way of defense, they cite that regarding the obstruction of the sewer system, the municipal government has made several efforts to resolve the denounced problem, such that it proceeded to clean it and even acquired a rod-dislodging machine to clean and unblock any obstruction that existed in them. Regarding the evacuation of stormwater, it is said that this municipal government studies possible alternatives to solve said problem. Based on the foregoing, in the opinion of this Chamber, the steps carried out by the Municipality of Puntarenas, while they have occurred, have not been sufficient to solve the problems afflicting the residents of Barrio El Carmen, since the stormwater problem continues to occur and continues to invade the sidewalks and premises located at the edge of said sewer. In this context, this municipal corporation has failed in its function of safeguarding the local interests entrusted to it, as it is not verified in the case file that it has used all the powers conferred upon it by the legal system to broadly ensure the preservation of local interests and services, in accordance with the provisions of Article 169 of the Political Constitution and the development of said norm by the Municipal Code. This Court considers that it is clear that despite the respondent municipality having prior knowledge of the problems afflicting the residents of Barrio El Carmen de Puntarenas, it has still not adopted the sufficient measures required to definitively solve the problem. Regarding the discharge of stormwater, the report states that the municipal government has cleaned solid waste from the sewers, that it even purchased a rod-dislodging machine, and that it is studying possible alternatives to solve said problem in the future with foreign donations, which reflects that the work carried out so far has not been sufficient, and the Stormwater Sewer System continues to present serious problems, which affects the interests and rights of the petitioner, since it is evident, as confirmed by the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados) that the stormwater sewer collapses in the rainy season, unable to retain all the water (folio 86). Regarding the obstruction of the sewer system, it is not clear to this Court whether the 'rod-dislodging machine' has even been used, since the municipal government verifies its purchase but not its use, and in the attached photos one only sees some men collecting solid waste from some catch basins and manholes, which does not guarantee that there are no obstructions throughout the Stormwater Sewer System. Neither can it be deduced from the case file whether the cleaning carried out by the Municipality was performed on the stormwater or sanitary sewer, nor that apart from this, coordination actions have been carried out with other State institutions responsible for addressing this type of problem, except for the steps taken before the Ministry of Health, or the inspection carried out by the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados), which indicates that the Sanitary Sewer network is perfectly fine and that it is the stormwater sewer network that has collapsed (See folio 86), and that despite the Municipality supposedly cleaning the sewers of solid waste, such actions do not seem to have yielded any positive result, since the overflow of stormwater continues, flooding the sidewalks and the premises located alongside them. Thus, despite the fact that the municipality has known of the water problem questioned here for months, it has still not been able to solve the problem." IV.—From a reading of the transcribed precedent, it is deduced that in the city of Puntarenas there exists a problem in the stormwater sewer system, which causes flooding and water stagnation. In light of the foregoing, it is deemed appropriate to analyze the actions of each of the respondent institutions, in order to determine whether or not they have incurred in violations of the provisions of constitutional numeral 50.
V.—On the actions of the Municipality of Puntarenas. Although in her report, the Municipal Mayor of Puntarenas argues that in order to address the problem described by the petitioner, the respondent Corporation has carried out cleaning and repair work on the sewers and catch basins, to mitigate the effects of the mentioned situation, from the report rendered by the Ministry of Health, it is evident that as of December fourth, two thousand nine, —the date on which an inspection was carried out—, said authority had not performed work on streets 9, 11, and 13 of Puntarenas, since the catch basins were full of solid waste and some even had stagnant water. In that sense, it is appropriate to indicate that although the Chamber verifies that the respondents have carried out various steps to provide a definitive solution to the problem analyzed in this case file, the truth is that the situation not only persists but is aggravated by the lack of action by the respondent Municipality, in failing to perform the cleaning work that would allow a reduction of the negative effects that may be generated for the population. Likewise, it must be indicated that in previous judgments, this Court has made it clear that the respondent authorities are obligated to establish channels of coordination and mutual commitments in order to solve the problem with the stormwater sewer system of the city of Puntarenas, hence the failure to comply with what has been ordered leads to nothing other than aggravating the situation, to the clear detriment of the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the inhabitants of the place.
VI.—On the actions of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). In its report rendered under oath, the Head of the Central Pacific Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) argues that addressing the problem afflicting the petitioner is the exclusive competence of the Municipality of Puntarenas, in light of what is indicated by Title IV of the Municipal Code, since said authority is the body that collects the respective amounts for maintenance and proper functioning of the stormwater network. Regarding the above, it must be indicated that although the respondent Head is correct in pointing out the responsibility of the Municipality in addressing the cited problem, the truth is that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) is also obligated to provide attention to the mentioned problem, since, in accordance with the provisions of Article 2, subsections a), d), and g) of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), Law 2726 of April fourteenth, nineteen hundred sixty-one, it corresponds to said institution to:
VIII.—On the actions of the Ministry of Health. The Chamber considers that the Ministry of Health has not incurred in any omission that violates the fundamental rights of the petitioner, since it has been demonstrated that it has carried out the actions within the scope of its competencies to provide a solution to the problem described in the petition, hence the appeal must be dismissed against this authority.
IX.—Thus, by reason of what has been set forth above, it is appropriate to uphold the appeal filed against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Municipality of Puntarenas, making the respondents aware that Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days, for those persons who fail to comply with what is ordered by this Chamber, hence a warning is issued to the respondents that they must proceed to solve the problem analyzed in this matter, as otherwise, certified copies of the relevant documents may be sent to the Public Prosecutor's Office for the crime of disobedience…(judgment 2010-004595)" III.—On the specific case.—Now, regarding the specific claim presented by the petitioner, namely the flooding caused by high tides in the area of Barrio El Carmen next to the "Tourist Pier" in Puntarenas, because the estuary overflows, there is also a clear and evident omission on the part of the municipal authorities, as will be set forth below. From the list of proven facts, it has been duly demonstrated that the municipal authorities of Puntarenas are aware of the flooding problems caused by high tides suffered by the dwellings located in the place known as El Crematorio in Barrio El Carmen of that city. Both the authorities of the Ministry of Health and those of the Ministry of Public Works and Transport disclaim responsibility and transfer the solution of the problem to other authorities. In this regard, this Chamber considers that it is not its role to determine who is the competent authority to act, nor within what scopes it must be done, and therefore it does not proceed to assess the actions that these institutions should have, or the responsibility of each of those entities, but given the serious threat to fundamental rights that has been evidenced in this amparo, it considers it essential that action be taken and orders be issued so that immediate steps are taken to seek solutions or adopt the decisions that should have previously been issued but have been lagging over time. Then, since in accordance with Article 169 of the Constitution, the municipalities are called upon to administer the local interests and services in each canton, this Court will only focus on analyzing the municipal action, as the governing body to seek the solution or to seek among the different public instances the necessary coordination to solve the problem. In that sense, it cannot be forgotten that coordination between public agencies is indisputably necessary in order to guarantee the protection of the environment and, consequently, the public health of the population. On various occasions, constitutional case-law has indicated that protecting the environment is a task that corresponds to everyone equally, while there is an obligation for the State –as a whole– to take the necessary measures to protect the environment, which necessarily implies the involvement of all State entities, bodies, and institutions as well as individuals who, for one reason or another, must intervene. The Chamber has referred to this principle of coordination of public agencies, specifically in judgment number 5445-99, at fourteen hours thirty minutes of July fourteenth, nineteen hundred ninety-nine, in which, for what is relevant, it stated:
"In such a way that coordination is the ordering of the relations between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence upon the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. Since there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, the imposition of determined conducts on them is not possible, with which the essential inter-institutional 'concert' arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations of the municipalities with other public entities can only be carried out on a level of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative oversight' of the State, and specifically, in the function of legality control that corresponds to it, with general supervisory powers over the entire sector)." Based on the foregoing, there is no doubt that any omission in the duty of collaboration and coordination among public institutions could endanger the protection of the environment and public health. Without a doubt, in the specific case, as the denounced problems are complex, multifactorial situations, involving various sectors of society and the State, the solution that can be achieved for each of the cases and the success thereof will necessarily depend on the coordination and reciprocal collaboration that can occur among the different institutions involved, and therefore, it is imperative that the respondent Municipality assume the required coordination among the respondents.
IV.—Following the same line of thought as the preceding whereas clause, the arguments made under oath by the respondent Mayor, with which an attempt is made to justify the omissions that have been occurring in addressing the situation in that area of the country, are not considered valid. On the contrary, the Chamber is of the opinion that there has been negligence on the part of the Administration that is harming the fundamental rights of the petitioner and the neighbors of the place, which warrants an immediate intervention by the state apparatus to correct it. In addition to the foregoing, the Chamber considers that the respondent Municipality has tolerated and allowed the right to a healthy and ecologically balanced environment of the population of Barrio El Carmen in Puntarenas to be harmed. In that sense, the respondent Municipality cannot evade its duty to ensure the local interests of its canton, and despite the fact that such municipal obligation is quite clear, the assertion made by the Mayor of the respondent Municipality, to the effect that it is not true that attention has not been provided to the described problem, because on June fourteenth of the current year, authorities of that municipality conducted an inspection visit at the site, draws the attention of this Court. With such statements, it is clear that this local government has not taken on the denounced situation with full responsibility, because it is clear that conducting a visit, in a matter such as the one at hand, definitively does not mean that action is being taken or that measures are being adopted to solve the problem. Furthermore, it is important to indicate to the municipal authorities that if they consider that many of the actions that must be adopted must be carried out by other institutions, this does not exempt them from responsibility, since to do so would be to allow them to disengage from the problems. From the report rendered by its representative, the Chamber concludes that the municipal corporation has incurred in a clear omission and negligence on the part of the municipal authorities that has caused the environment, health, and safety of the inhabitants of the place to continue deteriorating, repeatedly. In light of all that has been said, the Municipal Mayor of the Central Canton of Puntarenas must be ordered to adopt measures within the scope of his competencies, so that in coordination with other State institutions, and within a maximum period of six months from the notification of this judgment, a solution to the problems denounced by the petitioner can be achieved."
“II.- Sobre el fondo. Dada la relevancia que tiene para el análisis del caso concreto, es preciso acotar que los problemas generados por el alcantarillado de la ciudad de Puntarenas ya han sido analizados por este Tribunal en las sentencias números 2008-010662, de las dieciséis horas y cuarenta y ocho minutos del veintiséis de junio del dos mil ocho, 2008-013311 de las trece horas y catorce minutos del veintinueve de agosto del dos mil ocho, 2008-13638 de las once horas con treinta y ocho minutos del cinco de septiembre de dos mil ocho, 2009-13161 de las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintiuno de agosto de dos mil nueve, 2009-16065 del doce horas y cincuenta y tres minutos del dieciséis de octubre del dos mil nueve y 2010-004595, de las diez horas y once minutos del cinco de marzo del dos mil diez. Sobre el tema en cuestión, en este último pronunciamiento, se indicó en lo que interesa:
“V.- Sobre el fondo: En el informe rendido por la Alcaldesa y por la Presidenta del Consejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, los recurridos confirman la existencia del problema denunciado por el recurrente, y es que efectivamente existe un desbordamiento de las aguas pluviales que no son contenidas por el alcantarillado público. Sin embargo, a manera de descargo, citan que en cuanto a la obstrucción del alcantarillado, el ayuntamiento ha realizado varios esfuerzos para resolver el problema denunciado, por lo que se procedió a su limpieza y hasta se adquirió una máquina destaqueadora de varilla para limpiar y destapar cualquier obstrucción que existiera en los mismos. Con relación a la evacuación de aguas pluviales, se dice que ese ayuntamiento estudia posibles alternativas para solucionar dicho problema. Con base en lo Puntarenas, si bien se han dado, no han sido suficientes para solucionar los problemas que aquejan a los vecinos del Barrio El Carmen, puesto que el problema de las aguas pluviales se sigue dando y sigue invadiendo las aceras y locales que se encuentran a la orilla de dicho alcantarillado. En esa tesitura esta corporación municipal ha faltado a la función de tutela de los intereses locales que le ha sido encomendados, pues no se constata en el expediente que hayan utilizado todos los poderes que el ordenamiento le confiere para velar en forma amplia por la preservación de los intereses y servicios locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política y el desarrollo que de dicha norma hace el Código Municipal. Considera este Tribunal, que es claro que pese a que la municipalidad accionada conoce con anterioridad de los problemas que aquejan a los vecinos de Barrio El Carmen de Puntarenas, aún no han adoptado las medidas suficientes requeridas para solucionar en definitiva el problema. En cuanto al desfogue de las aguas pluviales, en el informe se dice que ese ayuntamiento ha limpiado de desechos sólidos las alcantarillas, que inclusive compró una máquina destaqueadora de varilla, y que estudia posibles alternativas para solucionar dicho problema a futuro con donaciones extranjeras, lo que refleja que el trabajo hasta ahora realizado no ha sido suficiente, y el Sistema de Alcantarillado Pluvial sigue presentando serios problemas, lo cual afecta los intereses y derechos del recurrente, ya que es evidente, tal y como lo confirmó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados que el alcantarillado pluvial colapsa en época de lluvias, no pudiendo retener la totalidad de las aguas (folio 86). En cuanto a la obstrucción del alcantarillado, no tiene este Tribunal claro si la “máquina destaqueadora de varilla” si quiera se ha usado, ya que verifica el ayuntamiento su compra pero no su uso, y en las fotos que adjunta sólo se aprecian unos hombres recogiendo desechos sólidos de algunos tragantes y cajas de registro, lo que no garantiza que a lo largo del Sistema de Alcantarillado pluvial no existan obstrucciones. Tampoco se extrae del expediente si la limpieza que se realizó por parte de la Municipalidad se llevó a cabo en el alcantarillado pluvial o sanitario, ni que a parte de esto se hayan llevado a cabo acciones de coordinación con las otras instituciones del Estado encargadas de atender este tipo de problemas, salvo las gestiones ante el Ministerio de Salud, o la inspección realizada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que indica que la red de Alcantarillado Sanitario está perfectamente y que es la red de alcantarillado pluvial la que está colapsada (Ver folio 86), y que pese a que supuestamente la Municipalidad limpió las alcantarillas de desechos sólidos, tales acciones no parece que hayan surtido ningún resultado positivo, ya que el desbordamiento de aguas pluviales se sigue dando inundando las aceras y los locales que se encuentran junto a las mismas. Así las cosas, pese a que el municipio conoce del problema de aguas que aquí se cuestiona desde meses atrás, aún no ha podido solventar el problema”.
IV.- De la lectura del precedente transcrito, se deduce que en la ciudad de Puntarenas existe un problema en el alcantarillado pluvial, el cual genera inundaciones y estancamiento de agua. En atención a lo anterior, se estima procedente analizar las actuaciones de cada una de las instituciones recurridas, con el fin de determinar si han incurrido o no en lesiones a lo dispuesto por el numeral 50 constitucional.
V.-Sobre la actuación de al Municipalidad de Puntarenas. Si bien en su informe, la Alcaldesa Municipal de Puntarenas aduce que con el fin de atender la problemática descrita por el recurrente, la Corporación accionada ha efectuado labores de limpieza y reparación de las alcantarillas y tragantes, con el fin de mitigar los efectos de la situación mencionada, a partir del informe rendido por el Ministerio de Salud, se desprende que al cuatro de diciembre de dos mil nueve, -fecha en que se llevó a cabo una inspección-, dicha autoridad no había efectuado trabajos en las calles 9, 11 y 13 de Puntarenas, ya que los tragantes se encontraban llenos de desechos sólidos y algunos incluso con agua estancada. En ese sentido, conviene indicar que si bien la Sala constata que los recurridos han efectuado diversas gestiones a efectos de brindar una solución definitiva al problema analizado en este expediente, lo cierto es que la situación no sólo se mantiene, sino que se agrava por la falta de acción de la Municipalidad accionada, al no realizar las labores de limpieza que permitan reducir los efectos negativos que puedan generarse para la población. Asimismo, debe indicarse que ya en anteriores sentencias, este Tribunal ha dejado claro que las autoridades accionadas se encuentran obligadas a establecer canales de coordinación y compromisos mutuos con el fin de solucionar la problemática con el alcantarillado pluvial de la ciudad de Puntarenas, de ahí que la falta de cumplimiento de lo ordenado no lleve a otra cosa más que agravar la situación, en claro perjuicio de los derechos a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes del lugar.
VI.-Sobre la actuación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En su informe rendido bajo juramento, el Jefe de la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados aduce que la atención del problema que aqueja al recurrente es competencia exclusiva de la Municipalidad de Puntarenas, en atención a lo señalado por el Título IV del Código Municipal, pues dicha autoridad es el órgano que recauda los montos respectivos para mantenimiento y buen funcionamiento de la red pluvial. Con respecto a lo anterior, debe indicarse que si bien el Jefe recurrido lleva razón al señalar la responsabilidad de la Municipalidad en la atención del problema citado, lo cierto es que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados también se encuentra obligado a brindar atención a la problemática mencionada, pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 incisos a) d) y g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ley 2726 del catorce de abril de mil novecientos sesenta y uno, corresponde a dicha institución:
VIII.-Sobre la actuación del Ministerio de Salud. La Sala considera que el Ministerio de Salud no ha incurrido en omisión alguna que lesione los derechos fundamentales del recurrente, pues se tiene por demostrado que ha efectuado las acciones dentro del ámbito de sus competencias para brindar solución a la problemática descrita en el libelo de interposición, de ahí que el recuso debe ser desestimado en cuanto a esta autoridad.
IX.-Así, en razón de lo expuesto anteriormente, lo procedente es acoger el recurso interpuesto en cuanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Puntarenas, haciendo ver a los recurridos que el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, para aquellas personas que incumplan con lo ordenado por esta Sala, de ahí que se les haga la advertencia a los accionados que deberán proceder a solventar la problemática analizada en el presente asunto, pues de lo contrario se podrá testimoniar piezas al Ministerio Público por el delito de desobediencia…(sentencia 2010-004595)” III.- Sobre el caso concreto.- Ahora bien en lo que corresponde al reclamo concreto que presenta el recurrente, sean las inundaciones provocadas por las mareas altas en el sector de Barrio El Carmen a un costado del "Muelle Turístico" en Puntarenas, pues el estero se sale, se encuentra también una clara y evidente omisión por parte de las autoridades municipales por lo que de seguido se conocimiento de las autoridades municipales de Puntarenas los problemas de inundación producto de las mareas altas, que sufren las viviendas localizadas en el sitio conocido como El Crematorio en el Barrio El Carmen de esa ciudad. Tanto las autoridades del Ministerio de Salud, como las del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se eximen de responsabilidad y trasladan la solución del problema a otras autoridades. Al respecto, esta Sala considera que no le corresponde determinar quien es la autoridad competente para actuar, ni dentro de qué ámbitos debe hacerse, y por ello no entra a valorar la actuación que debieran tener estas instituciones, o la responsabilidad de cada una de esas entidades, pero frente a la grave amenaza de derechos fundamentales que se ha puesto en evidencia en este amparo, considera indispensable que se actúe y se dicten las órdenes para que se proceda de manera inmediata a buscar las soluciones o a adoptar las decisiones que otrora debieron haberse dictado pero que se han ido rezagando en el tiempo. Entonces, como de conformidad con el artículo 169 constitucional, las municipales son las llamadas a administrar de los intereses y servicios locales en cada cantón, este Tribunal solamente se enfocará a analizar la actuación municipal, como el ente rector de buscar la solucionar o de buscar entre las distintas instancias públicas la coordinación necesaria para solucionar el problema. En ese sentido, no puede olvidarse que es indiscutiblemente necesaria la coordinación entre las dependencias públicas, en aras de garantizar la protección del medio ambiente y por ende, la salud pública de la población. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, a la vez que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, lo cual necesariamente implica el involucramiento de todos los entes, órganos e instituciones del Estado así como también de los particulares que por una u otra razón, tuvieren que intervenir. La Sala se ha referido a ese principio de coordinación de las dependencias públicas, específicamente en la sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve en la que, para lo que interesa, señaló:
"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Partiendo de lo dicho, no cabe duda de que cualquier omisión al deber de colaboración y coordinación entre instituciones públicas, podría poner en peligro la protección del ambiente y de la salud pública. Sin duda alguna, en el caso concreto, por tratarse los problemas denunciados de situaciones complejas, multifactoriales, que involucra a varios sectores de la sociedad y del Estado, la solución que se logre dar para cada uno de los casos y el éxito de ésta, dependerá necesariamente de la coordinación y colaboración recíproca que se pueda dar entre las diferentes instituciones encargadas y por ende, se impone que sea la Municipalidad accionada quien asuma la coordinación requerida entre los accionados.
IV.- Siguiendo el mismo orden de ideas del considerando anterior, no se consideran válidas, las argumentaciones externadas bajo juramento por parte del Alcalde recurrido, con las cuales se pretende justificar las omisiones que se han venido dando para atender la situación en esa zona del país. Por el contrario, la Sala es del criterio de que se ha dado una negligencia por parte de la Administración que está lesionando derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos del lugar, que amerita una inmediata intervención del aparato estatal para corregirla. Aunado a lo anterior, estima la Sala que la Municipalidad de accionada ha tolerado y permitido que se lesione el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la población del Barrio El Carmen en Puntarenas. En ese sentido, la Municipalidad recurrida no puede evadir su deber de velar por los intereses locales de su cantón y a pesar de que tal obligación municipal es bastante clara, llama la atención de este Tribunal, la afirmación hecha por el Alcalde de la Municipalidad recurrida en el sentido de no es cierto, que no se haya brindado la atención a la problemática descrita, si el día catorce de junio del año en curso, autoridades de esa municipalidad realizaron una visita de inspección en el sitio. Con tales manifestaciones es claro que este gobierno local no ha asumido con toda responsabilidad la situación denunciada, porque es claro que hacer una visita, en un tema como el que nos ocupa definitivamente, no significa que se esté actuando, o adoptando medidas para solucionar el problema. Además resulta importante, indicarles a las autoridades municipales que si consideran que muchas de las acciones, que se deben ser adoptadas deben ser realizadas por otras instituciones, ello no los exime de responsabilidad, pues hacerlo sería permitirles desentenderse de los problemas. Del informe rendido por su representante, la Sala concluye que la corporación municipal ha incurrido en una clara omisión y negligencia por parte de las autoridades municipales que ha provocado se siga deteriorando, reiteradamente, el ambiente, la salud y la seguridad de los pobladores del lugar. En atención a todo lo dicho, se debe ordenar al Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas, adoptar medidas dentro del ámbito de sus competencias, para que de manera coordinada con otras instituciones del Estado, y dentro del plazo máximo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se logre dar solución a los problemas denunciados por el recurrente.”
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