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Res. 17007-2007 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/11/2007
OutcomeResultado
The amparo action is granted for violation of the rights to health and a healthy environment, and the State and the Municipality of Cartago are ordered to pay costs, damages, and losses.Se declara con lugar el recurso de amparo por violación de los derechos a la salud y un ambiente sano y se condena al Estado y a la Municipalidad de Cartago al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo action filed by a resident of the central canton of Cartago against the Ministry of Health and the Municipality of Cartago for violating the rights to health and a healthy, ecologically balanced environment (Articles 21 and 50 of the Political Constitution). The Chamber found that there was a serious health and environmental problem caused by outdated storm and sanitary sewers, inoperative treatment plants, and open-air discharge of blackwater, which produced foul odors and contamination. The Municipality limited itself to contracting maintenance for some plants, but did not supervise their operation or take measures to solve the problem, hiding behind a lack of budget. The Ministry of Health, for its part, issued a sanitary order requesting information, but did not conduct inspections or exercise its police powers to enforce the regulations. The Chamber considered that both authorities incurred in an unconstitutional omission by failing to guarantee the right to health and environment, and that their actions were insufficient, untimely and ineffective, amounting to a “paper Administration.” The State and the Municipality were ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un vecino del Cantón Central de Cartago contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Cartago por violación de los derechos a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículos 21 y 50 de la Constitución Política). La Sala tuvo por acreditado que existía un grave problema sanitario y ambiental debido a la obsolescencia del alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento inoperantes y vertidos de aguas negras a cielo abierto, que provocaban malos olores y contaminación. La Municipalidad se limitó a contratar el mantenimiento de algunas plantas, pero no supervisó su funcionamiento ni tomó medidas para resolver el problema, escudándose en la falta de presupuesto. El Ministerio de Salud, por su parte, emitió una orden sanitaria solicitando información, pero no realizó inspecciones ni ejerció sus potestades de policía para hacer cumplir la normativa. La Sala consideró que ambas autoridades incurrieron en una omisión inconstitucional al no garantizar el derecho a la salud y al ambiente, y que su actuación fue insuficiente, inoportuna e ineficaz, configurando una “Administración de papel”. Se condenó al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
The Chamber concludes that in this case we are dealing with a serious sanitary problem that affects the environment and the health of the inhabitants of the community of the Central Canton of Cartago; and in reiterated case law the Chamber has said that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the powers of surveillance and the solution to the problems granted by law. From the documents and the reports given under oath that appear in this file, it follows that the respondent authorities, although they have known about the problem exposed here for years, as they themselves state that the system is collapsed, have not performed the necessary acts to guarantee the health of the inhabitants and the protection of the environment. In conclusion, this Chamber considers that the omissions of both the Ministry of Health and the Municipality of Cartago have endangered the right to health of the amparo petitioner, and of the community of Cartago and in general of all the inhabitants who frequent that place. These respondent authorities are responsible for the damage to the fundamental rights of the protected persons, for the omission in promptly and effectively looking after the health of that population, and the environment. The persistence of the problem demonstrates that the actions in exercise of the power of control or surveillance deployed in protection of health and the environment by these institutions, within the framework of their powers, have been clearly insufficient, thus incurring in liability by omission in the exercise of those powers that, in turn, injures the unnamed or atypical constitutional right of the administered to efficient and effective public services.La Sala concluye que en el presente caso nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad de Cantón Central de Cartago; y en reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. De los documentos y los informes rendidos bajo juramento que constan en el presente expediente, se desprende que las autoridades recurridas, a pesar que desde hace años tienen conocimiento del problema aquí expuesto pues ellos mismos manifiestan que el sistema se encuentra colapsado, no han realizado los actos necesarios para garantizar la salud de los habitantes y la protección al medio ambiente. En conclusión, estima esta Sala que las omisiones tanto del Ministerio de Salud como de la Municipalidad de Cartago, han puesto en peligro el derecho a la salud del amparado, y de la comunidad de Cartago y en general de todos los habitantes que frecuentan dicho lugar. Estas autoridades recurridas son responsables del daño a los derechos fundamentales de las personas amparadas, por la omisión en velar pronta y eficazmente por la salud de esa población, y al medio ambiente. La persistencia del problema demuestra que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del medio ambiente por parte dichas instituciones, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesiona el derecho constitucional innominado o atípico de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.
Pull quotesCitas destacadas
"el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y evitar grados de contaminación que pongan en peligro la salud de los administrados."
"the State is obliged to take the necessary measures to protect the environment and avoid degrees of contamination that endanger the health of the administered."
Considerando III
"el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y evitar grados de contaminación que pongan en peligro la salud de los administrados."
Considerando III
"La Sala tiene por demostrado que existe un problema sanitario y ambiental en la comunidad del Cantón Central de Cartago con respecto al desagüe de las aguas negras debido a que el alcantarillado pluvial y sanitario se encuentra obsoleto y algunas de las plantas de tratamiento existentes no operan adecuadamente, lo que provoca malos olores y contaminación."
"The Chamber finds it proven that there is a sanitary and environmental problem in the community of the Central Canton of Cartago regarding the discharge of blackwater because the storm and sanitary sewer is obsolete and some of the existing treatment plants do not operate properly, which causes bad odors and contamination."
Considerando III
"La Sala tiene por demostrado que existe un problema sanitario y ambiental en la comunidad del Cantón Central de Cartago con respecto al desagüe de las aguas negras debido a que el alcantarillado pluvial y sanitario se encuentra obsoleto y algunas de las plantas de tratamiento existentes no operan adecuadamente, lo que provoca malos olores y contaminación."
Considerando III
"Queda así en los miembros de este Tribunal Constitucional la percepción de que ha sido la actuación de una “Administración de papel”, que agota su actividad en meros trámites burocráticos, simplemente limitándose a realizar inspecciones y girar recomendaciones u órdenes sanitarias, sin que se tome medida alguna para corroborar que se hayan cumplido"
"Thus, the members of this Constitutional Court are left with the perception that it has been the performance of a “paper Administration,” which exhausts its activity in mere bureaucratic procedures, merely limiting itself to conducting inspections and issuing recommendations or sanitary orders, without taking any measure to verify that they have been complied with."
Considerando V
"Queda así en los miembros de este Tribunal Constitucional la percepción de que ha sido la actuación de una “Administración de papel”, que agota su actividad en meros trámites burocráticos, simplemente limitándose a realizar inspecciones y girar recomendaciones u órdenes sanitarias, sin que se tome medida alguna para corroborar que se hayan cumplido"
Considerando V
Full documentDocumento completo
“II.- SUBJECT MATTER OF THE APPEAL.- The appellant alleges that a serious public-health problem exists in the Central Canton of Cartago due to deficiencies in the sewage-treatment systems, with sewage (aguas negras) flowing in the open and being discharged into rivers, while the institutions involved have taken no action to date, which he considers a violation of his rights to health and to the environment.
III.MERITS.- The Chamber finds it established that a public-health and environmental problem exists in the community of the Central Canton of Cartago with respect to sewage drainage, because the stormwater and sanitary sewer systems (alcantarillado pluvial y sanitario) are obsolete and some of the existing treatment plants do not operate properly, causing foul odors and pollution. Article 21 of the Political Constitution states: “Human life is inviolable.” The right to health and to physical, mental, and social well-being—a human right inextricably linked to the right to health and to the State’s obligation to protect human life—undeniably derives from this constitutional principle. The State is required to take the measures necessary to protect the environment and prevent levels of pollution that endanger the health of those under its jurisdiction. Specifically, in matters of public health, the State, through its institutions, must remain vigilant regarding activities potentially harmful to public health and must therefore exercise constant and effective oversight.
Given the participation of various administrative entities in this matter, the actions of each will be analyzed separately.
IV.REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.- In the case before us, the Código Municipal requires the municipalities of each canton to ensure that those under their jurisdiction are guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and to a healthy environment. The documents submitted to the case file, as well as the report given under oath by the respondent Mayor, indicate that several contracts have been entered into for the operation and maintenance of various sewage-treatment plants located in residential developments in the Distrito San Francisco, which implies that a sanitary sewer network exists to convey the sewage to the plant and that it therefore does not flow in the open. As for seepage to the ground surface, this may be a consequence of the individual treatment systems at each dwelling (septic tank and drainage field). He further alleges in his defense that the Departamento de Alcantarillado Sanitario guarantees the efficient operation of the systems and that the appropriate steps are being taken to obtain funding for the construction of a new sanitary sewer and water-supply system, because the Municipalidad currently has a limited budget.
However, its role must not be limited to contracting for treatment plants; rather, it is obligated to supervise their operation and monitor the actions of community members regarding the manner in which they discharge sewage from their homes or businesses, thereby guaranteeing, defending, and preserving everyone’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. Article 75 of the Código Municipal provides that, in accordance with the Plan Regulador Municipal, natural or legal persons who own or possess real property under any form of title must fulfill certain obligations intended to safeguard the appearance of the community and protect the environment, and that failure to comply may subject them to fines following due process. In this Chamber’s judgment, the Municipalidad de Cartago has shown itself incapable, in this case, of enforcing the applicable laws and fulfilling its obligation to guarantee the area’s residents the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with the resulting consequences for those persons’ health due to the nature of the public-health problem affecting them.
Thus, despite having full knowledge of the problem affecting the canton’s residents, the Municipalidad de Cartago has limited itself to confirming its existence and evading responsibility, without taking timely action to mitigate or control it. The Chamber observes that, notwithstanding the residents’ complaints and confirmation of the public-health problem that endangers human health and the environment, the respondent Municipalidad has taken no action to resolve the problem, merely stating that any surfacing of sewage may be attributable to individual problems and that it is seeking financing because it lacks the resources to reconstruct the sanitary drainage system. It is therefore apparent that the Municipalidad has not even attempted to verify whether all property owners in those residential developments, or the residents of the sector in question generally, have septic tanks and drainage fields, whether they discharge contaminated water into the river, or whether the treatment plants operate properly.
Consequently, the Municipalidad de Cartago has taken no action to determine the existence of the problem and its potential contribution to the public-health issue repeatedly reported by local residents. Accordingly, this appeal must be granted against the Municipalidad de Cartago for the constitutional violation of Articles 50 and 21 of the Political Constitution, to the detriment of the appellant and the other residents of the Central Canton of Cartago.
V.REGARDING THE ACTIONS OF THE MINISTERIO DE SALUD.- While it is true that the State must respect individual rights, it is also true that it must safeguard the well-being of the community. Public health and environmental protection are principles protected both constitutionally (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution) and under international law. In this case, the Ley General de Salud authorizes the Ministerio de Salud to adopt the corresponding public-health measures and impose penalties; accordingly, the Ministerio de Salud has a duty not only to enforce the Ley General de Salud but also to protect public health, which is classified as a matter of public interest, because the rights to health and to a healthy, pollution-free environment—at least below levels tolerable to human beings—are fundamental rights that cannot be waived and whose violation cannot legitimately be accepted.
According to the report submitted to this Chamber, however, the respondent Minister states that there is no complaint or prior record concerning the facts reported by the appellant, of which she became aware through this amparo proceeding (recurso de amparo). The Director del Area Rectora de Salud de Cartago therefore issued the corresponding health order (orden sanitaria), directing the Alcalde de Cartago to report within two months on the condition of the sanitary sewer network, the existing sewage-treatment systems, and the projects adopted by that municipality concerning the reported pollution. Although the health authority, acting within its jurisdiction, issued an administrative act (acto administrativo) to obtain information about the situation presented, it has gone no further, declining to exercise its powers and responsibilities by failing to conduct inspections to ensure that all activities comply with the legal system and, where they do not, to compel the appropriate parties to comply with its orders.
From the contents of this case file, the Chamber cannot determine that inspections were conducted to locate the public-health problems—which are common knowledge—whether treatment plants operating improperly or residents discharging sewage in the open. The persons potentially responsible for the pollution therefore continue engaging in activities that contravene the legal system and harm the environment and the health of the community’s residents. Furthermore, it has been demonstrated that, beyond health order No. health order No. ARSC-PPAH of 31 de mayo del 2007, the case file discloses no other action by this authority to provide a comprehensive solution to the problem. It has therefore failed to fulfill its obligation to safeguard the population’s right to health, and that omission has consequently infringed the fundamental rights of all the area’s residents. The respondent authority should be reminded, just as the Municipalidad de Cartago was, of its obligation—as part of the State—to guarantee, defend, and preserve everyone’s right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.
In its particular case, that duty is even clearer, because constitutional protection encompasses and links an ecologically balanced environment with the fundamental right to health, both mental and physical. The Ley General de Salud No. 5395 establishes in its first article that the population’s health is a matter of public interest protected by the State and, in its second article, that the Poder Ejecutivo, through the Ministerio de Salud, is responsible for defining national health policy; regulating, planning, and coordinating all public and private health-related activities; and carrying out those activities assigned to it by law. It likewise provides that the Ministry shall have the authority to enforce its orders, including with the assistance of law-enforcement authorities, in order to protect the legal interest it is charged with safeguarding.
In a similar case, the Chamber held in judgment No. 20006-08983 at eleven sixteen on veintitrés de junio de 2006: “This Constitutional Court finds that the Ministerio de Salud has failed to fulfill its obligations to protect the right to health of the protected party and the other residents of the residential development in question by failing to exercise its statutory powers to definitively resolve the public-health problem affecting them and formally reported by them. Its actions have been insufficient, untimely, and ineffective, as demonstrated by the fact that the problem persists because it has taken no concrete action in the exercise of the police power (poder de policía) conferred upon it by law to enforce its orders. The members of this Constitutional Court are thus left with the impression that this has been the conduct of a ‘paper administration,’ whose activities end with mere bureaucratic formalities and which simply limits itself to conducting inspections and issuing recommendations or health orders, without taking any measure to verify compliance and, worse still, without demonstrating that it has taken effective action genuinely aimed at definitively resolving the public-health problem described, as required to fulfill the public purpose entrusted to it. This is detrimental to health and the environment and, consequently, violates constitutional Article 50, a situation that this Chamber finds intolerable.”
– Accordingly, in light of the matters set forth in the preceding recitals (considerandos), it is apparent that neither the Ministerio de Salud nor the Municipalidad de Cartago has acted with the urgency required to provide a temporary or permanent solution to the reported problem, which is widely known to the public. Recently, the Sala heard an amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente No. 07-007076-007, in which facts similar to those examined in the present case were reported. On that occasion, it was alleged that the community of San Francisco de Aguacaliente de Cartago has a sewage treatment plant (planta de tratamiento de aguas negras) that neither functions properly nor receives adequate maintenance, thereby producing foul odors, while untreated water flows through open channels. In judgment No. 2007-011796, issued at twelve seventeen on the seventeenth of August of two thousand seven, this Tribunal ruled as follows:
“….For this reason, the Sala finds that the powers and responsibilities of both the respondent Municipalidad and the health authorities have been, and continue to be, neglected and insufficient, since, before matters reached their current critical state, they failed to adopt the necessary and appropriate measures to ensure, first, that the water-treatment plant discharging into the río Aguacaliente operates under optimal conditions; second, that until another option becomes available, the plant operates with the minimum necessary maintenance and operating conditions; that the wastewater (aguas residuales) from the San Antonio de Padúa residential development (urbanización), which is currently piped and conveyed to the quebrada El Molino, be treated; that the sewage and graywater (aguas negras y servidas) originating in the sector known as La Pitahaya, which were also piped, be treated so that they do not continue polluting the río Agua Caliente when discharged into it; and that the stormwater drains (desagües pluviales) be maintained in perfect working order so that they do not become obstructed and sewage, graywater, and stormwater cease flowing freely through open channels along all the streets of the city of Cartago.
The respondent authorities must therefore stop shielding themselves behind the perennial excuse of insufficient financial resources. For these reasons and in view of the foregoing, the Sala finds that both the Municipalidad de Cartago and the Ministerio de Salud bear responsibility for the facts reported by the petitioners and are directly responsible for them.
IX.Accordingly, the appropriate course is to grant the petition, as is hereby ordered, and to direct Rolando Alberto Rodríguez Brenes, in his capacity as Alcalde Municipal de Cartago, to undertake, on the Municipalidad’s own account, the works necessary to provide Cantón Central de Cartago, distrito San Francisco, Urbanización El Castillo (Proyecto San Antonio), with an adequate sewerage and sewage-treatment system within one year, for which purpose he shall immediately seek the corresponding budget amendment (modificación presupuestaria) if the necessary resources are not currently available. To ensure compliance with the foregoing, this judgment shall be served on the person holding the position of Gerente del Área de Servicios Públicos Remunerados de la Contraloría General de la República, who is hereby ordered not to approve any budget or budget amendment for the Alcaldía Municipal de Cartago unless the proposal includes the corresponding appropriation for carrying out the works required in cantón Central de la provincia de Cartago to establish an acceptable sewerage and water-treatment system.”
VII.The Sala concludes that the present case concerns a serious public-health problem affecting the environment and the health of the residents of the community of Cantón Central de Cartago. In its consistent case law, the Sala has held that human beings cannot be denied the right to a healthy environment and the right to health because the corresponding public authorities are unable to exercise effectively the oversight powers (potestades de vigilancia) and problem-solving authority conferred upon them by law. The documents and sworn reports contained in this expediente show that the respondent authorities, although they have known about the problem described here for years—as they themselves acknowledge that the system has collapsed—have not taken the measures necessary to safeguard the health of residents and protect the environment. In conclusion, this Sala finds that the omissions of both the Ministerio de Salud and the Municipalidad de Cartago have endangered the right to health of the protected petitioner (amparado), the community of Cartago, and, in general, all persons who frequent that location.
These respondent authorities are responsible for the infringement of the fundamental rights of the protected persons because they failed to safeguard promptly and effectively the health of that population and the environment. The persistence of the problem demonstrates that the measures taken by those institutions, within the scope of their powers, in exercising their regulatory or oversight authority (potestad de control o vigilancia) to protect health and the environment have clearly been insufficient. They have thereby incurred liability for omission (responsabilidad por omisión) in the exercise of those powers, which in turn violates the unnamed or atypical constitutional right (derecho constitucional innominado o atípico) of persons subject to the administration (administrados) to receive efficient and effective public services. For the foregoing reasons, and pursuant to article 29 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the present amparo petition is hereby granted.”
“II.- OBJETO DEL RECURSO.- El recurrente alega que en el Cantón Central de Cartago existe una grave problema sanitario debido a los problemas existentes en los sistemas de tratamiento de aguas negras, las cuales corren a cielo abierto y son vertidas en los ríos, sin que a la fecha las instituciones involucradas hayan realizado acto alguno, lo que considera se lesiona su derecho a la salud y al medio ambiente.
III.SOBRE EL FONDO.- La Sala tiene por demostrado que existe un problema sanitario y ambiental en la comunidad del Cantón Central de Cartago con respecto al desagüe de las aguas negras debido a que el alcantarillado pluvial y sanitario se encuentra obsoleto y algunas de las plantas de tratamiento existentes no operan adecuadamente, lo que provoca malos olores y contaminación. El artículo 21 de la Constitución Política señala: "La vida humana es inviolable." Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. El Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger el medio ambiente y evitar grados de contaminación que pongan en peligro la salud de los administrados. Precisamente, en materia de salud pública, el Estado mediante sus instituciones, debe estar siempre vigilante de las actividades potencialmente lesivas de la salud pública, por lo que debe de ejercer un control constante y efectivo.
En virtud de la participación de diferentes entes administrativos en el presente asunto, se procederá a realizar el análisis de las actuaciones de cada uno de ellos en forma separada.
IV.EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.- Para el caso que nos ocupa, el Código Municipal obliga a las Municipalidades de cada cantón velar porque al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y a un ambiente sano. De los documentos aportados al expediente así como el informe dado bajo juramento por el Alcalde recurrido, indica que se han realizado varias contrataciones para la operación y mantenimiento de varias plantas de tratamiento de aguas negras ubicadas en urbanizaciones ubicadas en el Distrito San Francisco, por lo que implica que existe una red de alcantarillado sanitario para transportar las aguas negras hacia la planta por lo que no corren a cielo abierto. Y para el caso de afloramiento en los suelos posiblemente sea consecuencia de los sistemas de tratamiento individuales de cada vivienda (tanque septico y drenaje). Además alega en su defensa, que el Departamento de Alcantarillado Sanitario garantiza el funcionamiento eficiente de los sistemas y que se están haciendo las gestiones pertinentes para obtener los recursos económicos para la construcción de un nuevo alcantarillado sanitario y acueducto debido que actualmente la Municipalidad tiene un presupuesto limitado.
Sin embargo, su papel no se debe de limitar a realizar contrataciones de plantas de tratamiento sino que su obligación se encuentra en supervisar su funcionamiento y vigilar las actuaciones de los miembros de la comunidad con respeto a la forma que descargan las aguas negras provenientes de sus viviendas o negocios y de esta forma garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Código Municipal estatuye en su artículo 75 que, de conformidad con el Plan Regulador Municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir ciertas obligaciones tendientes a velar por el ornato y la tutela del medio ambiente, cuyo incumplimiento puede hacer a las personas que no cumplan al pago de multas, previo debido proceso. A juicio de esta Sala, en la especie la Municipalidad de Cartago ha mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja.
Es así como la Municipalidad de Cartago, teniendo pleno conocimiento de la problemática que afecta a los pobladores del cantón, se ha limitado a constatar su existencia y evadir su responsabilidad y sin realizar las acciones oportunas para mitigar el mismo o controlarlo. Observa la Sala que pese a las quejas de los vecinos y la constatación del problema sanitario que pone en riesgo la salud humana y el medio ambiente, la Municipalidad recurrida no ha tomado acción alguna para solucionar el problema, circunscribiéndose a indicar que, en caso del afloramiento de aguas negras se deba posiblemente a problemas individuales y que está en proceso de buscar financiamiento debido que no tiene recursos para la reconstrucción del sistema de desagües sanitarios. Es así como se observa que la Municipalidad no ha ni siquiera intentado verificar si todos los propietarios de inmuebles en esos residenciales o en general de los habitantes del sector de marras cuentan con tanque séptico y drenajes, o si lanzan al río aguas contaminadas o si las plantas de tratamiento funcionan correctamente.
En consecuencia, la Municipalidad de Cartago no ha tomado acción alguna para determinar existencia del problema y su eventual incidencia en el inconveniente sanitario que con insistencia revelan los vecinos del lugar. En tal virtud, se impone la estimatoria de este recurso contra la Municipalidad de Cartago por las violación constitucional a los artículos 50 y 21 de la Constitución Política en perjuicio del recurrente y demás vecinos de la zona del cantón central de Cartago.
V.EN CUANTO A LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD.- Si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional. En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, con lo cual el Ministerio de Salud no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir.
Ahora bien, del informe presentado a esta Sala, la Ministra recurrida manifiesta que no existe ninguna queja ni antecedente alguno con respecto a los hechos denunciados por el recurrente, los cuales son de su conocimiento por el presente recurso de amparo, por lo que el Director del Area Rectora de Salud de Cartago procedió a girar la orden sanitaria correspondiente ordenando al Alcalde de Cartago que en el plazo de dos meses debe informarles sobre las condiciones de la red de alcantarillado sanitario, de los sistemas existentes de tratamiento de aguas negras y los proyectos adoptados por dicho municipio con respecto a la contaminación denunciada. Si bien, la autoridad sanitaria en razón de su competencia dictó un acto administrativo con el fin de obtener información con respeto a la situación planteada, de ahí no ha pasado, declinando en el ejercicio de sus competencias y atribuciones al no realizar las inspecciones para controlar que toda actividad se ajuste al ordenamiento jurídico y caso contrario constreñir, a quienes corresponda, para hacer cumplir sus órdenes por cuanto del contenido de este expediente, la Sala no desprende que haya efectuado inspecciones para localizar los problemas sanitarios –que son de conocimiento general-, ya sea de plantas de tratamiento en mal funcionamiento o vecinos que desagüen aguas negras a cielo abierto, por lo que los posibles responsables de la contaminación continúan realizando actividades contrarias al ordenamiento jurídico y que lesiona el medio amiente y la salud de los habitantes de la comunidad, además queda demostrado que más allá de las orden sanitaria No. sanitaria No. ARSC-PPAH del 31 de mayo del 2007 no se desprende del expediente ninguna otra actuación de parte de esta autoridad para dar solución integral al problema y por ende, han omitido cumplir con su obligación de velar por el derecho a la salud de la población y por ende, tal omisión ha ocasionado lesiones a los derechos fundamentales de los todos los habitantes del lugar.
Conviene recordar a la autoridad recurrida, al igual que se hizo con la Municipalidad de Cartago, su obligación –como parte del Estado- de garantizar, defender y preservar el derecho de todos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En su caso particular se trata de un deber aún más claro, pues la protección constitucional cubre y vincula el ambiente ecológicamente equilibrado con el derecho fundamental a la salud, tanto en el plano psíquico como en el físico, siendo que la Ley General de Salud número 5395 establece, en su artículo primero, que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado y, en su artículo segundo, que corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley; de igual forma, que tendrá potestades para hacer cumplir sus órdenes incluso con ayuda de la fuerza pública en protección del bien jurídico que está llamado a tutelar.
En un caso similar la Sala en sentencia No. 20006-08983 de las once horas dieciséis minutos del veintitrés de junio de 2006 dispuso: “ Estima este Tribunal Constitucional que el Ministerio de Salud ha sido omiso en el cumplimiento de sus obligaciones en tutela del derecho a la salud del amparado y demás vecinos de la urbanización de marras, al no hacer uso de sus potestades legales con el fin de solucionar, definitivamente, el problema sanitario que les afecta y que han denunciado formalmente, pues ha realizado una actividad insuficiente, inoportuna e ineficaz que se comprueba con el hecho de que el problema subsiste, al no haber concretado ninguna acción en ejercicio del poder de policía que le asiste por ley para hacer cumplir sus órdenes. Queda así en los miembros de este Tribunal Constitucional la percepción de que ha sido la actuación de una “Administración de papel”, que agota su actividad en meros trámites burocráticos, simplemente limitándose a realizar inspecciones y girar recomendaciones u órdenes sanitarias, sin que se tome medida alguna para corroborar que se hayan cumplido y, lo que es peor, sin que se evidencien de su parte acciones eficaces, verdaderamente encaminadas a resolver en definitiva la problemática sanitaria expuesta, como corresponde para cumplir el fin público que se le ha encomendado, lo que redunda en detrimento de la salud y el medio ambiente y, por consiguiente, en violación del artículo 50 constitucional, situación que resulta intolerable para esta Sala”.
– De esta forma, de conformidad a lo expuesto en los considerandos anteriores, se observa que tanto el Ministerio de Salud como la Municipalidad de Cartago no han actuado con la urgencia del caso para dar la solución temporal o definitiva al problema denunciado y que es de amplio conocimiento público. Recientemente, la Sala conoció un recurso de amparo tramitado bajo el expediente No. 07-007076-007, en el cual se denunció hechos similares a los analizados en el presente caso, y en esa oportunidad se alegó que en la comunidad de San Francisco de Aguacaliente de Cartago existe una planta de tratamiento de aguas negras que no funciona correctamente ni se le da el mantenimiento adecuado, por lo que genera malos olores y el agua sin tratar discurre a cielo abierto y este Tribunal dispuso por sentencia No. 2007-011796, de las doce horas diecisiete minutos del diecisiete de agosto de dos mil siete, lo siguiente:
“ ….Por tal razón, estima la Sala que las competencias y responsabilidades que tienen tanto la Municipalidad recurrida como las autoridades de Salud ha sido y continúan siendo desatendidas e insuficientes pues no adoptaron, antes de que las cosas llegaran a la situación tan grave, en la cual se encuentran en la actualidad, las medidas necesarias y pertinentes para garantizar, en primera instancia, no sólo la operación en óptimas condiciones de esa planta de tratamiento de aguas que descargan en el río Aguacaliente; en segundo lugar, que mientras no exista otra opción, esa planta opere con las condiciones mínimas necesarias de mantenimiento y de funcionamiento; que las aguas residuales de la urbanización San Antonio de Padúa, que en la actualidad fueron entubadas y conducidas a la quebrada El Molino, reciban tratamiento; que las aguas negras y servidas provenientes del sector conocido como La Pitahaya y que fueron entubadas, también sean tratadas para que al momento de discurrir en el río Agua Caliente no lo continúen contaminando así como que los desagües pluviales se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento, de manera tal que no se obstruyan a fin de que las aguas negras, servidas y pluviales, dejen de discurrir libremente y a cielo abierto por todas las calles de la ciudad de Cartago y no continúen, por lo tanto, estas autoridades recurridas, escudándose en el eterno pretexto de la falta de recursos económicos.
Por tales razones y en mérito de lo dicho, considera la Sala que tanto la Municipalidad de Cartago así como el Ministerio de Salud tienen responsabilidad en los hechos denunciados por los recurrentes y son directamente responsables de ellos.
IX.Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto se dispone y ordenar a Rolando Alberto Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde Municipal de Cartago, que por cuenta propia realice las obras necesarias para dotar al cantón Central de Cartago, distrito San Francisco, Urbanización El Castillo (Proyecto San Antonio) de un sistema adecuado de alcantarillado y tratamiento de aguas negras en el plazo de un año, para lo cual deberá gestionar en forma inmediata la correspondiente modificación presupuestaria en caso de no contar con los recursos en este momento. Para cumplir con lo anterior, debe notificarse esta sentencia a quien ocupe el puesto de Gerente del Área de Servicios Públicos Remunerados de la Contraloría General de la República, a quien se le ordena no aprobar ningún presupuesto o modificación de presupuesto a la Alcaldía Municipal de Cartago, si en el proyecto no va incluido el rubro correspondiente para ejecutar las obras requeridas en el cantón Central de la provincia de Cartago para contar con un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas aceptable”.
VII.La Sala concluye que en el presente caso nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad de Cantón Central de Cartago; y en reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. De los documentos y los informes rendidos bajo juramento que constan en el presente expediente, se desprende que las autoridades recurridas, a pesar que desde hace años tienen conocimiento del problema aquí expuesto pues ellos mismos manifiestan que el sistema se encuentra colapsado, no han realizado los actos necesarios para garantizar la salud de los habitantes y la protección al medio ambiente.
En conclusión, estima esta Sala que las omisiones tanto del Ministerio de Salud como de la Municipalidad de Cartago, han puesto en peligro el derecho a la salud del amparado, y de la comunidad de Cartago y en general de todos los habitantes que frecuentan dicho lugar. Estas autoridades recurridas son responsables del daño a los derechos fundamentales de las personas amparadas, por la omisión en velar pronta y eficazmente por la salud de esa población, y al medio ambiente. La persistencia del problema demuestra que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del medio ambiente por parte dichas instituciones, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesiona el derecho constitucional innominado o atípico de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. En razón de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede declarar con lugar el presente recurso de amparo”
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