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Res. 15346-2007 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 2007
OutcomeResultado
The petition is granted solely for the purpose of ordering the State to pay costs, damages, and losses, as the violation of the inmate's rights to life and physical integrity due to lack of medical care was proven.Se declara con lugar el recurso únicamente para efectos de condenar al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, al comprobarse la violación de los derechos a la vida e integridad física del recluso por falta de atención médica.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard a habeas corpus petition filed by an inmate at La Reforma prison who alleged being pepper-sprayed and beaten by security officers and then denied medical care. The Chamber reiterates that prisoners retain all fundamental rights not affected by their sentence, including physical integrity and health, and that prison administration must be governed by absolute respect for human dignity, in accordance with Articles 40 and 48 of the Constitution and international human rights instruments. Although it is not the constitutional court’s role to replace prison authorities in determining individual responsibilities, forensic medical evidence confirmed that the petitioner suffered bruises and was not assessed by a doctor after the incident, constituting a violation of his rights to life and physical integrity. The petition was granted solely for indemnification purposes, with the State ordered to pay costs, damages, and losses, given that the required medical care was provided only belatedly by order of the Chamber itself during the proceedings.La Sala Constitucional conoció un recurso de hábeas corpus interpuesto por un privado de libertad en el CAI La Reforma, quien alegó haber sido rociado con gas pimienta y golpeado por oficiales de seguridad, quedando sin atención médica. La Sala reitera que los reclusos conservan todos los derechos fundamentales no afectados por la condena, incluyendo la integridad física y la salud, y que la Administración Penitenciaria debe regirse por el respeto absoluto a la dignidad humana, conforme a los artículos 40 y 48 de la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Aunque no corresponde al tribunal constitucional sustituir a las autoridades penitenciarias en la determinación de responsabilidades, se comprobó mediante informe médico forense que el recurrente presentaba contusiones y no recibió valoración médica tras la crisis, lo que constituye una violación a sus derechos a la vida y a la integridad física. Por ello, se declara con lugar el recurso únicamente para efectos indemnizatorios, condenando al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, en vista de que la atención médica fue brindada tardíamente por orden de la propia Sala durante la tramitación del recurso.
Key excerptExtracto clave
V.- On the specific case.- Taking into account the foregoing, although Article 48 of the Constitution does not authorize this Chamber to replace prison and judicial authorities in the exercise of their powers, since this avenue is not meant to determine responsibilities within a prison or to conduct a detailed analysis of whether the measures taken by security guards against inmates are proportionate to a specific situation—which is the primary competence of the sentence enforcement judge, who is a guarantor judge, and of the prison authorities themselves. However, as the report rendered under oath, with due warning of the consequences, including criminal ones, under Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law proves that on October 3 the petitioner was indeed sprayed with gas and presented contusions on both arms “…consistent with those produced by a blunt object acting by friction. They may, therefore, be secondary to the reported trauma.” (opinion of the Head of the Forensic Medical Clinic Section, October 12, page 32), this Chamber cannot refrain from analyzing the specific violation of the petitioner’s fundamental rights. For regardless of the subjective circumstances that will determine the criminal, civil, and disciplinary liabilities that may arise from this event, the failure to refer him to a doctor once the crisis was over, so that the petitioner’s physical condition could be assessed—as was done for the security officers (report of the appealed authority, page 23)—reveals a violation of the petitioner’s fundamental rights to life and physical integrity, by action of the Prison Administration, entirely incompatible with Constitutional Law.V.- Sobre el caso concreto.- Tomando en cuenta lo dicho en el considerando anterior, aunque ciertamente de lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política no autoriza a esta Sala para sustituir a las autoridades penitenciarias y judiciales en el ejercicio de sus competencias, puesto que por esta vía no corresponde determinar responsabilidades a lo interno de un Centro Penitenciario ni hacer un pormenorizado análisis para determinar si las medidas tomadas por los guardias de seguridad para con los privados de libertad son proporcionadas o no a una situación concreta, lo cual es competencia primordial del juez de ejecución de la pena, que es juez de garantías, y de las mismas autoridades del centro penal. Sin embargo, como del informe rendido -que es dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- se comprueba que indudablemente el 3 de octubre el recurrente fue rociado con gas y presenta contusiones en ambos brazos “…compatibles con las que puede producir un objeto o cuerpo romo que actúa pro fricción. Pueden, entonces, ser secundarias al traumatismos referido.” (dictamen del Jefe de la Sección Clínica Médico Forense, realizado el 12 de octubre, folio 32), esta Sala no puede dejar de analizar la violación concreta a los derechos fundamentales del amparado. Pues independientemente de las circunstancias y condiciones subjetivas que determinarán las responsabilidades penales, civiles y disciplinarias a que puedan dar lugar este hecho, el no haberlo referido al médico una vez superada la crisis, para que valorara el estado físico del amparado, como sí se hizo con los agentes de seguridad (informe autoridad recurrida, folio 23) , revela una violación de los derechos fundamentales del amparado, a su vida y a su integridad física, por acción de la Administración Penitenciaria, totalmente incompatible con el Derecho de la Constitución.
Pull quotesCitas destacadas
"Todas las actuaciones de la Administración Penitenciaria debe estar regida por el más absoluto respeto a la dignidad de las personas, quienes, por diversas circunstancias de la vida se encuentran actualmente bajo la tutela del sistema penal, pero que no por ello pierden su condición de seres humanos."
"All actions of the Prison Administration must be governed by the utmost respect for the dignity of persons, who, due to various life circumstances, are currently under the protection of the criminal system, but do not thereby lose their status as human beings."
Considerando IV
"Todas las actuaciones de la Administración Penitenciaria debe estar regida por el más absoluto respeto a la dignidad de las personas, quienes, por diversas circunstancias de la vida se encuentran actualmente bajo la tutela del sistema penal, pero que no por ello pierden su condición de seres humanos."
Considerando IV
"El no haberlo referido al médico una vez superada la crisis, para que valorara el estado físico del amparado, como sí se hizo con los agentes de seguridad, revela una violación de los derechos fundamentales del amparado, a su vida y a su integridad física."
"The failure to refer him to a doctor once the crisis was over, so that the petitioner’s physical condition could be assessed—as was done for the security officers—reveals a violation of the petitioner’s fundamental rights to life and physical integrity."
Considerando V
"El no haberlo referido al médico una vez superada la crisis, para que valorara el estado físico del amparado, como sí se hizo con los agentes de seguridad, revela una violación de los derechos fundamentales del amparado, a su vida y a su integridad física."
Considerando V
"Se debe declarar con lugar el recurso, únicamente para efectos de imponer la condena en costas, daños y perjuicios causados ya que, como consecuencia de lo ordenado en la resolución de curso de este habeas corpus, el amparado fue valorado por un médico del Organismo de Investigación Judicial."
"The petition must be granted, solely for the purpose of imposing costs, damages, and losses, since, as a result of the order issued in these habeas corpus proceedings, the petitioner was assessed by a physician from the Judicial Investigation Agency."
Considerando VI
"Se debe declarar con lugar el recurso, únicamente para efectos de imponer la condena en costas, daños y perjuicios causados ya que, como consecuencia de lo ordenado en la resolución de curso de este habeas corpus, el amparado fue valorado por un médico del Organismo de Investigación Judicial."
Considerando VI
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“I.- Purpose of the recurso. The petitioner, deprived of liberty and located in unit E (maximum security) of CAI La Reforma, claims that several Security officers of the Centro de Atención Institucional La Reforma proceeded to spray "pepper spray" in his face and then others started hitting him and kicking him for no reason. After the beating, they left his cell leaving him beaten, suffocated, and choking from asthma. The next day, at 8 in the morning, the same officers entered his cell and took all his belongings, which they later returned in the afternoon, leaving him only in shorts and also deprived him of his phone call and did not give him medical attention, for which he deems his fundamental rights are violated, especially his right to health” “…IV.- Regarding the respect for the fundamental rights of persons deprived of liberty. - All actions of the Prison Administration must be governed by the utmost respect for the dignity of persons, who, due to various life circumstances, are currently under the tutelage of the penal system, but who do not thereby lose their condition as human beings, in the understanding that the superiority of the human being over irrational beings lies precisely in being endowed with what is called “dignity of the person,” an essential value within our Legal System, which in no way means the superiority of one human being over another, but rather of all human beings over beings that lack reason. This is why the dignity of the person admits no discrimination, on the grounds of birth, race or sex, opinions or beliefs, it is independent of age, intelligence and mental health, of the situation in which they find themselves and of their qualities, as well as their conduct and behavior; hence, no matter how low a person falls, no matter how great the degradation, they will continue to be a person, with the dignity that this entails (judgment number 2493-97, at fifteen hours and nine minutes on the seventh of May of nineteen ninety-seven). Thus, persons deprived of liberty retain all the rights and guarantees contained in the Political Constitution and international human rights treaties, which have not been affected by the jurisdictional ruling, among which they retain the right to physical integrity, the right to health, the right to information and communication, to freedom of creed, to equal treatment, to freedom of to their human condition; that is, for persons against whom a prison sentence has been imposed, the loss of freedom of movement is the main consequence of having infringed certain social norms of coexistence, to which the legislator has given the rank of crime. The rights that the inmate possesses -among which are included the right to dignified treatment, to health, to work, to professional training or education, to physical and cultural recreation, to visits from friends and family, to security, to food and clothing, etc.- must be respected by the administrative authorities in the execution of the sentence, and also for pretrial detainees or indictees, since inmates may not be deprived of these rights, except for a legitimate cause provided for in law. Said rights do not refer exclusively to those related to personality or freedom, but also include those of a patrimonial nature; thus, working inmates have the right to receive for their work the remunerations established in the penitentiary regulations. In this way, together with the principle of humanity, which must prevail in penal execution, in our context it is accentuated by the rehabilitative aspiration of the same, a purpose expressly provided for in article 51 of the Penal Code, which leads to seeking that when individualizing the penalty, the person sentenced to prison, achieves their reincorporation into the social environment from which they have been removed due to the sentence. And it is precisely based on this rehabilitative objective of the penitentiary system, that models must be designed that allow making the stay in prison a profitable time to enable the subsequent social reintegration of the detainee, so that the inmate is not only allowed, but must be encouraged to work or study, or to participate in programs to motivate them or to do so or learn to do so. The foregoing is consistent with the most qualified doctrine and constitutional case law, which indicate that in the execution of the sentence, the administration and the inmate may only have certain limitations on the rights of persons, in accordance with the legal system (principle of legality). In this sense, article 40 of the Political Constitution gains importance, as it prohibits cruel or degrading treatment, which can manifest in multiple forms, such as the result of a deliberate will, deficiencies in the organization of penitentiary services, or the insufficiency of resources. Previously -and very repeatedly-, this Court has considered that the verification of the existence of subhuman conditions in penitentiary establishments, whatever the causes, is an unequivocal sign of violation of the human rights of the inmates, which the State, in charge of their custody, is obliged to remedy. As this Court has stated, the rights of inmates must be considered as constitutionally protected rights, in light of article 48 of the Political Constitution. For this purpose, it is necessary to take into account resolutions number 63, of thirty-one July nineteen fifty-five; number 1993 of twelve May nineteen seventy-six, number 2076 of thirteen May nineteen seventy-seven, and number 1984/47 of twenty-five May nineteen eighty-four of the Economic and Social Council of the United Nations Organization, which adopted the "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners," and which are applicable to our country in light of article 48 of the Political Constitution, which has elevated all international instruments on human rights, to constitutional rank, which must be incorporated into the interpretation of the Constitution especially in matters of human rights (judgments number 0709-91, and 1032-96).
V.- Regarding the specific case.- Taking into account what was stated in the previous considerando, although certainly what is established in article 48 of the Political Constitution does not authorize this Chamber to substitute the penitentiary and judicial authorities in the exercise of their powers, since through this avenue it is not appropriate to determine responsibilities within a Penitentiary Center nor to conduct a detailed analysis to determine whether the measures taken by the security guards towards the persons deprived of liberty are proportionate or not to a specific situation, which is the primary competence of the sentence enforcement judge, who is a judge of guarantees, and of the very authorities of the penal center. However, since the report rendered -which is given under the solemnity of an oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional- verifies that undoubtedly on October 3, the petitioner was sprayed with gas and presents contusions on both arms “…compatible with those that can be produced by an object or blunt body acting by friction. They can, then, be secondary to the referred trauma.” (opinion of the Chief of the Clínica Médico Forense Section, conducted on October 12, folio 32), this Chamber cannot fail to analyze the specific violation of the fundamental rights of the amparado. For regardless of the circumstances and subjective conditions that will determine the criminal, civil, and disciplinary responsibilities to which this fact may give rise, not having referred him to a doctor once the crisis was overcome, so that the physical state of the amparado could be assessed, as was done with the security agents (report of the appealed authority, folio 23) , reveals a violation of the fundamental rights of the amparado, to his life and to his physical integrity, by action of the Penitentiary Administration, totally incompatible with the Law of the Constitution.
VI.- Conclusion. Thus, without detriment to the rest of the responsibilities that may derive from the challenged act, having verified the lack of medical assistance to the amparado once the brawl was finished and the state of aggressiveness he presented was controlled; the recurso must be granted with place, solely for the purpose of imposing the award of costs, damages, and losses caused since, as a consequence of what was ordered in the resolution issuing a writ of this habeas corpus, at 16:25 hours on October 11, 2007 (folio 2) the amparado was assessed by a doctor of the Organismo de Investigación Judicial, specifically at 17:05 hours on October 12, 2007, who determined that he presented simple contusions on both arms compatible with those that can be produced by an object or blunt body acting by friction.” Thus, without prejudice to the rest of the liabilities that may arise from the challenged act, and having verified the lack of medical assistance to the petitioner (amparado) once the brawl had ended and the state of aggressiveness he presented had been controlled, the appeal (recurso) must be granted, solely for the purpose of imposing a condemnation for costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) caused since, as a consequence of what was ordered in the resolution processing this habeas corpus, from 16:25 hours on October 11, 2007 (folio 2), the petitioner was evaluated by a physician from the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), specifically at 17:05 hours on October 12, 2007, who determined that he presented simple contusions on both arms compatible with those that can be produced by a blunt object or body acting through friction.”
“I.- Objeto del recurso. El recurrente privado de libertad ubicado en el ámbito E (máxima seguridad) del CAI La Reforma, reclama que varios oficiales de Seguridad del Centro de Atención Institucional la Reforma procedieron a rociarle "sal pimienta" en la cara y luego otros empezaron a golpearlo y a patearle sin razón alguna. Luego de la golpiza, salieron de su celda dejándolo golpeado, asfixiado y ahogándose de asma. Al día siguiente, al ser las 8 de la mañana, los mismos oficiales ingresaron a su celda y se llevaron todas sus pertenencias, que luego le devolvieron por la tarde, dejándole solamente en pantaloneta y le privaron también de su llamada telefónica y no le dieron atención médica, por lo que estima se violentan sus derechos fundamentales, especialmente su derecho a la salud” “…IV.- Del respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad. - Todas las actuaciones de la Administración Penitenciaria debe estar regida por el más absoluto respeto a la dignidad de las personas, quienes, por diversas circunstancias de la vida se encuentran actualmente bajo la tutela del sistema penal, pero que no por ello pierden su condición de seres humanos, en el entendido de que la superioridad del ser humano sobre los seres irracionales radica precisamente en estar dotado de lo que se denomina “dignidad de la persona”, valor esencial dentro de nuestro Ordenamiento, que no significa de ninguna manera superioridad de un ser humano sobre otro, sino de todos los seres humanos sobre los seres que carecen de razón. Es por ello que la dignidad de la persona no admite discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias, es independiente de la edad, inteligencia y salud mental, de la situación en que se encuentre y de las cualidades, así como de la conducta y comportamiento; de ahí que, por muy bajo que caiga la persona, por grande que sea la degradación, seguirá siendo persona, con la dignidad que ello comporta (sentencia número 2493-97, las quince horas con nueve minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y siete). Así los privados de libertad conservan todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución Política y tratados de derecho internacional en materia de derechos fundamentales, que no hayan sido afectadas por el fallo jurisdiccional, entre los que conservan el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la información y comunicación, a la libertad de credo, a la igualdad de trato, a la libertad de a su condición humana; es decir, que las personas contra las que se ha dictado una sentencia condenatoria de prisión, la pérdida de la libertad ambulatoria es la principal consecuencia de haber infringido ciertas normas sociales de convivencia, a las que el legislador ha dado el rango de delito. Los derechos que el recluso posee -entre los que se incluyen el derecho al trato digno, a la salud, al trabajo, a la preparación profesional o educación, al esparcimiento físico y cultural, a visitas de amigos y familiares, a la seguridad, a la alimentación y el vestido, etc.- deben ser respetados por las autoridades administrativas en la ejecución de la pena, y también en los presos preventivos o indiciados, ya que los reclusos no podrán ser privados de estos derechos, sino por causa legítima prevista en la ley. Dichos derechos no se refieren en exclusiva a los relacionados con la personalidad o la libertad, sino que también incluyen los de índole patrimonial; así, los internos trabajadores tienen el derecho de percibir por su trabajo las remuneraciones establecidas en la reglamentación penitenciaria. De esta suerte, junto con el principio de humanidad, que debe privar en la ejecución penal, en nuestro medio se acentúa por la aspiración rehabilitadora de la misma, finalidad expresamente prevista en el artículo 51 del Código Penal, lo cual conduce a tratar de que al individualizarse la pena, el condenado a pena de prisión, logre su reincorporación al medio social del que ha sido sustraído a causa de la condena. Y es que partiendo de ese objetivo rehabilitador del sistema penitenciario, que se deben diseñar modelos que permitan hacer de la estancia en prisión un tiempo provechoso para posibilitar la posterior reinserción social del detenido, de modo que no sólo se le permite, sino que debe fomentarse al interno trabajar o estudiar, o participar en programas para motivarlo o a que lo haga o aprenda a hacerlo. Lo anterior resulta acorde con la doctrina más calificada y la jurisprudencia constitucional, que señalan que en la ejecución de la pena, la administración y el interno sólo pueden existir ciertas limitaciones en los derechos de las personas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico (principio de legalidad). En este sentido, cobra importancia el artículo 40 de la Constitución Política, que prohíbe los tratamientos crueles o degradantes, los que pueden traducirse en múltiples formas, como el resultado de una voluntad deliberada, deficiencias en la organización de los servicios penitenciarios o la insuficiencia de recursos. Con anterioridad -y en forma muy reiterada-, este Tribunal ha considerado que la comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas en los establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es una señal inequívoca de violación de los derechos humanos de los internos, que el Estado, encargado de sus custodias, está obligado a enmendar. Tal y como lo ha dicho este Tribunal, los derechos de los reclusos deben ser considerados como derechos constitucionalmente protegidos, a la luz del artículo 48 de la Constitución Política. Para este propósito resulta necesario tomar en cuenta las resoluciones número 63, de treinta y uno de julio de mil novecientos cincuenta y cinco; número 1993 de doce de mayo de mil novecientos setenta y seis, número 2076 de trece de mayo de mil novecientos setenta y siete, y número 1984/47 de veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, que adoptaron las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", y que son aplicables a nuestro país a la luz del artículo 48 de la Constitución Política, y que ha elevado todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a rango constitucional, los que deberán ser incorporados en la interpretación de la Constitución sobre todo en materia de derechos humanos (sentencias número 0709-91, y 1032-96).
V.- Sobre el caso concreto.- Tomando en cuenta lo dicho en el considerando anterior, aunque ciertamente de lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política no autoriza a esta Sala para sustituir a las autoridades penitenciarias y judiciales en el ejercicio de sus competencias, puesto que por esta vía no corresponde determinar responsabilidades a lo interno de un Centro Penitenciario ni hacer un pormenorizado análisis para determinar si las medidas tomadas por los guardias de seguridad para con los privados de libertad son proporcionadas o no a una situación concreta, lo cual es competencia primordial del juez de ejecución de la pena, que es juez de garantías, y de las mismas autoridades del centro penal. Sin embargo, como del informe rendido -que es dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- se comprueba que indudablemente el 3 de octubre el recurrente fue rociado con gas y presenta contusiones en ambos brazos “…compatibles con las que puede producir un objeto o cuerpo romo que actúa pro fricción. Pueden, entonces, ser secundarias al traumatismos referido.” (dictamen del Jefe de la Sección Clínica Médico Forense, realizado el 12 de octubre, folio 32), esta Sala no puede dejar de analizar la violación concreta a los derechos fundamentales del amparado. Pues independientemente de las circunstancias y condiciones subjetivas que determinarán las responsabilidades penales, civiles y disciplinarias a que puedan dar lugar este hecho, el no haberlo referido al médico una vez superada la crisis, para que valorara el estado físico del amparado, como sí se hizo con los agentes de seguridad (informe autoridad recurrida, folio 23) , revela una violación de los derechos fundamentales del amparado, a su vida y a su integridad física, por acción de la Administración Penitenciaria, totalmente incompatible con el Derecho de la Constitución.
VI.- Conclusión. Así las cosas, sin detrimento del resto de responsabilidades que se puedan derivar del hecho impugnado, habiéndose comprobado la falta de asistencia médica al amparada una vez finalizada la gresca y controlado el estado de agresividad que presentaba; se debe declarar con lugar el recurso, únicamente para efectos de imponer la condena en costas, daños y perjuicios causados ya que, como consecuencia de lo ordenado en la resolución de curso de este habeas corpus, de las 16:25 horas del 11 de octubre de 2007 (folio 2) el amparado fue valorado por un médico del Organismo de Investigación Judicial, específicamente a las 17:05 horas del 12 de octubre de 2007, quien determinó que presentaba contusiones simples en ambos brazos compatibles con las que puede producir un objeto o cuerpo romo que actúa por fricción.”
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